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Introducción
La digitalización está cambiando las estructuras sociales tradicionales (Afonina y Vinogradov, 2023). En este contexto, el Gobierno Digital (GD), como aquellas políticas de adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector público, ha emergido como una necesidad en la transformación gubernamental (Eom y Lee, 2022). Desde una perspectiva de mejora a la gestión pública, el GD, a través de sus principios de eficiencia, transparencia y participación ciudadana promete no solo mejorar la prestación de servicios, sino también fortalecer la gobernabilidad y la rendición de cuentas en los Estados contemporáneos (Luna-Reyes, Gil-García y Sandoval-Almazán, 2015).
A pesar de los beneficios del GD, su implementación no está exenta de desafíos y riesgos. En particular, el uso de tecnologías digitales emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías de reconocimiento facial en la gestión pública pueden derivar en mecanismos de vigilancia masiva, cuyo seguimiento constante de los ciudadanos facilita prácticas de control social (Xu, 2021). Esta tendencia se observó con mayor intensidad durante la pandemia COVID-19 cuando gobiernos como el de China activaron sus sistemas de vigilancia digital masiva para rastrear, confinar y controlar los movimientos de las personas bajo el argumento de gestionar tiempos extraordinarios; en este caso relacionados a la crisis sanitaria (Kummitha, 2020).
Este enfoque plantea una amenaza para las libertades civiles, no solo en China, sino también hacia fuera como un modelo exportable a otros países (Polyakova y Meserole, 2019), debido a sus características atractivas de control social basado en el sistema de reputación social digital como el Sistema de Crédito Social (SCS), que recopila y analiza información de la población y las organizaciones a través de medios digitales, clasificándolos en confiables o no confiables para luego recompensarlos o sancionarlos según su comportamiento en el acceso a servicios como trasporte, educación, empleo, etc. (Aho y Duffield, 2020) o la construcción de modelos similares no limitados a la seguridad.
Estudios previos han abordado las implicaciones del SCS chino. Polyakova y Meserole (2019) destacaron su atractivo para países democráticos por su potencial de control social. Wong y Dobson (2019) hicieron un análisis comparativo de las estructuras y culturas del SCS con las cuales ya están presentes en países democráticos liberales occidentales como la calificación de las personas en las redes sociales.
Xu (2021) señaló que más de 38 países del mundo, tanto autocracias como democracias, planeaban adoptar variantes del sistema. Kummitha (2020) evaluó su efectividad durante la pandemia para la identificación, el aislamiento y la cuarentena de personas infectadas. Aho y Duffield (2020) exploraron sus impactos ideológicos, sociales y económicos, mientras que Rabe y Kostka (2024) analizaron las percepciones del SCS en el sudeste asiático.
Este artículo se integra a esta línea de investigación al aportar un análisis holístico del SCS desde la política digital de China mediante el análisis cualitativo de texto de los instrumentos y estudios relacionados con el Sistema a través del software MAXQDA para identificar sus componentes, caracterizar sus implicaciones en la vigilancia y/o el control social y comprender de manera integral su funcionamiento en dicho país, así como anticipar categorías y elementos de su posible adopción y análisis en otros países, entre ellos, occidente (donde mayormente se ha visto como una pesadilla orwelliana) y en especial en los países latinoamericanos.
Ruta teórica
La fundamentación teórica de este estudio parte de la tensión entre dos modelos contemporáneos de política digital: el enfoque occidental-liberal centrado en los derechos individuales y el modelo chino de control digital estatal, basado en la ingeniería del comportamiento social. A través de esta distinción se articulan dos paradigmas de uso del poder algorítmico: la gobernanza digital liberal, donde la tecnología se orienta a la mejora de servicios públicos como a la participación y la gobernanza algorítmica centrada en el Estado, el cual emplea tecnologías para la producción de conductas deseables según criterios estatales. Esta perspectiva comparada constituye el marco conceptual que orienta el análisis del SCS, entendiendo que su diseño se apoya en una infraestructura estatal de control basada en datos.
Política digital en occidente
Los modelos teóricos de GD reflejan la ideología, el contexto y las aspiraciones de los países que lo implementan. Desde una perspectiva occidental, la política digital se basa en principios como eficacia, eficiencia, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos y modernización (Luna-Reyes et al., 2015). En sus primeras etapas, este enfoque buscó equilibrar lo tecnológico con lo humano (Kummitha, 2020). La tecnología, además de mejorar el quehacer gubernamental, está orientada a que los ciudadanos y/o seres humanos puedan acceder a servicios públicos, ejercer sus libertades y derechos como promover la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.
Existen dos corrientes principales dentro del modelo occidental: una ligada a la modernización de la gestión pública y la gobernanza con énfasis en la eficiencia y calidad de los servicios públicos, articulando al liberalismo neoclásico; y otra asociada al liberalismo clásico centrada en la división de poderes y en la defensa de los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad, consideradas inherentes e inalienables (Locke, 1690; Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, 1776; Bastiat, 2005). En los dos casos colocan límites normativos importantes frente a los modelos de control digital total, lo cual justifica la exigencia por la privacidad de los datos y el respeto a las libertades individuales (Kummitha, 2020).
