1. Introducción

Este artículo presenta un diagnóstico sobre las implicaciones sociales y económicas de la implementación del programa Sembrando Vida (PSV). Para llevarlo a cabo, se realizó observación directa mediante visitas de campo a las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), que son los espacios en donde se está ejecutando el programa. Allí se aplicaron cuestionarios, grupos focales y entrevistas personales y grupales a sus beneficiarios y responsables. La información resultante se plasmó en una matriz de trabajo en donde se detallan algunos de los principales hallazgos sobre el PSV en Morelos, Tlaxcala y Puebla.

El artículo se divide en cinco apartados, además de esta introducción. En el primero se analiza la conceptualización de territorio y espacio, así como su relación e importancia con la actividad campesina. En el segundo se discute el proceso político en México que dio origen al empobrecimiento y desterritorialización del sector campesino para beneficio de las grandes empresas. En el tercero se desarrollan los problemas en el campo mexicano y sus efectos para el surgimiento de una nueva fuerza política. En el cuarto se expone la metodología de trabajo que se siguió para el análisis de Sembrando Vida, un programa que es parte de las nuevas políticas públicas para el campo en México. En el quinto se describen los resultados del diagnóstico mencionado. Por último, se presentan las conclusiones.

2. Transformación de espacio a territorio: la campesinización

Para que una agrupación humana pueda asentarse definitivamente en un espacio¹ debe pasar de una lógica de recolección y caza al desarrollo y establecimiento de la agricultura, lo que promueve un proceso de campesinización² de la colectividad, es decir, de centralización de los esfuerzos colectivos en labores de cultivo para acelerar los procesos de transformación del espacio. Dicha lógica de trabajo permite a las sociedades crecer económicamente y transitar de una producción alimentaria de pequeña escala a sistemas de consumo masivos que permiten una mayor obtención de recursos básicos.

El concepto de espacio cambia a territorio³ a medida que las necesidades ya no son nada más las de la población del lugar, sino que se establecen diferencias entre las personas para crear mercados: “la modernización y la revolución verde representaron una ruptura importante de la agricultura como coproducción del hombre y la naturaleza viva” (^{Ploeg, 2015, p. 77}). Esto se debe en parte a que la industrialización agrícola requirió de la implementación de maquinaria diversa, químicos y otros recursos que no siempre se obtenían localmente, lo que terminó por crear dinámicas de intercambio entre distintos territorios.

A medida que se fortalece el concepto de territorio entendido como dominio privado e industrializado, la agricultura de pequeña escala y los pequeños productores campesinos pierden relevancia para el sistema en pos de mejorar los procesos industriales de transformación, aunque la producción de materias primas y alimentos del campo siguen siendo un pilar fundamental del territorio para mantener su capacidad de autodeterminación que se basa en procesos de explotación intensiva que marginan a quienes no pueden competir.

Esta industrialización del territorio⁴ también sucede en la vida y el trabajo de quienes residen en el espacio rural. De esta forma, el campesino que transfería su excedente de producción a cambio de un ingreso para la supervivencia —previo a la revolución verde después de la década de 1970— vio cómo ese plusvalor se lo apropiaban otros en una relación de intercambio desigual que promovía la explotación y el empobrecimiento. En este artículo se revisa al campo mexicano desde la perspectiva de apropiación del espacio y territorio donde la implementación de políticas de mercantilización alimentarias ha tenido efectos destructivos, sobre todo para el campesino.

3. Desterritorialización campesina

La revolución verde tuvo lugar en México alrededor de 1940. Fue una etapa caracterizada por la tecnificación del campo, lo que generó un crecimiento industrializado en ciertas regiones y en ciertos cultivos. Este modelo se centró en la eficiencia técnica, por ejemplo, mediante el uso de semillas mejoradas e híbridas, maquinaria agrícola y fertilizantes agroquímicos se elevó y aceleró la producción del campo. Todo esto marcó un cambio en las lógicas de producción respecto a las formas tradicionales del cultivo de la tierra.

La tecnificación del campo incrementó los rendimientos de los cultivos agrícolas, pero a costa de dinamitar los beneficios (transferencias y apoyos económicos) que el Estado proveía a los pequeños productores campesinos y que luego trasladó a empresas y grandes productores.

En la década de 1960, el campo mexicano entró en una etapa de fortalecimiento de industrialización sectorial, cuyo sustento fue la inversión extranjera, lo que mejoró las condiciones de vida de la clase media rural; sin embargo, para la población más vulnerable el efecto fue una mayor desigualdad y la polarización de la economía y la sociedad. La tecnificación del campo y lo fructífero que esta era promovían la imagen de que la agricultura mexicana vivía una evolución exitosa. Además, al no haber problemas de abasto de las principales semillas, se redujo el gasto y la inversión pública.

El fomento de la industrialización tuvo diversos efectos: debilitó a los pequeños y medianos productores campesinos; impulsó la inversión de parte de agentes extranjeros, y promovió la transferencia de valor hacia el sector financiero y especulativo, lo que redujo la inversión pública e incrementó los impuestos a este sector. A pesar de ser central para la supervivencia del Estado mexicano, el sector agrícola estaba dominado por una política que no retribuía al nivel de producción nacional, que explotaba y subordinaba a los campesinos, y que se beneficiaba de esto último (^{Rubio, 2008}).

