INTRODUCCIÓN

El fin del conflicto cristero coincidió con un acontecimiento ligado a la guerra y a la paz. El 24 de diciembre de 1929, monseñor Pascual Díaz y Barreto, arzobispo de México, estableció oficialmente la Acción Católica Mexicana (acm), “según las normas, enseñanzas y deseos de su Santidad Pío XI”, expresadas a los obispos mexicanos en la carta del 2 de febrero de 1926.

La conformación de un nuevo esquema de organización seglar, vinculado al apostolado de la jerarquía eclesiástica, suponía una ruptura profunda con los grupos que habían emprendido la lucha armada en 1926 y sus modos de operar frente a la sociedad y el Estado. El nuevo comienzo se basaba, por un lado, en la sujeción del laicado organizado a las autoridades eclesiásticas, sin excepción, y, por otro, en la congregación de sus actividades en un único órgano, segmentado en especialidades temáticas y atributos poblacionales: hombres, mujeres, infancia, jóvenes y adultos. El remedio, proveniente del Vaticano mismo, buscaba desmarcar a la institucionalidad eclesiástica mexicana de las organizaciones católicas en armas -en especial a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, motor de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa-¹ y plantar las bases de una convivencia pragmática con el poder civil. La desconfianza de los ligueros frente a las nuevas “reglas de juego” del activismo laical justificó con más vehemencia la creación de un órgano como la Acción Católica: ¿pragmatismo de la jerarquía?, ¿fórmula de supervivencia de la Iglesia después de un conflicto violento y un marco constitucional tajante en la separación religión-política?, ¿era una adaptación temprana al modus vivendi que concretaría el gobierno de Ávila Camacho (1940-1946)?,² ¿era un mandato global, pontificio, que no podía eludir la Iglesia católica mexicana?

Producto del exhorto a organizarse que Pío XI (1922-1939) promulgó en 1922, en la encíclica Ubi Arcano Dei, para la “restauración del reino de Cristo”,³ la Acción Católica fue el marco de referencia de la actividad laical en México después del conflicto religioso. Su afinidad con el mundo social, cultural y moral se constituyó en un puente entre la institucionalidad del catolicismo, sus valores y sus proyectos socioculturales más relevantes con la esfera pública. Las conexiones que alcanzaron las distintas instancias de la acm con la educación, el arte, la ciencia, los medios de comunicación, la familia, las costumbres y la práctica misma de la fe, entre otros campos, evidenciaron la versatilidad de dicha actividad, su capacidad de organización y su determinación a darle la vuelta a un Estado laico que constitucionalmente le cerraba espacios para entrar en lo público y, con ello, a la política. Aun así, se incrementaron las organizaciones de laicos y las vocaciones religiosas, se fortalecieron las escuelas confesionales privadas y se logró un mayor dinamismo editorial.⁴

El objetivo de este artículo es detenerse en un proyecto cultural del laicado organizado que, con el aval de la acm y el mandato pontificio, posibilitó espacios de acción del catolicismo -como sistema de creencias y estructura organizativa- en la esfera pública de la sociedad: la Legión Mexicana de la Decencia (IMD) (1932-1960). Es posible plantear que proyectos como estos hicieron operativo el modus vivendi, tras los acuerdos de paz, tanto en el activismo seglar como en la cotidianidad de los feligreses, sus códigos morales, su obediencia a la institucionalidad eclesiástica y su lectura del orden social. Analizaré a la IMD como una iniciativa que permeó la cultura, la industria del entretenimiento, el uso del tiempo libre y hasta las concepciones básicas sobre la familia, la mujer, la niñez o la juventud a partir de la vigilancia moral de contenidos fílmicos. Desde el temor por la desestabilización del orden y las buenas costumbres, ante la consolidación de la industria cinematográfica, la Legión cobró un “deber ser” en la comunidad católica, y, con el tiempo, un espacio de acción en la esfera pública-cultural de la sociedad mexicana, eludiendo restricciones constitucionales a la intervención de la religión en la política.

Ahora bien, la IMD debe ser entendida en un contexto amplio de reafirmación de la moral católica como prioridad de la jerarquía y el laicado. Se trató de un proyecto entre otros, con objetivos, infraestructura, procesos y resultados en el tiempo. Dicha entidad, encargada de clasificar moralmente las películas exhibidas en México, será estudiada en este artículo a través de cuatro pautas:

Tras los arreglos de 1929, predominó un impulso recristianizador en la sociedad mexicana, reforzado por tres elementos: el activismo laical, el mandato pontificio y el pragmatismo de las relaciones Iglesia-Estado. Sostendré que la IMD fue una suerte de “microcosmos” que permitió conjurar las conexiones y las contradicciones de estos tres elementos. El presente estudio se propone leer desde claves culturales, ancladas en el orden moral, las formas complejas y variables de la relación entre la institución eclesiástica y la esfera pública, en un marco constitucional laico. La habilidad para aterrizar los lineamientos pontificios en la actividad del episcopado y la organización laical-local, que a su vez debía coordinarse con parroquias, órganos de difusión, asociaciones y feligreses, entre otras instancias religiosas y civiles, para orientar el consumo de películas, habla de la centralidad que tomó la cultura en la interacción de la Iglesia con el Estado y la sociedad, después del conflicto violento. La IMD fue un organismo capaz de intervenir en ese sofisticado andamiaje: moverse en un espacio global y local, interactuar, exigir y ceder, pasar del ámbito privado al público con holgura, de los intereses económicos de una industria a la infraestructura estatal sustentada en la ley, de la frivolidad del espectáculo a la estabilidad de principios de fe. Su operar no se explica solo, se sustenta en la conexión, la negociación y la protección de otros órganos de la época. Sin embargo, es el control moral el que logra cimentar la base de sus discursos y sus ideas. Su diligencia confirma que, tras la derrota cristera y el mantenimiento de la legislación anticlerical, la jerarquía mexicana no sólo prefirió enfrentar al Estado por medios pacíficos, sino a través de algo que Roberto Blancarte define como ventajoso: la lucha por las conciencias.⁶

Este ímpetu persistió, al menos, hasta la década de 1960. A mediados de siglo, la institución eclesiástica, “tradicional en vías de cambio”, se mantuvo en alerta ante las amenazas de la secularización y la necesidad de conservar el monopolio religioso en paises como México. “No tendrá más alternativa que ir capoteando los embates de la modernidad, sin aceptarla del todo”, indica Torres-Septién. Las películas son un espacio donde esa tensión se hace latente, conjugando el orden moral con el social y cultural. El cine, como industria y producto, pero también como experiencia y significado, en conexión con la vida cotidiana, las mentalidades y las emociones de los individuos, se convirtió en un lugar de disputa para la Iglesia católica. Si a este carácter se suma la imagen en movimiento y su efectividad al comunicar, disuadir o entretener, las alertas se redoblaban. No se demonizó per se el medio y su contenido; se entendió su potencial y se buscó moralizar y cristianizar en medio de contextos más modernos y urbanizados. Organizaciones como la IMD materializaron esa preocupación en acciones. La Legión formó parte de un sistema amplio de mantenimiento de un “estado de las cosas” en el que los principios cristianos pretendieron definir la convivencia en sociedad, o lo que Torres-Septién llama: “un modo de ser católico”.⁷ Su actividad logró permear a la esfera pública y política, y, en el caso mexicano, acoplarse al giro de la relación de la institución religiosa con el Estado después de una confrontación armada.

