INTRODUCCIÓN^*

Durante las primeras décadas de vida republicana, los debates políticos bolivianos abordaron de manera central y pública dos temas interrelacionados: la unidad territorial del cuerpo político y el control del poder del Estado, proyectándose su discusión legislativa en las constituciones de 1826, 1831, 1834, 1839 y 1843. Con José Antonio de Sucre (1825-1828)¹ se ensayaron soluciones centradas en la antigua Real Audiencia de Charcas, mientras que con Andrés de Santa Cruz (1829-1839) el proyecto de la Confederación Perú-boliviana estuvo orientado a recuperar la unidad del virreinato del Perú. En ambos casos figuró la cuestión de cómo limitar la concentración de poder y su potencial uso arbitrario. Pero, en un contexto en el que el proceso emancipatorio había impuesto como primera necesidad la construcción de un poder de gobierno,² la discusión acerca de la aglutinación y la dispersión de la autoridad no solo entrañaba el tema de la división de poderes. Al atañer a la relación entre gobernados y gobernantes, y para asegurar la gobernabilidad del nuevo país, también exigía precisar qué instancia potestativa disponía de la soberanía del pueblo y con qué límites podía ostentarla, ya que, en un sistema republicano presidencialista, la representación recaía tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo mediante elecciones propias.

Esa disputa institucional va a ser abordada a través del debate desarrollado en el Congreso Extraordinario de 1847, el cual tuvo lugar en el último año de la presidencia de José Ballivián (1841-1847) y, en él, los representantes retomaron la iniciativa política desarrollada por sus homólogos en 1839 de fomento y liderazgo de la Revolución restauradora —o Restauración— que propició la caída de Santa Cruz y el fin del proyecto de confederación. Las figuras militares al frente de la misma fueron los generales José Miguel de Velasco y José Ballivián, siendo el primero nombrado presidente interino y el segundo autor de revueltas contra ese hecho, a las que también se sumaron las sublevaciones de los seguidores de Santa Cruz. En este contexto, debido al nuevo intento anexionista del presidente peruano, Agustín Gamarra, Ballivián capitalizó las diferentes facciones partidarias en un frente boliviano unido que le permitió liderar la guerra contra Perú.³ De su éxito en la batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841⁴ resultó la legitimidad de su mandato y la posibilidad de desarrollar un gobierno no provisional, caracterizado por una voluntad reformista.⁵ Sin embargo, el diferendo arancelario con Perú en 1846 y sus consecuencias socioeconómicas, propiciaron que los descontentos y desacuerdos políticos desarrollados durante su mandato, en torno a su gestión de gobierno y al aumento del gasto militar, tomasen fuerza. La convocatoria del mencionado Congreso Extraordinario respecto a la pertinencia del recurso de la guerra en la resolución de la reyerta arancelaria hizo explícitos tanto la pérdida de capital político por parte del gabinete gubernamental, como la gestación de una conspiración revolucionaria que devendría en la Revolución de 1847 y en la que los representantes actuaron de artífices.

Pese a los recientes esfuerzos historiográficos por redescubrir la relevancia del poder Legislativo⁶ en la construcción nacional y a que, incluso, la actualidad política latinoamericana lo tiene como un actor fundamental, todavía persiste una lectura general que lo minusvalora o desconoce. En el caso concreto de Bolivia, la escasa historiografía que ha tratado la temática⁷ no ha concedido importancia al Congreso Extraordinario de 1847 por asumirlo cómplice de un gobierno autoritario o por considerar intrascendente la dimensión política y explicar la subversión contra el gobierno de Ballivián⁸ solo a partir de un dicotómico enfrentamiento regionalista, portuario y de mercado entre el norte y el sur bolivianos. Sin embargo, en 1891, José María Santiváñez, en referencia a los sucesos de 1847, declaraba en su biografía sobre este presidente que “la lucha en que se hallaba empeñado el gobierno no entrañaba únicamente intereses personales o de partido, sino de principios”.⁹

Siguiendo la lectura de Santiváñez, el texto sostiene una hipótesis general. Las discusiones desarrolladas por la Asamblea Extraordinaria de 1847 mostraban que el Congreso boliviano conservaba la conciencia de las fuerzas revolucionarias a las que se debía la existencia republicana o el sentido de la violencia creadora de derecho que representaban. Su responsabilidad en la Revolución de 1847 actuó, así, como el ejercicio de derecho o de un poder con fines jurídicos, destinado tanto a conservar la legalidad establecida tras la independencia, como a crear una nueva. A partir de esa hipótesis se sostienen dos subhipótesis. Primera, el presidente Ballivián buscó el apoyo del Legislativo a su política internacional con dos objetivos: resolver el conflicto arancelario con Perú y contrarrestar la progresiva impopularidad de su gestión gubernamental mediante un nuevo éxito bélico que reviviera el obtenido en 1841. Pero, en un contexto de rivalidades partidarias sustentadas en enconos políticos, institucionales y económicos, sus acciones por lograr el beneplácito unánime del Congreso lo trasmutaron de héroe nacional a tirano y enemigo de la República. Ello ocurrió, porque los opositores a su gobierno lideraron la animosidad popular a que el conflicto con Perú deviniera en una guerra internacional que agravase aún más las pérdidas materiales —particulares, grupales, regionales y del Estado— de Bolivia. Con esa acción legitimaron también la Revolución de 1847 que, en nombre de la Constitución de 1839, condujo a la deposición de Ballivián. Y, segunda, la estrategia política ballivianista de pacificar el orden interior mediante una guerra exterior no solo situó la actividad parlamentaria, reducida con la Constitución de 1843, como eje central de la vida política nacional. También recolocó al Congreso como instancia reguladora de la ciudadanía armada —o toma pública de las armas sancionada constitucionalmente—¹⁰ y como un órgano de gobierno capaz de contrarrestar parte de la inestabilidad y la incertidumbre del devenir político. Ello fue posible, porque, en su esfuerzo de frenar o contrapesar la expansión de las facultades del Ejecutivo, fue responsable de orquestar y dirigir la renuncia presidencial a través de acuerdos partidarios pacíficos o de movimientos sediciosos que devinieron en revolución y que ayudaron tanto a explicitar como a nacionalizar dinámicas regionales en conflicto.

