Introducción

Los procesos políticos que acaecieron en la Nueva Granada (Colombia) hacia mediados del siglo XIX han sido estudiados con atención por varios historiadores nacionales y extranjeros, debido a la trascendencia que aquellos tuvieron para la transformación institucional que desde entonces fue adquiriendo el Estado, la economía y la sociedad neogranadina. La vasta producción historiográfica que se ha elaborado sobre ese periodo ha destacado aspectos tan relevantes como la formación de los partidos políticos liberal y conservador; las guerras civiles que acaecieron durante aquellos años y el carácter, propósito y alcance de las reformas que promovieron los dirigentes del partido liberal, enfatizando en que estas marcaron un antes y un después en la historia del país por cuanto permitieron sentar las bases de la incipiente, pero importante, modernización que empezó a fomentarse en un país que para el momento aún se hallaba preso de la pesada herencia colonial.¹ Asimismo, y en lo que respecta a la rebelión protagonizada por los artesanos y militares en 1854, tanto la vieja como la nueva historiografía, salvo contadas excepciones, ha enfatizado en los pormenores del golpe de Estado y/o en la personalidad de uno de sus principales protagonistas: el general José María Melo.²

En contraste con esas perspectivas, hemos vuelto nuestra mirada hacia esos procesos con el fin de escrutar un aspecto en particular: las ideas y las acciones políticas que los dirigentes del partido liberal y los líderes de la rebelión artesano-militar que se suscitó en Nueva Granada (Colombia) en 1854 forjaron y fomentaron con el fin de regenerar la república, esto es, de fijar los fundamentos institucionales, políticos y morales en virtud de los cuales, y según su parecer, debían gobernarse el Estado y la sociedad. En tal sentido, y de acuerdo con lo que revelan las voces de los protagonistas de esa historia, puede decirse que si los liberales actuaron con criterio de hegemonía, esto es, con clara intención de imponer sus ideas y proyectos mediante la construcción de un sofisticado discurso con el que buscaron legitimar sus propuestas haciéndolas ver como necesarias e ineludibles, los artesanos y militares sublevados también actuaron con criterio y cálculo contrahegemónico a fin de confrontar el proyecto liberal (y también el proyecto conservador) y de validar sus ideas respecto de lo que debía ser el orden político e institucional del país.

A este respecto, seguimos los planteamiento hechos por el filósofo Antonio Gramsci (1892-1937), glosados por varios comentaristas de su obra, y particularmente en lo que tiene que ver con el contenido y alcance comprensivo y explicativo del concepto de hegemonía, entendido este como el deseo, propósito y capacidad que un grupo o grupos de personas tienen, expresan y procuran materializar en su intento de someter a otras; sometimiento que, aun cuando comporta o puede comportar el uso de violencia, no se agota en ello, y más bien sí se despliega abierta o sutilmente a partir de la elaboración, difusión e imposición de un conjunto de creencias, símbolos, rituales, ceremonias y prácticas religiosas, políticas y/o culturales en virtud de las cuales se persuade al grupo destinatario con el fin de ganar su conciencia, su apoyo, su simpatía, haciéndole creer que ese universo de creencias, símbolos, rituales y prácticas no solo es válido, adecuado y pertinente para el funcionamiento del orden social, político y moral que la clase dominante busca imponer, sino que debe ser recibido, aceptado y defendido como si fuera la única posibilidad existente.³

En ese sentido, el orden de exposición que seguimos en las páginas siguientes dan cuenta del contexto político de la época; del propósito de las reformas y el debate que se suscitó en torno a ellas; del vínculo que se tejió entre aquellas y el alzamiento de los rebeldes; de la manera y los criterios con que los insurrectos actuaron para lograr sus propósitos, y del alcance político que llegó a tener su accionar.

Leyes y reformas para un Estado en construcción

Hacia mediados del siglo XIX, y destacando el carácter de sus ideas políticas y los propósitos de sus respectivas colectividades, Ezequiel Rojas y Mariano Ospina hicieron públicos los principios que distinguía y distinguiría a los nacientes partidos liberal (1848) y conservador (1849).⁴ Concomitantemente, y tras imponerse en las elecciones presidenciales que se realizaron en 1849, los dirigentes del partido liberal, que entre otras cosas hacían parte de esa una nueva generación de hombres públicos que heredó y resignificó el ideario liberal cultivado por Francisco de Paula Santander, Francisco Soto y Vicente Azuero,⁵ empezaron a promover una serie de reformas políticas, económicas, administrativas e institucionales, argumentando que estas se requerían con urgencia para desmantelar las inveteradas y anquilosadas estructuras coloniales que frenaban el progreso que la nación neogranadina debía haber alcanzado tras cuatro décadas de independencia y que sus adversarios, los conservadores, no habían querido fomentar.⁶

Aunque han sido objeto de especial consideración por la historiografía nacional, las reformas que los liberales propusieron en aquella ocasión no eran las únicas ni las primeras que se habían fomentado en el país. Ya desde los primeros años de independencia, y en el marco del proceso formación del Estado, los hombres que se erigieron como regentes y legisladores en Nueva Granada y Colombia idearon y fomentaron un amplio conjunto de reformas para darle cimiento y solidez al nuevo orden institucional.⁷ De ello dan testimonio las constituciones políticas que redactaron entre 1810 y 1815 en distintas provincias del otrora virreinato de la Nueva Granada,⁸ lo mismo que la Constitución política nacional y las 38 leyes especiales que el Congreso Constituyente y Legislativo de la recién creada república de Colombia redactó y expidió en 1821.⁹

