Denominamos Estado fallido aquel que presenta deficiencia en sus funciones básicas y escaso control institucional y social para hacer prevalecer el bienestar de sus habitantes, lo cual se considera un riesgo no sólo de seguridad interna, sino con un alto contenido de amenaza transnacional.

Las características esenciales del Estado fallido son: a) El rompimiento del orden legal - constitucional, al perder el Estado el monopolio legítimo de las armas y su degeneración en la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos. b) La incapacidad de dar respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, bajo un manejo deficiente de la actividad económica. c) La ausencia de una institucionalidad consistente y reconocible, capaz de representar al Estado ad intra ante su población y ad extra hacia el exterior. d) Derivadas de las anteriores condiciones, emergen y se reproducen organizaciones armadas, mafias, guerrillas, paramilitares, señores de la guerra, quienes desafían el monopolio Estatal de la fuerza y operan generalmente en sustitución del Estado.¹

El Banco Mundial ha sido el paladín del término «Países de Bajos Ingresos en Dificultades» así, países con políticas, instituciones y gobiernos débiles se identifican como un problema de orden internacional.

Por lo tanto, esa falta de control interno y expresiones de conflicto por parte de los Estados no solo tiene consecuencias en su territorio, sino que se considera que representa una amenaza para los Estados vecinos y para la comunidad y el orden internacional.

Por tal motivo bajo un riesgo internacional los llamados países del primer mundo pusieron en práctica las agencias de monitoreo global que buscan categorizar a los Estados con el fin de securitizar a los denominados Estados fallidos.

Existen 12 indicadores para medir el grado de estabilidad o inestabilidad de un país, que han sido consensuados en el ámbito internacional y aglutinan lo social, la económica y la política: 1). Presión demográfica creciente. 2). Movimientos masivos de refugiados y desplazados internos. 3). Descontento general grupal y búsqueda de venganza. 4). Huida crónica y constante-éxodo de población. 5). Desarrollo desigual entre grupos. 6). Crisis económica aguda o grave. 7). Criminalización y deslegitimación del Estado. 8). Deterioro progresivo de los servicios públicos. 9). Violación extendida de los derechos humanos. 10). Aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’. 11). Ascenso-prominencia de élites ‘faccionalizadas-sectorizadas’ 12). Intervención de otros Estados y factores externos.

Son 177 Estados que conforman una lista de Estados identificados como “fallidos” o por lo menos “débiles” en donde los primeros 10 se ecuentran en situación de alerta y estos son: Somalia, Jordania, Chad, Marruecos, Sudan, Perú, Zimbabwe, República Dominicana, Rep. Democrática Congo y Benin; en el lugar número 96 de los 177 se ecuentra México con una calificación de 76.1 considerado “en peligro” con lo cual, si bien es cierto no podría considerarse como un Estado fallido, si deberia propiciar una consideración para preocuparnos y ocuparnos en fortalecer las instituciones, la división de poderes y la democracia.

La organización AC Consultores² muestra una clara idea de lo que sucede en México en relación a la Delincuencia organizada, además analizando los datos de la Sedena leaks y de informes oficiales publicados en medios de comunicación se puede determinar que la presencia del crimen organizado en México es del 81% del total del territorio nacional, esto significa que 108.66 millones de habitantes del total de 124.01 millones de mexicanos está en riesgo por la presencia del Crimen Organizado y que de los 2,471 Municipios que hay en el País, en 1,488 se tienen presencia.

Existen 175 organizaciones delincuenciales en el país, los más fuertes son: Cartel Jalisco Nueva Generación con presencia en 28 Estados; Cártel Sinaloa en 24 Estados; Cártel del Golfo en 10 Estados; Cartel del Noreste en 8 Estados; La familia michoacana en 7 Estados; Los Zetas en 6 Estados, en el mismo sentido, los que tienen mayor presencia en los Municipios son Cartel Jalisco Nueva Generación en 427; Los Zetas en 411 y El Cártel de Sinaloa en 293 Municipios.

Por su parte, el Índice de Paz México en 2023³ refiere que la tasa nacional de delincuencia organizada en México ha aumentado un 64.2% en los últimos ocho años, refiere que entre 2015 y 2021 el número de homicidios relacionados con el crimen organizado creció de 8,000 a más de 23,500 lo cual representa un aumento del 190%. Se destaca que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha estado asociado al 81% de todos los homicidios por enfrentamientos entre cárteles desde 2013.

Es el fenómeno de la corrupción lo que hace que el Estado Social y Democrático de Derecho asuma un penoso silencio e inamovilidad en el control formal y la prevención del delito, con la correspondiente perdida de legitimidad, esto sucede por la característica de doble vía de expansión de la corrupción, debido a que por un lado, tiene un claro posicionamiento e injerencia en cuestiones de la administración pública local, y, por otro lado, sus tentáculos se entrelazan con la delincuencia organizada transnacional.

Ciertamente el derecho penal interno en los países latinoamericanos resulta poco eficaz para frenar los delitos que se desprenden de la corrupción y para hacer frente a los graves efectos multidimensionales que provoca en la sociedad en su conjunto. Así pues, los bienes jurídicos protegidos a través de los tipos penales vinculados a la corrupción resultan insuficientemente protegidos, lo cual muestra una gran debilidad en la conformación de una política criminal clara y congruente que permee el ámbito local desde lo global, y a su vez se reproduzca entre las naciones.

El reto sin duda alguna es dibujar un camino viable transnacional para lograr soluciones conjuntas al grave problema de la corrupción en nuestro contexto latinoamericano que lamentablemente nos afecta a todos por igual.

El desarrollo transnacional no ha dado el resultado deseado debido principalmente a que hace falta acotar el concepto de corrupción por parte de todos los Estados intervinientes y también la adopción de tipos penales comunes que faciliten la identificación de conductas, procesos y consecuencias jurídicas similares, con lo cual, se podría agilizar la intervención transnacional.

Un nuevo escenario se presenta para aquellos paises catalogados como fallidos, debido a que el debilitamiento de las instituciones requiee ayuda internacional para lograr combatir la corrupción y frenar la impunidad por lo que la securitización se convierte entonces en un proposito del ámbito global.