Contexto: política social en México 2018-2022 y su relación con la pobreza y la jefatura femenina

En México, los hogares con jefatura femenina enfrentan una tendencia creciente de pobreza especialmente en estratos de bajo ingreso debido a factores estructurales como la distribución desigual del trabajo no remunerado, el acceso limitado a empleos formales y las insuficiencias del sistema de protección social. Estos elementos reflejan la feminización de la pobreza como una condición estructural sostenida por desigualdades de género (^{Sosa y Castro, 2022}). A pesar del aumento en la participación laboral femenina, persiste una brecha salarial estable atribuida a discriminación de género (^{Rodríguez y Castro, 2014}). El crecimiento numérico de estos hogares los convierte en un objeto de estudio clave para evaluar el impacto de los programas sociales en su bienestar económico y alimentario, así como su capacidad para mitigar las brechas descritas (^{Sosa y Castro, 2022}).

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares con jefatura femenina eran el 25%. Para 2020, la proporción aumentó al 33%, lo que refleja un incremento significativo en la última década en la cantidad de este tipo de hogares. La Gráfica 1 muestra un aumento del 2.51% en el período de 2016 a 2022, según datos de la ENIGH .

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH ²⁰¹⁶, ²⁰¹⁸, ²⁰²⁰ y ²⁰²².

Gráfica 1 Distribución porcentual por tipo de jefatura de hogar en México, 2016, 2018, 2020 y 2022 

En dicha gráfica se observa una tendencia creciente en la proporción de hogares encabezados por mujeres, que pasa de representar aproximadamente una cuarta parte del total en 2016 a más del 30% en 2022. Este incremento constante no sólo refleja cambios en la composición familiar, sino también la consolidación de nuevos arreglos sociales en los que las mujeres asumen el papel de proveedoras principales del hogar, muchas veces en contextos marcados por la precariedad económica, la monoparentalidad y la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado (^{Orihuela y Reyes, 2022}). Como señalan ^{Sosa y Castro (2022)}, el aumento de hogares con jefatura femenina es indicativo de transformaciones profundas en las estructuras familiares. A partir de 2018, la educación formal dejó de ser un factor clave en el aumento de hogares con jefatura femenina, y la pandemia de covid-19 agravó la crisis económica, sanitaria y de cuidados en los hogares encabezados por mujeres (^{Sosa y Castro, 2022}).

En México, durante la pandemia de covid-19 las trabajadoras no experimentaron un deterioro significativo en sus ingresos relativos inicialmente; se mantuvo estable la desigualdad de género en remuneraciones. No obstante, la brecha salarial mensual aumentó tras el cierre de actividades, aunque sin superar niveles prepandemia (^{Rodríguez y Castro, 2023}). La crisis sanitaria acentuó la vulnerabilidad de los hogares encabezados por mujeres, especialmente en contextos de pobreza, donde las desigualdades estructurales se vinculan a factores socioeconómicos y educativos. Las familias de bajos ingresos enfrentaron mayores barreras educativas para sus hijos, mientras que las madres asumieron una carga adicional en cuidados y educación (^{Lara et al., 2022}).

A pesar de sus limitaciones educativas, mujeres en pobreza movilizaron redes de apoyo para mitigar los efectos económicos de la pandemia, aunque persistieron los desafíos de género (^{Kertati et al., 2022}). La inseguridad alimentaria se agravó y afectó más a hogares con jefatura femenina; sobre todo en zonas rurales, donde se registraron mayores tasas de pobreza, dependencia y apoyo gubernamental (^{López y De la Torre, 2022}). Previamente, estos hogares ya mostraban mayor exposición a pobreza y hambre, con brechas de género diferenciadas entre áreas urbanas y rurales (^{Aguirre et al., 2021}).

La pandemia evidenció la necesidad de analizar críticamente los determinantes históricos, sociales y políticos que perpetúan exclusiones, así como las estrategias familiares para identificar continuidades y rupturas (^{Tamez, 2021}). En conjunto, la crisis profundizó desigualdades estructurales y destacó la urgencia de abordajes intersectoriales para reducir vulnerabilidades agravadas por la pandemia de covid-19.

Panorama de los programas sociales en México

En México, la política social ha experimentado distintas etapas desde su consolidación en la Constitución de 1917. Como concepto, se entiende por política social el conjunto de estrategias estatales dirigidas a construir una sociedad más cohesionada, equitativa e integrada mediante la convergencia de los intereses individuales y los colectivos (^{Ceja, 2004}). Dichos objetivos no son estáticos; evolucionan de acuerdo con las demandas sociales en contextos históricos y espaciales específicos (^{Camberos y Bracamontes, 2022}). Para asegurar la eficiencia y calidad en su aplicación, la política social debe presentar ciertos atributos esenciales. ^{Cordera y Palacios (2002)} proponen tres pilares fundamentales: universalidad, focalización e integralidad. La universalidad implica garantizar el acceso de toda la población a derechos sociales como salud, educación, vivienda y seguridad social, conforme al espíritu del artículo 4º constitucional. La focalización busca una asignación eficiente de los recursos públicos priorizando a la población más vulnerable, sobre todo en contextos de limitaciones presupuestarias.

