El libro resume cuatro décadas de trabajo de investigación de Pedro Moctezuma en colaboración con académicos y otros grupos de la sociedad civil en diferentes regiones del país, donde hay o hubo conflictos socioecológicos relacionados, principalmente, con el agua. La tesis central del libro es el cambio del paradigma de un manejo extractivista del agua, que es la raíz de la crisis actual del agua en México y subordina el ciclo de la naturaleza a las ganancias económicas, por un paradigma de gestión comunitaria de ciclos naturales con base en el conocimiento y prácticas ancestrales del manejo del agua.

El devenir de la problemática del manejo del agua en el Valle de México desde tiempos prehispánicos se utiliza como antecedente para explicar la crisis actual de este recurso. El crecimiento demográfico ha rebasado la resiliencia o adaptabilidad de las prácticas del manejo territorial y del agua. Para lograr que el paradigma de la gestión comunitaria se desarrolle y prevalezca es necesario reapropiar agua que los gobiernos neoliberales han concesionado a una minoría capitalista de usuarios del agua desde 1980. Se requieren también complejos procesos democráticos de acción colectiva y el libro explica la secuencia de eventos necesarios, pero no necesariamente suficientes para este fin. Todo un reto.

El libro documenta que, desde su llegada, los españoles introdujeron cambios irreversibles en el manejo del agua. En el Valle de México en el siglo xvi, se intensificó la desecación de la zona lacustre ya iniciada por los pobladores prehispánicos y se adoptó una política minera extractivista. En el México independiente del siglo xix, cobraron fuerza los proyectos para evitar inundaciones y transfirieron agua dulce hacia el Valle de México, sacando las aguas residuales. En la actualidad, parte del agua que se consume proviene de las cuencas de los ríos Cutzamala y Lerma; el resto es bombeado de pozos muy profundos. La masiva extracción de agua ha provocado hundimientos en el área metropolitana de la Ciudad de México. El proyecto “Túnel Emisor de Oriente”-con una longitud de 62 km y un diámetro de 7.5 m es capaz de transportar 180 m3 de agua residual por segundo desde el Valle de México hasta Tula en el estado de Hidalgo- se finalizó en la primera década del siglo xxi. Estos trasvases de agua se concretan en sistemas de cuenca abiertos, que son obras civiles y de operación con un gran costo ambiental.

Como una alternativa al paradigma extractivista, el autor propone construir sujetos de sustentabilidad del manejo del agua. Se instruye a estos sujetos para que lideren la exploración de posibles alternativas a la crisis de agua que enfrenta el país y el diseño o construcción de instancias que permitan evaluar el alcance de las organizaciones comunitarias en ámbitos técnicos y legales. Esto requiere respaldar el cambio de paradigma de gestión participativa de los ciclos del agua, considerando el equilibrio ecosistémico y su capacidad de carga, privilegiando el fomento de ciclos locales de infiltración y captación y el tratamiento de aguas residuales para su eventual reutilización.

Los pueblos originarios -el tejido social y cultural primigenio de la nación- no encuentran sus derechos en la Ley de Aguas Nacionales de 1992 a pesar de estar incluidos en los artículos constitucionales 1 y 2. A la fecha, y no obstante del despojo territorial de cinco siglos, los territorios de los pueblos originarios constituyen una cuarta parte de las aguas nacionales, por lo que se les debe incluir en el cambio de paradigma del manejo del agua. En 2012 surge la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (iclga), que se solidariza con las luchas de más de diez pueblos originarios opuestos a políticas extractivistas. Se ha conformado un grupo que promueve el “buen gobierno del agua y derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios”. Otros dos grupos fundamentales de sujetos de la sustentabilidad son los 32 200 núcleos agrarios (ejidos o comunidades agrarias) resultado de la Reforma Agraria y las comunidades urbano-populares en donde vive más

del ochenta por ciento de la población.