El presente artículo se divide en dos acápites. En el primero se exponen los argumentos defendidos por el presidente Ballivián y los miembros de su gabinete de Gobierno de cara a conseguir el consenso de los representantes del Congreso Extraordinario a favor de la guerra y de la consecuente visión de Perú como el enemigo exterior de Bolivia. A partir de un contexto continental propiciado por la fallida expedición monárquica a Ecuador del expresidente general Juan José Flores, el objetivo es mostrar las razones de la convocatoria presidencial del Congreso y la contraposición de dos preocupaciones públicas: el orden y la libertad. Y, en el segundo, se aborda el modo en que la gestión legislativa de una posible guerra con Perú en un clima de panamericanismo, contrario a la guerra de usurpación y de conquista como solución a los conflictos entre naciones, contribuyó a la conversión discursiva del presidente Ballivián en el enemigo interior de la República y a su posterior renuncia del cargo en diciembre de 1847. A través de la discusión entre los congresistas, se pretende exponer sus disensos ideológicos y partidarios, no solo con relación al tema de la guerra, sino también del reparto de los poderes del Estado.

A través de ambos apartados, el texto se inscribe en una lectura neoinstitucionalista que defiende que las reglas y procedimientos institucionales marcaban los productos de la política, porque fijaban los límites y las posibilidades de desarrollo público a los actores políticos y les ayudaban en sus estrategias de acción. Por ello, los gobiernos bolivianos nunca dejaron de realizar reformas en el esquema constitucional y los parlamentos funcionaron como la fuente principal de disposiciones y leyes que normaban la vida republicana, en parte, gracias a su intervención reguladora de la disidencia pacífica y armada. Las fuentes utilizadas son, en su mayoría, oficiales (legislación, redactores del Congreso, mensajes presidenciales, memorias ministeriales o correspondencia), aunque también se ha recurrido a la prensa y la folletería.

UN GOBIERNO PROGUERRA: PERÚ, EL ENEMIGO EXTERIOR

Como trasfondo internacional del conflicto arancelario entre Bolivia y Perú, estuvo la expedición monárquica a Ecuador del expresidente general Juan José Flores en 1846-1847.¹¹ Si bien el proyecto monárquico no llegó a concretarse, su amenaza tuvo dos consecuencias para ambos países. Primera, favoreció un clima continental de fraternidad republicana. El “imperio de Flores” era el valedor de la “vieja Europa” (España, Francia y Gran Bretaña) en oposición al concierto de los países americanos. Estos se veían solidariamente compelidos a hermanarse contra una agresión de conquista, habilitándose, en consecuencia, una narrativa patriótica independentista. Sus objetivos eran reforzar la identidad y la forma de vida republicana en el plano de la opinión pública, más allá de las fronteras nacionales amenazadas por el despotismo imperial. Además, el consecuente Tratado de Confederación de 1848, a iniciativa de Perú,¹² tuvo lugar en un momento en el que en México entraban tropas estadounidenses y en el que la presidencia de Rosas se enfrentaba a una intervención franco-inglesa. El resultado fue una atmósfera política caracterizada por el cuestionamiento público de la guerra de usurpación y de conquista como solución a los disensos internacionales.

Y, segunda, hubo un aumento de efectivos militares en 1846 en Bolivia y Perú para hacer frente a la empresa del expresidente Flores. Cuando el conflicto comercial entre ambos países arreció a partir del decreto peruano del 9 de noviembre de 1846 y los decretos bolivianos del 22 y del 31 de marzo de 1847 —gravamen a las exportaciones y medidas de interdicción comercial—,¹³ tal inversión pública en gastos de guerra se desplazó, en Bolivia, a una posible redefinición de las fronteras nacionales mediante las armas. Pero, como esa operación no contaba de antemano con un consenso y apoyo público generalizados, trató de justificarse mediante la asociación discursiva de la noción de independencia nacional con la de libertad mercantil: la independencia nacional estaba amenazada por las limitaciones en el comercio y la industria impuestas por el diseño de fronteras bolivariano de 1825 y la pérdida de las conexiones inter e intrarregionales propias de la Monarquía hispánica. A continuación, se exponen tanto los supuestos doctrinarios en que el gobierno amparaba sus acciones, como los argumentos esgrimidos ante el Legislativo sobre una posible guerra entre dos países limítrofes.

Durante las primeras décadas republicanas, el temor a la desintegración de la comunidad política y el esfuerzo de conciliar la aspiración a la unidad del pueblo con la de su libertad se desarrolló dentro de los marcos de la tradición republicana a través de un doble diseño representativo: por un lado, uno que favorecía candidaturas de unidad y en el que, una vez delegada la soberanía y constituida la autoridad, el accionar del pueblo quedaba supeditado a los actos de las instancias de gobierno y de representación; y, por otro, uno favorable al ejercicio permanente de los derechos soberanos para la tramitación del antagonismo, ya que en ello residía el goce de la libertad.¹⁴ De ambas soluciones, el gobierno de Ballivián representó la primera.

Aunque bajo su presidencia el sistema de gobierno fue representativo, se celebraron comicios en 1843 y el Congreso sesionó, ello no resultaba necesariamente contrario a que ejercitase las potestades ejecutivas en calidad de “hombre-fuerte”. Si el imperio de la ley debía servir para organizar las relaciones entre el poder político y la sociedad, el presidente interpretaba que el fin de la ley era consolidar la autoridad. Como de no producirse el fortalecimiento del Ejecutivo, el gobierno resultaría nulo y el país se vería expuesto a perder su libertad e independencia nacionales, el principio de representación se interpretó como delegación del poder político y se quiso reducir, hasta entonces, la dual actuación del Congreso: cámara tanto de deliberación, como de control del Ejecutivo. Los seguidores de considerar al Ejecutivo como la institución representante por excelencia de la soberanía popular (incluidos los seguidores del partido opositor de Santa Cruz o crucistas) opinaban que ello era necesario, porque la mayor obligación de un gobierno era garantizar el orden social a partir de un programa político basado en los principios de autoridad y seguridad. Para que el gobierno fuese una entidad eficaz y resolutiva, el poder del pueblo debía quedar depositado en una persona externa, cualificada, superior y directora de la comunidad política, encargada de dirigirla. Esta debía imponer o recomponer las pautas de ordenamiento de la sociedad, así como dirigirla a su plena realización. De una parte, ello implicaba la disminución del número de instituciones relacionadas con la toma de decisiones y, por tanto, del número de sujetos intervinientes en su proceso; de otra, un mayor control en los mecanismos del ejercicio de la soberanía, ya que una participación generalizada de la población en el poder político podía provocar un desorden que debilitara o diera fin a sociedad boliviana. Defendían, por tanto, un liberalismo basado en reformas graduales lideradas por ejecutivos fuertes y compatible con una visión unanimista de la política o la defensa del pueblo-uno.¹⁵

