La ambivalencia de la participación

La participación de los ciudadanos en el espacio público, su incidencia en las políticas públicas y la toma de decisiones es sin duda un buen síntoma de toda democracia, sin embargo, en los últimos años la desigualdad social, la exclusión, la violencia, entornos político y económicos distantes de ciertas necesidades específicas de los ciudadanos, así como la creciente desvalorización de los esfuerzos de los procesos de lucha de colectivos, organizaciones, grupos ciudadanos y activistas que pretenden modificar la injusticia, ampliar los derechos, mejorar las condiciones sociales, proteger los recursos naturales entre otros, han sido la constante en el contexto actual. Lo cual es contradictorio con el discurso, acciones y proyectos, del Estado, en el que se promueve la participación de los ciudadanos, pero que no encuentra un eje transversal de incorporación de muchas de las demandas en la agenda pública o en las políticas públicas.

La contradicción de este escenario es en el que se encuentran los ciudadanos en las diversas movilizaciones sociales, las necesidades de la sociedad, la pluralidad de esta, los diferentes actores que los acompañan que intentan poner en balance a través del ejercicio participativo en la interacción o incidencia con el Estado.

De esta manera esa interacción o incidencia con el Estado que diversos sectores sociales promueven a través de la movilización se explica en la instrumentalización de la acción colectiva (no la única), debido a que es esta la que le da un carácter de mediación en el que se utilizan ciertas estrategias para alcanzar los objetivos y de la integración o cohesión de los comportamientos de los integrantes de grupos movilizados para lograr los fines u objetivos. Sin duda en este sentido la participación ciudadana es un factor importante, es esta quién exige cada vez más que los ciudadanos se incorporen a las decisiones públicas.

Acercamiento teórico de la acción colectiva y la participación ciudadana

El concepto de acción colectiva tiene una acepción dinámica debido a que ha sido enriquecida por las diferentes disciplinas y corrientes teóricas que la han estudiado y explicado. En el siglo XIX y entrando el siglo XX, se le consideraban violentas e irracionales, desde esta perspectiva la acción colectiva irrumpe en el orden social es percibida como inconsciente, reactiva, caótica. De igual manera no se entendía la motivación que movilizaba a los movimientos, en este sentido Olson consideró que “(…) muchos estudiosos (…) han supuesto que los ciudadanos que tienen un interés político común se organizarán y lucharán a favor del mismo” (Olson:1971 citado por ^{Batlle:1992:210}).

A partir de la concepción de Olson, se le dio otro sentido en la construcción conceptual de la acción colectiva y se le consideró como un conjunto de individuos con intereses comunes con apreciaciones valorativas de costo-beneficio para implementar acciones conjuntas (McCarthy, 1977; McCarthy y Zald, 1978; Oberschall, 1973 citados por ^{López, 2015}). Desde esta perspectiva el componente de elección racional o racionalista se encuentra presente, la corriente de procesos políticos abona a esta definición y la complementa relacionando con el contexto político, enfatizando que éste incentiva o desincentiva la acción, es aquí donde surge la noción de “estructura de oportunidad política”(^{López, 2015, s/p}), esta se refiere a los aspectos coyunturales como cohesión de la elite, aliados políticos y los procesos electorales como método de distribución del poder, estas variables pueden favorecer o restringir la acción política.

La generalidad del concepto de acción colectiva, como se ha observado, puede colocarse para explicar relaciones sociales de cualquier tipo, esto debido, como ya se ha mencionado que ha sido estudiada por distintas disciplinas como la psicología, sociología, política y economía. Para este trabajo se define como “un proceso social, a través del cual los actores que comparten un interés en común -relacionado con la mejora de las condiciones de vida de un grupo específico por alguna injusticia percibida- utilizan una serie de mecanismos de participación y organización social que permite la movilización y formación de acciones en común orientadas a la consecución del mismo” (^{Portales, 2013, 123})

Las diferentes acepciones también han sido aportadas desde las diversas corrientes teóricas que enriquecen su análisis y estudio que contribuyen a la discusión, al respecto aparecen diferentes corrientes entre las más representativas se encuentran:

Las apoyadas en la economía como la Elección Racional que buscan un cambio en las instituciones públicas y políticas, esta línea explica que las acciones colectivas se entienden a partir de las individuales. Como respuesta emerge la Movilización de Recursos que transfiere el objeto de estudio del individuo a las organizaciones, pero mantiene el postulado de que la movilización se genera por el costo-beneficio, “esta escuela destaca que los movimientos dependen sobre todo de los recursos, la organización y de las oportunidades para actuar” (Tarrés:1992:745 citado por ^{Pinzón:2017: s/p}). Otra, corresponde a la Estructura de Oportunidades Políticas que incluye la revisión del contexto como ya se mencionó. Por otro lado, el concepto de capital social abona en la discusión principalmente en un primer momento como una visión minimalista que se limita a las relaciones individuales, posteriormente Coleman (2000) lo identifica como un bien público al estimar que todo producto de la actividad humana involucra una inversión por el tiempo esfuerzo, etc. que se emplea.

En el área de las ciencias sociales, específicamente fundamentada en la sociología se encuentra la línea de la sociología de la acción o también denominada accionalismo, que transformó el análisis de la lucha de clases al de las estructuras y se alejó de concepción explicativa del marxismo y del estructural funcionalismo, define como objeto de estudio “el análisis sociopolítico en términos de la acción social y de los movimientos sociales” (^{Jiménez,1998,53}), el hilo conductor se localiza en el objeto de la acción o causa y en el significado que el actor le otorga en determinadas condiciones. Otra perspectiva en este enfoque son los Nuevos Movimientos Sociales, ubica el fenómeno a estudiar en las relaciones sociales, en el que desiste del juicio de la transformación del sistema, aunque persiste la idea de una construcción de la identidad propia como grupo. Surge en contraste a la Movilización de Recursos. “[S]e centra en la capacidad que tienen los actores sociales para modificar la sociedad en la que se encuentran inmersos” (^{Portales,2013,120}). Dentro de esta misma línea, se ubican las teorías culturalistas que como se puede observar se integra la variable de la cultura política, se mantiene el concepto de identidad colectiva, propone como herramienta de análisis la teoría de marcos. En esta misma línea surgen con perspectiva Sociohistórica, los Procesos Políticos en los que ubica a la acción colectiva con el régimen político, la relación de los movimientos sociales con la democracia, el Estado e incluyen movimientos sociales globales.

En cuanto a la participación ciudadana, Rousseau, Tocqueville, Jefferson y John Stuart Mill entre otros ya consideraban la importancia de la participación de los ciudadanos en la cuestión pública, no obstante, como campo de conocimiento es más reciente y por lo tanto las acepciones que se le ha dado; existen diferentes definiciones, pero comúnmente son genéricas, es decir, no señalan las diversas formas de participación, los niveles, las estrategias, los objetivos, de esta manera se puede definir como una “intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales” (^{Baño,1998,15}).

Algunos autores como ^{Carole Pateman (1970)} y Crawford Macpherson (1977) propusieron la creación de nuevos mecanismos y espacios de participación en la toma de decisiones como: consejos de pueblo, de barrio, de trabajadores, consejos regionales y nacionales, así como espacios para exigir la rendición de cuentas de los representantes.

Jean-François Prud´homme, considera que hoy en día la” legitimidad de los regímenes políticos está definida en función de la capacidad de participación política de su ciudadanía” (^{Prud´homme,2020,25}), en el marco de las instituciones representativas.

La democracia participativa, consiste en que los ciudadanos sean los que generen las decisiones o intervengan en ellas, sin abarcar en la totalidad de los procesos de decisión, pero sí en una proporción importante de ellas. “Su interés fundamental es aumentar la participación de los ciudadanos como un mecanismo para contrapesar el poder de los gobernantes y para que sean tomados en cuenta intereses previamente denostados y voces marginadas por la sociedad. El modelo participacionista admite al ciudadano como una unidad, no como parte de un grupo (…)” (^{Baños:2006:47}). Es decir, la noción de organización en torno a una demanda no está considerada, en esta perspectiva se ve reflejada la visión de una participación individualizada e institucional.

