Introducción

En este artículo se analizan los procesos de gentrificación, no desde la perspectiva de la expulsión residencial, sino desde la captura y resignificación del espacio público por los grupos sociales de mayores ingresos. Aborda en específico las luchas entre los nuevos residentes y los residentes tradicionales por el control del espacio público en las áreas centrales de Lima. Entre 2007 y 2017, la ciudad experimentó un boom inmobiliario reflejado en el aumento de los precios del metro cuadrado en 293% (^{BCRP, 2017}). Sin embargo, el auge inmobiliario no afectó a todas las áreas urbanas por igual. Los estudios anuales sobre el mercado inmobiliario muestran que el precio por metro cuadrado creció hasta dos veces más en las áreas centrales que en las zonas urbanas periféricas (^{Capeco, 2009}; ²⁰¹⁹). Otras metrópolis latinoamericanas también han experimentado un aumento sostenido del valor de las viviendas en barrios céntricos y estratégicos (^{BBC, 2019}). El incremento de los precios de las viviendas en estas zonas coincide con la creciente presencia de jóvenes profesionales con ingresos medios y altos que se han visto particularmente atraídos por la centralidad urbana (^{Inzulza, 2016}; ^{Morales, 2016}). La aparición de nuevos grupos sociales en los barrios céntricos ha desencadenado una serie de conflictos en el espacio urbano, y el más común es el desplazamiento físico o simbólico de grupos sociales de menores ingresos (^{Martí-Costa, Durán y Marulanda, 2016}).

En términos generales, la gentrificación se entiende como un fenómeno en el que una zona urbana comienza a ser ocupada por los mejores pagadores del suelo, lo que genera el desplazamiento de los peores pagadores (^{Delgadillo-Polanco, 2010}). Los teóricos urbanos, sin embargo, destacan la importancia de disociar las preconcepciones de la gentrificación basadas en las experiencias del Norte global para crear teorías que consideren las particularidades de la región (^{Janoschka, 2016}; ^{López-Morales, 2016}). Por ejemplo, investigaciones en Quito y en Lima han demostrado que la gentrificación no necesariamente se traduce en el desplazamiento inmediato de los residentes originales, sino que tiene que ver más con el cambio en la composición física y en los estilos de vida predominantes de la zona urbana afectada (^{Del Castillo y Klaufus, 2019}; ^{Martí-Costa, Durán y Marulanda, 2016}). La llegada de nuevos grupos sociales, en estos casos, no desencadena la homogeneidad de clases sociales, sino que abre un periodo de coexistencia entre los nuevos residentes y los residentes tradicionales (^{Soytemel, 2015}). En algunos artículos sobre el tema ya se ha hecho notar que las relaciones entre clases sociales durante este periodo han sido poco analizadas en los estudios sobre la gentrificación (^{Bélanger, 2011}; ^{Soytemel, 2015}).

La investigación urbana, en ese sentido, se ha centrado en analizar las transformaciones de carácter “revanchista”, que han desencadenado la expulsión violenta del espacio público de grupos sociales de menores ingresos y con ciertos estilos de vida asociados a ellos (^{Atkinson, 2003}; ^{Smith, 2012}). En esa línea, en diferentes metrópolis latinoamericanas se ha observado que, si bien el proceso de gentrificación no se traduce de forma inmediata en el desplazamiento de la población de menores ingresos, se manifiesta, en cambio, en formas de violencia que restringen sus opciones de uso del espacio público, sobre todo cuando aumenta la presencia de población con mayor capital económico, social y cultural.¹

Este estudio presenta el caso del Parque Castilla, ubicado en Lince, un distrito estratégico que colinda con la zona económica y comercial más importante de la ciudad. Un cambio en las políticas de zonificación permitió la construcción de condominios cerrados alrededor del parque, lo que trajo consigo la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo que comenzaron a compartir el espacio con los residentes tradicionales menos afluentes. La investigación analiza el conflicto que siguió a la decisión de las autoridades municipales de Lince de prohibir actividades recreativas en el parque, bajo el argumento de que estas actividades ponían en peligro las áreas verdes y perturbaban el orden público (^{MDL, 2016a}). Como reacción, los residentes tradicionales, acompañados por grupos cívicos, organizaron varias acciones colectivas que resultaron en la recuperación de su prerrogativa de ocupar libremente el espacio público.

En el estudio se identifican tres actores principales que formaron parte del conflicto. Por un lado, las empresas inmobiliarias y la Municipalidad de Lince (MDL), que buscaban la resignificación del Parque Castilla como un área intangible y decorativa. Por el otro, los grupos cívicos que defendieron las múltiples funciones del Parque Castilla como espacio público. De esta manera, se analiza la coexistencia conflictiva entre grupos sociales de mayores y menores ingresos que deben compartir el mismo espacio público tras procesos de renovación inmobiliaria. Al mismo tiempo, se examinan las estrategias desplegadas para desplazar, imponer o restablecer las funciones del espacio público y explora nuevas formas de redefinir la ciudadanía y de enfrentar los procesos de gentrificación en el marco de las nociones del derecho a la ciudad.