En favor de esa lectura sobre el reparto desigual de los poderes del Estado se sumaba el hecho de que Ballivián gozaba de legitimidad para proyectarse como “el hombre fuerte providencial” por su liderazgo contra la invasión del sur de Bolivia por las tropas peruanas bajo el mando del presidente Gamarra en 1841. Esa situación de emergencia nacional había propiciado que las demás agrupaciones partidarias y rivales le hubiesen cedido el mando, a pesar de las asonadas que había realizado contra el legítimo gobierno de Velasco (1839-1841) y por las que el Congreso de 1839 le había tildado de criminal, traidor a la patria y parricida levantado “contra las leyes, las libertades públicas y las autoridades constituidas”.¹⁶ Como de esa concentración patriótica había resultado la victoria boliviana sobre Perú, Ballivián legitimó su posterior conversión en mandatario en un éxito bélico que garantizaba la supervivencia de la nacionalidad boliviana frente a las ambiciones exteriores y que quedaría condensado en la palabra de Ingavi. La victoria en esa batalla asentaba, así, la idea de que un régimen provisional y estratégicamente autoritario aseguraba no solamente la estabilidad republicana, sino también futuros triunfos bélicos frente a países “desestabilizados por los excesos de la libertad”,¹⁷ como podía ser el Perú. El asentamiento de ese gobierno de Ejecutivo fuerte lo propició la sustitución de la Constitución de 1839 por la de 1843.¹⁸ Ya que en ella quedaba reducido el tiempo de sesiones del Legislativo, favorecido el uso de decretos y de poderes extraordinarios y aumentado el protagonismo del Consejo Nacional, el Ejecutivo se erigía en el centro vital de todo el sistema político, responsable de coordinar y uniformizar las actuaciones de todas las instancias de poder para mantener la armonía en la comunidad política, tanto en su orden interno como frente a las amenazas del exterior.

A partir de esa comprensión del ejercicio de gobierno, el presidente y su Gabinete ministerial defendieron en el Congreso Extraordinario de 1847 el recurso a las armas como manera “de negociar y obtener los arreglos que exigían el comercio y el interés de ambas Repúblicas”. Desde la fundación republicana, los gobernantes bolivianos habían buscado solucionar las limitaciones geográficas del país mediante ampliaciones territoriales que convirtieran en suya a Arica. En el orden interno, como esa pretensión afectaba las posibilidades de crecimiento del puerto boliviano de Cobija y de los espacios regionales subsidiarios, habían tenido lugar estrategias políticas, decisiones gubernamentales y dinámicas locales variadas, las cuales no siempre estuvieron en sintonía, debido a que la priorización de Arica o de Cobija o el plan de cohabitación portuaria generaban competencias indeseadas entre ambos puertos, protestas por parte de los colectivos adscritos a los circuitos mercantiles a los que daban salida¹⁹ y cambios en la opinión pública en dependencia de la fluctuación tarifaria peruana.

Asimismo, el tema de Arica había provocado disputas arancelarias y territoriales entre Bolivia y el Perú debido a los proyectos de confederar ambos países o de anexar algunas de sus provincias, produciendo también descontento entre los grupos dirigentes regionales. Pese al triunfo boliviano en Ingavi en 1841, tras la Paz de Puno, Arica había continuado siendo peruana, sin que ello impidiera la renuncia boliviana al puerto, como evidenciaron el envío de diplomáticos a Lima o la presión boliviana en la opinión pública peruana a través de periódicos que instaban a su anexión o, en su defecto, a una solución comercial ventajosa.²⁰ Oficialmente, en 1847 esa pretensión se justificó por “la perniciosa política arancelaria del Perú”, que amenazaba la existencia nacional. Y como renunciar al derecho de comercio por el puerto peruano de Arica significaba hacerlo a “la concurrencia de esta República”, ya que serían tantos los pueblos perjudicados que porfiarían en “llenar sus necesidades por medios violentos e inevitables” hasta “hacer desaparecer a Bolivia”,²¹ la solución bélica era la salida.

El ministro de Relaciones Exteriores, Tomás Frías, en su memoria al Congreso Extraordinario de 1847 sobre el estado en que se hallaban las relaciones con el Perú, acusaba a este de actuar en contradicción con la fraternal unión americana buscada a raíz de la expedición Floreana, ya que su política arancelaria hería “de muerte la industria y el comercio bolivianos”. Opinaba que el objetivo básico del Perú había sido siempre suspender el Decreto del 20 de febrero de 1842, producto de “la gloria” de la campaña de Ingavi y del tratado solemne del 7 de junio de 1842, y restablecer la convención de comercio de 1840. La abolición del “statu quo, natural y necesario, de seis años de las más pacíficas y normales relaciones de comercio”, significaba arrebatar a Bolivia “un derecho adquirido por una posesión inmemorial y anterior a todos los derechos de la nacionalidad peruana”, y convertirla “en un pueblo bloqueado”. Un país privado de los beneficios “ejercitados por siglos por Arica” y que dejaba la regulación de su comercio, y hasta la acotación de los derechos de consumo, en manos del gabinete de Lima “nunca podría extenderse ni desarrollarse”.²²

Para colmo, continuaba Frías, el gabinete peruano había desarrollado un plan destinado a “desquiciar y destruir el orden público, fraguando conspiraciones y el más escandaloso atentado contra el supremo gobierno de Bolivia” y, así, acabar con la independencia boliviana. Mencionaba a supuestos agentes públicos peruanos que, con la aquiescencia del presidente Castilla, promovían “con furioso empeño la rebelión, la destrucción de las instituciones bolivianas y tal vez hasta el asesinato del jefe de Estado”. Acusaba de ese plan de conquista a los prefectos de Moquegua, de Puno —el coronel Mariano Basagoitia— y de Arequipa —el general Pedro Cisneros—, estando involucrado con este último el juez de letras 1° y conjuez de la corte superior de Arequipa, Dr. Paredes, con el fin de “revolucionar Cochabamba”. Todo ello había tenido lugar “bajo el velo de prepararse contra Flores” y había sido corroborado por la fuga del encargado de negocios peruano, Pedro Astete, y el posterior corte del puente sobre el río Desagüadero. Al ser “descubiertas por favor de la divina providencia, las infames tentativas […] y para ponerse a cubierto de los alevosos ataques de la traición y dar solo a sus propias fuerzas la defensa de sus derechos” el gabinete boliviano había decretado las medidas de interdicción comercial.²³

