1. Introducción
Actualmente, en el mundo existe una percepción de que la violencia se extiende de manera generalizada y homogénea en territorio del centro y sur de América. De forma monográfica, Cano & Rojido (2017) han expuesto que en dicha región la singularidad de la violencia letal es múltiple y diversa si se observan los diferentes móviles y medios, así como el perfil de las víctimas. Lo anterior se puede observar en la diversificación de delitos como el secuestro, la extorsión, el incremento de los feminicidios y el robo de hidrocarburos, (Solís & Morriconi, 2018, p. 195). Según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe, entre 2015 y 2020, México se ubicó como el segundo país con mayor cantidad de feminicidios (4,543) en la región, solo por debajo de Brasil (8,897) y seguido de Honduras (1,551), Argentina (1,499), El Salvador (1,219), Colombia (901) y Perú (759). Para el caso de las tasas por 100 mil mujeres el ranking es el siguiente: Honduras (4.7), Trinidad y Tobago (3.1), República Dominicana (2.4), El Salvador (2.1), Bolivia (2.0), Brasil (1.6), México (1.4) y Panamá (1.4).
En 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desagregó las tasas de homicidios intencionales por cada 100 mil mujeres y por cada 100 mil hombres, encontrando los siguientes países con la mayor tasa de mujeres víctimas de la región: Venezuela (10.7), Sudáfrica (9.5), Honduras (7.8), Guyana (5.9), México (5.8), Santa Lucia (4.3), Brasil (4.3) y Colombia (4.2). En el caso de las tasas de hombres, el mismo año se clasificaron los siguientes países Honduras (70.1), Sudáfrica (64.1), Venezuela (61.9), México (53.3), Brasil (51.2), Colombia (47.3), Puerto Rico (40.8) y Santa Lucía (39.1), (Oficina Nacional Contra la Droga y el Delito., s.f.).
En Siria se tiene registro de (82,000) desapariciones desde 2011, de las cuales gran parte han sido víctimas de grupos armados de oposición y la organización autodenominada Estado Islámico (Amnistía Internacional, s.f.). Actualmente, la guerra entre Israel y Palestina ha dejado más de (20,000) infantes desaparecidos y más de (40,000) palestinos muertos (ONU, 2024).
En el caso de México, durante los últimos años los modelos de seguridad han sido increpados por largos episodios de terror y violencia. En materia de violencia contra las mujeres en 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró, históricamente, la primera sentencia por feminicidio tras el caso González y otras, “campo algodonero”, contra México desde 2001. En 2010 se reformó el Código Penal del Estado de México para incorporar el feminicidio como un delito de tipo penal, posteriormente, en 2012 se tipificó el mismo delito, pero en el Código Penal Federal (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2018, p. 16). Tiempo después, tras años de presión por parte de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, colectivos de familiares de víctimas, activistas, entre otros, en 2015 se publicó la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio en 11 municipios del Estado de México.
1.1 Contexto de la literatura en México
Gran parte de la literatura mexicana busca explicar en términos genéricos la violencia, por lo cual es difícil elaborar una lista de investigaciones que abarquen totalmente la criminalidad en México, mucho menos durante largos periodos de tiempo. Uno de los primeros estudios en esta línea de investigación es La geografía del miedo en la Ciudad de México (Cisneros, 2008). Sin embargo, durante las últimas dos décadas ha sido Carlos Vilalta el que ha desarrollado ampliamente análisis espacial sobre el crimen (2009a; 2009b; 2010a; 2010b; 2011; 2012; 2013; 2014; Vilalta & Muggah, 2014; 2015; Gaines, et al., 2017; Arredondo. et al., 2018; Vilalta & Fondevila, 2022). En su mayoría los estudios de Vilalta están situados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, abordando desde la geografía temas como el narcomenudeo, robos de vehículos, arrestos por drogas, muertes por ejecución, enfrentamientos, armados, agresiones contra el gobierno, escenas del crimen, sistema penitenciario, desorden violento, datos judiciales, instituciones públicas de justicia, actuación policial, delincuencia urbana, política de drogas y seguridad urbana-ciudadana, entre otros. Otros autores como Ernesto Cervera y Julia Monárrez (2013), presentaron la Geografía de la Violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la cual implementaron técnicas de análisis espacial y georreferenciación para estudiar el feminicidio, el homicidio masculino, la delincuencia juvenil y el maltrato a los menores. El trabajo de Cadena & Garrocho (2020) sobre la geografía del terror, homicidios y desapariciones forzadas en los municipios de México 2006-2017, es uno de los pocos análisis nacionales que abarcan largos periodos desagregados a nivel municipal.
