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Introducción
Desde la inauguración de la democracia en el 2000, México ha experimentado niveles de violencia interna que superan los umbrales definitorios de guerras civiles (de mil “combatientes” muertos al año). Convencionalmente, esta nueva epidemia de violencia se describe como “la guerra de las drogas”, “la narcoviolencia”, “la crisis de seguridad”, o “la violencia criminal organizada” (Aguilar et al., 2012; Azaola, 2018; Ravelo, 2011; Rosen y Zepeda, 2015). Después de su escalada durante la presidencia de Felipe Calderón, sus cifras de víctimas han sido vertiginosas. Las estimaciones hablan de casi 180 mil homicidios atribuidos al crimen organizado de 2001 a 2020 (Schedler, 2018: 45; Lantia Intelligence, s.f.; Segob, 2020b) y más de 70 mil personas “desaparecidas y no localizadas” de 2007 a 2019.
Naturalmente, para los medios de comunicación masiva ha sido imposible cubrir el gran número de muertos. La enorme cantidad de hechos violentos les impone la necesidad de “ser selectivos”. Desconocemos, sin embargo, sus criterios de selección: ¿cómo deciden cuáles casos reportar y cuáles omitir? ¿Cuáles historias contar y cuáles silenciar? Con base en una muestra puntual de notas de prensa -sobre poco más de 1 100 homicidios reportados por el periódico Reforma durante el primer cuatrimestre de 2017-, exploraremos de manera cuantitativa una hipótesis central: el sesgo de clase, es decir, la posible indiferencia relativa de los medios hacia las víctimas pobres de la violencia.
Concretamente, nos preguntamos si la atención mediática a la violencia letal varía en función del estatus social de la víctima que medimos, de manera indirecta e imperfecta, por el ingreso medio del municipio en donde su asesinato fue registrado. ¿Será que una vida robada en un municipio rico vale más que una vida destruida en un municipio pobre? De forma complementaria, exploraremos el peso explicativo de tres criterios profesionales de noticiabilidad: novedad, cercanía y relevancia. Pero antes de entrar a la descripción de nuestra base de datos y la presentación y discusión de nuestros resultados, revisaremos la literatura sobre las consecuencias de la llamada “narcoguerra” sobre los medios de comunicación y el posible papel de actitudes clasistas en la percepción de las víctimas de la violencia organizada.
Medios y violencia organizada
Los medios de comunicación han sido objeto frecuente de crítica por su manejo de la llamada “narcoviolencia”. Con excepción de algunos estudios agregados que miran la asociación entre cobertura mediática de la violencia y percepciones de inseguridad (Ramírez-Álvarez, 2021), no existen estudios de impacto mediático. Sin embargo, hallamos un conjunto variado de estudios sobre el papel de los medios ante la violencia organizada.
Documentación de la violencia: un buen número de estudios se centra en el fenómeno más evidente y dramático: la violencia dirigida contra los propios medios. En estos años de narcoviolencia, se ha vuelto un lugar común señalar que México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Varias organizaciones no gubernamentales especializadas, nacionales e internacionales, como Artículo 19, Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia y Committee to Protect Journalists, han ido documentando la violencia contra los medios (ver también González, 2018).
Causas de la violencia: varios autores han tratado de discernir las causas de las agresiones contra medios en estudios agregados (por municipio o estados), encontrando, esencialmente, que la violencia se tiende a dar en contextos de competencia violenta entre grupos criminales (Brambila 2017; Holland y Ríos, 2017). Algunos autores han incluido a los propios medios en sus análisis causales de la violencia (Casas, 2011; Ríos y Ferguson, 2020; Ríos y Rivera 2019).
Efectos de la violencia: las condiciones de violencia que han sufrido y documentado los periodistas mexicanos prácticamente los convierten en reporteros de guerra. Una serie de estudios -muchos basados en estudios de caso y trabajo de campo (entrevistas, observación)- han tratado de estimar los efectos que la violencia organizada ha tenido en el trabajo y la vida de los periodistas; han analizado las estrategias institucionales de protección, como la eliminación de cierta información (autocensura) y la generación de cierta información (alineación coercitiva) (Barajas-Saucedo et al., 2011; Cepeda-Robledo, 2017; Durin, 2019; González, 2018; Hughes y Márquez-Ramírez, 2017; Márquez-Ramírez, 2015; Relly y González, 2014). De igual manera, han documentado las estrategias individuales de protección, como el cambio de empleos y lugares de residencia (Díaz-Cerveró y Barredo-Ibáñez, 2020; Durin, 2019).
Cobertura de la violencia: además de las amenazas existenciales que emanan del crimen organizado, los medios mexicanos también han sido sometidos a prácticas persistentes de presión e intimidación de parte de funcionarios públicos (Márquez-Ramírez, 2015); aun así, bajo presiones y amenazas cruzadas de varios actores externos, tienen ciertos márgenes de actuación, cierta autonomía para desarrollar y seguir sus propios criterios y prácticas de cobertura de la violencia. Un extenso conjunto de estudios ha examinado varios aspectos del papel autónomo de los medios de comunicación masiva frente a la violencia organizada: las grandes narrativas de la llamada guerra contra el narco (Escalante, 2012; Landman, 2012; Schedler, 2018), las rutinas mediáticas de conteo de muertos (Reyna, 2014, 2018), la extensión de la cobertura de homicidios en medios impresos (Jáuregui, 2019), la adopción del lenguaje del mundo criminal por los mismos medios (Saldívar y Rodríguez, 2018), las narrativas visuales de la violencia organizada (Ovalle, 2010), la difusión mediática de narcomensajes (Cerda, Alvarado y Cerda, 2013), las fuentes que utilizan los reportes de violencia (Gómez, Méndez y Cortés, 2015), la autorregulación de los medios a raíz del Acuerdo para la Cobertura Informativa de 2011 (Gómez, 2012; Lozano-Rendón, 2016; Ramírez-Álvarez, 2021), y los encuadres informativos de la violencia contra ciertos grupos como periodistas (Leos, 2017) o mujeres (Rojas, 2014; Salazar y de la Garza, 2020).
