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Introducción
El presente estudio aborda la relevancia de la participación política, entendida esta como la intervención de los individuos en la esfera pública para expresar sus intereses de manera autónoma, transformar o reafirmar determinadas estructuras o normas, e influir en las dinámicas sociales a través de su activismo. Este concepto considera que los sujetos no son receptores pasivos de las condiciones estructurales, sino actores con capacidad de intervención en la configuración de su realidad política (Cordourier, 2015). Cabe destacar que cada contexto presenta dinámicas y condiciones específicas que determinan el impacto y la manifestación de la participación en la vida democrática, por lo que su exploración debe considerar las particularidades de cada escenario, incluido el ámbito institucional.
En este sentido, las universidades han sido un referente en la consolidación de la democracia, sobre todo en América Latina donde sus estudiantes han desempeñado un papel activo en la construcción de regímenes pluralistas (Marsiske, 2015). Sin embargo, las condiciones actuales, marcadas por transformaciones estructurales que propician la mercantilización de la educación superior, han alterado las dinámicas de gestión institucional (Rhoades y Slaughter, 2010), lo cual ha repercutido en el rol que asumen los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Por consiguiente, este artículo tiene como objetivo analizar las circunstancias, formas de organización y resignificación de la participación estudiantil en la democracia universitaria contemporánea, con la intención de dilucidar los desafíos y limitaciones que enfrentan los jóvenes ante un contexto caracterizado por rasgos propios de la posmodernidad.
Este trabajo se realizó en una universidad de Yucatán, un estado que ostenta una imagen de tranquilidad, pero también esconde un clima de dominación política con partidos que han monopolizado y consolidado una marcada diferenciación de clases sociales, lo que se refleja en desigualdades y prácticas discriminatorias que afectan especialmente a los jóvenes (Baños, 2015, 2022). Si bien, diversas investigaciones han abordado la participación estudiantil en el ámbito de la ciudadanía, persisten vacíos en la comprensión de cómo las dinámicas de poder y discriminación afectan el derecho de los jóvenes a participar dentro de las instituciones educativas.
1. El derecho a la participación en la democracia contemporánea
La democracia destaca como uno de los sistemas políticos con mayor legitimidad en el mundo. Pese a ello, su ejercicio es más complejo de lo que se asume, ya que no se limita únicamente a la participación electoral. Por el contrario, representa una forma de organización social integral fundamentada en la voluntad colectiva que fluctúa entre el idealismo de sus orígenes basados en la mitología de la antigua Grecia y la realidad pragmática contemporánea (Touraine, 2006). Su amplia diversidad conceptual trasciende su acepción etimológica de demos (pueblo) y kratos (poder), pues su definición se mueve entre las diferentes corrientes teóricas enriquecidas a lo largo de la historia, y las percepciones idealizadas de las personas que la llevan a la práctica, una macroteoría con componentes empíricos denominada demodiversidad, la cual se sustenta en los valores de la libertad, la igualdad y la participación (Santos, 2019).
En este sentido, la libertad garantiza que los individuos expresen sus opiniones, se asocien y elijan sin restricciones en la toma de decisiones. La igualdad asegura que las personas posean los mismos derechos y oportunidades sin discriminación alguna (Sartori, 2009). Por su parte, la participación es el mecanismo por el cual la población interviene en los procesos políticos, ya sea mediante el sufragio, la deliberación, la colaboración o la representación. Su importancia radica en garantizar la consolidación democrática a través del control ciudadano y la distribución de poder sobre los órganos de gobierno. Este involucramiento es crucial, pues sin una participación efectiva la democracia pierde su legitimidad (Cordourier, 2015).
La importancia de la participación es tal, que se reconoce como un derecho inalienable ratificado en el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948). Este documento establece que todas las personas tienen el derecho de organizarse y formar parte del gobierno de su país, ya sea de manera directa o a través de representantes elegidos libremente; garantiza la igualdad de acceso a los cargos públicos y reconoce que la autoridad del poder gubernamental se fundamenta en la voluntad popular. Aunque dicho artículo exalta el derecho a participar, no menciona explícitamente el concepto de democracia, pues en el contexto de Guerra Fría donde fue establecido era complicado incluir una referencia directa a este término por sus implicaciones políticas e ideológicas asociadas a las potencias occidentales (Naciones Unidas, 2018).
Pese a ello, la participación como un derecho humano ha tenido un papel fundamental en la construcción de modelos democráticos al contribuir con el aumento de gobiernos electos por mayoría popular, así como mejoras en las condiciones de igualdad en la vida política al promover el voto tanto para hombres como para mujeres (López-García, 2024; Naciones Unidas, 2018). Además, la participación también se ha consolidado como derecho en tratados clave para la organización democrática como la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4. En estos textos, la participación va más allá de los procesos electorales y la esfera gubernamental, pues destaca la importancia de una ciudadanía activa y comprometida con su entorno (Damsky, 2020).
Si bien el derecho a la participación, y en general el discurso de los derechos humanos, no poseen un carácter jurídicamente vinculante, han sido esenciales en la formulación de diversos pactos nacionales e internacionales debido a su carácter modernista y su aspiración de igualdad y libertad universal. Sin embargo, en la práctica, los derechos fundamentales se han visto limitados por su tendencia a la institucionalización en tratados jurídicos sin asegurar su materialización efectiva. Además, su proclamación universalista pocas veces considera la diversidad histórica de los distintos ámbitos en los que desea ser implementado, por lo que forzar su cumplimiento puede resultar contraproducente, esto es especialmente relevante en sociedades desiguales donde los derechos muestran un carácter simbólico (Angulo, 2023; López-García, 2024).