De no llegarse a una negociación, sería necesario tomar otras disposiciones más radicales, ya que interpretaba que el alza de impuestos al comercio boliviano de tránsito por Arica tenía como objeto obligar a los departamentos del norte de Bolivia a unirse con los del sur peruano. De hecho, la desocupación laboral en torno a la producción de cascarilla en las provincias de Larecaja, Muñecas y Apolo, a causa de la guerra de aranceles, y la denuncia en la prensa de las ventajas que ello causaba a los departamentos del sur eran argumentos malévolamente esgrimidos para favorecer la anexión de La Paz a Perú y crear enfrentamientos regionales.²⁴ Frías consideraba todo lo hecho por este país ofensivo a la dignidad boliviana y “destructor de su comercio e industria”, de manera que si no se derogaban sus decretos y se restablecerían las negociaciones comerciales, la única solución era la guerra.²⁵ En consecuencia, el presidente y sus ministros solicitaban al Congreso la investidura del primero de poderes extraordinarios.

Algunos representantes, sin embargo, explicaron al gabinete de Gobierno que un congreso extraordinario no podía investir al presidente de las facultades que ya gozaba desde 1846, ni tampoco autorizarle a realizar negociaciones y un tratado de comercio, ya que tenía derecho constitucional para ello sin pedirlo. Por tal motivo preguntaron, ¿por qué lo pretendía, haciendo que el Legislativo “traspasara la órbita de sus funciones”?²⁶ En respuesta, el ministro de Hacienda, Miguel María de Aguirre, señaló que, aunque el Ejecutivo por los artículos 45 y 46 de la Constitución podía hacer usos de facultades extraordinarias, había convocado al Congreso “por un exceso de delicadeza y para dar testimonio de que en su marcha trataba de conformarse con la opinión pública”.²⁷ Del mismo parecer fue Frías, al indicar que se quería que el Congreso “coadyuvara para capacitar los medios de la paz”,²⁸ siendo el ministro de Guerra, José María Silva, quien recalcó que, aunque el Ejecutivo y el Consejo Nacional debieran declararla, “lo importante era la autorización del Congreso”, porque ante todo importaba el “voto de confianza que acreditase ser este el sentido en que se hallaba la opinión pública, el Congreso, el Gobierno y todos los bolivianos”.²⁹ El diputado Rafael Bustillos y el senador Casimiro Olañeta insistieron en que no se usurpaba ninguna atribución constitucional. Autorizar solo constituía “la expresión de la opinión pública en la presente cuestión hecha por el órgano fiel y legítimo de la Representación Nacional, que nunca esta(ba) de más que sea consultada en los gobiernos populares y republicanos”; y que el procedimiento era “común y corriente en los gobiernos representativos y que al Congreso le correspondía otorgar o no la aprobación que se le solicitaba”.³⁰

Las opiniones consignadas mostraban la voluntad del gobierno de involucrar al Legislativo en sus decisiones, a fin de que estas, además de gozar de legalidad y legitimidad, fueran entendidas por la población boliviana y por el gobierno peruano como colegiadas, unánimes y orientadas a garantizar el progreso material de Bolivia; esto es, la plasmación más pura del pueblo-uno. Pero su empeño en que los dos poderes compartieran y defendieran una postura unitaria en relación con la amenaza que el Perú hacía a su independencia —por su duplicidad en el asunto de Flores y el ataque a su comercio e industria— iba más allá de conseguir el apoyo de los representantes. Perseguía que los representantes fueran identificados por la opinión pública de ambos países como sus fieles seguidores y que, como tales, rehusaran a generar divisiones partidarias en un contexto en el que su popularidad social declinaba y otras fuerzas políticas, como los crucistas y los velasquistas —partidarios del general José Miguel de Velasco—, presionaban por el poder desde dentro y fuera del país. La búsqueda de la aquiescencia del Congreso al proceder y planes gubernativos constituían, así, una estrategia de orden interno para neutralizar una dispersión de los apoyos a su gobierno y para evitar un cuestionamiento institucional y regional a su autoridad, sobre todo por parte de una instancia que constitucionalmente nucleaba la voz del pueblo.

Para obtener su apoyo, Ballivián no dudó en tratar de controlar a los representantes a través del presidente del Congreso, Manuel de la Cruz Méndez. Sus palabras iniciales anunciando que, para evitar que la República se sometiera al “coloniaje comercial”, debían contestar “a la interpretación del gobierno de un modo que satisfaga los deseos de V. E.” ratificaban su posicionamiento a favor de las acciones del Ejecutivo.³¹ El presidente también contó con la colaboración de clubes políticos de opinión, de los que fue un ejemplo sobresaliente la “Sociedad Patriótica”, formada en La Paz el 25 de mayo de 1847, a “iniciativa de personas de consideración social y como medio de aunar el pensamiento nacional”.³² Asimismo, los sentires del gabinete boliviano (y del peruano) fueron voceadas en la prensa de ambos países. No solo se reprodujeron las circulares de gobierno, los decretos y las leyes mercantiles expedidas de 1840 a 1847 y la correspondencia intercambiada entre los ministerios de Relaciones Exteriores, de Interior y de Guerra, los encargados de Negocios y las legaciones. También se publicaron multitud de folletos y artículos de opinión y de denuncia, muchas veces escritos por los mismos representantes que discutían el tema en sus respectivos hemiciclos. Su mayoritaria recepción y discusión pública en instancias y escenarios variados acreditaban el esfuerzo de ambos gobiernos y de sus respectivos y multiformes grupos de presión por comprometer a la población en la contienda arancelaria y prebélica, queriéndola, en el caso boliviano, convencer de la legitimidad de su proceder y de sus procedimientos y de que representaban sus intereses locales con la intención de tornarlos en nacionales.³³

UN LEGISLATIVO CONTRA LA GUERRA: EL PRESIDENTE BALLIVIÁN, TIRANO Y ENEMIGO INTERNO DE LA REPÚBLICA

El conflicto arancelario entre Bolivia y el Perú posibilitó otro de naturaleza política, relativo a los modelos y procedimientos del ejercicio de la autoridad y de su contención por parte del Ejecutivo y del Legislativo. A partir del debate sobre el uso de la fuerza armada, el Congreso puso en evidencia su esfuerzo tanto por ajustar el funcionamiento de la división de poderes a favor de un sistema de autoridad basado en el gobierno limitado, como por salvaguardar el depósito temporal de la soberanía popular. En este contexto de empoderamiento del Congreso tuvo lugar el paso discursivo de Ballivián de héroe nacional a tirano y enemigo interno de Bolivia.

