I. Introducción

La humanidad, en la era global, se enfrenta a problemáticas sociales, políticas, económicas y ecológicas (entre otras) que deben ser resueltas con urgencia, en términos colectivos y cooperativos. Por ejemplo, las interacciones humanas que han afectado la biota terráquea (flora, fauna y recursos naturales) de un determinado territorio, tienen implicaciones en otras partes del planeta. Los daños ambientales como el calentamiento global, la deforestación, la extinción de la biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos naturales sin renovación, etcétera, y los problemas sociales como la desigualdad económica y política, la migración, los desplazamientos forzados, el crimen organizado, la violencia, el racismo y la corrupción, entre otros,¹ plantean nuevos desafíos que tienen que ser resueltos conforme a principios que sean capaces de promover, generar y garantizar el mejoramiento en la existencia de las comunidades.

Asimismo, la globalización y las interacciones económicas han transformado la forma de vida y la manera en cómo nos relacionamos. No sólo se ha incrementado la comunicación planetaria, sino también la economía liberal se ha expandido en los territorios más remotos del mundo, cambiando por completo la forma de coexistencia de sectores poblacionales enteros. Junto al capitalismo se han configurado sociedades cada vez más desiguales y se han afectado los principios de justicia denominados derechos humanos, lo cual coloca en problemas a la democracia contemporánea de los Estados particulares.

Así, es necesaria la discusión de un modelo universalista de igualdad moral entre todos los seres humanos que se inserte en el debate político contemporáneo de los sistemas democráticos actuales, pues el cimiento de interés en común entre las personas (independientemente de su lazos familiares, étnicos, religiosos, nacionales, etcétera) puede ser una potencial herramienta para transformar los conceptos tradicionales del ciudadano y de la soberanía y hacer posible la formación de una ciudadanía cosmopolita que sea capaz de intervenir activamente en los asuntos públicos de la comunidad internacional y, al mismo tiempo, se puedan defender los derechos humanos más allá de las fronteras de los países o de las barreras legales de comunidades específicas.

Este argumento se retoma de las reflexiones de ^{Luigi Ferrajoli (1998)} quien identifica que los significados tradicionales de soberanía y ciudadanía se han cuestionado por la crisis total del Estado nación al que ambos están ligados; el primero, en tanto que designa la completa independencia del Estado de vínculos jurídicos internos y externos; el segundo, en tanto representa el estatus subjetivo de pertenencia a una comunidad política dada. Ferrajoli propone que los cambios asociados con esta crisis no pueden interpretarse como el advenimiento de nuevos tipos de soberanía y ciudadanía, más bien, han supuesto un cambio de paradigma en el derecho internacional y en la estructura de los derechos de los Estados. Este cambio ha trastocado las viejas categorías de la visión Estado-céntrica del derecho, dando lugar a profundas antinomias entre las nociones tradicionales de soberanía y ciudadanía, por un lado, y constitucionalismo y derechos humanos, por el otro. En realidad - dice- los conceptos de soberanía y ciudadanía continúan informando las relaciones de cohabitación y conflicto, inclusión y exclusión, que existen entre los Estados y entre los pueblos y las personas. No obstante, ambas nociones no solo han perdido mucho de su efectividad y legitimidad como medios para proporcionar paz interna e integración política y para garantizar los derechos humanos, sino que además están reñidas con lo que denomina paradigma constitucional que informa la idea de Estado de derecho como el actual entendimiento del derecho internacional.

En tal sentido, en este artículo planteamos que para poder defender efectivamente los principios de justicia denominados derechos humanos, es necesario que una categoría universalista como el cosmopolitismo forme parte del fundamento de los sistemas democráticos actuales, pues las problemáticas globales exigen la imperante cooperación global de la sociedad civil. Por ello es indispensable, como refiere ^{Pedro de Vega (1998)}, una proyección mundializadora de los derechos humanos que abarque una verdadera recreación de los espacios públicos, la cual exigiría la identificación y solución previa de los espacios sociales y comunitarios en que la humanidad defina su identidad. En este sentido, la reivindicación de la sociedad civil es fundamental, ya que en su interior es donde se ejercitan efectivamente los derechos de ciudadanía.

Por esta razón, se destaca la importancia de la sociedad civil y el ejercicio de la participación ciudadana como piezas clave para la defensa de los derechos humanos tanto en el ámbito local como internacional, pues solo el actuar de una sociedad responsable² puede ayudar a la disminución y posible solución de las problemáticas globales que en la actualidad los Estados no han podido resolver. Por ello, se insiste en el papel imperante de la sociedad civil como factor de transformación a través de la participación ciudadana en el ámbito ecológico, político, social, etcétera.

Para llevar a cabo lo anterior, se utilizó el tipo de investigación descriptiva, con la que se pudieron identificar las propiedades y características del objeto de estudio (cosmopolitismo) como categoría epistemológica útil para la teoría de la democracia moderna. El cosmopolitismo es aplicado como una metodología que al proporcionar postulados universales pueden ser utilizados como herramientas para proteger no solo a la democracia contemporánea, sino a los principios de justicia y, al mismo tiempo, promover la participación ciudadana y su posible expansión al ámbito internacional al fomentar la creación de una ciudadanía global más acorde con los requerimientos internacionales y transnacionales de nuestra era.