Lo anterior, ha sido fundamental para delinear una nueva concepción de los derechos humanos basada en una crítica posmoderna y decolonial de los postulados absolutos de la modernidad y su imposición inamovible de derechos universalizados. Bajo esta concepción el discurso actual de los derechos fundamentales ha contribuido a la deslegitimación de formas de organización social que no derivan de visiones occidentales o eurocéntricas5, mientras que reproducen jerarquías históricas de dominación basadas en marcos normativos que profundizan la desigualdad y la exclusión (Quijano, 2014). Esta misma crítica, la cual puede ser catalogada como posmoderna, rechaza la idea de una población homogénea en la que todos los intereses sean compartidos, pues dicho planteamiento no representa a los ideales de las personas a quienes supuestamente buscan beneficiar, ni tampoco surge de sus necesidades o experiencias. Las condiciones antes mencionadas no son exclusivas de la esfera de los derechos humanos. En las últimas décadas la democracia, particularmente en su vertiente liberal moderna, ha experimentado un proceso de desgaste debido a su reduccionismo al ámbito electoral, sin considerar que en un sistema democrático la deliberación y la acción colectiva constituyen una dimensión más amplia (Touraine, 2006). Bajo este enfoque, Ferrajoli (2005) señala una crisis en la democracia moderna derivada, además de su carácter meramente representativo, por la falta de transparencia en la separación de poderes, lo que permite que actores que no forman parte del aparato estatal incidan en la toma de decisiones públicas.
Estos poderes fácticos disputan a los distintos gobiernos el monopolio legítimo de la violencia, el control territorial y la autoridad institucional. Dotados de enormes recursos, afectan la capacidad de regulación estatal, al fusionar lo político con lo económico, lo que a su vez genera un ciclo donde el capital domina la información, la política y los intereses públicos (Enríquez, 2019). Además, la imposición de una lógica capitalista en todas las esferas sociales se manifiesta como una patología sistémica del capitalismo tardío, que fragmenta lo colectivo, socava la democracia y refuerza el dominio del mercado sobre lo público (Giddens, 1993).
En esta misma línea, Santos (2019) afirma que las democracias contemporáneas han sido diseñadas por las élites no con el propósito de fortalecer sus principios, sino para ocultar opciones más incluyentes o participativas con las cuales habría una mayor distribución de poder. De ahí que el contrato social se haya limitado al voto, permitiendo que unas cuantas minorías controlen la toma de decisiones sin considerar los intereses de quienes supuestamente representan. Esta nueva democracia que pasa de lo liberal a lo “neoliberal” sustituye la pluralidad de ideales y en su lugar impone la lógica de mercado, donde lo político se comercializa, configurándose como un espectáculo en el que el actor más popular es el que ostenta el triunfo.
Es debido a las limitaciones antes mencionadas que caracterizan a la democracia contemporánea que se ha propuesto un nuevo paradigma: la democracia posmoderna. Este modelo busca superar la visión hegemónica liberal basada en consensos racionales y estructuras rígidas, promoviendo, en términos de Mouffe (1999), una democracia radical y plural. Su enfoque enfatiza la participación directa en la toma de decisiones colectivas, la descentralización del poder y la valoración del disentimiento como algo positivo, con el propósito de revitalizar la política democrática mediante la movilización ciudadana.
2. La participación política de los jóvenes y su acción en el ámbito universitario
A partir de lo expuesto anteriormente puede inferirse que, aunque se encuentre ampliamente reconocida en el ámbito legal como un derecho, la participación en la democracia moderna ha perdido efectividad, sobre todo en sectores de la población vulnerables o características y necesidades específicas, como el de la juventud6. A este respecto, en países como México, la participación ciudadana está respaldada por un sólido marco normativo7, mientras que, en lo que respecta a la participación juvenil, este derecho se encuentra reconocido en la mayoría de las leyes estatales de juventud, mismas que se encuentran alineadas a programas y acuerdos internacionales como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes promovidos por la ONU
A pesar de esta situación, se aprecia que la juventud mexicana participa de forma restringida en los procesos democráticos. Los jóvenes muestran desconfianza hacia las autoridades gubernamentales y prefieren alejarse de asociaciones como los partidos políticos, los cuales son percibidos como estructuras cerradas, corruptas y desvinculadas de las preocupaciones ciudadanas. Asimismo, el interés por involucrarse en debates, eventos políticos o postularse a cargos públicos es mínimo, lo que reduce su presencia en los espacios de toma de decisiones. En numerosos casos, su participación se limita al voto, el cual suele verse condicionado por prácticas clientelares orientadas a la obtención de beneficios inmediatos (Dorantes, 2019).
Bajo dichas circunstancias, se ha establecido un discurso que retrata a la juventud como apática, desvinculada de su entorno, señalada por su egocentrismo volcado en la individualidad y el consumo, con una identidad fragmentada por la fluidez en sus relaciones y la inestabilidad de sus vínculos personales. Esta condición se atribuye a la saturación cultural de la lógica del capitalismo tardío, donde impera la inmediatez y la superficialidad, lo que debilita la construcción de su narrativa histórica y complica la formulación de un proyecto de vida a largo plazo (Bauman, 2003; Lipovetsky, 2000).
Esta condición contradice los principios de lo que Giddens (1995) denomina “política emancipatoria”, proyecto vinculado a la modernidad universal para eliminar los imperativos dogmáticos que restringen la libertad humana. No obstante, bajo las condiciones de una modernidad tardía, la individualidad se aprecia desde una pluralidad de formas en la que la persona tiene derecho la construcción de su propia identidad, por lo que la proyección de su destino personal adquiere un carácter subversivo bajo una “política de la vida” que hace frente a las fuerzas del capital que pretenden dominarlo.
Esta perspectiva puede observarse en ciertos grupos juveniles, como los estudiantes universitarios, quienes se han distinguido por su activa participación política, constituyéndose en referentes históricos de la lucha por la democracia. En América Latina, la participación estudiantil adquirió un marcado carácter político a inicios del siglo XX, cuando su movilización logro instaurar el modelo de autonomía universitaria en 1918, gracias a la reforma de Córdoba. Esta efervescencia alcanzó su punto álgido entre las décadas de 1960 y 1970, periodo en el que el activismo estudiantil desempeñó un papel crucial en la resistencia contra regímenes autoritarios y en la restitución de la vida democrática e institucional (Atairo y Camou, 2019; Marsiske, 2015).