Los programas sociales operan como mecanismos concretos para la aplicación de políticas públicas orientadas a enfrentar problemáticas urgentes como la pobreza, fenómeno que ha adquirido especial relevancia en América Latina desde las últimas décadas del siglo XX . En el caso mexicano, a partir de la década de 1980 se desarrolló un modelo de economía abierta que redujo el papel del Estado en ella y dio paso a esquemas de intervención social más selectivos y focalizados (^{Camberos y Bracamontes, 2022}). Bajo esta lógica, se diseñaron programas de asistencia social orientados a combatir la pobreza y promover el desarrollo regional. Este viraje respondió a la necesidad de racionalizar el gasto público en un contexto de ajuste estructural, lo que derivó en una atención social más individualizada (^{Torres y Rojas, 2015}).

La evolución de los programas sociales en México ha estado marcada por cambios tanto en denominaciones como en enfoques y población objetivo. Entre los antecedentes más relevantes se encuentran el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) y el Programa de Coordinación para el Desarrollo de los Servicios de Salud (Coplamar), en la década de 1970; el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), vigente entre 1988 y 1997; el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), entre 1997 y 2002; seguido por el Programa Oportunidades, de 2002 a 2014, y posteriormente Prospera, en 2014 (^{Torres y Rojas, 2015}).

En cuanto al impacto de estos programas en la reducción de la pobreza, ^{Torres y Rojas (2015)} señalan que, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue siendo un problema en México. Aunque se han aplicado programas orientados a mejorar la inclusión social y reducir la desigualdad, los indicadores de bienestar muestran un deterioro sistemático, lo que refleja el fracaso de los programas surgidos en el marco de la economía abierta. Este incremento de la pobreza sugiere que la política social ha dejado de cumplir su función histórica de contrarrestar los efectos negativos del desarrollo económico.

Durante el sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) la política social se articuló principalmente en torno a la Estrategia Nacional de Inclusión y la Cruzada Nacional contra el Hambre. El programa Oportunidades fue renombrado como Prospera, con énfasis en la inclusión laboral mediante la capacitación y el acceso al empleo formal (^{López y De la Torre, 2022}). De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto, Prospera llegó a atender hasta 6.9 millones de familias, un millón más que en 2012, y se reportó una disminución de la pobreza extrema del 9.8% al 7.6% en su gobierno.

Durante el sexenio 2018-2024, el gobierno federal mexicano impulsó una transformación del modelo de política social, para darle un enfoque centrado en los derechos sociales, el combate a la corrupción y la atención prioritaria a las poblaciones históricamente marginadas. Esta nueva visión se tradujo en una reconfiguración institucional y presupuestal, ahora orientada al fortalecimiento de las transferencias monetarias directas como principal herramienta para reducir la pobreza y la desigualdad (^{CONEVAL, 2020}; ^{Parker y Vogl, 2024}).

A partir de 2019, el gobierno federal elevó a rango constitucional varios programas sociales prioritarios, como la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, consolidando así una política social de corte híbrido entre el universalismo y la focalización. En su segundo informe se reportó una inversión de más de 62 000 millones de pesos destinados a becas educativas, y para el tercero esta cifra superaba los 70 000 millones. Esta expansión presupuestal se acompañó de medidas sociales como el aumento del salario mínimo, con el objetivo de reducir la pobreza laboral; se alcanzaron incrementos superiores al 120% en la frontera norte y el 51.2% en el resto del país (^{López y De la Torre, 2022}).

Entre los programas sociales más representativos se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Aunque estos programas lograron ampliar la cobertura poblacional, diversos estudios han cuestionado su diseño y focalización; señalan la falta de mecanismos integrales de acompañamiento, el debilitamiento de programas con enfoque territorial y el desmantelamiento de instituciones clave en el combate estructural a la pobreza (^{López y De la Torre, 2022}; ^{Parker y Vogl, 2024}).

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador redefinió la política social bajo un nuevo marco ideológico, sintetizado en el lema «Por el bien de todos, primero los pobres». Así, Prospera fue reemplazado por transferencias más amplias y menos condicionadas, como las Becas para el Bienestar Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (^{López y De la Torre, 2022}). La eliminación abrupta de Prospera y la aplicación inmediata del programa Becas Benito Juárez en 2019 hizo cambios sustantivos en la progresividad de las transferencias monetarias, lo que favoreció principalmente a los hogares más pobres de México (^{Parker y Vogl, 2024}).