El presente artículo se divide en cuatro partes. La primera explora la recristianización como punto de partida de la actividad eclesiástica y laical posterior al conflicto cristero, en la que se inscribe el control moral y la creación de cuerpos como la IMD. La segunda se detiene en la Legión como organización con estructura, proyección, funciones y objetivos definidos para la vigilancia moral de las producciones cinematográficas. La tercera se concentra en la encíclica Vigilanti Cura como referencia ineludible del discurso y la acción católica frente al cine. Y la cuarta parte esboza algunos puntos de referencia sobre la censura estatal implementada desde 1913 y reforzada en paralelo a la actividad de la Legión Mexicana de la Decencia.

RECRISTIANIZAR PARA SALVAR

La idea de un mundo en declive, cada vez más desapegado de Dios, fue casi generalizada en el catolicismo de la primera mitad del siglo xx. Se trataba de una suerte de angustia colectiva que advertía, con señalamientos específicos de culpables, una catástrofe en los tiempos venideros. Para el papa Pío XI, “los fundamentos mismos de la civilización cristiana” estaban en entredicho por el “comunismo ateo”.⁸ Según Pío XII (1939-1958), la amenaza más certera estaba en el existencialismo, el historicismo, el idealismo y el evolucionismo que agitaban el orden y las instituciones rectoras de la sociedad. Basadas en el “relativismo dogmático”, la humanidad se dejaba guiar por “doctrinas erróneas”. Los filósofos y los teólogos se hallaban, al decir del pontífice, “en peligro de apartarse poco a poco e insensiblemente de la verdad revelada y arrastrar también a los demás hacia el error”.⁹ Ahora bien, en el llamado se percibían acciones preventivas. Ante los peligros contra la fe católica, Pío XI confiaba en que la reactivación de la Acción Católica fuera un método de integración de la feligresía con las autoridades eclesiásticas y una tabla de salvación frente a la hecatombe posible. En sus palabras, representaba “el apostolado de los fieles cristianos, los cuales, dirigidos por los Obispos, prestan su cooperación a la Iglesia de Dios”.¹⁰ La consigna principal fue “restaurar el reino de Cristo”,¹¹ mediante la organización de asociaciones nacionales e internacionales, coordinadas entre sí. Ahora bien, el enfoque general de “restauración” estaba en diálogo con los discursos que México había escuchado a lo largo del conflicto cristero y la necesidad de una nación católica. Sin embargo, la estrategia de abocarse a los fieles y su capacidad de agencia era una novedad en el panorama por su capacidad de llegar de manera directa a todos los estratos de organización de la Iglesia, la necesidad de sincronización y, como se mencionó líneas atrás, la posibilidad de control mediante la sujeción obligada al episcopado.

La convicción de que la humanidad estaba atravesando una crisis civilizatoria se reforzó entre los sectores más conservadores de ese proyecto de organización laical y algunos de la institución eclesiástica, después de la Segunda Guerra Mundial. Sus pronósticos veían a una sociedad insensible frente a la fe, cuando no apóstata. La crisis era moral. “Las disensiones y errores del género humano en cuestiones religiosas y morales han sido siempre fuente y causa de intenso dolor para todas las personas de buena voluntad”, señaló la encíclica Humani Generis, de 1950. El discurso reiteraba a Divini Redemptoris, de 1937: “Pueblos enteros están en peligro de caer de nuevo en una barbarie peor que aquella en que yacía la mayor parte del mundo al aparecer el Redentor. Este peligro tan amenazador, como habréis comprendido, venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo, que pretende derrumbar radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana”. Una década después de haber ordenado la formación de Acción Católica, el pontífice identificaba en México una prioridad, en tanto ejemplo de sociedades dominadas por el comunismo: “Nos pensamos ahora con singular afecto paterno en los pueblos de Rusia y de México”. Aunque los tratados de paz ya habían sido firmados y el laicado se afianzaba en su organización, el Vaticano consideraba que el comunismo continuaba esforzándose por destruir la religión cristiana y borrar su recuerdo de los mexicanos, especialmente de la juventud. “Los obispos y sacerdotes han sido desterrados, condenados a trabajos forzados, fusilados y asesinados de modo inhumano; simples seglares, por haber defendido la religión, han sido considerados como sospechosos, han sido vejados, perseguidos, detenidos y llevados a los tribunales”.¹²

Mediante la Acción Católica, los pontífices se proponían combatir a la civilización anticristiana, reparando los “desórdenes gravísimos” que había producido.¹³ La idea también era preparar al laicado y sus acciones para los cambios de contexto: “frente a este mundo nuevo urge la correspondiente adaptación del Apostolado Católico”.¹⁴ En México, desde 1929, “recristianizar” a la sociedad fue el propósito principal de la acm y sus órganos asociados.¹⁵ Lo interesante aquí es que de un discurso reaccionario, basado en la preservación de tradiciones y fundamentos, receloso de otras confesiones y formas de pensamiento, surgió un esquema de trabajo -hasta cierto punto- original, que se centraba en la feligresía, formalmente organizada, con capacidad de movilizar una agenda propia. Con este esquema, el laicado organizado, de predominancia conservadora en esta fase, se aseguró un modo de intervenir en las actividades locales de la Iglesia¹⁶ y, según los temas por tratar, espacios en la esfera pública.

Ahora bien, el vaticinio de una crisis civilizatoria para el cristianismo, atada a la dispersión del miedo colectivo, no era inédita para la Iglesia. Incluso, en su concepción básica sonaba repetida y readaptada. La novedad, a finales de la década de 1920, estaba en la forma de hacer frente al problema. “La grave tifoidea materialista y pagana” no podía combatirse en solitario.¹⁷ Se trataba de una suerte de cruzada. En ese marco, órganos como las Legiones de la Decencia, con la connotación histórica que su nombre evocaba: legión, que significa “cuerpo de tropa”, fueron más que una reacción coyuntural. Las Legiones, con la misión de combatir el cine malsano, fueron parte de una estrategia mucho más amplia, consistente y robusta de contención de una crisis que se creía definitiva. A los desafíos de la modernidad laica y secular, acompañada de ideologías ateas, se sumaron en la época los avances de la técnica como posibles peligros para el catolicismo. La postura era ambigua. Aunque los pontífices de la primera mitad del siglo habían aprovechado los potenciales comunicativos de la prensa y el tránsito hacia el cine, la radio y la televisión, reconocían en dichos instrumentos una provocación al correcto cumplimiento y resguarde de la moral. El catolicismo intransigente¹⁸ adoptó de Pío XI y Pío XII el recelo y el temor a la penetración masiva del desarrollo técnico de la comunicación en paralelo a su uso estratégico para la promoción de la fe. La Legión Mexicana de la Decencia puede ser leída desde este cruce complejo entre cambio tecnológico, diagnóstico de crisis civilizatoria para la Iglesia, secularización y laicidad en crecimiento y énfasis local en el control moral y la acción laical.