Tanto el contenido y propósito de esas leyes y cartas constitucionales como las vehementes discusiones que se realizaron en torno a los asuntos que debían ser legislados y constitucionalizados,¹⁰ reflejaron la variedad de temas discutidos y también dieron cuenta de la zigzagueante postura con que muchos de esos hombres actuaron con respecto a las reformas que, a su parecer, debían hacerse en temas tan importantes como la manumisión de esclavos, la educación, las relaciones Iglesia-Estado, la libertad de imprenta, la ciudadanía, la afirmación del Estado como ente soberano y otros más que por vez primera se asumían y trataban como asuntos públicos y de Estado.¹¹

Aunque muchas de esas reformas fueron postergándose debido a las adversidades que generó la guerra de independencia, y claro, también por causa y efecto del déficit fiscal que siempre caracterizó al naciente Estado neogranadino (colombiano)¹² y de las constantes disputas de poder que tejieron quienes obraron como forjadores y regentes políticos del nuevo orden, las cuales no en pocas ocasiones, acabaron “dirimiéndose”, o incluso en muchos casos radicalizándose, en los campos de batalla y/o con una nueva constitución política,¹³ durante las décadas que siguieron a la consumación de la independencia, y en el marco del largo y complejo proceso de formación del Estado, los gobernantes, legisladores y demás hombres públicos (publicistas, editores de prensa, etc.), no dejaron de proponer reformas en diversos asuntos, aduciendo que estas eran necesarias para que los ciudadanos pudieran salir del ostracismo en que se hallaban y procurarse una vida más digna y armónica.¹⁴

Al respecto, no hubo discurso de posesión presidencial que no enfatizara en la necesidad de que el Congreso de la república hiciera reformas en los asuntos administrativos, económicos, fiscales, educativos, judiciales y demás aspectos que, según se estimaba, eran vitales e impostergables para encauzar al país por la senda del progreso material, la solidez institucional y la armonía social. Éste, y en sus respectivas condiciones de presidente y vicepresidente de la república de Colombia, fue el argumento y el propósito con que obraron Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander durante la década de 1820, y ésa, igualmente, fue la divisa con que actuó este último como primer presidente de la Nueva Granada (1833-1837), lo mismo que sus sucesores José Ignacio Márquez (1837-1831), Pedro Alcántara Herrán (1841-1845) y Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849),¹⁵ lo cual, sin embargo, no desembocó en la materialización de esos anhelados objetivos, o por lo menos no de manera efectiva.

En tal virtud, y argumentado que su compromiso y propósito consistía en sacar al país del atraso en que se hallaba, los integrantes del partido liberal -recién fundado en 1848- ratificaron la necesidad de promover las reformas que el país requería para desmantelar las anquilosadas estructuras coloniales que frenaban el progreso de la nación¹⁶ y se lanzaron a la contienda electoral con la intención de hacerse con la presidencia de la república.¹⁷ Su candidato fue José Hilario López, un militar de ideas liberales que había hecho carrera en las filas del ejército desde los tiempos de la independencia,¹⁸ el cual debió enfrentar no solo a Rufino Cuervo, candidato del partido conservador, y a José Joaquín Gori, candidato de los independientes o moderados, sino que debió sortear la virulenta campaña de desprestigio que sus opositores desplegaron en su contra.¹⁹

Para los propagandistas conservadores, los ciudadanos no podían caer en el error de elegir a López por cuanto eso sería instaurar el militarismo en el país.²⁰ Para los liberales, elegir a Cuervo era seguir postergando el progreso material y espiritual de los neogranadinos, pues aquél y su partido no eran más que los representantes de una “retrograda minoría empecinada en buscar el favorecimiento exclusivo de sus intereses.”²¹ La campaña electoral fue adquiriendo mayor acritud y la elección exacerbó aún más la violencia entre los contendientes.²² Luego de que el Congreso eligiera como presidente de la república a López, los conservadores impugnaron los resultados argumentando que no habían tenido garantías electorales debido a las amenazas que, con puñal en mano, cientos de artesanos y milicianos, alentados por los jefes del partido liberal, habían ejercido contra los congresistas para que eligieran a su candidato.²³

En respuesta a esas sindicaciones, y alegando que tanto la elección de López como su proyecto político eran expresión del genuino y fundado deseo del pueblo neogranadino, los liberales se comprometieron a trabajar para proteger y garantizar la voluntad popular, la democracia y la paz pública,²⁴ y se dispusieron a diseñar las reformas que, a su parecer, debían fomentarse en el país. Aunque el gobierno de Mosquera había impulsado una vasta serie de medidas y reformas en cuestiones administrativas, fiscales y comerciales (siendo una de estas la Ley de libre cambio que habría de suscitar la indignación de los artesanos), los liberales doctrinarios, también llamados radicales por cuanto seguían dogmáticamente los postulados del liberalismo clásico, adujeron que había llegado el momento para actuar “contra las prolongaciones del Estado colonial jerarquizado, autoritario y casuístico en su tributación y legislación”,²⁵ y obraron para desmontarlo a partir de la construcción y/o, según el caso, adecuación de las leyes e instituciones que se requerían para ese propósito.²⁶ Pero ¿de qué reformas se trataba y cuál fue la respuesta de sus adversarios?