Es en la última esfera -de las distorsiones o limitaciones autónomas de cobertura- que se inscribe el presente artículo. Se busca comprender la cobertura periodística de la violencia letal, evaluando una hipótesis específica sobre una posible fuente de sesgos mediáticos: los prejuicios de clase. La pregunta que guía este documento es: las víctimas de violencia letal, ¿reciben un “trato igualitario” en la cobertura informativa, independientemente de su estatus social? ¿O se dará menor cobertura a víctimas pobres que aquellas más acomodadas?
Sesgos de cobertura mediática
Sabemos que los medios de comunicación no son simples espejos de la realidad; la filtran e interpretan al mismo tiempo que contribuyen a construirla. Desde sus inicios, los estudios de la construcción noticiosa (news making) han tratado de comprender cómo construyen los medios las realidades sociales y políticas. Han rastreado y explicado, entre otras cosas, líneas editoriales, criterios de noticiabilidad, sesgos de cobertura, encuadres narrativos, perfiles políticos, huecos informativos y pánicos morales.1 Mientras que las discusiones políticas sobre la atención selectiva de los medios de comunicación a menudo giran alrededor de grandes eventos -como la pandemia de Covid-19 o la guerra en Ucrania- o personas singulares -como Donald Trump o Andrés Manuel López Obrador-, numerosos trabajos académicos han tratado de explicar variaciones en la cobertura mediática de un gran número de eventos comparables -como mensajes populistas, actos terroristas o suicidios- por las características observables de estos mismos eventos (como su magnitud o novedad).2
El presente artículo se inscribe en la tradición empírica que no se enfoca en “macroeventos” (como “la guerra contra el narco”), sino más bien analiza de manera comparativa y con herramientas estadísticas ciertos tipos de “microeventos” (homicidios, en nuestro caso), para comprender la mirada selectiva de los medios de comunicación. En Estados Unidos, por ejemplo, la violencia criminal ha sido un ámbito privilegiado para estudiar estos sesgos informativos bajo la misma perspectiva. Por un lado, el crimen violento es un tema llamativo para los consumidores de medios; representa una ruptura brutal de la convivencia ciudadana. Por otro lado, los homicidios constituyen un ámbito de acción donde es relativamente fácil tener “datos duros” sobre “la realidad objetiva” para compararla con los datos reportados en la realidad mediática.
Dada la heterogeneidad étnica del país y su historia de esclavitud y racismo, los estudios sobre la cobertura mediática de la violencia criminal en Estados Unidos se han centrado en los perfiles étnicos de los actores involucrados. Datos policiales sobre género, edad y pertenencia étnica, tanto de perpetradores como de víctimas, les han permitido construir una “realidad objetiva” de crímenes perpetrados en ciertos lugares y en ciertos periodos. Sobre esta base, han encontrado sesgos recurrentes en la cobertura de homicidios. Se da una sobrerrepresentación de víctimas de origen europeo y de alto nivel socioeconómico, de hechos que suceden en barrios acaudalados, de multihomicidios y de víctimas menores de edad. En contraste, cuando las víctimas son parte de minorías discriminadas, hombres y de mediana edad, suele darse una subrepresentación noticiosa (Pritchard y Hughes, 1997; Paulsen, 2003; Lundman, 2003; Gruenewald, Pizarro y Chermak, 2009; Gilliam, Iyengar, Simon y Wright, 1996; Johnson y Hong, 2017). Aunque estos sesgos de etnicidad y de clase se mezclan con criterios periodísticos más generales, alimentan una “mitología racista” de crimen y violencia (Chermak, Gruenewald y Pizarro, 2009: 155). ¿Deberíamos esperar sesgos de clase semejantes en la cobertura mediática de la violencia organizada en México?
Sesgos de clase y violencia organizada
Aunque exista poca información sistemática sobre la lógica de clase de la llamada narcoviolencia, hay una intuición fuerte que ha “sobrevolado” el debate: las élites y las clases medias han prestado poca atención a la narcoviolencia, ya que han sido esencialmente las clases bajas quienes han puesto los muertos. Esta idea se compone de cuatro elementos: 1) la presencia general de actitudes clasistas en México, 2) la composición social objetiva de las víctimas, 3) la percepción del estatus social de las víctimas de parte de los ciudadanos y 4) la devaluación clasista de las víctimas de parte de las capas altas de la sociedad.
La ideología del clasismo
En términos generales, el clasismo designa los prejuicios de clase de las clases altas hacia los pobres (una categoría amplia y difusa: trabajadores, clase baja, gente de pocos recursos). La mirada clasista asigna ciertos atributos, generalmente negativos (como pereza, inestabilidad emocional e impulsividad), pero potencialmente también positivos (como pureza, hospitalidad y gratitud). Aunque existe el “clasismo positivo”, paternalista y benevolente (la idealización de los pobres como salvajes nobles o sujetos revolucionarios), generalmente la noción se asocia con la minusvaloración de los pobres (Lott, 2012; Pincus y Sokoloff, 2008; Andrade, 2008; Bayón, 2012). Es común escuchar que el clasismo ha sido, junto con el racismo, uno de los grandes defectos de nacimiento de la nación mexicana que se han ido reproduciendo desde la Colonia hasta el presente (Aguilar, 2011; Gall, 2004). Dada la fuerte estratificación étnica de la sociedad mexicana, es decir, la fuerte asociación entre color de piel y clase social, los dos fenómenos se traslapan. Sin embargo, sobre ambas actitudes existen sorprendentemente pocos estudios sistemáticos, aún menos sobre clasismo que sobre racismo.3
El perfil social de las víctimas
Aunque la llamada narcoviolencia ha sido descrita como “una guerra de pobres contra pobres” (Rea, 2012: 230), tenemos poca información estadística sobre la ocupación, el nivel de ingreso o estatus social de las víctimas de la violencia organizada. Casi todo lo que sabemos de los perfiles sociodemográficos de las víctimas lo conocemos de los datos generales de homicidios del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las estadísticas oficiales de mortalidad nos revelan que hombres con bajos niveles de educación formal son altamente vulnerables a la violencia letal (Merino, Zarkin y Fierro, 2013: 30-31; Bravo, Grau y Maldonado, 2014: 9).