1.2 Violencia letal y feminicida
En la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Persona dicho delito se juzga como el acto que prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima, el cual se castiga con una pena de 25 a 50 años de prisión y una multa de cuatro mil a ocho mil días de salario mínimo (2017, tit. II, cap. III, art. 34). En algunos casos, las desapariciones de mujeres siguen patrones previos de violencia feminicida y otros tipos de violencia de género como la violencia familiar y la violencia sexual. Este delito tiene el infortunio de no prescribir como acción penal ante las leyes judiciales, es decir, la carpeta de investigación carece de evidencia para dictar una sentencia debido a la ausencia de la víctima.
Por su parte, el homicidio doloso o intencional está definido como “el acto de privar de la vida a otra persona”, el cual tiene una pena de 12 a 24 años de prisión (Código Penal Federal, 1931, tit. XIX, cap. II, art. 302). Algunos autores han investigado las proporciones epidémicas de la violencia homicida en países latinoamericanos (Rodríguez, 2005; Sánchez et al., 2005; Rodríguez, 2008). Este tipo de violencia ya era un grave problema mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud reconociera esta situación como un tema de salud de púbica en 1996. Al respecto Julia Monárrez (2010, pp. 361-389) propone el término asesinato como una palabra neutra, puesto que el concepto de homicidio, jurídicamente, es un crimen contra los hombres. La asimetría de género representa un factor para explicar la violencia feminicida en su modalidad de feminicidio en contra de las mujeres (Monárrez, 2002; Monárrez, 2019, pp. 88-92). Lo anterior no implica necesariamente utilizar el término “masculinicidio” como una modalidad de violencia letal contra los hombres (Cruz, 2011, p. 240).
Los principales antecedentes teóricos de la violencia contras las mujeres por cuestiones de género aparecen en la segunda mitad del siglo XX (Russell & Van de Ven, 1976; Radford & Rusell, 1992). Diana Rusell (2001, p. 25) es quien rastrea el uso del término feminicide desde 1801 por el topógrafo e historiador irlandés John Corry, refiriendo el asesinato de una mujer en la obra A Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century. Después de este momento comienzan a surgir las primeras tipologías de feminicidio fundamentadas en evidencia contra asesinos feminicidas y asesinos no feminicidas (Russel, 200, pp. 87-89; Carcedo & Sagot, 2000, p. 11; Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual junto a la Corporación La Morada, 2004, pp. 18-19).
El Gobierno de México publicó hasta 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la que establece lo siguiente:
Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (2007, tit. 2, cap. 5, art. 21).
También hasta la reforma al Código Penal Federal de 2012 se castiga el delito de feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, imponiendo una pena de 40 a 60 años de prisión y una multa de quinientos a mil días de salario mínimo (1931, tit. XIX, cap. V, art. 325).