En el desarrollo del GD, el enfoque concordó con el modelo neoliberal (neoclásico) y la globalización, cuyo propósito fue facilitar la comunicación instantánea a nivel global (Mattelart, 2002; Gendler, 2016) con un énfasis particular en las grandes ciudades y empresas, especialmente las tecnológicas como Google y Facebook. A medida que estas compañías adquirieron un papel central en la economía y la sociedad, la política digital occidental comenzó a inclinarse hacia el capitalismo de la vigilancia; un sistema que convierte la experiencia humana en materia prima para su extracción, predicción y modelado comercial (Zuboff, 2019).
Este enfoque, inicialmente empresarial, fue adoptado también por gobiernos occidentales con fines de seguridad, especialmente después del atentado del 11 de septiembre de 2001 (Chang, 2002) mediante sistemas de monitoreo masivo implementados en países como Estados Unidos de América (EUA), Reino Unido y Alemania (Greenwald, 2013).
Lyon (2020, p. 2) destaca: “los gobiernos, especialmente los estadounidenses, británicos, canadienses posiblemente otros organismos, participan en un seguimiento de las poblaciones a una escala sorprendentemente grande”. Aquello que refleja la creciente convergencia entre las esferas tecnológica y gubernamental en materia de vigilancia digital; los fines en unos casos de tipo comercial, en otros de seguridad y políticos, se desarrollan sin una legislación y de espaldas a los ciudadanos.
Política digital china
Aunque el capitalismo de la vigilancia se originó en occidente, ha sido adaptado en China bajo una lógica diferente: allí es el Estado el que lidera los proyectos tecnológicos de control social, convirtiendo la política digital en una herramienta explicita de gobernanza (Zuboff, 2019). Si bien en sus inicios, en los años noventa, contó con la participación de grandes empresas tecnológicas, China ha seguido un modelo centrado, tanto en la tecnología como en el control estatal (Kummitha, 2020). La tecnología es vista como la solución a los problemas públicos no solo sobre servicios, sino de orientación cultural y control político, dando lugar a un proyecto intrínsecamente político.
El Estado chino no lo “valora como un proyecto de mercado, sino como un proyecto político: una solución de inteligencia de máquinas con la que dar forma a una nueva sociedad de conductas automatizadas dirigidas a producir unos resultados políticos y sociales garantizados” (Zuboff, 2019, p. 486). Esto se da porque las políticas que integran la agenda digital de China como los proyectos Escudo Dorado, el control de los datos mediante la Ley de Ciberseguridad, el sistema de vigilancia mediante el reconocimiento facial y el SCS son alimentados por fuentes, tanto públicas como privadas, pero controlados por el Estado (Xu, 2021; Kostka, Steinacker y Meckel, 2023).
Zuboff (2019) lo ha denominado un ejemplo de totalitarismo digital, pues estos sistemas buscan producir conductas preseleccionadas y juzgadas deseables por el Estado, según para prevenir la inestabilidad. En sus inicios, estos proyectos fueron impulsados por empresas privadas, siguiendo una tendencia similar a la observada en occidente. Sin embargo, el gobierno retiró su apoyo a los proyectos de reputación social impulsados desde el sector privado (Zuboff, 2019), posiblemente por la percepción de la concentración excesiva de conocimiento y poder que podrían amenazar al Estado.
Este cambio de enfoque y la estructura de poder centralizado en China concuerda con lo investigado por Kostka et al. (2023), quienes plantean que la aceptación social de las tecnologías de vigilancia es mayor cuando lo dirigen los gobiernos centrales, máxime si tienen aprobación positiva de la población. Para Zuboff (2019) el SCS en China ejemplifica el capitalismo de vigilancia y el poder instrumental que este genera. Además, señala que el control social digital presente en China no es más que un ejemplo de “una serie de sistemas administrativos generalizados e institucionalizados dedicados al control y vigilancia de la conducta en la vida cotidiana que otorgan distinciones a algunos habitantes y castigan a otros” (Zuboff, 2019, p. 485). Por tanto, el control no es nuevo, sino que las TIC son un instrumento de perfección del sistema existente con centralidad en el Estado.
El modelo chino de política digital está estrechamente ligado a su régimen político. Se trata de un sistema autocrático bajo un régimen comunista, caracterizado por un fuerte intervencionismo gubernamental (Arendt, 1973). Entre sus rasgos se encuentran una ideología marxista-comunista dominante, un liderazgo centralizado con culto a la personalidad, una estructura jerárquica rígida y el predominio del Partido Comunista Chino (PCCh) (Tan y Song, 2022; Yang, 2023). En este contexto, el SCS representa una forma institucionada de control social digital que premia y castiga a los ciudadanos en función de su comportamiento.