Metodología

La investigación comprende el análisis de la información obtenida entre 2007 y 2017, periodo que coincide con los años del boom inmobiliario en Lima. El levantamiento de información se realizó en dos momentos. Durante 2017 y 2018 se recopiló información en línea y se mantuvo contacto con activistas y residentes del distrito. Luego, en enero y febrero de 2019, se realizó una visita a campo que combinó la investigación etnográfica con el análisis de datos secundarios. Para estudiar las estrategias de los grupos sociales orientadas a resignificar o restablecer los usos del Parque Castilla, se usaron dos categorías de análisis: expresiones verbales y manifestaciones en las que el espacio per se es el protagonista. Primero, se identificaron conceptos asociados a los significados y argumentos para promover y deslegitimar determinadas funciones del espacio público, como orden, tranquilidad, libre acceso, igualdad, derechos, etc. Segundo, se consideró el carácter del espacio público, no como un contenedor físico, sino como un espacio multifuncional que se puede utilizar como vehículo para reivindicar derechos espaciales (^{Borja y Muxí, 2004}; ^{Mitchell, 2003}). En esa línea, se analizaron las formas de ocupación que expresaban un derecho espacial, una demanda política o ambos (^{Dikeç, 2001}).

Para la recolección de datos se utilizaron tres métodos. Primero, se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas a residentes y seis a informantes clave. Para diferenciar a los residentes, se hizo una división en dos grupos: los que han vivido en el distrito por más de diez años y los que llegaron durante el boom inmobiliario de 2007-2017. Los informantes clave se dividieron en tres grupos: agentes inmobiliarios, funcionarios públicos y activistas de los grupos cívicos. Segundo, se asistió a las actividades organizadas por los actores del conflicto, como audiencias, convocatorias, reuniones y manifestaciones, y se documentó lo ocurrido. Tercero, se analizó la información secundaria de cuatro fuentes: información oficial -estudios del mercado inmobiliario, ordenanzas municipales, decretos legislativos y convenios público-privados-; publicaciones en medios de comunicación -páginas web, recortes de periódicos y videos en línea-; material publicitario de cinco empresas inmobiliarias con presencia en Lince -folletos, mensajes, páginas web, estrategias de venta-; e información producida por los grupos cívicos -publicaciones en redes sociales, presentaciones y ayudas memoria-. En todas las entrevistas se utilizan seudónimos para conservar el anonimato de los participantes.

El espacio público y el nuevo modelo residencial

El espacio público tiene múltiples funciones: la función de tránsito remite al derecho a la libertad de movimiento; la de apropiación, al derecho al libre uso; la de hacer, al derecho a la participación (^{Alguacil, 2008}). Todas estas funciones refieren a una función política en la que se expresan diferentes voluntades y se renueva la ciudadanía (^{Borja y Muxí, 2004}). En Latinoamérica, los espacios públicos se han caracterizado por ser lugares multifuncionales en los que interactúan diferentes grupos sociales (^{Herzog, 2010}; ^{Low, 2000}; ^{Scarpaci, 2005}). Esta interacción no ha sido necesariamente regulada por las autoridades gubernamentales. El uso de los espacios públicos se estableció con base en la capacidad de ofrecer a los diferentes grupos sociales la posibilidad de permanecer inactivos o de ejercer la libertad de acción y expresión (^{Vega, 2006}).

Desde hace algunos años, el espacio público se definió como un campo de tensiones. En él se evidenciaron las expresiones de la globalización y de la sociedad contemporánea que enfrentaban lo público con lo privado y lo individual con el interés común (^{Laborde, 2015}). Una expresión particular de estas tensiones es la expansión de un nuevo modelo residencial, caracterizado por la construcción de condominios cerrados, en altura, en barrios de bajos ingresos (^{Inzulza y Galleguillos, 2014}). ^{Mark Davidson y Loretta Lees (2005)} identificaron este fenómeno como una forma de gentrificación en construcciones nuevas -new-build gentrification-, en Londres y otras ciudades del Norte global. Varios ejemplos de este fenómeno también se pueden encontrar en Latinoamérica. Sin embargo, éstos tienen características particulares en comparación con las experiencias occidentales.