Tal situación se intensificó a medida que finalizaba el siglo XX, lo que era producto de la crisis de la deuda que marcó esta etapa en casi todos los países de América Latina. Sin embargo, en México se complejizó debido al acelerado incremento poblacional que estuvo acompañado de un elevado volumen de migración del campo a la ciudad, lo que redujo sustancialmente la capacidad productiva agrícola del país, hasta entrar en un escenario peligroso que podía implicar un déficit alimentario (^{Yúnez, 2010}).

México comenzó entonces un lento y tortuoso proceso de reajuste económico basado en la liberalización y apertura de mercados que se desarrolló con su ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1985 y que culmina con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Durante este periodo, que corresponde al sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), el producto bruto sectorial agrícola creció por debajo del 1% anualmente, lo que marcó la pauta para que el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) comenzara la privatización de las empresas estatales, la concesión de territorio para la industria extractiva nacional y extranjera, así como la reducción de apoyos a los pequeños productores nacionales (^{Martínez, 2019}).

Degradando al campo y a los campesinos se dio una salida a las crisis económica y alimentaria que afectaban al país en las décadas de los ochenta y noventa. Sin embargo, el mercado fue distorsionado con el ingreso de productos alimentarios foráneos de bajo costo cuyo objetivo era afectar a los competidores nacionales para establecer una dependencia estructural y un control de importaciones desde Estados Unidos respecto a México, garantizando la salida para las mercancías excedentes del primero. Asimismo, las empresas en México, y sobre todo en el campo, mantuvieron a la baja los salarios de forma artificial, gracias a los alimentos de bajo costo, por lo que se vieron beneficiadas. Así, los procesos políticos, productivos y comerciales que rigieron en el campo de aquel momento adquieren un matiz político de dominio marcado por la descampesinización de lo rural.

De tal modo las grandes agroempresas se beneficiaron con el impulso del Estado mexicano para ser abastecedoras de alimentos y de materias primas, al tiempo que los pequeños y medianos productores vieron sus ingresos disminuidos. Esto, sin embargo, no provocó hambrunas para este grupo poblacional, pues la agroindustria abarató los procesos productivos alimentarios mediante la diminución de la calidad y aumentando la cantidad. Esto invirtió la lógica productiva, pues antes el Estado promovía el fortalecimiento de todos los productores para aumentar la oferta de alimentos de alta calidad, con el cambio descrito se impulsaba a la gran empresa que proveía una amplia oferta de alimentos deficientes (^{Rubio, 2008}).

A causa de lo anterior, se establece un dominio extraeconómico sobre los campesinos basado en el intercambio desigual con las empresas y sin ningún canal oficial de apoyo por parte del Estado para regular su situación. De esta forma, cuando el excedente productivo de los campesinos se transfiere a los sectores privados, estos mantienen artificialmente bajo el precio de compra. El campesino solo obtiene ingresos para reproducir su producción sin beneficio adicional: “la base de esta explotación se encuentra en las condiciones internas de su proceso de producción” (Bartra, 2006, p. 249), debido a las condiciones estructurales donde el mercado y los canales de comercio están dominados por empresas que tienen como principal objetivo mantener debilitados a los pequeños productores agrícolas.

Los campesinos entonces obtienen un ingreso de subsistencia que apenas es adecuado para mantener sus necesidades productivas, como maquinaria, fertilizantes, semillas, renta de su propia tierra, pero los resultados de su trabajo, es decir, su cosecha, van a tener un valor artificialmente bajo para que las empresas agroindustriales puedan transformar esa mercancía en capital productivo, adjudicándose con ello el plusvalor del trabajo campesino.

Es así como las empresas controlan la capacidad de producción de los pequeños y medianos campesinos, lo que también les permite acceder a sus territorios ya que, en caso de que necesiten aumentar su espacio de trabajo, pueden estrangular económicamente a los productores locales para que se vean obligados a rentar y/o vender su territorio sin que el Estado intervenga activa o pasivamente.

La política del Estado respecto a esto fue condicionar la mayoría de los apoyos a niveles productivos, los cuales eran imposibles de alcanzar para los pequeños o medianos campesinos que únicamente tenían medios para garantizar su subsistencia. Así, pasaron de ser pequeños o medianos productores a ser población pobre que principalmente recibe apoyos ajenos a su actividad productiva o beneficios disminuidos que no permiten salir del ciclo de subsistencia (^{De Grammont, 1996}).

De esta manera la pequeña y la mediana agricultura se encuentran limitadas en los beneficios y esquemas productivos que brinda el Estado, y se han convertido en una fuerza laboral disminuida que requiere rentar o vender su territorio para lograr un ingreso adicional al de subsistencia. El salario de las empresas agroindustriales se convierte en su principal beneficio, pues solo 18% de los ingresos que los hogares rurales obtienen provienen de actividades de producción agropecuaria (^{Yúnez, 2010}).

Este modelo productivo basado en la depresión económica y productiva de los campesinos favoreció el desarrollo de un mercado laboral de explotación intensiva con bajos salarios, jornadas excesivas, pocas o ninguna prestación, empleo de niños en labores peligrosas y falta de regulación en las necesidades de seguridad laboral. El Estado, por su parte, creaba programas de transferencias económicas para garantizar la supervivencia del sector a través de apoyos sociales que compensaban las inadecuadas condiciones laborales, de forma que la producción alimentaria campesina se volvió de autosustento (^{Rubio, 2008}). Así, de las cuatro millones de unidades productivas rurales existentes antes del ingreso al TLCAN, solo 10% mantuvieron su actividad productiva de forma rentable y todas eran grandes empresas o grandes productores.