Etapas de la política digital china
La política digital en China ha evolucionado en tres grandes etapas entre 1994 y 2020, marcadas por un fortalecimiento progresivo del control estatal mediante tecnología. La primera fase se centró en la implementación de sistemas de identificación masiva, base para construir registros poblacionales unificados. La segunda introdujo reconocimiento facial e IA aplicados a la videovigilancia en espacios públicos, orientado a la seguridad y el orden social.
En la tercera etapa surgió el SCS, una política integral que recolecta y puntúa información de diversas fuentes, financieras y sociales para premiar o sancionar comportamientos ciudadanos. Aunque distinguibles estas fases coexisten y siguen perfeccionándose con nuevas tecnologías y marcos normativos, consolidando un modelo de gobernanza digital centralizada basada en la ingeniería social y el control algorítmico.
Primera fase
La primera fase abarcó de 1994 a 2007, durante la cual se enfocó en la identificación y la vigilancia por parte del gobierno mediante el proyecto de Escudo Dorado (Walton, 2001; Xu, 2021). Esta fase inicial concluyó entre 2005 y 2007 con el establecimiento de “bases de datos de población, sistemas de seguimiento de identidad y herramientas de vigilancia de Internet” (Xu, 2021).
Este sistema integrado incluía una plataforma local que recopila información como fotografías, números de identificación, direcciones y composición familiar de los residentes con conexiones, tanto a una base de datos nacional como para el monitoreo y control de aquellos considerados una amenaza para la estabilidad social y para el régimen.
Esta primera etapa facilitó la integración de diversos programas de vigilancia. Por ejemplo, se implementaron terminales de seguimiento y escaneo de identidad en negocios y espacios públicos como hoteles y estaciones de tren. Esto permite a las fuerzas policiales rastrear a la población y detener a individuos reportados. Asimismo, el sistema incorporó módulos de vigilancia de internet que monitorean sitios web relevantes, foros y redes sociales, así como ataques remotos, como los ataques de denegación de servicio (Du, 2013, citado en Xu, 2021).
Segunda fase
La segunda fase de la política digital de vigilancia, también conocida como la Iniciativa 3111, abarcó desde 2006 hasta 2017. Durante este tiempo, el Ministerio de Seguridad Pública implementó un extenso sistema de vigilancia mediante cámaras y alarmas en áreas urbanas, abarcando 660 condados en 31 provincias del país. Este proyecto fue notable por la incorporación de tecnologías de IA y reconocimiento facial, con la colaboración de empresas líderes en el campo como Cisco. Estas tecnologías no solo se utilizan para propósitos de seguridad pública, sino también para la identificación y seguimiento de disidentes políticos, lo cual generó controversia y debate en relación con la privacidad y los derechos individuales (Lui y Wang, 2017; Xu, 2021).
Tercera fase
Una tercera fase de las políticas de vigilancia y control social sería el SCS, el cual nace como un proyecto estatal en 2014 cuando se publica el Esquema de Planificación para la Construcción de un Sistema de Crédito Social (EPCSCS) (2014-2020) (Consejo de Estado Chino, 2022), el cual establece un marco legal para implementar un SCS nacional para 2020. Actualmente, su implementación tiene un alcance local.
Para 2018, 43 gobiernos municipales habían implementado programas piloto de SCS, obligatorios para toda la población. En 2022, más de 33 millones de empresas tenían puntajes asignados dentro del SCS, y 80% de las ciudades, regiones y provincias de China habían implementado o planificado su adopción (Barker, 2024). Para orientar el comportamiento de las personas, las empresas y los gobiernos locales se basan en listas rojas para recompensar el comportamiento confiable y listas negras para castigar el comportamiento no confiable. Al respecto, Aho y Duffield (2020) refieren 10 recompensas individuales y 11 castigos para personas y 14 recompensas y 10 castigos para las empresas (Ver Tabla 1).
Tabla 1 Sistema de recompensas y castigos del SCS
Fuente: Aho y Duffield (2020).
Sistema de reputación social en tiempos extraordinarios
Durante la pandemia de COVID-19, China utilizó su estructura de poder centralizada para implementar medidas innovadoras durante la pandemia. Esto fue posible, porque el gobierno central desplegó ecosistemas de Internet de las Cosas (IoT) para coordinar la colaboración entre diversas partes interesadas y dispositivos clave, facilitando el rastreo de personas infectadas (Kummitha, 2020).
Esta estrategia se respaldó con su sistema de vigilancia avanzado que permitió poner en cuarentena completa ciudades enteras bajo la premisa de tiempos extraordinarios (feichang shiqi). Este enfoque demuestra que las políticas de las ciudades inteligentes chinas están diseñadas para una vigilancia masiva a sus ciudadanos (Andrelini, 2019), lo cual da un poder casi completo al Estado.
Por ejemplo, en la ciudad inteligente de Chongqing se ha instalado más de 2.6 millones de cámaras de seguridad para vigilar a 15.35 millones de sus habitantes (una cámara por cada seis residentes), siendo Chongqing una de las cinco ciudades más vigiladas del mundo (Kummitha, 2020). Además, durante la pandemia el gobierno chino implementó un sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión equipadas con tecnología de IA y reconocimiento facial en las entradas de los apartamentos para controlar la movilidad y prevenir salidas innecesarias (Kharpal, 2020).
