Introducción

Si la política es rara y secuencial, debemos también reconocer su fragilidad y el hecho de que puede existir sólo por un corto tiempo (Judith Hayem , “The ‘Voucher Strike’: Workers’ Political Subjectivities in Post-Apartheid South Africa”).¹

Bella Unión es una ciudad del extremo norte de Uruguay cuya economía ha estado directamente asociada a la producción azucarera desde mediados del siglo xx. Su movimiento popular es muy activo y está formado, en lo fundamental, por las bases sociales de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el sindicato local de los cortadores de caña de azúcar. Los orígenes de la UTAA se remontan a 1961, cuando Raúl Sendic Antonaccio, un joven estudiante de derecho vinculado al Partido Socialista, respaldó con sus conocimientos jurídicos y orientaciones ideológicas la radicalización del incipiente sindicalismo rural en esa zona del país. Bajo el liderazgo de Sendic, los cortadores de caña impulsaron una intensa secuencia de lucha popular que rebasó los límites de la reivindicación sindical e incorporó un fuerte énfasis en la reforma agraria y la prédica revolucionaria. Entre 1964 y 1971, la UTAA marchó cinco veces a Montevideo enarbolando las consignas de “tierra para el que la trabaja” y “por la tierra y con Sendic”. En ese mismo periodo, Sendic dejó el Partido Socialista, organizó la lucha armada del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y pasó a la clandestinidad. Algunos militantes de la UTAA lo acompañaron en su gesta guerrillera, de modo que el sindicado quedó asociado al campo político del MLN-T y se convirtió en el blanco de una feroz represión estatal en los primeros años de la dictadura cívico-militar instalada en 1973.²

La redemocratización de Uruguay a mediados de los años ochenta favoreció la reorganización del sindicato y la formación de una nueva generación de dirigentes populares que se propuso actualizar a su manera las apuestas políticas de antaño.³ En un contexto marcado por el ajuste neoliberal, la apertura de los mercados regionales y la consecuente bancarrota de la economía azucarera bellaunionense, la UTAA se acercó a la plataforma electoral del Frente Amplio, el partido que reúne a las principales fuerzas de izquierda y centroizquierda uruguayas desde principios de la década de 1970. En 2005, el Frente Amplio ganó finalmente las elecciones presidenciales y empezó a poner en marcha una política de reactivación de la agroindustria bellaunionense. Sin embargo, la tensión entre los funcionarios del nuevo gobierno progresista y los sindicalistas de la UTAA se hizo sentir en seguida. En una fecha tan temprana como febrero de 2006 -segundo año del primer gobierno frenteamplista-, el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José “Pepe” Mujica, ya se refería a la acción política de la UTAA como un “palo en la rueda contra los que estamos gobernando” (^{La República, 2006}). Precisamente en enero de ese año, justo cuando el gobierno nacional había empezado a invertir raudales de dinero en el fortalecimiento y la ampliación de la industria azucarera de Bella Unión, los cortadores de caña decidieron ocupar tierras fiscales. El escándalo mediático y político fue estruendoso.

Al esgrimir la histórica consigna de “tierra para el que la trabaja”, los ocupantes de tierras manifestaban su voluntad de convertirse en pequeños productores rurales y participar en la administración de los esfuerzos desarrollistas emprendidos por el gobierno nacional en el norte del país. Menos comprometidos con la política económica del gobierno que con las apuestas colectivas formuladas en el marco de su organización sindical, los trabajadores de la caña de azúcar identificaron en la nueva política estatal de desarrollo económico una buena oportunidad para canalizar nuevas y viejas exigencias de justicia y bienestar social.

El presente análisis forma parte de una investigación más amplia sobre la producción “excesiva” de la política entre los militantes de la UTAA. Dicha investigación implicó tres años de trabajo de campo en el norte de Uruguay, entre 2013 y 2016, y un intenso involucramiento con las luchas del sindicato.⁴ En este artículo me dedico de manera específica a la ocupación de tierras de 2006. Esta medida de lucha, sus antecedentes históricos inmediatos y sus múltiples consecuencias políticas serán reconstituidos por medio de los relatos de los dirigentes sindicales que la protagonizaron y el recurso de fuentes primarias y secundarias. En términos analíticos, la ocupación de tierras de 2006 se abordará principalmente desde su capacidad de plantear un conjunto de problemáticas nuevas que logró poner en cuestión las modalidades de desarrollo rural diseñadas por el gobierno progresista para Bella Unión. Este abordaje se desarrollará en diálogo con la “antropología de las singularidades subjetivas”, sistematizada por ^{Sylvain Lazarus (1996) 5} y desarrollada por autores como ^{Michael Neocosmos (2009}; ^2016a; ^2016b) y ^{Judith Hayem (2008}; ²⁰¹²).