Por su parte, los productores que no fueron capaces de mantenerse competitivos en el mercado internacional se vieron orillados a emigrar o a rentar parcelas e incluso a dedicarse a actividades fuera de la agricultura para poder reproducirse (^{Rubio, 2008}). Es decir, aquellos campesinos que no podían competir con grandes empresas y otros productores locales o extranjeros, quedaron aislados del mercado, lo que los ha obligado a ceder su territorio. Por ello, la campesinización mexicana se revirtió hasta un proceso que estaba empobreciendo y marginando a esta población, además de despojarla de su espacio y su rol en la construcción del territorio mexicano.

4. Consecuencias del empobrecimiento del campo mexicano

Los procesos de empobrecimiento, desterritorialización y descampesinización del campo mexicano fueron claves para el desarrollo y surgimiento de una fuerza política que respondiera a las necesidades y afectaciones de este sector poblacional. Por ello, el expresidente AMLO, al plantear una serie de propuestas, entre las que algunas estaban enfocadas en fortalecer y recuperar el rol del campesino en la vida pública del país, se vio beneficiado por un gran apoyo popular impulsado por el malestar que había crecido a lo largo del tiempo.

Ya se ha mencionado que las políticas públicas⁵ son los procesos con los que se transforma el espacio en territorio y cómo ellas fortalecen los procesos de control y dominio sobre los recursos y la población. Ahora se comentan algunas de las consecuencias de estas políticas públicas en la reconfiguración del territorio y su representación política en México en la actualidad.

^{Méndez (2010)} señala que las políticas públicas pueden distinguirse en varios niveles de acuerdo con la forma en que el Estado reconoce los problemas y los enfrenta. En un primer caso, hay ocasiones en que se presentan situaciones indeseables, como inseguridad alimentaria o crisis ambiental, que el gobierno no las considera como tal debido a que no significan una amenaza inmediata para su propia existencia, de modo que no toma medidas para enfrentarlas, lo que se denomina inacción pública.

Otras veces se reconoce el problema, pero no se actúa para remediarlo, ya que se espera que otros mecanismos sociales lo corrijan. Este caso se trata de una decisión pública. Pero si el Estado reconoce el problema y actúa con determinación para corregirlo mediante incentivos o acciones, entonces se habla de una política pública como tal.

Las políticas públicas establecidas durante la década de los ochenta fueron las principales herramientas de comunicación de AMLO para ejemplificar su agenda pública y política, y es que, como él lo señalaba en sus comunicaciones públicas diarias o en otros documentos, el campo mexicano ha sido devastado y su situación actual es ejemplo de por qué se necesita de un nuevo modelo de contrato social entre la población mexicana y su gobierno.

Vale la pena mencionar que las políticas públicas no necesariamente resuelven problemas del colectivo sino que pueden orientarse a beneficiar solo a sectores específicos, creando problemáticas que trascienden en el tiempo. Por ejemplo, las políticas públicas de desarrollo agroindustrial del campo y de impulso de megaproyectos extractivos mencionados arriba, si bien ayudaron a sobreponerse a la crisis económica y alimentaria de entonces, también tuvieron como consecuencia el subdesarrollo económico y social de más de treinta millones de personas que viven del campo.

Por otra parte, si bien en un primer momento la importación de alimentos de bajo costo ayudó al Estado a controlar la crisis de este rubro en la década de los ochenta, eso mismo ha provocado que la desterritorialización y descampesinización dificulten la autosuficiencia alimentaria, ha aumentado los costos de producción por incapacidad de producir los principales bienes de consumo nacional, y los ha elevado dramáticamente porque se tienen que importar a un mayor precio por la falta de capacidad nacional (^{Azamar & Salazar, 2015}).

Así pues, la forma en que se crearon estas oportunidades de negocio para las grandes empresas llevó a generar condiciones negativas en la sociedad, como pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria, desterritorialización y crisis ambiental, condiciones que han afectado a millones de personas en el campo mexicano, y a la población urbana que atestigua cómo aumenta notablemente el costo de los productos básicos.

La decisión pública del Estado de no apoyar a los pequeños y medianos campesinos tuvo su causa en el interés nacional y extranjero de promover al sector productivo privado bajo la supuesta promesa de fortalecer al campo y a su población. Lo cierto es que esta posición del Estado puso en riesgo la vida de millones de personas y la soberanía alimentaria nacional, ya que se dotó de amplio poder a los grupos privados que podían manipular ese tipo de mercado y se indujo a la dependencia estructural alimentaria respecto de mercados externos (^{Azamar & Zamora, 2019}; ^{De Grammont, 1996}; ^{Valladares, 2018}).

Las consecuencias se ven reflejadas en el campo, pues, en 2019, de las 4 650 783 unidades de producción con actividades agrícolas, más del 80% correspondía a productores con menos de cinco hectáreas, que aportan cantidades mínimas de distintos cereales. Este grupo produce 20% de todo el maíz a nivel nacional, 10-12% del frijol y 1% del trigo (^{INEGI, 2019}). Es decir, a pesar de la gran cantidad de territorio que poseen los campesinos mexicanos, su capacidad productiva es limitada, lo que facilita que sean intimidados o cooptados por empresas y otras agrupaciones comerciales para comprar su producción a muy bajo costo.