Se emplearon drones equipados con cámaras para comunicar instrucciones y advertencias a quienes no utilizaban mascarillas o no cumplían con los protocolos de emergencia. Se hizo uso del IoT para rastrear el historial de desplazamientos de los ciudadanos en la ciudad. Así como el acceso del gobierno chino a los sistemas que alojaban las aplicaciones móviles de los ciudadanos para rastrear sus viajes, tales como WeChat (Kupferschmidt y Cohen, 2020).
Otras medidas fueron la implementación de tecnologías para el control de la temperatura corporal en el transporte y en espacios públicos, la instalación de sistemas infrarrojos con pantallas de visualización en áreas concurridas y la introducción de cascos inteligentes para los agentes de policía para detectar personas con altas temperaturas en un radio de cinco metros (Kummitha, 2020).
Método de investigación
Este estudio adoptó un enfoque cualitativo de análisis de contenido, adecuado para explorar fenómenos complejos como el SCS chino, donde el sentido se encuentra en la interpretación de discursos, normativas, estructuras institucionales y marcos ideológicos. El análisis de contenido permite descomponer e interpretar sistemáticamente materiales textuales con el fin de identificar patrones, relaciones conceptuales y categorías latentes (Bardin 1996; Kuckartz, 2019).
Dado que el objetivo de esta investigación es comprender las dimensiones que estructuran el SCS como política de control digital, este enfoque resulta pertinente al permitir una aproximación reflexiva y contextual a los textos. La estrategia metodológica se desarrolló en tres fases: 1) selección del corpus documental; 2) análisis exploratorio y codificación; 3) categorización analítica.
Fase 1. Selección y conformación del corpus
El corpus estuvo conformado por 16 documentos clave relacionados con el diseño, implementación y justificación institucional del SCS. La selección fue intencionada, bajo criterios de relevancia temática, actualidad y representatividad institucional. Se integraron seis documentos oficiales emitidos por el gobierno chino y diez estudios académicos especializados, con enfoques teóricos y metodológicos complementarios. La búsqueda se realizó mediante estrategias dirigidas en bases académicas como Google Scholar, JSTOR y SciSpace, utilizando términos como Social System, digital governance, gobierno digital y vigilancia algorítmica.
Los seis documentos oficiales analizados fueron el EPCSCS (2014-2020), el Libro blanco: una comunidad global de futuro compartido: propuestas y acciones de China, la Ley de Ciberseguridad de la República Popular China, la Constitución Política de la República Popular de China, el Plan Borrador para la Construcción del Estado de Derecho en China (2020-2025) y el Plan para la Construcción del Sistema de Crédito para el Medio Ambiente (2020-2025). Mientras que los diez artículos analizados fueron de Creemers (2015); O´Hara y Hall (2018); Aho y Duffield (2019); Razzotti, Mantilla, Ng, Quinteros, Radulovich, Restivo, Sevares y Villarruel (2019); Katz (2020); Kummitha (2020); Xu (2021); Katz (2021); Xu, Kostka y Cao (2021); Kostka et al. (2023).
Fase 2. Preprocesamiento y análisis exploratorio
Antes del análisis, los documentos se sometieron a un proceso de preprocesamiento textual que incluyó la eliminación de encabezados, notas al pie, referencias, signos de puntuación, números y palabras comunes (stopwords), así como la normalización del idioma. Posteriormente, se aplicó un análisis exploratorio mediante frecuencia de términos, bigramas y generación de nubes semánticas (word cloud) con el módulo MAXDictio del software MAXQDA, lo cual permitió detectar patrones léxicos y conceptos clave del discurso institucional y académico sobre el SCS.
Fase 3. Codificación y construcción de categorías
A partir del análisis exploratorio, se generó una codificación inicial automatizada basada en los términos más frecuentes, complementada por una codificación abierta orientada por el marco teórico. Esta etapa produjo un sistema de 130 códigos con una frecuencia total de 3,818 apariciones en el corpus. Posteriormente, se aplicó el módulo MAXMaps del software MAXQDA para explorar las intersecciones y coocurrencias entre códigos, lo cual permitió el agrupamiento conceptual (clustering) y la construcción de siete categorías temáticas: 1) ideología y política interna del país; 2) tecnología; 3) gestión crediticia; 4) gestión pública; 5) sociedad; 6) economía; y 7) política internacional.
El uso del software MAXQDA como herramienta de apoyo permitió sistematizar, visualizar y organizar el corpus de manera eficiente, facilitando el tratamiento riguroso de los datos cualitativos y fortaleciendo la validez interpretativa del análisis cualitativo. Esta estructura metodológica permite, además, que el estudio pueda ser replicado o adaptado en investigaciones comparadas sobre sistemas de control digital en otros contextos.
