La GIRH en la gobernanza desde arriba

La GIRH tiene su origen en políticas internacionales, que se han fomentado a partir de las diferentes declaraciones, conferencias, foros y reuniones mundiales sobre el agua, donde se señala que la crisis del agua es un problema de gobernanza (^{UNESCO, 2006}). Como instrumento institucionalizado desde arriba, la GIRH representa un tipo de gobernanza impulsada desde esferas internacionales, como la Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés). La GIRH tiene el propósito de impulsar un desarrollo económico sin afectar el equilibrio de los ecosistemas del planeta (^{WWAP, 2015}). En consecuencia, en la política hídrica en México se desarrolló un proceso para transitar hacia la GIRH e incluir el enfoque de gobernanza de arriba hacia abajo.

Esta transición empezó con la publicación de la LAN en 1992 (^{DOF, 1992}), y su reforma en 2004, con lo cual se buscó implementar procesos de liberalización y privatización de los recursos hídricos (^{DOF, 1992}). Además, esta ley propuso la gestión integral del agua a través de cuencas hídricas por medio de instituciones no formales, pero reconocidas, como consejos, comités y comisiones de cuencas (^{Conagua, 2007}). Por tanto, estas instancias se proponen como espacios de participación ciudadana para la toma de decisiones. Con tales disposiciones, la LAN incorporó el enfoque de gobernanza; sin embargo, este aspecto ha sido muy criticado en la investigación académica (^{Mussetta, 2009}; ^{Murillo, 2012}).

^{Aboites-Aguilar (2009)} y ^{Mussetta (2009)} mencionan que entre 1980 hasta casi 2010 se inició un proceso de transición en la política hídrica en México. El Estado tuvo potestad y autoridad exclusiva del agua conocida como “Agua de la nación” o “Leviatán hidráulico” hacia una nueva fase en su manejo, llamada gobernanza del agua. Desde 2004, con la reforma de la LAN y por medio de la GIRH, los organismos de cuenca son las unidades básicas de operación técnica, administrativa y jurídica que rigen el manejo del agua (^{Conagua, 2007}). Con un sentido mercantil-ambiental, la GIRH autoriza la intervención de usuarios oficiales e inversionistas privados, aun por encima de la administración política-administrativa de los estados y municipios.

^{Murillo (2012)} afirma que la gobernanza del agua por medio de la GIRH justifica un modelo de “cinismo hidráulico en México”, ya que sus métodos de inclusión están organizados para anular las diversas opiniones políticas. Por estos motivos existe un creciente interés en investigar la verdadera participación social en la gestión del agua a través de la gobernanza real (^{Mussetta, 2009}; ^{Domínguez-Serrano, 2011}; ^{Murillo, 2012}; ^{Pacheco-Vega, 2014}; ^{Martínez & Espejel, 2015}).

En esta nueva fase se advierte que la incorporación de la gobernanza en la política hídrica en México adquiere un enfoque netamente desde arriba, es decir, la participación ciudadana se entiende y opera a través de consejos de cuencas conformados por los tres ámbitos de gobierno, la sociedad organizada y “los usuarios legalmente reconocidos” (Figura 1). Pero, ¿qué significa este reconocimiento legal? En realidad, este rasgo opera como un dispositivo excluyente. Sólo los actores que logren registrar su personalidad jurídica y pasar por el proceso burocrático consecuente tendrán la prerrogativa de la voz y participación. Desde esta perspectiva, cabe preguntarnos, ¿y los de abajo?, ¿qué sucede con los ciudadanos y usuarios comunes del servicio público de agua doméstica?

Figura 1 Integrantes de los Consejos y Organismos de Cuenca. *Los SIAs pueden entrar en esta categoría, pero en la realidad no son considerados dentro del Consejo de Cuenca, debido a que su funcionamiento genera tensiones con los SOAM en el ámbito municipal. 

En la política hídrica mexicana, la GIRH se ha implementado de forma normativa; se prescribe cómo debe ser la participación de la sociedad. Por tanto, al analizar su aplicación, se advierte una distinción entre la gobernanza institucional (normativa) y la gobernanza real (social).