Sin sesiones legislativas desde 1846, el Congreso Extraordinario de 1847 tuvo lugar en La Paz, en un clima de medidas de castigo relacionadas con la sedición del coronel Manuel Isidoro Belzu y con las sospechas de conspiración y de agitación política de la oposición partidaria. Los componentes del Congreso fueron senadores y diputados que actuaban como codiputados, a los que se les solicitaba, a través de diversos ministros, que aceptasen, por unanimidad, la adopción por parte del Ejecutivo “de medidas extraordinarias para restituir a Bolivia los beneficios de un intercurso seguro y de un comercio estable y desembarazado”.³⁴ Aunque en la sesión del 23 de junio de 1847 fueron aprobadas por mayoría cinco acciones al respecto,³⁵ las posturas de los legisladores no resultaron unánimes en cuanto a lo opinado y hecho por el Ejecutivo, dejando entrever diferentes posiciones doctrinarias y partidarias.

Pese a ello, el presidente del Congreso, Manuel de la Cruz Méndez, señaló que “la conducta del gobierno queda(ba) revestida de mayor popularidad” para que pudiera completar “la obra de Bolívar y Sucre” y salvar la independencia nacional “en la santa lucha de la independencia americana”.³⁶ A esas palabras, Ballivián agregó que el Congreso había correspondido dignamente “a las esperanzas del pueblo y del gobierno” al discutir “la grande cuestión de la cual depend(ía) la existencia de Bolivia y sus futuros designios”. Se comprometía a evitar la guerra por cuantos medios le aconsejaran “el honor y la prudencia, pero si se hac(ía) inevitable, el gobierno está convencido de que la nación le prestar(ía) su apoyo y que no omitir(ía) sacrificio”, para lo cual instaban a los miembros del Congreso para que instruyeran a sus comitentes “en la importancia de la unión para ser fuertes, el deber de apoyar al gobierno para no ser destruidos y la necesidad de rechazar las asechanzas de vuestros enemigos”.³⁷

A continuación, se recurrirá a lo discutido por los asamblearios en cuanto al lugar de la violencia en la construcción nacional para explicar la naturaleza de los disensos de los participantes y sus filiaciones grupales, doctrinarias y partidistas; y el esfuerzo del Legislativo por definir y negociar sus atribuciones.

La disparidad de opiniones entre los representantes quedó en evidencia a partir de tres preguntas: ¿debía dar el gobierno peruano al boliviano satisfacciones sobre la conspiración tramada por sus agentes?; ¿resultaba justa una guerra destinada a garantizar el bienestar y el progreso que la civilización prometía a los pueblos por medio del comercio y la industria?, y ¿al autorizar al gobierno a defender los derechos de la nación con las armas, era absolutamente indispensable concederle todos los medios que fuesen conducentes a ese fin? Las respuestas mostraban tres grupos de opinión, organizados en torno a partidos políticos, pero sin encarnarlos plenamente³⁸ e integrados por individuos de procedencia regional variada y con maneras mixtas de entender la representación, mandato imperativo o mandato libre. Sin embargo, sus divisiones no eran contrarias a que, en su mayoría, los representantes compartiesen una pertenencia a los círculos más acomodados; lo que favorecía su capacidad de organización e intermediación.³⁹

El primer grupo era favorable a todo lo hecho y propuesto por el gobierno y expuesto por sus ministros. Estaba encabezado por el presidente del Congreso y sus principales valedores, el senador Ángel Aguirre y los diputados Rafael Bustillos, José Montenegro, José Villafán, Francisco Prudencio y Bernardino Guachalla, cercanos a los oficiales que habían triunfado en Ingavi y que colaboraban con Mariano Ballivián como José María de Silva, Fermín Rivero, Juan José Prudencio, Ildefonso Sanjinés y Juan José Pérez. La mayoría de sus intervenciones estuvieron orientadas a rebatir las palabras del diputado opositor José María Gutiérrez. Consideraban que el Decreto peruano del 9 de noviembre no había tenido como único objetivo “contrarrestar la tirantez de los reglamentos fiscales de Bolivia y promover la celebración de un tratado” del que se pedía “el comercio recíproco sobre el pie de completa franquicia y libertad”, ya que ello había sido eludido en las negociaciones seguidas.

El gobierno de Perú intentaba llevar a cabo un “nefando proyecto” de conspiración contra Bolivia para conseguir el aniquilamiento de su industria y comercio. Ante ese designio, “tan perseverantemente sostenido”, solo la autorización al recurso de las armas podría dar al gobierno los medios para negociar y obtener los arreglos que exigían el comercio y el interés de ambas Repúblicas. Agregaban que, aunque era preferible evitar la guerra, consultar por “las vías de la paz el beneplácito del gobierno del Perú” únicamente traería “la miseria de todas las clases de la sociedad boliviana”. Y debido precisamente a ello se trataría de una guerra justa, sin miras de conquista, porque se luchaba por el “derecho a la posesión del comercio por Arica” y no por “la posesión del territorio del puerto indicado”. Bolivia no pretendía un derecho de dominio, sino el reconocimiento de la legítima independencia con que tenía derecho a comerciar en aquel puerto y de manera que el tránsito mercantil de los bolivianos por el territorio del Perú “no pudiera ser modificado y alterado de un momento a otro según el querer de las autoridades peruanas”. Se preguntaban, así, para qué habían servido los sacrificios comunes de América en la guerra de la independencia contra España si Perú se arrogaba privilegios a partir de una demarcación territorial contraria a los intereses de Bolivia. Y aunque tenían Cobija, este puerto apenas bastaba para los departamentos del sur, y en nada a los del norte, a los que correspondía Arica. Se trataba de ver reconocida “una completa libertad en el comercio de tránsito”.