Si bien las movilizaciones estudiantiles suelen percibirse como expresiones masivas de protesta por demandas específicas o generales, su significado trasciende lo visible. Detrás de estas acciones existe un entramado de significados compartidos, vínculos sociales, negociaciones y tensiones que hacen posible su articulación. Este fenómeno, que Melucci y Massolo (1991) refieren como “acción colectiva”, surge de la interacción entre múltiples actores que, orientados por fines comunes, movilizan sus recursos para incidir en su entorno. Así, la movilización estudiantil no se reduce a una mera expresión de descontento, sino que se aprecia como un proceso de construcción identitaria basado en sentidos colectivos. En este marco la universidad se constituyó como un espacio privilegiado para los estudiantes, al concentrar las condiciones necesarias para organizar la acción colectiva y proyectar iniciativas de transformación social.
Sin embargo, en las últimas décadas, las Instituciones de Educación Superior (IES) han experimentado cambios estructurales al adoptar políticas globales que priorizan la rentabilidad, la competitividad y la vinculación con el sector privado sobre su función crítica. Bajo el argumento de reducir la carga fiscal, el presupuesto público ha disminuido, sometiendo a estas instituciones a una lógica de competencia por recursos y a la producción de capital humano según las exigencias del mercado. Este fenómeno, definido como capitalismo académico8, ha debilitado los valores de autonomía universitaria, permitiendo injerencias políticas y empresariales en su gestión. Además, bajo el pretexto de la eficiencia, su estructura organizacional tiende a la verticalidad, facilitando la concentración de poder en las altas esferas directivas (Rhoades y Slaughter, 2010).
Lo anterior ha traído importantes limitaciones al ejercicio de la participación estudiantil, a quienes se les acusa de involucrarse menos en las actividades políticas respecto a las generaciones que les antecedieron. Sin embargo, cuando los jóvenes deciden participar, se les acusa por perturbar el orden público. Sus marchas y movilizaciones son desvirtuadas llegando incluso a criminalizarse (Suárez, 2018). A pesar de ello, movilizaciones recientes como #YoSoy132 en México, o “La Primavera Chilena”9, han demostrado la vigencia de la participación juvenil en contextos donde impera la censura, la represión, y una falta endémica de pluralismo (Sola-Morales, 2016).
No obstante, con los recientes cambios estructurales y la aparente crisis del modelo democrático moderno, se vuelve necesario analizar las dinámicas políticas dentro de la universidad. Comprender cómo los estudiantes universitarios, en tanto jóvenes en la posmodernidad ejercen su participación, permite delinear una nueva etapa democrática en el ámbito universitario. Con base en lo anterior, esta breve investigación se propone profundizar en la participación universitaria estudiantil planteando interrogantes sobre cómo se configuran las dinámicas de participación de los jóvenes en la universidad, cómo perciben el clima democrático, las condiciones para ejercer su derecho a participar, y en qué medida se manifiestan características de la democracia posmoderna en su participación política.
3. Metodología
Con el fin de comprender a profundidad las dinámicas de participación de los jóvenes universitarios, se adoptó un enfoque cualitativo que examinó las experiencias, percepciones y significados atribuidos a los ejercicios democráticos tanto en canales oficialmente instituidos como en otros espacios. Se emplearon tres técnicas de investigación: entrevistas no estructuradas a 12 personas (8 mujeres y 4 hombres), para recabar relatos espontáneos y explorar en detalle sus motivaciones y experiencias. De igual forma, se constituyeron dos grupos de enfoque mixtos (de 4 y 6 participantes), mismos que facilitaron la interacción y la identificación de discursos compartidos, tensiones y negociaciones en torno al activismo estudiantil. Además, se implementó la observación participante, lo que permitió captar prácticas cotidianas, ejercicios de toma de decisiones y elementos determinantes para la movilización (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013; Rodríguez et al., 1999).
La investigación se desarrolló en el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en cuya localidad fue posible establecer contacto con dos asociaciones estudiantiles que se autodefinen como independientes, conformados por personas de distintos géneros con una edad de entre 18 y 26 años, en su mayoría estudiantes de las facultades de Antropología, Derecho, Economía, Psicología, Ingeniería y Medicina. Ambas organizaciones emergieron en la misma universidad pública, considerada como una de las principales instituciones en la península de Yucatán. Esta institución establece en sus estatutos el derecho de la comunidad universitaria para participar en el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno. Además, dichas organizaciones surgieron en el contexto de la movilización estudiantil de 2018, a raíz de las protestas generadas por la violencia ejercida por grupos porriles en la UNAM10, desde entonces permanecen activas.
El análisis de resultados se estructuró en torno a tres categorías principales: condiciones para ejercer la participación estudiantil en la universidad; formas de organización y acción colectiva; y resignificación de la participación juvenil en el contexto posmoderno. Los datos fueron estructurados en categorías y subcategorías a través del software ATLAS.ti en su versión 8.4.26.0. En el marco de las consideraciones éticas, se garantizó que todas las personas fueran informadas a través de un consentimiento sobre su papel en el estudio, el cual forma parte de una tesis doctoral de alcance más amplio. Con el propósito de salvaguardar la privacidad de las personas involucradas se preservó el anonimato de la universidad, las asociaciones estudiantiles y los integrantes de estas, mediante el uso de seudónimos.