Las reformas liberales: el proyecto político hegemónico

Pues bien, a su entender, en el plano económico y administrativo las reformas debían orientarse a fortalecer y/o concretar lo que el gobierno de Mosquera había hecho y/o planteado con el objetivo de descentralizar las rentas públicas, abolir los monopolios que el Estado detentaba sobre la producción y comercialización de tabaco, aguardiente y otros productos de consumo interno y de exportación. Asimismo, debían enfocarse a crear un banco nacional y fomentar el comercio libre con la convicción de que así se favorecería la producción de bienes para la exportación y el ingreso en condiciones favorables de aquellos que el país no producía. De igual manera, las reformas debían favorecer la atracción de inversiones extranjeras, la construcción de la infraestructura que se requería para favorecer el transporte de bienes de exportación, la liquidación de los resguardos indígenas para liberar tierra y mano de obra, la abolición de la esclavitud que el Congreso de la república había dictaminado en 1821 y el fomento de la educación práctica y libre con el fin de formar la mano de obra calificada que los sistemas de producción requerían para su eficaz funcionamiento.²⁷

Aunque esas particulares propuestas fueron objeto de discusión política y mediática, los liberales y conservadores coincidieron en que ese tipo de cambios eran necesarios para sacar al país del atraso económico y para hacer más efectiva la administración del Estado.²⁸ Sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando los liberales propusieron, o mejor, reafirmaron su intención de diferenciar los ámbitos de injerencia de la Iglesia y el Estado, expulsar a los jesuitas del país al considerar que sus vituperables conductas atentaban contra el progreso, las libertades y la integridad de la república²⁹ y, aunque no era una propuesta nueva, abolir el ejército, argumentando que este era una insostenible e insoportable carga para el erario público y una latente amenaza para la consolidación de la democracia y las libertades públicas.³⁰

En virtud de sus convicciones, pero también de sus cálculos políticos y electorales, los conservadores objetaron todas las propuestas que sus adversarios hicieron con respecto al control que los liberales buscaban ejercer sobre la Iglesia y expresaron su intención de llevar su oposición hasta los extremos. Su desafiante postura no fue cosa de extrañar. Desde que se realizó la campaña electoral y desde que se definió la elección en favor de López, aquellos no solo habían arreciado sus acusaciones contra los liberales señalándolos de haber fomentado la guerra que se desató en el país entre 1839 y 1842, y de haber avivado la anarquía, el desorden y la desmoralización que reinaba en la sociedad neogranadina,³¹ sino que habían expresado su decisión de oponerse al gobierno liberal,³² usando incluso el poder de las armas si acaso fuera necesario.³³

Con ese tipo de declaraciones, liberales y conservadores fueron allanando el camino que muy pronto los llevó a la guerra. Ese fue el acertado vaticinio que hizo un observador al indicar que “detrás de esas pasiones exaltadas, con sus ojos ardientes y con su boca espumosa, se asomaba una amenazadora guerra que, como Saturno, venía a devorar a sus propios hijos”.³⁴ Y la guerra, en efecto, no se hizo esperar; y no se hizo esperar porque ella había sido prefigurada desde 1849 en virtud del animus belli que liberales y conservadores habían construido y difundido a propósito de los resultados electorales, de las reformas que el gobierno impulsó y de las diferencias que ambos tenían respecto de los fundamentos políticos y morales sobre los cuales buscaban y pretendían guiar a la sociedad y al Estados neogranadinos.³⁵

Además de los costos humanos y económicos que generó, la guerra desbrozó el camino que la facción más radical del partido liberal (llamada despectivamente Gólgota por la facción moderada que, su vez, fue bautizada por sus contrarios con el apelativo de Draconiana),³⁶ estaba labrando para consumar sus objetivos, esto es, para elevar a rango constitucional su proyecto reformista. Aunque esa idea venía maquinándose desde mucho tiempo antes, al ganar la contienda bélica, los liberales radicales tuvieron vía libre para proceder en la materia. Ya con antelación los promotores de ese proyecto habían argumentado que

El código político de la Nueva Granada, obra de otro tiempo Y de otras circunstancias, no lo aceptan los hombres de hoy cuyos principios políticos contradice. (…) Los pueblos sienten un malestar que no reconoce otra causa sino la necesidad de la reforma de la constitución.³⁷

Asimismo, y con la intención de persuadir a quienes desconfiaban del carácter e importancia de las reformas, López dijo que estas eran “el último acto de esa gran lucha iniciada en 1810 entre el partido dominador de entonces i la nueva idea regeneradora, no bien comprendida antes i puesta en evidencia después del 7 de marzo de 1849”.³⁸