La percepción social de las víctimas
Es plausible suponer que la imagen estereotipada del pobre, que implica su potencial criminal, refuerce los datos objetivos y facilite la generalización del criminal como pobre. En términos generales, la asociación entre violencia organizada y pobreza es común en muchas esferas de la sociedad. El discurso oficial sobre “la prevención de la violencia” asume a ésta como problema social. Hace referencia al combate a la pobreza, la generación de empleos, la reparación del “tejido social”.4 De manera semejante, la ciudadanía concibe la violencia primeramente como un problema de pobreza (Schedler, 2018).
La devaluación de las víctimas
Si las actitudes clasistas se componen de desprecio y prejuicios negativos, pueden incidir de dos maneras en las percepciones de las víctimas:
Minusvaloración: si los pobres son percibidos como personas de menor valor, entonces su muerte implica una menor “pérdida social” (Glaser y Strauss, 1964). Si importan menos en la vida, importan menos en la muerte. Son muertes menos “lamentables” (Butler, 2010).
Responsabilización: los prejuicios de clase pueden ayudar a generar o reforzar la práctica común de culpar a las víctimas (Moon y Treviño-Rangel, 2020). Si los pobres tienen muchas necesidades materiales y pocas inhibiciones morales, es fácil imaginarlos como criminales que “reciben su merecido” cuando sufren una muerte violenta. De nuevo, la intuición es plausible, pero la poca evidencia empírica disponible tiende a contradecirla (ver Schedler, 2018: 153-159 y Cuadros A.2-A.22).
En suma, lo que sabemos sobre las relaciones -reales y percibidas- entre clases sociales y violencia organizada en México no nos permite conocer el rol concreto ni el peso preciso que tiene el clasismo en el procesamiento cognitivo y emocional de la violencia organizada de parte de ciudadanos o élites. Sin embargo, le da plausibilidad a nuestra pregunta si los criterios de clase influyen en la cobertura mediática de homicidios en México. ¿La muerte de las víctimas pobres vale menos que la de víctimas más acomodadas y recibe menos atención periodística?
Homicidios registrados y reportados
En México, a diferencia de Estados Unidos, no existen datos oficiales sobre víctimas y perpetradores de homicidios que permitan contrastar los homicidios reportados en los medios con los homicidios registrados en la realidad. Esto nos obliga a tomar una vía más indirecta e incierta para recrear datos objetivos sobre los homicidios ocurridos y el perfil social de las víctimas. Para examinar posibles sesgos clasistas en la cobertura de la violencia en México, comparamos las noticias sobre homicidios publicadas en el periódico nacional Reforma con registros oficiales de homicidios durante los cuatro primeros meses del año 2017. En la base de datos de Homicidios Municipales en Medios (HMM) que construimos para este propósito, el ingreso per cápita de los municipios donde ocurrió el crimen nos sirve como indicador del estatus social de la víctima.
La muestra de noticias
Los periódicos locales están sujetos a presiones mucho mayores que los nacionales, por parte tanto de los poderes políticos como de los poderes fácticos (como el crimen organizado). Para tener una muestra menos “contaminada” por factores externos, resolvimos estudiar un diario nacional. Elegimos el periódico Reforma por tres razones principales: primero, se trata del periódico nacional de mayor difusión -con un tiraje promedio de unos 138 000 ejemplares diarios- de acuerdo con el Padrón Nacional de Medios Impresos (Segob, 2020a); segundo, es un periódico con reconocida independencia del gobierno federal; y tercero, ha sido el medio impreso nacional que ha cubierto con especial dedicación los homicidios ocurridos en el país desde que iniciara la guerra contra las drogas (Ríos y Ferguson, 2020: 10; Trejo y Ley, 2020: 296).
La cobertura temporal
Para nuestro estudio, identificamos todos los reportes de homicidios publicados en Reforma durante los primeros cuatro meses de 2017. Aunque se trata de un periodo breve, no hay razones para pensar que no sea representativo para la cobertura mediática de la violencia durante la “narcoguerra”. Forma parte del último tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el segundo presidente de la “narcoguerra”. Es un periodo donde podemos asumir que las rutinas establecidas de reportaje funcionaron sin sobresaltos. En ese cuatrimestre, los periódicos no tenían que lidiar ni con el “ruido” de las elecciones del año siguiente, ni con eventos extraordinarios, como la campaña contra el “huachicol” al inicio del sexenio siguiente. Además, como veremos, aunque parezca pequeña la muestra, cubre un número considerable de homicidios (casi 10 000 registrados y más de 1 000 reportados).
Notas seleccionadas
Para identificar los reportes sobre homicidios publicados en Reforma, revisamos todo el acervo electrónico del diario contenido en la base de datos de EMIS API Infolatina para el periodo de enero a abril de 2017. Una primera búsqueda por frases y palabras clave relacionadas con muertes violentas, como matar, asesinar, acribillar, ejecutar, balear y homicidio, arrojó un total de 4 235 notas. Sin embargo, tuvimos que eliminar una gran parte de ellas ya que no tenían que ver con homicidios.5 Entre las notas que reportaban asesinatos, eliminamos todas aquellas que no incluían información contextual -sobre el municipio donde se perpetró el homicidio-, lo que incluía los meros listados de víctimas recientes de la violencia (33 noticias), al igual que el conteo semanal de la violencia organizada letal (“ejecutómetro”) (17 noticias). De esta manera, nos quedamos con 461 noticias concretas sobre muertes violentas, con el número de muertos y el lugar de los hechos identificados, que integran la base de datos de Homicidios Municipales en Medios (HMM).