Según ^{Rodríguez-Gómez (2020)}, las diferencias clave entre ambos programas son notables. Mientras que Prospera tenía un enfoque integral que abarcaba no sólo la educción, sino también la salud y la alimentación, bajo condiciones específicas como la asistencia escolar y actividades de salud, lo que aliviaba la carga para las familias, las Becas Benito Juárez se centran exclusivamente en la educación, sin exigir condiciones adicionales.

Además, también varía la estructura de ambos programas. Prospera incentivaba la continuidad educativa ofreciendo becas, que aumentaban conforme los estudiantes pasaban de un nivel educativo a otro. En contraste, las Becas Benito Juárez no fomentan esta progresión, lo que podría generar la desconexión entre los distintos niveles educativos (^{Parker y Vogl, 2024}). Por otro lado, Prospera tenía un enfoque más amplio en su elegibilidad, pues apoyaba a hogares con niños menores, mujeres en edad reproductiva y personas con discapacidad, mientras que las Becas Benito Juárez priorizan a grupos marginados como las poblaciones indígenas y las víctimas de desplazamiento.

Otro aspecto destacado es la administración de los programas. Prospera estaba gestionado por la secretaría encargada del combate a la pobreza, lo que le daba un enfoque más integral, mientras que las Becas Benito Juárez son administradas por la Secretaría de Educación Pública, lo que limita su alcance a lo educativo y deja de lado otros aspectos cruciales de la lucha contra la pobreza.

Estas diferencias reflejan un cambio en la filosofía de la política social en México, pues pasa de un modelo integral y multidimensional a un enfoque más centrado en la educación. Sin embargo, este cambio también ha sido objeto de críticas, ya que se percibe que los nuevos programas carecen de la cohesión y continuidad que caracterizaban a Prospera.

En cuanto a las limitaciones de Prospera y cómo los nuevos programas buscan mejorar la situación, ^{Rodríguez-Gómez (2020)} señala varios puntos críticos. Prospera imponía condicionamientos estrictos para acceder a sus beneficios, lo que era una carga para las familias. También, aunque tuvo logros, no abordó adecuadamente la calidad de los servicios educativos ni su vinculación con el desarrollo económico, lo cual es esencial para superar la pobreza. Además, su cobertura era limitada en comparación con la que se busca con los nuevos programas. Mientras que Prospera promovía la continuidad educativa, las nuevas becas no ofrecen incentivos suficientes para seguir en la educación superior, lo que puede propiciar abandono escolar.

Por su parte, el programa de Becas Benito Juárez se estructura en tres niveles: educación básica, media superior y superior. Para educación básica las familias reciben un apoyo económico mensual de 800 pesos, mientras que para la media superior el monto puede llegar hasta 2 400 pesos por alumno. Este apoyo tiene como objetivo no sólo asegurar la continuidad educativa, sino también aliviar las dificultades económicas que enfrentan muchas familias. Además, el programa prioriza a hogares en condiciones de alta marginación, con ingresos bajos o de grupos indígenas, afromexicanos o con numerosos niños pequeños.

Según ^{Huesca y Llamas (2023)}, los programas sociales han tenido un impacto positivo, pero limitado, en la reducción de la pobreza. Su ejecución no logró revertir el aumento de la pobreza durante la pandemia de covid-19, iniciada en 2020. Los programas con mayor impacto en la reducción de la pobreza fueron la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y las Becas Benito Juárez, con reducciones de pobreza de 2.37% y 1.46%, respectivamente. Esto sugiere que los apoyos directos son efectivos para mejorar la situación de los más vulnerables. Sin embargo, también se subraya la necesidad de fortalecer estos apoyos directos, especialmente para grupos vulnerables como las personas con discapacidad. Asimismo, los programas educativos, como las Becas Benito Juárez, deben ser vistos no sólo como una estrategia para combatir la pobreza, sino también como una inversión en capital humano a largo plazo.

El Cuadro 1 presenta una descripción comparativa de estos programas, a los que diferencia por su tipología (monetaria, alimentaria, laboral), el sector institucional al que pertenecen, el período en que estuvieron vigentes y la población objetivo. Como se observa en él, los programas del período previo, como Prospera, 65 y Más y el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), tenían un enfoque más integral y multisectorial, pues articulaban apoyos monetarios con servicios educativos, de salud y de alimentación. En contraste, programas recientes como Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión para Adultos Mayores responden a un modelo de protección fragmentado, con apoyos principalmente monetarios y sin mecanismos de corresponsabilidad. Esta transformación institucional refleja un cambio en el paradigma de la política social de un enfoque condicional e intersectorial a esquemas más simples y universales, aunque con limitaciones en su articulación y focalización.