La gobernanza, en sentido normativo, pretende prescribir una situación social, señalada como un discurso del "deber ser". En el caso hídrico, la GIRH adquiere un carácter de buena gobernanza del agua. Persigue que el gobierno, y los diversos agentes sociales y económicos intervengan en el manejo del agua a través de una corresponsabilidad en la gestión del agua. Por tanto, este tipo de gobernanza procura normar una forma de gobierno horizontal, caracterizada por la cooperación de actores no gubernamentales en el proceso de toma de decisiones (^{Aguilar-Villanueva, 2006}).

De acuerdo con este enfoque, la GIRH norma un progreso coordinado del agua a través de tres dimensiones: económica, social y ambiental. Por tal razón, como proyecto político normativo, la GIRH pretende fomentar una intervención gubernamental que combine la participación social, con eficiencia y justicia, sin privilegios ni corrupción (^{Domínguez-Serrano, 2011}).

El en mundo se reconoce que su implementación ha llevado a tener avances en la integración político-pública de los recursos hídricos, sin embargo la ONU menciona que ha predominado más el aspecto económico que el social y ambiental (^{Connor, 2015}). Por ello, la gobernanza normativa, a través de la GIRH, no se ha podido consolidar en los países donde se ha implementado. En el ámbito nacional se cuestiona su aplicación en la gestión hídrica mexicana, pues en la LAN ha predominado el uso económico del agua, a través de la apertura a macroproyectos mercantiles, donde las empresas transnacionales, de agroindustria y mineras han acaparado las reservas de agua (^{Murillo, 2012}).

La academia mexicana ha puesto en evidencia diversas tensiones generadas por la aplicación de la GIRH, donde la gobernanza ha servido como bandera para promover que sea el mercado el que controle la normatividad del recurso hídrico (^{Castro, Kloster, & Torregrosa, 2004}; ^{Mussetta, 2009}; ^{Murillo, 2012}; ^{Rivera & Aguilar, 2015}). Incluso ^{Aboites-Aguilar (2009)} advierte que la gobernanza fomenta un reformismo, en aras de que intereses mercantiles privaticen este recurso en detrimento de la sociedad y el ambiente.

La ambigüedad de la LAN y la GIRH es un factor que genera tensiones respecto a la pertenencia del agua, que de acuerdo con la LAN es de la nación. ^{Barkin (2006)} menciona que existe una ambivalencia en las leyes hídricas: por un lado, la GIRH otorga concesiones y permite tener el control del agua a grandes empresas consumidoras; mientras que por el otro, el agua de esa misma cuenca se utiliza en actividades agrícolas o de servicio público, como en el caso de los SIAs. Esta indeterminación legal provoca muchas tensiones ya sean en el ámbito gubernamental o en el social. Por lo tanto, el servicio público del agua presenta disputas por el control y manejo del agua entre gobiernos locales, municipales y estatales.

Un ejemplo reciente es la publicación de los 10 decretos del agua en el DOF (2018), que levantan las vedas de las aguas nacionales en las cuencas hidrológicas para favorecer la gran demanda de agua que requieren los usos productivos de la industria, descuidando su manejo y uso social dentro de los municipios. De acuerdo con ^{Tagle-Zamora, Caldera-Ortega y Fuente-Carrasco (2019)}, los 10 decretos representan el inicio de un proceso de privatización y mercantilización, que emplea como estandarte la gobernanza ―desde arriba- bajo un discurso de inclusión social que en nada o poco considera a los usuarios y ciudadanos de localidades urbanas y rurales, que pueden verse afectados por las privatizaciones que sólo benefician a empresarios o a poderosas agroindustrias.

Desde esta perspectiva, la principal crítica hacia la GIRH es que no representa ni se adecua a la participación real que existe, ya que su apertura social es limitada, con una distinción sesgada de usuarios formalmente reconocidos. La participación a través de la GIRH privilegia a ciertos tipos de actores, que no aseguran una pluralidad en la representación social. Por tanto, conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿la gestión hídrica por medio de la GIRH invisibiliza la participación social por el agua dentro del entorno local? Por tal razón, este estudio busca poner a debate qué tipo de gobernanza representan los sistemas locales que han sido conformados a partir de la organización ciudadana para el uso doméstico y público del agua.