LA LEGIÓN COMO ESTUDIO DE CASO

La Legión es un ejemplo de la cultura recristianizadora posterior al conflicto cristero. Desde entonces, el episcopado mexicano, en consonancia con las disposiciones pontificias, como lo evidencian las encíclicas Acerba Animi y Firmmissima Constantian, de septiembre de 1932 y marzo de 1937, había decidido iniciar una campaña por la reparación y defensa de los valores cristianos. En la base, el artículo constitucional 130 seguía siendo inaceptable y debía rechazarse en el mismo tenor en el que se negaba la autoridad del Estado.¹⁹ Sin embargo, la violencia ya no era la alternativa para garantizar la restauración en Cristo -pese al impulso de los sectores más radicales-. La vehemencia de la iniciativa fue tan notoria, que se extendió hasta finales de la década de 1950, pasando por momentos de alta tensión, como el Cardenismo y la educación socialista, y periodos de mayor sintonía, como el sexenio de Ávila Camacho. “¡Vive Cristo! Lo lograremos: contra el muro de lodo levantaremos una barrera de moralidad: ensalzaremos cuanto podamos las costumbres limpias de nuestro pueblo: propagaremos a como dé lugar los valores eternos de la moral cristiana; sembraremos de ideales las vidas cristianas”.²⁰ En 1951, la Comisión Nacional de Moralización del Ambiente, filial de la Confederación Nacional de Congregaciones Marianas, y su empresa oficial para vigilar las buenas costumbres, robusteció a organismos como la Legión, con el apoyo directo de la acm.²¹ Siguiendo los mandatos mencionados en el apartado anterior, el resguardo de la moral era una política eclesiástica formulada, ejecutada y auspiciada tanto por la jerarquía como por el laicado organizado.

La IMD está inmersa en el furor restaurador. Los pilares que sustentan (y que permiten entender) su duración y dinamismo son el activismo laical y la protección de la moral como tarea ineludible de la recristianización. Aunado a estos cimientos, el proyecto se nutrió de tres fuentes de inspiración: la experiencia estadounidense en el control moral de la cinematografía, el acompañamiento de la Oficina Católica Internacional de Cine (OCIC) y la encíclica Vigilanti Cura, de 1936, sobre el cinematógrafo.

La IMD surgió por iniciativa de la Orden de Caballeros de Colón, el 20 de diciembre de 1933.²² Tres años más tarde, el 21 de diciembre de 1936, fue bendecida y recomendada por el Episcopado Nacional, quien la declaró “Obra Nacional” y la única autorizada de hacer censura cinematográfica en México. Desde enero de 1937, perteneció a la ocic, entidad creada por Pío X en 1928, y desde el 13 de septiembre de 1938 quedó confederada a la Acción Católica Mexicana. En abril de 1944, la IMD formó parte, con la National Legion of Decency,²³ filial estadounidense fundada en 1933 y precursora de este tipo de organismos a nivel mundial, del comité reorganizador de la ocic, ante los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La IMD fungió como contacto de la ocic en América Latina, especialmente, en México.²⁴ En otras palabras, siendo iniciativa seglar, liderada por el ingeniero Edelmiro Traslosheros, creador y presidente, en el transcurso de cuatro años la organización recibió el aval episcopal, pontificio y de Acción Católica, y, en once años, logró tener presencia internacional en el medio, enlace de Latinoamérica con otros organismos. El informe del presidente Traslosheros, del 8 de junio de 1947, reportaba actividad de la Legión en centros en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Morelia, Monterrey, San Luis Potosí, Saltillo, Torreón, Aguascalientes, Sonora y Veracruz.²⁵

Según sus estatutos internos, la Legión tenía como fin: “propugnar por el saneamiento del ambiente social de México, contra la indecencia en sus múltiples manifestaciones, valiéndose de todos los medios morales y lícitos ante el individuo, la familia y la sociedad”.²⁶ En 1937, quien deseara adherirse a la Legión debía diligenciar un formato en el que prometía rechazar:

Adicional a estas pautas, los miembros de la organización debían aportar una cantidad anual voluntaria para su financiación. Semanalmente, la Legión se encargaba de enlistar las películas en cartelera con su respectiva clasificación moral.²⁸ Para su difusión, se creó el boletín Apreciaciones, que se entregaba los domingos en la puerta de las parroquias y en los Centros Locales organizados por la Legión; incluso, era socializado por algunos sacerdotes en los templos (véase figura 1).²⁹ A su vez, el listado era reproducido por las principales revistas católicas del país, con algunas reseñas que ampliaban la información. Cada mes, se publicaba un índice de películas de reciente estreno con su correspondiente clasificación. Lo propio se hacía cada trimestre y cada año para todo el material censurado.³⁰ En 1955, el ingeniero Jorge Núñez, presidente de la organización, calculaba una impresión de 50 000 hojitas semanales.³¹

Fuente: ACM, clasificación: 1.5.8.3, legión mexicana de la decencia, 1935-1948.

Figura 1 Ejemplar del boletín apreciaciones sobre películas cinematográficas, méxico, 11 de Febrero de 1939 

Para la década de 1930, las películas censuradas se clasificaban en tres categorías, según su pertinencia moral: a) Las pueden ver todos, b) Peligrosas para todos y c) Positivamente malas, no se deben ver y se deben combatir. En la década de 1950, se organizó la evaluación en seis tipologías de películas: a (Buenas para todos), b-1 (Para mayores y también para jóvenes), b-2 (Para mayores con inconvenientes), b-3 (Para mayores con serios inconvenientes), c-1 (Desaconsejables), c-2 (Prohibidas para la moral cristiana). Con los años, la Legión inició la formación de censores y diseñó material especializado para estandarizar los criterios de evaluación moral a partir de clasificaciones de este tipo.³²

De 1931 a 1954, la IMD clasificó 10 826 espectáculos, entre los que se cuentan películas, documentales y obras de teatro (véase tabla 1). De ese material, 27.10 por ciento fue clasificado en la categoría b-1, es decir, exclusivo para adultos y jóvenes, mientras que 22.79 por ciento se catalogaron con algunos inconvenientes morales, aunque aptos para adultos (b-2). En otras palabras, cerca de 50 por ciento del material pertenecía a la categoría b, con reparos en sus contenidos, pero sin riesgos mayores para las audiencias. En los extremos, se destaca que 19.1 por ciento de estos espectáculos estaban en la categoría a, adecuados para todas las edades, sin limitación moral alguna. En contraste, 13.9 por ciento eran desaconsejables para todos, en la categoría c-1; 7.1 por ciento, “prohibidos para la moral cristiana”, en la categoría c-2, y 0.1 por ciento estaban “fuera de clasificación por indecentes”. Siendo las más restrictivas de las clasificaciones, sumaban 20 por ciento del material evaluado por la Legión.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de leñero otero, “cómo Funciona”.

Tabla 1 Distribución del material clasificado por la legión mexicana de la decencia entre 1933 y 1954 

La IMD, la cual consideraba que para defender a la sociedad mexicana era necesario “todo medio de propaganda verbal o escrita”, estaba organizada en un Consejo Nacional, con el tiempo denominado Comité Nacional Ejecutivo, y un número variado de Comités y Sub-Comités Regionales, según las necesidades locales de cada estado.³³ “[L]a mayor parte de nuestros Centros locales han sido encomendados a alguna de las ramas Diocesanas de la acm obteniéndose los mejores resultados”, indicaba el presidente Traslosheros en su informe de 1946.³⁴ Lo anterior ratificaba la comunicación y coordinación permanente con la Acción Católica, infraestructura de la que se valía la Legión para alcanzar cobertura nacional.