Se consideran algunos conceptos y postulados derivados tanto del análisis teórico de la democracia como de la teoría crítica, como la definición de “cosmopolítica” y “democracia cosmopolita” (^{Archibugi, 1995}, ²⁰⁰⁵; ^{Mota, 2024}), pero también de algunas concepciones particulares sobre el funcionamiento de la democracia y su relación hacia la idea de globalizarla (^{Seara Vázquez, 1978}; ^{Dahl, 1999}; ^{Dahrendorf, 2003}; ^{van Klaveren, 2012}), así como el concepto de juicio democrático lato sensu³ no estatal (^{Ordóñez, 2015}) que postula la capacidad de la ciudadanía, hasta ahora poco utilizada, para intervenir en algunos asuntos públicos de la comunidad, con la finalidad de enriquecer los significados de ciudadanía, sociedad civil y espacio público, pero también de la teoría crítica guiada por el interés en el establecimiento de una sociedad en la que los sujetos se puedan constituir en forma consciente y determinen activamente sus propias formas de vida, y en una sociedad en la que impere la justicia en las relaciones entre los hombres y en la que éstos sean capaces de desplegar su autonomía (^{Garza Toledo y Leyva, 2016}). Lo anterior es necesario al evidenciarse la importancia del individuo y su conformación en la sociedad civil no solo al interior de un Estado, sino como sujeto relevante para el cumplimiento de los objetivos y funciones interestatales y transnacionales, y colocarse como un elemento de toma de decisiones que involucren el interés público.

II. Una aproximación al pensamiento cosmopolita

El cosmopolitismo tiene varios significados y evoca diversas categorías, pues se refiere a un modelo, teoría, escuela, filosofía, corriente de pensamiento e ideología (entre otras acepciones). Los primeros filósofos en plantear los principios generales de justicia fueron los pensadores griegos, en específico los presocráticos, quienes se percataron que había una gran variedad de leyes y costumbres en las diferentes naciones y pueblos, en donde lo que una nación aprobaba, la otra lo condenaba. Más adelante la escuela estoica, fundada por Zenón, constituyó los orígenes de la filosofía cosmopolita al proponer el principio de igualdad de la humanidad e invocar un derecho natural común basado en la razón como fuerza universal que incluía todo el cosmos. Sus postulados eran obligatorios para todas las personas en todas partes del mundo, sin embargo, el ideal último era un Estado universal en el que todos los hombres pudieran convivir armónicamente guiados por la razón divina (^{Bodenheimer, 2004}).

Con la llegada de la filosofía política medieval apareció una obra significativa para el cosmopolitismo: De la monarchia de ^{Dante Alighieri (2004)}, quien propuso y justificó como necesario al bienestar del mundo el concepto de imperio universal o principado único sobre todos los otros. Es decir, la existencia de una jefatura política suprema de toda la humanidad y no el gobierno de un solo hombre en un Estado determinado. El pensador florentino desarrolló el concepto de imperio universal aun cuando propuso la monarquía como necesaria para el bien del mundo.

Con el nacimiento de la ciencia racional moderna, en el periodo conocido como la Ilustración, apareció una genialidad para la filosofía y la ciencia: ^{Immanuel Kant (2009)}, cuyo pensamiento relativo al derecho y al Estado puede ser considerado cosmopolita. En 1795 Kant elaboró el tratado Sobre la paz perpetua, un anhelo que dibuja un orden jurídico global que hoy representa una referencia básica para entender el universalismo en sentido jurídico y ético.

En la era contemporánea existen diversos autores que retoman los planteamientos cosmopolitas para fundar su pensamiento sobre la base de un ideal moral con base en aspiraciones universales. Tal es el caso del pensador inglés ^{David Held (1996}, ²⁰⁰⁵, ²⁰⁰⁷⁾ para quien el cosmopolitismo es una corriente de pensamiento que declara la idea de una ciudadanía global, que lucha por la generalidad y la universalidad al contribuir al establecimiento de una comunidad universal en la que la humanidad viva conforme a los dictados de la razón. Observa al cosmopolitismo como un modelo viable para hacer frente al clasismo, a las ideologías extremistas, a las desigualda des económicas y sociales, a los fundamentalismos religiosos, así como a las situaciones donde el nacionalismo, la xenofobia y el racismo han denostado el desarrollo de un discurso jurídico-político intercultural, en favor de un imperialismo que relega los principios de justicia llamados derechos humanos a un segundo plano. Insiste en la urgente implantación de un modelo cosmopolita para defender los derechos humanos en el ámbito global y hace énfasis en que se instaure dentro del discurso democrático bajo condiciones elementales del Estado de derecho y de la democracia.

Es un hecho que, ante las crecientes amenazas a la democracia, es necesario que la humanidad se rija por normas comunes y poderes públicos que reemplacen la arbitrariedad y la violencia de políticas que atenten contra su propio bienestar. Por eso se requiere crear un ente común público de derecho con imperativos jurídico-político universales, y puesto que la legitimación del elemento central del derecho y del Estado (el poder coactivo) solo es posible en última instancia a partir de los afectados, este doble imperativo (jurídico-político) se amplía con un tercero: con un imperativo democrático universal. Si estos tres imperativos (jurídico, político y democrático) son universalmente válidos, entonces se convierten en relaciones de carácter global.

Como lo señala Mignolo (citado en ^{Sousa Santos y Rodríguez Garavito, 2007}) el cosmopolitismo parte de la idea de la conjunción de proyectos hacia la convivencia planetaria, la cual se basa en diálogos entre distintos lugares donde personas que se encuentran en sitios geográficos y culturales diversos comprendan y celebren sus diferencias. Estos proyectos cosmopolitas tienen una larga y antigua historia dentro de la modernidad occidental e implican una contrahegemonía que pretende superar las jerarquías y las fronteras interestatales, es decir, cosmopolita, considerando que, en la actualidad, lo que requiere la humanidad para empezar a solucionar sus diferencias es el diálogo.