Conforme a los principios sancionados por la civilización actual, se tenía derecho a comerciar con todas las naciones del globo, de manera que no podía ser vedado el tránsito salvo si perjudicaba a la nación por donde se hacía. Y como no era así, Bolivia no podía renunciar al tráfico por Arica, del que se había “hallado en posesión”, porque hacerlo equivalía a “renunciar igualmente al comercio, elemento vital de la industria y, por tanto, origen del progreso y del adelanto de los pueblos cultos” y quedar condenada al aislamiento nacional.⁴⁰

Además, argumentaban que la defensa de la independencia económica era el motivo “de las guerras de los pueblos cultos en el presente siglo”. La libertad de comercio era considerada como el principal elemento de progreso y ventura para las sociedades, poniendo como ejemplo las acciones de Inglaterra y Francia en Asia y América. Como el decreto peruano condenaba a los bolivianos “a estar mano sobre mano, sin ocupación y sin trabajo, desde que los frutos de su industria no encontraban consumo ni mercado en el exterior”, la propia conservación obligaba a la guerra. E indudablemente podría traer consecuencias, pero estas pesarían en “la responsabilidad del gobierno injusto” del Perú, de manera que, si la guerra podía llegar a ser necesaria, lo eran también los fondos con los que haría “frente a sus exigencias”. Y si el Ejército necesitaba recibir más fondos para su sostenimiento, el decreto de reducir el sueldo de los empleados públicos a la mitad debía ser ofrecido como un sacrificio para la patria. De hecho, también se habían tomado otras rentas públicas “en clase de empréstito”, como “las cuartas que los curas estaban en obligación de pagar a los prelados” de las diócesis de La Paz y de Charcas “que se encuentran en sede vacante”. Pese a ello, no había habido un solo acto en el que el gobierno hubiese abusado de la suma de poder del que se invistió, porque había contado con suficientes arbitrios para hacer frente a la actual situación. Con ellos se habían mantenido los seis mil hombres de los que constaba “el ejército para evitar que fuera hollado su suelo y amenazada su independencia”.⁴¹

Ligada a este grupo, pero con contenidos discursivos ambivalentes, estuvo la intervención del senador Casimiro Olañeta quien, si bien mantenía una solidaridad de estamento con sus correligionarios en el Congreso y terminó siendo uno de los líderes de la Revolución de 1847, no era inicialmente simpatizante de la Constitución de 1839 y admiraba gobiernos fuertes que condujeran a la estabilidad y al progreso, siendo su referente el presidente argentino, Juan Manuel de Rosas.⁴² Inclinado a un orden gubernamental más restrictivo que participativo y más ejecutivo que deliberativo, coincidía con Ballivián en garantizar el orden existente a partir del fomento de una prosperidad económica derivada de la modernización de la industria y el comercio bolivianos.⁴³ Esa predisposición le había tornado miembro del gobierno de Ballivián en materia de Relaciones Exteriores.⁴⁴ Su opinión consistía en que la guerra “venía a ser una cuestión de vida o muerte para la República” y que la paz con el Perú siempre sería rota porque ellos representaban la esclavitud para Bolivia. Como los gobiernos de Bolívar, Sucre y Santa Cruz no habían asumido una conducta contundente para que el puerto de Arica fuese boliviano, las antes opulentas “ciudades del Alto Perú estaban reducidas a la desolación y la ruina, permaneciendo Bolivia retrógrada, estacionaria e infundada”, sin que la Paz de Puno y “la espada de Ingavi” lo solucionaran. El defecto estaba en “la falta de independencia individual de los ciudadanos ocasionada por la falta también de propiedad, de industria y de gobierno”. De nada había servido trabajar “con tesón por afirmar la independencia” si la libertad no estaba en la conciencia de su poseedor y en el convencimiento de la opinión pública. Y esta no existía donde no había desarrollo industrial ni mercantil.⁴⁵

Y, con respecto a las potestades presidenciales, Olañeta consideraba que “era menester distinguir el objeto para el que se daba al Ejecutivo tal investidura”, de cara a clasificarla de perniciosa o conveniente. “En los conflictos de la patria” era cuando se necesitaba “una autoridad fuerte y la unidad de acción indispensable para efectuar esos grandes esfuerzos, sin los que ni podía conservarse ni defenderse la sociedad”. Sin embargo, aunque calificaba las facultades extraordinarias como un bien positivo, lo hacía siempre y cuando no tuvieran por objeto “miras privadas y personales y se apoyaran en la fuerza moral de la opinión”, algo que presuponía en ministros ilustrados como Frías, Pedro José de Guerra y Aguirre. Dado que el gobierno de Ballivián había sido acusado de no prestar demasiada atención a los consejos de su Gabinete, de que varios de sus ministros se habían exiliado de forma voluntaria o forzosa,⁴⁶ o que el ministro de Guerra, Silva, había sido acusado por la oposición de fraguar pruebas falsas sobre la conspiración peruana,⁴⁷ las palabras de Olañeta podían encerrar una confirmación solapada de lo planteado por los diputados opositores.⁴⁸

En general, las opiniones de los representantes de este grupo se asociaban con la creencia de que la expresión soberana se limitaba a la elección de los representantes, siendo estos los que otorgaban la Constitución al pueblo. Esa desconfianza en el ejercicio directo del poder político por parte de la población respondía a la idea de que, en su mayoría. no estaba preparada para ejercerlo por permanecer a merced de sus propios impulsos y pasiones. Sin embargo, los representantes sí podían contenerlos, de forma que la Constitución devenía en un instrumento de orden y de contención de las pasiones particulares.

El segundo grupo asumía las dificultades que el conflicto de aranceles estaba ocasionando a Bolivia e incluso estaba convencido de que el Perú perseguía aniquilarla “hasta preparar su fusión”. Pese a ello, preferían evitar la guerra y llegar a un acuerdo que no quedase entorpecido por la petición de explicaciones y disculpas. También eran simpatizantes de la Constitución de 1839. Su principal interviniente fue Andrés María Torrico, mostrándose contrario a las opiniones del ministro Frías y del diputado Prudencio sobre la conspiración peruana y la necesidad de dar satisfacciones al honor nacional boliviano. Pensaba que era mejor negociar con Perú sin presuponer la existencia de conspiraciones por falta de pruebas o, por lo menos, no sujetar la negociación a una explicación. De lo contrario, se iría a la guerra y de ello saldría perdiendo Bolivia “porque la conservación de un ejército durante tan largos procedimientos” dejaría exhaustas las arcas nacionales y aun el “medio millón de pesos ofrecido por el arrendamiento de las huaneras”. Eso sin contar posibles problemas de política interna, ya que “quizás los triunfos obtenidos en el norte con una guerra avivaran la llama de la discordia en el sur e hiciesen infructuosos esos triunfos”. Asimismo, veía en las declaraciones del ministro de Guerra “un vano orgullo, imprudente e impolítico, que ser(ía) un obstáculo más que un medio de obtener la paz que se propone al Congreso”.⁴⁹ En general, las intervenciones de este grupo, con algunos de sus miembros ligados al crucismo, asentaban la idea de que los representantes eran los intermediarios entre la titularidad de la soberanía y su ejercicio. Por esa razón discrepaban en el aumento de competencias del Ejecutivo. Si la representación debía consistir en la delegación absoluta del poder soberano del pueblo en sus depositarios, los elegidos como diputados y senadores debían gozar de plena autonomía en la actualización del poder político.