Resultados
Con base en el análisis reflexivo del corpus documental relacionados con el SCS en China se identificaron siete categorías temáticas interrelacionadas que permiten comprender sus múltiples dimensiones: ideología y política interna del país; tecnología; gestión crediticia; gestión pública; sociedad; economía; y política internacional. A continuación, se presentan los hallazgos organizados en torno a estas categorías, las cuales fueron construidas a partir de la identificación de patrones entre los códigos que sustentan el modelo de análisis.
Ideología y política interna del país
Esta categoría emergió del análisis del corpus documental sobre la evolución histórica y política del Estado chino, revelando que el SCS está profundamente enraizado en una racionalidad política e ideológica específica. La categoría agrupa elementos que vinculan el sistema con el pensamiento del PCCh, la centralización del poder, el legado histórico del control social y la instrumentalización política de las tecnologías digitales. Su origen no es estrictamente técnico: fue concebido como un mecanismo para fortalecer la gobernanza socialista y resolver problemas como la desconfianza social, el incumplimiento legal y la pérdida de autoridad del Estado.
Ello explica que desde la fundación de la República Popular China en 1949, el Estado ha ejercido control sobre la vida social mediante estructuras como las unidades de trabajo (danwei), suprimiendo formas tradicionales de identidad como la religión o la participación política plural. Este legado centralista ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de control ideológico, especialmente desde la década de 1990, con la incorporación de tecnologías digitales y políticas de soberanía cibernética. El discurso del PCCh promueve una sociedad armoniosa, donde valores como la obediencia, la honestidad y el patriotismo son moldeados desde el aparato estatal.
En este marco, el SCS no solo regula comportamientos económicos o administrativos, sino que refuerza la disciplina política. Por ejemplo, Xu (2021, p. 12) documenta que, en condados piloto con infraestructura avanzada de vigilancia, se arresta a 0.1 más de activistas políticos que en otros sin dicha infraestructura, evidenciando una función represiva del sistema.
La confianza social se redefine como alineación con los valores oficiales y lealtad al PCCh, mostrando que el SCS responde a una lógica de gobernanza ideológica y no simplemente a un interés por la eficiencia administrativa. El cumplimiento se vuelve no solo legal, sino moral, pues el comportamiento deseable es aquel que demuestra honor social, disciplina y adhesión simbólica al modelo del ciudadano socialista ideal (Ver Figura 1).
Tecnología
Categoría construida a partir del análisis del corpus documental que evidencian cómo el desarrollo digital en China está profundamente vinculado a los objetivos políticos del Estado. El SCS se inserta dentro de una arquitectura tecnológica que ha evolucionado en tres fases. La primera, desde 1994 hasta 2007, implicó la introducción del internet y la creación de bases de datos de población, sistemas de identificación y herramientas de censura digital (Xu, 2021).
La segunda, entre 2006 y 2017, estuvo marcada por la instalación masiva de tecnologías de vigilancia en espacios urbanos como cámaras con reconocimiento facial e IA, que no solo se utilizaron para fines administrativos o de seguridad pública, sino también para monitorear y controlar a disidentes políticos. Esta etapa consolidó el modelo de ciudades inteligentes como entornos de vigilancia intensiva.
La tercera fase inicia formalmente en 2014 con la publicación del SCS y continúa con su perfeccionamiento hasta el presente, especialmente con el Plan Borrador para la Construcción del Estado de Derecho (2020-2025) impulsado por el Consejo de Estado. Aunque en un inicio las tecnologías del SCS fueron desarrolladas junto a empresas privadas como Alibaba, el gobierno chino ha asumido el control progresivo del ecosistema digital, abandonando los modelos de reputación social comercial para consolidar un sistema estatal y centralizado (Zuboff, 2019).
Esta transición revela el interés del Partido por asegurar una soberanía tecnológica compatible con sus fines ideológicos. Así, la tecnología no es una herramienta neutral, sino una extensión del poder estatal que permite vigilar, clasificar y disciplinar a la población, transformando los datos ciudadanos en insumos para la gobernanza algorítmica (Ver Figura 2).
Gestión crediticia
Esta categoría expone cómo el SCS busca fortalecer la infraestructura crediticia como base para el desarrollo económico y la gobernanza moderna. En esta categoría, el crédito no se limita al ámbito financiero, sino que se convierte en un principio ordenador de la conducta ciudadana, empresarial e institucional. El SCS promueve el registro masivo de información crediticia de individuos, empresas y funcionarios, con el objetivo de construir plataformas unificadas de investigación, interoperabilidad de datos entre sistemas gubernamentales y crediticios, y el establecimiento de mecanismos estandarizados de clasificación, consulta y difusión del comportamiento. Esta estrategia permite al Estado integrar diferentes fuentes de datos (fiscales, judiciales, laborales, escolares) en una arquitectura única de evaluación social.
Uno de los elementos centrales en esta categoría es la creación y aplicación de listas negras y listas rojas que sirven como mecanismos de reconocimiento o sanción moral, administrativa y económica. Estas listas pueden limitar o facilitar el acceso al crédito, transporte, educación o empleo, operando como un sistema de incentivos y castigos que transforma la reputación en una herramienta de gobernanza.