En México el feminicidio es estudiado como crimen de Estado porque las condiciones históricas han permitido la reproducción de prácticas sociales agresivas y hostiles en contra de las mujeres. Al respecto Marcela Lagarde (2005, p. 155) afirma que durante el acto de violencia feminicida persisten, simultáneamente, abusos, maltratos y daños, los cuales son perpetrados por violadores, violentos y asesinos. Más aún, el vínculo de homicidios y feminicidios con desapariciones es una realidad que ya ha sido documentada por Carrión (2018) en la fosa de agua en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Las percepciones, ideas, esquemas mentales y representaciones territoriales de las mujeres han estructurado la espacialidad del miedo, es decir, un recuerdo doloroso vinculado a un lugar determinado se relaciona con el carácter simbólico del miedo (Soto, 2011, pp. 23-24). Otras autoras (Dammert, 2007; Reguillo, 2000) consideran que el temor de las mujeres y los hombres son totalmente diferenciados, por ejemplo, la vulnerabilidad de las mujeres es mayor frente a las agresiones sexuales y familiares en comparación con las experiencias de los hombres.
1.3 Focalización de políticas públicas
Desde la crisis económica de los ochenta, las recomendaciones de los organismos internacionales estuvieron orientadas a focalizar el gasto social en la población pobre, descentralizar la toma de decisiones, aumentar la participación del sector empresarial en la prestación de servicios y aprovechar el capital social mediante la participación ciudadana. En ese contexto algunos autores han caracterizado la focalización de la gestión gubernamental a partir del desempeño económico y la política social en América Latina (Sojo & Andras, 2006). También se han estudiado las formas en que se produce el bienestar social a partir de la redistribución de funciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, (Barba, 2004; De la Rosa, 2010). En la década de los noventa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) definió este proceso de la siguiente manera:
Focalizar consiste en concentrar los recursos disponibles en una población de beneficiarios potenciales, claramente identificada y luego diseñar el programa o proyecto con que se pretende atender un determinado problema o necesidad insatisfecha, teniendo en cuenta las características de esa población, a fin de elevar el impacto o beneficio potencial per cápita (Godínez et al., 1995, pp. 13-14).
De esta manera, la focalización comprende un instrumento de compensación para aquellas personas que no han podido acceder a mecanismos, por ejemplo, de seguridad social o educación, trabajo o por asuntos legales y administrativos. Para Filgueira (2014, p. 15) este proceso tiene como objetivo cubrir a dichas personas que por alguna circunstancia se quedaron fuera de algún padrón de beneficiarios, que se encuentren por debajo de la línea de bienestar según nivel de ingreso y por tal razón, no tiene la capacidad adquisitiva en el mercado para obtener algún bien o servicio básico. En términos de política pública, Javier De la Rosa (2010, p. 16) ha definido la focalización como aquella acción que busca dotar de recursos directamente a un grupo específico de la sociedad, ya sea de forma individual o dirigida a comunidades (Cadena & De la Rosa, 2020, p. 175), lo cual tiene como objetivo resolver la ineficiencia de las políticas universales del Estado de Bienestar. En este proceso se busca hacer eficiente el uso del gasto social mediante la prestación focalizada de servicios y transferencias sociales por parte del Estado. Dado que cada problema público es único en el ciclo de política pública, es indispensable planificar cursos de acción específicos que utilicen de manera eficiente los recursos públicos al tomar decisiones mediante mecanismos democráticos fundamentados en la participación de la sociedad (Canto, 2002, p. 20; Aguilar & Lima, 2009, p. 6).
2. Métodos y materiales
La metodología propuesta en esta investigación analiza la violencia en México durante las últimas tres décadas, desde la limitada información oficial que ofrecen las instituciones mexicanas. El objetivo es determinar la magnitud, evolución e intensidad de la violencia contra las mujeres a nivel municipal en todo el país. Se establece su forma de distribución del fenómeno de forma aleatoria o por patrones espaciales. Se analiza la asociación de este tipo de violencia con variables de desigualdad social. También se identifican las regiones prioritarias de atención focalizada de la violencia. Finalmente, se elabora un catálogo por estado con los resultados obtenidos.