En contraste con lo mencionado, el cosmopolitismo como objeto de estudio y también como concepto derivado de la discusión y análisis sociológico y politológico en el siglo XIX tiene como principales rasgos “un cosmopolitismo basado en la comparación entre los pueblos, en la educación y en un respeto mutuo imperante. Así, [...] la perspectiva cosmopolita latinoamericana asumió desde sus inicios una tarea moral” (^{Mota, 2024, p. 18}). Por ello se considera al cosmopolitismo como la herramienta que puede proporcionar a las sociedades estatales de aquellos elementos necesarios para hacer frente a los desafíos globales, ya que la práctica de los valores y principios democráticos en conjunción con las características holísticas del cosmopolitismo pueden producir una ciudadanía global bajo la protección de los mismos derechos o, al menos, más homogéneos.

Por ejemplo, la comunidad internacional se manifestó por la postura del entonces presidente Jair Bolsonaro debido al temor de un “etnocidio” ya que el mandatario actuó de forma agresiva para abrir la selva amazónica al desarrollo comercial, lo que representa una amenaza existencial para los pueblos que la habitan (“^{Bolsonaro cumple sus promesas sobre la Amazonia y los indígenas de Brasil temen un ‘etnocidio’”, 2020}). Declaraciones como “El indio no se puede quedar en su tierra como una criatura prehistórica” (^{“Índio não pode ficar na sua terra como um ser humano préhistórico, diz Bolsonaro”, 2020}) reflejan la falta de un mínimo normativo de coexistencia intercultural, sin condiciones elementales de Estado de derecho y democracia. Si la sociedad civil y la comunidad internacional reflexionara en términos cosmopolitas sobre la importancia -por ejemplo- de la selva tropical,⁴ entonces se formaría el camino para la preservación de los recursos naturales, pero esto no es posible sin el ejercicio de una democracia más acorde con los requerimientos de nuestra época y, sobre todo, cosmopolita.

De ahí la importancia de ese ejercicio de política democrática pensada más allá de las fronteras estatales nacionales, como refiere ^{Miguel (2019)}: “interpretar la proyección de la sociedad civil al ámbito cosmopolita, por medio de redes globales se libera del encierro en un territorio y toma presencia a través de declaraciones, marchas y reuniones en la escena transnacional”, el reto consiste, según ese autor, en construir espacios públicos políticos globales de diálogo y formación de una opinión pública más allá de los Estados nacionales, a través de grupos y organizaciones para que se consolide como el nuevo poder comunicativo emergente. En consecuencia “solo cuando comencemos a aprender cómo las diferentes sociedades se ocupan de los asun tos públicos será posible formar un sistema universal de derechos que podría ser útil para un mundo cosmopolita” (^{Mota, 2024}, p. 18).

III. La democracia en la era global

En la era actual, la democracia parece haber obtenido una victoria histórica sobre las formas de gobierno alternativas. Desde las ciudades antiguas hasta los sistemas políticos contemporáneos ha sido la más poderosa de todas las ideas políticas, ya que expresa el anhelo de autodeterminación de las sociedades. De la polis a los Estados-naciones, la democracia se ha asociado con las aspiraciones de las personas de gobernarse a sí mismas en su propia comunidad y se ha convertido en la forma de gobierno más deseada de la modernidad, aun cuando en el siglo pasado dos guerras mundiales amenazaron con desterrarla del planeta (^{Held, 1996}).

En contraste, no resulta difícil ubicarse en un contexto de fuerte cuestionamiento a la idea de democracia en vista de un auge de autoritarismos, extrema derechas, democracia “iliberales”, etcétera, al grado en el que incluso se habla de “autoritarismos sin complejos” debido al gran éxito económico que países como China, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han tenido (^{Nogueira, 2021}). Sin embargo, la democracia por mucho es, en la actualidad -funcionando adecuadamente, desde luego, no una democracia de papel- el sistema de gobierno que proporciona a las personas un desarrollo adecuado dentro de una comunidad política determinada y aunque se hallan múltiples defectos en su ejercicio, sus beneficios la convierten en la alternativa más deseable y factible como modelo político, ético y jurídico. ^{Dahl (2012)} enuncia que la democracia ayuda a: a) evitar el gobierno de autócratas crueles; b) garantizar a los ciudadanos un ámbito de libertad personal mayor que cualquier otra alternativa, y c) proporcionar una oportunidad para que las personas ejerciten la autodeterminación. En consecuencia, solo un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para ejercitar la responsabilidad moral e igualdad política entre las personas.

Lo anterior es inicialmente aplicable a los gobiernos de los estados o locales, ya que es ahí donde interactúa más directamente el ciudadano con su gobierno, sin embargo, la posguerra trajo una nueva manera de ver los fenómenos políticos a nivel local pero también global y se tuvo la esperanza de que las relaciones internacionales se pudieran orientar por los ideales democráticos, por lo que se comenzó a desarrollar el concepto de democracia cosmopolita para la generación de argumentos en favor de ampliar la democracia hasta el ámbito mundial, sustentando la idea básica de globalizar la democracia y, al mismo tiempo, democratizar la globalización (^{Archibugi, 2005}).

En específico, la democracia participativa ha ganado gran fuerza por la ampliación del concepto de política a través de la participación ciudadana y de la deliberación de los espacios públicos. De esto se deriva la noción de democracia como un sistema articulado de instancias de intervención de la ciudadanía en las decisiones que les conciernen y en la vigilancia del ejercicio del gobierno. ^{O’Donnell (1994)} la define como modo de vida⁵ y no solo como régimen político. Esta perspectiva plantea que solo la ciudadanía integral (que practica los valores democráticos y el acceso pleno a los derechos humanos en la vida diaria) puede garantizar la existencia de una verdadera democracia.