El tercer grupo era claramente contrario a la guerra con el Perú y al acrecentamiento de las potestades presidenciales que de ello podía derivarse. Sus miembros eran defensores de la Constitución de 1839 y habían formado parte de la Asamblea General Constituyente de 1839 y el Congreso Constituyente de 1840, siendo en su mayoría seguidores o colaboradores del partido Liberal o Velasquista; cuyos miembros consideraban a Ballivián traidor a la Restauración de 1839 y al gobierno electo de Velasco (1839- 1841). Aunque tras la investidura presidencial de Ballivián, su apoyo a la unión nacional en 1841 había evitado su exilio, su participación en las instancias representativas y en la gestión de los negocios públicos había sido marginal, sobre todo después de las elecciones de 1843, estando su líder retirado desde 1842 en el norte argentino.

En las sesiones del Congreso, este grupo estuvo visibilizado por los diputados José María Gutiérrez, Manuel M. Salinas, Manuel Escobar, Domingo Arce y Manuel Ángel del Prado. Defendían la necesidad de la separación y del control entre los distintos poderes como el mejor antídoto contra el despotismo procedente del abuso del poder concentrado en una sola persona. Para evitarlo, apostaban claramente por reforzar las potestades del Congreso en vez de dotar al Ejecutivo de nuevos atributos, ya que veían en el primero al verdadero representante de la soberanía popular y la fuente de la que derivaban los demás poderes. De hecho, algunos de estos representantes incidían en que era el Congreso no era el autor de constituciones, sino el eco de la voluntad general del pueblo y reivindicaban una comunicación directa, recíproca y efectiva entre la nación y sus representantes.⁵⁰ Pero en conjunto rechazaban las actuaciones de Ballivián tendentes a la aglutinación del poder en su persona, porque entrañaba una extralimitación de la actuación política que liquidaba la división de poderes, sojuzgaba las libertades individuales, hurtaba derechos e, incluso, limitaba el papel de los representantes en la preservación de la constitución. Asimismo, en todo momento insistían en que su postura no debía entenderse como la de una facción o partido empeñada “en sostener ideas opuestas a las del gobierno”, sino como la de diputados que velaban por los intereses del pueblo que representaban.⁵¹

El diputado Gutiérrez, con sus intervenciones, marcó el tono del debate. Sobre la solicitud de libre tránsito por Arica dijo que esta equivalía en la práctica a pretender su conquista y posesión, ya que se exigía un derecho de mando sobre este puerto. Esa situación no iba a ser nunca consentida por el Perú en su territorio. Y “siendo imposible tal negociación, la sanción del proyecto no tendría otro resultado que la guerra y la conquista”, y eso no era justicia. Añadía que, muy a su pesar, Bolivia no podía basar el tránsito de mercaderías por Arica en el derecho perfecto a la posesión de este tráfico por haberse hallado en su uso “desde antes de la guerra de la independencia americana”. Si esto era exacto, de la misma posesión había gozado los pueblos de Panamá y Buenos Aires, por lo que, valiéndose de un derecho semejante respecto al Perú, podría pretender “Colombia o la República Argentina”. Esa posibilidad amenazaba la fraternidad americana que se había generado a partir del incidente de la expedición Floreana.⁵²

Sus correligionarios también comprendían que se debía recurrir a la guerra cuando había fuertes motivos de justicia, pero ¿Cuáles eran los agravios del Perú? Una subida de tarifas, en la que igualmente había incurrido Bolivia; y una posible conspiración, cuando Ballivián había apoyado a escritores de Sucre, Cochabamba y de La Paz en “tumultuosos y excitadores llamados a la rebelión en aquel Estado” para anexarse varios de sus departamentos a Bolivia. La guerra era, así injustificable, por lo que solicitaban que el ejército acantonado en la frontera se retirara y que las relaciones con Perú continuaran bajo el Tratado de Puno y, si el gobierno peruano cerraba las puertas, se contemplara la solución de habilitar Cobija o buscar salida al Atlántico por los Orientes.⁵³ A partir de ese razonamiento, el esfuerzo del Legislativo por definir y negociar sus atribuciones se planteó con dos temas: 1) las facultades extraordinarias presidenciales; y 2) el compromiso de los representantes con el pueblo representado. En esta ocasión los representantes del segundo grupo se aliaron con los del tercero.

Coincidieron en plantear, a través de Gutiérrez y Torrico, dos puntos. Primero, la facultad de decretar la guerra era “privativa y peculiar de la representación nacional y, si se desprendía de esa facultad, abdicaba y renunciaba al poder que ejercía y cometía una transgresión con la Carta fundamental”; y, segundo, que un Congreso Extraordinario también infringirá la Constitución, dado que las cámaras ordinarias, que debían encargarse de ello, estaban en receso y únicamente podían actuar reunidas y tras el previo dictamen del Consejo Nacional. Ello era así porque, antes de declarar la guerra, debían ser examinados por el Legislativo sus conveniencias y desventajas, la justicia o injusticia de sus causas, la situación del país, los recursos con los que contaba o las mejoras que su realización podía deparar. Esto último afectaba directamente a los medios que se le facilitarían al Ejecutivo en semejante situación para aumentar el ejército, arreglar los cuerpos, armarlos y disciplinarlos. Como el gobierno ya había actuado sin la autorización del Legislativo, inferían que “se trataba de una autorización más extensa o indefinida orientada a aumentar los fondos nacionales, establecer nuevos impuestos (y) decretar contribuciones”. Tales acciones ya eran graves de por sí, porque podían deparar grandes prejuicios al pueblo en su libertad, su trabajo y sus rentas.⁵⁴ Pero, en términos institucionales, como esas atribuciones correspondían a otros poderes, al delegarlas en el Ejecutivo tanto se sancionaba el quebrantamiento de la Constitución, como se desposeía al Legislativo de sus potestades y funciones. Y, si esto ocurría, se hacía “callar al imperio de la ley” y la población perdía toda “seguridad individual”.⁵⁵