Actualmente, la participación social en la GIRH sólo se queda en el discurso, pues la intervención en estas instancias construidas desde arriba es muy limitada para la integración ciudadana, dado que los órganos de participación sólo se conforman por representantes de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y líderes de gremios sociales. Por dicha situación, recuperamos la distinción entre este enfoque desde arriba de la gobernanza y otro desde abajo (^{Tagle-Zamora et al., 2019}), para analizarla desde la comprensión de procesos organizativos de los SIAs, los cuales permiten dotarse de un suministro de agua, superponen el aspecto social al mercantil y presentan tensiones tanto internas a la organización como externas con respecto al servicio público del agua ofrecido por el gobierno municipal.

Un organismo de cuenca se estructura por medio de consejos de cuenca, que se integran por diferentes actores para intervenir en el manejo del agua. Participan representantes gubernamentales inscritos en los ámbitos federal, estatal o municipal, así como diversas organizaciones civiles o de representación social. Los consejos de cuenca buscan coordinar el manejo del agua, así como concertar acuerdos, apoyos y asesoría entre su gremio y la Conagua (^{Conagua, 2007}).

Bajo este contexto, la participación ciudadana dentro de la GIRH requiere de la adhesión a asociaciones u organismos público-privados inscritos en algún organismo de cuenca. De esta forma, la participación social se circunscribe a un mecanismo formal de cooperación, más que participativo por el agua. Dado que, de forma oficial, la participación se simplifica en ser parte de alguno de estos organismos, no se consideran las acciones locales como parte de la gobernanza oficial (^{Guevara-Gil & Nuñovero-Cisneros, 2019}).

Un requisito fundamental para la intervención social es contar con alguna concesión o ser parte de las asignaciones que se otorgan a los organismos gubernamentales. El Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) registra el uso consuntivo del agua con base en el volumen concesionado o asignado a los usuarios oficiales en el país. En 2017, el REPDA tenía inscritos 542 071 títulos de concesión, los cuales amparan uno o más aprovechamientos o permisos: 122 810 títulos de concesión o asignación para agua superficial; 285 409 para agua subterránea; 17 439 permisos para descarga, y 116 413 para extraer materiales de cuerpos de agua pertenecientes a zonas federales (^{Conagua, 2018}).

Estos títulos de concesión se clasifican de acuerdo con los cuatro usos del agua: a) en el agrícola se incorporan al sector ganadero y de acuicultura, entre otros; b) en el servicio público de agua se incluye el uso doméstico; c) en la industria autoabastecida se conjuntan industria, comercio y servicios; finalmente, d) en la eléctrica se incluye a las termoeléctricas (Conagua, 2018).

La gobernanza desde abajo

De forma aproximada, casi la mitad de los 2 466 municipios en México tienen un sistema de agua local que es administrado de forma independiente del gobierno municipal (^{Palerm-Viqueira & Martínez-Saldaña, 2013}). Esto significa que existe un amplio margen de la población que se suministra agua por medio de variopintas formas organizativas locales.

La gobernanza desde abajo son las acciones concretas impulsadas por la sociedad, que se originan dentro del entorno comunitario, con la intención de resolver necesidades y problemas de tipo público, por tanto, es un tipo de gobernanza que nace y se forja desde la sociedad, de abajo. En este sentido, se visibiliza en la operación de sistemas locales conformados por la propia ciudadanía para resolver el suministro del agua local.

Los sistemas locales de agua son los organismos sociales que garantizan una participación abierta por medio de instituciones sociales formadas por los propios usuarios y ciudadanos, como los comités rurales de agua, las comunidades indígenas y los SIAs. En estos sistemas locales, la participación es directa. En asambleas abiertas se discuten los problemas comunes y se gestan las propuestas de solución. Por tanto, los acuerdos son vinculantes, construidos por medio de la participación colaborativa y consensuada, de forma que se consolida la copropiedad pública del agua entre los que habitan la comunidad.

Desde este enfoque, los sistemas locales de agua, como los SIAs, abastecen de agua a un gran número de habitantes dentro de los municipios, que el mismo ayuntamiento es incapaz de dotar (^{Galindo & Palerm, 2016}). Sin embargo, de acuerdo con ^{Domínguez-Serrano y Castillo-Pérez (2018)} no existe una política de Estado que propicie la creación y el sostenimiento de estos sistemas desde abajo, ya que a través de la GIRH se ha consolidado más el uso mercantil del agua en vez del social con un enfoque al derecho humano (^{Tagle-Zamora et al., 2019}).