En el caso latinoamericano, los condominios en altura siguen la tendencia de los condominios cerrados de carácter suburbano que aparecieron a finales de la década de 1990 (^{Borsdorf e Hidalgo, 2008}; ^{Hidalgo, Salazar y Álvarez, 2003}; ^{Janoschka, 2002}). Es decir, suelen ser de acceso restringido sólo a residentes; están protegidos por muros y cámaras de videovigilancia, e incluyen instalaciones recreativas privadas (^{Caldeira, 1996}; ^{Vega, 2017}). Así pues, las actividades que antes se realizaban en los espacios públicos se llevan a cabo dentro de las viviendas y su acceso está condicionado a la capacidad de pago (^{Vega, 2017}). Este tipo de vivienda es una expresión de lo que ^{Jorge Inzulza y Ximena Galleguillos (2014)} llaman “gentrificación latina” -latino gentrification-, y uno de sus rasgos característicos es que desencadena el autoconfinamiento de los sectores medios y altos, así como la restricción forzosa de los sectores bajos a ciertos espacios de la ciudad.

El nuevo modelo residencial ha dado lugar a la proliferación de espacios relacionales internamente homogéneos pero externamente heterogéneos. En esa línea, se ha señalado que las ciudades latinoamericanas ya no están separadas por la distancia física, sino reforzadas por barreras y muros que restringen los encuentros entre múltiples grupos sociales (^{Borsdorf y Hidalgo, 2008}). Asimismo, este modelo tiene un doble efecto sobre el espacio público. Por un lado, surge una comprensión limitada de las actividades que se pueden llevar a cabo en él (^{Vega, 2006}). Por el otro, se establecen políticas que incluyen una serie de mecanismos disciplinarios para restringir las prácticas de apropiación del espacio público por los sectores de bajos ingresos (^{Janoschka, 2016}; ^{Martínez, 2015}; ^{Vega, 2017}).

El debate académico coincide en que la popularidad del actual modelo residencial proviene de la búsqueda de garantías de seguridad personal, que conduce a los sectores acomodados a refugiarse en redes y circuitos privados altamente protegidos (^{Borsdorf e Hidalgo, 2008}; ^{Caldeira, 1996}; ^{De Mattos, 2007}; ^{Vega, 2017}). Esta creciente sensación de inseguridad ha sido vinculada a los tipos de relaciones y flujos establecidos en el espacio urbano que se han producido con el avance de la agenda urbana neoliberal (^{Sequera, 2014}; ^{Sequera y Janoschka, 2012}). En ese sentido, la expansión del mercado como regulador de la vida urbana tiene un carácter revanchista (^{Smith, 2012}), por lo tanto, deslegitima y estigmatiza las formas de apropiación que no son reconocidas como válidas por las lógicas del mercado y los grupos sociales de mayores ingresos. Así, las prácticas que contradicen estas lógicas se entienden como prácticas transgresoras, mientras que la calle se significa como un lugar violento e inseguro que justifica la necesidad de intervención por medio de la punición y la disciplina (^{Sequera, 2014}). Asimismo, varios autores han vinculado estas formas de apropiación a procesos de gentrificación simbólica, destinados a promover el consumo cultural, reubicar el comercio informal, poner en marcha políticas contra la violencia y la inseguridad, y fomentar el turismo (^{Contreras, 2015}; ^{Delgadillo-Polanco, 2010}; ^{Wacquant, 2008}).

En Latinoamérica, la seguridad ciudadana se ha vuelto el tema de mayor preocupación para sus habitantes, en comparación con otras problemáticas urbanas (^{Haro, 2016}). El miedo a la calle se ha traducido en el miedo al otro, lo que ha dado lugar a lógicas que alientan a reducir los encuentros entre múltiples grupos sociales a su mínima expresión (^{Borsdorf e Hidalgo, 2008}; ^{Low, 2000}). ^{Jordi Borja y Zaira Muxí (2004)} denominan a este fenómeno “agorafobia urbana”, que se refiere a la necesidad contemporánea de llevar a cabo prácticas sociales en el interior porque el espacio abierto emite una señal de peligro constante. Las narrativas alrededor de la inseguridad ciudadana se han convertido en una poderosa herramienta que justifica la gentrificación (^{Wacquant, 2008}). En nombre de la seguridad se implementan medidas disciplinarias que prometen liberar el espacio público de la delincuencia y salvaguardan una nueva civilidad impuesta por los grupos sociales dominantes (^{Sequera, 2014}). Sin embargo, estas medidas terminan por tener un efecto perjudicial en los grupos de menores ingresos, al estigmatizar sus estilos de vida, desplazar sus actividades cotidianas y hacer peligrar sus economías (^{Martínez, 2015}; ^{Steel, 2009}; ^{Swanson, 2013}).

Imagen 1 Mirtha Lorena del ^{Castillo ( Parque privado en el Edificio City, Lima, Perú, 2019}. 