Montecruz Foto-Flickr Primera toma de tierras, Bella Unión, Uruguay, 18 de febrero de 2006. 

^{Lazarus (2001)} ofrece coordenadas conceptuales para identificar y analizar lo que él denomina “secuencias políticas” autonómicas -o secuencias de la política “en interioridad”-. Este tipo de secuencia tiene lugar cuando la gente postula sus propias condiciones de existencia política por medio de una sustracción res- pecto de las legalidades y formas de subjetivación preestablecidas en su contexto. En estos casos, “lo que nutre un pensamiento político no es el pensamiento sobre el Estado, sino más bien algunas categorías propias y singulares, ‘inventadas’ para la secuencia en cuestión” (2001: 98). Una política que se autodetermina desde la singularidad de sus categorías de pensamiento no está dada a priori y no constituye una dimensión permanente de lo social. En efecto, para Lazarus la política autonómica es un procedimiento raro y secuencial que radica en los esfuerzos de un grupo de personas por enunciar su condición actual y sus posibilidades de futuro mediante un intento de sustraerse a las estratificaciones sociales y las mediaciones institucionales afianzadas por el poder estatal.

Una secuencia política se define como autonómica en la medida en que su despliegue desafía y excede, simultáneamente, la distribución existente de los emplazamientos sociales y las posibilidades de autorrealización que se les atribuye en determinado diagrama administrativo. En estos términos, la política autonómica es del orden de lo posible, y se propone enunciar lo que es desde lo que puede llegar a ser -y no a la inversa-. Para ser fieles a la lógica intelectiva que se plantea en el marco de una secuencia política autonómica, Lazarus sugiere que nos concentremos en su proceso, sin atribuirle determinaciones que le sean exteriores:

[La cuestión] no es quién piensa, no se trata de una problemática del sujeto ni de una problemática de las clases [...], aquí, las personas son un indistinto determinado [indistinct certain] que el desarrollo de la investigación antropológica logra aislar. El indistinto determinado no designa ni un grupo, ni una estructura, ni un modelo. Puede decirse que es un ser-ahí indistinto en relación con la historia y la sociedad. En el frente a frente entre las personas y su pensamiento no se trata de reponer una confrontación entre factores objetivos relacionados con las personas (profesión, salario, formación, lugar de residencia, etc.) y las representaciones, sino de interrogar en el pensamiento de la gente, la relación de la gente con su pensamiento (^{Lazarus, 1996: 53}).⁶

Lo importante, entonces, es evaluar las consecuencias inmanentes a la relación de las personas con su pensamiento, o sea, aquello que ellas hacen bajo las condiciones de intervención política que sus categorías de pensamiento autorizan y prescriben.⁷ La originalidad de esta apuesta teórica y analítica radica en el planteamiento de que en ocasiones la política puede dejar de ser “relativa” para volverse “singular”, es decir, transitoriamente irreductible a cualquier otro espacio de determinación que el suyo propio. Una de las implicaciones fundamentales de dicho enfoque es que nos invita a buscar la emergencia de nuevas capacidades y respuestas colectivas, no sólo en el marco de las estructuras que constriñen la acción social, sino también en lo que se sustrae a dichas estructuras para revelar el carácter no absoluto de sus respectivas categorías operatorias. En pocas palabras, la política no siempre pertenece a los dominios de la agencia y la resistencia;⁸ no se limita a reaccionar frente a los marcos de acción establecidos, para impugnarlos, tensionarlos o remodelarlos, sino que también instituye -y responde a- objetividades nuevas, no codificadas previamente, las cuales se vuelven identificables gracias al surgimiento de categorías singulares de pensamiento.

