INTRODUCCIÓN

Las masculinidades son procesos históricos dinámicos que se configuran de manera diversa y localizada y se intersectan con diferentes variables contextuales en el marco de un complejo entramado de relaciones de dominación (^{Badinter, 1993}; ^{Butler, 2007}; ^{Delgado, 2022}). Los desarrollos teóricos sobre masculinidades tuvieron sus comienzos en Estados Unidos y en los países escandinavos durante la década de 1970 y han adquirido cierta relevancia en América Latina, donde ya tienen cerca de 30 años de producción e historia. Los primeros temas abordados por este campo han ido desde el trabajo y la violencia a la sexualidad, la reproducción, la paternidad, entre otros (^{Connell, 1995}; ^{Fuller, 1997}; ^{Bonino Méndez, 2002}; ^{Ruxton, 2002}; ^{Barker, Aguayo y Correa, 2013}; ^{Bott et al., 2012}; ^{Garda y Huerta, 2007}; ^{Guedes, García-Moreno y Bott, 2014}; ^{Ramírez, 2008}; ^{de Stéfano Barbero, 2019}, ²⁰²¹).

Este artículo es parte del apartado teórico-metodológico de una investigación en desarrollo cuyo objetivo es abordar la incidencia de la formulación e implementación de una política sociolaboral en el proceso de construcción de masculinidades en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. A continuación, se propone un acercamiento a los principales conceptos que pueden contribuir al análisis del vínculo entre políticas sociolaborales y masculinidades para, luego, realizar una propuesta teórico-metodológica que aporte a la comprensión de la incidencia de dichas políticas en la producción y reproducción de los mandatos de la masculinidad. Para ello, se realizará un recorrido por algunas de las principales conceptualizaciones en el marco de los estudios de las masculinidades, a partir del cual se visualizarán diversas perspectivas de aproximación con fuertes cargas valorativas sobre el ser, el deber ser y el hacer de los varones, mostrando cómo convergen múltiples corrientes de análisis con diversos propósitos. Lo anterior para conocer, conceptualizar y orientar la acción respecto a la construcción social de las masculinidades, la identidad masculina y el contenido mismo de la masculinidad.

Atendiendo a la existencia de diversas corrientes de análisis de las masculinidades, cabe destacar que aquí se abordarán desde una mirada centrada en los procesos y relaciones por medio de los cuales las personas llevan vidas imbuidas en el género (^{Connell, 1995}; ^{Connell y Messerschmidt, 2021}). De este modo, las masculinidades se configuran a partir de las posiciones o relaciones establecidas, las que hacen referencia a las posiciones de privilegio y poder en las que las relaciones de género se intersectan con otras posiciones en la estructura de desigualdades (^{Viveros Vigoya, 2016}). Tener en cuenta un enfoque interseccional situado para abordar las masculinidades permite enmarcarlas en un sistema complejo de estructuras y opresión múltiples y simultáneas y que, a su vez, es la consecuencia de factores de discriminación que interactúan con otros mecanismos de opresión creando nuevas dimensiones de desempoderamiento (^{Crenshaw, 1993}).

En un contexto en el cual las masculinidades parecen ser cada vez más heterogéneas en función de la creciente complejización de la estructura de desigualdades, se erigen mandatos respecto de la masculinidad que se constituyen como configuración normativizante de prácticas sociales para los varones y que se desprenden de los principales componentes que han constituido históricamente la masculinidad hegemónica (^{Kauffman, 1995}; ^{Connell, 1997}; ^{Kimmel, 1997}; ^{Connell y Messerschmidt, 2021}). Aun cuando algunos de estos componentes estén actualmente en crisis de legitimación social (^{Robles et al., 2022}), su poder configurador está presente y se encuentra relacionado con la voluntad de dominio y control, ya que es un corpus de producción ideológica construido sociohistóricamente y resultante de los procesos de organización social de las relaciones mujer/varón a partir de la cultura de dominación y jerarquización masculina (^{Connell y Messerschmidt, 2021}). Sin embargo, cabe destacar que la masculinidad hegemónica no es normal en sentido estadístico, ya que solo una minoría de varones la encarnan por la imposibilidad de cumplir con todos los requisitos ideales que implica. Por esta razón representa más un tipo ideal que una manifestación en la realidad social concreta (^{Connell y Messerschmidt, 2021}).

A pesar de ello, el ideal de masculinidad hegemónica se constituye como la forma más honorable de ser varón debido a que requiere que los varones se posicionen en relación con ella, legitimando ideológicamente la subordinación global de mujeres, disidencias y varones que no encarnen las principales características de dicha masculinidad, y constituye el anclaje arquetípico en el cual se sostienen los principales mandatos de la masculinidad. De este modo, aun cuando implica una reproducción de la hegemonía de género, no se traduce necesariamente en una experiencia de vida satisfactoria, ya que requiere la constante vigilancia de uno mismo y de otras personas (^{Connell y Messerschmidt, 2021}). En este marco, los mandatos de la masculinidad son fundamentales para el mantenimiento de una cultura eminentemente patriarcal, ya que se constituyen a partir de la naturalización de mitos acerca de los géneros, presentando como verdades una serie de falacias sociales sobre el ser y deber ser de los saberes, pensares, estares y sentires de los varones (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}; ^{Mardones y Navarro, 2017}; ^{Medina Mendoza, 2023}).

En este sentido, y como se mencionó anteriormente, los principales mandatos de la masculinidad se encuentran relacionados directamente con el mundo del trabajo y, si bien varían en función de la cultura y la época, podrían resumirse en que los varones deben ser proveedores, independientes, activos, dignos, capaces, autoridad familiar, productores, fuertes, resistentes y económicamente exitosos (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}). De este modo, debido a que los varones son socializados para ser proveedores económicos y para asumir la responsabilidad de sostener económicamente a sus familias, existen fuertes expectativas acerca de tener un trabajo remunerado y ganar un salario suficiente para realizar dicha acción sin depender de ayuda externa (^{Olavarría, 2001}, ^{Mardones y Navarro, 2017}; ^{Ruxton, 2002}; ^{Ochoa 2012}; ^{Hernández, 2014}).

Sin embargo, las condiciones del mercado laboral que posibilitaban el cumplimiento de los principales mandatos de la masculinidad en torno al trabajo se han transformado a partir de un proceso que llevó a la casualización de las relaciones de empleo; es decir, acuerdos entre empleador y empleado a corto plazo en lugar del empleo de largo plazo y a tiempo completo (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}; ^{Valencia, 2010}). Este nuevo mercado laboral se basa en la producción flexible y en consumos diferenciados y no estandarizados, por lo cual los procesos de trabajo se caracterizan por su flexibilidad y por su breve temporalidad. Estos procesos generan transformaciones en las expectativas que los trabajadores tienen respecto de su trabajo (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}). Uno de los resultados generales de estos procesos es que un significativo número de varones ha sido forzado a trabajar en condiciones laborales inferiores a lo que esperarían como “proveedores del hogar” y en actividades informales o irregulares similares a las que habían sido identificadas en períodos anteriores como “femeninas” (^{Castel, 1997}; ^{Valencia, 2010}; ^{Paulson, 2013}).

Las transformaciones que hicieron del mercado laboral un espacio cada vez más excluyente y cortoplacista, llevaron al Estado argentino a la construcción de políticas que fomenten la integración social a partir del empleo, colocando al trabajo nuevamente en el centro de la escena como el principal problema público y contribuyendo a la creación de políticas sociolaborales (^{Assusa, Zehnder y Cuevas, 2019}). Por esta determinación y convicción político-conceptual, el núcleo de la intervención estatal para atender a la “cuestión social” volvió a ponerse en el empleo a partir de la expectativa de que el crecimiento derramaría en más y mejor trabajo, pero no ya naturalmente como consecuencia de la dinámica del mercado, sino con una fuerte y decidida injerencia del Estado (^{Grassi, 2012}; ^{Assusa, Zehnder y Cuevas, 2019}).