Homicidios registrados
Existen dos fuentes oficiales que generan datos sobre homicidios en México: INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La base de datos del SESNSP es opaca en su metodología. Se construye directamente desde los ministerios públicos, sin revisión ni mecanismos de evaluación (Galindo, Huerta y Rodríguez, 2018; Guerrero 2020). INEGI construye sus estadísticas de mortalidad con los certificados de defunción de la Secretaría de Salud, que se cotejan con el Registro Civil, el Servicio Médico Forense y los ministerios públicos. Los datos resultantes generalmente se aceptan como confiables (Galindo, Huerta y Rodríguez, 2018; Ángel 2019) y los usamos para obtener el número total de “homicidios” (INEGI, 2020) oficialmente registrados en el periodo bajo estudio en cada uno de los 2 458 municipios de México.6
Homicidios reportados
En el periodo bajo investigación, INEGI registró 9 433 homicidios que tuvieron lugar en 1 134 de los 2 458 municipios del país (46.1 %), con un promedio de 8.3 asesinatos por localidad afectada, un mínimo de uno (en 385 municipios) y un máximo de 417 (en Tijuana). En los restantes 1 325 municipios (53.9 %), no se registró ningún asesinato en los primeros cuatro meses de 2017. Reforma, en cambio, reportó 1 102 homicidios ocurridos en 181 municipios, con un promedio de 6.08 asesinatos por localidad cubierta, un mínimo de uno (en 57 municipios) y un máximo de 111 (en Acapulco). Es decir, el periódico cubrió 11.7 % de los asesinatos oficialmente registrados y 16.0 % de los municipios con homicidios (Cuadro 1).
Cuadro 1 Homicidios registrados y reportados (1er cuatrimestre 2017)
| # Homicidios | # Municipios | |
|---|---|---|
| Homicidios según registros oficiales (INEGI) (“eventos”) | 9 433 | 1 134 |
| Homicidios según reportes periodísticos (Reforma) (“reportes”) | 1 102 | 181 |
| Reportes / registros | 11.7 % | 16.0 % |
Fuente: base de datos de Homicidios Municipales en Medios (HMM).
La Gráfica 1a presenta los 20 municipios con mayores registros de homicidios de parte del INEGI, y los contrasta con su cobertura mediática por parte de Reforma. La Gráfica 1b, en cambio, presenta los 20 municipios con mayores reportes de homicidios en este diario y los contrasta con los registros oficiales de INEGI. Estas dos gráficas confirman lo que ya sabemos de otras áreas de la realidad: los medios no son un simple espejo de la realidad. De hecho, las divergencias entre las dos gráficas son dramáticas. La cobertura de la violencia no sigue las realidades de la violencia. No es en donde hay más muertes violentas que Reforma reporta más muertes violentas.
Fuente: base de datos de Homicidios Municipales en Medios (HMM).
Gráfica 1 Divergencias entre registros y reportes de homicidios
En el conjunto de municipios con homicidios, la correlación entre homicidios registrados y reportados es relativamente alta (r = 0.67, p < .001, N = 1134). Dentro del grupo reducido de municipios que Reforma cubre, sus reportes captan un porcentaje bastante alto de los homicidios registrados por INEGI: 43.2 %. Sin embargo, hay mucha variación. Notablemente, en algunas de las ciudades más violentas, su cobertura es exigua. Es evidente que la cobertura de la violencia sigue su propia lógica, con altos grados de autonomía de su realidad objetiva; descifrar una parte de esta lógica autónoma es el propósito de este artículo (Cuadro C del apéndice).
Las variables dependientes de atención mediática
Todo nuestro análisis siguiente sobre la cobertura mediática de la violencia se limita a los 1 078 municipios donde INEGI registró por lo menos un homicidio en el primer cuatrimestre de 2017; en los demás, no había nada que reportar, por lo que no tendría sentido calcular índices de cobertura o atención mediática.7 Para este universo de casos, calculamos varias medidas de cobertura y atención mediática a los homicidios registrados por INEGI a nivel de municipios (nuestras unidades de análisis).
Cobertura mediática
Creamos tres medidas sencillas de cobertura de homicidios que nos indican si Reforma incluyó el municipio en su geografía de homicidios y en qué grado lo hizo. Cobertura municipal informa de manera binaria si este periódico reportó por lo menos un homicidio registrado en el municipio (sí o no). Cobertura numérica da el número de homicidios que el diario reporta para el municipio (conteo). Cobertura relativa indica la porción que los homicidios reportados por Reforma constituyen el total de los homicidios registrados por INEGI en el municipio (porcentaje).
Atención mediática
Para captar la extensión de los reportes (números de palabras) que Reforma dedica a los asesinatos en cada municipio, creamos tres Índices de Atención Mediática (IAM):
Atención municipal: para cada homicidio reportado, calculamos el número de palabras que Reforma le dedica. En notas que reportan sobre un solo asesinato, esta cifra corresponde simplemente a su extensión (número de palabras). En notas que reportan sobre múltiples asesinatos, esta cifra corresponde al promedio de palabras dedicado a cada asesinato: el número total de palabras de la nota dividido entre el número de muertos reportados. A continuación, tomamos todos los homicidios reportados que ocurrieron en un determinado municipio y sumamos todas las palabras dedicadas a ellos. Esta suma indica la “atención mediática” que el diario les prestó a los asesinatos de cada municipio donde INEGI reportó la ocurrencia de por lo menos un homicidio. Para todos los municipios que aparecen en los registros de INEGI, pero no en los reportes de este periódico, este indicador está en ceros. Entre los 1 134 municipios con registros de homicidios, Reforma dedica una media de 89.9 palabras a los asesinatos en cada uno, entre los 181 municipios cubiertos por el periódico, una media 563 palabras. El valor máximo de atención municipal de 5 592 palabras corresponde al municipio de Acapulco, seguido de las alcaldías Cuauhtémoc (5 504 palabras), Benito Juárez (4 900) e Iztapalapa (4 851), en la Ciudad de México, y de la capital de Chihuahua (3 858) (cuadro B y C del apéndice).