Teniendo en cuenta las coordenadas analíticas que acabo de esbozar, en el primer apartado del artículo procederé a la identificación de algunas categorías políticas que informaron la ocupación de tierras de 2006, en especial las de “hecho político” y “estado de necesidad”. Demostraré que dichas categorías permitieron a sus formuladores romper con sus lealtades sociales previas y afrontar un nuevo conjunto de capacidades y ambiciones colectivas. En el segundo apartado relataré cómo la acción colectiva informada por tales categorías se convirtió en el objeto de una relación de poder -en términos de ^{Ranajit Guha (1992)}- que apuntaba a administrarla en el ámbito de una política agraria condicionada por la normativa vigente y los estándares de productividad de la agroindustria azucarera de Bella Unión. El contraste entre el horizonte político instaurado por la ocupación de tierras y aquel promocionado por los actores institucionales que se propusieron disolverla me permitirá poner en evidencia la irreductible singularidad de las formas de intervención colectiva avaladas por el “estado de necesidad”. Veremos que dicha irreductibilidad se manifestó en la desaparición misma de la secuencia autonómica de 2006, la cual debió quedar en suspenso ante el intento de administrarla según categorías y supuestos exteriores a su despliegue político. Para finalizar mi argumento, sugiero que pensar las políticas desde el interior de sus categorías fundamentales implica desarrollar la hipótesis según la cual, de vez en cuando, las personas pueden enunciar el porvenir colectivo desde un espacio subjetivo radicalmente nuevo, el cual no es consustancial a las relaciones de poder que las interpelan en el ámbito cotidiano.

Una política en “estado de necesidad”

En la primavera de 2005, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definió que quien fuera colono del Instituto Nacional de Colonización (INC),⁹ poseyera maquinarias agrícolas y tuviera experiencia en el cultivo de caña de azúcar podría obtener financiación pública destinada a la ampliación del área cañera en Bella Unión. Asimismo, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo quedaron encargadas de la formulación de un proyecto para producir azúcar y bioetanol en las estructuras industriales disponibles en Bella Unión, las cuales muy pronto serían arrendadas por la empresa estatal Alcoholes del Uruguay Sociedad Anónima (ALUR). Ambas medidas favorecían, respectivamente, a los productores rurales más capitalizados y a los funcionarios permanentes del ingenio local, pero no dialogaban con la realidad social de las bases de la UTAA, que carecían de los medios de producción necesarios para obtener el financiamiento productivo ofrecido por el gobierno. Bajo estas condiciones empezaba a consolidarse el denominado Complejo Sucro-Alcoholero (CSA), una intervención vertical en la economía bellaunionense que el flamante gobierno nacional del Frente Amplio encaró como la piedra fundamental del nuevo Uruguay productivo.¹⁰

Para principios de 2006, la expansión de los cañaverales ya era un hecho concreto. No obstante, el periodo de zafra continuaba relativamente exiguo, con lo que se prolongaba una situación de desempleo con referencia a la cual los militantes de la UTAA y de otros sindicatos locales justificarían su intención de ocupar tierras del Estado. El objetivo de este conjunto de organizaciones, en el cual también participaban el Sindicato de Obreros de la Cooperativa Agraria Limitada Norte Uruguayo (SOCA) de Bella Unión, y la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APAARBU), era poner en marcha la producción de alimentos y ensayar soluciones concretas y duraderas ante los inconvenientes impuestos por la oferta inconstante de trabajo en la región. Durante un diálogo que mantuvimos en 2015, Lito, quien se desempeñaba como presidente de la UTAA en 2006, rememoró las palabras que había dirigido al presidente del INC cuando las negociaciones con dicho organismo estatal empezaban a sonar poco prometedoras para el sindicato: “yo le dije: ‘en enero [de 2006] vamos a ocupar tierras’” (^{entrevista, Bella Unión, julio de 2015}).

La promesa de Lito no demoró en hacerse cumplir: “el 15 de enero decidimos ocupar tierras en el gobierno del Frente Amplio […], sabíamos que eso iba a generar un hecho político dentro de la misma izquierda y del Uruguay. Y lo generó” (^{entrevista, Bella Unión, julio de 2015}). Esteban, otro ex dirigente del sindicato, me explicaba que la “necesidad” subyacente a la decisión de ocupar tierras fiscales consistía en imponer “un golpe de tipo político al nuevo gobierno y, además, conseguir un pedazo de tierra para trabajar […]. Pero el efecto político de la ocupación fue fuerte” (^{entrevista, Bella Unión, septiembre de 2015}). El mismo día en que los militantes de la UTAA, el SOCA y la APAARBU tomaron 32 hectáreas del INC en las cercanías del ingenio azucarero, la policía envió algunos efectivos a las tierras ocupadas para evaluar la situación e identificar a los responsables de la medida. Al día siguiente, cuando ya se tramitaba una denuncia por usurpación en el juzgado local y algunos funcionarios sugerían que la postura adoptada por los sindicatos de Bella Unión respondía a órdenes de la extrema izquierda montevideana, las organizaciones responsables de la ocupación decidieron expresar públicamente las razones y las circunstancias de su lucha por “tierra para el que la trabaja”.