En el caso de Lima, la expansión del nuevo modelo residencial en los barrios centrales ha generado una progresiva resignificación de los parques, que ahora se limitan a cumplir una función decorativa, mientras que las actividades recreativas se hacen dentro de la residencia (véase la imagen 1). La llegada de grupos sociales de mayores ingresos a los barrios centrales ha conducido a una visión conflictiva de los usos y funciones de los parques. En consecuencia, se han impuesto regulaciones que definen las áreas verdes como espacios para la contemplación y prohíben su libre apropiación (^{Vega, 2017}). Así, mientras que en algunos parques las áreas verdes están cercadas, en otros no se permite el juego al aire libre y el acceso está limitado a ciertos horarios (^{El Comercio, 2011}). La visión de los nuevos residentes sobre la función de los parques excluye las representaciones de la población inicial o las considera inapropiadas. Como consecuencia, las múltiples visiones sobre las funciones que debe cumplir el espacio público han desencadenado conflictos en los que se disputa su control.

En otras ciudades latinoamericanas también han surgido conflictos que se centran en la disputa por el control de los parques públicos (^{Gutiérrez, 2017}; ^{Laborde, 2015}). Estos conflictos han llevado a la población de menores ingresos a diseñar estrategias de resistencia que apelan a la organización barrial, la participación ciudadana y otros mecanismos de carácter político para la construcción de espacios públicos más democráticos. De acuerdo con esta tendencia, Lima se convirtió en el escenario de nuevas formas de organización política que exigieron la necesidad de mejorar la gestión de los recursos para crear áreas verdes de calidad y libre acceso para todos sus habitantes. Estas reivindicaciones giraron en torno a la defensa del carácter multifuncional del espacio público, no sólo para desarrollar libremente actividades de la vida cotidiana, sino también como espacio que promueve los debates sobre el derecho a la ciudad (^{Dammert y Ramírez, 2017}).

Lince, el nuevo enclave inmobiliario de Lima

Lince es parte de la Provincia de Lima, que junto con la Provincia Constitucional del Callao conforman el área metropolitana. Lima Metropolitana se distingue por dos áreas geográficas: las áreas centrales, que abarcan la mayoría de las zonas residenciales, infraestructura y servicios, y las áreas periféricas urbanas, que se han desarrollado a partir de la ocupación informal de terrenos bajo fórmulas de autoconstrucción y consolidación progresiva (^{Fernández, 2016}). Con sólo 3.03 km² de superficie, Lince es el distrito más pequeño de Lima Metropolitana. Pese a su reducido tamaño, tiene tres atributos que han despertado el interés inmobiliario (^{Espacio Enacorp, 2019}): primero, su localización central y estratégica, que lo conecta con las principales vías de la ciudad; segundo, que limita con San Isidro, el distrito financiero más importante del país, donde se encuentra el sector social con mayor poder adquisitivo, y tercero, tiene una oferta considerable de parques, de entre los cuales el más importante es el Parque Castilla.

El grupo social que tiene preferencia por adquirir una vivienda en Lince es el de los jóvenes profesionales de 25 a 35 años de edad, cuyos centros de trabajo se encuentran en el distrito financiero y tienen suficiente poder adquisitivo para comprar una vivienda (^{Capeco, 2019}). La propuesta inmobiliaria se ha centrado en satisfacer a este nicho de mercado por ser el más rentable. En consecuencia, en los últimos años se ha desarrollado una construcción acelerada de condominios en altura, lo que ha provocado una revaloración del precio del metro cuadrado en el distrito. Como resultado, Lince se ha posicionado como el distrito con el mayor aumento del precio por metro cuadrado en los últimos cuatro años, el cual ha pasado de 1 697 dólares en 2015 a 1 995 dólares en 2018, lo que equivale a un incremento de 18% (^{Capeco, 2015}; ²⁰¹⁹). Esta cifra es 40% más alta que lo que registra el precio por metro cuadrado promedio en el resto de las áreas centrales de Lima, cuyo incremento se calcula solamente en 10%. La tendencia de precios también se refleja en la oferta de alquiler. Según el portal inmobiliario ^{Urbania (2019)}, Lince es el cuarto distrito más caro para alquilar un apartamento, con un promedio de 884 dólares por un departamento de 100 m² con dos habitaciones.