En esta investigación se utilizan los siguientes programas de cómputo para manejo de información geográfica: QGIS 3.14.16, ESRI ArcMap 10.5 y GeoDa 1.16 para la construcción y gestión de las bases de datos se usan los siguientes programas informáticos: IBM SPSS 24 y Excel. Los insumos cartográficos para el análisis espacial provienen del Marco Geoestadístico Nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI, 2020). La información para cuantificar la densidad población anual se obtiene de la serie histórica censal e intercensal 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2020a). Las bases de datos sobre mujeres y hombres víctimas de desaparición provienen del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desparecidas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018). La información acerca de los feminicidios se filtra de las bases de datos sobre delitos del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019). Las defunciones por homicidio para el periodo 1990-2018 se descargan del INEGI (2020b). Los datos de adversidad social en México provienen de los índices oficiales sobre marginación social (Consejo Nacional de Población -CONAPO, 2016a), coeficiente de Gini (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -CONEVAL, 2016a) y rezago social y pobreza (CONEVAL, 2016b).
2.1 Cálculos y aplicaciones
Para el cálculo de las tasas de víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil habitantes hombres y mujeres a nivel municipal, se divide la frecuencia absoluta anual de carpetas de investigación entre el tamaño de la población y se multiplica el resultado por (100,000). Para cuantificar la densidad población anual, primero es necesario obtener la Tasa de Incremento Porcentual Anual (TIPA) para cada subperiodo de la siguiente manera: TIPA subperiodo = ((población último año / población primero año) * (1/5) -1) * 100. Después, para estimar la densidad población anual entre cada subperiodo se aplica la siguiente fórmula: Población anual = población año anterior * (1 + (TIPA subperiodo / 100)). El cálculo de las tasas de mujeres víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil mujeres se utiliza para construir el mosaico estatal compuesto de 32 interpolados correspondientes a los datos de cada entidad federativa. El mosaico contiene 32 teselas calculadas individualmente para eliminar la distorsión geoestadística que ocasionan los valores mínimos y máximos del universo de estudio nacional al aplicar el método de interpolación.
Por último, el cálculo del Índice de Autocorrelación Espacial Bivariante revela la ubicación de clústeres en el territorio a partir de los siguientes rangos: Alto-Alto, Bajo-Alto, Alto-Bajo y Bajo-Bajo. Dicho índice se calcula de la siguiente forma (Ecuación 1):
Donde:
xi = Variable No.1.
Yi = variable #2.
x = Intensidad de la media para las observaciones de la variable #1.
ӯ = intensidad de la media para las observaciones de la variable #2.
wi j = peso en función de la distancia para las interacciones entre las observaciones i y j.
Los componentes wi j definen la relación de los valores centrales de la variable #1 con los vecinos de la variable #2. Para este cálculo se consideran los atributos de la variable #1 en el sitio i respecto a los valores que asume la variable #2 en los vecinos que se localizan en el sitio j. Para la modelación de las tasas de víctimas de violencia letal y feminicida se utiliza el método de interpolación Kriging para generar una superficie de predicción bajo el supuesto en que la distancia o la dirección de los centroides municipales reflejan una correlación espacial que puede utilizarse para explicar la variación en la superficie. Para ello, es necesario realizar un análisis estadístico exploratorio de los datos y configurar los variogramas para construir la superficie predicha. En este proceso se ponderan los valores medidos circundantes para calcular una predicción de una ubicación sin mediciones. Para el cálculo de dichos valores, se construye una suma ponderada de los datos de la siguiente manera: (Ecuación 2)
Donde:
Z (sj ) = valor medido en la ubicación .
λi = ponderación desconocida para el valor medido en la ubicación .
S0 = ubicación de la predicción.
N = cantidad de valores medidos.
3. Resultados
No existe forma de evadir la cifra negra en el análisis geoestadístico de la violencia y el crimen, es una externalidad compleja de medir con precisión que dificulta la investigación, existe un gran número de delitos que no han sido descubiertos y/o condenados. Aunque no existe registro oficial de muchos delitos, no implica que éstos no sucedan.