A través de la innovación tecnológica y regulatoria, el SCS impulsa también experimentos locales de construcción de crédito sectorial y comunitario, lo cual revela una lógica de laboratorio donde las ciudades se convierten en espacios de prueba para mecanismos más amplios. Esta dimensión crediticia no solo busca mejorar el orden interno, sino también posicionar a China como referente en la creación de un modelo internacional de calificación crediticia basado en el comportamiento social integral (Ver Figura 3).
Sociedad
Esta categoría fue construida a partir del análisis de fuentes que abordan el papel del SCS en la configuración del comportamiento social y la producción de confianza pública como mecanismo de gobernanza. Esta categoría evidencia cómo el sistema no solo clasifica a individuos y organizaciones con base en criterios administrativos o financieros, sino que transforma las relaciones sociales mediante una lógica de incentivos y castigos morales.
El SCS promueve la participación ciudadana en la vigilancia, incentivando prácticas como la denuncia vecinal, el reporte de infracciones y la delación de disidentes; todo ello bajo el discurso del orden social. Esta dinámica muestra una forma de control del comportamiento basada en la interiorización voluntaria de las normas, donde la sujeción no se impone mediante la fuerza, sino a través de mecanismos de convencimiento, persuasión e ideologización cotidiana.
En la práctica, esto se materializa en campañas como las semanas de la sinceridad, las aulas de moralidad y la publicidad constante de valores deseables en el espacio público, dirigidas a promover una cultura del cumplimiento voluntario. Estas acciones refuerzan la idea de una sociedad socialista armoniosa en la cual la confianza no surge del pluralismo social, sino de la alineación moral con los valores del Estado.
El SCS no solo organiza a la sociedad desde parámetros conductuales medibles, sino que modela subjetividades, educa en normas éticas estatales y busca establecer una ciudadanía leal, disciplinada y previsiblemente cooperativa. Esta dimensión del sistema se proyecta hacia el exterior desde un discurso de promoción de intercambios culturales, cooperación con países en desarrollo y exportación de un modelo de sociedad digitalmente gobernada (Ver Figura 4).
Gestión pública
La categoría, construida a partir del análisis del corpus documental, muestra cómo el SCS se integra como una política transversal dentro del aparato estatal chino. Esta categoría permite observar que el sistema no es un instrumento aislado, sino un eje estructural de la modernización del gobierno, vinculado a la planificación central, el control legal-administrativo y la mejora de capacidades estatales.
En particular, el SCS opera como una herramienta para fortalecer el ejercicio de la ley por parte de las agencias públicas, asegurar el cumplimiento normativo y aumentar la eficiencia burocrática mediante la vigilancia algorítmica. Desde esta lógica, se observa un despliegue estratégico en todos los niveles de la gestión pública: desde el medio ambiente y la educación hasta la salud, cultura, energía, transporte, compras gubernamentales y finanzas, articulando sectores tradicionalmente desconectados mediante un sistema de evaluación unificado.
El desarrollo institucional del SCS ha sido respaldado por organismos de alto nivel como la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio y la Comisión de Desarrollo Civil-Militar Integrado, ambas dirigidas por Xi Jinping, así como por Pequeños Grupos Líderes centrados en ciencia, tecnología, reforma administrativa y manufactura estratégica (Razzotti, 2019).
Esta arquitectura político-tecnológica apunta no solo a promover el desarrollo científico como objetivo nacional, sino también a asegurar la gobernanza interna mediante mecanismos predictivos, clasificaciones automatizadas y control de riesgos. En este contexto, el SCS refuerza la confianza del gobierno hacia sus ciudadanos y viceversa, convirtiéndose en una política prioritaria de Estado. La gestión pública china, por tanto, no es solo racional-legal, sino también performativa, disciplinaria y basada en datos, donde el mérito, la honestidad y la eficiencia son trazables y mensurables en tiempo real (Ver Figura 5).
Economía
Esta categoría se construye a partir del análisis del corpus documental. Muestra cómo el sistema busca establecer un modelo de economía sincera, donde la información crediticia y reputacional se convierte en un instrumento clave para fomentar la autorregulación empresarial y la conducta responsable en el mercado. El sistema otorga recompensas como deducciones fiscales, facilidades administrativas o licencias preferentes a empresas con alta calificación social, mientras que impone sanciones como restricciones crediticias, multas o inhabilitaciones a aquellas con bajo desempeño reputacional. El objetivo es construir un entorno económico disciplinado donde el cumplimiento normativo no dependa solo de la vigilancia externa, sino de la internalización de estándares ético-legales por parte de los actores económicos.
El SCS opera como una infraestructura que busca monitorear dinámicamente a empresas, individuos y sectores completos mediante el análisis masivo de datos. Esta capacidad analítica ofrece ventajas al Estado en términos de planificación económica, permitiendo prever riesgos, ajustar tarifas y precios, combatir fraudes comerciales, garantizar la seguridad y calidad en la producción, regular la competencia y consolidar la economía digital.