Sin embargo, la era global plantea nuevos retos democráticos, pues las fronteras territoriales que pretenden demarcar una zona cuya población tome decisiones que afectan a su vida, extiende sus consecuencias más allá de los confines nacionales. Ello afecta la naturaleza del cuerpo político, el significado de la representación, la forma y el alcance adecuados de la participación política y la relevancia del Estado-nación democrático, enfrentando las pautas de relaciones y restricciones del orden internacional como garante de los derechos. En otras palabras, los problemas de la democracia se extienden más allá de las formas de Estado y de sus fronteras.

Los defensores de la democracia moderna, así como sus críticos, identifican que la interconexión regional y global desafía las formas nacionales y tradicionales en que se resuelven las cuestiones clave de la teoría y la práctica democráticas (^{Höffe, 2009}). Las comunidades nacionales no son de ninguna

manera las únicas fuentes de diseño y elaboración de las decisiones y políticas que ejercen influencia sobre las vidas de sus miembros. Las medidas implementadas por los gobiernos locales no afectan exclusivamente a sus propios ciudadanos. De ahí que, los daños ambientales, el crimen organizado, o los desplazamientos forzados, entre otras problemáticas, no pueden ser tratados por los Estados de manera aislada o incluso regional, pues necesitan de la cooperación internacional. Por ejemplo, en un informe sobre las perspectivas globales del medio ambiente (producto de un proceso de consulta y participación), el resultado fue que los esfuerzos para hacer política ambiental están siendo obstaculizados por una variedad de factores tales como la producción no sustentable, así como patrones de consumismo y cambio climático (^{Summary for policymakers, 2019}). Por lo tanto, es necesaria una acción de escalas sin precedentes para revertir y detener esta situación, proteger la salud humana y medio ambiental, pero también mantener la presente y futura integridad de los ecosistemas globales, es decir, una acción democrática de cooperación.

Por lo tanto, es necesario que la democracia sobreviva como ese modo de vida y que la ciudadanía se sienta con derecho a participar en los asuntos no solo de su comunidad sino en el ámbito internacional, a través de la expansión de la participación ciudadana como preludio de que la ciudadanía mundial se convierta en la plataforma democrática del futuro. El concepto de democracia cosmopolita surge como una alternativa epistemológica aplicable a los fenómenos jurídicos, políticos y sociales mencionados, mismos que aparentemente tienen sus efectos democráticos localmente, pero que en realidad inciden en ámbitos globales. Así, con base en ^{Archibugi (2005)}, la lógica que debe sustentar a la democracia cosmopolita está basada en los siguientes supuestos más relevantes para la defensa de los derechos de una ciudadanía global:

Los puntos anteriores proporcionan las bases para un diseño institucional de acogida y fortalecimiento de la identidad cosmopolita. En efecto, se ha considerado a la democracia como un proceso (incluso como un instrumento) por el que se pueden lograr aspectos de importancia estatal como la conformación de gobiernos, pero esta consideración ha sido casi completamente esgrimida en el abordaje de fenómenos políticos o electorales locales y rara vez a nivel global. En el mismo sentido se encuentran la mayoría de las reflexiones en torno de, por ejemplo, la inseguridad, que deviene de conflictos económicos, políticos y sociales al interior de los estados y en cuya reflexión se inserta la idea de que los conflictos (por ejemplo, la delincuencia) siempre surgen en detrimento de la paz necesaria para la democratización (con independencia de que a su vez la democracia es necesaria para el logro de la paz), pero todo ello trae aparejada la inevitable consecuencia del perjuicio en materia de política exterior. Atendiendo esos aspectos se debe poder, al menos a una escala incipiente, abonar al diseño institucional para el fortalecimiento del cosmopolitismo y para la articulación de una sociedad civil global, lo que en suma dirige hacia una gobernanza cosmopolita.

IV. Gobernanza cosmopolita

Mirar más allá de los constructos políticos y sociales generados localmente obliga a pensar holística, sistemática e integralmente, lo que concretamente refiere a una cosmopolítica, concepto que debe considerarse como un “fenómeno que se manifiesta en términos prácticos a través de los numerosos contactos entre grupos sociales distintos, lo cual sitúa la idea del respeto entre pueblos como el eje central de las relaciones políticas que se desean instaurar[...]” (^{Mota, 2024, p. 3}). En un similar sentido, ^{Held (2005)} propone la idea de una gobernanza global como reacción a las problemáticas planteadas por la globalización a través de una serie de principios cosmopolitas: 1) igual valor y dignidad; 2) participación activa; 3) responsabilidad personal y pública (accountability); 4) consentimiento; 5) toma de decisiones colectivas mediante procedimientos democráticos en lo referente a los asuntos públicos; 6) inclusividad y subsidiariedad; 7) evitación de los daños graves; 8) sostenibilidad. Este pensador entiende el derecho cosmopolita de una manera más amplia que Kant, pues mientras este último limitó su forma y alcance a las condiciones de la hospitalidad universal -el derecho a presentarse uno mismo y a ser escuchado dentro de una comunidad y en las diferentes comunidades-, Held lo percibe como el modo adecuado de representar la igual posición moral de todos los seres humanos, su intitulación para una libertad igual y para las formas de gobierno basadas en la deliberación y el consentimiento; es decir, como la forma de derecho que mejor articula y afianza esos ocho principios del orden cosmopolita, mismos que si se afianzan sistemáticamente como fundamento del derecho, las condiciones de la regulación cosmopolita de la vida pública podrían ser fijadas inicialmente.