La construcción intensiva de nuevos edificios ha estado acompañada por políticas urbanas flexibles, convenientes a los intereses del sector inmobiliario. No obstante, Lima carece de un plan maestro de desarrollo urbano, necesario para gestionar y regular los proyectos inmobiliarios (^{Fernández, 2016}). Así, tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como las municipalidades distritales negocian libremente con el sector privado las normas de construcción y otras políticas urbanas. En el caso de Lince, por ejemplo, la municipalidad distrital ha permitido desde 2010 la construcción de apartamentos con un tamaño mínimo de 45 m², en lugar de 90 m², como reglamentaba la norma anterior (^{MDL, 2011}). Asimismo, en 2014 se modificó la zonificación de las áreas estratégicas del distrito, que pasaron de ser Zonas Residenciales de Densidad Media a ser Zonas Residenciales de Densidad Alta (^{MML, 2014}). Esta medida desencadenó la construcción de edificios de hasta 15 pisos en los alrededores del Parque Castilla, lo que tuvo efectos colaterales en las viviendas adyacentes. Para la mayoría de los residentes, esta rezonificación no sólo ha perjudicado su calidad de vida, sino que fue impuesta de manera arbitraria, ya que no se consultó a la población ni se justificó en un plan de desarrollo urbano:

Fuente: Elaborado por Bulmaro Sánchez Sandoval con base en datos del ^{INEI (2009}; ²⁰²⁰) y Open Street Maps.

Mapa 1 Estratos socioeconómicos y áreas verdes de lince, Lima 

Nadie me dijo que iban a construir una mole de cemento junto a mi casa... Pago impuestos como ellos [los promotores inmobiliarios]. ¿Por qué no consultan si estamos de acuerdo […]? Este edificio me ha quitado la tranquilidad. Ahora siempre hay fiestas en algún piso y llenan mi jardín con basura y colillas (entrevista con ^{vecino, Lima, 5 de febrero de 2019}).

Con la llegada de los nuevos edificios se percibe un cambio en la composición socioeconómica del distrito. Tras diez años de boom inmobiliario, el sector socioeconómico alto ha reemplazado parcialmente al sector socioeconómico medio-alto y totalmente al sector socioeconómico medio (véase el mapa 1). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (^{INEI, 2017}), el estrato medio obtiene un ingreso mensual de entre 270 y 400 dólares, el estrato medio-alto obtiene un ingreso mensual de entre 400 y 660 dólares, mientras que el estrato alto obtiene un ingreso mensual a partir de 660 dólares. De acuerdo con esta clasificación, en la actualidad sólo ciertos segmentos del estrato alto podrían alquilar una vivienda en el distrito. Sin embargo, la estratificación propuesta por el INEI parece insuficiente para evaluar las diferencias socioeconómicas entre las personas que pertenecen a un mismo estrato social. Por lo tanto, aunque Lince reporta una composición de clases relativamente homogénea, la estructura del distrito es mucho más heterogénea y existen desigualdades socioeconómicas poco visibles para la clasificación del INEI.

La competencia por el Parque Castilla

El Parque Castilla, con 10.3 ha, se considera el tercer parque más grande de las áreas centrales de Lima (^{Gonzales, 2019}). Por su tamaño y ubicación, este parque es un importante punto relacional de la ciudad, que reúne a los habitantes de Lince y de otros distritos. En este espacio se organizan actividades como bailes, picnics, campeonatos deportivos, juegos de pelota, paseos en bicicleta, etc. Desde 2008, en Facebook y chats, grupos de jóvenes realizaban convocatorias abiertas para ensayos y concursos de pop coreano, un formato musical que ganó popularidad a mediados de la década de 2000. Estos grupos formaron un lugar de interacción en el espacio público que no sólo se hizo popular entre los aficionados al pop coreano, sino también entre otros grupos de varios tipos de danza. Así, el Parque Castilla congregaba desde señoras retiradas hasta al campeón nacional de salsa, que se reunían en el parque para bailar. El Parque Castilla se convirtió de esta manera en un elemento fundamental para la formación de identidad de las personas que compartían la pasión por la danza (^{Anchante, Farro y Meléndez, 2016}). La visión del Parque Castilla como un espacio multifuncional comenzó a colisionar con la visión de las empresas inmobiliarias cuando se empezaron a construir condominios de lujo en el distrito. Para el sector inmobiliario, el Parque Castilla sólo cumplía una función ornamental, ya que la valoración de los proyectos residenciales dependía de que el parque mantuviera un determinado nivel estético y pudiera ser presentado como un lugar tranquilo y silencioso (véase la imagen 2). Así lo manifestó un agente de bienes raíces: “nuestros clientes aprecian […] que nuestro proyecto esté cerca al Parque Castilla. Para muchos significa escapar del ruido de la ciudad y al volver a casa pueden disfrutar de un lugar tranquilo” (entrevista con ^{agente de bienes raíces, Lima, 1 de febrero de 2019}).

Imagen 2 Grupo inmobiliario ProCity ( Publicidad del Edificio Liberty en Lince, Lima, Perú. “Nuevo Proyecto en Lince, Edificio Liberty”, folleto. 