Si bien desde la política social del período de gobierno 2018-2024 se priorizó el aumento de las transferencias monetarias directas, este giro ha implicado una pérdida de integralidad y acompañamiento institucional. Uno de los ejemplos más ilustrativos es la sustitución del Programa de Estancias Infantiles por el de Apoyo para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras, que les otorga un subsidio económico pero prescinde de una red pública de cuidado infantil que garantice estándares mínimos de calidad y desarrollo (^{González, 2023}). Este cambio ha sido criticado, pues representa que el Estado deja de responsabilizarse tanto del empleo femenino como del bienestar infantil, lo que afecta a ambos negativamente. Además, la no articulación intersectorial y la eliminación de programas con enfoque de género y territorial han debilitado la capacidad de la política social de responder a las múltiples dimensiones de la pobreza que enfrentan los hogares con jefatura femenina (^{González, 2023}). En este sentido, los apoyos monetarios, por sí solos, no son suficientes para transformar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad. La reconfiguración de los programas sociales no ha abordado explícitamente las desigualdades de género en la política social, lo que ha limitado su efectividad para atender las necesidades específicas de las mujeres en situación de pobreza, y en particular de los hogares con jefatura femenina. Las jefas de estos hogares, caracterizadas por una menor disponibilidad de tiempo y recursos, enfrentan condiciones laborales precarias, escasa protección social y una sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado, lo que restringe su capacidad de aprovechar los beneficios de los programas sociales (^{Tepichin, 2010}).

Este contexto institucional impactó particularmente a los hogares encabezados por mujeres, quienes durante la pandemia vieron agravada su vulnerabilidad económica y alimentaria. Aunque aumentó la cobertura de algunos programas, los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria en estos hogares no se redujeron significativamente, lo que apunta a limitaciones estructurales tanto en el diseño como en la aplicación de las políticas públicas. La creciente inflación en alimentos y la alta dependencia de las importaciones han debilitado la soberanía alimentaria nacional (^{López y De la Torre, 2022}), lo cual afecta mayormente a los hogares pobres, y en particular a aquellos con jefatura femenina.

Los estudios cualitativos revisados aportan una comprensión más profunda de los efectos que han tenido los programas sociales en hogares con jefatura femenina. ^{Ramírez (2023)}, mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales con mujeres beneficiarias de Prospera en Puebla, identificó que las condicionalidades impuestas generan sobrecargas de trabajo y afectan dimensiones del bienestar psicosocial como la autoestima, la agencia y la confianza económica. De manera complementaria, ^{Sorzano et al. (2021)} realizaron grupos focales en comunidades de la frontera México-Belice y documentaron percepciones negativas de la falta de empleos estables, el clientelismo en la selección de beneficiarios y la escasa transformación estructural que generan los programas. ^{Hernández et al. (2024)}, mediante entrevistas y observación participante en comunidades rurales, analizaron el impacto del programa Sembrando Vida y encontraron que, aun cuando cuentan con un ingreso mensual, persisten condiciones de pobreza, desgaste físico y barreras de género que limitan la participación de las mujeres. Por su parte, ^{Garay et al. (2020)} estudiaron las redes de apoyo informal en hogares con adultos mayores y revelaron que la corresidencia, aunque es protectora, reproduce desigualdades de género y sobrecarga a las mujeres en las tareas de cuidado. Finalmente, ^{García et al. (2020)} hicieron un estudio mixto en comunidades rurales de Tamaulipas y encontraron que las mujeres enfrentan múltiples obstáculos para acceder a programas sociales derivados de barreras culturales, carga de cuidados no remunerados y baja autonomía decisional. En conjunto, estos estudios cualitativos complementan los hallazgos cuantitativos del presente trabajo y permiten una interpretación más completa del impacto de las políticas sociales en los hogares encabezados por mujeres.

Enfoque de análisis: líneas de pobreza y microsimulación

Para estimar el impacto de los programas sociales en los hogares con jefatura femenina en México, se utiliza una metodología basada en el método de líneas de pobreza (^{Sen, 1976}) y en la técnica de microsimulación estática. Esta combinación metodológica permite realizar una evaluación cuantitativa del efecto de las transferencias monetarias en el ingreso de los hogares, particularmente en función de su situación de pobreza (^{Bracamontes et al., 2011}).

Método de líneas de pobreza

Para determinar la línea de pobreza en las regiones se utiliza un enfoque formal desarrollado por ^{Camberos et al. (1996)}, en el que se toma en cuenta una variable denominada z como la línea de pobreza. Para calcular la línea de pobreza para los hogares se multiplica la variable z (calculada de acuerdo con los valores establecidos por CONEVAL en el cuadro 2) por cada miembro del hogar y se le resta al ingreso mensual del mismo. Los hogares cuyo resultado de esta operación sea mayor que cero son considerados como pobres. Se utiliza la fórmula siguiente:

qh = número de hogares pobres

zh = línea de pobreza por hogar.

yh = ingreso mensual del hogar.

En este trabajo se consideran dos líneas de pobreza definidas por el ^{CONEVAL (2020)}: la línea de pobreza extrema por ingresos (LPEI), basada en la canasta alimentaria, y la línea de pobreza por ingresos (LPI), que incluye la canasta alimentaria y la no alimentaria. Ambas líneas se expresan en términos de ingreso mensual por persona, y diferencian las zonas rurales de las urbanas. Para este estudio se tomó como referencia el mes de agosto de los años 2018 y 2022 (véase el Cuadro 2).