En el sentido social, los SIAs son instituciones comunitarias que han gestionado y construido su propia infraestructura, y se han dotado de normas para el funcionamiento de un servicio común del agua dentro de su localidad (^{Gumeta-Gómez et al., 2016}). En el país se han documentado casos de autoorganización social, donde instituciones comunitarias gestionan y manejan el agua dentro de su colectividad; y que por medio de la gobernanza local han generado acuerdos y soluciones a problemas comunitarios del agua, principalmente en los ámbitos municipal y local (^{Palerm, 1973}; ^{Peña-Santana & Levi-Lattes, 1989}; ^{Galindo-Escamilla & Palerm-Viqueira, 2007}; ^{Aguilar, 2011}).

De acuerdo con ^{Hufty (2011)}, la gobernanza analítica se expresa en fenómenos sociales que buscan la solución de problemas públicos como el agua. En este trabajo recuperamos esta noción analítica para estudiar los SIAs y sus tensiones, que se originan desde abajo. La importancia de este tipo de análisis radica en que se ponen en evidencia características propias de la participación social y las limitaciones del orden gubernamental, ya sea local, municipal, estatal o federal.

Localización del área de estudio

Huajuapan de León es un municipio que se localiza en la parte noroeste del estado de Oaxaca, México, a 192 km de la capital de la entidad (Figura 3), a 97° 16´ longitud oeste y 17° 48´ latitud norte, a una altura de 1 600 metros sobre el nivel del mar (^{INEGI, 2015}). El municipio posee una superficie de 361.06 km² y cuenta con una población de 77 547 habitantes distribuidos en 153 localidades (^{INEGI, 2015}). Es el sexto municipio más poblado del estado de Oaxaca y el de mayor importancia en la región de la mixteca oaxaqueña.

Figura 3 Localización de Huajuapan de León y ubicación del área urbana. Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico del ^{INEGI (2018)}. 

En la Figura 4 se muestra la ubicación y extensión de las colonias y agencias donde se encuentran los cuatro SIAs analizados.

Figura 4 Localización de los cuatro casos de estudio en Huajuapan de León. Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico del ^{INEGI (2018)}. 

Sostenimiento económico y operativo del sistema

En los cuatro casos de estudio se presentan problemas, como la financiación, mantenimiento y operación del sistema local de agua. Con recursos económicos insuficientes es complicado realizar un óptimo mantenimiento al sistema de agua y extender su cobertura.

Respecto a la financiación, los pagos de los usuarios apenas cubren los costos de la electricidad que consumen las bombas hidráulicas. En Jardines del Sur, mensualmente se recaba un promedio aproximado de $7 300 pesos, cuando por electricidad paga casi $8 000; para Santa María Xochixtlapilco, en promedio, se recaban $20 000, cuando pagan $18 000; La Colonia del Maestro recaba $48 000 y pagan 35 000; y Santa Teresa, a pesar de ser la más grande, apenas recaba $12 000 de $11 000 que pagan. Esta situación se debe a que también existen usuarios que no pagan el servicio de agua; algunos se amparan en el derecho humano al agua, por lo cual los SIAs se ven impedidos para cortarles el servicio.

Los SIAs gestionan y construyen diversas obras para abastecer de agua a la comunidad. Disponen de lo que resta de los recursos que recaban, que es mínimo; así, el SIA recurre a las aportaciones vecinales extraordinarias y gestiones hechas ante instituciones gubernamentales. No obstante, estos recursos resultan apenas suficientes para el mantenimiento y la ampliación de la cobertura. Los recursos económicos representan una tensión constante que enfrentan los SIAs; para hacer frente a ella recurren a los acuerdos de Asamblea tanto para comprometerse con las aportaciones extraordinarias como sobre la participación para las gestiones gubernamentales.

Respecto a la operación continua, se tienen diversas dificultades que los SIAs han logrado solucionar con la implementación de acciones en la gestión del agua. A continuación se muestran las dificultades y su solución:

Los cuatro casos de estudio evidencian una institución activa y abierta a la incorporación de los elementos que les sirvan para resolver sus problemas, y que no busca imponer su herencia cultural, sino revelar en sus formas organizativas comunitarias, llamadas usos y costumbres, la fortaleza para coexistir y resistir los constantes cambios políticos y sociales que impone el sistema capitalista (^{Barkin, Sánchez, Esquivel, Carcaño, & Armenta, 2017}). Por tanto, los SIAs, en su praxis, integran la tecnología, los adelantos científicos y su saber tradicional para poder adaptarse y reestructurarse al contexto y necesidades que impongan las políticas hídricas de la GIRH (^{Barkin & Lemus, 2015}).