^{Carole Pateman (1970)}, cree que en el ejercicio de la ciudadanía y las políticas se da una retroalimentación entre ambas, al existir una relación interdependiente en la confección de las políticas y de quiénes las elaboran, ciudadanos y gobierno. La representación desde su punto de vista es necesaria y efectiva, en la democracia, debido a que considera necesaria la participación de la sociedad tanto en la institucionalización, democratización y socialización del sistema político. Sin embargo, aduce que existe una correlación positiva entre la apatía del ciudadano y poca eficacia política, no obstante, la autora considera que un medio para contrarrestar esto, es que la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sea efectiva, ¿cómo? Al ser vinculatoria la decisión, es decir que ésta sea obligatoria para todos, gobierno y ciudadanos. Desde su punto de vista se debe avanzar en la participación, que ésta se dé por un lado a nivel local y la representación forme parte del nivel superior, por lo tanto, considera que “[l]a participación directa y el control sobre los escenarios inmediatos, junto con la competencia entre partidos y grupos de interés en las cuestiones gubernamentales, es la forma más realista de avanzar los principios de la democracia participativa”. (^{Held,2007,313})

Macpherson, asume que el modelo es más sencillo, señala que la “(…) democracia participativa sería un sistema piramidal, con la democracia directa en la base y la democracia delegada en todos los niveles por encima de ella” (^{MacPherson,1991,130}). Al igual que Pateman, considera que no es necesario apartarse de la democracia representativa, de modo que no la ve como una alternativa, sino como un complemento; en este sentido la democracia no sólo es un mecanismo mediante el cual se elige y autoriza un gobierno, es la conformación de una democracia centrada en el ciudadano.

Por lo anterior se puede afirmar que la participación es entendida como la intervención de los ciudadanos en las decisiones públicas, en primera instancia decidiendo quién o quiénes lo representarán a través del sufragio, pero, es una participación acotada por factores como la temporalidad y la acción de quién lo representa; posteriormente ante la amplitud de derechos políticos así como la institucionalización de nuevas formas de gobernar, se han implementado otros instrumentos que permiten a los ciudadanos “participar” en la toma de decisiones. La participación de aquellos va adquiriendo otros roles, no sólo consultivos periódicamente, a través de los procesos electorales, también más activos en la cotidianidad a través de consultas a los ciudadanos y otros mecanismos. Pero ¿qué ocurre con la participación ciudadana organizada y no institucionalizada?

Algunos críticos consideran que la organización de ciudadanos en movimientos sociales no corresponde propiamente al esquema de participación ciudadana, debido a que la acepción del movimiento se encuentra más ligada a la movilización de carácter contestatario, que más bien históricamente se le ha relacionado con la idea de la transformación del sistema económico. No obstante, la corriente denominada Nuevos Movimientos Sociales, ya mencionada en la teoría de la acción colectiva, tiene mayor aceptación en su relación con la participación ciudadana; estos nuevos movimientos disponen de tres enfoques teóricos de discusión: teoría del comportamiento colectivo; teoría de la movilización de recursos y de la oportunidad política; y la teoría de los nuevos movimientos sociales. Estas teorías dejan el marxismo como marco de explicación, así como la transformación social y se fundamentan en variables como acciones basadas en política, cultura, ideología e identidad bases para la acción colectiva (^{Berrío,2006,229}).

Touraine, uno de los principales representantes de este enfoque señala que desde esta perspectiva la idea ya no es de conservación del orden establecido, más bien de crear las condiciones sociales que protejan la libertad personal y la diversidad cultural; de tal suerte que los nuevos movimientos sociales, siguiendo a Touraine, contienen aspiraciones democráticas porque en sí mismos procuran dar voz a quienes no la tienen y los hacen partícipes de la toma de decisiones ya sean de índole política, económica, etc (^{Berrío,2006,231 -232}).

Al respecto y considerando lo antes mencionado se puede afirmar que la participación ciudadana en pleno ejercicio de los derechos es influir en las decisiones públicas ya sea de manera institucionalizada o a través de expresiones atendiendo ciertas acciones y que se ejerce en el espacio público.