Base de datos y diseño regional

La información proviene de los microdatos de la ^{ENIGH 2018} y ²⁰²², proporcionados por el ^{INEGI (2022)}. Se consideraron las 32 entidades federativas del país, organizadas en cuatro regiones según la regionalización del Banco de México.

Esta regionalización permite observar diferencias significativas en términos de pobreza, ingreso y participación en los programas sociales de las distintas zonas del país.

Microsimulación estática

La microsimulación estática permite estimar los efectos de cambios en la política social, bajo el supuesto de que las condiciones estructurales (demográficas, económicas) permanecen constantes en el corto plazo (^{Cogneau et al., 2003}; ^{Bourguignon y Spadaro, 2006}). Este enfoque se limita a estimar efectos de primera ronda, es decir, el impacto directo e inmediato de una política social sobre los ingresos de los hogares, sin considerar reacciones conductuales ni efectos en el largo plazo.

En este estudio se simula el efecto de las transferencias monetarias de los programas sociales federales sobre los ingresos de los hogares comparando tres escenarios: 1) ingreso con transferencias: se calcula la pobreza considerando todos los ingresos, incluyendo las transferencias monetarias; 2) ingreso sin transferencias: se resta el monto de las transferencias y se estima nuevamente la pobreza, y 3) microsimulación con transferencia focalizada: se simula el efecto de otorgar una transferencia focalizada (monto máximo observado) a los hogares a los que se dirige.

La diferencia entre los índices de pobreza con y sin transferencias permite estimar el impacto directo de los programas sociales (^{Bracamontes et al., 2011}).

Identificación de beneficiarios y estratificación por jefatura de hogar

Con el objetivo de identificar y comparar los programas sociales incluidos en la ENIGH entre los años 2018 y 2022, en el Cuadro 4 se presenta la codificación utilizada por el instrumento estadístico para cada transferencia, la cual permite distinguir los programas vigentes en ambos períodos y rastrear los cambios institucionales ocurridos en el marco de la política de bienestar durante el sexenio 2018-2024. Mientras que en 2018 predominaban programas como Prospera, 65 y Más, PAL o Empleo Temporal, para 2022 se observa una transformación a nuevas transferencias, como las Becas Benito Juárez, la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, el Apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras y Jóvenes Construyendo el Futuro. Este ejercicio de correspondencia entre claves de programa permite dar seguimiento a la evolución de las políticas de transferencia directa, así como analizar su impacto diferenciado por jefatura y región. En este caso sólo mostramos la jefatura femenina.

Indicadores de pobreza y seguridad alimentaria

Además de los indicadores de pobreza por ingresos, se consideran los criterios establecidos por el CONEVAL en su enfoque multidimensional, que incluye derechos sociales y condiciones del entorno. Para este estudio se prioriza la línea de pobreza por ingresos como indicador principal, pero se complementa con información de la escala de inseguridad alimentaria. El CONEVAL mide la inseguridad alimentaria utilizando una escala que clasifica los hogares en cuatro niveles: 1) seguridad alimentaria: los hogares que no responden afirmativamente ninguna de las preguntas de la escala; 2) leve: los hogares que responden afirmativamente una o dos preguntas; 3) moderado: los hogares que responden afirmativamente de tres a cuatro preguntas, y 4) severo: los hogares que responden afirmativamente de cinco a seis preguntas.

Utilizamos esta escala para ver cómo se encuentran los beneficiarios de los programas sociales y si hubo algún cambio durante el período evaluado.

Limitaciones del método

Si bien la microsimulación estática permite obtener estimaciones rápidas y razonables del impacto de una política social, presenta varias limitaciones: no considera efectos de comportamiento ni dinámicas de largo plazo, los resultados dependen del correcto registro de ingresos y programas en la encuesta, y se parte del supuesto de que el ingreso y la estructura del hogar no cambian a consecuencia del programa. Asimismo, no se incluyen dimensiones cualitativas ni otros factores estructurales que inciden en la pobreza, como la discriminación de género o la precariedad laboral (^{Bracamontes et al., 2011}). Como han señalado estudios de campo en contextos rurales y fronterizos (^{Sorzano et al., 2021}; ^{García et al., 2020}), existen condiciones estructurales, percepciones y barreras culturales que no pueden incorporarse plenamente mediante estimaciones cuantitativas.

Participación y distribución regional por tipo de programa

A fin de dimensionar el grado de cobertura de los programas sociales en los hogares con jefatura femenina, el Cuadro 5 presenta las proporciones de hogares encabezados por mujeres que reportaron haber recibido al menos un beneficio de cada programa en las distintas regiones del país. Puesto que los programas sociales cambiaron entre 2018 y 2022, en el cuadro se muestra la distribución porcentual de los beneficios que aportaron a los hogares con jefatura femenina en cada uno de estos años.