Junto a la comprensión de las facultades extraordinarias como un potencial elemento político de dominación del Ejecutivo, porque “suspendían todas las garantías”, la tendencia despótica que encerraban los puntos a debate afectaba también a la responsabilidad de la representación nacional con el pueblo representado. De nuevo, en voz de Gutiérrez y Torrico, el Congreso no debía usar la atribución de declarar la guerra sin conocimiento de causa, aunque “la Constitución diera carácter de inviolabilidad a cada uno de los diputados por la emisión de sus opiniones y votos”. Mientras los representantes a título individual no eran responsables, el Congreso sí lo era como cuerpo encargado y comisionado del pueblo, con facultades “para hacer el bien”, y no “para abusar de sus representados”, siendo ese su límite en materia de soberanía. Para evitar sobrepasarlo, la República tenía derecho a formar un tribunal que juzgara los procedimientos del cuerpo legislativo, siempre que le resultase perjuicio de cualquiera de sus sanciones. En este sentido, el esfuerzo del Ejecutivo de contar con el apoyo del Legislativo para sus actuaciones contra el Perú, en nombre de la unidad nacional, hacía sospechar una clara voluntad de hacer cómplices a los representantes de todas ellas, e, incluso, que por dicha complicidad le fuera arrebatada la legitimidad de ostentar la soberanía que representaba.⁵⁶ En opinión de los opositores, una posible guerra internacional se convertía, así, en la excusa del Ejecutivo para detentar un poder mayestático y anular al Legislativo, pudiéndose erigir este en el centro vital de todo el sistema político que coordinaría y uniformizaría las actuaciones de todas las instancias de poder.

El predicamento de estos legisladores devino en fundamental no solo para reforzar la impopularidad de la guerra, sino también para asentar una lectura pública de Ballivián que lo hacía transitar de héroe de Ingavi a tirano y enemigo de Bolivia. En ningún caso se le negaban los méritos militares en la consecución de la nacionalidad boliviana en 1841. Pero sí se le asumía como una traba a su futura prosperidad, por su pretensión de conservar el poder por medio de una lucha internacional, de cohonestar la permanencia del Ejército en estado de guerra para su salvaguarda personal, de excusar la dilapidación de los fondos públicos en amenazas potenciadas desde el gobierno y de querer establecer el despotismo gracias a “cosechar laureles castrenses”,⁵⁷ siendo lo más grave el forzar a la población y a sus representantes en el consentimiento de todo ello. La solución armada exponía a los bolivianos a pérdidas comerciales, territoriales y de libertad, e, incluso, a la pérdida de la independencia nacional por causa de la desmembración de la patria. Esos menoscabos, tanto reales como temidos, fueron, así, la urdimbre que confeccionó el argumentario legitimista del proceso revolucionario de 1847, en un contexto en que al delito de atentar contra la independencia nacional se amplificaba en el de atentar contra la independencia americana.

CONCLUSIONES

Debido a que el resultado del debate en el Congreso fue a favor de la propuesta gubernamental, sus miembros fueron considerados por las autoridades peruanas⁵⁸ y por los opositores a Ballivián, no congresales, como “sus esbirros”; diciéndose también sobre los que sí se declararon en contra de la opinión gubernamental que lo habían hecho de un modo prudente.⁵⁹ Sin embargo, este texto interpreta lo sucedido en el Congreso como una nueva y doble oportunidad de dar forma a la expresión de la voluntad general. ¿Por qué?

Primero, una heterogeneidad política se vio posibilitada e impelida a concretarse en una unidad contra el régimen ballivianista a lo que, por supuesto, ayudó que los diputados estuvieran insertos en redes doctrinarias y partidistas, a las que daban visibilidad al tiempo que recibían su protección. Las actuaciones de los más allegados colaboradores de Ballivián, como Bartolomé Mitre⁶⁰ o Eusebio Guilarte,⁶¹ a favor de soluciones de consenso con los opositores, o la reacción de Ballivián contra otros diputados de su círculo, a los que tildó de traidores a través de sus voceros en La Época —como fue el caso de Casimiro Olañeta, Manuel María Viscenio, Andrés María Torrico, José María Dalence, Manuel Escobar, Manuel María Urcullu o José María Calvimonte—⁶² revelaban algo más que la pérdida de caudal político del gobierno. Daban noticia de que estaban en marcha proyectos conspirativos mixtos y partidistas de cara a propiciar un cambio presidencial, larvados durante meses, en los que iban a intervenir otras instituciones con otros intereses, como el Ejército, y que al final contarían con la neutralidad —e incluso simpatía— de la mayoría de los miembros del gabinete de Gobierno. Ello quedó explícito a partir de la rebelión en Cinti (departamento de Chuquisaca), el 10 de octubre de 1847, en nombre del expresidente Velasco. Aunque estas afirmaciones, a nivel documental, pueden constatarse en los periódicos y folletería sobre la Revolución de 1847 y en el Redactor del Congreso de 1848,⁶³ el propósito de este texto no ha sido ahondar en ello, sino en que la sedición pacífica y armada contra Ballivián a lo largo de 1846 y 1847 iba a ser una empresa colectiva en la que la actuación del Legislativo devino en fundamental.

Segundo, los congresales se constituyeron nuevamente en una dirigencia política con vocación nacional. El Congreso Extraordinario de 1847 y su debate a través de la temática de la guerra con Perú hizo del hemiciclo uno de los ejes de la vida política y un espacio fundamental de generación de opinión pública. Por ello, no era de extrañar que los legisladores aprovecharan la ocasión brindada para discutir el tema de la limitación y del control del poder; máxime cuando durante el gobierno de Ballivián se había establecido la Constitución de 1843 que lo había concentrado en el Ejecutivo bajo los principios de obediencia y orden. Gracias al debate sobre la guerra, la representación también consistió en gobernar, quedando subrayado, de una parte, el papel central desempeñado por el Legislativo en la comprensión y el ejercicio públicos de la soberanía popular, y, de otra, la importancia de la legislación en la distribución del poder en el seno de las instituciones del gobierno, en el proceso de toma de decisiones y en la dinámica política generada.