Dentro del marco del derecho cosmopolita, la idea de la autoridad legítima, que generalmente ha estado vinculada al Estado y a determinados ámbitos geográficos, debe re-concebirse y re-modelarse. La autoridad legítima o la soberanía pueden ir más allá de la idea de las fronteras y los territorios establecidos y concebirse, en principio, como un atributo del derecho democrático cosmopolita básico que se puede establecer y promulgar en diferentes esferas, desde las asociaciones locales y las ciudades, hasta los estados y las redes mundiales más amplias (^{Held, 2005}).

En oposición, existen posturas en contra de una democracia mundial, global o cosmopolita (^{Dahl, 1999}; ^{Dahrendorf, 2003}), que se apoyan en los principios y características democráticas que operan al interior de los estados, lo cual, prima facie, es razonable sobre todo si se considera que la democracia históricamente nació al seno de conflictos políticos, jurídicos y sociales localizados al interior de las comunidades que, eventualmente, se convirtieron en estados. Aunado a esto, otras razones de peso para repeler la idea global de la democracia son aquellas referidas a la inmediatez y cercanía con la que se tiene contacto entre los gobiernos y los ciudadanos (por ejemplo, los ámbitos municipales, cuya característica aceptada es precisamente esa cercanía con sus habitantes-ciudadanos), pero también las peculiaridades de las sociedades en las que nació la democracia (raza, idioma, religión, etcétera), al grado en el que incluso hay autores (^{Seara Vázquez, 1978}) que mencionan la existencia de democracias diferenciadas o particularizadas, restándole la posibilidad de que sus valores y principios (aunque universales) se apliquen en todas las “democracias” de la misma manera.

Por lo tanto, el derecho cosmopolita exigirá la subordinación de las “soberanías” regionales, nacionales y locales a un marco jurídico general, pero dentro del actuar de las asociaciones que pueden autogobernarse en diferentes niveles, al tiempo que los Estados ya no serían los únicos centros de poder legítimo dentro de sus fronteras. ^{Held (2005)} concluye que los Estados necesitan articularse y reubicarse dentro de un marco cosmopolita general donde las leyes y normas de los Estados-nación serían solo un foco más del desarrollo jurídico, la reflexión política y la movilización. La ciudadanía gozaría de múltiples ciudadanías. La forma y sustancia de este sistema cosmopolita superpuesto reflejaría y abarcaría las diversas formas de poder y de gobierno que operan dentro y más allá de las fronteras nacionales. Por lo que, el cosmopolitismo, bajo su visión, constituye la base y la filosofía política para vivir en una era global.

Ahora bien, el análisis del fenómeno de la globalización se vuelve importante porque la democracia (e implícitamente los derechos humanos) no son ajenos a ella. La cuestión de la ciudadanía cosmopolita y la relación entre democracia y economía globalizada son problemáticas que afectan la comprensión de la democracia contemporánea. La actuación de la ciudadanía es un factor fundamental que debe darse dentro del marco de una sociedad civil fortalecida para que se extienda más allá de sus fronteras y la ciudadanía cosmopolita pueda instaurarse dentro de la vida democrática de las comunidades. Por ello, es tan importante la exaltación de la igualdad moral de los individuos independientemente de sus particularidades y cualidades históricas, sociológicas o políticas de sus identidades. Existe el interés de propiciar un lazo común, más allá del conjunto de necesidades, deseos, ansiedades y pasiones que definen a las personas como miembros de la misma comunidad.

La globalización se define como el conjunto de procesos de organización de la actividad humana que se extiende en redes políticas, económicas, sociales y comunicativas alrededor del planeta. Las transacciones económicas y las interacciones culturales no se articulan únicamente en espacios geográficos y lugares particulares, sino que se difunden en todo el mundo, de tal manera que lo que ocurre en un lugar puede tener repercusiones en otro. Para autores como ^{Otfried Höffe (2009)}, la era de la globalización no está definida exclusivamente por los intercambios comerciales, la tecnología también ocupa un lugar importante al consagrarse como instrumento de expansión de la red electrónica mundial (como la Internet):

Las distancias físicas son cada vez menos importantes[...]. Esto conlleva una cuota importante de democratización, pues si bien la red no brinda una proporción de equipos y usuarios pareja en todo el mundo, el trato es el mismo para todos los lugares del mundo, para todas las personas, los empresarios y los estados, sea donde fuere que se empleen los equipos. Para participar de la red no se necesita poder, ni prestigio, ni riqueza. Además, la censura de los estados autocráticos puede ser burlada[...]. (^{Höffe, 2009, p. 213})

Algunos movimientos sociales de la última década han alcanzado relevancia en lugares distintos del planeta gracias a la comunicación virtual.⁶ La red cibernética ha configurado un nuevo tipo de sociedad atenta a los acontecimientos globales. En algunos casos, se desarrolla una sociedad alerta y reaccionaria a las problemáticas de diferentes espacios geográficos del planeta. Para ^{Octavio Ianni (1999)} el globalismo es una configuración históricosocial amplia, que convive con las más diversas formas sociales de vida y de trabajo; señala condiciones y posibilidades, encerramientos y perspectivas, dilemas y horizontes. En el ámbito del globalismo emergen o surgen localismos, provincialismos, nacionalismos, regionalismos, colonialismos, imperialismos, etnicismos, racismos y fundamentalismos; así como la reavivación de los debates, las investigaciones y las preocupaciones sobre la identidad y la diversidad, la integración y la fragmentación de los individuos y de las sociedades. Para este autor, la formación de la sociedad global, lejos de quedar confinada a la dimensión económico-financiera reabre la problemática de la modernidad en sus implicaciones filosóficas, científicas y artísticas. Todo lo que es evidentemente local, nacional y regional se revela también como global.