Por su parte, las grandes empresas, que poseen solo el 20% de la tierra cultivable, monopolizan la producción y pueden manipular los precios para afectar a su competencia e incluso para obligar a los pequeños campesinos a abandonar sus territorios si dichas empresas lo consideran necesario.

Esta serie de situaciones provocadas por las políticas públicas ya comentadas degradaron la confianza de la población en el gobierno; durante los últimos cuarenta años, el Estado eligió no corregir estos problemas, y además los agravó al aumentar la brecha de desigualdad entre la industria y/o actores con gran poder económico y los pequeños productores que han visto cómo se monopoliza su territorio y se les despoja de este, lo mismo que de los recursos para trabajarlo, lo que ha generado tensión y conflicto ante la injusticia y falta de políticas públicas para el bienestar de la población rural (^{Gordillo, 2018}; ^{Hewitt, 2007}; ^{Rosas, 2016}). Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 planteado por AMLO despertó la simpatía e interés en el sector rural nacional, especialmente entre la población históricamente marginada. El Plan busca impulsar el bienestar social mediante políticas y programas sociales⁶ que fomentan un desarrollo integral.

5. Programa Sembrando Vida (PSV)

Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la actual política nacional y se ha convertido en parte fundamental de la estrategia que conduce el gobierno mexicano para tratar de mejorar la calidad de vida de la población rural que se encuentra en zonas de alta marginación. Se enfoca a productores que sean propietarios o poseedores de por lo menos 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal (^{SEBIEN, 2020}). Sus objetivos principales son:

También busca:

En 2019 se inició la cobertura del programa en ocho entidades federativas: Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, con un financiamiento total aproximado de 15 mil millones de pesos (SEBIEN, 2019). Para 2020, ese financiamiento se amplió a 28 504 millones de pesos, y se incorporaron doce estados más: Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Tlaxcala y Morelos (Presupuesto de la Federación, 2020).

Hasta 2020 el programa ya operaba en 20 entidades y se habían beneficiado a 455 749 personas (31% mujeres y 69% hombres), lo que equivale a 22.3% de la población objetivo y a 19.2% de la población potencial del programa, un alcance relativamente bajo considerando que, para esa fecha, ya llevaba en operación dos años.

Por otro lado, como parte de la estrategia del programa, los beneficiarios reciben tres tipos de apoyo con el propósito de impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral: apoyo económico, apoyo productivo y servicio de acompañamiento social y técnico para impulsar el capital humano.

Es importante mencionar que el apoyo económico de cinco mil pesos mensuales se otorga de forma directa para evitar actos de corrupción debido a intermediarios o agrupaciones burocráticas, además al inicio del programa el gobierno dotó a los beneficiarios de herramientas, semillas y plantas para la producción agroforestal. Por otra parte, el acompañamiento técnico es constante y tiene como fin promover el desarrollo comunitario, así como fortalecer las capacidades de los productores. Esta tarea es realizada por los técnicos sociales y productivos sobre la base de estrategias de intercambio de conocimiento y experiencias. El personal operativo trabaja a nivel territorial y realiza las actividades que se resumen en la figura 1.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ^{Secretaría de Bienestar (2020)}.

Figura 1 Personal operativo del programa Sembrando Vida 

Otra característica de este programa es la cantidad del personal operativo que labora en los 20 estados donde opera. En la primera fase (2019), se contrató: 1 coordinador regional, 13 coordinadores territoriales, 5 especialistas, 230 facilitadores comunitarios, 2300 técnicos (1150 técnicos sociales y 1150 técnicos productivos), así como la participación de 27 600 becarios (^{DOF, 2019}). Para la segunda fase (2020), se contrató: 1 coordinador regional, 10 coordinadores territoriales, 10 especialistas productivos y sociales, 200 facilitadores, 2000 técnicos (1000 técnicos sociales y 1000 técnicos productivos), además de la participación de 24 000 Becarios (^{DOF, 2021}).

Por otro lado, el trabajo que se realiza en cada uno de los municipios se coordina a través de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), las cuales son centros de educación y capacitación para ejidatarios, indígenas y pequeños productores (y jornaleros), donde comentan sus problemas comunes, intercambian conocimientos, experiencias y saberes locales tradicionales entre quienes requieren y necesitan aprender; asimismo, desarrollan capacidades diversas y multifuncionales, esto con la finalidad de organizarse para promover y autogestionar procesos de mejoramiento, de desarrollo comunitario y regional (^{García, 2011}). Cabe mencionar que esta aproximación conceptual sobre las CAC precede a Sembrando Vida, de modo que estos espacios son adaptaciones dentro del programa para fortalecer la integración social.

El proceso de enseñanza se basa en tres líneas de acción: 1) prácticas agroecológicas que promuevan la agricultura orgánica; 2) economía social solidaria y desarrollo comunitario, y 3) inclusión social e igualdad de género. Las CAC se encuentran conformadas por un promedio de 25 sembradores, tres becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y un equipo conformado por un técnico social y un técnico productivo (denominado binomio) que trabaja bajo la supervisión de un facilitador.