Más allá de su carácter punitivo o premiador, el sistema introduce una racionalidad de previsión algorítmica, donde las decisiones económicas se fundamentan en datos en tiempo real y en proyecciones construidas a partir de patrones de comportamiento. La economía planificada se actualiza con herramientas tecnológicas de control conductual, integrando el análisis de crédito y la gobernanza de datos como pilares de la nueva economía china (Ver Figura 6).
Política internacional
Esta categoría, construida a partir del análisis, evidencia que el SCS no es solamente una herramienta de control interno, sino también un componente articulador de la proyección internacional de China. Lejos de presentar su modelo como coercitivo, el gobierno chino ha desplegado un discurso centrado en el intercambio cultural, el desarrollo sostenible, la armonía internacional, el aprendizaje mutuo y la creación de una comunidad global con un futuro compartido. Desde esta retórica, el SCS se inscribe en un marco de cooperación pacífica que busca establecer nuevas normas internacionales basadas en la confianza, la equidad y la gobernanza digital multilateral.
El análisis mostró que a través del SCS China intenta construir una narrativa alternativa al orden hegemónico occidental liderado por EUA. Más allá de los señalamientos previos de estudios críticos, los datos analizados confirman que el país asiático no solo defiende la legitimidad de su modelo político-tecnológico, sino que también aspira a exportarlo como un referente de gestión eficiente, respetuosa del contexto local y promotora del bien común.
Términos como coexistencia pacífica, beneficios colectivos o confianza mutua aparecen reiteradamente en los documentos oficiales, lo cual sugiere una estrategia de diplomacia tecnológica del país. En este sentido, el SCS no solo representa una herramienta interna de gobernanza, sino una propuesta de reorganización del orden internacional, donde China se posiciona como líder de una nueva arquitectura de poder digital (Ver Figura 7).
Discusión
Los resultados muestran que el SCS es un sistema holístico, centralizado e integral de China, que busca establecer un sistema de información crediticia que cubra a toda la sociedad para fomentar la confianza y sancionar la falta de sinceridad, orientado a consolidar el Estado-sociedad chino como un sistema que fortalece lo que le favorece y elimina aquello que lo debilita o es un peligro.
Es producto de una política de vigilancia y control social aún mayor que se configuró desde 1994 mediante el establecimiento de bases de datos de la población, luego con la introducción de tecnologías de reconocimiento facial en 2005 (Walton, 2001; Xu, 2021) y, posteriormente, con la incorporación de otras tecnologías emergentes como IoT e IA para el análisis y el rastreo de la población, mostrando su efectividad durante la pandemia (Kummitha, 2020), la cual emana asimismo de la concepción centralizada del país en el marco de su situación histórica de relación entre sociedad y Estado, la ideología del partido único y el régimen político que se ha ido consolidando.
Los resultados en general respaldan estudios previos sobre el sistema de recompensas y castigos individuales y para empresas, agregando las organizaciones sociales: beneficios individuales que van desde impuestos y tasas de interés más bajas, mayor acceso a los servicios públicos: empleo, transporte, educación, etc. a personas físicas; y castigos que van desde restricciones de empleo, viajes e impuestos y créditos más altos.
En cuanto, a las organizaciones los beneficios van desde licitaciones preferenciales, incentivos fiscales, mercados abiertos y como contraparte préstamos desfavorables, disminución de oportunidades de participar libremente en proyectos financiados, etc. (Aho y Duffield, 2020; Xu, 2021; Razzotti, 2019). Todo un proceso de institucionalización de un sistema social configurado desde el poder, en el cual la sociedad se construye como parte del Estado.
Se encontró una categoría específica que da evidencia sobre los primeros esfuerzos de exportación del modelo de crédito social a otros países (política internacional); así como elementos en la categoría de sociedad con relaciones sociales con otros países; economía con globalización económica; y gestión crediticia con la creación de normas internacionales. Es decir, articular el modelo del Estado chino y su modelo de crédito oficial como elemento estructurador de relaciones internacionales en diferentes aspectos.
Este resultado es importante, porque aporta evidencia sobre la posible exportación del SCS en otros países, no solo a autocracias sino también a países de corte liberal (Polyakova y Meserole, 2019; Xu, 2021; Kostka et al., 2023). Para ilustrar, la “comunidad global de futuro compartido” es una visión propuesta por China para abordar los desafíos globales y construir un mundo mejor. Esta visión se basa en la interdependencia y la necesidad de una respuesta global a los problemas mundiales como la inestabilidad, la incertidumbre, el déficit de desarrollo, la inseguridad y la gobernanza deficiente (Consejo del Estado Chino, 2023). Problemas que lamentablemente no han sido resueltos en las democracias y que China ofrece mejores resultados, al menos desde sus logros internos social y políticamente.