3.1 Desapariciones
El conteo final arroga 34,455 víctimas de desaparición entre 1990 y 2018, de las cuales 8, 231 son mujeres y 26, 224 son hombres. En la Figura 1 apenas es notable el aumento de desapariciones de mujeres entre 2006, 2007 y 2008, pero hasta el 2009 las tasas se disparan abruptamente, llegando a incrementar más del 1000% respecto a los tres años anteriores.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018).
Figura 1 Gráfica de mujeres y hombres víctimas de desaparición por cada 100 mil habitantes en México 1990-2018.
En el caso de las desapariciones de hombres el repunte drástico comienza desde 2006 y no baja hasta el 2012 con la transición de administración federal. El año 2011 corresponde al segundo año con más desapariciones de hombres en el periodo, tan solo unos puntos por debajo del año 2017.
En este periodo se han observado distintos picos de violencia por desaparición que repuntan al alza y al año siguiente bajan drásticamente, sin embargo, este patrón no se repite de la misma manera entre mujeres y hombres. Los picos de violencia por desaparición de mujeres suceden entre 2011-2012 y 2016-2017, mientras que los picos de violencia por desaparición de hombres suceden entre 2011-2012 y 2017-2018.
Aunque el primer pico de violencia coincide con el cambio de administración federal del 2012, tanto para mujeres como hombres, el segundo pico de violencia difiere para las mujeres sucediendo dos años antes del cambio de gobierno en 2018. En la Figura 2 se identifica una alta concentración desapariciones de mujeres en la denominada “Frontera chica”, entre los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. En la Figura 3 se pueden observar tres concentraciones de desapariciones de hombres a lo largo de la frontera norte de México, la primera entre Tamaulipas y Nuevo León, la segunda en Chihuahua y la tercera en Sonora.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018).
Figura 2 Mapa de mujeres víctimas de desaparición por cada 100 mil mujeres en México 1990-2018.
3.2 Homicidios
Durante el periodo 1990-2018 se contabilizan 491,519 carpetas de investigación por el delito de homicidio intencional, de las cuales 53,217 fueron contra mujeres y 438,302 contra hombres. De esta manera, se estima una proporción 1/10, es decir, de cada 10 víctimas de homicidio intencional nueve eran hombres y una mujer.
En la Figura 4 se observa que el sexenio 2012-2018 concentra el mayor número de mujeres (17,120) y hombres (137,096) víctimas de homicidio intencional, en comparación con el sexenio 2000-2006 que registró (7,611) mujeres víctimas y (52,028) hombres víctimas de homicidio doloso. La misma tendencia de las elecciones en 2006 y 2012, un año violento seguido de un año a la baja, todo ello mientras transita la nueva administración federal en cada sexenio. En la Figura 5 se muestra que las tasas de homicidios intencionales por cada 100 mil mujeres se encuentran ampliamente distribuidas en todo el territorio mexicano. Apenas es posible observar municipios sin carpetas de investigación por el delito de homicidio intencional contra mujeres, en el caso de los hombres la cantidad es mucho menor. Respecto a las tasas más altas de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil hombres, en la Figura 6 se observa que este delito está espacialmente más concentrado respecto a las tasas de mujeres. Esto quiere decir que, las tasas altas se ubican cerca de otras tasas altas. Por ejemplo, en la zona de la “Frontera Chica” se puede ver que el estado de Tamaulipas concentra la violencia homicida en un menor grupo de municipios. Lo mismo sucede en la zonza centro, el Estado de México concentra altas tasas en la región sur de la entidad federativa, también en el estado de Oaxaca donde las tasas más altas están concentradas espacialmente sobre la región costera.

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (2020c).
Figura 4 Gráfica de mujeres y hombres víctimas de homicidio doloso en México, 1990-2018.

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (2020c).
Figura 5 Mapa de mujeres víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil mujeres en México, 1990-2018.