^{Anthony Giddens (1999)} plantea la tesis de que la democracia está ligada a los cambios estructurales de la sociedad mundial. El autor afirma que vivimos en un mundo de transformaciones que afectan casi a cualquier aspecto de lo que hacemos. Para bien o para mal nos vemos propulsados a un orden global que nadie comprende del todo, pero que hace que todos sintamos sus efectos. Giddens es relevante porque ha logrado analizar el fenómeno de la globalización y el impacto que ha tenido no solo en los intercambios comerciales, pues ha ido más allá influyendo en el modo de vida de la humanidad tanto política, como culturalmente, afirma que en los países occidentales no solo las instituciones públicas, sino también la vida cotidiana, se están desprendiendo de estas influencias, y otras sociedades del mundo que mantenían un estilo de vida más tradicional lo están perdiendo.

Giddens deduce que esto constituye el núcleo de la sociedad global cosmopolita emergente. Además, enfatiza que el campo de batalla del siglo XXI enfrentará al fundamentalismo con la tolerancia cosmopolita, tesis que a más de veinte años de su afirmación cobra vigencia pues el mundo se encuentra dividido entre el globalismo y el nacionalismo. Menciona que, en un mundo globalizado (donde se transmiten rutinariamente información e imágenes a lo largo del planeta) todos estamos en contacto regular con otros que piensan diferente y viven de forma distinta que nosotros. Los cosmopolitas aceptan y abrazan esta complejidad cultural. Los fundamentalistas la encuentran perturbadora y peligrosa y, ya sea en los ámbitos de la religión, la identidad étnica o el nacionalismo, se refugian en una tradición renovada y purificada, con bastante frecuencia, en la violencia.

La tolerancia de la diversidad cultural y la democracia están estrechamente ligadas y la democracia se está extendiendo por el mundo. La globalización está detrás de la expansión de la democracia, motivo por el cual adquiere relevancia. Al mismo tiempo, paradójicamente expone los límites de las estructuras democráticas habituales, es decir, de las estructuras de la democracia parlamentaria. Asegura que tenemos que seguir democratizando las instituciones existentes y hacerlo de forma que respondan a las demandas de la era global (^{Giddens, 1999}).

Bajo este contexto, es necesario un fuerte compromiso en la cooperación y que se fijen retos democráticos trans-gubernamentales para que la cultura democrática global y cosmopolita repercuta en todos los niveles de las decisiones económicas y sociales. Por ejemplo, en el marco del deterioro ambiental que va desde serio hasta irreversible, aún quedan acciones claves para frenar los impactos, como las reducciones de la degradación de la tierra, de la pérdida de la biodiversidad y de la contaminación del aire, tierra y agua, la mejora en la administración del agua y atenuación del cambio climático (^{Summary for policymakers, 2019}). El fenómeno de la globalización ha cambiado la forma de vida de las sociedades modernas, por lo que es imprescindible la creación de una sociedad democrática global y participativa. Para que esto sea posible es necesario resolver los problemas que se enraízan en la sociedad civil como la participación ciudadana y el espacio público. Por ello, es necesario apelar el retorno de lo político como refiere Chantal Mouffe, y como dice Pitkin (Citado por Mouffe):

[...]lo que caracteriza la vida política es precisamente el problema de la creación continua de unidad, de un público, en un contexto de diversidad, de aspiraciones variadas y de intereses en conflicto [...] para que la colectividad política, el ‘nosotros’, actúe, es preciso resolver [...] intereses continuamente en conflicto y resolverlos de tal manera que se siga preservando la colectividad[...]. (^{Mouffe, 1999, p. 25})

En resumen, los problemas como la inseguridad, la delincuencia organizada, la desigualdad social, el déficit en la educación, la pobreza extrema o el desempleo, se agravan a consecuencia, entre otros factores, por la falta de exigencia y participación ciudadana y por la incipiente consolidación de la sociedad civil; aunado a que se trata de fenómenos que los Estados nacionales no han podido enfrentar.

V. La participación ciudadana en la era global

Las amenazas contra la democracia que van desde el resurgimiento de nacionalismos, integrismos étnicos y fundamentalismos religiosos hasta las tendencias al antipolitismo y a la trivialización de la política que promueven una actitud meramente anti-estatal y anti-institucional, refugiada en lo privado y/o en lo espectacular (diseñado para impresionar más que motivar a la ciudadanía), plantean la necesidad de recrear los espacios democráticos (^{Attili Cardamone, 2004}). Lo anterior plantea un cambio de paradigma en el derecho internacional y en la estructura de los derechos de los Estados, y requiere, como afirma ^{Ferrajoli (1998)}, que las viejas categorías de la visión Estado-céntrica del derecho se transformen conforme a una visión más acorde con las problemáticas globales de nuestra era.