4. Análisis de Resultados
Desde una perspectiva teórica, se ha destacado la relevancia de la participación en la democracia, así como las condiciones de crisis y el desencanto político que actualmente afectan su ejercicio como un derecho, sobre todo entre la población joven. Ahora bien, esta problemática debe analizarse según el contexto histórico, social e institucional en el que se desarrolla. En el ámbito universitario, esta diversidad se refleja en configuraciones particulares determinadas por la estructura organizativa, la normatividad, las dinámicas de poder y la cultura política. Si bien, los hallazgos de la presente investigación corresponden a condiciones específicas, también existen elementos recurrentes en el ejercicio de la participación estudiantil y en la configuración democrática experimentada por las juventudes.
4.1 Percepciones estudiantiles sobre su participación en la democracia universitaria
Existen elementos que, en un primer análisis podrían llevar a considerar a una institución como democrática, como la presencia de normativas que regulan la participación o la representación de la comunidad en órganos colegiados y procesos decisorios. En este sentido, la universidad donde se llevó a cabo esta investigación cuenta con mecanismos de representación estipulados en las principales leyes de la institución. Sin embargo, en la práctica cotidiana, los procesos participativos presentan deficiencias similares a las características previamente señaladas de la democracia moderna como simulaciones en la distribución de poder y la mercantilización de los cargos representativos, lo que convierte las elecciones en un concurso donde prevalece la inversión en campañas sobre la presentación de propuestas reales (Santos, 2019).
La participación universitaria en las escuelas y facultades, al menos en términos formales, se ha reducido casi por completo a la designación de un representante estudiantil denominado “consejero”, quien tiene la obligación de participar en las sesiones para proponer y votar iniciativas relacionadas a la mejora de las condiciones estudiantiles, y en general en decisiones importantes como la aprobación o modificación de normas, programas académicos y la gestión de recursos financieros. Sin embargo, solo una minoría puede competir en este procedimiento y menos aún convertirse en representantes de su comunidad. Si bien cada convocatoria presenta particularidades, los requisitos suelen ser similares11. Aunque el proceso es presentado como transparente y accesible, diversos estudiantes manifiestan que está plagado de deficiencias y restricciones, especialmente para aquellos que buscan postularse de manera independiente. De acuerdo con sus testimonios, la escasa difusión y la publicación tardía de las convocatorias, junto con requisitos restrictivos y extemporáneos, dificultan la participación en los procesos de selección. Además, mencionan que las convocatorias son diseñadas para favorecer la designación de candidatos previamente elegidos.
En la facultad se redactó un reglamento que imposibilitaba a que alguien que no sea de federaciones pudiera registrarse como candidato, y prácticamente decía, si nada más hay un candidato, ese candidato en automático ya gana, ni siquiera se convocaba a elecciones… entonces veíamos que todo estaba amañado para que una persona ganara (David, en entrevista, 03 de enero de 2024)
Conviene destacar aquí el papel que históricamente han desempeñado las “federaciones estudiantiles”, organizaciones surgidas a mediados del siglo XX que comúnmente proponen las candidaturas de los consejeros. Desde su creación, estas organizaciones han sido señaladas como entidades de control. Por lo general, los que son representantes, no necesariamente son miembros, pero casi siempre operan bajo la presión y la influencia de unas organizaciones llamadas federaciones estudiantiles… han ido y venido un montón de federaciones en los últimos 20 años. ¿Para qué sirven las federaciones? son informantes, es decir, pasan información de cómo está la situación en cada facultad a las autoridades y éstos a su vez a la Rectoría (Andrés, en Grupo de Enfoque, 03 de mayo de 2024).
Los estudiantes culpan a las federaciones por convertir los procesos electorales en simples concursos de popularidad, donde no gana quien presenta propuestas o mejoras para las condiciones estudiantiles, sino quien consigue mayor movilización a través de eventos recreativos y fiestas.
Tienen esta cuestión clientelar de que vota por mí, porque yo te voy a dar, un futbolito en la cafetería, o tamalitos en febrero, o te voy a hacer una posada para diciembre, o cada año la novatada, cosas de ese tipo (Juan, en entrevista, 07 de diciembre de 2023).
El financiamiento de estos eventos no es claro, pero los estudiantes acusan que los fondos provienen de actores ajenos a la institución como grupos empresariales y partidos políticos, lo que sugiere una intromisión de agentes externos en la democracia universitaria.
…las federaciones estudiantiles, todas están vinculadas a algún partido empresarial, ya sea MORENA, ya sea MC, o sea el PRI o el PAN12. Por eso buscan ocupar los puestos de representatividad estudiantil (Sergio, en Grupo de Enfoque, 03 de mayo de 2024).
Cuando la trivialidad no funciona, los miembros de las federaciones recurren a medios de coerción más extremos, como la violencia, ya sea de manera explícita en confrontaciones físicas o verbales, o en formas más sutiles, como la presión psicológica o la desacreditación de personas mediante rumores infundados.
En los últimos años hemos visto que hay un aumento en métodos violentos por parte de las federaciones. En 2018, hubo un caso en el que se secuestró una estudiante de Economía porque estaba haciendo campaña para votar por un compañero que no estaba afiliado en ninguna federación. Estaba presentando una candidatura independiente, y miembros de la federación la retienen en su casa contra su voluntad y amenazan al resto de su grupo... (Alondra, en entrevista, 06 de noviembre de 2023).
Una vez elegidos los consejeros, ningún reglamento los obliga a elaborar consultas o rendir cuentas, por lo que la vinculación entre representantes y el estudiantado es prácticamente nula después de las elecciones. En su lugar, los estudiantes señalan que los representantes usan sus puestos para beneficio personal, e incluso se han dado escenarios donde este puesto les sirve como plataforma para ocupar un cargo público.
Me di cuenta de eso, de que a esos vatos no les interesa el bienestar estudiantil simplemente se organizan para ellos mismos, para buscar un hueso político… ¡sí!, su puesto es una plataforma política, una catapulta política, lo hemos visto… (Rafael, en entrevista, 14 de febrero de 2024)
Por si fuera poco, cuando los consejeros muestran interés por abordar problemáticas del estudiantado, encuentran que su capacidad de acción es limitada. Aunque en apariencia tienen la libertad de actuar, en la práctica las autoridades universitarias les dictan que decisiones tomar durante las votaciones relacionadas con el presupuesto o la designación de directivos.