En cuanto a la ejecución de sus labores, los documentos fundacionales de la IMD establecieron que todos los nombramientos de censores debían ser sometidos a aprobación del arzobispo de México (Art. 7), quien tenía la facultad de suspenderlos o deponerlos por los motivos que considerara prudentes.³⁵ Dichos evaluadores, base del quehacer de la organización, eran elegidos por un año, con posibilidad de renovar su designación, previa solicitud del Consejo Nacional. La operación suponía el nombramiento de un presidente de censores, quien definía semanalmente, de común acuerdo con el Asistente Eclesiástico, la lista de películas y obras teatrales a revisar. Basados en “el dictado de su conciencia”, conforme a la moral católica, las sugerencias de la ocic y preceptos como los del Código Hays de Hollywood,³⁶ los censores debían llenar un formato con los datos y evaluación moral del espectáculo.³⁷ Casi en lo inmediato, los reportes tenían que ser enviados al presidente de censores, para que éste comunicara, a su vez, al Asistente Eclesiástico y a la Oficina de Información el veredicto a publicar en el boletín Apreciaciones y en el servicio telefónico.

El proyecto cultural que supuso la IMD implicó estandarizar procedimientos, sistematizar información y medir resultados. El formato por diligenciar clasificaba los posibles “improperios” de los espectáculos en categorías que iban desde la “crudeza” hasta los “crímenes”, pasando por el divorcio, la desnudez, las supersticiones y el ataque a la religión (veáse figura 2). La lista permite poner en perspectiva qué comportamientos se asumían como malsanos en los cánones morales de la época. Era evidente una preocupación por aquello que comprometiera la unidad familiar (adulterio, ataques al matrimonio, divorcio y amor libre), las ofensas a la fe (espiritismo y supersticiones), la apariencia personal y el buen decir (groserías, nudismo y vestidos), las diversiones (bailes inconvenientes), los ambientes indecentes (morbo, crudezas, groserías), las falsas ideas sociales, morales o religiosas y el suicidio, la “aprobación del duelo” y las actividades criminales (sin especificar cuáles). La violencia, el consumo de alcohol y de cigarrillos, el maltrato intrafamiliar, la corrupción, el trabajo infantil, los abusos de poder o las desigualdades sociales, entre otras problemáticas latentes en el mismo periodo, no se mencionaban en las 20 categorías. En una hoja aparte, el censor debía anotar en detalle la sinopsis del espectáculo, las escenas objetadas y el dictamen de moralidad en extenso.

Fuente: señal, (8 de mayo de 1955): 10.

Figura 2 Publicidad LDM con clasificación de películas 

Finalmente, el reglamento para censores, publicado en diciembre de 1940, previó la creación de grupos auxiliares de censores foráneos, cuya función era reportar la moralidad de piezas cinematográficas o teatrales que se estrenaran en lugares diferentes a la Ciudad de México (Art. 14). Los gastos en los que tuvieran que incurrir los censores para el desempeño de su comisión eran cubiertos por la tesorería de la Legión (Art. 12).³⁸ Es importante señalar que hacia finales de la década de 1950, la revista Christus empezó a publicar listados de censura televisiva y radial también hechos por la IMD. Con esto era evidente la extensión del esquema a otros medios con dinámicas de producción y exhibición muy distintas a las del cine. Quizá de este hecho, aunado a los cambios en las audiencias y el consumo de entretenimiento, provenga la poca constancia de estas listas. Sobre su estrategia de trabajo se conoce poco, másallá de la participación de la Comisión Nacional de Moralización del Ambiente, que recibía llamadas telefónicas de los espectadores interesados en hacer denuncias y la asignación de censores para el escrutinio, por horas, de los programas.³⁹ Ninguno de estos contenidos podía verse con antelación a su transmisión, como sí ocurría con el cine.

La censura no era suficiente, señalaba Traslosheros. La Legión debía procurar “el mejoramiento moral de espectáculos y costumbres por todos los medios a su alcance”.⁴⁰ En 1940, imprimía alrededor de 20 000 hojas de Apreciaciones en la Ciudad de México, reportaba 3 000 consultas en el primer mes de actividad de la línea telefónica, el aumento de los Centros en toda la República y la creación de una Oficina Legal: “para combatir, por medio de las mismas leyes del Gobierno, todo ataque a la moral, en cualquier forma que se presente”.⁴¹ Poco a poco, los proyectos se hicieron realidad. El 10 de octubre de 1941, la Legión logró reconocimiento oficial ante notario público, lo que le permitió presentarse como “colaboradora del gobierno para salvaguardar juntos las leyes y los acuerdos internacionales respecto de la circulación de ‘imágenes y descripciones’ que ofendían ‘al pudor, la decencia y las buenas costumbres’”, explica Guillermo Zermeño.⁴² La Legión insistía en fortalecer sus relaciones con centros extranjeros similares, para intercambiar experiencias y canjear publicaciones, al tiempo que proyectaba la apertura de una oficina dedicada al alquiler de películas morales.⁴³

ESTRATEGIAS: EL FELIGRÉS O EL RECEPTOR

A finales de la década de 1940, la Legión convocó a los feligreses a firmar en sus parroquias una promesa de total rechazo a los “malos espectáculos” (véase figura 4). Con nombre propio, el firmante se comprometía a no asistir a películas y obras teatrales con clasificación “c” y tomar en cuenta las reservas de aquellas catalogadas en la sección “b”. La “promesa” fue entendida como un mandato pontificio ratificado en la encíclica Vigilanti Cura. “Si cumplimos fielmente con esta promesa podremos llegar a los resultados y cooperaremos a llevar a cabo obra importantísima para custodiar la moralidad de nuestro pueblo en los ratos de esparcimiento y recreación”. El exhorto fue respaldado por todos los obispos del país, con mensajes de consentimiento enviados a la IMD.⁴⁴ En 1948, Edelmiro Traslosheros pidió a los Comités Centrales de la acm que entregaran a sus socios la promesa, no sólo para que la firmaran de puño y letra, sino para que fueran “propagandistas” de la empresa contra las películas nocivas.⁴⁵ Con este tipo de iniciativas, la Iglesia cerraba una suerte de pacto de conciencia con los católicos, a quienes no podía vigilar físicamente ni acompañar en el uso de su tiempo libre y sus actividades recreativas, pero sí convencer para que la administración de estos espacios respondiera a sus mandatos morales. Desconozco los resultados del proyecto o el total de firmas recogidas. Tampoco sé por cuánto tiempo se distribuyó esta hoja entre los fieles.

Fuente: ACM, fondo: legión mexicana de la decencia, carpeta 1.5.8.3.

Figura 3 Formato de censores legión mexicana de la decencia (sin año) 

Fuente: ACM, Clasificación: 1.5.8.3, legión mexicana de la decencia, 1935-1948. Legión mexicana de la decencia, carpeta 1.5.8.3.