Estas problemáticas permiten comprender el gran esfuerzo que realizan los SIAs para seguir funcionando. No obstante, se observan formas de intervención social donde la mayoría de los usuarios son incluidos en las soluciones de los problemas del agua en la gestión del sistema local, como en los tequios y las aportaciones económicas emergentes encaminadas a solucionar problemas colectivos por el agua.

Esta participación se puede entender por la apropiación social del agua en el medio local. Los SIAs permiten a los ciudadanos tener el control de su agua; a su vez, dan una mayor apertura para que la ciudadanía realice sus demandas de forma directa a un organismo compuesto por ellos mismos. Por tanto, son un ejemplo de gobernanza real que se autorregula por medio de una autogestión comunitaria, a través de los usos y costumbres que aplican por y para el agua. Sin embargo, siempre existe la tensión del sostenimiento económico y operativo del sistema independiente de agua.

Cobertura

El municipio de Huajuapan de León tuvo un incremento del 31 % de su población en el periodo 2005-2015 (^{INEGI, 2005}; ^{INEGI, 2015}). Este alto crecimiento se debe, en gran medida, a la migración interna de los municipios que están a su alrededor, y los nuevos habitantes que se instalan en la zona periférica a la ciudad; se establecen en territorios de propiedad social, como ejidos y comunidades agrarias, las cuales se ubican en las zonas limítrofes entre las agencias y la ciudad de Huajuapan de León. Por lo tanto, el gobierno y las agencias enfrentan una creciente demanda por servicios urbanos, en especial por el agua.

En las agencias de Santa Teresa y Xochixtlapilco existen tres problemas principales en la cobertura del servicio de agua. El primero es la creciente demanda de suministro por nuevos habitantes que se instalan en zonas que son propiedad de las agencias, pero que están lejanas a la infraestructura de agua. Por tal razón, esta demanda no puede ser atendida por el SIA, por lo tanto, la SAPAHUA ha suministrado agua dentro del territorio administrativo de la agencia. Así, los límites operativos entre el SIA y la SAPAHUA se vuelven difusos. De acuerdo con los comités del agua de Santa María Xochixtlapilco y Santa Teresa, es posible que en un futuro estas agencias dejen de tener el control del agua, ya que los nuevos ciudadanos de dichas localidades se sienten parte de la ciudad y no de éstas.

El segundo es un alto índice de viviendas deshabitadas en la zona céntrica (de las agencias) por la migración de su población original. Los comités del agua mencionan que, a pesar de no estar en uso, la tubería tiene que recibir mantenimiento y las viviendas tienen acceso a un suministro del agua que no es retribuido al SIA. Finalmente, un tercer problema es el caótico uso de suelo. Al ser agencias municipales, la tenencia de la tierra es de comunidad agraria, pero las zonas que están empezando a ser habitadas se manejan de forma clandestina como pequeña propiedad.

A pesar de estos problemas, los sistemas locales de agua tienen una gran ventaja: están presentes en localidades dispersas, donde el gobierno municipal no puede tener acceso por falta de urbanización; son creados por la gente en su comunidad para gestionar el manejo del agua en sus territorios. Esto concuerda con lo que indican ^{Gumeta-Gómez, Durán y Bray (2016)}, en el sentido de que los SIAs son instituciones comunitarias que, a través de los sistemas de cargos, administran y controlan el manejo del agua en muchas localidades dispersas de los territorios municipales.

De acuerdo con la percepción de los entrevistados, los SIAs suministran agua de buena calidad y con más eficiencia en el costo que la SAPAHUA. Representan una alternativa en la cobertura del servicio de agua en las localidades del municipio (^{Galindo-Escamilla, 2007}), y como una institución comunitaria que aporta justicia socioambiental para mitigar los efectos negativos de la globalización y del mercado neoliberal que han creado por medio de la GIRH (^{Altvater & Mahnkopf, 2002}).