China propone un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, destacando la cooperación. Esto se traduce en cinco principios clave: asociaciones de igualdad, seguridad común, desarrollo inclusivo, intercambios entre civilizaciones y protección del medio ambiente. Entre las iniciativas globales lanzadas de China para implementar esta visión están la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global que abordan los desafíos de paz, desarrollo y cultura, respectivamente (Consejo del Estado Chino, 2023). Iniciativas que han recibido un amplio apoyo internacional y han generado resultados concretos como la Franja y la Ruta, también conocido la Ruta de la Seda Digital, la cual ha impulsado la conectividad y la cooperación a nivel mundial (Razzotti et al., 2021).
En la agenda global, China busca operar bajo las reglas del libre comercio y su apoyo a estos principios en foros globales como las cumbres de Davos, realizadas por el Foro Económico Mundial (Razzotti et al., 2019; Katz 2021), buscando ganar el liderazgo a EUA, lo cual implica ventajas frente a la hegemonía estadounidense, pero también riesgos de exportar modelos autoritarios de gobierno, importantes para los gobiernos democráticos por su eficacia operativa y de réditos políticos.
Estos hallazgos tienen importantes implicaciones teóricas para los estudios de GD, principalmente en contextos occidentales debido a: si bien el sistema tiene énfasis en la vigilancia y control social relacionado con la cultura, el comportamiento social y la ideología del país, tiene aspectos de mejora de la economía y de la gestión pública que pueden incentivar su exportación a países de corte liberal por su efectividad.
Por ejemplo, la gestión del transporte, la reducción de la corrupción y de la desinformación, la profesionalización del sector público, la seguridad pública, la protección del medio ambiente a través del seguimiento de la huella de carbono y el manejo de pandemias. En ese sentido, el aporte resultaría beneficioso en diferentes sectores con el riesgo que puedan incorporarse también sistemas de vigilancia y control con fines políticos y autoritarios. Sin embargo, faltarían estudios específicos en países de corte demoliberal y su relación con el SCS. Por lo cual estudios futuros podrían explorar su efectividad o imitación en otros países, así como examinar su impacto a largo plazo.
Conclusiones
El presente estudio tuvo como objetivo identificar y analizar las dimensiones fundamentales que estructuran el SCS implementado en China como un modelo de gobernanza digital centralizada. A través de un análisis cualitativo asistido con software MAXQDA y sustentado en fuentes normativas y académicas clave se reconstruyó la arquitectura del sistema desde sus propias fuentes y discursos, más allá de los enfoques polarizados que predominan en la discusión internacional. Se demostró que el SCS constituye mucho más que una herramienta de puntuación o vigilancia: es una política pública de gran escala que reconfigura las relaciones entre Estado, ciudadanía y mercado a partir de criterios algorítmicos, ideológicos y normativos.
Los hallazgos permitieron identificar siete dimensiones interconectadas: ideología y política interna, tecnología, gestión crediticia, sociedad, gestión pública, economía y política internacional. Estas categorías permiten comprender que el SCS no es solo una política digital, sino una forma de ingeniería social planificada, cuyo objetivo es moldear el comportamiento individual y colectivo bajo parámetros definidos por el Estado.
Este sistema opera desde una lógica centralista, donde la sinceridad, la confianza y el mérito son reconfigurados como capital político-social. Lejos de ser un sistema pasivo de monitoreo, el SCS produce subjetividades funcionales al régimen y reorganiza los vínculos entre los sectores público, privado y comunitario, desde una gobernanza algorítmica que opera en tiempo real.
Desde una perspectiva metodológica, este trabajo aporta un marco de categorización útil para analizar experiencias emergentes de control digital en otros contextos. La sistematización de estas siete dimensiones permite estudiar no solo el diseño institucional del SCS, sino también sus mecanismos operativos y narrativas legitimadoras. Dado el creciente interés y preocupación por el modelo chino en la comunidad internacional, este estudio, elaborado desde México, ofrece herramientas analíticas para comprender cómo las tecnologías de vigilancia pueden transformarse en dispositivos de control estructural con capacidad para adaptarse a regímenes democráticos o híbridos.
Este análisis cobra especial relevancia en el caso mexicano, donde recientemente se ha aprobado un conjunto de reformas que anticipan los elementos constitutivos de un sistema de vigilancia digital centralizado. Medidas como la CURP con datos biométricos, el Registro Nacional de Población actualizado y la creación de identificadores únicos interoperables con bases de datos gubernamentales corresponden con la primera etapa del SCS (registro de identidad y bases de datos poblacionales) e incluso comienzan a perfilar aspectos incipientes de la segunda etapa (interoperabilidad institucional y vigilancia en tiempo real). En este sentido, el estudio permite advertir que la construcción de infraestructuras de vigilancia digital no es solamente neutral ni técnica, sino también política y estratégica.
Las lecciones del caso chino pueden ser cruciales para aprovechar los logros y beneficios para la administración pública y ciudadanía como seguridad pública, medio ambiente, comercio electrónico y la introducción de procesos deliberativos, a la vez, prever las garantías de los derechos humanos y encauzar el uso del poder algorítmico en el marco de una sociedad democrática.