Figura 4 Promesa entregada a feligreses para abstenerse de ver espectáculos clasificados en sección “c” 

De manera pedagógica, la revista católica Guion publicó en 1954 una guía popular de normas empleadas por la Legión Mexicana de la Decencia para la clasificación de películas. El ejercicio partía de reconocer la existencia de diversiones de “buena clase”, que elevaban a los hombres y las mujeres, y diversiones malas que relajaban los ideales, formando conceptos falsos de la vida y sus responsabilidades. La relación con el cine, en ese canon, era contundente. “Las películas cinematográficas deben ser juzgadas no solamente como una diversión, sino también como una fuerza que influye sobre la moral”. Un contenido fílmico, según Guion, tenía influencia sobre la moral por cuanto presentaba ideales de conducta humana. El artículo asociaba el mensaje con los efectos en la audiencia: “no solo exhiben a los seres humanos en acción, sino que dan a sus actos tintes morales, de tal forma que obligan al auditorio a reacciones morales definidas”. En este último punto entraba la IMD, cuya función simplificada era condenar “toda clase de obscenidades en las películas, […] o sea cualquier cosa que apele a los bajos instintos del público”. La condena remitía a un señalamiento público y una sanción dada en la clasificación. De la mano, llegaba la censura para los filmes más dañinos. “La Legión Mexicana de la Decencia se guía por el sano sentido común; no es estrecha de criterio. Si bien reconoce la belleza del cuerpo humano, entiende que es un serio peligro moral el exhibirlo en la pantalla rodeándolo de circunstancias atractivas”. En esa medida, aclaraba que por “normas de moral tradicional” entendía aquellos “principios de conducta tales como estos: son malos el asesinato, el robo, el perjurio, el no honrar debidamente al padre y a la madre. Estas normas, junto con las relativas al sexo, se desprenden del código del bien y el mal impreso en la conciencia de todo hombre por Dios mismo”. La revista aludía a pautas de comportamiento conocidas y aceptadas por los católicos a lo largo del tiempo, expresadas en los diez mandamientos e integradas a la cultura judeocristiana como esencia de su identidad.⁴⁶ La connotación histórica de estas referencias sólo se mencionaba para remarcar su antigüedad, no para reconocer el cambio de los tiempos ni las adaptaciones sociales a las normas. Se trataba de fundamentos inviolables, explicaba la revista, que todo buen cristiano debía tener en su ADN.

La capacidad de influir en actitudes encendía las alertas frente al cine por dos motivos: la afición del público por ciertos personajes y la acción persuasiva del medio. La facilidad que tenían los fieles de simpatizar y poner en práctica las convicciones morales proyectadas en las pantallas, según la IMD, ponía en peligro el orden moral católico. En el esquema, la audiencia era concebida como débil ante las provocaciones de los contenidos fílmicos, casi desprovista de discernimiento entre el bien y el mal, cuando no de criterios de buen gusto y decencia. Centrada en la recepción, la advertencia en la hoja de Apreciaciones iba dirigida al público y a los sacerdotes, no tanto a los realizadores o distribuidores -aunque los involucrara-. Para dar algunos ejemplos, en 1955, la IMD decía de la película italiana La Romana, clasificada en c-2: “vida libertina, suicidio, actitud repugnante de una madre”. Del filme francés Mi amigo el ladrón, catalogada en a, señalaba: “Comedia jocosa que trata de un ladrón que se regenera”.⁴⁷ En el mismo año, clasificó en c-1 a la película Comezón del séptimo año, de la 20th Century Fox, por contener “tentaciones de un marido alejado de su familia y cerca de una muchacha provocativa”.⁴⁸ Sobre la película francesa La bailarina desnuda, clasificada en c-1, la IMD reportó la siguiente descripción: “Historia de una joven honrada, que por arte se dedica al baile”, mientras que Los frutos salvajes fue catalogada en c-2, con mayores inconvenientes morales, por tratar de “jovenzuelos abandonados a sus instintos”.⁴⁹ En el mismo tenor, la comedia mexicana El hombre inquieto, de Tin Tan y Pardavé, fue calificada en b-2 (para adultos con inconvenientes morales), y Las viudas del Cha cha cha, de Miguel Delgado, fue catalogada en c-1: “Comedia musical con los inconvenientes ya sabidos”.⁵⁰

ESTRATEGIAS: LOS REALIZADORES, EL MEDIO Y EL MENSAJE

Ahora bien, en paralelo, la IMD y la acm se dirigieron a los realizadores fílmicos, focalizando la estrategia al medio y el mensaje. Detener los contenidos cinematográficos “peligrosos” antes de que llegaran a las salas de cine fue una acción prioritaria para estas organizaciones. Con frecuencia, el productor cinematográfico fue mostrado como primer responsable del problema o agente depravador: “Es de todos conocido el gravísimo peligro que representa el cine anti-moral y por ende anti-social, sabemos de un primer efecto que el mismo tipo de cine está produciendo en México, y que puede expresarse en estas breves palabras: descenso de la moralidad pública”, señaló una circular de la acm en febrero de 1939, para difundir la labor de “defensa social” de la Legión y buscar apoyo económico entre los feligreses para la publicación del boletín semanal. Las más de las veces, el espectador era visto como una suerte de víctima frente a la ambición de los empresarios de espectáculos, quienes no tenían “empacho alguno” en hacer de los centros de diversión lugares especializados en “la exhibición de espectáculos no recomendables […], induciendo así a muchos a llenar esas salas y que las empresas a cambio de un servicio para ellas bien insignificante, sigan envenenando a la sociedad con películas que lo que habían que hacer a todo trance sería rechazarlas”.⁵¹

Además de la condena consabida en medios de difusión católicos, la estrategia se orientó en dos líneas: por un lado, la promoción de códigos de producción fílmica defensores de los principios morales del catolicismo en las películas, y, por otro, el acercamiento directo a las empresas y directores, exhortos o denuncias ante organismos de gobierno o medios de comunicación. En el primer caso, la experiencia estadounidense es modelo y referencia.

“The Motion Picture Production Code”, publicado el 31 de marzo de 1930, logró articular de manera formal esta primera inquietud entre los realizadores estadounidenses, miembros de la Asociación de Productores de Películas de Hollywood, Inc. (ampp, por sus siglas en inglés). Se trataba de un consenso común para que los filmes de los firmantes del acuerdo no relajaran la moralidad de la audiencia, para lo cual debía privilegiarse la promoción de una vida recta, sin transgresión de la ley humana o natural, ni disposición al crimen, la maldad o el pecado. Las acciones encaminadas a guiar la moralidad de los contenidos durante la fase de producción venían desde la década anterior, abocadas por el cambio tecnológico que permitía la transición del cine silente al sonoro. El código de 1930, impulsado por el político republicano William Hays y adoptado también por los Motion Picture Producers and Distributors of America, Inc., se propuso tipificar principios y aplicaciones prácticas para las películas de Hollywood.⁵² En la enumeración de sus principios, la ampp partía de reconocer una responsabilidad de la industria estadounidense, en general, con el “público universal”, que había depositado su confianza en una expresión artística tan ligada con la vida humana.⁵³ En ese sentido, la normativa definió parámetros que controlaran las obscenidades, las groserías y las blasfemias, el consumo de alcohol, el respeto a la religión y sus ministros, la institución del matrimonio y la sexualidad -violación, seducción, pasión, adulterios- y disposiciones expresas sobre el vestuario, los bailes, la escenografía y, desde luego, la exhibición del cuerpo humano.