En este contexto, en Argentina comienzan a extenderse diversas políticas sociolaborales, que comprenden un conjunto de intervenciones y regulaciones políticas que desbordan aquellas que estrictamente corresponden a la política laboral, pero que tienen por objeto el trabajo, y por eso se define. En esas políticas se pone de manifiesto la consideración que adquiere el trabajo humano en la producción y la que merece el sujeto del trabajo (^{Grassi, 2012}). Al igual que el conjunto de las políticas públicas, las políticas sociolaborales se encuentran generizadas; es decir, tienen en su origen una carga valorativa acerca de las principales nociones en torno a lo que deben o deberían hacer varones y mujeres en función de su género (^{Aguayo y Sadler, 2011}).

Por esta razón es que en este trabajo se considera que las políticas sociolaborales resultan fundamentales para observar de qué manera se constituyen los mandatos de la masculinidad. Al establecer horizontes normativos a partir de los cuales abordar las problemáticas que poseen quienes son receptores de dichas políticas, establecen los deberes de los varones en el mercado laboral. Estos horizontes normativos pueden rastrearse en las leyes, normativas o materiales que dan sustento a las políticas y se concretan a través de la acción estatal en el territorio a partir de las burocracias locales (^{De Sena, 2014}; ^{Rodríguez Gustá, 2008}, ²⁰¹⁴). Por esta razón resulta pertinente indagar tanto en los procesos de formulación como en los de implementación de políticas públicas a los fines de lograr una visión integral acerca de cuál es el rol del Estado en la construcción de nociones de género. Esto se debe principalmente a que durante la formulación, la mirada de los expertos objetiva a los destinatarios de las políticas y define los problemas y las soluciones posibles, descartando las alternativas (^{Scribano, 2002}; ^{Shore, 2010}; ^{De Sena, 2014}), mientras que, en la implementación, diversos actores involucrados ponen en marcha la conexión causal cristalizada en el diseño de la política, reinterpretando las intenciones de las políticas y desplegando variadas estrategias de influencia/incidencia (^{Rodríguez Gustá, 2008}, ²⁰¹⁴; ^{Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya, 2013}).

A continuación, se propone un breve recorrido acerca de los conceptos de masculinidad, masculinidad hegemónica e interseccionalidad situada para luego indagar sobre los mandatos de la masculinidad en el marco del mercado laboral actual. Luego se desarrolla un acercamiento teórico sobre del rol del Estado en la construcción de las principales nociones de género y, para finalizar, se concluye con una propuesta teórica y metodológica que aporte al abordaje de la incidencia de las políticas sociolaborales en la producción y reproducción de los mandatos de la masculinidad.

MASCULINIDADES, MASCULINIDAD HEGEMÓNICA E INTERSECCIONALIDAD SITUADA

Las masculinidades pueden ser abordadas como un conjunto de significados, siempre cambiantes, que se construyen a través de nuestras relaciones con nuestras propias individualidades, con las demás personas y con el mundo. Significan cosas diferentes, en diferentes épocas y para diferentes personas. Las definiciones de masculinidades cambian constantemente, se despliegan en el terreno político y social en el que se llevan a cabo las relaciones entre la diversidad de identidades existentes (^{Kimmel, 1997}).

Como se ha mencionado con anterioridad, en este artículo se entienden a las masculinidades desde una mirada centrada en los procesos y relaciones por medio de los cuales las personas llevan vidas imbuidas en el género (^{Connell, 1995}). En este sentido, son, al mismo tiempo, la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales las personas se comprometen con esa posición de género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura (^{Connell, 1995}).

Las masculinidades se configuran a partir de las posiciones o relaciones establecidas, lo que refiere a las posiciones de privilegio y poder en las que las relaciones de género se intersectan con otras posiciones en la estructura de desigualdades. Este enfoque interseccional permite enmarcar las masculinidades en un sistema complejo de estructuras múltiples y simultáneas, y de opresión que, a su vez, es la consecuencia de factores de discriminación que interactúan con otros mecanismos de opresión creando nuevas dimensiones de desempoderamiento (^{Crenshaw, 1993}; Bard Wigdor, 2016; ^{Viveros Vigoya, 2016}). Como señala ^{Connell (1995)}, no todas las masculinidades se manifiestan de la misma manera ni se encuentran condicionadas o poseen las mismas oportunidades de desarrollo. Esto se debe a que los procesos de socialización no son homogéneos. Las masculinidades no preexisten, sino que son producidas en relación con el contexto en un proceso constitutivo del orden de género y se vinculan con otras relaciones de dominación (^{Connell, 1995}; Delgado, 2021).

En el caso de los varones jóvenes no insertados (o insertados precariamente) al mercado laboral, sujetos de interés para las políticas sociolaborales (^{Grassi, 2012}), la condición de desempleo se encuentra en diálogo constante con la representación social dominante de lo masculino, establecida a partir de las concepciones hegemónicas de la masculinidad y con un poder configurador que contribuye a la reproducción de desigualdades de género a través del establecimiento de diversos mandatos, expectativas y creencias acerca de lo que significa “ser varón”. Estos mandatos señalan lo que se espera de ellos, siendo el patrón con el que se comparan y son comparados. A algunos, los menos, les produce grandes satisfacciones; a otros, en cambio, les provoca incomodidad, molestias y fuertes tensiones, que los conflictúa por las exigencias que impone (^{Olavarría, 2001}).

Desde el punto de vista del sujeto individual, la masculinidad hegemónica es la única que domina el universo de las definiciones sobre el ser varón y el camino de la construcción de la identidad masculina. Esto se debe a que está en lo más alto por su valoración social en la jerarquía de masculinidades posibles, siendo por ello la representación social dominante de lo masculino, la única aún legitimada socialmente y que, generalmente, deja fuera la construcción subjetiva a las otras masculinidades posibles (^{Bonino Méndez, 2002}).

La masculinidad hegemónica es la configuración normativizante de prácticas sociales para los varones predominante en la cultura patriarcal, con variaciones pero persistente (^{Connell, 1997}; ^{Kimmel, 1997}; ^{Connell y Messerschmidt, 2021}; ^{Bonino Méndez, 2002}). Aunque algunos de sus componentes estén actualmente en crisis de legitimación social, su poder configurador aún incide en los varones y se encuentra relacionado con la voluntad de dominio y control, ya que es un corpus de producción ideológica construido sociohistóricamente y resultado de los procesos de organización social de las relaciones mujer/varón a partir de la cultura de dominación y jerarquización masculina (^{Bonino Méndez, 2002}). En este sentido, es un elemento clave en el mantenimiento de dicha cultura y deriva su poder de la naturalización de mitos acerca de los géneros, construidos para la legitimación del dominio masculino y la desigual distribución genérica del poder (^{Bonino Méndez, 2002}). Esta naturalización permite mostrar como verdades una serie de falacias sociales sobre el ser y deber ser de los saberes, pensares, estares y sentires de los varones, logrando, como todo poder hegemónico, que la vieja fuerza bruta de imposición sea reemplazada por la violentación invisible de las mentes, alcanzando así la consensuación de algo que es solo una ilusión (^{Bourdieu, 1990}).

La problematización acerca de la masculinidad hegemónica parte de la necesidad de explicar la estructura patriarcal sostenida por el modelo capitalista y que está asociada a una masculinidad legítima en el sistema patriarcal que garantiza la posición dominante de ciertos varones y ubica a mujeres, otros varones y disidencias en posiciones subalternas. Esa masculinidad dominante se caracteriza por la centralidad de la heterosexualidad como mandato en consonancia con una sexualidad activa que se corresponda con el ejercicio viril de ese modelo masculino (^{Connell, 1997}; ^{Kimmel, 1997}; ^{Kauffman, 1995}; ^{Seidler 1994}).