3.3 Feminicidios
El conteo final acumula (2,828) mujeres víctimas de feminicidio entre 2015 y 2018, el 2017 es el año con más casos de feminicidio registrando el 35% del total, con una tasa de (13.17) feminicidios por cada 100 mil mujeres, triplicando la tasa de homicidios dolosos contra mujeres. Figura 7 Las tres entidades federativas con más de cien feminicidios son Veracruz (385), Estado de México (323) y Ciudad de México (204). Las tres entidades federativas con mayor tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres son Nuevo León (13.82), Sinaloa (12.21) y Colima (11.49). En la Figura 8 se puede ver que los feminicidios y los homicidios intencionales contra mujeres se concentran espacialmente en regiones cercanas geográficamente. Las cinco tasas con mayor incidencia de violencia feminicida por cada 100 mil mujeres están localizadas en entidades federativas dispersas. Figuras 9, 10, 11 y 12.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2019).
Figura 7 Gráfica de mujeres víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres en 2015-2018.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2019).
Figura 8 Mapa de mujeres víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres en México, 2015-2018.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018, 2019) y el INEGI (2020c).
Figura 9 Gráfica de mujeres víctimas de violencia letal y feminicida y hombres víctimas de violencia letal por cada 100 mil habitantes en México 1990-2018.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018, 2019) y el INEGI (2020c).
Figura 10 Mapa de mujeres víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil mujeres en México 1990-2018.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018, 2019) y el INEGI (2020c).
Figura 11 Mapa de hombres víctimas de violencia letal por cada 100 mil hombres en México 1990-2018.
3.4 Violencia letal y feminicida
A partir del sexenio 2006-2012 la tendencia cambia radicalmente, ocasionando la peor crisis de violencia social y crimen de la historia mexicana, más del 97% de los casos están concentrados entre 2006 y 2018. Entre 2014 y 2017 hay una temporada de violencia feminicida contra las mujeres que es más intensa que la violencia letal contra los hombres. Esto quiere decir que en periodos de tiempo cortos hay mayor número de víctimas mujeres, a diferencia de las víctimas hombres que tienden a aumentar en lapsos más largos. Conforme a los datos oficiales recopilados estadísticamente, casi la mitad de los municipios de México han registrado al menos un caso de violencia letal y/o feminicida en los últimos treinta años.
3.5 Nivel estatal
El Estado de Chihuahua concentra la mayor tasa de víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil habitantes mujeres (21.93), con un total de (4,147) mujeres víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil mujeres. La región de la frontera con Estado Unidos de América concentra municipios urbanos con altas tasas de desaparición, feminicidio y homicidio doloso por cada 100 mil mujeres, a la par de la región fronteriza con el Estado de Sinaloa y el Estado de Sonora, que presenta el mismo patrón, pero en municipios rurales (Figura 13)
El Estado de México registra el mayor número de mujeres víctimas de violencia letal y feminicida durante el periodo 1990-2018 con un total de (13, 261), con una tasa de (13.39) víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil habitantes mujeres. Entre 2015 y 2018 contabiliza (323) feminicidios solo por debajo de Veracruz que registra (385). La distribución espacial de la violencia letal y feminicida se extiende en la mayor parte de la entidad, pero los totales y las tasas más altas se ubican en la capital del estado, la frontera que colinda con el norte la Ciudad de México y la región fronteriza del Estado de Michoacán. Tan solo después del municipio de Juárez en Chihuahua con (1,988) mujeres víctimas de violencia letal y feminicida, los municipios de Toluca (1,687) y Ecatepec de Morelos (1,483) clasifican en segundo y tercer lugar a nivel nacional, respectivamente. Figuras 14, 15, 16. Tabla 1

Fuente: elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del SESNSP (2018; 2019) y el INEGI (2020a).
Figura 13 Mapa de mujeres víctimas de violencia letal y feminicida en Chihuahua 1990-2018.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del SESNSP (2018, 2019) y el INEGI (2020a).
Figura 14 Mapa de mujeres víctimas de violencia letal y feminicida en el Estado de México 1990-2018.