Desde luego, la producción de estos instrumentos estuvo sujeta a controversias, consensos y fragmentaciones. Así lo evidenció la experiencia estadounidense. La creación de la Legión de la Decencia fue resultado, en parte, de la desconfianza que generó entre el episcopado estadounidense el cumplimiento riguroso del código de 1930. En 1933, monseñor John Cantwell, obispo de Los Ángeles, lideró la formación de una liga que controlara, desde la jerarquía eclesiástica y la participación seglar, las cruzadas católicas contra la industria cinematográfica nacional. En paralelo, se creó la Comisión Episcopal de Cine, presidida por monseñor John T. McNicholas, no sólo para redoblar esfuerzos, sino para equilibrar divisiones internas entre los obispos, como lo estudia Black: “Si bien los católicos sólo representaban una quinta parte de la población, se hallaban concentrados en las ciudades al este del río Mississippi. […] Por tanto, un boicot católico eficaz en unas pocas ciudades bien seleccionadas podía causarle graves daños a la industria”.

La Iglesia convocó a sus propios medios de comunicación, escuelas, organizaciones de laicos, foros y púlpitos para lanzar una campaña de “desinfección” del cine. A esta empresa se sumaron los protestantes, que hasta entonces habían liderado el control moral en Estados Unidos, movilizando la opinión pública y generando temor entre empresarios y políticos, quienes no tuvieron mayor remedio que convocarlos a las juntas de censura, tanto de la industria como del gobierno.⁵⁴

Para monseñor Luigi Civardi, del Centro Católico Cinematográfico de Roma, los productores eran los primeros responsables de los efectos perversos que podían generar -o no- las películas entre los feligreses. “Estos tienen la máxima responsabilidad porque son los árbitros supremos de la obra, dando las directrices generales a los realizadores y a los artistas, que obran bajo sus órdenes”, señaló en 1951 en el libro Cine y moral, publicado en Roma.⁵⁵ Y aunque reconocía la existencia de “productores conscientes”, el prelado los identificaba como azuzadores de malas prácticas con tal de lograr revuelo con sus películas. En la estructura de responsabilidades, continuaban los directores y los artistas como “artífices mayores”. Para el texto, el cine era una artillería de grueso calibre y larga distancia: “de ahí que el cineasta tiene, en el plano moral, una mayor responsabilidad que el novelista, que el dramaturgo y que cualquier artista de la pluma, del pincel, del buril, etc.”.⁵⁶ El Código de Producción expedido en Hollywood fue continuamente exaltado en las revistas católicas de México, como una fórmula eficaz y ejemplarizante de pasar el discurso a los hechos. En 1954, Guion lo definió como un sistema voluntario de autorregulación,⁵⁷ destacando las pautas asumidas como si se tratara de un decálogo, por un lado, y un compromiso que firmaban los realizadores desde la concepción misma del filme, por otro.⁵⁸ El Código se vio modificado de nueva cuenta en 1956, mientras que entró en desuso en la década siguiente. De su estructura proceden proyectos similares en otros países o iniciativas de concreción de principios y reglas de juego para los autores de las películas.⁵⁹

Ahora bien, a esta voluntad de cumplimiento de los realizadores se sumó la correspondencia directa que las organizaciones seglares y la jerarquía en México sostuvieron con productores, directores, escritores y actores, rastreable en archivos como el de Acción Católica Mexicana. Para la Legión, “el cinematógrafo tiene la obligación de no subvertir la moral tradicional, presentando películas que sean degradantes”.⁶⁰ No se trataba de algo opcional. Ahora bien, la IMD daba por sentada una sincronía total entre los principios morales del realizador y los del catolicismo, sin cuestionar visiones, confesiones o estilos diferentes de concebir y organizar la conducta en sociedad. El ataque a los medios que desafiaran hasta en lo más mínimo sus estándares de buenas costumbres y moralidad fue reiterativo en sus documentos fundacionales, correspondencia y artículos en la prensa católica. Sin embargo, la capacidad de influir sobre ellos no puede comprobarse en lo fáctico, más allá de los numerosos intentos de persuasión a realizadores cinematográficos mediante cartas: “nos dirigimos a vosotros, respetables señores empresarios de los cines de toda la república, para haceros la presente exhortación, […] a fin de que procuréis que las películas que se exhiban en la Cuaresma y con mayor razón en la Semana Santa, sean completamente morales” solicitó el Obispo de Toluca, presidente de la Comisión Episcopal de la IMD, el 12 de marzo de 1956.⁶¹

En 1946, el mismo Traslosheros definió como tareas pendientes: la formación de una Sociedad Programadora de Películas Morales, la publicación de una revista ilustrada para “combatir las muchas revistas malas” y la instalación de proyectores especiales para parroquias, colegios y hogares, con “abundante provisión de películas morales”.⁶² No se menciona en los reportes un proyecto de educación u orientación al público a modo de instrucción, no de mandato. Traslosheros exalta la labor de atacar, mitigar, castigar o boicotear cualquier foco de inmoralidad para evitar que llegue al espectador, pero no se preocupa por la opinión de éste. En este enfoque, el público es incapaz de decidir con sensatez, sólo presume que de manera obediente debe atender las alertas encendidas por entidades como la IMD.

En 1955, Jorge Núñez, presidente de la organización, señaló que los domingos la línea telefónica recibía alrededor de una llamada por minuto con dudas sobre la clasificación moral de las películas en cartelera.⁶³ Núñez insistía en destacar la importancia que había cobrado la Legión para los feligreses de a pie, cumplidores de sus deberes, que antes de asistir a una sala de cine consultaban la clasificación de las películas. De nuevo, la actividad de la Legión planteaba el dilema de si la censura debía estar orientada al medio y sus mensajes, a restringir el acceso del público a dichos contenidos o a orientar a las audiencias influenciables, incapaces de diferenciar entre realidad y ficción, bien y mal, decencia e indecencia. La entidad decidió explorar todos los campos posibles: el primero, desde la retórica y las exhortaciones a la industria, los códigos de producción y las referencias a las autoridades civiles, y, el segundo y el tercero, desde la clasificación de filmes, acciones concretas de advertencia a los espectadores y una labor coordinada con la jerarquía y el clero.

VIGILANTI CURA (1936) O LA BASE DOCTRINAL DE LA CENSURA

La creación de organizaciones católicas y documentos eclesiásticos dedicados a los medios de comunicación se explica en un contexto de auge tecnológico en las comunicaciones. El pontificado de Pío XI coincidió con el surgimiento de grandes consorcios publicitarios, de información y de entretenimiento, que van desde la creación de los estudios Walt Disney hasta la aparición del cine sonoro y conglomerados de medios como los de Randolph Hearst.⁶⁴ El panorama de las comunicaciones era extenso y complejo, incluso para los países de América Latina. Pío XII vivió -y experimentó-, además, el nacimiento de la televisión comercial como novedad de la segunda posguerra: “llevando no solo sonidos y palabras, sino también la precisión y la movilidad de las imágenes, lo cual le confiere mayor capacidad emotiva”, señaló en febrero de 1954.⁶⁵

La Iglesia jerárquica no dejó de pronunciarse ante una realidad tan dinámica. Entre el combate a la prensa impía y la conformación de asociaciones, congresos y reuniones de periodistas y editores de prensa católica,⁶⁶ la Iglesia había hecho una lectura propia sobre la importancia y la influencia de los medios de difusión en las sociedades. A partir de la década de 1920, su mirada se dirigió con vigor a los recursos audiovisuales. Desde el plano pontificio, los documentos de mayor relevancia hasta la década de 1950 fueron las encíclicas Vigilanti Cura (1936) y Miranda Prorsus (1957). Curiosamente, para el momento en el que aparece Vigilanti Cura, que pide potencializar la censura cinematográfica, México ya había fundado la IMD para ese fin.