Hay como esta idea de la línea sucesoria, de esta persona está aliada con esta otra, entonces ella es la que tiene que seguir la línea sucesoria para que esté allá, le tocó a … que cuando era consejera pasó para las votaciones para elegir a la directora de la facultad, le dijeron: “tú tienes que votar por tal persona” (Tania, en entrevista, 10 de mayo de 2024).
Lo anterior ha generado un notable distanciamiento de los estudiantes a los procesos de participación formalmente establecidos, los cuales son percibidos como ilegítimos. Aunque no rechazan por completo el modelo de democracia representativa, consideran que este debería responder de manera más efectiva a las demandas y necesidades de la comunidad estudiantil.
Entonces, tal vez es importante que se incluya la comunidad estudiantil… en el Consejo Universitario… también a lo mejor pensar o tal vez implementar otras maneras de votación, como decir, directamente en la facultad a preguntar a sus estudiantes si este proyecto les favorece, ¿no?... (Lucía, en entrevista, 12 de marzo de 2024).
Al no encontrar una respuesta tangible a sus necesidades, los jóvenes buscan sus propias alternativas de solución. Entre las acciones más notorias se encuentra la de constituir sus propias asociaciones estudiantiles. Cada asociación se centra en problemáticas específicas como la falta de equidad, la violencia y la discriminación, la creciente mercantilización educativa o la falta de atención a los derechos estudiantiles, situaciones que se convierten en el principal detonante de su movilización dentro y fuera del ámbito académico.
4.2 La participación Estudiantil independiente y su movilización más allá de las aulas
Conscientes de las necesidades que enfrenta la comunidad estudiantil, algunos jóvenes se organizan para formular propuestas concretas y articular iniciativas basadas en sus propias experiencias. Esto paulatinamente los lleva a integrarse en colectivos donde forman vínculos y comparten sus conocimientos sobre las temáticas que les interesan.
Cada quien entra al tema por historia propia, el hecho de que te interesen ciertos temas como a mí el género, pues puede que por ahí haya ciertas cosas que pasan en tu vida, entonces al querer aplicarlo… pues teníamos que empezar a aprenderlo y así fue como empezamos a juntarnos para encaminar el proyecto… (Tania, en entrevista, 10 de mayo de 2024).
Al reconocer las dificultades de participar en los ámbitos formales de la universidad, así como la capacidad de su propia acción colectiva, es que los estudiantes optan por definir a sus asociaciones como independientes, libres de injerencias que puedan desvirtuar sus intereses. El sentido de pertenencia a este tipo de asociaciones concede un mayor propósito a su participación política, pues buscan corregir lo que consideran incorrecto.
Nuestra organización busca ser ese intermediario entre pues, lo que el estudiantado necesita y lo que hacen las autoridades universitarias, precisamente buscando ser ese vínculo, convocando asambleas, levantado firmas que nosotros hacemos llegar a las autoridades universitarias para que se resuelvan ciertas necesidades y bueno, pues yo creo que esa es la función que debería tener una asociación estudiantil independiente (Pedro, en Grupo de Enfoque, 24 de mayo de 2024).
De forma gradual, las causas por las que se agruparon se diversifican. Si bien en un inicio responden a demandas pragmáticas, con el tiempo se aprecia un proceso de conciencia colectiva en el que, al reconocer injusticias compartidas, desarrollan mecanismos que les permiten visibilizar y cuestionar otras condiciones estructurales.
Lo que hicimos fue empezar a agrupar más estudiantes poco a poco, primero muy focalizado en la facultad (de antropología), después vino el tema de la credencialización de las tarjetas para camiones… y planteamos que era una exageración que cada semestre el estudiante tenía que renovar su tarjeta... vimos que había muchos estudiantes que también estaban en desacuerdo con esa dinámica… eso permitió que pudiéramos colocar sobre la discusión otras temáticas… (Ramón, en entrevista, 21 de noviembre de 2023).
Así, la percepción de una problemática específica se convierte en un punto de partida para la construcción de discursos y prácticas orientadas a incidir en la toma de decisiones institucionales.
Nosotras luchamos para eliminar la violencia de género en la universidad. Queremos que estas problemáticas se vean, también acompañar a las víctimas y presionar para que realmente se garantice un espacio seguro para la comunidad (Susana, en entrevista, 08 de abril de 2024).
Ante la falta de recursos, las estrategias que emplean para establecer críticas, visibilizar problemáticas y lograr que sus demandas sean atendidas por las autoridades son muy diversas. Ellos recurren a los medios a su disposición, como las redes sociales, una herramienta clave en su organización.
Nuestro primer acercamiento siempre fue por redes sociales, todo lo que quisiéramos convocar o lo que quisiéramos hacer siempre fue por redes. Hicimos muchos videos, también que se subían a redes, dimos visibilidad a varios casos de esa manera. Hicimos el “un violador en tu camino”, ese pequeño fragmento lo adaptamos al contexto de la universidad (Minerva, en entrevista el 30 de abril de 2024).
El impacto mediático de las redes sociales ha consolidado a estos estudiantes como agentes de cambio dentro de la universidad. Su acción política trasciende las demandas estudiantiles, generando repercusiones en toda la comunidad universitaria.
Atendimos el caso de trabajadoras de una facultad, eran creo que 7 o 8, estaban denunciando a una persona por agresión sexual, entonces, fue en ese momento cuando me hablaron y me dicen: “no sé con quién más ir, a quién pedir ayuda, pensamos en ustedes” (Alejandra, en entrevista el 12 de abril de 2024).