Defensa del agua

A través de la ^{Gaceta Municipal de Huajuapan de León (2017)} y del catálogo de localidades del Marco Geoestadístico Nacional del ^{INEGI (2018)}, se identificó la existencia de 153 localidades urbanas y rurales. De acuerdo con la investigación de campo y datos del Sistema Administrador de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huajuapan de León (^{SAPAHUA, 2018}), el gobierno municipal abastece a 88 localidades y los SIAs a 38, por lo que existen 27 localidades sin suministro continuo de agua. El abastecimiento poblacional de la SAPAHUA se estima en un 70 %, que equivale a 58 524 habitantes; mientras que la cobertura de los SIA se estima en un 23 %, que equivale a 19 229 habitantes.

Actualmente existe una alta demanda de agua para satisfacer las necesidades de las 88 localidades suministradas por el gobierno municipal, donde se concentra el 70 % de la población del municipio. Para abastecer agua, el gobierno municipal cuenta con la presa de Yosocuta, que atiende a 66 localidades; mientras que las otras 22 lo hacen por medio de seis pozos profundos y tres galerías filtrantes ubicadas en diferentes localidades rurales cercanas a la ciudad. Para el saneamiento, la SAPAHUA tiene una planta potabilizadora, y otra de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la agencia de Santa María Xochixtlapilco.

La principal tensión que tiene el gobierno municipal con las localidades que administra se debe al grave problema en la calidad del agua. La presa presenta problemas en cuanto a su funcionamiento e infraestructura. El ^{Instituto de Hidrogeología de la UTM (2016)} señaló que en 2015 y 2016 hubo graves problemas de contaminación por tres factores: 1) descarga directa de los desechos de aguas negras que llegan de la ciudad de Huajuapan de León y que no son tratados de forma adecuada por la planta de tratamiento; 2) suministro de grandes cantidades de agua a los sistemas de riego; 3) alto nivel de azolve por deforestación en la cuenca del río Mixteco, el cual alcanzó un 40 % del nivel de la presa.

Esta situación genera un conflicto por el control del agua con las localidades que tienen sus propios SIAs. El gobierno municipal quiere los pozos controlados por los SIAs para abastecer a más colonias. Los SIAs no entregan el control del agua, pues saben que el agua que les suministrarían sería de la presa de Yosocuta y no necesariamente de sus propios pozos. En entrevistas con exintegrantes de los comités de agua de San Mateo y San Diego se evidenció que esta situación ya sucedió en sus localidades, donde entregaron el control de su SIA al gobierno municipal, y la cantidad y calidad del agua que reciben ahora es inferior a lo que les abastecía su propio sistema.

En tres de los cuatro casos de estudio se detectó que existe una presión del gobierno municipal para obtener el control de sus cuerpos de agua. Las tres comunidades se han negado a cederlo, porque coinciden en el temor de que SAPAHUA les suministre agua de muy mala calidad, como la que proviene de Yosocuta. Cada uno de los casos tiene argumentos particulares: el comité de agua de Jardines del Sur no está dispuesto a ver reducido el volumen del agua del jagüey, que además se ha constituido en un símbolo de cuidado al medio ambiente que los enorgullece; la Colonia del Maestro no quiere perder el control del agua, porque afectaría su nivel de organización, el cual es un rasgo distintivo de la localidad; para la agencia Santa Teresa, el agua representa el arraigo a su territorio.

En general, y con base en información contrastada entre las entrevistas hechas a los SIAs y la SAPAHUA, se confirma que el gobierno municipal tiene interés de apropiarse del manejo del agua en las localidades de acuerdo con las siguientes razones: a) calidad del agua; b) situación geográfica; c) infraestructura, y d) cantidad de agua disponible para poder dotar de agua a otras localidades que se encuentran alrededor. Con la justificación de ser de interés público, el ayuntamiento quiere obtener el control de los recursos, y de la infraestructura construida y manejada por los sistemas independientes de agua.

Esta situación provoca diversas tensiones que han sido documentadas por ^{Natera-Peral (2005)} y ^{Paz (2008)}, en donde los sistemas comunitarios buscan evitar la apropiación de sus recursos. Los SIAs representan un medio que permite a los ciudadanos tener el control de su agua, porque han trabajado por ella y su cuidado, por tanto, defienden sus cuerpos de agua pues ven el agua como propia, como un medio necesario para la vida.