Las autoridades locales, en consonancia con las necesidades del sector inmobiliario, desplegaron tres estrategias para desplazar las funciones del parque que resultaban incómodas a los nuevos grupos sociales del distrito. La primera fue la disposición de normas para cambiar el uso de las áreas verdes. En 2010, con la ordenanza municipal número 1391-2010, el Parque Castilla fue transformado en un Área de Reserva Ambiental y sus áreas verdes fueron declaradas zonas protegidas (^{MML, 2010}). Apoyándose en esta primera norma, en 2016 la MDL promulgó la ordenanza municipal número 376-2016, que estableció disposiciones para la conservación y gestión de las áreas verdes del Parque Castilla (^{MDL, 2016a}). Con esta ordenanza se prohibieron las manifestaciones y la aglomeración de personas, así como la posibilidad de realizar cualquier actividad de “recreación activa”. Así, bajo un nuevo discurso que supuestamente defendía el medio ambiente y velaba por la seguridad y tranquilidad de los vecinos, varias actividades en el parque, como el comercio ambulatorio, las reuniones sociales y los ensayos de baile, fueron declaradas fuera de la ley. De acuerdo con varios activistas del distrito, estas normativas se diseñaron para impedir que personas de sectores populares vinieran a bailar al parque, porque eso molestaba a los nuevos ocupantes de los departamentos: “esta política viene por la presión de la gente de plata que no quiere ver gente diferente […] de los conos [áreas periféricas urbanas]. Les molesta su presencia, sienten que tienen derecho a convertir el parque como parte de su jardín privado” (entrevista con ^{activista, Lima, 15 de febrero de 2019}).

Imagen 3 Defiende el Parque Castilla en Facebook ( Serenazgo de Lince bloquea el acceso al Parque Castilla, Lima, Perú, 2017. 

La segunda estrategia tuvo que ver con la implementación de dos medidas que implicaban el control disciplinario del Parque Castilla. El objetivo de la primera de ellas era utilizar a la policía municipal para expulsar a los grupos de danza y a las personas que realizaban actividades que contravenían la nueva normativa. El personal de resguardo colocaba incluso sus motocicletas en las explanadas y los anfiteatros del parque para bloquear las zonas que eran utilizadas como áreas de ensayo por los grupos de baile (véase la imagen 3). Otra medida fue el establecimiento de sanciones económicas para prevenir el desarrollo de actividades prohibidas por la ordenanza. En primer lugar, como una primera llamada de atención, se colocaban papeletas educativas y luego, dependiendo de la falta, se imponían multas que podían ascender a entre 100 y 450 nuevos soles -entre 30 y 130 dólares, aproximadamente- (^{MDL, 2017}). Para implementar el sistema de multas, el municipio organizó las denominadas “brigadas ecológicas”. Este programa estaba orientado, supuestamente, a formar técnicos y vecinos vigilantes cuya labor era “promover el cuidado y protección del ecosistema” que guarda el Parque Castilla (^{MDL, 2016b}). Sin embargo, para los activistas del distrito, estas brigadas sólo tenían una función: intimidar a los residentes del distro y resguardar los intereses de las autoridades distritales.

La tercera estrategia fue la estigmatización de los grupos sociales considerados infractores de las nuevas reglas de convivencia del Parque Castilla. En entrevistas para dos diarios locales, Carlos Price, ex gerente de Asuntos Legales de la MDL, afirmó que el parque era ocupado por grupos que venían de “zonas periurbanas”, que no sabían cómo comportarse como buenos ciudadanos. De este modo, el ex funcionario justificaba la necesidad de ordenar el espacio público, porque, según su opinión, se había convertido en un lugar “caótico y bullicioso”, lo que perturbaba a los demás vecinos (^{Lara, 2016}; ^{Guzmán, 2016}). Asimismo, para las autoridades distritales, los grupos de danza, así como otros “grupos molestos”, causaban daños en las áreas verdes y llevaban a cabo actividades sin respeto por el buen comportamiento. Estas afirmaciones no sólo criminalizaban a los sectores de menores ingresos, sino que estigmatizaban sus actividades diarias. En esa línea, para las autoridades de Lince, los grupos de menores ingresos deberían ser controlados y sus actividades reguladas a la medida de los gustos y preferencias de los grupos de mayores ingresos.