Como parte de una tradición de movilización social arraigada en distintas fechas conmemorativas, los estudiantes trasladan sus manifestaciones más allá de los espacios académicos. Salen a las calles, se suman a las movilizaciones en favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género el 8 de marzo y el 25 de noviembre; mientras que el 2 de octubre, exigiendo memoria y justicia, recuerdan la masacre de Tlatelolco. En Mérida, el 14 de febrero, como una muestra de su compromiso con la lucha estudiantil local, marchan recordando a “El Charras”, activista asesinado en 197413.
En estas jornadas, los jóvenes lanzan consignas, organizan mítines, y reafirman su papel como actores críticos al sistema. Durante los recorridos exhiben pancartas con mensajes políticos, y en ocasiones intervienen espacios y monumentos públicos que desde su perspectiva simbolizan la opresión y discriminación. Los estudiantes son conscientes del esfuerzo que implica posicionar su discurso ya que sus actividades no siempre están exentas de crítica.
Nosotros realizamos la primera pinta que fue al monumento a la maternidad,
¡primera!, déjate tú, la catedral o el monumento a los Montejo, ¡no!... era la primera vez y decían: “¡ah! pintaron el monumento”, una cosa, muy fuerte. Nos tocó esa parte, yo sé que en todas las generaciones hay un movimiento fuerte, pero también de nuestra generación. Nos tocó el recibir muchos golpes para que ahorita sea muy fácil hablar de feminismo, en ese momento era que vándalas y las agresiones, o sea, era una cosa horrible, horrible… (Katia, en entrevista, 08 de marzo de 2024).
Estas manifestaciones les han permitido vincularse con estudiantes de otras instituciones y fortalece su acción colectiva, esto se pudo apreciar en su movilización conjunta con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Campeche, con quienes organizaron las protestas para conmemorar el aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa14. Las marchas mítines no son su única estrategia de movilización. Su activismo se ha diversificado al incorporar enfoques alternativos y expresiones artísticas como la elaboración de murales, performances, intervenciones urbanas y producciones audiovisuales.
Las marchas, el mitin, es algo muy tradicional de los movimientos estudiantiles, ¿no?, pero a mí me gustan mucho también estas partes pues divergentes que nacen. El “tendedero” es algo novedoso, ¿no? porque permite expresar algo quizás desde una manera anónima. El baile pues también se me hace algo muy significativo, porque llama la atención, pero realmente detrás de eso hay algo… alguna causa o motivo que lo genera (Tania, en entrevista el 10 de mayo de 2024).
Dichas expresiones también permiten establecer nuevas formas de diálogo con otros sectores de la población. Para captar la atención de los transeúntes declaman poesía, interpretan canciones de protesta con ritmos de trova y, más recientemente, incorporan el rap como una forma de expresión combativa a través de ritmos urbanos. La música se transforma en un medio político al integrar en sus letras anécdotas, rimas y, sobre todo, una crítica social.
La música fue una herramienta para poder politizarme… la primera vez que rapeé así en un mitin, en protesta, fue totalmente diferente porque ya estás arropado y respaldado por una organización. Canté una canción de protesta y me acuerdo que hice un freestyle con megáfono y pues nada, estuvo chido, me gustó mucho, bueno, ese es el espacio donde puedo llegar a más personas y así es como se dio (Rafael, en entrevista el 14 de febrero de 2024).
entrevista el 14 de febrero de 2024).
Los acontecimientos externos tampoco les resultan indiferentes, ya que los estudiantes participan en movilizaciones globales cuando las consideran afines a sus ideales. Así, las asociaciones se han solidarizado con movimientos internacionales como #MeToo, una iniciativa que visibiliza y denuncia la violencia sexual y el acoso, y #UnDíaSinNosotras, el cual se presenta como una protesta simbólica para evidenciar el impacto de la ausencia de las mujeres (Álvarez, 2020). En estas manifestaciones, combinan elementos del folclor popular con expresiones creativas para canalizar el descontento estudiantil.
Se iba a organizar la semana de la sexualidad... nosotras hicimos una actividad que se llamó “Autopsia de la Ciudad de Mérida” … yo imprimí un mapa grandote de la ciudad con unos listones, unos papelitos y unos pines. Entonces la actividad era que, pues pasabas y escribías algún relato sobre el acoso, la violencia de género y lo ponías en el mapa. Entonces pues ya la gente empezó a pasar y así de la nada, como en menos de una hora, pues ya era… en total fueron como 60 relatos, una actividad muy dinámica, llamó mucho la atención (Teresa, en entrevista, 17 de abril de 2024).
Recientemente, los estudiantes han llevado a cabo movilizaciones en rechazo a la violencia que se vive actualmente en Palestina, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la condena a cualquier forma de violencia. En este contexto, las protestas han incorporado representaciones simbólicas como el die-in, una acción en la que los participantes se tiran al suelo simulando ser víctimas de la violencia; esta actividad, en una ciudad generalmente apacible como Mérida, tuvo un fuerte impacto entre los espectadores. Una vez que el performance terminó, los estudiantes repartieron sandía, una fruta que con los mismos colores que la bandera Palestina, se ha convertido en un símbolo de resistencia y unidad.
5. Discusión
Este apartado analiza los hallazgos siguiendo dos ejes fundamentales: las condiciones para la participación estudiantil en la universidad y su relación con la democracia en México, así como las formas de organización y acción colectiva, destacando cómo los estudiantes resignifican su activismo.
5.1 Condiciones para la participación estudiantil en la democracia universitaria
Como puede apreciarse, la participación política entre los estudiantes se ve limitado por diversos obstáculos impuestos por la estructura institucional. El acceso restringido a espacios de representación, la injerencia de actores externos, la poca vinculación con los representantes, y la excesiva burocratización de los procesos, han configurado un entorno en el que la participación dentro de los marcos formales de la universidad resulta poco accesible y desalentadora. Dichas limitaciones no son exclusivas del ámbito universitario, sino que reflejan las deficiencias estructurales de la democracia en México marcada por distorsiones que restringen la representación y perpetúan círculos de poder (García del Castillo y García, 2021).