Convencidos de la legitimidad de su proyecto político, los liberales obraron con empeño para materializarlo y no solo lograron persuadir a algunos de sus adversarios sobre la necesidad de realizarlo, sino que lograron obtener el respaldo de una parte de ellos. De esa manera, y luego de un fecundo debate, a mediados de 1853 el Congreso de la república dio a conocer la nueva Constitución en la que, tal y como lo pretendieron sus promotores, quedó consignado el proyecto liberal. El reconocimiento y garantía de la libertad individual sin otro límite que la libertad de los demás; la inviolabilidad de la propiedad; el libre ejercicio de industria, profesión y trabajo sin otra restricción que la establecida por la ley; el libre ejercicio de la fe religiosa con tal de que no se afectara la paz pública; el respeto de los derechos civiles; el derecho de reunión y libre expresión de pensamiento y opinión; el juicio por jurados y la ratificación de la abolición de la esclavitud fueron, al efecto, los primeros dictámenes de la Carta, y a ellos se agregaron otros relativos a la autonomía fiscal y administrativa que se le otorgaba a las provincias y las facultades que se le concedía al presidente de la república para que firmara tratados con Ecuador y Venezuela con el fin de restablecer la unión colombiana bajo un sistema federal.³⁹

Habiendo elaborado las herramientas jurídicas y constitucionales que requerían para sustentar su proyecto político, los liberales radicales celebraron su obra y con ese mismo entusiasmo también festejaron que su candidato a la presidencia de la república, el general José María Obando, hubiese nombrado para el cargo. Empero, y a menos de un año de que la Carta hubiese sido promulgada y de que Obando hubiese sido elegido, en la madrugada del 17 de abril de 1854, los integrantes del ejército adscritos a la guarnición militar acantonada en Bogotá bajo el mando del general José María Melo, junto con los integrantes de las denominadas sociedades democráticas en las que se agrupaban miles de artesanos y hombres plebeyos que se dedicaban a la realización de diversos oficios y trabajos,⁴⁰ y que en ese momento también actuaban como miembros de las llamadas guardias nacionales,⁴¹ se alzaron en armas, perpetraron un golpe de Estado, defenestraron al presidente, instauraron un gobierno provisorio y empezaron a desplegar una vigorosa campaña propagandística en contra de las reformas y la Constitución política recientemente instituidas, y en favor de la rebelión y las reformas que, a su parecer, debían implementarse con el fin de regenerar la república.⁴²

El hecho, catalogado por muchos observadores contemporáneos como un “pueril motín militar”,⁴³ como una “triquiñuela” que su principal dirigente, el general José María Melo (1804-1860), había urdido para evadir sus responsabilidades judiciales debido a la acusación que se le hizo por el asesinato de un subalterno, el cabo Pedro Quirós,⁴⁴ o incluso, como un vacuo alboroto de una fanatizada muchedumbre que había sido arrastrada a protagonizar tan deleznables episodios,⁴⁵ evidenció, sin embargo, que sus protagonistas no solo eran hombres dotados de una notable conciencia política, sino que, al igual que sus antagonistas, tenían vocación de poder y un proyecto político para una república que, a su decir, debía ser regenerada. Contrario a lo que adujeron los reformistas liberales, el alzamiento perpetrado por los insurrectos no únicamente fue la respuesta que los sublevados les dieron a algunas de esas reformas; al efecto, también fue el procedimiento mediante el cual hicieron notar que tenían una clara concepción de lo que debía ser el orden político, institucional y moral que habría de regir en la Nueva Granada. Pero ¿cuál fue el fundamento de su alzamiento?, ¿cuáles fueron las reformas que propusieron? y ¿a qué aludió su idea de regenerar la república?

La rebelión: el proyecto político contra hegemónico

Aunque las reformas impulsadas por los liberales radicales fueron promovidas con el argumento de que ese era el ineludible camino que el Estado y el pueblo neogranadino tenían que seguir para salir de su atraso, no todos los actores políticos y sociales del país estuvieron de acuerdo con ellas. Los conservadores se opusieron por estrategia política y electoral; el estamento eclesiástico también planteó sus reparos en razón de la afectación directa que aquellas generaban sobre la iglesia, aduciendo que la intervención del Estado en los asuntos eclesiásticos solamente acarreaba vejaciones e inaceptables insultos para los vicarios de Cristo,⁴⁶ y a esos reparos se sumaron los artesanos y una amplia fracción del ejército por considerarlas lesivas a sus intereses gremiales y corporativos y contrarias a los intereses del pueblo neogranadino.

No obstante que los artesanos ya habían expresado su antipatía por la imposición de la ley de libre cambio y por la manera despreciativa con que los había tratado el gobierno presidido por José Hilario López al que ellos mismos habían ayudado a elegir,⁴⁷ y aunque los simpatizantes del ejército también se habían pronunciado contra las ideas y proyectos que los liberales habían promovido con el fin de abolir a ese cuerpo armado,⁴⁸ una vez consumado el golpe de Estado, la animadversión contra esas y otras tantas reformas no solo fue usada estratégicamente como recurso de persuasión con el fin de fomentar la indignación social y, por esa vía, buscar el apoyo que los alzados en armas requerían para legitimar sus acciones,⁴⁹ sino que, por lo mismo, fue invocada como una legítima declaración de inconformidad que habría de servirles a los insurrectos como recurso para constituirse en opción política contrahegemónica.