La recuperación del espacio público

La implementación de medidas restrictivas en el Parque Castilla generó una respuesta inmediata por parte de los usuarios del parque. En ese sentido, una treintena de personas, entre residentes de Lince y activistas de movimientos urbanos, se organizaron en el grupo cívico Defiende el Parque Castilla y junto con otros grupos cívicos desplegaron dos estrategias para recuperar el control del parque. La primera de ellas apeló a mecanismos participativos del marco legal vigente para poder convocar a otras instancias de gobierno que estaban por encima de la autoridad de la MDL. Para este propósito, se recolectaron más de 1 600 firmas con la finalidad de poder presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Constitucional -máxima instancia jurídica de Perú- (^{LA Network, 2018}). Para lograr este objetivo, se desarrolló una campaña de concientización sobre la necesidad de restaurar las funciones tradicionales del parque. Durante la campaña se puso énfasis en que el acceso al espacio público no sólo era un derecho para los residentes de Lince sino para todos los limeños. Asimismo, esta estrategia se orientó a desarrollar reinterpretaciones creativas de los derechos difusos que se encuentran en la Constitución peruana para reivindicar derechos socioespaciales que están en línea con las interpretaciones del derecho a la ciudad. Por ejemplo, se trató de demostrar que la ordenanza número 376-2016 violaba derechos constitucionales como el derecho a la integridad física y psicológica, al libre desarrollo del ser humano, a la salud familiar y comunitaria y a las manifestaciones pacíficas, entre otros. En ese sentido, con la colaboración de abogados especializados en materia de derechos humanos, los activistas solicitaron en la demanda al Tribunal Constitucional que se reconociera el derecho a la ciudad como un derecho constitucional innominado. El objetivo de esta medida era hacer del caso del Parque Castilla un referente vinculante para otros escenarios en los que el derecho al acceso libre a los espacios públicos estuviera en disputa (^{SPDA, 2018}). Esta estrategia, de usar la acción política para reequilibrar las estructuras de poder a favor de los grupos de menores ingresos, es lo que ^{Lucy Earle (2012)} denomina “ciudadanía transgresiva”. El concepto se refiere a la habilidad de los movimientos sociales para interpretar las leyes de forma creativa y lograr el reconocimiento de derechos específicos en todos los niveles de gobierno: municipal, subnacional y nacional.

La segunda estrategia consistió en la organización de eventos como “bailetones” y jornadas de juego en los que se invitaba a la población a realizar actividades que requerían el uso del espacio público -concursos de baile, juegos de pelota, vuelos de cometa, concursos de pintura, carreras de atletismo, entre otras-, como vehículo de sus demandas políticas. Para los activistas, estas formas de ocupación mostraron a las autoridades locales que el Parque Castilla era un espacio integrador, que permitía la coexistencia de varios grupos que realizaban diferentes actividades simultáneas. De este modo, la apropiación del parque se convirtió en un acto político, ya que tanto las autoridades como los demás residentes pudieron ver el impacto y la dimensión simbólica del Parque Castilla en la vida de los manifestantes. Así, para los activistas, usar el Parque Castilla para protestar no sólo era una estrategia para llamar la atención sobre sus necesidades, sino que también se convirtió en un derecho. Este ejemplo se alinea con la premisa de ^{Borja (2013)}, para quien la idea de tomar espacios públicos tiene un alto significado simbólico intrínsecamente ligado a la idea de protestar en las sociedades modernas. En ese sentido, ocupar estos lugares no significa necesariamente una amenaza para el orden público, sino que pretende hacer visible el conflicto, porque los manifestantes interrumpen las nuevas rutinas diarias impuestas en el espacio público. Entonces el “desorden público” se convierte en una “demanda pública”, y este desorden se entiende como un mensaje que sólo puede darse en un espacio público (^{Dikeç, 2001}; ^{Mitchell, 2003}).

Discusión y conclusiones

En el periodo 2007-2017, Lima experimentó un boom inmobiliario que se concentró principalmente en las áreas centrales. Este fenómeno ha estado caracterizado por la construcción intensiva de condominios en altura dirigidos a los sectores medios y altos, en los que se ofrecen instalaciones privadas como reemplazo del espacio público. Los hallazgos en Lince evidencian que la construcción intensiva de condominios cerrados ha provocado cambios en la composición social del distrito (véase el mapa 1). Sin embargo, salvo casos aislados, no se han revelado procesos masivos de desplazamiento residencial, pero sí de una intensiva densificación. El caso de Lince no sigue las tendencias de desplazamiento que han mostrado otras ciudades latinoamericanas (^{Contreras, 2015}; ^{Cummings, 2015}; ^{Janoschka, 2016}; ^{López-Morales, 2016}) sino que está más en línea con las premisas de las grandes metrópolis latinoamericanas, en las que parece producirse un proceso de gentrificación sin expulsión cuyo principal promotor es el desarrollador inmobiliario (^{Sabatini et al., 2010}; ²⁰¹⁷).

Los hallazgos revelan que el nuevo modelo residencial produce una comprensión limitada de los parques públicos. Es decir, el Parque Castilla ha pasado de ser un espacio multifuncional a tener una función decorativa, puesto que los grupos sociales de mayores ingresos tienen la opción de realizar actividades de ocio dentro de su residencia. La función decorativa del Parque Castilla se ve reforzada por los promotores inmobiliarios, quienes consideran las áreas verdes como un activo económico por el cual se valoran mejor los proyectos de vivienda. Este tipo de gentrificación ha sido identificada en Barcelona y otras ciudades del Norte global como “gentrificación verde” (^{Anguelovski et al., 2018}). Las ciudades latinoamericanas parecen unirse a esta tendencia.