En respuesta a la acusación de ser manipulados por la extrema izquierda capitalina, los ocupantes afirmaron no tener “ningún tipo de partido por detrás” y declararon que tampoco estaban “contra el gobierno”. En el mismo documento, sugirieron que las autoridades del Poder Ejecutivo deberían hacer algo para evitar “el desalojo que la policía y la justicia lleva[ba]n adelante” y reiteraron su compromiso con la “agroindustria sucroalcoholera de la zona de Bella Unión”. La ocupación, a su vez, se justificaba como una medida que respondía a los “tiempos necesarios para el trabajo de la tierra”: “sabemos que el INC […] nos quiere entregar esa tierra, pero no podemos esperar: la naturaleza, los tiempos de producción nos apuran para sembrar en otoño, y el ‘estado de necesidad’ de nuestra gente también nos apura”. Finalmente, la decisión de ocupar tierras “abandonadas” se describía como una forma de defender la “ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, fundado para distribuir tierras entre quienes realmente estén dispuestos a trabajarlas y producir” (^{UTAA, APAARBU y SOCA, 2006}, citados en ^{Díaz, 2009: 78-79}).¹¹

Respaldados por la acción directa, los reclamos de los ocupantes de tierras constituyeron un “hecho político” dentro de la izquierda, el cual colocó a los funcionarios de la administración frenteamplista frente a la necesidad de lidiar, a contragusto, con la irrupción de una política que no era la suya en plena etapa de reactivación de la agroindustria bellaunionense. Tenemos, entonces, un “hecho político” que interpeló al gobierno, y de manera simultánea, lo desafió. Cabría preguntarse por el soporte subjetivo de ese acontecimiento. ¿Cómo se definieron sus condiciones de posibilidad? El comunicado emitido el 16 de enero de 2006 por la UTAA, la APAARBU y el SOCA fue claro sobre este punto. Allí, la decisión de ocupar tierras se presentaba como la consecuencia de un “estado de necesidad”, cuyo decreto tendía a relativizar los tiempos y las prioridades manejados por el gobierno.

Al decretar el “estado de necesidad”, los sindicatos lograron desplegar una apuesta política según la cual los trabajadores podrían decidir y gobernar sus propias urgencias, con independencia de su relación con el gobierno o de las disposiciones fijadas por la normativa vigente. Esta apuesta encontró desdoblamientos objetivos por medio de la ocupación de tierras de 2006, cuando unos individuos provenientes de diversas organizaciones sociales, portadores de “necesidades” variadas, decidieron poner a prueba ciertas capacidades organizativas en una relación de tensión-separación frente a los compromisos políticos y restricciones legales que tendían a limitar su campo de acción. Según las declaraciones de Lito a la prensa, se trataba, en efecto, del fin de un “romance” entre los trabajadores y la ANCAP (^{El País, 2006}). Si bien los ocupantes de tierras no estaban contra el gobierno, tampoco afirmaban estar a su favor. En rigor, ésta ya no era la cuestión. El desafío, para ellos, consistía en sostener la posibilidad de instalar algo así como un espacio de autogobierno en el seno mismo de una política estatal de desarrollo rural.