En términos de ^{Kauffman (1995)}, existe conflicto debido a la imposición cultural de la ideología de esta masculinidad, ya que para la mayoría de los varones es imposible cumplir con los requisitos de los ideales dominantes de la masculinidad. Estos mantendrían una poderosa e inconsciente presencia en sus vidas, debido a que describen y encarnan verdaderas relaciones de poder entre varones y mujeres, y entre ellos mismos. El poder que puede asociarse con la masculinidad dominante también puede convertirse en fuente de dolor, puesto que sus símbolos constituyen, por último, ilusiones infantiles de omnipotencia y son imposibles de lograr (^{Kauffman, 1995}).

Según el autor, aunque muchos varones se consideren a sí mismos acordes a los lineamientos de la masculinidad hegemónica, experimentan una gama de necesidades y sentimientos considerados inconsistentes con el concepto hegemónico de masculinidad. Estos sentimientos se convierten de manera cotidiana en fuente de temor (^{Kauffman, 1995}).

En este punto resulta primordial diferenciar el concepto de masculinidad hegemónica del de masculinidad privilegiada, ya que este último hace referencia al horizonte de masculinidad con el que varones (y mujeres) mantienen relación, configurando ideales, fantasías y deseos. Está basado en el prestigio y el privilegio de ser o parecer joven, blanco, heterosexual, casado, urbano, católico, con estudios, adinerado, de buen aspecto, fuerte, deportista, exitoso, capaz, independiente, seguro, racional, controlado, potencialmente agresivo, etc. (^{Connell y Messerschmidt, 2021}). En este sentido, las masculinidades hegemónicas legitiman las relaciones de género desiguales y no necesariamente son privilegiadas, así como las privilegiadas no son necesariamente hegemónicas. Esto se debe a que la hegemonía, a diferencia de la dominación, no precisa solo de coerción y violencia, sino de consenso y participación, centralidad discursiva, institucionalización y deslegitimación de alternativas.

Es importante mencionar que la masculinidad hegemónica no es “normal” en sentido estadístico, ya que solo una minoría de varones la encarnan por la imposibilidad de cumplir con todos los requisitos ideales que esta masculinidad implica (^{Connell y Messerschmidt, 2021}). Sin embargo, sí es normativa porque encarna la forma más honorable de ser varón, requiere que los otros varones se posicionen en relación con ella y legitima ideológicamente la subordinación global de mujeres y disidencias. La masculinidad hegemónica está legitimada estructuralmente de diferentes formas a nivel global, regional, local y biográfico. Aun cuando implica una reproducción de la hegemonía de género, no se traduce necesariamente en una experiencia de vida satisfactoria al implicar la constante vigilancia de uno mismo y de otras personas; está repleta de contradicciones internas, limitación de opciones, soledad, estrés, riesgos, etc. (^{Olavarría, 2001}; ^{Connell y Messerschmidt, 2021}).

Como consecuencia de la preponderancia de la masculinidad hegemónica por sobre otras masculinidades posibles, se desprenden una serie de mandatos que ^{Mardones y Navarro (2017)} definen como mandatos de la masculinidad. Estos mandatos representan un conjunto de creencias y expectativas que se imponen a los varones en función de su género y que pueden variar según la cultura y la época. Algunos de los mandatos más comunes incluyen proveer, ser heterosexual, ser fuerte, dominante y ser exitoso (^{Mardones y Navarro, 2017}).

Cabe destacar que estos mandatos y/o creencias pueden tener un impacto negativo en la salud mental de los varones, ya que implican una presión por intentar cumplir con estas expectativas y, en última instancia, puede generar sentimientos de culpa o vergüenza como consecuencia del incumplimiento de los mismos (^{Olavarría, 2001}). Los mandatos de la masculinidad, debido a su carácter normativizante, limitan la forma en que los varones se relacionan con los demás y operan como una garantía para que se continúen reproduciendo las desigualdades de género. A su vez, debido a las condiciones del mercado laboral reciente, cumplir con dicha asignación de género depende, cada vez menos, de las capacidades y formación profesional de los individuos y cada vez más del mercado laboral. El libre mercado y la desestatización como paradigmas hegemónicos en los países latinoamericanos han tenido efectos en las posibilidades de algunos varones de mantener el rol de proveedores de familia, dado que muchos de ellos se han visto inmersos en situaciones de disminución y pérdida laboral (^{Kaztman, 1992}; ^{Jiménez Guzmán y Tena Guerrero, 2007}; ^{Solórzano, 2007} y Collin Harguindeguy, 2007).

Para discutir las masculinidades que interesan en este artículo, es decir varones jóvenes no insertados (o insertados precariamente) en el mercado laboral, resulta fundamental retomar el concepto de masculinidades marginales (^{Connell, 1995}), no porque el mismo aplique linealmente a los casos analizados, sino porque en ellas cobra particular relevancia la intersección que se da entre el género y otras formas de desigualdad estructural como la raza, clase, lugar de residencia, nacionalidad, grupo etario, etc. (^{Viveros Vigoya, 2016}). Los varones de grupos marginados pueden actuar de forma hegemónica para acceder a ciertos privilegios, pero, a pesar de ello, no modifican la estructura de desigualdades por la cual también son perjudicados en relación con otros varones en posiciones privilegiadas (^{Connell, 1995}; ^{Walker, 2022}).

En múltiples ocasiones este esfuerzo por el acceso a los privilegios de género trae aparejado una serie de malestares que, como señalan ^{Jiménez Guzmán y Tena Guerrero (2007)}, requieren de la identificación de un conflicto entre el deber ser social y el querer ser individual para ser identificados. Gran parte de los malestares se relacionan con varones que se resisten a los cambios, ya que hay cierta pretensión en torno a mantener la autoridad y poder que les otorga el modelo tradicional de masculinidad. En este sentido, las nuevas condiciones socioeconómicas obstaculizan cumplir con las demandas sociales vinculadas con su condición masculina provocando grandes contradicciones respecto a lo que se debe hacer como varón (^{Jiménez Guzmán y Tena Guerrero, 2007}).

Distinguir entre las características de la masculinidad, es decir las variables contextuales y las relaciones de poder en distintos niveles, es un ejercicio que implica un proceso de desagregación complejo, pero contribuye a comprender las masculinidades en contexto y enmarcadas en un sistema genérico de producción y reproducción. Este sistema jerarquizado, que influye en las diferenciaciones genéricas y de clase, contribuye así a la percepción de las demás personas y puede ser legitimado en el discurso y en la práctica por cualquier persona, independientemente de su posición en la estructura social y reforzar así la existencia de estereotipos de género.

Para analizar estas variables de contexto y de poder que se intersectan e interactúan entre sí, es necesario retomar el enfoque interseccional situado a partir del cual se analizan las diferentes posiciones que ocupan los/as sujetos/as y que condicionan el surgimiento de determinadas prácticas y significados (Bard Wigdor, 2015; ^{Viveros Vigoya, 2016}). La interseccionalidad es la expresión de un sistema complejo de estructuras y opresión que son múltiples y simultáneas. A su vez, es la consecuencia de factores de discriminación que interactúan con otros mecanismos de opresión creando una nueva dimensión de desempoderamiento (^{Crenshaw, 1993}; ^{Viveros Vigoya, 2016}).

Los enfoques interseccionales situados permiten prestar principal atención a la interacción en una misma persona de dimensiones como el género, la clase, la religión, la etnia, la nacionalidad o el grupo etario, en tanto aspectos que se articulan y se constituyen en sistemas de opresión (Bard Wigdor, 2015; ^{Viveros Vigoya, 2016}). Sin embargo, no todas las masculinidades se manifiestan de la misma manera ni se encuentran condicionadas o poseen las mismas oportunidades de desarrollo debido a que los procesos de socialización no son homogéneos. Por ejemplo, como señala Bard Wigdor (2015), ser varón joven de sectores populares supone una serie de disímiles y profundas desigualdades en relación con varones que pertenecen a sectores profesionales. Los varones jóvenes de sectores populares comparten entre sí las desigualdades de origen respecto a la educación, el empleo formal, la salud y las dificultades que enfrentan para responder ante el modelo hegemónico de masculinidad exitosa, como es ser proveedor de la familia, contar con dinero para trabajar, tener un cuerpo que se parezca al modelo dominante de belleza, etc. (Bard Wigdor, 2015; ^{Walker, 2022}).