Para el ciudadano común, la democracia se reduce al mero proceso electoral. El acceso a cargos políticos resulta prácticamente inalcanzable fuera de los partidos tradicionales, señalados por la opacidad en el manejo de recursos y la persistencia de prácticas clientelares. En este escenario, la participación política deja de ser un mecanismo efectivo de inclusión para convertirse en un derecho ficticio presente solo en estatutos y reglas que reducen la vida democrática a la acción del voto, el cual se presenta ineficaz pues se sustenta en un escenario en el que lo mediático absorbe la esfera política (Angulo, 2023; Rodríguez-Serrano, 2015).
Si bien, este estudio, debido a sus características metodológicas se centró en un grupo reducido de la población universitaria, lo que impide la generalización de las condiciones que viven los estudiantes, sus hallazgos son consistentes con otras experiencias juveniles observadas en Yucatán. La política estatal ha girado en torno a la figura del gobernador, cuya concentración de poder ha perpetuado un modelo caracterizado por el centralismo que fomenta la persistencia de prácticas autoritarias en diversas esferas de la administración pública (Baños, 2022). Esta situación resulta fácilmente extrapolable a las altas esferas de la dirección universitaria, donde las estructuras jerárquicas rígidas monopolizan la toma de decisiones y concentran la autoridad en un reducido grupo de actores.
Este fenómeno puede constatarse en investigaciones en otros países. En un estudio realizado por Atairo y Camou (2019), sobre la evolución en la democracia universitaria en México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile encontraron que históricamente las universidades públicas de la región adoptaron de maneras muy diversas los principios reformistas, y si bien por un tiempo los preceptos de autonomía fueron defendidos en gran medida por las movilizaciones estudiantiles, recientemente estos han adquirido un carácter simbólico, que han favorecido a las autoridades universitarias respaldadas por equipos de gestión técnica que p han desplazado el equilibrio tradicional de poder, dejando relegados los ideales de una universidad democrática y participativa.
Por su parte, Hernández (2021), en su análisis sobre las prácticas políticas estudiantiles en la Universidad Nacional de Córdoba, señala que en América Latina los jóvenes enfrentan condiciones persistentes de vulnerabilidad y exclusión. En este contexto, los jóvenes encuentran en la universidad un espacio clave para la configuración de modelos alternativos de organización social frente a la concentración excluyente y antidemocrática del poder económico y político. Son las estructuras de gobierno, así como los poderes fácticos que ejercen su influencia dentro de las universidades, las que a menudo obstaculizan la participación estudiantil, desprestigiando a los estudiantes que se movilizan a través de vías no oficiales. Este mecanismo de control político ha sido reiteradamente utilizado contra los estudiantes universitarios (Suárez, 2018).
Por otro lado, a pesar de que la Ley de Juventud del Estado de Yucatán (Congreso del Estado de Yucatán, 2023) garantiza el derecho a la participación juvenil, esta se muestra poco inclusiva con la población que desea atender, pues delega en las instituciones la responsabilidad de diseñar políticas y lineamientos para la inclusión de la juventud, mientras excluye a los jóvenes de los criterios organizativos, esto dificulta la implementación de propuestas que incorporen sus perspectivas y confiere al proceso un carácter adultocentrista. En consecuencia, los jóvenes se sienten excluidos de los espacios formales de participación. La juventud yucateca desconfía de las instituciones, considera inútil la democracia y desconoce los mecanismos para concretar sus propuestas, aun cuando existen instancias diseñadas para ello (Ollin, 2017). Su involucramiento político es mínimo y para la mayoría de la población joven, su participación política se reduce al voto (IEPAC, 2020)15.
Esta dinámica también se manifiesta en la universidad. Aunque la normatividad garantiza la participación estudiantil, en la práctica, las autoridades concentran el poder y regulan estos espacios con reglamentos confusos que pueden desincentivar el involucramiento de estudiantil. Del mismo modo, las federaciones estudiantiles han priorizado sus intereses sobre la de sus representados, por lo que las necesidades estudiantiles quedan relegadas a un plano secundario. De ahí que los jóvenes muestren desinterés ante los mecanismos formales de participación. No obstante, esta condición no necesariamente implica apatía política, sino que refleja el rechazo a las estructuras rígidas que restringen el pleno desarrollo de lo que Giddens (1995) refiere como política de la vida.
5.2 Formas de organización y acción colectiva: resignificación de la participación juvenil en el contexto posmoderno
Llegado a este punto se puede afirmar que el derecho a la participación, aunque respaldado por garantías jurídicas, trasciende el ámbito normativo al constituirse como una expresión fundamental de la agencia juvenil. Para los estudiantes universitarios, participar no se limita a ejercer un derecho reconocido en legislaciones, sino que representa un medio para incidir en su entorno de manera colectiva. Como consecuencia de ello, los estudiantes, al enfrentar limitaciones y obstáculos dentro de los canales institucionales, optan por asociarse fuera del ámbito formal. Estas asociaciones les permiten mayor autonomía para expresar sus inquietudes, propuestas y demandas de manera libre, una participación política inclusiva que se adaptada a las realidades contemporáneas en las que su activismo se articula a través de canales más cercanos a sus propias experiencias y necesidades, ante la ineficacia de los discursos oficiales que mantienen las desigualdades en el ámbito universitario (Cerva, 2020).
En este contexto, la democracia trasciende su alcance de sistema representativo y en su lugar se consolida como un modelo continuo de participación en las decisiones sociales, políticas y culturales. Así, desde una concepción posmoderna, la democracia otorga relevancia a la descentralización del poder y a la inclusión de voces históricamente marginadas. Además, en lugar de aspirar a un consenso uniforme, esta visión subraya la importancia del disenso, el conflicto y la diversidad, considerándolos elementos esenciales para la convivencia. Estos no se perciben como amenazas a la unidad, sino como medio para la construcción de acuerdos más inclusivos y formas de entendimiento con mayor pluralidad (Mouffe, 1999).