Hay que destacar que el concepto de territorio en las CAC va más allá de su dimensión física y geográfica dado que involucra aspectos sociales, culturales y políticos que configuran la identidad y la resistencia de las comunidades campesinas. En estas regiones, el territorio se entiende como un espacio de interacción entre el ser humano y la naturaleza, donde las prácticas agroecológicas tradicionales se mantienen vivas pese a las presiones de modernización e industrialización, por lo que es un reflejo de la historia de lucha y resistencia contra procesos de desterritorialización que han fragmentado la tierra, limitando el acceso a recursos básicos y exacerbando la vulnerabilidad de los pequeños productores.

La altitud, el tipo de suelo y las condiciones climáticas específicas de cada región influyen directamente en la capacidad productiva de las CAC, lo que condiciona las prácticas agrícolas y la viabilidad de los proyectos agroforestales impulsados por Sembrando Vida. Además, el territorio se redefine continuamente en respuesta a las políticas públicas y a la organización comunitaria, que buscan proteger estos espacios frente a la marginalización económica y social. La ejecución del programa, en conjunción con los procesos de vida y comprensión de las comunidades sobre el territorio en este contexto, revela no solo un espacio de producción, sino uno de resistencia y afirmación cultural, donde la territorialidad está intrínsecamente ligada a la soberanía alimentaria, la cohesión social y la lucha por los derechos campesinos, lo que permite entender que los desafíos que enfrentan las CAC en la implementación del programa son complejos y dependientes de la comprensión de las dinámicas comunitarias.

En la sección que sigue se expone la metodología de análisis empleada para la revisión y análisis de algunas Comunidades de Aprendizaje Campesino en los estados seleccionados.

6. Metodología

El análisis metodológico en el estudio de las CAC se enfocó en una evaluación integral de sus capacidades organizativas y operativas para la implementación efectiva de Sembrando Vida, por ello se incluyó la infraestructura disponible, los recursos humanos y la cohesión comunitaria en cada CAC donde se trabajó, lo que reveló variaciones significativas entre ellas. Se aplicaron asimismo evaluaciones de desempeño organizacional para identificar las fortalezas y las limitaciones de las comunidades en la ejecución del programa, con especial atención a los recursos internos y la capacidad de autogestión.

Además, se revisó la pertinencia de Sembrando Vida en relación con las necesidades locales, evaluando si las prácticas agroforestales promovidas se ajustaban a las condiciones específicas de cada comunidad en términos de recursos naturales y de contexto sociocultural. Este enfoque metodológico permitió identificar las áreas en las que las CAC estaban bien posicionadas para cumplir los objetivos del programa, y también aquellas en las que se requería una mayor personalización de estrategias y recursos.

El análisis, por otra parte, abordó la capacidad de adaptación de Sembrando Vida a las dinámicas locales, considerando la relevancia de los indicadores de evaluación utilizados y su alineación con los objetivos a largo plazo. Este enfoque permitió proponer ajustes en su implementación con el fin de mejorar su eficacia y sostenibilidad en las comunidades rurales.

Para contextualizar adecuadamente el trabajo realizado es importante mencionar el periodo de aplicación de los instrumentos de investigación. El proyecto comenzó a planearse en septiembre de 2021 con la definición de sus objetivos y diseñando los instrumentos para la recopilación de datos, en tanto que la aplicación efectiva de cuestionarios, entrevistas, grupos focales y visitas de campo ocurrió de enero a abril de 2022. Durante este periodo se recolectó información actualizada y relevante sobre las CAC. La planificación previa permitió una implementación estructurada y adaptada a las condiciones locales, mientras que el análisis se centró en evaluar los resultados y ajustar las metodologías en función de las observaciones hechas durante este tiempo.

Así pues, para el análisis en Morelos, Tlaxcala y Puebla, se valoraron primero los aspectos referentes a la operación y situación de las CAC en cada entidad; segundo, la revisión de la pertinencia de los indicadores de diagnóstico que tiene el programa para evaluar su alcance y efectos. Así, para poder trabajar con las CAC:

Ahora bien, sobre los indicadores se remitió al análisis de las Reglas de Operación del Programa (ROP), valorando los conceptos clave, esto es: 1) reconstrucción del tejido social; 2) lograr autosuficiencia alimentaria y agroforestal; 3) inclusión productiva y financiera de los campesinos mediante su capacitación; 4) mejorar el bienestar social. De esta forma se buscó definir primero el tejido social en el marco de Sembrando Vida y su proceso de reconstrucción. Para ello se partió de la evaluación colectiva de la comunidad previa y, después de la creación y operación del programa. Así se estaría analizando si existen efectos específicos asociados a la acción del gobierno.

En cuanto al bienestar, este fue analizado desde las dimensiones de pobreza y calidad de vida, buscando conocer si antes y después de Sembrando Vida los actores involucrados habían logrado mejorar en esos ámbitos. En cuanto a la autosuficiencia alimentaria se realizaron diversos acompañamientos, grupos de enfoque, entrevistas y cuestionarios para conocer si ha tenido algún efecto este aspecto para los actores involucrados. Finalmente, se analizó el alcance de las asesorías técnicas por parte del binomio técnico productivo/técnico social, así como los apoyos institucionales a los actores involucrados para conocer si estos elementos han tenido relevancia para su bienestar individual y colectivo.