Los datos del Cuadro 5 denotan una clara concentración del apoyo estatal en hogares con jefatura femenina mediante programas asistenciales dirigidos a personas adultas mayores, como el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (22.2%) y el extinto 65 y Más (12.7%); juntos llegan a más de un tercio de estos hogares en el país. Tal tendencia comprueba que el acceso al bienestar de hogares encabezados por mujeres está mediado fuertemente por la edad y no por estrategias de inclusión productiva o de cuidado. De hecho, los programas que tienen componentes laborales o de autonomía económica, como Procampo, Jóvenes Construyendo el Futuro o el apoyo para el bienestar de hijos de madres trabajadoras, tienen niveles de cobertura marginales (menos del 1%). En lo regional, destaca la región Sur como la de mayor cobertura en casi todos los programas sociales, en particular de Prospera (15.5%) y becas educativas, lo que puede asociarse tanto a más altos niveles de pobreza como a políticas de focalización territorial. En contraste, la región Norte muestra una menor participación en tales programas, lo cual sugiere que existen brechas de acceso a los beneficios según la ubicación geográfica. En suma, los datos revelan un patrón de apoyo social centrado más en la vejez y la asistencia que en la promoción de capacidades, lo que limita la posibilidad de lograr una autonomía económica sostenible para las mujeres jefas de hogar.

El análisis regional de beneficios a hogares con jefatura femenina de los programas sociales revela marcadas desigualdades territoriales en el acceso y la cobertura de esas políticas públicas. Destaca que la región Sur del país tiene la mayor proporción de hogares beneficiados, pues supera en forma consistente los promedios nacionales en programas clave como Prospera (15.5%), becas para educación básica (12.6%) y el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (24%). Esta representación mayor puede interpretarse como resultado de una mayor focalización en zonas históricamente empobrecidas, pero también sugiere una dependencia más pronunciada del ingreso público en contextos con más vulnerabilidad estructural. En contraste, la región Norte presenta los niveles más bajos de cobertura de la mayoría de los programas, lo que podría reflejar tanto más bajos niveles de pobreza como una menor atención de necesidades específicas en un contexto donde la jefatura femenina no necesariamente se traduce en acceso prioritario a beneficios sociales. Las regiones Centro y Norte Centro se sitúan en un punto intermedio, con coberturas cercanas a los promedios nacionales. Estas desigualdades regionales evidencian que existe un patrón de distribución de programas sociales que atiende a criterios de pobreza pero no siempre considera las diversas condiciones en que se ejerce la jefatura femenina, lo cual puede contribuir a reproducir brechas territoriales en el acceso a derechos sociales.

Además de identificar la cobertura de hogares encabezados por mujeres, es clave observar su participación relativa en el universo total de beneficiarios de cada programa. En el Cuadro 6 se presentan las proporciones de hogares con jefatura femenina beneficiados por los diversos programas sociales en las distintas regiones del país. De manera similar a como se hace en el Cuadro 5, se desglosan para los años 2018 y 2022, pues no se puede hacer una comparación directa debido a los cambios que han tenido los programas en el período. Esta información es la que permite visualizar las desigualdades en el acceso a los programas sociales.

Los datos de programas sociales para los años 2018 y 2022 del Cuadro 6 denotan una persistente desigualdad regional y de género en la distribución de los apoyos sociales entre hogares con jefatura femenina. Aunque en programas como el de adultos mayores hay una mejora relativa en la proporción de beneficiarias, pues pasa de 45.9% en 2018 a 49.6% en 2022 a nivel nacional, hay una sobrerrepresentación masculina en la mayoría de ellos. Esta brecha se acentúa en las regiones Centro Norte y Sur; en ellas, por ejemplo, el acceso de mujeres a Procampo/Producción para el Bienestar apenas alcanza el 19.9% y 14.8%, respectivamente, lo cual evidencia que persiste la masculinización del apoyo agrícola. Otros programas muestran una fuerte variabilidad regional; por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una alta participación femenina en la región Norte (52.5%), pero es mucho menor en las regiones Centro Norte y Sur (25.3% y 25.8%, respectivamente), lo cual sugiere que hay disparidades territoriales en la incorporación laboral de mujeres jóvenes. Por otro lado, los apoyos dirigidos a mujeres, como el Seguro de Vida para Jefas de Familia o el Apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras, no superan en promedio el 40% de cobertura y muestran una caída o un estancamiento en algunas regiones. Los datos revelan que si bien hubo avances parciales, la participación de las mujeres jefas de hogar en programas sociales sigue siendo desigual y las estrategias de focalización no han logrado superar las barreras estructurales de las regiones ni los sesgos de género que condicionan su acceso efectivo al bienestar.