El caso del Parque Castilla demuestra cómo se promueve o estigmatiza la apropiación del espacio público en función de la clase social. Las autoridades locales instauran medidas restrictivas y disciplinarias sobre los espacios públicos que priorizan los intereses de los grupos sociales acomodados. Estas medidas justifican la necesidad de ordenar y asegurar el espacio público en función de normas de convivencia y de buen comportamiento que supuestamente salvaguardan el bienestar y la seguridad de todos sus usuarios. Sin embargo, no se puede establecer una correlación directa entre las medidas disciplinarias y los indicadores de seguridad (^{Inzulza y Galleguillos, 2014}; ^{Janoschka, 2002}; ^{Sequera, 2014}; ^{Swanson, 2013}). Más bien, el sentimiento de inseguridad se usa como excusa para diseñar normativas y políticas urbanas de manera desigual, en las que el aparato legal está condicionado por la voluntad de los grupos sociales de mayores ingresos y no por las necesidades reales de la población. En ese sentido, tanto las tendencias de Lima como de otras ciudades latinoamericanas muestran que los grupos sociales de mayores ingresos persiguen la hegemonía de las áreas centrales por medio de una doble estrategia. Por un lado, mediante el continuo aumento del precio de la vivienda, y por el otro, por medio de la determinación de cuáles comportamientos deben ser aceptados y cuáles expulsados.

En el caso de Lima, un elemento facilitador de la expansión inmobiliaria es la falta de una idea integral de ciudad, expresada en un plan de desarrollo metropolitano. La escasa o inexistente planificación urbana, por lo tanto, sirve como un elemento catalizador de la gentrificación, a diferencia de otros casos latinoamericanos en los que la gentrificación es impulsada por planes y políticas dirigidos por el Estado (^{Contreras, 2015}; ^{Cummings, 2015}; ^{Delgadillo-Polanco, 2010}). Esta falta de planificación también se aplica a los espacios públicos. La ausencia de una idea clara sobre la gestión de los espacios públicos genera interpretaciones unívocas que no provienen de ningún consenso técnico sino de intereses particulares de determinados grupos sociales.

Los conflictos en torno al Parque Castilla ponen de manifiesto la importancia de la multifuncionalidad del espacio público, pero sobre todo revelan que el espacio público sirve para abrir un debate político sobre los usos y el acceso al espacio urbano. En otras palabras, apuntan a promover una discusión sobre la importancia de la democratización de las ciudades y la tolerancia entre una variedad de grupos sociales con diferentes usos y costumbres. En ese sentido, los hallazgos de este estudio revelan que las funciones del espacio público, como libre circulación, apropiación y participación, pueden entenderse como derechos espaciales que a su vez pueden ser disputados y exigidos en el propio espacio público (^{Mitchell, 2003}). Asimismo, se encontró que las disputas por el espacio público han abierto oportunidades para que nuevos actores sociales desempeñen un papel más activo en la vida política de las ciudades. En ese contexto, los espacios públicos muestran que no están definidos rígidamente, sino, más bien, que son espacios cambiantes, cuya definición depende de los procesos de apropiación y participación (^{Sequera y Janoschka, 2012}; ^{Vega, 2017}). Por lo tanto, para preservar su multifuncionalidad, los espacios públicos deben permitir a los ciudadanos transitar libremente, aceptar la variedad de sus usos y usuarios, y reconocer su riqueza cultural.

La investigación urbana sobre la gentrificación aporta discusiones cada vez más innovadoras sobre las trayectorias que recorre la gentrificación en Latinoamérica. En ese sentido, la literatura académica latinoamericana actual aborda procesos que demuestran la complejidad del fenómeno en la región. Sin embargo, la investigación sobre las relaciones entre clases sociales, los periodos de convivencia y las disputas sobre el espacio público en barrios de reciente gentrificación ha sido poco explorada. Al respecto, este estudio fortalece la necesidad de desarrollar investigación que se centre en examinar los impactos socioespaciales que se producen en los barrios centrales tras un intensivo desarrollo inmobiliario y permite comprender mejor la relación entre los procesos de gentrificación y las políticas urbanas que legitiman y racionalizan las estrategias de exclusión del espacio público con base en los conflictos entre diferentes clases sociales. Este último aspecto es particularmente crítico en Latinoamérica, donde las categorías de estratificación socioeconómica, como en el caso del Perú, resultan insuficientes para determinar cómo la gentrificación produce la acentuación de las desigualdades urbanas.