Aunque la perpetración del golpe de Estado fue inesperada, la acción política que los rebeldes emprendieron contó con un terreno social y político bien abonado. Poco tiempo antes no solo se había generado una serie de movilizaciones sociales y populares en rechazo al acaparamiento, la especulación y el aumento del precio de los alimentos que se había suscitado por efecto de las heladas y sequías que se produjeron en la sabana de Bogotá, lo mismo que contra el inequitativo régimen tributario que imponía más gravamen a los artesanos que a los terratenientes e importadores,⁵⁰ sino que el país se había convertido, por una parte, en receptor del variado conjunto de ideas políticas (liberalismo, socialismo, anarquismo, romanticismo) que por entonces se hallaban en apogeo en Europa, y con las cuales muchos grupos sociales modelaron su “conciencia política”,⁵¹ y, por otro lado, en epicentro de múltiples manifestaciones protagonizadas -en muchos casos con violencia- por artesanos, labriegos, esclavos recién manumitidos y comunidades negras e indígenas.⁵²

Su intención y determinación por mejorar sus condiciones de vida, poseer tierra, ser reconocidos e incluidos como sujetos de derechos, e incluso, expresar el rechazo y el odio que sentían por los grupos políticos y sociales dominantes en distintas regiones del país, especialmente del suroccidente neogranadino en donde las diferencias étnicas y raciales estaban más acentuadas y, por lo mismo, más proclives al conflicto, los había llevado a una abierta confrontación con terratenientes y hacendados de la región, no obstante que, como lo ha mostrado ^Sanders, allí también existían diversas formas de negociación y tratamiento del conflicto que históricamente se había suscitado entre distintos grupos socioétnico- raciales.⁵³

Con esa situación de por medio, pero no como consecuencia directa de ella, la rebelión fraguada por artesanos y militares encendió su llama en los albores del 17 de abril de 1854. Tras haber fracasado en su intento de convencer al propio presidente de la república, el general José María Obando, para que él mismo acaudillara la rebelión pues este no solo provenía de las filas del ejército, sino que gozaba de un envidiable apoyo popular, los insurrectos no encontraron otra salida que deponerlo e iniciar la ardua tarea de instaurar un nuevo gobierno, resistir ante la embestida bélica que emprendieron sus adversarios y, de modo particular, tratar de legitimar la rebelión y su proyecto político mediante la difusión de un variado conjunto de mensajes, símbolos y decisiones que, a su vez, habrían de ser el fundamento del proyecto político y moral contrahegemónico que buscaron construir, validar e imponer.

En cuanto a los primeros aspectos, los líderes de la rebelión actuaron con pragmatismo y cálculo político. Para empezar, decidieron ratificar al general José María Melo como presidente de la república y nombrar un secretario general y cuatro secretarios de Estado (Interior y del Culto, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, y Hacienda) con el fin de que cumplieran las labores fundamentales que a cada despacho le correspondía llevar a cabo,⁵⁴ y de que asesoraran al presidente en sus funciones y decisiones.⁵⁵ De la administración de Justicia se encargarían la Alta Corte y los tribunales provinciales y el gobierno de las provincias sería liderado por gobernadores nombrados por el presidente de la república, los cuales, a su vez, se encargarían de nombrar a los jefes políticos y a los alcaldes de cantones y parroquias, y recaudarían los dineros que los particulares le adeudaban al tesoro público.⁵⁶ Invocando la soberanía popular como principio de todo orden político e institucional, enfatizaron en que el Gobierno instaurado tendría un carácter provisional, y adujeron que este sería reemplazado en el momento en que una Convención Nacional, integrada por los genuinos representantes del pueblo, redactara y emitiera una nueva Constitución⁵⁷ que, al efecto, habría de reemplazar la Carta de 1843 que los rebeldes decidieron reimponer, y no la Constitución liberal que recientemente había sido emitida (1853), pues esta fue derogada por considerarla contraria al interés nacional y al deseo de los neogranadinos.⁵⁸

Con esta última medida los rebeldes no solo afirmaron su decisión de condenar todas las acciones y decisiones tomadas por la facción radical del partido liberal y destacar la culpa que les asistía por haber desmoralizado y degenerado la república. A tal efecto, también buscaron validar las decisiones y las acciones de facto que habían tomado desde que decidieron perpetrar el golpe de Estado, argumentando que, en razón de la burla con que el pueblo neogranadino había sido tratado por los intransigentes autores de esa Constitución, en virtud del crimen que habían perpetrado contra las instituciones republicanas, y debido a la arbitraria y abusiva imposición de leyes e instituciones que eran contrarias al espíritu, carácter, deseo y necesidad del pueblo neogranadino, a los militares y artesanos, encarnación misma del pueblo, no les había quedado ninguna otra opción que tomarse el Gobierno para salvar y regenerar la república.⁵⁹

Este fue el argumento legitimista que desde un comienzo emitió el general Melo, y ese también fue el mensaje que propagaron los insurrectos durante todo el tiempo que duró la rebelión. La toma del Gobierno, dijeron, había obedecido a una obligación moral que les impelía a salvar la república luego de que sus sempiternos enemigos la habían llevado a la anarquía; de que hubieran creado instituciones que en vez de salvaguardar las libertades y los derechos de los ciudadanos, habían impuesto un régimen despótico; de que con su arbitrariedad hubieran pretendido borrar de un solo golpe al “ilustre cuerpo de ciudadanos armados que [habían] dado independencia a estos pueblos”; de que hubieran “vilipendiado la religión”; de que hubieran “roto los vínculos de la moral”, y de que hubieran disgregado a las provincias, hundiéndolas en el desorden,⁶⁰ tras haber aprobado leyes que fomentaban y favorecían la imposición de un sistema federal que no se correspondía con el carácter y las necesidades del país.⁶¹