Vigilanti Cura se convirtió en un documento de referencia obligada para las jerarquías y laicos organizados en torno a la cinematografía. En los reportes de las reuniones de la ocic y la Asociación Católica para la Radio y la Televisión (unda, por sus siglas en inglés), tanto en Europa como en Latinoamérica, es común encontrar llamados expresos a tomar los fundamentos de la encíclica como base de reflexión y acción.⁶⁷Vigilanti Cura es un documento doctrinal y un plan de acción, al mismo tiempo. La encíclica partía de reafirmar el poder y el impacto de la imagen en movimiento: “Hoy día no existe un medio más potente para influenciar a las masas que el cine”. Para Pío XI, su potencial se afincaba en dos factores: primero, que se expresaba por medio de “imágenes vivas y concretas que la mente acepta con alegría y sin fatiga”, y, segundo, el cinematógrafo era un instrumento masivo, lo que potencializaba su penetración: “El cine no habla a los individuos, sino a las multitudes”. El Papa veía en la imagen un recurso único capaz de servir al bien o al mal. A esto se sumaba que el ambiente de la sala fílmica, el contacto con la calle y las actividades asociadas a “ver una película” producían gran desconfianza en el pontífice: “Las películas son vistas por personas que están sentadas en un teatro oscuro y cuyas facultades mentales, físicas y a menudo espirituales, están relajadas”.

Ante este panorama, la encíclica planteaba, por un lado, que el cine debía ser elevado “de conformidad con los objetivos de una conciencia cristiana y debe ser librado de efectos depravantes y desmoralizadores”. Para el pontífice, convivían en la industria fílmica las “buenas” y “malas” películas, las cuales estaban definidas por sus calidades morales, más que por sus condiciones técnicas y artísticas. Y, por otro lado, Pío XI identificó en la vigilancia la estrategia más eficiente contra los peligros del cine: “Es una de las necesidades supremas de nuestro tiempo vigilar y trabajar hacia la meta de que el cine no sea más una escuela de corrupción, sino que se transforme en un instrumento eficaz para la educación y la elevación de la humanidad”. Controlar al cine no es una opción; con Vigilanti Cura, se convierte en una obligación del episcopado y el laicado organizado.

En el plano de la vigilancia, el Papa defendía la clasificación moral de las películas como criterio de prevención y protección de los creyentes. “Será necesario que en cada país los obispos establezcan una oficina revisora nacional permanente a fin de ser capaz de promover el buen cine, clasificar a los demás, y llevar esta sentencia ante el conocimiento de los sacerdotes y fieles”. Hasta entonces, la clasificación moral no era una obligación del episcopado de cada país, funcionaba como iniciativa voluntaria de organizaciones laicales, como lo había hecho la Legión de la Decencia, pero no como un mandato pontificio. “El cumplimiento de este compromiso supone que a la gente se le diga claramente cuáles películas están permitidas para todos, cuáles se permiten con reservas, y cuáles son nocivas o positivamente malas”. En este marco, la comunicación oportuna con los católicos fue un tema reiterativo en el documento. “Esto requiere la pronta, regular y frecuente publicación de las listas clasificadas de películas a fin de hacer la información accesible a todos. Para este propósito se pueden utilizar boletines especiales u otras publicaciones oportunas, tales como la prensa diaria católica”.⁶⁸

La Acción Católica de cada país, bajo el mandato episcopal, fue convocada a ser la “organización central” de las actividades de control moral fílmico. A estas acciones se sumaban la organización de salas de cine de parroquias y asociaciones católicas, el intercambio mutuo de información, asesorías entre las oficinas nacionales y apoyo en la distribución de películas sobre temas religiosos. En otras palabras, el Papa solicitaba la voluntad de la jerarquía para encabezar la vigilancia, una estructura eclesiástica, eficacia comunicativa e intercambio entre órganos nacionales.

Vigilanti Cura reconocía a la Legión de la Decencia del episcopado estadounidense como abanderada en la “cruzada santa contra los abusos de las imágenes en movimiento”. El Papa destacaba su trabajo como “redentor” del arte, que, lejos de hacerle daño, lo rescataba de la corrupción: “la ruina que amenaza a toda forma de recreación”. Para el sumo pontífice, el progreso en la “representación del pecado y el vicio” en la industria del cine era angustiante y lamentable. Para las sociedades modernas, la importancia del medio era indiscutible; por lo mismo, promover una “regla suprema” que lo orientara, que no lo pusiera en conflicto con la moral cristiana, incluso con “la simple moral humana basada en la ley natural”, era necesario. El Papa recalcaba el camino de exhortaciones que ya venía recorriendo para que otros medios, en especial la prensa, hicieran del cine “un valioso auxiliar de instrucción y educación, y no de destrucción y ruina de las almas”.⁶⁹

Después de Vigilanti Cura, el Vaticano se pronunció en numerosas ocasiones frente a los espectáculos y los medios de comunicación. Los giros y matices empezaron a ser evidentes en la década de 1950, con el auge de la televisión. Las industrias del entretenimiento parecían imparables. El 8 de septiembre de 1957, casi al final del mandato de Pío XII, apareció la encíclica Miranda Prorsus. Su misión era actualizar la posición de la Iglesia frente al cine, la radio y la televisión, de cara a una sociedad de masas cambiante, más urbana y con mayor capacidad de consumo, que ya no armonizaba del todo con las estrategias de control moral que había establecido Pío XI en la década de 1930. En perspectiva, Miranda Prorsus se convirtió en un puente entre la apuesta censuradora de Vigilanti Cura y la comunicación social del Vaticano II.

EL ESTADO FRENTE A LA CENSURA

Después de la década de 1940, explica Soledad Loaeza, la Iglesia y el Estado mexicano no defendieron valores realmente antagónicos. Al contrario, la sintonía de sus visiones sobre el orden social propició una suerte de consenso.⁷⁰ Al respecto, Guerra Manzo señala: “la Iglesia se convierte en forjadora del nuevo régimen”. En ese proceso, la institución eclesiástica cedió en el terreno político y sindical, pero, reforzando el apoyo ideológico del régimen, se mantuvo en contra de todo aquello ligado a la secularización de la sociedad: “la lucha por las almas y las conciencias (los cánones de comportamiento)”.⁷¹

El orden moral bien puede entenderse en esa dinámica de equilibrios y sintonías. Atacar la moral era un delito, según los artículos sexto y séptimo de la Constitución de 1917. En la década de 1950, por ejemplo, la obscenidad fue castigada por el Código Penal. Cuatro meses de prisión y hasta 50 pesos de multa tenían que pagar quienes protagonizaran, publicaran o circularan actos, libros o imágenes consideradas obscenas o invitaran al comercio carnal. Organismos como Acción Católica, la Legión de la Decencia o la Comisión de Moralización no dudaron en acudir a dichos preceptos legales para exigir la intervención estatal ante cualquier violación de la moral.⁷² El archivo permite rastrear denuncias, cartas de apercibimiento, llamados en medios impresos y la creación de oficinas de jurídicas en estas organizaciones.⁷³