Entonces, por tanto, la participación ciudadana tiene un vínculo efectivo con la democracia y se expresa con diferentes formas, desde acciones espontáneas, virtuales e institucionales que cuentan con distintos orígenes, funciones, niveles y medios. De igual manera se articulan de diversas formas como en movimientos de presión, grupos corporativos, movimientos sociales, etc. De esta manera se establecen apreciaciones valorativas en las que se pronuncia la pluralidad de la sociedad y que en ocasiones esa sociedad civil se encuentra desequilibrada frente al Estado. Es importante estimar que se considera participación ciudadana en cuanto una organización que pretende un objetivo se relaciona con el poder público, es decir, la intervención de particulares que tienen un interés privado en la medida en que desarrollan formas de organización y acción, ejerce una relación con el aparato público y de gobierno. Es aquí en donde se explica la relación entre la participación ciudadana con la acción colectiva, debido a que ésta le favorece el reconocimiento de una problemática con carácter privado en una de interés general.

Finalmente es importante mencionar que la participación organizada o individualizada, institucionalizada o no, encuentra un nodo entre la interacción de estos ciudadanos y el Estado que cuenta con una valoración positiva, así se ve a la participación, aunque no del todo lo sea ya que puede dejarse de lado elementos que subyacen como el clientelismo, manipulación e incluso la coerción y que no siempre se reconocen. Por lo tanto, en la distinción de ambos conceptos cuando se reflexiona sobre acción colectiva se considera a un grupo de personas que se reúnen para transformar algo, sea una injusticia, una problemática, etc. Cuando se estima la participación ciudadana, se advierte el proceso por el cual la sociedad posee una interrelación directa con el poder público en el que se involucra una prestación, un servicio, diseño o ejecución de una política pública, ya sea de manera institucionalizada o no. Tal como puede observarse ambas formas pretenden resolver condiciones de los ciudadanos.

Propuesta analítica

Con distintas perspectivas explicativas Touraine, Tilly, Melucci entre otros, proponen varios componentes para el análisis de la acción colectiva, Tarrow también lo hace a partir de tres enfoques: movilización de recursos, estructura de oportunidades y sociología de la acción. ^{Portales (2013)}, por su parte, retomando a los autores ya mencionados y los enfoques de sistema social, movilización de recursos y nuevos movimientos sociales, sugiere un modelo elaborado a partir de tres etapas:

La articulación de los diferentes enfoques en el presente modelo permite analizar la participación de ciudadanos organizados, el sistema de acción que lo rodea (^Melucci,1990) y sobre todo “descubrir el sistema de relaciones internas y externas que constituye la acción” (^{Melucci,1990,37}).

De acuerdo con esta propuesta de estudio, el presente trabajo analiza cómo un grupo de la sociedad civil en el Estado de Jalisco, Voces Unidas, logró la creación de políticas públicas e introducir en la agenda política el tema de la violencia intrafamiliar.

Antecedentes en el ámbito nacional

El 6 de noviembre de 1997 el Presidente Ernesto Zedillo y legisladoras de todos los partidos políticos, presentaron la Iniciativa Conjunta contra la Violencia Intrafamiliar (^{La Jornada,1997}; ^{El Informador, 1997a,23-A}), para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en las siguientes normas: Código Civil para el DF (Distrito Federal) en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; Código de Procedimientos Civiles para el DF; Código Penal para el DF en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; y Código de Procedimientos Penales para el DF. La reforma tipificó como delito la violencia intrafamiliar, otorgó a jueces de lo familiar, la facultad de intervenir en asuntos de violencia intrafamiliar por oficio se agregó como causal de divorcio y de pérdida de patria potestad; así como delitos sexuales en el seno familiar y en general estableció medidas de prevención, sanciones, protección para los afectados y reparación de daños (^{Gaceta Parlamentaria,1997})

El Decreto de reforma se presentó en la Cámara de Diputados, el 27 de noviembre de 1997, se aprobó por unanimidad en lo general, con 340 votos, pero causó controversia (^{Diario de Debates, 1997a}; ^{El Universal,1997}; ^{El Informador,1997b}), en la fracción del PAN (Partido Acción Nacional), la reforma a los artículos 265 y 265 bis del Código Penal, que suscribe como delito la “violación sexual entre cónyuges”. La propuesta de reforma perseguía el “delito por oficio”, con una pena de ocho a catorce años de prisión; los panistas consideraban que debía “perseguirse por querella”, (por denuncia) y bajar la sanción mínima, de ocho a seis años de prisión.