Las apuestas colectivas desplegadas por la ocupación de tierras no fueron una derivación mecánica de los contextos económicos en los cuales emergieron. El uso de la palabra “necesidad” no debe inducirnos a un error sobre este punto. El “estado de necesidad” permitió la enunciación de una miríada de urgencias -que incluían, por ejemplo, la voluntad de conseguir trabajo, de ser parte de una política gubernamental, de arar la tierra en los periodos adecuados para producir alimentos, etcétera- bajo el imperativo de que podrían ser contempladas, aquí y ahora, por los mismos trabajadores con sus propios medios -y en el futuro, con recursos técnicos y materiales provistos por el gobierno-. Nos encontramos, por lo tanto, frente a un “estado” en el cual el reconocimiento y la administración de las “necesidades”, en el horizonte inmediato de un “hecho político”, definen los contornos del ejercicio de la libertad individual y colectiva. Sin embargo, dado que el “estado de necesidad” pretendía establecer disposiciones sobre el aparato administrativo del gobierno frenteamplista, no debe sorprendernos que la efectividad de sus exigencias haya quedado condicionada al poder de otras personas, concretamente, la burocracia estatal. Analicemos más de cerca esta situación y evaluemos sus consecuencias para entonces definir, por contraste, la particularidad de las dos lógicas políticas que se enfrentaron en el periodo inmediatamente posterior a la toma de tierras protagonizada por la UTAA.

Política autonómica versus relación de poder: lógicas irreductibles, mediación imposible

Consumada la ocupación de tierras, los funcionarios del CSA concentraron sus esfuerzos en administrar las consecuencias del “hecho político” en el marco del nuevo orden productivo afianzado por ALUR. Con este ánimo, Raúl Fernando Sendic,¹² presidente de ALUR y vicepresidente de la ANCAP, decidió hacer una propuesta a los ocupantes de tierras. Aún en los primeros meses de 2006, entró en contacto con un dirigente de la UTAA para argumentar que la ocupación impactaba en forma negativa la legitimidad del gobierno de izquierda. Defendió, además, la pertinencia de suspender la medida de lucha e informó que ALUR pretendía entregar tierras a un grupo de trabajadores y pequeños productores seleccionados por la UTAA, la APAARBU y el SOCA. Esta promesa, y la presión política ejercida por Sendic, llevaron a varios militantes a abandonar las tierras ocupadas, mientras que otros decidieron continuar con la reivindicación de la plataforma original de la movilización.

Lito, quien optó por volver a casa con su esposa y sus hijos, reflexionaba de la siguiente forma sobre la controvertida decisión tomada en febrero de 2006:

Nosotros pedíamos otra clase de intervención, donde estuvieran los trabajadores y los productores representados en la directiva [de ALUR]. Que hubiera un plan de trabajo para Bella Unión. Si vos me preguntás si ésa era la izquierda que yo quería, no es. La que nació en el 2005 acá, no es […]. [La propuesta de ALUR] no era una salida que dijeras “bueno”, pero yo entendí, en ese momento, que políticamente al sindicato le servía, porque nosotros conocíamos toda la historia de la UTAA, de la lucha por la tierra, pero nunca habíamos agarrado tierra (entrevista con ^{Lito, Bella Unión, julio de 2015}).

Scaretissue-Wikimedia Vista aérea de Bella Unión, Uruguay, 30 de octubre de 2013. 

A su vez, Esteban me comentaba que quienes resolvieron quedarse en los campos del INC criticaron duramente a los que se fueron, tildándolos de “verdaderos traidores de los trabajadores, porque intentaron desarmar la ocupación” (^{entrevista, Bella Unión, septiembre de 2015}). A pesar de estar divididos en lo relativo a la decisión de abandonar las tierras ocupadas, los militantes sindicales estuvieron en su mayoría de acuerdo en oír la propuesta de ALUR y someterla a votación. En concreto, la empresa se propuso arrendar un campo de 400 ha, fraccionarlo en 39 lotes y adjudicarlos a los militantes sindicales en régimen de subarrendamiento. Para volverse productores cañeros en estas tierras, los “beneficiarios” deberían formar “empresas unipersonales” con la finalidad de contratar empleados, recibir los financiamientos ofrecidos por ALUR y venderle materia prima. A mediados de 2006, esta modalidad de acceso a la tierra, que Sendic denominó -no sin ironía- “reforma agraria alquilada”,¹³ fue finalmente aprobada por una comisión formada por los integrantes de la UTAA, el SOCA y la APAARBU.

Cuando lo entrevisté en 2015, Lito lo ponderaba de este modo:

Como presidente de [la] UTAA, sabía que no eran las condiciones realmente como tenían que darnos, porque el arrendamiento era dos veces más caro que el [cobrado por el] Instituto [Nacional de Colonización]. Eran once hectáreas para cada uno y en realidad, si vos no tenés 30 hectáreas, no va a solucionar tu problema ( ^{entrevista con Lito, Bella Unión, julio de 2015}).