Atención reportes: dividimos el indicador de atención mediática a los asesinatos de cada municipio (la suma de palabras dedicadas a ellos en Reforma) entre el número de homicidios que el diario reporta en el municipio, lo que arroja el promedio de palabras que el periódico le dedica a cada víctima incluida en sus reportes de homicidios de cada municipio. La extensión media de los reportes de homicidios de Reforma está en 104.5 palabras. Los máximos corresponden a los municipios de Sabinas Hidalgo, Pungarabato y Yanga los tres con promedios por encima de las 500 palabras por homicidio reportado.
Atención eventos. Dividimos el indicador de atención mediática a los asesinatos de cada municipio (la suma de palabras dedicadas a ellos en Reforma) entre el número “objetivo” de homicidios que habían ocurrido en el mismo municipio, es decir, entre el número de homicidios registrados por INEGI. El resultado es un indicador sencillo, de fácil comprensión, de la atención mediática a los homicidios oficialmente registrados en cada municipio: el promedio de palabras dedicadas a cada uno. Esto quiere decir que, si Reforma cubrió los homicidios en el municipio en su totalidad, este indicador es igual al anterior. Sin embargo, en la medida en que hubo muertes violentas en el municipio que este periódico no incluyó en sus noticias, es menor a la extensión media de los reportes sobre homicidios en el municipio de Reforma.
Entre los 1 134 municipios con registros de homicidios, este rotativo dedica una media de 6.7 palabras a cada homicidio registrado, entre los 181 municipios cubiertos por el periódico, una media de 41.9 palabras. El mínimo de 0.3 palabras por homicidio registrado corresponde a Tecomán. Los máximos corresponden a tres municipios para los cuales Reforma reporta de manera relativamente extensa sobre el único asesinato ocurrido (Sabinas Hidalgo, Copainalá y Tepeojuma).8
El primero de los 25 municipios de menor atención mediática a los homicidios ocurridos en la localidad, el segundo, los 25 municipios de mayor atención. Hay un patrón muy claro: solamente en lugares donde la violencia letal es un fenómeno relativamente raro, el periódico Reforma logra cubrir un porcentaje relativamente alto de los casos y les dedica un mínimo de atención narrativa. 19 de los 25 municipios peor cubiertos -con notas más escasas y escuetas sobre sus homicidios- sufrieron más de 10 asesinatos en el periodo. En cambio, únicamente tres de los 25 municipios mejor cubiertos (con los reportes más numerosos y extensos de homicidios) sufrieron más de diez asesinatos. Benito Juárez, Quintana Roo, con 67 y, elocuentemente, dos alcaldías de la Ciudad de México: Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc (con 41 y 40, respectivamente) (Cuadro D y E del apéndice).
Esta asociación entre la frecuencia de asesinatos en un municipio y la atención mediática que reciben nos da una primera pista sobre el peso de la “noticiabilidad” (newsworthiness) de los homicidios. En donde son excepcionales, atraen los focos mediáticos; en donde son frecuentes, se pierden en el montón. También, si suceden en la capital del país, parecen llamar más la atención. Sin embargo, antes de explorar estos factores de manera más sistemática, necesitamos revisar nuestras hipótesis explicativas: nuestra hipótesis central sobre la influencia del estatus socioeconómico de las víctimas en la cobertura de sus asesinatos y dos explicaciones adicionales, la realidad y la noticiabilidad de homicidios.
Variables independientes
Para comprender las variaciones observadas en el tratamiento que el periódico Reforma da a los homicidios ocurridos a nivel municipal, exploraremos tres explicaciones alternativas (o más bien complementarias): el estatus social de la víctima (clasismo), la supuesta relevancia pública de su muerte violenta (noticiabilidad) y la frecuencia objetiva de asesinados en cada municipio (realidad empírica).
Estatus social de víctimas
Idealmente, si queremos saber si un medio de comunicación decide su cobertura de asesinatos en función del estatus socioeconómico de las víctimas -o en qué medida-, necesitaríamos tener información sobre el nivel socioeconómico de cada una de ellas. Varios de los estudios locales sobre sesgos de cobertura en Estados Unidos que reseñamos cuentan con esta información a nivel individual gracias a su acceso a las bases de datos de la policía local (por ejemplo, Lundman, 2003; Gruenewald, Pizarro y Chermak, 2009; Paulsen 2003). En México, en cambio, esta información institucional no existe.
Ante la inexistencia de datos individuales, tomamos un indicador indirecto y aproximado (un proxy) del estatus socioeconómico de las víctimas de homicidio: el nivel socioeconómico de los municipios en donde ocurrió su asesinato. Sabemos que no es un indicador perfecto; no hay una asociación férrea entre el nivel socioeconómico individual de una víctima de homicidio y el nivel socioeconómico promedio del lugar donde ocurre el crimen (o donde se encuentra el cadáver). Puede haber víctimas pobres en barrios ricos, víctimas adineradas en barrios marginales y víctimas de cualquier estatus en municipios heterogéneos. De todos modos, es plausible asumir que existe una correlación alta entre ambas variables. No hay razones fuertes para pensar lo contrario. No hay razones suficientes para pensar que las víctimas se encuentren sistemáticamente fuera de sus rumbos usuales de vida en el momento que caigan en manos de sus verdugos. Una excepción podría ser personal de servicio (como jardineros, vigilantes, personal de limpieza o trabajadores de construcción) que vive en colonias pobres y trabaja en colonias de clase alta y cae víctima en cerca de su lugar de trabajo. Sin embargo, no tenemos indicios de que esto sucediera de manera frecuente ni tendríamos posibilidad de identificar estos casos.