El debate se centró en la tipificación del delito de “violación entre cónyuges”, la fracción panista, excepto sus diputadas, estaban en desacuerdo con este criterio, según las intervenciones de la sesión (^{Diario de Debates,1997b}), considerarlo así, contravenía al derecho de perpetuación de la especie¹ lo que era un “ejercicio indebido de un derecho”. Tras tres horas de debates, convinieron: tipificar el delito, pero no perseguirlo de oficio, sólo por denuncia y la sanción quedó mínima de 8 años. La iniciativa ya aprobada por los diputados, fue enviada al Senado y quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación, número 21, el 30 de diciembre de 1997.

Antecedentes en el ámbito local

En Guadalajara, el 25 de noviembre de 1997, en el marco del III Foro Contra la violencia hacia las mujeres, organizado por el Centro de Investigación y Atención a la Mujer, A.C. (CIAM), presentó al gobernador Alberto Cárdenas, una iniciativa de ley para dar atención y prevención a la violencia doméstica (^{El Informador,1997c}). Fue bien recibida por el gobernador y exhortó a la próxima legislatura brindarle atención y cuidado.

El 18 de febrero del mismo año, se propuso, la creación de la Comisión de Género, en el congreso estatal, esta propuesta fue firmada por diputados en octubre de 1997, cuando aún eran candidatos y las organizaciones civiles Campo, A.C., Fundemos A.C, y Programa de Estudios de Género, la propuesta consideraba nueve puntos², entre los que se encontraban creación de programas para mujeres, prevención de violencia, entre otros.

El proceso de organización

Después de presentar la iniciativa Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar al gobernador, en noviembre de 1997, se trabajó de manera conjunta en principio, pero, no se concretaron resultados entre el CIAM y el Ejecutivo local, sin embargo, no prosperó por las diferencias surgidas en la forma de organizar el trabajo. Paralelamente el CIAM, buscó al Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (IMDEC), la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres, Instituciones Académicas y Asociaciones Políticas por un Milenio Feminista; la Alianza Cívica de Jalisco y el ITESO y establecieron una agenda con el objeto de buscar alternativas que permitieran que la propuesta tomara una ruta exitosa.

En esta circunstancia surge Voces Unidas en agosto de 1998 (Ramírez,1998,8), un colectivo encabezado por el CIAM, integrado por las organizaciones ya mencionadas, entre otras, con el objeto de promover la propuesta, por medio de la iniciativa popular aprobada a principios de ese mismo año como instrumento de participación ciudadana.

Los trabajos preparatorios, permitieron diseñar una estrategia que posibilitó trabajar en diferentes espacios, los cuales derivaron en una fuerte presencia del colectivo, en diferentes áreas de trabajo: “jurídica, de difusión y comunicación, de participación ciudadana y cabildeo, de procuración de fondos” (^{Aguilar,1999,3}).

La estructura organizada, en un esquema netamente social, permitió la configuración que impulsó la iniciativa, una base totalmente ciudadana: un equipo promotor, se encargó de “diseñar y conducir el proceso en su conjunto, establecer las relaciones con grupos y personas que pudieran coadyuvar al logro de los objetivos (…), fungir como voceros e interlocutores de la propuesta, conseguir los recursos económicos” (^{Aguilar,1999,8}). Este equipo, formó un grupo de dirección colegiada, en el cual las diferentes organizaciones que lo conformaban, dividieron las labores de acuerdo a su especialidad: “Comunicación, ITESO; Capacitación y material didáctico, grupos promotores e IMDEC; jornada de firmas, Alianza Cívica; proyecto jurídico, cabildeo y finanzas, CIAM; cabildeo social y eventos de análisis y sensibilización, Coordinación de ONG´s de Mujeres de Jalisco, Instituciones Académicas y Agrupaciones Políticas” (^{Aguilar,1999,9}).