De forma articulada se realizó: i) una revisión de documentación y análisis publicados sobre el programa, y de las principales definiciones, objetivos e indicadores contenidos en los documentos orientadores, esto es, Programa Sectorial de Bienestar, Reglas de Operación del programa y otros documentos de trabajo; ii) una reelaboración de indicadores con base en las definiciones anteriores y diseño de instrumentos; iii) trabajo de campo para la prueba de instrumentos; iv) un análisis del trabajo de campo y adecuación de instrumentos, y v) una propuesta de nuevas etapas de trabajo sobre el diseño de indicadores de evaluación del componente social.

Respecto al primer punto, debido a que Sembrando Vida es una iniciativa relativamente reciente, sus revisiones académicas y científicas son limitadas, lo que se debe tanto a su novedad como a la escasez de datos oficiales que permitan un análisis profundo de sus impactos y resultados. Sin embargo, destacan los resultados del análisis documental del PSV implementado en Chahuites, Oaxaca, los cuales revelan que, no obstante sus intenciones, el programa ha tenido impactos negativos en el desarrollo socioeconómico de los beneficiarios y en la conservación de recursos naturales.

Por otro lado, en lo socioeconómico, el apoyo financiero ofrecido ha resultado insuficiente para cumplir con las metas del programa y para satisfacer las necesidades básicas de los participantes, lo que ha generado una dependencia de ingresos adicionales. En términos ambientales, su implementación ha incentivado la deforestación. La falta de claridad en los criterios de selección de terrenos ha resultado en la degradación de áreas clave, como las de los manglares. Los hallazgos de estos autores subrayan la importancia de revaluar y ajustar las políticas agrarias para asegurar que los objetivos de sostenibilidad y bienestar se alcancen de manera efectiva, minimizando los efectos adversos en las comunidades rurales y su entorno natural (^{Cortez Egremy et al., 2024}).

^{Cotler et al. (2024)}, en sus resultados sobre la focalización de Sembrando Vida, revelan que, aunque este se ha dirigido a entidades con altos índices de marginación, su efectividad se diluye en escalas menores, como municipios y localidades. A nivel estatal, el programa se ha implementado en regiones con mayores índices de marginación y alto porcentaje de población por debajo de la línea de bienestar, especialmente en 2020. Sin embargo, a nivel municipal y local, la correlación entre la participación en el programa y las variables socioambientales como la biodiversidad es menos clara. Esto sugiere que otros factores, como la disponibilidad de terrenos elegibles y la disposición de los propietarios, pueden estar influyendo en su focalización, limitando su impacto en las comunidades más marginadas.

También se señala que el PSV ha mostrado resultados importantes en la vinculación con la economía social solidaria, especialmente a través de su articulación con la Red Nacional de Nodos para el Impulso de la Economía Social Solidaria (NODESS). Un ejemplo clave es el caso del NODESS ESSALIA, que ha trabajado en la formación y consolidación de grupos solidarios en Puebla. Esta colaboración ha permitido el fortalecimiento del tejido social en comunidades rurales, y la creación de modelos productivos que buscan combatir la pobreza y la degradación ambiental.

Sembrando Vida ha beneficiado a miles de campesinos al proporcionar ingresos y fomentar la reforestación, con la meta de regenerar un millón de hectáreas en el país (^{García Caudillo et al., 2022}). Considerando este dato y en función de la comprensión de los principales objetivos del programa, se decidió realizar la prueba de indicadores sobre un grupo de CAC, las cuales fueron seleccionadas con base en lo siguiente:

Con tales criterios se eligió a Tlaxcala, Puebla y Morelos. Del primero, el estudio se enfocó en los municipios de Hueyotlipan y Nanacamilpa; del segundo, el municipio de Tlahuapan y, del tercero, los municipios de Yecapixtla y Jonacatepec. Después se realizaron las visitas de campo a las Comunidades de Aprendizaje Campesino.

Los indicadores se construyeron partiendo de la operacionalización de algunas categorías centrales, obtenidas del análisis de los documentos orientadores Sembrando Vida, es decir: cohesión social, capital social, calidad de vida, inclusión social, inclusión productiva, asociaciones comunitarias y capacidad colectiva. De estos se seleccionaron cinco: asociaciones comunitarias, calidad de vida, capacidad colectiva, cohesión social e inclusión productiva, que resultaron ser los más relevantes para el análisis del programa en los términos de este trabajo.

Dado que Sembrando Vida está organizado de forma colectiva y el trabajo comunitario es fundamental para cumplir sus objetivos, se decidió que la interacción con los beneficiarios sería a través de grupos focales que permitirían evaluar tanto sus relaciones y jerarquías como su capacidad de actuación frente a situaciones imprevistas. De igual forma se hicieron entrevistas individuales a los beneficiarios, así como a los responsables de las actividades administrativas y técnicas dentro de las CAC. Por otra parte, para conocer el perfil de los responsables de las CAC, se entrevistó al binomio técnico productivo/técnico social y a los facilitadores, quienes además colaboraron para la organización de la actividad.

7. Realidad y resultados del programa Sembrando Vida en algunas comunidades rurales de México

Recordemos que esta etapa del trabajo de campo tuvo como propósito explorar la utilidad de los instrumentos y la elaboración de un diagnóstico sobre Sembrando Vida, pero no su evaluación. Con esta aclaración se pueden presentar los resultados obtenidos.

La tabla 1 presenta los cinco conceptos generales para el análisis.