Dentro de la universidad, el disentimiento frecuentemente es gestionado por las autoridades como un fenómeno que debe ser controlado y minimizado, ya que se percibe como una amenaza a la estabilidad institucional. Sin embargo, el conflicto representa un signo de diversidad de opiniones que ha caracterizado la acción colectiva de la comunidad universitaria. El debate y la confrontación de ideas son esenciales para lograr consensos legítimos, así como soluciones inclusivas. En última instancia, el conflicto, lejos de desestabilizar, puede fortalecer las instituciones al promover una convivencia plural y una mayor capacidad de adaptación.
Es posible que esto explique porque algunos estudiantes universitarios han optado por rechazar las estructuras rígidas que buscan imponer una uniformidad de pensamiento y acción. En lugar de someterse a estas formas preestablecidas vinculadas al ámbito de la modernidad, han emergido en un contexto que exalta su diversidad. Este cambio de paradigma ha facilitado una rica variedad de perspectivas al rechazar la imposición de normas que limitan la expresión individual. Así, los jóvenes disfrutan de una libertad creativa que les permite reconfigurar sus propios términos de participación política, sin sentirse encasillados en roles predefinidos por las estructuras tradicionales de poder.
Por ello, su participación no se limita a las actividades políticas tradicionales, sino que también se manifiesta en expresiones como la música, el arte y las representaciones públicas, en las cuales los jóvenes comunican sus ideas a otras esferas sociales, reivindican derechos ante los círculos de poder dentro y fuera de ámbito académico y sobre todo construyen su identidad mediante su participación. De esta forma, el concepto de individualidad juvenil posmoderna basada en la desvinculación, el egocentrismo y el consumo (Bauman, 2003; Lipovetsky, 2000), se redefine, y en su lugar, adquiere una dimensión más compleja que entremezcla la política emancipatoria que busca liberar al individuo de opresiones estructurales, con la política de la vida, orientada a la autodeterminación individual (Giddens, 1995).
En así que la participación política se propone como un reconocimiento a la singularidad de cada individuo en la que puede desplegar su creatividad y manifestar su identidad, sin que ello implique indiferencia o desinterés. Los jóvenes, desde sus iniciativas personales han demostrado su capacidad para unirse a causas que se alineen con sus ideales, y constituir, gracias a su acción colectiva, movilizaciones que tienen un impacto que va desde lo local a lo global (Melucci y Massolo, 1991). De este modo, su rechazo a la violencia en la universidad se extiende a las manifestaciones contra la represión que históricamente ha ejercido el Estado contra los estudiantes, y a su condena por las masacres en Palestina. Asimismo, la oposición a la mercantilización educativa se convierte en una postura contra el sistema capitalista, lo que los lleva a establecer alianzas con sindicatos independientes y sectores de la disidencia laboral.
Dicha diversificación de su acción política no puede comprenderse plenamente si se limita al derecho a la participación dentro de un marco jurídico que reduce lo democrático a los procesos electorales. Tal como lo evidencian los estudiantes, su involucramiento adquiere múltiples dimensiones, vinculándose con otras libertades fundamentales. Entre ellas, el derecho a ser escuchado o los derechos a la libre expresión y a la libre asociación y manifestación16.
Conclusiones
A partir del análisis previo, es posible concluir que si bien, los modelos democráticos de la modernidad contribuyeron a la expansión de los sistemas democráticos a nivel global, también generaron mecanismos rígidos que discriminan formas de gobierno autárquicas. Por esta razón, en el contexto de la posmodernidad el derecho a la participación debe ser presentado como un componente multidimensional capaz de redefinir la democracia contemporánea en un espacio inclusivo, ya que este nuevo paradigma fomenta una perspectiva dinámica y adaptable que integra las voces de generaciones más jóvenes, quienes no solo dejan de ser meros receptores de políticas o reglamentos, sino que asumen un papel protagónico en la configuración de nuevas realidades democráticas.
Paralelamente, la posmodernidad ofrece múltiples perspectivas en su interpretación, especialmente en relación con la juventud. Como se ha constatado, los estudiantes desempeñan un papel central en la construcción formas novedosas de participación que cuestionan y reformulan los marcos tradicionales de la política. Asimismo, lejos de constituir una categoría homogénea, expresan una diversidad de intereses y modos de intervención política que resulta particularmente evidente en el ámbito universitario, donde los jóvenes pueden integrarse simultáneamente en distintos colectivos. No obstante, dicha diversidad no representa una incapacidad para incorporarse a las estructuras políticas formales; por el contrario, reafirma su legitimidad para participar en los asuntos que consideran relevantes, articulados en torno a la exigencia de una democratización más profunda y una representación efectiva; a la construcción de un entorno libre de acoso y violencia; a la interrupción de la intensa mercantilización que permea dentro y fuera del ámbito educativo, y al fortalecimiento de condiciones que favorezcan el desarrollo de sus identidades conforme a sus propios ideales.
Así, la universidad, como institución pionera en la consolidación de los principios democráticos, puede mantener su papel fundamental como escenario clave para fortalecer las dinámicas democráticas en un contexto que se presenta como posmoderno. Mediante el estudio de la participación estudiantil, este trabajo aporta una comprensión más profunda de las tensiones entre las aspiraciones democráticas ideales y la realidad institucional que enfrentan los estudiantes, ofreciendo una perspectiva sobre el funcionamiento de la democracia tanto como concepto orientado hacia la plena inclusión y equidad, como en su aplicación práctica, condicionada por desafíos estructurales y relaciones de poder. El análisis de estas tensiones abre nuevas posibilidades para fortalecer el desarrollo democrático en diversos ámbitos, especialmente el universitario, donde el derecho a participar es un ideal en construcción.