La evolución de Prospera a Beca para el Bienestar de las Familias de Educación Básica refleja un cambio institucional que no ha resuelto por completo las desigualdades regionales ni las de género en la distribución de apoyos a hogares con jefatura femenina. En 2018, el 29.9% de los beneficiarios de Prospera eran hogares encabezados por mujeres, con una distribución relativamente homogénea entre regiones (alrededor del 30%); esto indicaba una presencia relevante, pero aún limitada, de este tipo de hogares en uno de los programas sociales más importantes del país. En 2022, con el nuevo esquema de becas, la proporción nacional de hogares con jefatura femenina beneficiados disminuyó a 26.1%, lo que evidencia un retroceso en términos de equidad de género. Esta disminución es más marcada en la región Sur, donde la participación femenina cayó a sólo 24.7%, lo cual podría indicar una menor prioridad para los hogares encabezados por mujeres en contextos de alta pobreza o un rediseño institucional que redujo los mecanismos de corresponsabilidad antes vinculados a la salud y alimentación. La transición de Prospera a un enfoque más centrado en becas educativas al parecer diluyó la perspectiva integral del bienestar familiar y afectó de forma diferenciada a las mujeres, especialmente en regiones con mayores carencias estructurales. Esta transformación, lejos de representar una mejora sustancial en la focalización en jefas de hogar, puede haber contribuido a su exclusión relativa en los nuevos esquemas de protección social.

Análisis regional: brechas territoriales persistentes

Con el fin de evaluar el impacto de los programas sociales sobre la pobreza moderada en hogares con jefatura femenina, el Cuadro 7 muestra los niveles de incidencia en los años 2018 y 2022 bajo tres escenarios: sin beneficios gubernamentales, con beneficios observados (escenario real) y un escenario de simulación con monto máximo para el programa Prospera, en el cual el apoyo se entrega por hogar, y en este caso la simulación es por beca educativa que se otorgaría por cada hijo escolarizado; la beca tiene un monto de sólo 840 pesos mensuales.

La simulación del programa Beca para el Bienestar Prospera revela profundas desigualdades regionales en la capacidad de los programas sociales para reducir la pobreza moderada entre hogares con jefatura femenina. Aunque a nivel nacional la pobreza disminuyó en 16% con la intervención gubernamental en un escenario sin apoyos, y hasta un 22.9% en un escenario de mayor cobertura (monto máximo por hijo), los beneficios no se distribuyen de manera equitativa. La región Norte del país muestra la mayor reducción en pobreza con apoyos reales (-31%) y en el escenario simulado (-38.3%), lo que refleja una mayor eficacia del programa en contextos donde las condiciones de acceso y escolarización pueden ser más favorables. En contraste, la región Centro muestra una disminución de apenas el 6% con beneficios reales y de sólo el 12.8% en el escenario simulado, lo que sugiere un efecto redistributivo limitado, posiblemente vinculado a la estructura del programa (apoyos por familia y no por hijo) o la heterogeneidad sociodemográfica de los hogares. La región Sur, aunque continúa siendo la que tiene mayor incidencia de pobreza (43.6% con apoyos), experimentaría una reducción considerable si se otorgaran apoyos por hijo (41%), lo que confirma el carácter regresivo de la focalización actual. Estos resultados evidencian que un rediseño más equitativo del programa, que considere el tamaño del hogar y el número de menores en educación básica, podría cerrar brechas significativas en el combate a la pobreza femenina y regional.

El Cuadro 8 presenta la incidencia de pobreza extrema en hogares con jefatura femenina bajo tres escenarios de política social: sin apoyos gubernamentales, con beneficios observados (2022) y en un escenario de simulación en el que se otorgan becas por cada hijo escolarizado (monto máximo).

El análisis de microsimulación sobre pobreza extrema en hogares con jefatura femenina también evidencia las persistentes y marcadas desigualdades regionales de México. A nivel nacional, la pobreza extrema se redujo en 16.5% si se compara el escenario sin apoyos gubernamentales con el contexto real de 2022; sin embargo, al simular un esquema de beca otorgada por cada hijo escolarizado la pobreza extrema se reduciría en 40.3%, lo que demuestra el alto potencial redistributivo de un rediseño más equitativo del programa. Las regiones Sur y Norte concentrarían los mayores efectos de esta intervención: en la Sur, la pobreza extrema caería de 17.9% a 9.9%, es decir, tendría una reducción de más del 41%, mientras que en la Norte se reduciría de 4.8% a 2.3%, lo que representaría una disminución cercana al 49%. Esto indica que, aunque la región Sur mantiene los niveles más altos de pobreza extrema, es también aquella donde los programas sociales tendrían mayor impacto si se ajustaran los criterios de asignación. En contraste, la región Centro muestra una disminución marginal en pobreza extrema con los beneficios actuales (-0.8%) y una reducción proyectada del 35.5% en el escenario simulado, lo que refuerza la idea de que la eficacia del programa varía sustancialmente según la región. Estos resultados subrayan la necesidad de adaptar las transferencias monetarias a las realidades demográficas de los hogares y las condiciones estructurales regionales, priorizando esquemas que reconozcan el número de dependientes en cada familia para un mayor efecto antipobreza.