Cada estereotipo dominante de ser varón precisa posibilidades materiales y simbólicas que permitan alcanzarlo. Según la vida de los varones y las herramientas que tienen a su disposición, son las oportunidades de ejercicio de alguna de las formas de poder que ofrece la masculinidad dominante (Bard Wigdor, 2015). Estos estereotipos de género adscriben características y roles, definen los esquemas de referencia, influyen en las expectativas y comportamientos de varones y mujeres y, en última instancia, refuerzan la continuidad de la segregación formativa y ocupacional (^{Vázquez-Cupeiro, 2015}).

TRABAJO, POLÍTICAS SOCIOLABORALES Y MANDATOS DE LA MASCULINIDAD EN EL MARCO DEL ACTUAL MERCADO LABORAL ARGENTINO

Los mandatos de la masculinidad en torno al trabajo varían en función de la cultura y la época. En general se espera que los varones sean proveedores económicos debido a que su identidad ha estado históricamente ligada a su capacidad de proveer y ser exitosos en el mundo laboral. Dichos mandatos guardan estrecha vinculación con los componentes de la masculinidad hegemónica o matrices de la masculinidad tradicional hegemónica descrito en los estudios de masculinidades (^{Gilmore, 1994}; ^{Bonino, 2002}) y podrían resumirse en que los varones deben ser: proveedores, independientes, proactivos, dignos, capaces, autoridad familiar, productores, fuertes, resistentes y económicamente exitosos. La división sexual del trabajo ha hecho sentir a los varones dignos y capaces debido a que el dinero que los sectores populares obtienen del trabajo ha generado la sensación de que son proveedores y esta idea nace de uno de los mandatos más determinantes de la vida de los varones: que ellos se deben al trabajo (^{Olavarría, 2001}; ^{Palermo y Casas, 2023}).

En estos términos, el trabajo brinda autonomía porque consolida a los varones como jefes del hogar y les otorga autoridad en el ámbito familiar. De este modo, es inexcusable que un varón adulto no trabaje, ya que la condición de varón adulto se alcanza solo si se es suficientemente autónomo y capaz de producir los medios para la existencia propia y la de su familia (^{Olavarría, 2001}). El trabajo vuelve a los varones personas activas y, a través de él, consiguen aceptación y reconocimiento social a su capacidad de proveer y producir. El mundo laboral pasa a ser, entonces, un espacio en el cual ellos deben tener un lugar y no cumplir esta meta significa no estar a la altura de ser varón; puede provocar indignidad, decepción, fracaso (^{Olavarría, 2001}). Sin embargo, aunque el trabajo es un mandato que se percibe con gran presión, impacta de manera desigual porque adquiere un peso mayor en los sectores precarizados y aquellos que cuentan con menores recursos, quienes, a su vez, son los que tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral (^{Olavarría, 2001}).

Otro de los mandatos de la masculinidad más extendidos, vinculado con la virilidad y centrado en el ámbito laboral, es que los varones tienen el deber de ser fuertes y resistentes en el trabajo. De este modo, se espera que soporten largas jornadas laborales, trabajos físicamente demandantes y situaciones de estrés. Esto incide en la caracterización de las diferentes tareas laborales, ya que aquellos trabajos que no requieren esfuerzo físico suelen ser catalogados como “femeninos” o simplemente como “no masculinos” (^{Olavarría, 2001}; ^{Palermo, 2015}; ^{Medina Mendoza, 2023}). La condición masculina no vendría dada por la mera anatomía o por (únicamente) insertarse en el mercado laboral, sino que depende también de las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo porque ser varón está sujeto a demostración constante y el grado de cumplimiento de los mandatos es el principal parámetro para medir la virilidad (^{Bonino Méndez, 2002}).

Los mandatos de la masculinidad en torno al trabajo suelen ser problemáticos porque perpetúan la idea de que el valor de un varón está ligado a su éxito económico y laboral, lo que puede llevar a la exclusión de aquellos que no cumplen con estas expectativas. Además, pueden limitar la libertad de elección de los varones en cuanto a su carrera y su vida laboral, incidiendo en las desigualdades de género en el trabajo entre diferentes áreas laborales, pero también al interior mismo de los trabajos en distintas actividades (^{Medina Mendoza, 2023}). La representación de las masculinidades en el trabajo implica analizar las prácticas simbólicas y la significación de las experiencias de los varones a partir de la diferenciación sexual (^{Palermo, 2015}). La diversidad de métodos de organización del trabajo configura disciplinas laborales que consolidan un perfil de trabajadores que, en última instancia, producen sentidos acerca de lo que significa ser varón (^{Palermo, 2017}; ^{Palermo y Casas, 2023}). De este modo, las condiciones en las que los trabajadores se insertan laboralmente tienen consecuencias sociales e individuales (^{Iglesias, 2007}).

Como señalan ^{Mauro, Araujo y Godoy (2001)} el trabajo ha sido indudablemente uno de los ejes centrales en torno al cual se ha construido la identidad masculina en las sociedades capitalistas. En este sentido, lo laboral ha aparecido como la herramienta para llegar a ser, operando como organizador de sí mismo, como rasgo distintivo de lo masculino y que, a su vez, les ha permitido a los varones ocupar un lugar en el mundo adulto; les ha permitido ser independientes (no solo material, sino también afectiva y emocionalmente) (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}). El trabajo los ha legitimado entonces como varones, autoafirmándolos y otorgando identidad social y se vuelve la principal fuente de reconocimiento social para el varón, en particular el de sus pares (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}). Se le ha considerado como vía de dignificación personal y ha estado asociado también con el ejercicio de la autoridad y el poder. Las autoras destacan también que, en los hombres, el trabajo aparece históricamente como algo dado (2001).

Para ^{Castel (1997)}, la identidad social se ha definido históricamente a partir de la posición que un sujeto ocupa en el mundo del trabajo asalariado, siendo el origen del salario el proceso de industrialización, lugar en el que se establece la relación salarial moderna. Relación que ha supuesto un modo de retribución de la fuerza del trabajo y ha representado la “retribución próxima a un ingreso mínimo que aseguraba sólo la reproducción del trabajador y su familia y no permite invertir en el consumo no imprescindible” (Castel, 1995, citado en ^{Val, 2019, p.273}). El empleo estable asalariado ha sido un importante factor constituyente de las masculinidades dominantes en las sociedades durante el siglo XX. En este marco, las trayectorias laborales adquirían la forma de biografías laborales que se caracterizaban por carreras que suponían la estabilización y el mejoramiento de la posición laboral a través del tiempo (^{Castel, 1997}; ^{Bauman 1998}; ^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}). Las estructuras del modelo industrial y una específica división sexual del trabajo han supuesto una relación laboral basada en un trabajador varón, con biografía y trayectoria laboral masculina centradas en el trabajo remunerado. A su vez, esta construcción se basaba en un modelo de familia tradicional que presuponía una gran estabilidad de los matrimonios y de la división del trabajo entre los cónyuges, así como la renuncia de las mujeres a asegurarse un proyecto laboral independiente y su aceptación de la dependencia de sus parejas.