Para captar los niveles municipales de desarrollo socioeconómico a inicios de 2017, utilizamos datos de ingreso per cápita para el año 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019). Los datos están expresados en dólares estadounidenses (USD) de 2012, ajustados por estándares internacionales de poder de compra (Paridades de Poder de Compra, Purchasing Power Parities o PPP en inglés).9 Los 1 134 municipios de nuestra muestra -con, por lo menos, un homicidio registrado en el primer cuatrimestre de 2017- tenían un ingreso per cápita promedio de 2 216.8 USD. El municipio más pobre era Cochoapa el Grande, Guerrero, con un ingreso per cápita de 319.1 USD y el más rico, San Pedro Garza García, Nuevo León, con un ingreso per cápita de 9 748.5 USD (ver Cuadro B en el Anexo).
Con estos datos agregados pretendemos poner a prueba nuestra hipótesis principal de un posible sesgo clasista en los reportes de homicidios, es decir, de una visión periodística que valora más la vida de los ricos que de los pobres y llora más la muerte de los ricos que de los pobres. Si esta hipótesis de clasismo es cierta (y si nuestra medición indirecta del estatus social de las víctimas es válida), deberíamos ver que los homicidios ocurridos en municipios con niveles socioeconómicos altos reciban mayor atención mediática que los ocurridos en municipios con niveles socioeconómicos más bajos.
La noticiabilidad de hechos violentos
Paralelamente a la hipótesis del clasismo, queremos someter a prueba la hipótesis alternativa más evidente: que la cobertura de los asesinatos no se rige por prejuicios de clase, sino por criterios profesionales de noticiabilidad. Los medios de comunicación masiva dependen de sus audiencias. Necesitan despertar su interés y captar su atención. Solamente vale la pena publicar noticias que lo logren. Los criterios clásicos de noticiabilidad son muy intuitivos. En términos generales, lo que llama la atención son sucesos grandes, cercanos, novedosos, sorprendentes. En cambio, eventos menores, lejanos, conocidos y recurrentes no merecen ser convertidos en noticias (ver Clayman y Reisner, 1998; Gruenewald, Pizarro y Chermak, 2009). Estimaremos la influencia de criterios de noticiabilidad con base en tres indicadores indirectos (proxies):
La historia de violencia letal en el municipio: en lugares donde los homicidios son frecuentes, su ocurrencia probablemente ya no es noticia. Un asesinato entre muchos ya no es sorpresa, sino normalidad. Presumiblemente, fuera de los círculos estrechos de los afectados directos, ya no escandaliza a los ciudadanos, sino que los deja indiferentes. Tomamos la tasa anual municipal de homicidios por 100 000 habitantes en 2016, el año previo al periodo bajo estudio, como indicador de la naturaleza “normal” o “sorprendente” de un asesinato. La calculamos sobre la base de los datos de homicidios de INEGI para 2016 y de los datos de población del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para 2015, el año más cercano disponible (INAFED, 2020).
La cercanía de la violencia letal: generalmente, los lectores de periódicos se centran en las ciudades. Por lo tanto, sentirán los homicidios que ocurren en los lugares más grandes como más cercanos y aquellos que se dan en pueblos chicos como más distantes (geográfica y emocionalmente). Para medir el tamaño de los municipios, tomamos nuevamente los datos de población municipal de INAFED (en miles, para el año 2015).
La relevancia de la violencia letal: hay muchos factores que pueden incidir en la relevancia percibida de un asesinato, como la identidad de los perpetradores, sus motivos declarados, la prominencia de sus víctimas o el modo de violencia ejercida. En esta investigación queremos examinar uno muy sencillo: el lugar del crimen. Si un homicidio ocurre en la capital de la nación o de un Estado, es probable que los ciudadanos -y, por lo tanto, los reporteros- le den mayor peso que a otro que se da en lugares de menor importancia política. Nuestra variable “Ciudad de México” indica si un municipio pertenece a la capital del país y nuestra variable “capital estatal” si pertenece a otra capital estatal.
Si nuestras hipótesis de noticiabilidad son acertadas, debemos observar una mayor atención relativa de Reforma a los homicidios que ocurren en contextos de baja violencia previa (por su naturaleza extraordinaria), en los municipios más poblados (por la cercanía de los hechos con los lectores urbanos) y en la Ciudad de México y las capitales estatales (por la relevancia política del lugar del crimen).
La realidad de eventos violentos
Si los periódicos fueran simples espejos de la realidad, deberíamos ver reportados en sus páginas los mismos asesinatos que INEGI registra en sus libros de defunción. Sabemos que es una expectativa irreal. Los medios no son agencias de estadística. De todos modos, aunque no esperamos que un periódico como Reforma nos reporte todos los asesinatos ocurridos en un lugar concreto, sí esperamos que su cobertura de la violencia no esté desacoplada de las realidades de la violencia. Aun cuando los criterios de noticiabilidad actúen como contrapesos, esperamos, que los reportes de homicidios correspondan, de manera aproximada, a los hechos de homicidios: en donde el problema es mayor, la atención mediática debería ser mayor. En todas nuestras exploraciones empíricas incluiremos, por lo tanto, los “homicidios reales” (registrados por INEGI) como una variable explicativa.
Resultados
¿Qué resultados podemos reportar para nuestras dos triadas de variables dependientes? Los resumimos de manera separada para nuestras tres medidas de cobertura mediática (Cuadro 2) y nuestros tres indicadores de atención mediática (Cuadro 3). En términos de capacidad explicativa de nuestros modelos, vemos mucha variación. Notablemente, explican alrededor de la mitad de la variación del número de muertos reportados por Reforma (“cobertura numérica”) (R2 = .490) y del número de palabras dedicadas a los homicidios de cada municipio (“atención municipal”) (R2 = .504). También explican bastante bien si este rotativo incluye un municipio en sus reportes de homicidios o lo deja fuera (“cobertura municipal”) (R2 = .173) y cuántas palabras dedica en promedio a cada asesinato ocurrido en el municipio (“atención reportes”) (R2 = .138). La capacidad explicativa de nuestro pequeño conjunto de variables es mucho más modesta para el porcentaje de homicidios ocurridos que el periódico cubre en cada municipio (“cobertura relativa”) (R2 = .038) y el número de palabras que les dedica en promedio (“atención eventos”) (R2 = .045). Con respecto a variables explicativas individuales, encontramos una mezcla de resultados esperados, inesperados y nulos.