En la escena planetaria donde acontecen los hechos decisivos que afectan a la humanidad, la voluntad del pueblo está ausente y la opinión pública internacional se ve difuminada. Si la teoría de la democracia indica que la voluntad del pueblo es la razón legitimadora de la acción estatal, la democracia se halla en amenaza ante la globalización. El alcance de la teoría de la democracia contemporánea para autores como ^{Höffe (2009)} implica una profunda transformación del Estado. Ante los abusos de la economía mundial que ha propiciado la desigualdad social y económica la misión de los Estados por garantizar bienestar a la comunidad parece socavada, por ello, el autor es firme en enfatizar la necesidad de construir un orden global de derecho que permita abordar problemáticas que escapan a los estados nacionales por los límites políticos y fronterizos establecidos. Los movimientos migratorios son un ejemplo de las desigualdades sociales y económicas de los Estados nacionales:

[...]los desequilibrios entre los países ricos con una población estable y los países pobres densamente poblados han provocado un extraordinario flujo migratorio hacia las áreas más desarrolladas, principalmente hacia Europa y Estados Unidos [...]. A ello se suma, el efecto que produce la inmigración ilegal para los inmigrantes legalmente establecidos y la proliferación de mafias que realizan verdaderos tráficos de seres humanos[...]. (^{Riquelme Segovia y León Ullaud, 2003, pp. 47-48})

Su construcción apunta a depositar la confianza en actores no estatales con miras a la edificación de un Estado mundial de derecho: una democratización del Estado mundial a través de la democracia cualificada que pueda darse por medio de la observación objetiva de la sociedad cívica (sociedad que pone en práctica la idea de democracia participativa), esto es, de una participación que no se reduce a movimientos de protesta, pues su campo de acción es más rico. Por ejemplo, las instituciones de autoorganización científica y las fundaciones sociales, culturales y políticas, incluyendo las academias y fundaciones de capitales privados. Los clubes civiles en cuyo interior se conjuga la amistad con un compromiso social hacia el exterior y, en especial, el abanico de actividades sin fines de lucro, desde instituciones sociales hasta clubes deportivos que encarnan un sentido cívico activo, incluso los comités y agrupaciones dentro de las propias universidades públicas o privadas (^{Höffe, 2007}). Además, no podemos omitir que, para un buen funcionamiento no solo de la democracia en la sociedad en general, sino también en los ámbitos académicos, los gobiernos universitarios tienen “la obligación y responsabilidad de brindar [...] rendición de cuentas de las actividades realizadas durante su estancia en el cargo, así como informar la manera en que se distribuye el gasto y los recursos[...]” (^{Guadarrama, 2021, pp. 289-290}). Entonces, la participación ciudadana y su eventual expansión al ámbito internacional debe contribuir al acercamiento entre la ciudadanía para colaborar con la integración social de la humanidad. Al respecto Attili Cardamone afirma:

En contra del estatismo, del Estado paternal, omnipresente, burocratizado, ineficiente y en crisis fiscal, el reclamo generalizado fue devolverle a la sociedad una serie de funciones que ilegítimamente -ahora- ocupaba el estado. A ello se suma la pérdida de credibilidad de los partidos como sujeto exclusivo, junto con el Estado, de la definición de la política [...] por lo que se preconiza la visión de la participación democrática de la sociedad, plural y diferenciada. (^{Attili Cardamone, 2004, p. 140}).

La democracia, al ser vista como la mejor forma de gobierno debe ser considerada más allá de un régimen político legitimado por un proceso electoral y bajo la primacía de la defensa de los derechos humanos. Esta visión exige la construcción de “una sociedad en la que las decisiones estuviesen en manos de una población informada y comprometida. Es un prerrequisito para tomar decisiones razonables y razonadas” (^{Chomsky, 2018, p. 139}). Por ejemplo, el actuar y la organización consensuada y cooperativa de las instituciones estatales y las asociaciones civiles puede propiciar

[...]la disolución de las fronteras nacionales, algo que sin duda es concebible, pues hasta cierto punto ha tenido lugar en Europa. En términos generales implicaría un sistema cada vez más global basado en la ayuda y el apoyo mutuos, una producción destinada al uso más que a los beneficios y la preocupación por la supervivencia de la especie[...] (^{Chomsky, 2018, p. 140}).

Además, es necesario que la sociedad civil intervenga de una forma más activa en asuntos públicos de su comunidad, ya que su función es legitimar, conocer y cuestionar la actuación de las autoridades.

En esta perspectiva, la formación de un ciudadano cosmopolita responsable es igual a la categoría de hombre democrático que según ^{Ordóñez (2015)} es aquél que posee y práctica de forma cotidiana el concepto de democracia en su actuar dentro de la sociedad, es quien cumple con las diferentes dimensiones que le imponen las características y principios de la democracia, está atento a los acontecimientos de su entorno social, de los movimientos políticos y de sus representantes, es un receptor crítico de la información oficial y no oficial y ejerce sus derechos constitucionales y legales. Así, en un mundo globalizado donde el cosmopolitismo es una necesidad, el ciudadano estatal debe trascender sus capacidades soberanas para practicar la democracia no solo en su hábitat estatal, sino también en la aldea global, hasta constituir un verdadero ciudadano democrático y cosmopolítico. Para lo anterior sigue siendo necesaria la infraestructura al interior de los estados, países y/o comunidades, ya que resulta imperativo construir espacios públicos globales de diálogo y de opinión pública que trascienda sus ámbitos locales naturales (o políticamente insertos), como una manera inicial de fortalecer la identidad cosmopolita.

En el marco de la democracia representativa, la ciudadanía tiene un papel fundamental a través de la participación y observación, al ser un referente para la democratización de los Estados. Sin embargo, la participación ciudadana en las actividades públicas y de gobierno (la ciudadanía constituida en órgano regulador de la actividad gubernamental) no solo es importante en el contexto de la actividad local los Estados, pues ante los problemas globales es necesaria la instrumentación por medio de la observación de la ciudadanía de vigilar la actividad gubernamental no solo en el ámbito local, sino expandir su participación al ámbito global. Ya que dicha observación se convierte (bajo un proceso más refinado de análisis y aplicación ciudadana de los principios de la democracia) en una posibilidad por medio de la observación objetiva de la sociedad cívica (sociedad que pone en práctica la idea de democracia participativa) a través de una participación que no se reduce a movimientos de protesta, ya que su campo de acción es más rico. En este sentido, es necesario que la participación ciudadana y su eventual expansión al ámbito internacional contribuya al acercamiento entre los ciudadanos para colaborar con la integración social de la humanidad.