Esta diversidad permitió construir a través de sus propios espacios de trabajo, una red de participación y establecer una agenda de estrategias, la iniciativa se promovió en los diferentes ámbitos de desarrollo de cada organización: “centros de educación preescolar, básica y profesional; instituciones de atención a sectores “vulnerables” (niños de la calle, tercera edad, mujeres); organizaciones territoriales, Instituciones de salud, de derechos humanos, culturales, medios de comunicación” (^{Aguilar,1999,9}). El grupo de asesores se conformó por abogados, psicólogos, comunicólogos, juntamente con el apoyo de una agencia de publicidad, que diseñó la campaña publicitaria en medios masivos de comunicación. Ciudadanos se integraron directamente con las organizaciones en talleres, diversos eventos de sensibilización, en la recolección de firmas, etcétera.

¡Quítate la venda! La violencia Intrafamiliar Existe

La campaña ¡Quítate la venda! La violencia Intrafamiliar Existe permitió informar a los ciudadanos, dar inicio a los trabajos de sensibilización y de recolección de firmas, se difundió a través de medios de comunicación y de trabajo directo de las organizaciones civiles, a través de talleres, foros y pláticas de sensibilización.

La campaña de recolección de firmas inició el 25 de noviembre de 1998, se requerían 17 mil rúbricas de inscritos en Padrón Electoral, instalaron mesas de recepción de firmas, colocadas en universidades, como ITESO, la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA, el ITESM, así como en 124 instalaciones (^{El Informador, 1999a,6-B}) del DIF, en el área metropolitana y áreas municipales, en el tianguis Cultural del Parque Agua Azul y otros espacios. En periódicos como El Informador, aparecían pequeñas notas informando, dónde consultar la instalación de mesas receptoras.

Otras asociaciones expresaron su apoyo: la Asociación Mexicana de Mujeres Jefes de Empresa, la Arquidiócesis de Guadalajara, la comunidad judía a través del Rabino de la Comunidad Israelita de Guadalajara, la Banca de la Mujer de Banamex, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, la Universidad de Guadalajara (^{El Informador,1998b,2-B}), escuelas preparatorias, organismos empresariales, asociaciones de padres de familia, agrupaciones comunitarias, vecinales, de derechos humanos y de mujeres. El gobernador Alberto Cárdenas, se pronunció (^{El Informador,1999b,3B}) a favor de la iniciativa. Televisoras, radiodifusoras y medios impresos, se adhirieron a la campaña de sensibilización, la agencia de publicidad que diseñó la campaña donó su trabajo. Las comisiones Asistencia Social y de Equidad y Género, del congreso local, publicaban desplegados para sumarse a la iniciativa.

El 26 de marzo de 1999, se presentó la Iniciativa de Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, ante el Congreso del Estado, avalada finalmente por 40 mil 872 firmas de ciudadanos mayores de edad, de 40 municipios.

La propuesta de ley contemplaba poco más de 230 artículos (^{El Informador,1999c,4-A}) entre ellos: el concepto de democracia al interior de la familia, tipificación del delito de violencia intrafamiliar, creación de la figura de “hostigamiento sexual”, inclusión de violencia sexual, patrimonial, física y psicológica; tipificación del delito de violación entre cónyuges; la creación de un Instituto para la asistencia y prevención de violencia intrafamiliar, que organizara campañas educativas y preventivas, administrara servicios de apoyo a las víctimas de violencia y perseguir los actos de violencia.

De igual modo la revisión del Código Civil y el Código Penal del Estado, sobre el reconocimiento de los actos de violencia en la familia como delitos y la denuncia de menores. La propuesta consistía, en que se “reali[zara] una labor de asistencia social para negociar los conflictos con la intervención del consejo de familia, antes de llegar a una penalización” (^{El Informador,1999c,4-A}). La propuesta no sólo contempló una iniciativa de ley, también consideró reformas a otros ordenamientos, que contemplaban cambios civiles, penales, administrativos e institucionales, por ello se puede considerar que se proponía una reforma integral. El reconocimiento como delitos, de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, causaron polémica por varios años.