Así, el modelo ideal de relaciones de pareja era aquel en que el trabajo remunerado y la provisión solían ser considerados, por varones y mujeres, como ámbitos básicamente masculinos, mientras que el papel de la mujer era fundamentalmente ser esposa-madre-ama de casa (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}; ^{Ruxton 2002}). En este contexto, la esfera productiva (masculina) y la esfera reproductiva (femenina) estaban claramente diferenciadas y esta organización de la pareja y la familia les permitía a los varones estar totalmente disponibles, tanto física como mentalmente, para las exigencias del trabajo. Dentro de una concepción como esta, las responsabilidades estaban delimitadas y definidas para cada uno (^{Mauro, Araujo y Godoy, 2001}). Sin embargo, este panorama ha cambiado a partir de la modificación del rol del trabajo asalariado (^{Castel, 1997}; ^{Val, 2019}). El trabajo como una actividad cultural ha sido reemplazado por el consumo, que se ha erigido como única vía de mantener vínculos sociales, que no se detiene en las fronteras de la pobreza y que se extiende por todas las capas de la sociedad (^{Valencia, 2010}). El consumo, en tanto herramienta de homogeneización social, intenta contextualizar la convivencia en los extremos de un proceso de desarrollo cada vez más desigual, que se da no solo en distintos territorios, sino también hacia el interior de los sectores más empobrecidos, pretendiendo una igualdad que se reduce al hecho de que todos los consumidores comparten las mismas posibilidades de desear lo mismo (^{Valencia, 2010}).

A decir de ^{Bauman (1998)}, este proceso de centralización consumista ha degradado la duración y jerarquizado la transitoriedad a la vez que ha elevado lo novedoso por encima de lo perdurable. En este contexto, nada perdurable puede levantarse y la perspectiva de construir sobre la base del trabajo una identidad (y un proyecto) para toda la vida ha quedado limitada a sectores específicos de la sociedad. Esto se debe, en parte, a que las condiciones objetivas y subjetivas para los trabajadores ya no aseguran el reconocimiento social que aseguraban en la modernidad o sociedad de productores (^{Bauman, 1998}; ^{Iglesias, 2007}). La reestructuración del trabajo implicó un proceso que llevó a la casualización de las relaciones de empleo; es decir, acuerdos entre empleador y empleado a corto plazo, en lugar del empleo de largo plazo y a tiempo completo (^{Castel, 1997}; ^{Bauman, 1998}; ^{Cornfield, 1999}). Estas formas alternativas de contratación conllevan cambios en las expectativas que los trabajadores tienen respecto a su trabajo (^{Iglesias, 2007}). En términos de ^{Castel (1997)}, el momento en el cual el trabajo pierde centralidad como estructurador social, se genera una sociedad de la incertidumbre. La crisis que emerge cuestiona la idea de progreso como promesa de bienestar, donde el hombre (varón, blanco, heterosexual, propietario, etc.) tenía el poder para controlarlo todo. A partir de entonces se inicia un periodo de transición hacia una inevitable reconfiguración de las relaciones de producción y del papel del Estado.

La incidencia que estos procesos han tenido para los varones, principalmente asalariados, crearon desafíos importantes y los cambios en el mercado laboral representaron una variedad de experiencias para los trabajadores en los diferentes países, en las diferentes clases socioeconómicas y en las áreas tanto urbanas como rurales (^{Paulson, 2013}). Uno de los resultados generales de estos procesos es que un número significativo de varones ha sido forzado a trabajar en condiciones laborales inferiores a lo que esperarían como “proveedores del hogar” y en actividades informales o irregulares similares a las que habían sido identificadas en períodos anteriores como “femeninas” (^{Paulson, 2013}). El hecho de que algunos varones no accedan a aquellos empleos asociados a lo masculino ha contribuido a disminuir su estatus en relación con otros varones, no solo económica y políticamente, sino también en términos simbólicos. Al asumir nuevos roles económicos, el perfil de ciertos varones ha sido “feminizado” y esto se atribuye al hecho de que el trabajo, pensado en términos clásicos, dejó de ser la relación social dominante y, por ende, el mecanismo de inclusión social y autoafirmación masculina predominante (^{Paulson, 2013}).

Es importante destacar que el incumplimiento de los mandatos en torno al trabajo incide negativamente en la vida de los varones jóvenes provocando frustración y malestar, generando que en muchos casos la búsqueda de poder y autoridad se traslade a otros ámbitos sociales. Como señala ^{Castilla (2018)}, las claudicaciones en el trabajo pueden implicar conflictos inconscientes relacionados con la sexualidad y la identidad masculina. Es que los fracasos laborales afectan de modo más grave la autoestima, pues ponen en duda su representación como miembros del género dominante en las relaciones de poder entre los géneros. En este punto cabe destacar que, como señala ^{Tena Guerrero (2014)}, no es el desempleo como tal el elemento de vulnerabilidad, sino la modificación radical de reglas sociales del juego económico que generan percepciones subjetivas de inseguridad, la cual implica la incertidumbre económica y la sanción social y subjetiva de quien tiene la culpa por no cumplir con los principales mandatos de la masculinidad en la edad adulta: independencia económica y moral así como capacidad de ser sostén de familia para mantener dominio sexual y autoridad en todas las decisiones del hogar en que se vive (^{Tena Guerrero, 2014}).

Si, como se mencionó anteriormente, el dinero obtenido del trabajo permitió a los varones ser proveedores familiares en un contexto de pleno empleo, la ausencia del trabajo como principal mecanismo de inclusión social abre una multiplicidad de posibilidades para garantizar la obtención del mismo. Como señala ^{Valencia (2010)}, incluso en este sistema de nivelación abstracta donde la capacidad de desear pretende establecer cierta nivelación, late siempre la diferencia entre el deseo y el poder tener, y esta distancia que separa ambas actividades se encuentra mediada por el dinero. En este marco, la violencia y las prácticas delictivas no son concebidas ya como una vía distópica, sino como estrategias al alcance de todos y entendidas como herramientas para hacerse con el dinero que les permitirá costear tanto bienes comerciales como valoración social (^{Valencia, 2010}). Sin embargo, también es preciso remarcar que es este dinero obtenido por los sectores populares, ya no producto del trabajo estable, sino de nuevas estrategias y herramientas, el que se constituye cada vez más en dinero sospechado, cargando los estigmas y prejuicios de un origen incierto y, muchas veces, novedoso (^{Wilkis, 2013}; ²⁰¹⁵).

El concepto tradicional de trabajo se desmantela y, con ello, se ve amenazado el cumplimiento del mandato de varón proveedor, ya que trabajar precariamente es muchas veces considerado una deshonra (^{Valencia, 2019}). La exclusión de los varones del mercado laboral les permite encontrar en la calle un espacio en el cual construir sus masculinidades, generalmente a través de la violencia, con dolor y con esfuerzo (^{Duarte Quapper, 1999}). En contextos de empobrecimiento y exclusión de las condiciones para cumplir el rol proveedor impuesto desde las lógicas patriarcales, estas violencias permiten acentuar la condición de dominador en una suerte de radicalización-caricaturización del macho (^{Duarte Quapper, 2011}). En la calle, los varones, mayoritariamente jóvenes, se juegan una de las posibilidades claves para la construcción de sus masculinidades (^{Duarte Quapper, 1999}). En la calle, está la permanente puesta a prueba de su condición de hombre según la identidad de género asignada culturalmente y la permanente demostración de que puede cumplir con las normas y exigencias que el medio le va planteando. Así, la calle (y no el trabajo) se constituye en el espacio donde demostrar su hombría, ese producto cultural que necesita ser reconocido en los espacios sociales para autoafirmarse (^{Duarte Quapper, 1999}).

Es en este contexto de desplazamiento del trabajo asalariado como estructurador de la vida de las personas, principalmente de los varones, las políticas sociales se han orientado casi exclusivamente a la atenuación del conflicto social creciente producto de los procesos de exclusión (^{De Sena, 2014}). De este modo, las políticas han adquirido una gran potencialidad de performance de lo social, transmitiendo modos de hacer y sentir, desde su mera existencia hasta su implementación (Scribano y De Sena, 2013; De Sena y Scribano, 2020). Casi en consonancia con el aumento de la conflictividad social derivado de las transformaciones del mercado laboral cada vez más excluyente, los programas sociales se orientaron a impulsar y fortalecer la autonomía de las mujeres, lo que llevó a que los varones perdieran el lugar de proveedores exclusivos sobre todo en los sectores populares y en hogares donde las mujeres ejercen la jefatura (^{Olavarría, 2001}). Resulta evidente que las acciones del Estado han afectado la vida de las personas al modificar la intimidad, la vida cotidiana, la subjetividad, la constitución de la familia y las relaciones de género. En última instancia, las acciones del Estado han transformado el modo en que se organiza la sociedad (^{Olavarría, 2001}).