En tanto que su urgente necesidad no consistía únicamente en validar las causas de la insurrección, sino en construir los cimientos de su proyecto político y en posicionarse como una fuerza capaz de dirigir los destinos del Estado y del pueblo neogranadinos, los insurrectos continuaron desvirtuando la obra política y los fundamentos ideológicos que sus adversarios, los “deslumbrados y desvanecidos miembros de la Escuela Republicana [liberales radicales]” habían impuesto en la Nueva Granada enceguecidos por “sus febricitantes lucubraciones” creyendo que era “posible practicar en la tierra granadina los mas absurdos sistemas, las mas inverosímiles fantasías” predicadas por los socialistas franceses.⁶² A su decir, la obra de los liberales radicales debía ser proscrita por ser la portadora del virus socialista y anarquista que rondaba y amenazaba la integridad moral e institucional de la república y de la nación.⁶³ Ante semejante estado de cosas, adujeron, a los insurrectos se les había presentado la obligación de obrar con las armas en la mano para fomentar “una rejeneracion en el país que nos salve del abismo a que hemos caminado rápidamente”, a la cual debían sumarse “los hombres moderados, los que tienen propiedades que perder cuando triunfen los esfuerzos de los gólgotas, los que quieren la ilustración i la moral de sus hijos, en fin, los que aman el orden”.⁶⁴

Al enunciar esos aspectos los rebeldes no solo pretendieron ensanchar el universo de motivos en virtud de los cuales buscaron legitimar la rebelión. Al proceder en esos términos también buscaron destacar los asuntos que debían modificarse para regenerar la república, esto es, para proteger al pueblo de los oprobios a los que había sido sometido; para salvaguardar las instituciones republicanas que tanto los liberales como los conservadores habían mancillado,⁶⁵ y claro, también para resarcir el daño que se les había causado a los artesanos y para reivindicar la necesidad de que el ejército se mantuviera incólume y activo.⁶⁶ En virtud de tales consideraciones, la regeneración de la república no debía entonces entenderse como la simple creación de una nueva carta constitucional o como la reimposición de la carta política de 1843, y tampoco como la mera proscripción de las élites liberales y conservadoras que hasta entonces habían regentado la vida política e institucional del país.⁶⁷

A su entender, dicha obra también debía asociarse con la restauración del orden moral cristiano-católico trastocado por los liberales radicales que habían tomado la decisión de expulsar a los jesuitas del país y de conculcarle los bienes y derechos a la iglesia, lo mismo que con la reparación del orden educativo que aquellos habían vulnerado al fomentar la libertad absoluta de enseñanza, y también con el control que el Estado debía ejercer sobre los productores, comerciantes y financistas que acaparaban bienes de consumo básico y especulaban con ellos, que atesoraban fortunas a expensas del sacrificado trabajo de los pobres y del sufrimiento de los soldados que habían entregado sus vidas para darles libertad, y que no cesaban de explotar al pueblo para beneficio particular.⁶⁸

Conscientes de que el éxito de su proyecto dependía del apoyo social y político que pudieran -y que debían- obtener de los ciudadanos y habitantes del país, tanto los líderes de la rebelión como sus propagandistas no ahorraron esfuerzos ni imaginación con tal de reivindicar y divulgar las causas que habían motivado su insurrección, y tampoco desestimaron la fuerza con que sus opositores se interpondrían en su camino. Siendo asunto para el que se dispusieron desde el momento en que consumaron el golpe de Estado, los insurrectos marcharon a los campos de batalla con el solemne nombre de ejército regenerador con la convicción de que no solo ganarían la guerra, sino que a través de esta validarían la rebelión y regenerarían la república. Empero, ni sus acciones ni los mensajes que enviaron a través de los periódicos lograron sobrepasar los alrededores de la capital, debido a que los llamados ejércitos constitucionales dirigidos tanto por los inveterados generales Joaquín París, Tomás Herrera, José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera como por otros oficiales impidieron que los ejércitos rebeldes avanzaran, salvo contadas excepciones, más allá de la sabana de Bogotá, cosa que, al cabo de poco tiempo, haría que los insurrectos se vieran forzados a declinar.⁶⁹

Los límites de la rebelión

No obstante que la causa rebelde contó con simpatizantes en diversos lugares del país,⁷⁰ y a pesar de que los ejércitos rebeldes mostraron determinación para hacer la guerra,⁷¹ la rebelión terminó ahogándose debido a las estructurales dificultades que el gobierno provisorio tuvo para acopiar los recursos que se requerían para financiar la guerra, acrecentar el pie de fuerza de sus tropas y mantener la lealtad de quienes inicialmente simpatizaron con la rebelión, pero también a efecto de la cruel represión que las tropas constitucionalistas desplegaron en diversos lugares del país contra los rebeldes y contra los simpatizantes de dicha causa. Según testimonio de los jefes militares del ejército regenerador, cuando las tropas de los constitucionalistas tomaron el cantón de Chocontá, “todas las personas libres de aquella ciudad [fueron] tratadas por los enemigos del modo más triste, no respetando como nunca lo han hecho ni el sexo débil de la mujer”.⁷² En Cali, según lo han señalado varios historiadores, aquellos también actuaron con desbordada inquina contra los integrantes de las sociedades democráticas que apoyaban la rebelión, y de esa misma manera actuaron en Ciénaga-Magdalena contra quienes fueron sindicados de simpatizar con la insurrección.⁷³