La Iglesia Católica, tuvo una participación relevante desde la campaña de recolección de firmas, en la cual colaboró, y durante la primera etapa, sin embargo, su posición fue transformándose, de un apoyo total y abierto, a un total rechazo, el tono de la crítica aumentó, cuando se conoció el concepto de familia que proponía la Iniciativa, la cual consideraba las diversas relaciones afectivas que forman hogares, la influencia que la Iglesia marcó, fue notoria en la LV Legislatura, el Coordinador priista de la Comisión de Asistencia Social, señaló que el concepto de familia planteado en la Iniciativa, “tiene aspectos velados que atentan a las costumbres, los principios y las tradiciones del pueblo jalisciense” (^{El Informador,1999d,4-B}). El Arzobispado de Guadalajara, realizó un estudio jurídico a la Iniciativa de Ley, con el fin de analizarla, el cual concluyó que la comunidad católica había sido burlada, el concepto de familia que profesaba la iniciativa era “destructora de la misma”, por lo que decidió enviar su análisis al Congreso local, al gobernador y a los presidentes municipales (^{El Informador,1999e}).

En el Congreso el proceso legislativo que atravesó la Iniciativa fue muy largo, duró dos legislaturas, desde su recepción, enfrentó dificultades. Debido a que el tiempo que permaneció la propuesta de ley en el Congreso, fue prolongado, las dificultades afrontadas por la Iniciativa fueron varias, entre ellas: la oposición abierta del PRI (Partido Revolucionario Institucional), quienes incluso pensaron en desecharla por abordar “distintos temas”; oposición a que se turnara a la comisión de género, por no ser ésta de carácter permanente y su titular abiertamente apoyaba la Iniciativa; problemas entre las comisiones para reunirse y trabajar conjuntamente; los plazos de ley, que son de dos meses para dictaminar, esto provocó críticas e incertidumbre, se preveía el riesgo de no dictaminar la propuesta, debido a “ la cantidad de artículos que tendrían que revisarse”, finalmente unos días posteriores a la fecha fatal, las comisiones consideraron emitir un dictamen parcial.

La fracción del PAN se dividió, unos apoyaron los planteamientos de la Iglesia, esta aceptó que el Congreso legislara contra la violencia intrafamiliar, considerando que el concepto de familia que la ley establecía, en ese momento, no debía cambiar, debido a que, desde su punto de vista, era la definición natural. También se originaron enfrentamientos entre las comisiones por un lado de Equidad y Género, y Asistencia Social, presididas por panistas; y contrariamente Justicia y Estudios Legislativos, y Puntos Constitucionales y Reglamentos, presididas por priistas.

El 30 de noviembre fue aprobado (^{Diario de Debates,1999,41}) por unanimidad, el dictamen de primera lectura que estableció lo siguiente: creación del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), obligó a las autoridades locales y municipales a brindar apoyo en asuntos de violencia; estableció las definiciones de familia y violencia intrafamiliar. No obstante, ésta no fue tipificada como delito, por lo tanto, no hubo sanciones, sólo procedimientos a través de convenios de conciliación para subsanar conflictos, quedó pendiente la segunda lectura del Dictamen.

Durante el 2000 después de varios meses de inacción del Congreso respecto a la segunda parte del Dictamen pendiente, fue analizada, aunque prevalecían los conflictos entre las diferentes fracciones parlamentarias, específicamente por no aceptar tipificar la violencia intrafamiliar como delito. El 23 de agosto se aprueban las reformas (^{Periódico Oficial, 2000, 10-16}), en las que se destaca: facultar a los jueces para determinar medidas de seguridad a quienes sufran violencia, así como la facultad de escuchar a los menores, como causal de divorcio, establece el concepto de violencia intrafamiliar y amplia a los miembros de la familia que pueden padecerla, se tipifica el delito de “violación entre familiares”, delito de acoso sexual con sanción. No obstante, no reconoce como delito la violencia intrafamiliar, la define como conducta, tampoco la considera como causal de divorcio y no establece la violencia sexual entre la pareja.

Pero es hasta el 4 de diciembre de 2003, el Congreso local, aprobó la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco (^{Decreto número 20357, 2003}), aunque no reconoce la violencia intrafamiliar como delito, lo equipara con el maltrato reiterado, establece un Programa Permanente para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar; considera el desarrollo de Modelos de Atención que se refiere a sistemas integrales y multidisciplinarios mediante los cuales se dará atención y seguimientos de violencia intrafamiliar, esta propuesta por Voces Unidas en 1999.