Cuadro 2 Cobertura mediática de homicidios municipales: regresiones multivariadas
| Cobertura municipal* | Cobertura numérica | Cobertura relativa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| eb | p | B | p | B | p | |
| Homicidios registrados | 1.056 | <.001 | .163 | <.001 | .061 | .161 |
| Ingreso per cápita | 1.116 | .324 | -.269 | .032 | .156 | .840 |
| Población | 1.001 | .218 | -.003 | .002 | -.002 | .677 |
| Homicidios previos | 1.013 | <.001 | .007 | .054 | .060 | .011 |
| Ciudad de México | 15.813 | .001 | 8.447 | <.001 | 31.570 | <.001 |
| Capital estatal | .220 | .015 | -.129 | .844 | -2.957 | .463 |
| Constante | .053 | <.001 | .204 | .483 | 4.417 | .013 |
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| Error estándar | +87.6 | 3.630 | 22.269 | |||
| R2 | ++.173 | .490 | .038 | |||
| N | 1134 | 1129 | 1129 |
Fuente: Base de Datos de Homicidios Municipales en Medios (HMM).
Variables independientes: ver cuadro 5. Variables dependientes: Cobertura municipal: cobertura de homicidios municipales por Reforma (binaria, sí = 1, no = 0) (regresión logística binaria). Cobertura numérica: número absoluto de homicidios reportados por Reforma en el municipio (regresión lineal). Cobertura relativa: porcentaje de homicidios municipales registrados por INEGI que Reforma reporta (regresión lineal).
+ Porcentaje de clasificación correcta. ++ R2 Cox y Snell
Cuadro 3 Atención mediática a homicidios municipales: regresiones multivariadas
| Atención Municipios | Atención Reportes | Atención Eventos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | p | B | p | B | p | |
| Homicidios registrados | 9.491 | <.001 | .048 | .667 | .033 | .623 |
| Ingreso per cápita | -4.905 | .655 | 6.405 | .001 | 1.221 | .297 |
| Población | .153 | .069 | .051 | <.001 | -.003 | .736 |
| Homicidios previos | .476 | .158 | .168 | .005 | .008 | .830 |
| Ciudad de México | 1515.233 | <.001 | 105.139 | <.001 | 58.549 | <.001 |
| Capital estatal | -12.828 | .824 | -10.470 | .306 | -1.863 | .761 |
| Constante | -24.683 | .333 | -7.810 | .084 | 3.034 | .263 |
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| Error estándar | 318.360 | 56.437 | 33.865 | |||
| R2 | .504 | .138 | .045 | |||
| N | 1129 | 1129 | 1129 |
Fuente: Base de Datos de Homicidios Municipales en Medios (HMM).
Variables independientes: ver Cuadro 5. Variables independientes: Atención municipal: Suma de palabras dedicadas a homicidios en el municipio. Atención reportes: promedio de palabras por homicidio reportado en el municipio. Atención eventos: promedio de palabras por homicidio registrado en el municipio.
Realidades de violencia
Aunque un medio de comunicación como Reforma no puede servir como simple reflejo de la realidad, nuestros datos confirman claramente que los sucesos reales de violencia letal influyen en sus reportes de violencia letal. Cada homicidio “objetivamente ocurrido” en un municipio (según los registros de INEGI) aumenta la probabilidad relativa de que este periódico incluya este municipio en sus reportes de homicidios en 6 % (eb = 1.06).10 Además, aumenta el número absoluto de homicidios que Reforma reporta en el municipio (alrededor de seis homicidios registrados generan uno reportado) (B = .163) y el número total de palabras que les dedica (en nueve por cada homicidio registrado) (B = 9.491).
Riqueza municipal
La intuición teórica central que quisimos poner a prueba en este trabajo fue el clasismo. Las víctimas de la violencia, sostuvimos, han caído en un mar de indiferencia relativa, tanto de parte de la ciudadanía como de los medios de comunicación masiva; y dado su generalmente bajo estatus social, nos preguntamos si esta indiferencia ciudadana y mediática tendrá que ver con el clasismo, la suspicacia y el desprecio hacia los pobres, arraigado entre las clases medias y altas del país (por lo menos, hacia los pobres percibidos como viciosos, malos y amenazantes). Concretamente, ante la inexistencia de datos a nivel individual, utilizamos una medición indirecta y nos preguntamos si la frecuencia y extensión de los reportes periodísticos de homicidios varían en función de la riqueza media de sus lugares de ocurrencia. Nuestros resultados, entre nulos y contradictorios, son decepcionantes para nuestra teoría, aunque alentadores en términos prácticos (y, naturalmente, pueden estar desdibujados por la naturaleza imperfecta de nuestros datos).
Como lo indican los Cuadros 2 y 3, el ingreso anual per cápita de los municipios no tiene relación tiene relación lineal con el tratamiento mediático de los homicidios. Si un municipio aparece en las notas de homicidios de Reforma o no, qué porcentaje de sus homicidios se reportan, con cuántas palabras se resumen y cuántas se dedican a cada una de las muertes violentas en el municipio, no depende de la riqueza media del municipio.
Es únicamente para dos variables que el ingreso municipal per cápita arroja coeficientes de regresión significativos, aunque contradictorios: A mayor ingreso medio, cae el número absoluto de homicidios reportados por Reforma, pero crece la extensión media de los reportes respectivos, es decir, para municipios más ricos, este medio impreso publica reportes más extensos sobre un número menor de asesinatos. En términos substantivos, empero, los efectos son modestos. Si, de manera hipotética y controlando por todo lo demás, un municipio aumentara su ingreso municipal por 10 000 USD PPP anuales (que es mayor que la diferencia entre el municipio más pobre y el más rico en nuestra base de datos) Reforma incluiría casi tres homicidios menos en sus notas (B = -.269) y dedicaría unas 65 palabras más a cada uno de sus reportes de asesinatos ocurridos en el municipio (B = 6.405).