En tanto, Nira, quien participó en la ocupación desde los primeros momentos y más tarde se volvió “beneficiaria” de la “reforma agraria alquilada”, también percibió una discontinuidad entre la propuesta de ALUR y las expectativas del sindicato:

Se pedía al Instituto que comprara tierras, pero en ese entonces no se pudo lograr. Entonces ALUR arrienda ese campo y nos hace una propuesta, pero creo que era un poco para desactivar la ocupación. Se eligió entonces a algunos compañeros y fuimos para ahí, pero ahí ya es todo financiado por ALUR (entrevista con ^{Nira, Bella Unión, agosto de 2015}).

Conocida como Campo Placeres y diseñada de manera unilateral por ALUR, la primera experiencia de acceso a la tierra integrada por militantes de organizaciones sindicales de Bella Unión se puso en marcha en 2007. La compañía azucarera financiaba la totalidad de las actividades productivas que se realizaban en Campo Placeres, y además de eso, cobraba a los beneficiarios un arrendamiento relativamente caro, del que descontaba la parte correspondiente al precio de las cosechas enviadas al ingenio.¹⁴ Esta modalidad de acceso a la tierra no estuvo exenta de sus propias formas de conflictividad. En febrero de 2008, los beneficiarios de Campo Placeres organizaron un corte de ruta para demandar, según informaban en su “Carta abierta” al gobierno, la “urgente rectificación de las condiciones en que hemos venido trabajando hasta ahora” (^{UTAA y APAARBU, 2008}). Tal “rectificación” implicaría, entre otras medidas, la renegociación de las deudas contraídas con ALUR, la reducción del costo del arrendamiento de la tierra y el préstamo de maquinaria a precios bajos. Si fuera capaz de atender estas demandas, el gobierno estaría demostrando, según los manifestantes, “que en el proyecto azucarero-alcoholero hay todavía un proyecto social” (^{UTAA y APAARBU, 2008}).

Palabras finales: pensar las políticas en sí mismas

La ocupación de tierras de 2006 fue el resultado y la materialización de un “estado de necesidad” decretado por las organizaciones de trabajadores rurales asalariados de Bella Unión. Desde el “estado de necesidad”, la militancia popular se autoprescribió la posibilidad de enunciar y gobernar sus propias urgencias en tensión con la normativa jurídica y los compromisos políticos existentes en aquel momento, dando origen a lo que me propuse analizar como una secuencia política autonómica. Todo el esfuerzo de un pensamiento de las secuencias políticas autonómicas tal vez se reduzca a esto: sostener y demostrar que pasó algo singular. Las finalidades de ese “algo” no se encuentran en otro lado, sino en el proceso mismo de su realización, en el despliegue paulatino de sus prescripciones. Si éste cesa y las personas dejan de actuar bajo su mandato, entonces también ha dejado de existir la secuencia política que algún día las movilizó. Preservar el punto de vista de la autonomía implica sustraerse, en el plano de la teoría y el análisis, a toda problemática de las mediaciones e interrelaciones. Cualquier política autonómica, incluso la más fugaz, es susceptible de aprehenderse únicamente desde sus condiciones subjetivas elementales -como el “estado de necesidad” en el caso de la ocupación de tierras-. Dichas condiciones, que no necesitan ser declaradas más que una vez para dar inicio a un curso de acción absolutamente novedoso, pasarían desapercibidas si el foco del análisis recayera sobre la mediación entre las demandas populares y el espacio administrativo del Estado. Como consecuencia, nos resultaría imposible afirmar que las personas pueden llegar a pensar desde un campo de referencias y posibilidades sustancialmente distinto al que organiza sus vidas la mayor parte del tiempo, cuando sus destinos se encuentran inscritos en el diagrama de una política que no es, precisamente, la suya.

En este artículo se quiso subsidiar investigativamente la hipótesis según la cual la gente a veces instituye, aunque sea por un corto tiempo y en forma muy precaria, las condiciones de su propio accionar político. Se trata de un proceso discontinuo que los aparatos administrativos intentan, en vano, asimilar a su propia continuidad. Justamente porque las secuencias autonómicas empiezan y terminan, sin dirimirse en ninguna estrategia administrativa, podemos esperar su resurgimiento; también por eso podemos afirmar que las relaciones de poder, con su distribución más o menos estable de las funciones y los intereses, no son consustanciales a todo y a cualquier esfuerzo de experimentación colectiva.