Tan adversa como la represión fue la dificultad que tuvieron los rebeldes para acopiar recursos. Aunque en un comienzo el Gobierno provisorio se propuso recoger alrededor de 20 mil pesos por concepto de donaciones, apenas logró recaudar algo más de 13 mil pesos que, aun cuando significativos, resultaron insuficientes para sostener una guerra que cada día demandaba más recursos.⁷⁴ Ante esa adversa situación, el Gobierno tuvo que decretar una serie de medidas fiscales notoriamente impopulares. A ese respecto, dictaminó que todos los propietarios de ganado que hubiera en la provincia de Bogotá debían hacer contribuciones en razón de 50 centavos por cada vaca, toro, buey, caballo, yegua y mula que tuvieran, con multa de 4 pesos por cada uno de los animales que se poseyera cuando sus dueños no cumplieran con el pago de dicha obligación.⁷⁵ El recaudo de esos dineros, lo mismo que el de los préstamos voluntarios y forzosos resultó muy difícil, tanto porque el Gobierno provisorio no logró extender su influencia más allá del centro del país, como porque los potenciales prestamistas a los cuales solían recurrir los gobernantes en tiempos de guerra, les cerraron las puertas a los sublevados debido a su carácter ilegal y a su inminente y presagiada derrota en la guerra.⁷⁶ Asimismo, y aunque trató de mantener bajo su control las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón de las cuales se extraían importantes recursos, ese empeño no fue materializado plenamente, debido a que la zona fue convertida en uno de los principales teatros de la confrontación armada.⁷⁷

Aunque hicieron todo tipo de esfuerzos para obtener los recursos humanos y financieros que requerían para hacer y sostener la guerra, y a pesar de que tomaron toda clase de medidas como convocar a todos “los jefes i oficiales retirados o en uso de licencia indefinida” para que se reincorporaran al ejército,⁷⁸ prohibir las reuniones tumultuarias, castigar la difusión de noticias falsas, controlar el porte de armas⁷⁹ y crear y establecer tribunales en la capital y en las provincias a fin de que juzgaran a quienes fueran sindicados de sedición, conspiración y traición, aduciendo, por demás, “que la conservacion del órden público i el triunfo de la rejeneracion social” (…) exigían “medidas fuertes que [reprimieran] la audacia de los conspiradores”,⁸⁰ los rebeldes apenas pudieron resistir la embestida de sus adversarios.

Los combates empezaron a desarrollarse pocas semanas después de consumado el golpe de Estado, y aunque los rebeldes se impusieron en las primeras batallas, con el paso de los meses, la guerra fue inclinándose en favor del bando constitucionalista. Según lo describió Tomás Cipriano de Mosquera, desde que se perpetró la rebelión, los jefes del bando constitucionalista empezaron a reprimir los focos rebeldes, a organizar sus tropas y a movilizarse con el objetivo de cercar a Bogotá.⁸¹ Desde las provincias de la costa Caribe, lo mismo que desde Cauca, Popayán, Cali, Neiva, Mariquita, Honda, Medellín, Pamplona, García Rovira, Tundama, Socorro, Vélez, Tunja y norte y occidente de Cundinamarca, aquellos organizaron y emprendieron una portentosa campaña militar contra los rebeldes.⁸²

La situación empezó a tornarse adversa para los sublevados y muchos esfuerzos tuvieron que hacer con el fin de aumentar el pie de fuerza que se requería para contener el avance de los autoproclamados constitucionalistas.⁸³ Tratando de inclinar la balanza a su favor, el general Melo decretó que todos los militares y civiles que forzosamente se hallaban en el bando contrario, serían indultados y acogidos sin ninguna recriminación ni retaliación con tal de que pasaran a servir a la causa revolucionaria.⁸⁴ Su objetivo, tan audaz como desesperado si se tiene en cuenta el poco o nulo control que alcanzaron en las provincias en donde los constitucionalistas tenían concentradas sus fuerzas, era romper la unidad del adversario y ganar la voluntad de sus tropas para ponerlos de lado de la revolución.

Ante la avanzada de los constitucionalistas, Melo y sus ministros nuevamente se vieron forzados a tomar medidas tan ingeniosas como difíciles de materializar. A más de decretar la conscripción de todos los hombres que pudieran servir en el ejército regenerador con el fin de aumentar el pie de fuerza a veinte mil soldados,⁸⁵ decidieron que tanto los batallones que ya existían como los que ahora debían crearse, debían llevar nombres que resaltaran figuras y momentos memorables de la historia patria nacional, como aquellos que se relacionaban con la gesta independentista y sus eximios héroes. Aunque lo pareciera, su decisión no era cosa trivial. Su objetivo consistía en despertar la sensibilidad de los neogranadinos, vinculando esos “magnos episodios y personajes” de la independencia con el proyecto político que ahora se enarbolaba, con el fin de dotarlo de legitimidad y de concitar la simpatía, el apoyo, la identidad y la pertenencia de quienes integraban e integrarían esos cuerpos armados.⁸⁶

Aunque comprensibles, sus esfuerzos y propósitos fueron infructuosos. Las esperadas adhesiones nunca se produjeron y la conscripción fue simplemente imposible de llevar a cabo. A pesar de las desesperadas decisiones que tomaron para fortalecer su ejército, los rebeldes tuvieron su escollo no sólo en la insolvencia fiscal y en el poderío militar de sus adversarios, sino en las crecientes deserciones que fueron presentándose. Según los informes y misivas remitidas por los jefes militares del ejército regenerador, tras el despliegue de las acciones ofensivas que las tropas constitucionalistas ejecutaron en los lugares en que los rebeldes resistían, las deserciones de las fuerzas rebeldes aumentaron de manera ostensible y los combates fueron menguando su capacidad de lucha.⁸⁷