7.1. Observaciones de campo y consideraciones sobre los resultados de Sembrando Vida

Teniendo como principal interés comprender si en el grupo de participantes hubo capacidad para lograr la cooperación técnica y práctica, en donde se valora tanto la aportación de conocimiento y experiencia, así como las habilidades productivas y de gestión, el objetivo fue conocer si se estaba fortaleciendo un perfil identitario en la comunidad. Como se observa en la tabla 1, se detectó que la mayoría de los participantes considera que ha mejorado el intercambio vecinal y que hay una percepción positiva de la utilidad del programa. Es decir, que se ha alcanzado una mayor cohesión social, entendida esta como un proceso de confianza y compromiso colectivo para el trabajo que fomenta la participación, mejora la valoración institucional y fomenta el conocimiento sobre los propios derechos.

Asimismo, en las visitas de campo se corroboró que el papel de las mujeres ya no es circunstancial, sino que han adquirido un rol protagónico dado que en la mayoría de casos ellas ocupan puestos de decisión dentro de la organización, lo que genera un sentido de colectividad que ya no se rige por intereses de competitividad sino de autocuidado y bienestar.

Por otro lado, fue patente que la formación técnica es una cuestión que genera mucho interés, pero que no se ha logrado fortalecer de forma efectiva, pues varios de los participantes no conocen del todo las técnicas de trabajo que se les están enseñando, y tampoco existe claridad sobre el plan de manejo, ni sobre los objetivos de trabajo o las etapas de largo plazo. Esta cuestión refleja un análisis de evaluación y desempeño organizacional deficiente, pues se carece de un inventario físico y económico adecuado para priorizar las mayores necesidades de los participantes.

Si bien los técnicos y representantes del programa respondieron de forma clara a las entrevistas para conocer su desempeño organizacional, existen limitaciones económicas y materiales que impiden mejorar los procesos de aprendizaje colectivo, con la consecuencia de que disminuyen las posibilidades de mantener el programa de forma autónoma a la supervisión del gobierno.

Por otro lado, durante el transcurso de las visitas se detectó que la mayor parte de los apoyos materiales que brindó el Estado al comienzo del proyecto ya están muy desgastados o en algunos casos completamente inservibles, lo que se refleja en la debilidad de la producción, pues gran parte de los espacios para siembra de algunos CAC están desocupados o casi vacíos (imagen 1).

Fuente: Fotografía tomada en visita de campo, 2022.

Imagen 1 CAC en Jonacatepec, Morelos, México 

La biofábrica es uno de los aspectos más destacados del programa ya que su objetivo es fortalecer el desarrollo técnico de la práctica agrícola para los pequeños productores, pero estos espacios están semiabandonados por falta de recursos económicos, porque los productos tardan tiempo en elaborarse o resultan más baratos en el mercado comercial, e incluso, en algunos casos, no existe suficiente formación para operar ese tipo de producción (imagen 2).

Fuente: Fotografía tomada en visita de campo, 2022.

Imagen 2 Biofábrica en CAC Jonacatepec, Morelos, México 

Cabe destacar que de las biofábricas se pueden obtener importantes beneficios porque en ellas se elaboran distintos insumos, como abonos, fertilizantes y semillas mejoradas, para aumentar la productividad. Pero esa actividad requiere de apoyo económico, vigilancia y trabajo especializado, lo que debe fortalecerse en Sembrando Vida ya que actualmente carece en gran medida de estas cuestiones.

Por otro lado, los espacios colectivos son sumamente precarios, lo que dificulta una adecuada planeación y comunicación. Se encontraron CAC en los que había solo tablas para sentarse, sin techo ni protección para el sol o la lluvia. Además, en su mayoría, estos espacios son construidos por los participantes desde cero y con recursos propios.

La subutilización y baja participación en varias de las CAC no es responsabilidad de los participantes o trabajadores en el lugar, sino de la inadecuada planeación del programa en su base, pues aunque las CAC visitadas estaban a no más de 50 km de distancia entre sí, los espacios, seguridad, vegetación y precipitación cambiaba notablemente, lo que afecta o beneficia el interés por la participación.

Aunque las CAC con mayor capacidad productiva tenían un mejor nivel de organización (imagen 3), son resultados que derivan de inversión propia de los participantes, de sus conocimientos previos o de los cursos que están tomando, así como de herramientas y productos básicos que ellos aportan, pues la malla solar, mangueras e incluso el agua las compran con su dinero, lo que diluye notablemente los efectos positivos que pudieran tener las transferencias económicas que reciben del Estado.

Fuente: Fotografía tomada en visita de campo, 2022.

Imagen 3 CAC en Yecapixtla, Morelos, México 

8. Conclusiones

El programa Sembrando Vida es una alternativa a los procesos de decisión pública que se utilizaban previamente respecto a la situación de empobrecimiento que vivía el campo mexicano. El gobierno de AMLO ha propuesto una política pública colectiva interesante, ya que fomenta la participación y organización comunitaria logrando que actores históricamente marginados, en especial mujeres campesinas e indígenas, se puedan seguir formando y desarrollen mejores lazos sociales.