En el terreno cinematográfico, el gobierno de Victoriano Huerta fue el primero en diseñar un esquema de censura. Con la intención de evitar cualquier asomo de oposición, promulgó, en marzo de 1913, una ley que prohibía la exposición de ataques a la autoridad, las personas, la moralidad, las buenas costumbres, la paz y, desde luego, la autoridad en las películas. Las controversias por la restricción que la ley representaba a la libertad de prensa y expresión se extendieron hasta la década de 1920, en el marco de una nueva carta política. Al respecto, Reyna Esquivel plantea que el gobierno mexicano justificó la censura bajo el deber de “proteger al público mexicano de imágenes negativas de su gobierno, cultura e idioma”.⁷⁴ En el esquema, moral y política se conjuntaban en una patente de corso que otorgaba al gobierno la potestad de controlar los contenidos fílmicos. A esta ley se sumó el Departamento de Censura de la Secretaría de Gobernación, creado en 1920,⁷⁵ así como la Oficina de Espectáculos del Departamento del Distrito Federal,⁷⁶ la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y la Oficina de Vigilancia e Interventoría de la Dirección General de Telecomunicaciones, en la década de 1950. En 1941, se promulgó el Reglamento de Supervisión Cinematográfica, habilitando la creación de una oficina de supervisión, dependiente a su vez del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Entre otras medidas, se estableció un sistema de clasificación de las películas para las salas de cine, que permitía identificar si las exhibiciones eran para niños, adolescentes y adultos, sólo para adultos o para adultos con reservas.⁷⁷ En 1949, aparecieron la Dirección General de Cinematografía y la nueva ley de cinematografía. Mino sostiene que con este último marco jurídico “se profesionalizó la censura -llamada oficialmente ‘supervisión’- y se adoptaron criterios que sugieren un acuerdo entre la élite política y la religiosa respecto de la noción de censura, socialmente presentada como un medio por el cual se preserva el proyecto de nación”.⁷⁸

La armonía entre la vigilancia moral que puso en práctica la Legión y las medidas implementadas por el Estado para regular la censura fílmica empezaron a ser evidentes con los gobiernos de Alemán y Ruiz Cortines.⁷⁹ La defensa estatal a la moral estuvo blindada con instrumentos jurídicos y organismos institucionales, sin que las pautas controvirtieran o fueran diametralmente opuestas a las sugeridas por la Iglesia y sus seglares más activos en el tema. No se firmó un convenio entre las dos entidades, tampoco hubo proyectos conjuntos; sin embargo, la interferencia del Estado en la actividad de los católicos fue casi nula. Y, al contrario, varios de los alegatos y demandas eclesiásticas a los empresarios, los artistas o los directores se hicieron amparados en la legislación de censura oficial. Entre las paradojas que el esquema representaba estaba la protección estatal a una industria cultural con réditos importantes y la necesidad de controlar los contenidos de sus productos, en reconocimiento a la capacidad de persuasión, influencia y significación que traía para las audiencias: ciudadanos mexicanos y fieles cristianos. El cine fue entonces un foco de atención prioritario para el Estado posrevolucionario, como lo fue para el catolicismo de la época.

CONSIDERACIONES FINALES

El modus vivendi -afortunado o no como expresión- se materializó en lo micro y lo macro de la sociedad de mediados del siglo xx: entre la decisión de un feligrés de ir o no a ver una película, hasta las concepciones legislativas sobre la moral y la determinación de perseguir a quienes la atacaran. El proceso de recristianización en el que se enmarcó el surgimiento y auge de una entidad como la ldm, basada en el activismo laical y el influjo internacional, permite ver estos matices y contradicciones sobre los cuales la relación formal de la Iglesia con el Estado laico se reestructura, se flexibiliza, concede ciertas licencias y, al mismo tiempo, mantiene pautas de distancia, tras años de un conflicto religioso violento. Como entidad inserta en un proyecto amplio de reafirmación de la moral católica, la Legión guardó una connivencia con el Estado, que le permitió adquirir notoriedad, pero sobre todo legitimidad como autoridad frente a la sociedad mexicana -y la industria cinematográfica- aun siendo un organismo confesional, de evidente tendencia conservadora.

Los reacomodos de las décadas posteriores al conflicto cristero apostaron por el pragmatismo, pero no significaron un cambio radical en la mentalidad de la jerarquía eclesiástica mexicana. Hasta finales de la década de 1950, en el marco del preconcilio, su visión del orden social y político se conservó con pocas variantes. La educación siguió siendo un punto de desencuentro profundo; sin embargo, no fue motivo para nuevos conatos de violencia. Desde un estudio de lo “micro” -la censura moral del cine-, pareciera que los giros más relevantes en torno al régimen religioso, al menos en este periodo (1929-1958), no los da el episcopado, sino el Estado y el laicado organizado. Después de un tiempo de aplicación estricta de las leyes anticlericales, el relajamiento del Estado al respecto, a propósito de la llegada al poder de Ávila Camacho, habla de un espacio más dispuesto a la armonización de criterios que al antagonismo. Curiosamente, esto ocurre mientras la feligresía se organiza con mejor y mayor estrategia en ámbitos como la política, la economía, la cuestión social y la cultura, con el beneplácito de la jerarquía. Desde luego, no se pretende generalizar. Justamente, el foco en una institución como la IMD nos permite ofrecer una lectura matizada, complementaria y crítica de la compleja relación entre la institución eclesiástica y el Estado, entre el fin del conflicto cristero y la llegada del Vaticano II.

Esta cultura de la recristianización fue punto de referencia de la actividad laical en México, y motor de organizaciones como la Legión. Sin dicha base, la intervención moralizadora y vigilante de la Iglesia en ámbitos como los medios de comunicación, entretenimiento y espectáculos no hubiera tenido el mismo efecto. Los laicos organizados estuvieron presentes en la vigilancia de contenidos, en la orientación del público, en la fundación de nuevas agrupaciones católicas dedicadas al cine, la radio y la televisión, en la realización de congresos, seminarios y cursos, y, curiosamente, en la actualización y reformulación de las políticas eclesiásticas frente al control moral. En sintonía con la derecha católica, este tipo de iniciativas abrieron campo a una injerencia vedada, aunque activa y sostenida, de la institución eclesiástica en la esfera pública de la sociedad mexicana. Sus acciones admitían una capacidad de intervención que iba desde la vida cotidiana de un feligrés hasta el campo jurídico.

Organismos como la IMD empezaron a perder vigencia en México con la instalación del Vaticano II. No tanto por una adhesión decidida de los católicos mexicanos a los nuevos mandatos pontificios y su diálogo con la modernidad -de hecho, las resistencias fueron latentes entre sectores conservadores como los que representaba la Legión-, sino por una suerte de desgaste del esquema de contención de la inmoralidad, la masificación de los medios y el protagonismo que empezaron a tomar otros temas, como la pobreza, el mundo rural o el trabajo. Lo que no perdió centralidad fue el cine, la radio y la televisión. Su relevancia en el panorama eclesiástico se reconfirmó en 1963 con la aparición del decreto Inter Mirifica, sobre los medios de comunicación social,⁸⁰ producto del Concilio Vaticano II.