La otra mirada acerca de este proceso, denominado por algunos autores como feminización de las políticas sociales, se refiere a que el hecho de ser mujer “sujeto de un programa social” implica cierto tipo de “etiquetamiento” de lo que es ser mujer pobre. Además, se vuelven evidentes las imágenes de mujer que “estipulan” y “crean” algunas de las políticas sociales (Scribano, 2008). Como señala De Sena (2013), a partir de una mirada histórica de las políticas sociales destinadas a las mujeres, ellas han aparecido siempre reflejadas en el binomio madre - hijo o mujer - familia; es decir, reafirma su rol de única productora y reproductora del hogar y de la familia, en contraposición a las políticas destinadas a promover el trabajo o la ciudadanía, en donde la mujer no es la única beneficiaria. Esta “feminización” de las políticas sociales obedece, por un lado, a las modificaciones en la estructura social y, por otro lado, al lugar que se le adjudica a la mujer en la planificación de las mismas, circunstancias que obedecen a la división social y sexual del trabajo. Se aproxima al rol asignado socialmente a la mujer, encuentra un panorama complejo y de refuerzo de las lógicas de dominación (^{De Sena, 2014}).

En este marco, y ante el creciente contexto de precarización y desplazamiento del trabajo como principal eje de estructuración social e integración, en Argentina surgen lo que ^{Grassi (2012)} ha denominado políticas sociolaborales. Estas comprenden un conjunto de intervenciones y regulaciones políticas que desbordan aquellas que estrictamente corresponden a la política laboral, pero que tienen por objeto el trabajo, por eso se define. En esas políticas, ya sea de empleo, salariales, de asistencia al desempleo, de seguridad y protección social, se pone de manifiesto la consideración que adquiere el trabajo humano en la producción y la que merece el sujeto del trabajo. Expresan, constituyen (primordialmente el régimen de reproducción) y, en consecuencia, demarcan las condiciones de vida y coadyuvan a la calidad de la participación de las personas en la vida social (^{Grassi, 2012}). Según la autora, aunque no agotan la totalidad de intervenciones sociales del Estado, se halla ahí un núcleo fundamental de lo que puede sintetizarse como la “reabsorción política de las divisiones sociales” (^{Grassi, 2012, p.3}) en el capitalismo. Por esta razón señala que es necesario para el análisis considerar las formas de sutura que las políticas concretas proponen y/o permiten o aquellas que se desestiman.

Cabe destacar que, si bien el tratamiento del trabajo como “problema público” ganó terreno al promediar el fin de la década de los noventa, no será hasta el inicio del nuevo siglo cuando las facultades de intervención del Estado en la esfera laboral irrumpen con toda su fuerza (^{Assusa, Zehnder y Cuevas, 2019}). El “retorno de lo público” en el mundo del trabajo significó el tránsito del paradigma de la asistencia al de la promoción y supuso no solamente una reconfiguración en relación con las instituciones del Estado, sino que, además, importó una redefinición de los sujetos destinatarios (^{Assusa, Zehnder y Cuevas, 2019}). De esta manera, tras la recuperación económica de Argentina a partir del año 2003 y la mejoría de los indicadores de ocupación, la acción estatal comenzó a orientarse, ya no a la asistencia de individuos que transitoriamente no podían ingresar al mercado de trabajo, como fue durante los años noventa, sino hacia la inclusión de aquellos grupos de la población que permanecían por largos períodos en situaciones de desocupación debido a características puntuales que los tornaba “especialmente vulnerables” (^{Assusa, Zehnder y Cuevas, 2019}). El caso de los varones jóvenes de sectores populares que no lograron insertarse al mercado laboral resulta paradigmático y ha sido uno de los ejes a partir del cual se han estructurado una multiplicidad de políticas sociolaborales, principalmente aquellas denominadas de formación y promoción laboral.

En este marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) recuperó a las políticas laborales en sentido amplio (marcos regulatorios, diálogo social, políticas de ingresos y de empleo, negociación colectiva, administración de conflictos, inspección de las condiciones de trabajo, protección social) incluyendo una estrategia de restablecimiento de las instituciones claves del mundo del trabajo (^{Grassi, 2012}). Por esta determinación y convicción político-conceptual, el núcleo de la intervención estatal para atender a la “cuestión social” volvió a ponerse en el empleo y la expectativa era que el crecimiento derramaría en más y mejor trabajo, pero no ya naturalmente como consecuencia de la dinámica del mercado, sino con una fuerte y decidida injerencia del Estado. Durante los tres gobiernos de la coalición kirchnerista, el MTEySS reasumió un rol activo y los sindicatos volvieron a negociar mejoras laborales de diversa índole (^{Grassi, 2012}).

Considerando esta nueva determinación con respecto al empleo como núcleo para atender la cuestión social, resulta primordial retomar la pregunta que realiza ^{Val (2019)} acerca de la medida en que los programas dialogan con la relación que los titulares tienen con el trabajo, en qué medida se altera la identidad y el modo en que perciben una prestación que el Estado diseña para paliar la pobreza, lograr la inserción laboral y, en última instancia, alcanzar mayores niveles de inclusión social. El Estado planifica con el objetivo de realizar una actividad que intenta ensamblar y orientar la acción social hacia la satisfacción de determinados objetivos y les asigna a los actores determinadas posiciones, recursos y comportamientos. La relevancia de esta afirmación es que habilita la revisión acerca de los modos en que las normativas expresadas en los programas moldean la vida de los sujetos y, en definitiva, modelan sociedades deseables (De Sena, 2016 citado en ^{Val, 2019}).

Es importante retomar algunos de los elementos propuestos desde la sociología de las emociones (^{Danani, 2004}; ^{De Sena, 2014}) para abordar a las políticas sociales a partir de la consideración del impacto de estas en la estructuración de sensibilidades. Esto se debe a que las políticas poseen determinadas concepciones acerca de la problemática que están discutiendo y de las soluciones acordes, en términos teóricos, metodológicos y epistémicos. De este modo, las políticas producen y reproducen procesos que exceden lo meramente material, implicando determinados impactos en la conformación de las subjetividades de las y los actores, conformando y consolidando sensibilidades sociales (^{De Sena, 2014}).

Cabe destacar que las políticas sociolaborales tienen un papel importante en la construcción de las masculinidades al influir en el acceso al trabajo remunerado, la valoración de ciertos trabajos, las condiciones de trabajo y la cultura organizacional de las empresas. Este rol de las políticas se explica por el hecho de que hacen viable la visibilidad de determinados aspectos del mundo social y no otros, lo que supone producir y reproducir determinadas estructuras de valor y de subjetividades al condicionar qué es lo que se espera de un titular de un determinado programa (^{Scribano, 2002}; ^{De Sena, 2014}).

Estas concepciones sobre determinadas problemáticas toman relevancia debido a que no solo afectan el diseño e implementación de las políticas, sino que también impactan en los esquemas perceptuales de los agentes destinatarios de las mismas al implicar un conjunto de nociones y acciones, a través de las contraprestaciones, asociadas a la situación problemática: las soluciones acordes, los responsables y los responsabilizados. Desde este punto de vista, habilitan unas y no otras prácticas sociales, afectando la capacidad de acción de los sujetos a través de la afectación de los esquemas perceptuales de clasificación y división del mundo que habilitarán unos y no otros comportamientos (^{De Sena, 2014}).