Con alrededor de 8.780 combatientes, las fuerzas constitucionalistas, organizadas en los llamados ejército del norte y ejército del sur comandados respectivamente por los generales Mosquera y López, crearon un cerco con el cual rodearon a los poco más de tres mil hombres con que contaba la retaguardia rebelde, y avanzaron hacia Bogotá.⁸⁸ El 4 de diciembre de 1854, luego de 7 meses y 17 días, la rebelión era ahogada no obstante los múltiples esfuerzos que los sublevados habían hecho para resistir, defender sus derechos, materializar sus proyectos y reencauzar los rumbos de la república. El ataque fue definitivo; según testimonio de los jefes políticos y militares constitucionalistas, los rebeldes muertos no fueron menos de ciento cincuenta; los heridos sobrepasaron los doscientos, y los prisioneros fueron alrededor de mil ochocientos.⁸⁹ Aun cuando algunos fueron exonerados, otros más fueron obligados a realizar trabajos forzados y más de trescientos fueron enviados a prisión en Panamá.⁹⁰

Aunque la determinación de los rebeldes fue llevar su causa hasta las últimas consecuencias, la rebelión fue derrotada debido a las adversas condiciones materiales, la constante presión recibida de parte de sus adversarios, las derrotas militares que padecieron y la deserción de muchos integrantes del ejército regenerador. Empero, y gracias a su irreverencia e inconformidad, los artesanos y militares lograron mostrarse como sujetos de derechos, como agentes del cambio político e institucional que requería la república y como alternativa de poder frente al dominio que ejercía el bloque conformado por los recién fundados partidos políticos liberal y conservador. Aunque no lograron regenerar la república transformando el régimen político existente, con su revolución, sustentada en un vasto universo de principios políticos y morales, los insurrectos lograron poner en discusión los fundamentos sobre los cuales este se erigía, lo mismo que las injusticias y desigualdades sociales, políticas y económicas existentes en el país. En uno y otro caso, y al margen de los efectivos alcances que tuvieron sus acciones y decisiones, esos hombres lograron hacerse notar como protagonistas de la vida política nacional y como sujetos con vocación de poder.

Conclusiones

Como todo hecho y proceso histórico, tanto el reformismo liberal como la rebelión artesano-militar continúan ofreciendo múltiples posibilidades de interpretación. En esta ocasión, nuestra pesquisa nos permitió destacar que, al margen de su real concreción, esas dos experiencias políticas, concatenadas por el tiempo y por la misma dinámica de la vida política nacional, pusieron de presente las ideas, expectativas, deseos, intereses y preocupaciones que los principales actores de la vida política nacional tuvieron respecto de lo que debía ser el orden institucional y moral de la república. Lejos de reducirlas a una simple expresión de los intereses de clase, esas experiencias dieron cuenta del genuino convencimiento e interés que los protagonistas de esa historia tuvieron no solo con respecto a las posibilidades y a las necesidades de mejorar las instituciones estatales para hacerlas funcionales y congruentes con las condiciones materiales, políticas y sociales existentes, sino al derecho que unos y otros tenían para acometer ese objetivo, para hacerse participes directos de la transformación institucional que el país requería y para mostrarse como sujetos de derecho.

Aunque el proyecto político promovido en aquel entonces por los dirigentes liberales ha sido ampliamente estudiado, y hasta destacado, por el significado que su accionar tuvo para las transformaciones de diverso orden que se vivieron en el país durante las siguientes décadas, el escrutinio del proyecto político construido por los artesanos y militares sublevados también posibilita entender cómo (al margen de que su proyecto no haya prosperado) los sectores populares se vincularon a la vida política del país, ya no solo en condición de sufragantes, sino en condición de sujetos políticos convencidos de sus capacidades de transformar el orden existente. Así pues, y aun cuando cada vez contamos con más investigaciones sobre la rebelión artesano-militar, algunas preguntas que quedan por abordarse y resolverse han de relacionarse con las razones por las cuales el resto del ejército no se sublevó; con la misma composición de clase de dicho cuerpo armado a fin de comprender si este fue o no un factor determinante de que no todos los militares se hubieran plegado a la rebelión; con las razones por las cuales el artesanado de otras regiones, provincias y ciudades no se sumó a la rebelión de manera decidida como sí lo hicieron los de Bogotá; e incluso, con el papel que desempeñó la iglesia en relación con la rebelión, pues no obstante que los rebeldes se manifestaron abiertamente en favor de la protección de aquella y de la doctrina cristiana como fundamento de la moral pública, el lugar y papel que la institución eclesiástica ocupó y desempeñó en aquel crucial momento de la vida política nacional resulta aún difuso.

Hemerografía

Diario Oficial

El 17 de Abril

El Día

El Fanal

El Patriota

El Porvenir

El Siglo

El Sufragante,

Gaceta Oficial

La Democracia

La Voz del Pueblo

Fuentes impresas

Actas del Congreso de Cúcuta, 1821, Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de la República, 1990 (tres tomos).