A más de cien años de la Revolución en 1910 en que el Ejercito Libertador del Sur luchó por “tierra y libertad”, México tiene una población seis veces más grande y se podría agregar al agua como factor esencial de justicia. Desde la década de los treinta a la de los setenta del siglo pasado, el país logró consolidar un gobierno mixto de industriales y campesinos que apoyaba al sector privado para acumular capital con bajos impuestos, inversiones públicas para mayor acceso al transporte y energía, entre otros beneficios. Mientras tanto, la clase trabajadora estaba sujeta a salarios bajos y controlados sindicalmente con líderes propatronales. El presidente Luis Echeverría interrumpió medio siglo de políticas nacionales populares y se acercó a las corporaciones transnacionales de Wall Street en 1976 mientras reprimió movimientos campesinos, sindicalistas y urbano populares. Una vez envuelto en la política neoliberal, México internacionalizó sus actividades, utilizando un flujo de agua diferente por cada sector, con diferentes eficiencias productivas y económicas, medidas por la cantidad de producto o su valor relativo a la cantidad de agua utilizada. El uso del agua debe priorizarse cuidadosamente, evaluando el impacto económico, social y político. La Ley de Aguas Nacionales de 1992, que llegó redactada en inglés a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, no reconoció el derecho al agua de los ejidatarios o comunidades agrarias que podrían estar en territorios de los pueblos originarios: sí a la tierra, pero no al agua. Se introdujeron cortapisas para que la mayoría pudiera acceder al agua y se estimuló el concesionamiento de agua superficial y subterránea a los empresarios agropecuarios, corporaciones industriales y servicios. Donde hay sobreposición entre el pueblo indígena y los núcleos agrarios puede haber conflicto si existen decisiones ejidales o comunales que no coincidan con la asamblea del pueblo originario. Posibles conflictos o incertidumbres pueden ocurrir, aún más, cuando se trata de aguas subterráneas que se comparten con zonas urbanas y periurbanas.

Para abordar los derechos legales y la parte social del manejo del agua, el autor ofrece metodologías de planeación y organización de los procesos requeridos para la movilización y la acción del trabajo comunitario con tres vertientes: formas de planeación, construcción democrática de decisiones y la creación de formas de organización que ayuden a poner el agua en nuestras manos. El autor sugiere que el libro puede ser usado como una caja de herramientas en la gobernanza del manejo del agua descentralizado con base en las Contralorías Autónomas del Agua que reportarían o intercambiarían notas con otras contralorías dentro de una región hídrica o consejo de cuenca en un territorio de casi dos millones de kilómetros cuadrados.

El libro enfatiza el papel del conocimiento de los pueblos originarios, sin embargo, podría elaborase acerca de la complejidad de administrar estos territorios en donde el componente demográfico es predominantemente no indígena. No se esbozan reglas o leyes orgánicas acerca de cómo diseñar sistemas de cogobernanza con base en criterios étnico culturales y socioeconómicos para la reasignación de las concesiones de agua. Un aspecto preocupante en la propuesta de la iclga es que el conocimiento técnico se delega a la Comisión Nacional del Agua (conagua), institución que desde 1988 no ha promovido el comanejo de recursos y que se ha sesgado hacia los grupos de poder para dotarles las condiciones necesarias para la reproducción del capital bajo un manto de conocimiento técnico científico del agua. El rol de la conagua podría o debería ser delegado paulatinamente y con la correspondiente capacitación a los usuarios organizados como entidades que generen y provean el conocimiento en un contexto de colegios de Contralorías Autónomas del Agua.

Los cambios propuestos por la ICLGA y otras instancias ciudadanas para modificar la obsoleta Ley Nacional de Aguas de 1992, serán evaluados por la legislatura después de diez años de inactividad en este rubro (desde 2012), y se promoverá una nueva versión de lga. Sea cual sea la versión promovida por los legisladores, queda abundante estudio, discusión y evaluación para proponer un reglamento de la Ley General de Aguas que desarrolle y fortalezca un (posible) sistema policéntrico y multinivel de gobernanza en un país de 120 millones de habitantes y clasificado como la doceava economía del orbe. Habrá que proponer y evaluar incentivos y esquemas de acción colectiva, priorización intra e intersectorial del agua limitada, labores de mantenimiento y acopio del agua, resolución de conflictos, transparencia y correspondientes asignaciones presupuestarias para intentar que el agua “no se escape de las manos” de los mexicanos.

El libro ofrece bibliografía para cada capítulo, lo que facilita el estudio sistemático, es gratuito en forma digital y es una lectura obligada para investigadores y practicantes del manejo del agua en México.