Las políticas públicas, al normatizar y normalizar determinadas problemáticas y soluciones habilitan, deshabilitan y regulan las emociones en cada momento de la vida. Aquí, el lugar del análisis de los cuerpos/emociones permite indagar acerca de la medida en que el abordaje de la cuestión social materializado en las políticas no solamente promueve o restringe determinadas emociones, sino también las implicancias sociales de tal afectación: cómo vivenciar las condiciones de carencias y cuáles serán las “competencias emocionales” idóneas para revertirla (^{De Sena, 2014}). Abordajes de este tipo han sido realizados por autoras como ^{Ruxton (2002)} y han dado cuenta de que las políticas de formación e integración laboral reproducen estereotipos de género basados en los preceptos tradicionales según los cuales los varones continúan considerándose a sí mismos principalmente como sostén de la familia. En este sentido, el principal inconveniente con el cual se suelen encontrar las políticas sociolaborales está vinculado con la nula o escasa atención que tienen en su formulación e implementación los enfoques de género, así como la falta de problematización de las nociones dominantes de masculinidad (^{Ruxton, 2002}).

A partir de los conceptos desarrollados en los apartados precedentes, es posible afirmar que las políticas sociolaborales influyen en las desigualdades de género en el trabajo y, por tanto, en la construcción de las masculinidades al establecer horizontes normativos a partir de los cuales abordar las problemáticas que poseen quienes son receptores de dichas políticas. Estos horizontes normativos pueden rastrearse en las leyes, normativas o materiales que dan sustento a las políticas y se materializan a través de la acción estatal en el territorio a partir de las burocracias locales. Por esta razón resulta pertinente indagar en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas y el rol del Estado en la construcción de nociones de género.

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: UNA APROXIMACIÓN AL ROL DEL ESTADO EN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MANDATOS DE LA MASCULINIDAD

A partir de la idea de que toda política pública está generizada, es posible visualizar cómo la acción del Estado, con su heterogeneidad intrínseca, puede representar formas de comprender a los géneros y a las múltiples relaciones existentes (^{Aguayo y Sadler, 2011}). En este sentido, las políticas públicas han sido históricamente hombre-céntricas, hombre- genéricas y hombre-estáticas. Hombre-céntricas porque fueron y son diseñadas por varones para proteger los privilegios de algunos varones, sin tener en cuenta la diversidad de las identidades y sin entender a los varones en el marco de las relaciones de género (^{Aguayo y Sadler, 2011}). Estas preconcepciones presentes en las políticas se encuentran vinculadas con expectativas sociales que han generado, y generan, las construcciones hegemónicas de la masculinidad, articulando las relaciones interpersonales de la misma manera en situaciones muy diferentes. De este modo, gran parte del armado institucional del Estado estructura y reestructura sus expectativas con respecto a los ciudadanos siempre enmarcándose en las formas hegemónicas del género, lo que se ve manifestado en el diseño y la implementación de las políticas públicas (^{Barker y Greene, 2011}).

El concepto de implementación propuesto por ^{Jaime et al. (2013)} resulta pertinente para este trabajo, ya que lo entienden como un proceso complejo a través del cual los diversos actores involucrados ponen en marcha intencionalmente la conexión causal cristalizada en el diseño de la política. Durante el proceso de implementación se manifiestan ciertas restricciones (que provienen de los mandatos, reglas, recursos disponibles y contingencias) y diversas percepciones de la realidad (generalmente en conflicto), los participantes reinterpretan las intenciones de las políticas y despliegan variadas estrategias de influencia/incidencia, emergiendo incertidumbres de todo tipo (^{Jaime et al., 2013}).

Si bien el desarrollo de las políticas públicas no se manifiesta como un ciclo lineal en el cual sus etapas se realizan una a la vez, sino que todos sus procesos se desarrollan de manera simultánea y en constante transformación en función de la dinámica coyuntural (^{Shore, 2010}), cabe destacar que estrechamente vinculado con el proceso de implementación se encuentra el de formulación de las políticas. Este proceso se desencadena como respuesta o solución a una cuestión socialmente problematizada y generalmente marca el origen formal de la política pública como tal (^{Garcia Delgado, 2003}; ^{Oszlak y O’Donnell, 1982}). Durante la formulación de las políticas, la mirada de los expertos objetiva a los destinatarios y, bajo el pretexto de la eficiencia o la neutralidad, define los problemas y las soluciones posibles descartando las alternativas (^{Scribano, 2002}; ^{Shore, 2010}; ^{De Sena, 2014}). Esta concepción permite explorar profundamente la visión de quienes formulan las políticas, muchas veces solapados por la norma, y cuáles son las concepciones de género que ponen de manifiesto al formularlas sin perder de vista que también son sujetos intersectados por múltiples desigualdades, incluidas las de género.

Sin dejar de considerar la relevancia del proceso de formulación por reflejar la visión de quienes hacen las políticas, el período abordado se caracteriza por un mayor involucramiento de los gobiernos locales en la implementación de políticas públicas diseñadas a nivel nacional. Esto fue producto de los procesos de reconfiguración de las relaciones entre Estado, sociedad y mercado a través de las Reformas de Primera y Segunda Generación de la década de los noventa (Oszlak, 1999). De este modo, la acción de los municipios en el territorio se diversificó adaptando los lineamientos generales de programas y políticas a las características de la gestión local (^{Ferrari Mango, 2019}; Cravacuore, 2008; Chiara y Di Virgilio, 2004).

A partir de este rol otorgado a los gobiernos locales en el proceso de implementación de políticas, resulta importante complejizar la manera en la que el Estado estructura y reestructura sus expectativas, ya que las imágenes acerca su poder, sus capacidades y su alcance en el territorio varían en términos generales y al interior de los diversos estados locales (^{Rodríguez Gustá, 2008}). Por este motivo se torna fundamental abordar al Estado a partir de la deshomogeneización que se ha propuesto desde los estudios feministas, caracterizándolo como conformado por múltiples sitios de control y resistencia (Haney, 1996). A su vez, las cualidades y orientaciones de los actores estatales a nivel local construyen, en forma agregada, capacidades del estado y pueden marcar una diferencia en las intervenciones sociales entre los estados locales (^{Rodríguez Gustá, 2008}; ^{Gaitán, 2014}).

De este modo, las singularidades de los actores, sus trayectorias vitales y perfiles profesionales tienen relevancia analítica para comprender los regímenes locales de implementación y dar cuenta de las enormes variaciones en las acciones públicas. Es que las trayectorias personales e institucionales en el ámbito de la implementación a nivel local no solo dan sentido a la política en el territorio, sino que también nutren de particularidades la lógica de la implementación en función de las capacidades estatales, antecedentes, trayectoria y características del municipio (^{Rodríguez Gustá, 2008}).

En esta línea, las nociones acerca de los derechos, los roles asignados a varones y mujeres, las concepciones acerca del trabajo remunerado, etc., no se edifican únicamente en los textos legislativos nacionales, sino que, en gran medida, son producto de las prácticas cotidianas del Estado (^{Rodríguez Gustá, 2014}). El principal motivo de estas particularidades en la implementación se debe a que las burocracias responsables por las intervenciones no son meras poleas de transmisión de construcciones culturales, sino que tienen interpretaciones respecto del trabajo remunerado, del papel normativamente asignado a mujeres y varones y del valor de la reproducción social (actividades de cuidado y domésticas). Desde este ángulo, las creencias y las representaciones de los funcionarios públicos, definidos en un sentido amplio, influyen en las orientaciones de las políticas al incidir en las acciones micro que hacen a la implementación (^{Rodríguez Gustá, 2014}).

De este modo, el estudio de la implementación a nivel local puede generar un acercamiento sobre cómo los estados municipales inciden en la construcción de identidades de género y, de esta forma, tienen la capacidad de brindar oportunidades disímiles para varones y mujeres. Como señala ^{Rodríguez Gustá (2014)}, podrían responderse preguntas tales como: ¿qué ideas de género sustentan las intervenciones locales?, ¿de qué manera dichas intervenciones acarrean consecuencias sobre la organización social de género, sobre las responsabilidades y los papeles esperados de varones y mujeres?