Impacto en la inseguridad alimentaria

Los cambios en los ingresos de los hogares con jefatura femenina también se reflejan en su situación alimentaria. Entre 2018 y 2022 se observó una ligera mejoría en los indicadores de seguridad alimentaria, aunque ésta no fue igual en todas las regiones.

El Cuadro 9 muestra la evolución del grado de inseguridad alimentaria en los hogares con jefatura femenina a nivel nacional entre 2018 y 2022, con base en la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA), que utiliza el CONEVAL. Los datos revelan una mejora generalizada en el acceso a la alimentación en este grupo de población: la proporción de hogares con seguridad alimentaria se incrementó del 60.2% al 66.9%, mientras que los niveles de inseguridad alimentaria severa disminuyeron del 9.89% al 7.03%. También se registraron reducciones en las categorías de inseguridad moderada y leve. Estos resultados sugieren un impacto positivo de los programas sociales -particularmente de aquellos que incluyen transferencias monetarias regulares- en el consumo alimentario de las mujeres jefas de hogar y sus familias. Sin embargo, el hecho de que uno de cada tres hogares aún enfrente alguna forma de inseguridad alimentaria refleja que la mejora no ha sido estructural ni suficiente, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad económica y de cuidados no remunerados.

Con el fin de analizar el impacto de los programas sociales sobre la seguridad alimentaria en hogares encabezados por mujeres, el Cuadro 10 muestra la evolución regional del grado de inseguridad alimentaria en ellos entre 2018 y 2022. A nivel nacional, se observa un avance significativo: la proporción de hogares con seguridad alimentaria aumentó del 49.8% al 64.8%, mientras que la inseguridad alimentaria severa se redujo del 12.3% al 6.8%. Las regiones Norte y Centro Norte reportan los más altos niveles de mejora, con más del 70% y el 68% de los hogares en seguridad alimentaria, respectivamente, en 2022. En contraste, la región Sur, aunque mejora, pues pasa del 39% al 54.5%, sigue mostrando los niveles más altos de inseguridad en sus distintas formas. Estos resultados reflejan una mejora relativa atribuible a los apoyos sociales, aunque también confirman que las brechas territoriales persisten y la seguridad alimentaria sigue siendo un desafío crítico para los hogares con jefatura femenina, especialmente en zonas históricamente rezagadas.

Cuando se consideran únicamente los hogares con beneficios gubernamentales, la mejora en los indicadores de pobreza alimentaria es aún más significativa, con una reducción nacional del 16%. No obstante, los resultados de la microsimulación muestran que incluso si todos los hogares recibieran el monto máximo posible de los apoyos la pobreza alimentaria persistiría en cerca del 29.2% de los hogares con jefatura femenina a nivel nacional, lo que evidencia las limitaciones del enfoque asistencial para erradicar la inseguridad alimentaria estructural.

En términos regionales, la simulación muestra que el mayor impacto potencial de los apoyos se daría en la región Norte, donde la pobreza alimentaria podría disminuir hasta en 38.3%. En cambio, en el Centro del país los efectos serían más modestos (-12.8%), lo que puede estar vinculado a una menor cobertura o intensidad de los programas sociales.

En conjunto, los resultados obtenidos revelan un patrón claro de desigualdad persistente en la cobertura y el impacto de los programas sociales dirigidos a hogares con jefatura femenina. Si bien la proporción de beneficiarias ha aumentado en ciertos programas -especialmente en los destinados a adultos mayores y becas educativas-, persiste una distribución desigual tanto por tipo de programa como por región. Las mujeres jefas de hogar acceden con mayor frecuencia a programas de protección social pasiva, mientras que su participación en programas productivos, laborales o de cuidado infantil sigue siendo marginal. Esta situación limita su potencial autonomía económica y reproduce un modelo asistencial centrado en la vejez. En el aspecto territorial, el análisis confirma una mayor cobertura en el Sur del país, consistente con su elevada incidencia de pobreza, pero también con una dependencia más pronunciada del ingreso público. Por otra parte, los ejercicios de microsimulación evidencian que las transferencias actuales logran mitigar parcialmente la pobreza, pero no alcanzan niveles óptimos de reducción, particularmente cuando no consideran el número de personas dependientes en los hogares. Finalmente, los datos sobre inseguridad alimentaria muestran una mejora en el acceso a la alimentación en los hogares con jefatura femenina, en términos tanto agregados como regionales, aunque las condiciones siguen siendo más críticas en la región Sur. Estos hallazgos subrayan la necesidad de avanzar hacia un diseño de política social más equitativo, con enfoque de género y sensibilidad territorial, que permita superar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres jefas de hogar.