Es por lo que, para articular a la sociedad civil global, resulta indispensable, además de los espacios públicos mencionados, el reforzamiento de esa sociedad civil en los niveles locales o estatales. Lo anterior no podrá lograrse si no se refuerza primero, a nivel doméstico, la práctica de la democracia y, por ende, los espacios públicos de diálogo local y/o estatal. Es decir, primero se debe culturizar en democracia al ciudadano municipal o estatal para que a partir de ahí pueda extenderse su ejercicio democrático. Una articulación adecuada de la sociedad civil global depende de una previa y cabal articulación de esa sociedad civil en sus ámbitos políticos locales. El diálogo es una práctica indispensable para la democracia, tanto local como global, ya que se logra la comunicación y con ella la posibilidad de que los ciudadanos conozcan las necesidades no solo de su localidad, sino también de otras latitudes, lo cual es, desde luego, un inicio adecuado para el reforzamiento y articulación de la sociedad civil cosmopolita.

La expansión de la participación ciudadana es la plataforma democrática para que la ciudadanía se convierta en el actor político toral (pero global) bajo condiciones de pluralidad e igualdad conforme a la proyección de una sociedad cívica capaz de participar activamente en los problemas que más allá de sus fronteras afectan sus derechos humanos o principios de justicia. Desde luego, se requiere de una cooperación internacional de los Estados particulares y de los organismos internacionales bajo una perspectiva multicultural y, sobre todo, del fortalecimiento de la ciudadanía no solo en el ámbito nacional, sino global a través de la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural. Entonces, la formación de una sociedad responsable es vital para integrar de manera constructiva la diversidad cultural y se posiciona como la condición bajo la cual se fomente el diálogo intercultural, se avance en la búsqueda de valores compartidos y se promueva el respeto y la tolerancia de las comunidades y de los individuos, sin olvidar sus particularidades y con pleno respeto a su identidad.

La universalización de la democracia y su transformación en un régimen global depende de la expansión al resto del mundo en cuanto a la práctica de los principios y valores de la democracia, pero “mientras subsistan distintas concepciones de lo que constituye un orden justo y legítimo en materia política [...] resultará difícil hablar de un régimen internacional preciso y efectivo para la defensa de la democracia” (^{Van Klaveren, 2012}), empezando, de acuerdo con este autor, con el respeto y práctica del principio de no intervención y de los principios del pluralismo y aceptación de la diversidad en un ámbito internacional.

La ciudadanía política y la ciudadanía del mundo son indispensables para incentivar la expansión de la participación ciudadana; la segunda pone en práctica los principios cosmopolitas al pugnar por la formación de un cimiento de interés común, independientemente de las particularidades de cada ciudadano, sin negar sus cualidades históricas, sociológicas o políticas de sus identidades, ya que puede haber un encuentro entre lo que comparten todas las personas: el conjunto de necesidades, deseos, ansiedades y pasiones que las definen como miembros de la misma comunidad (^{Held, 2005}). De esta manera, la participación ciudadana en la era global podría -por ejemplo- llegar a extremos interesantes en los que sus efectos podrían alcanzar a órganos gubernamentales internacionales, a través de lo que ^{Archibugi (1995)} propuso para el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas: un Consejo Federal organizado en dos cámaras con representación no a través de los gobiernos, sino de representantes elegidos por los ciudadanos.

VI. Conclusiones

Primera. En la actualidad los Estados-nación necesitan de la cooperación internacional para resolver problemas apremiantes como los desplazamientos forzados, la crisis migratoria, el cambio climático, el racismo, la disminución de la pobreza, el crimen organizado, entre otros. Ante este panorama el cosmopolitismo se posiciona como una herramienta fundamental para ayudar con las obligaciones de los Estados de promover, defender y proteger los derechos humanos más allá del ámbito nacional, pues sus postulados sobre la igualdad moral de las personas son un requerimiento indispensable para la convivencia de la humanidad en la era global.

Segunda. La sociedad civil es el elemento más relevante y si su participación se extendiera (a través de un ejercicio razonable y racional) más allá de los límites establecidos por los Estados, se podría construir la denominada ciudadanía mundial como una plataforma democrática del futuro en manos de una sociedad informada y comprometida, ya que la voluntad del pueblo debe hacerse presente desde lo local hasta lo global, de lo estado-céntrico a lo internacional, para así concretar una “opinión pública internacional”, pero también para hacer realidad lo que podríamos llamar “ciudadano cosmopolítico”.

Tercera. El cosmopolitismo visto desde la perspectiva democrática en torno de la problemática relacionada con los derechos de una ciudadanía globalmente considerada es solo una arista de la amplitud que posee la categoría cosmopolitismo, sobre todo desde la praxis y no solo desde la teoría, menos aún visto exclusivamente desde la epistemología, aspectos que, por supuesto, son mucho más amplios y abarcadores de lo que en este artículo exponemos.

Cuarta. La culturización, la educación y la difusión de las ideas sigue siendo la herramienta más poderosa para que los criterios y cánones cosmopolitas de la práctica democrática llegué a quien debe llegar, es decir, al ciudadano. Es por lo que el diseño institucional más adecuado para la defensa de una ciudadanía global es aquel que en primer lugar difunda esos parámetros, en segundo término, los practique y, en un tercer momento y quizá más importante, rediseñe en torno de lo anterior a las instituciones tanto nacionales como internacionales, para que se dé cabida y preferencia al respeto y práctica de los derechos humanos en todas las latitudes del planeta.