Con respecto al trabajo de Voces Unidas, durante el trabajo preparativo para presentar la Iniciativa durante y después llevó a cabo diversas actividades: talleres, foros interdisciplinarios y visitas a autoridades locales, entre ellos al Gobernador, a la presidenta del DIF Jalisco, secretario de Educación, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y a las fracciones parlamentarias del Congreso estatal. Por su parte unos días previos a la presentación del segundo dictamen, el Gobernador Alberto Cárdenas, externó su apoyo y reconocimiento a Voces Unidas.

Durante los desacuerdos de la Iglesia con la iniciativa, Voces Unidas, consideró que era una campaña de desinformación por parte del Arzobispado, tal controversia desató conflictos al interior del grupo promotor Voces Unidas, en julio de 1999, mediante un desplegado, el grupo consideró que Andrea Medina, representante ante los medios de comunicación y autora de la iniciativa de ley, no debía seguir en la dirigencia del colectivo, por lo que regresó al frente del CIAM.

En la segunda etapa de la Iniciativa del congreso criticó la falta de reformas al Código Civil y Penal, la falta de sanciones y la tipificación de la violencia intrafamiliar, como causal de divorcio, por lo que exhortó a la Cámara de Diputados, con el objeto de conciliar acuerdos y dictaminar la segunda parte de la reforma, referente a los Códigos Civil y Penal

El colectivo Voces Unidas se inconformó con el dictamen aprobado, consideró que los diputados de la próxima LVI Legislatura, debían retomar los temas no incluidos en ésta. A finales de año 2001 el CIAM, Centro de Investigación y Atención a la Mujer, principal organización del colectivo Voces Unidas, consideró que sí hubo avances en el problema de la violencia intrafamiliar, toda vez, que se le reconoció como un problema de salud y se incorporó a la agenda de gobierno; “aún falta crear más albergues y unidades de atención También falta tipificar el hecho como delito y causal de divorcio.” (^{El Informador, 2001, 7-B}). Para ello, Andrea Medina, principal promotora de la iniciativa popular y Coordinadora Jurídica del CIAM, consideró que propondrían a la legislatura LVI, realizar las modificaciones en la materia y tipificar el delito de violencia intrafamiliar, derogar el delito de rapto y derecho de corrección; establecer como causal de divorcio la violencia y modificar el delito de estupro.

Observación de la Acción Colectiva y Participación ciudadana

Como se ha podido advertir el contexto en el que se formula la iniciativa de ley contra la violencia intrafamiliar en Jalisco, se presenta poco tiempo después de la propuesta en el ámbito federal, es decir, esto de cierta forma permite que el problema que se desea atender (violencia intrafamiliar), tenga buena acogida. Es importante revisar los aspectos de la acción colectiva, de participación ciudadana y sus alcances desde el modelo teórico ya mencionado, la formulación siguiente está ordenada de acuerdo con esa propuesta.

Con respecto a la participación ciudadana que forma parte de este movimiento debe observarse desde dos perspectivas participacionistas: la primera como una acción que emana de individuos libres, iguales en el ejercicio pleno de su voluntad general colocando una problemática de interés público en el espacio público; por otro lado, también debe verse como ciudadanos en pleno uso de sus derechos políticos participando en el ejercicio de un instrumento de participación ciudadana como lo es la Iniciativa Popular.

Bajo estos dos ejes la participación toma un sentido integracionista fincado en una problemática que genera empatía, sabemos que la sociedad no es homogénea incluso existen tintes de fragmentación, no obstante, el tema, la organización, las estrategias, la acción colectiva, la red social que sustentó el movimiento, el trabajo de liderazgo, hacen netamente un movimiento ciudadano que integró y permitió dar respuesta a un sector de la sociedad que requería atención.

Otro factor es que los ciudadanos que se movilizaron y tomaron acciones consiguieron no sólo ejercer sus derechos políticos, que al final no es el objetivo, lograron consolidar conquistas sociales en beneficio de sectores vulnerables como lo son mujeres y niños. En este sentido el movimiento, la participación ciudadana emprendida en la acción colectiva se orientó hacia un cambio en lo social.