Noticiabilidad
En nuestras estimaciones multivariadas de efectos, dos de nuestras cuatro variables de noticiabilidad resultaron contraintuitivas (homicidios previos y capitalidad estatal), una contradictoria (población) y otra espectacular (Ciudad de México):
Violencia previa: esperábamos observar un cierto efecto de cansancio en municipios con tasas previas altas de homicidio -deprimiendo la atención mediática- y un efecto de novedad en municipios con tasas previas bajas -alentando la atención mediática-. Nuestros datos indican lo contrario. Las tasas previas de homicidios a nivel municipal tienen efectos positivos, estadísticamente significativos (aunque sustancialmente pequeños), sobre nuestras tres variables de cobertura y también sobre la extensión de cada reporte de homicidio (“atención reporte”).
Capitales estatales: por su importancia intrínseca, esperábamos ver una cobertura periodística mayor de homicidios en las capitales estatales que en otros municipios. Nuestros datos contradicen esta expectativa. Para las capitales estatales, la probabilidad relativa de “cobertura municipal” se reduce a 20 % (eb = .220), mientras que los demás indicadores de atención mediática no muestran relaciones significativas.
Población: de acuerdo con nuestra expectativa inicial, los municipios más grandes son más importantes y por lo tanto merecedores de mayor atención a los eventos violentos que suceden en sus fronteras. Nuestros resultados confirman esta expectativa solo de manera parcial. Indican presiones contradictorias: el tamaño poblacional de los municipios reduce el número de muertos que Reforma reporta de ellos, pero aumenta el número de palabras que le dedica a los asesinatos en el municipio, tanto en su conjunto como de manera individual. Si, de manera hipotética, un municipio pasa de mil habitantes a un millón, podemos esperar que se reporten tres asesinatos menos (B = -.003), pero que se dediquen 153 palabras más a todas las muertes violentas en su territorio (B = .153) y 51 palabras más a cada muerte reportada (B = .051).
Ciudad de México: siendo la capital el centro político, económico y poblacional del país y, además, la sede del periódico bajo análisis, es natural que sus asesinatos atraigan la atención del mismo periódico. Sin embargo, los coeficientes que nuestras regresiones arrojan para la capital nacional son nada menos que espectaculares en su magnitud y consistencia. El hecho de que un municipio pertenezca a la Ciudad de México aumenta la probabilidad relativa de su inclusión en los reportes de homicidios de Reforma por un factor mayor a quince (eb = 15.813). Además, incrementa el número absoluto de asesinatos reportados por ocho (B = 8.447), el porcentaje de asesinatos cubiertos por más de 30 % (B = 31.570), el total de palabras dedicadas a los asesinatos municipales por 1 500 (B = 1 515.233), el promedio de palabras dedicadas a cada reporte por 105 (B = 105.139) y el promedio de palabras dedicadas a cada homicidio objetivamente ocurrido por 58 (B = 58.549). Notablemente, la Ciudad de México es la única variable explicativa que se asocia de manera significativa con el promedio de palabras por homicidio registrado en el municipio (“Atención Eventos”).
Conclusiones
Cerremos ese ejercicio de reflexión teórica y exploración empírica retomando nuestra pregunta inicial: ¿cuántas palabras vale una vida? ¿Cuánto reconocimiento público vale una vida segada de manera violenta? Como afirma el Talmud: “aquel que destruye un alma es considerado tan culpable como si hubiera destruido el mundo entero” (Mechon Mamre, s.f.). Como hemos visto, cada víctima de un asesinato puede esperar que el periódico nacional con mayor cobertura de la violencia lo registre con menos de seis palabras. De 100 casos, 84 no aparecerán en las páginas del periódico y cuando lo hagan, será con menos de 17 palabras en promedio. Dada la magnitud de la violencia homicida en México, es muy difícil que sea diferente. Los grandes números terminan devaluando y devorando los casos individuales. Sin embargo, ¿qué tanto varía el tratamiento periodístico de las vidas destruidas en función del lugar del crimen?
Claramente, los reportes de homicidios en Reforma siguen un criterio periodístico muy sencillo que domina todos los demás factores que hemos examinado: si un asesinato ocurre en la Ciudad de México, hay que tomar nota. Aunque la incidencia delictiva es menor en la capital del país, en comparación con homicidios registrados en otros lados, la probabilidad relativa de que Reforma cubra un homicidio en la CDMX es 15 veces mayor y el número de palabras publicadas por cada asesinato es 10 veces mayor. Con variaciones menos espectaculares, el periódico tiende a prestar mayor atención a homicidios en municipios más poblados y violentos y menor a homicidios registrados en las capitales de los estados.
Con respecto a nuestra variable explicativa central, la riqueza media de los municipios, que tomamos como proxy del estatus social de las víctimas, nuestros resultados fueron entre nulos y contradictorios. No existe un claro patrón de asociación de la pobreza municipal con los registros de homicidios ni tampoco con los reportes de homicidios. Esta relativa “imparcialidad social” en el tratamiento mediático de la violencia letal habla bien del periodismo ejercido por Reforma. Además de su claro sesgo capitalino a favor de la Ciudad de México, no encontramos evidencia de un sesgo social, a favor de los municipios más ricos y en contra de los pobres -aunque no podemos excluir la posibilidad de que con información más directa del estatus social de las víctimas veríamos patrones de cobertura diferentes-. Evidentemente, dada su naturaleza acotada, nuestro ejercicio estadístico no nos dice nada sobre el papel más general que el clasismo pueda haber jugado en la indiferencia relativa que la sociedad mexicana ha mostrado hacia violencia criminal organizada. Sin embargo, nuestra radiografía del tratamiento selectivo y taciturno que el flujo constante de asesinatos recibió por el periódico seleccionado en el periodo seleccionado, nos habla de una prensa centralista, más que clasista.