La relevancia analítica de los funcionarios locales resulta primordial para comprender las orientaciones de las políticas, ya que, como señala Lipsky en su clásico trabajo (1980), los burócratas de nivel callejero se encargan en última instancia de distribuir los beneficios y sanciones estructurando y delimitando las oportunidades de la población. Es aquí donde se articulan todos los preceptos subyacentes a nivel burocrático, incluidos los de género, con las concepciones sobre las problemáticas presentes en las formulaciones de las políticas. De este modo, cada política pública genera su propio entramado de organizaciones e intereses, conectados entre sí y son los actores, con un perfil determinado (sus características, intereses, perspectivas y recursos de poder) quienes moldean y construyen las formas, procedimientos y mecanismos presentes en el proceso de gestión de determinado programa o iniciativa (^{Gradin, 2013}).

Por esta razón, realizar un análisis integral de las políticas públicas y las instituciones en las cuales se enmarcan implica reconocer que las mismas no se reducen ni a sus estructuras formales ni a los sistemas de roles que definen las funciones establecidas para el logro de los objetivos, sino que además están compuestas por rutinas, conocimientos e interacciones que se producen en el ámbito informal de las dinámicas cotidianas. Por este motivo, además de las dimensiones de análisis tradicionalmente abordadas al momento de pensar a las organizaciones, es necesario incorporar aquellas vinculadas al mundo simbólico y cultural (^{Pagani y Arce, 2017}). Los aspectos informales de los vínculos institucionales, en conjunto con la heterogeneidad y la autonomía relativa al interior de las diferentes unidades y niveles del Estado, abonan al hecho de que los entramados e intereses que se estructuran en torno a cada política pública generan conflictividades crecientes al interior de la misma en una disputa constante por posicionamiento, poder o recursos (Oszlak y O´Donnell, 1976).

La permanencia de estos entramados institucionales presupone la existencia de un espacio geográfico socialmente apropiado y con una determinada dinámica territorial, entendiendo por tal un conjunto de procesos sociales, desiguales y contradictorios en los cuales, bajo determinadas relaciones de poder, los diferentes actores disputan y reconfiguran, tanto simbólica como materialmente, el territorio a diferentes escalas (^{Cisterna, 2011}; ^{Quirós, 2011}; ^{Harguindéguy, 2013}). Estas dinámicas territoriales pueden mostrar más o menos correspondencia respecto de la política en función, ya no solo de las características de la normativa y de las burocracias que llevan a cabo el proceso de implementación, sino también de las particularidades y trayectorias presentes en los territorios en los cuales se lleva a cabo.

UNA PROPUESTA PARA ABORDAR LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS SOCIOLABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES

En el presente trabajo se realizó un recorrido por las principales conceptualizaciones que han aportado los estudios de masculinidades y que permiten abordarlas desde una mirada centrada en los procesos y relaciones por medio de los cuales las personas llevan vidas imbuidas en el género. Se destacó la relevancia del concepto de masculinidad hegemónica para el análisis de las políticas sociolaborales por su carácter normativo y por cómo constituye el anclaje arquetípico en el cual se sostienen los principales mandatos de la masculinidad. A su vez, se señaló la relevancia que tienen los enfoques interseccionales situados debido a que permiten prestar principal atención a la interacción en una misma persona de múltiples dimensiones como el género, la clase, la religión, la etnia, la nacionalidad o el grupo etario. Ello contribuye a la idea de que no todas las masculinidades se manifiestan de la misma manera ni se encuentran condicionadas o poseen las mismas oportunidades de desarrollo debido a que los procesos de socialización no son homogéneos.

Se ha propuesto una conceptualización de los mandatos de la masculinidad en el marco de la transformación del mercado laboral, a partir del cual el trabajo pierde centralidad como estructurador social desplazado por el consumo. A su vez, se presentó la dinámica de surgimiento de las políticas sociolaborales en Argentina en el marco de un período de recuperación socioeconómica, destacando el hecho de que estas influyen en las desigualdades de género en el trabajo y en la construcción de las masculinidades al establecer horizontes normativos a partir de los cuales abordar las problemáticas que poseen quienes son receptores de dichas políticas.

En el último apartado se presentaron los principales conceptos para abordar tanto la formulación como la implementación de políticas públicas y, de este modo, indagar acerca del rol del Estado en la reproducción de los principales mandatos de la masculinidad en torno al trabajo. Ambos momentos de la política cristalizan cómo el Estado, a través de quienes formulan e implementan políticas públicas, crea sentidos acerca del trabajo, los roles de género en torno a él y de su relevancia como mecanismo de integración social. Por este motivo es relevante indagar cuáles son las concepciones acerca del trabajo presentes en las políticas sociolaborales, cuánto de estas concepciones puede ser rastreado mediante la presencia de mandatos de la masculinidad en la normativa de las mismas, cuánto en la visión de quienes las implementan y cuánto en la de los titulares del programa, evitando soslayar que los actores intervinientes son sujetos generizados que se insertan en una compleja estructura de desigualdades que se intersectan entre sí.

Para lograr aproximaciones a dichas concepciones, resulta fundamental partir de abordajes teórico-metodológicos que se indague acerca de los modos de articulación entre procesos macroestructurales y prácticas y acciones locales a través de la documentación de los diseños, los procesos de implementación y las perspectivas de los propios actores de las políticas sociolaborales. En un primer nivel de análisis, la indagación de fuentes secundarias puede brindar los primeros acercamientos a los mandatos de la masculinidad presentes en las políticas sociolaborales, muchas veces reflejados en conceptos acerca del trabajo y del rol de los varones en el mismo y que constituyen el puntapié normativo a partir del cual se construye y articula el resto de la política. Sin embargo, aunque estas representaciones de la masculinidad se construyen en las normativas de las políticas sociolaborales, las mismas terminan por configurarse en los territorios a partir de las características y capacidades estatales de los gobiernos locales y la población destinataria de dicha política.

El análisis de estas características y capacidades, las singularidades de los actores, sus trayectorias vitales y perfiles profesionales tienen relevancia analítica para comprender los regímenes locales de implementación, entendiendo que las burocracias tienen interpretaciones respecto de los papeles normativamente asignados a los varones, transmitiendo así modos de hacer y de sentir. Es este análisis de las singularidades de los actores un segundo nivel de aproximación al análisis de la producción y reproducción de mandatos de la masculinidad en las políticas sociolaborales.

Identificar y caracterizar los mandatos de la masculinidad tanto en la normativa de las políticas como en el proceso de implementación, teniendo en cuenta que estos mandatos constituyen el patrón con el que se comparan y son comparados los varones, permite observar las creencias y expectativas en torno al trabajo que se imponen a los varones en función de su género. Los mandatos de la masculinidad constituyen un concepto que permite rastrear con minuciosidad los estereotipos de género que subyacen a las políticas y que estructuran buena parte de las acciones estatales. Esto se debe a que presentan observables precisos que permiten abordar los supuestos que sustentan las dinámicas de las políticas sociolaborales. La caracterización de los mandatos de la masculinidad en las políticas sociolaborales permite analizar cómo contribuyen a la producción y reproducción de dichos mandatos en un contexto en el cual el trabajo ha perdido centralidad como estructurador social y que ha forzado a muchos varones a trabajar en condiciones informales o irregulares. Abordajes de esta índole posibilitarían preguntar de qué manera el Estado podría contribuir a la construcción de políticas sociolaborales que fomenten nuevas masculinidades acordes a los cambios del mercado laboral, partiendo del reconocimiento de que las condiciones concretas desde las cuales se construyeron los principales mandatos de la masculinidad en torno al trabajo ya no tienen el mismo alcance. Esto requeriría necesariamente la garantización de más y mejores condiciones en los trabajos actuales, que incluyen a los trabajos precarios e informales y a aquellos trabajos no remunerados vinculados a los cuidados y las tareas de reproducción social. Más y mejores condiciones laborales en este sentido podrían contribuir a la construcción de nuevos horizontes normativos en la búsqueda de mayor equidad y a la erradicación de las desigualdades de género que afectan principalmente a las mujeres y disidencias.