Sin embargo, aunque el programa es una iniciativa reciente con limitadas revisiones académicas, presenta una serie de retos significativos en su implementación. Los análisis revisados y mencionados en este documento destacan que, a pesar de sus buenas intenciones, ha tenido impactos negativos tanto en el desarrollo socioeconómico de los beneficiarios como en la conservación de los recursos naturales. La falta de claridad en los criterios de selección de terrenos ha incentivado la deforestación, afectando áreas clave como los manglares. Además, el apoyo financiero ofrecido ha sido insuficiente, generando dependencia de ingresos adicionales. Y si bien el programa ha logrado focalizarse en regiones con altos índices de marginación, su efectividad se diluye a nivel local, sugiriendo la necesidad de revisar y ajustar sus políticas. Aun así, ha mostrado potencial en su vinculación con la economía social solidaria, beneficiando a miles de campesinos y promoviendo la regeneración ambiental.

Por otro lado, Sembrando Vida representa también un gran reto debido a la falta de una planeación más efectiva en sus objetivos y en los procesos de enseñanza y planeación a futuro. Esto ha provocado que varios de los participantes consideren que el programa no está teniendo los efectos deseados para garantizar la soberanía alimentaria o mejorar la economía de la población, pues debido a la falta de formación administrativa y económica es posible que los beneficiarios no enfoquen sus apoyos e incentivos en los elementos prioritarios para su labor y supervivencia.

Además, ante la ausencia de un plan de largo plazo con objetivos claros que no cambien de un momento a otro, los participantes podrían tomar decisiones que quizá no sean las óptimas, mientras que los formadores y representantes del gobierno no cuentan con las herramientas adecuadas para mejorar estos aspectos, pues incluso se carece de espacios y materiales para promover el conocimiento.

Pero más allá de lo que se observa en los resultados, el ejercicio de diagnóstico del programa tuvo limitaciones en los procesos de análisis, tanto por el tiempo con el que se contó como por la presencia de las autoridades durante las visitas, lo que en ocasiones afectó las respuestas de los participantes. Por eso las respuestas vienen agrupadas, si bien esto no necesariamente implica que existe una opinión generalizada, es el resultado del ejercicio de análisis colectivo que se pudo realizar en campo.

Durante la comunicación con los participantes algunos confirmaron que familiares y vecinos también querían participar en Sembrando Vida, pero no contaban con la suficiente cantidad de tierra para siembra. También refirieron que los recursos económicos que se obtienen con el programa son pocos en comparación con sus exigencias, lo que ha provocado que, a veces, hasta diez participantes abandonen el programa, mostrando poca flexibilidad en sus bases, así como los escasos apoyos para adaptarse a las necesidades locales de cada población participante.

Por otra parte, hubo productores que manifestaron haber dejado de rentar sus tierras para dar más espacio a la siembra, pero sugieren que esto probablemente llevó a dejar sin apoyo a vecinos o pequeños productores que carecen de territorio para animales o cosechas de autosustento. Asimismo, se identificaron participantes que compartían territorio con familiares para alcanzar las 2.5 ha que exige el programa. Esta situación promueve la aparcería, es decir, la desterritorialización y descampesinización, pues se crea la figura del campesino sin tierra propia (aunque sea momentáneamente) y que se dedica a cuidar espacios que no son suyos para obtener un ingreso mínimo. Esto debilita el modelo agrícola nacional de campesinos que se organizan por medio de asambleas, pues se tiende a individualizar el proceso productivo.

De forma adicional, es fundamental destacar que Sembrando Vida ha tenido un impacto negativo en la capacidad de la sostenibilidad alimentaria, pues para alcanzar las metas de trabajo varios de los participantes señalan que han dejado de sembrar maíz y otros alimentos útiles para su supervivencia. Esta cuestión refleja la planeación limitada respecto al incremento en la carga de trabajo para los beneficiarios del programa.

Una queja recurrente entre los participantes es que los binomios técnico productivo/técnico social se ven superados por las exigencias del programa, ya que, como se observó en la figura 1, cada pareja debe atender ocho CAC distintas que pueden estar a una hora o más de distancia, sumando lo accidentado de los distintos territorios o la escasez de carreteras directas que resulta en más tiempo de traslado. Esto afecta las capacidades de trabajo, y la labor pedagógica de los especialistas.

Asimismo, se pudo constatar que en la mayoría de los casos los binomios se encuentran con mucho trabajo administrativo, ya que aparte de recorrer distintos lugares y trabajar con las CAC, deben llenar formatos y formularios que les solicitan para reportar avances y seguimiento, lo que reduce su tiempo para los productores.

De igual modo, en las entrevistas con los binomios se detectó que había técnicos que, como no eran oriundos de la zona, no comprendían los fenómenos climáticos locales y la planeación de la siembra; varios participantes del programa comentaban que habían perdido parte de sus cosechas porque los técnicos no admitían sus sugerencias y que ellos no conocían del todo los tiempos de siembra adecuados para cada zona.

Los distintos problemas que presenta Sembrando Vida están más cercanos a una debilidad en lo relativo a su planeación e implementación que a la falta de interés por parte de capacitadores y productores. De hecho, en la mayoría de los casos es notable una actitud positiva de todas las partes involucradas, hasta en los esfuerzos por sacar adelante los objetivos y los trabajos productivos. Se debe añadir que la política pública que se ha emprendido para desarrollar el programa Sembrando Vida requiere de un mayor seguimiento, de control operativo y económico, así como de una amplia mejora en su planteamiento para que se alcancen los objetivos propuestos, el bienestar alimentario, social, económico y ambiental para el país.