Tabla 1 Mujeres víctimas de violencia letal y feminicida por entidad federativa
| Estados de México | Ranking | Población | Feminicidio | Desaparición | Homicidio doloso | Violencia letal y feminicida | ||||
| 2018 | 2018 | 2015-2018 | 1990-2018 | 1990-2018 | 1990-2018 | |||||
| Lugar | Total | Total | Tasa | Total | Tasa | Total | Tasa | Total | Tasa | |
| Aguas calientes | 31 | 714,735 | 4 | 0.85 | 114 | 1.47 | 182 | 1.70 | 300 | 3.26 |
| Baja California | 6 | 1,729,822 | 57 | 5.39 | 244 | 1.67 | 2,017 | 11.94 | 2,318 | 14.16 |
| Baja California Sur | 21 | 380,894 | 0 | 0.00 | 4 | 0.09 | 267 | 5.59 | 271 | 5.68 |
| Campeche | 29 | 487,338 | 13 | 1.68 | 19 | 0.52 | 230 | 3.53 | 262 | 4.22 |
| Chiapas | 23 | 2,836,806 | 128 | 3.87 | 28 | 0.10 | 1635 | 4.95 | 1791 | 5.43 |
| Chihuahua | 1 | 1,830,822 | 67 | 2.30 | 216 | 0.42 | 3,864 | 21.26 | 4,147 | 21.93 |
| Ciudad de México | 14 | 4,730,761 | 204 | 4.28 | 255 | 0.50 | 3,670 | 7.73 | 4,129 | 8.72 |
| Coahuila de Zaragoza | 15 | 1,562,262 | 57 | 3.36 | 293 | 1.37 | 967 | 6.99 | 1,317 | 8.70 |
| Colima | 5 | 381,958 | 46 | 11.49 | 130 | 3.10 | 475 | 9.92 | 651 | 14.17 |
| Durango | 16 | 937,059 | 24 | 1.79 | 47 | 0.13 | 749 | 8.29 | 820 | 8.60 |
| Guanajuato | 20 | 3,142,376 | 71 | 2.18 | 130 | 0.43 | 1,785 | 5.15 | 1,986 | 5.79 |
| Guerrero | 3 | 1,892,986 | 81 | 2.44 | 293 | 0.67 | 3,499 | 15.80 | 3,873 | 16.71 |
| Hidalgo | 28 | 1,561,634 | 75 | 4.16 | 60 | 0.22 | 666 | 3.94 | 801 | 4.58 |
| Jalisco | 18 | 4,189,981 | 174 | 5.84 | 293 | 0.69 | 2,498 | 6.63 | 2,965 | 7.92 |
| México | 7 | 8,741,737 | 323 | 4.16 | 1935 | 1.80 | 11,003 | 11.18 | 13,261 | 13.39 |
| Michoacán de Ocampo | 12 | 2,456,864 | 79 | 2.83 | 205 | 0.55 | 2,348 | 8.97 | 2,632 | 9.80 |
| Morelos | 10 | 1,034,379 | 117 | 11.47 | 95 | 0.48 | 1,055 | 9.22 | 1,267 | 10.84 |
| Nayarit | 13 | 629,004 | 11 | 0.83 | 1 | 0.01 | 580 | 9.21 | 592 | 9.30 |
| Nuevo León | 4 | 2,808,121 | 139 | 13.82 | 648 | 3.49 | 1,360 | 10.10 | 2,147 | 14.97 |
| Oaxaca | 9 | 2,109,063 | 111 | 1.93 | 57 | 0.08 | 2,524 | 11.89 | 2,692 | 12.17 |
| Puebla | 19 | 3,363,224 | 88 | 2.02 | 892 | 0.68 | 1,962 | 5.34 | 2,942 | 6.22 |
| Querétaro | 27 | 1,115,945 | 13 | 0.38 | 141 | 0.82 | 406 | 3.71 | 560 | 4.61 |
| Quintana Roo | 22 | 785,046 | 13 | 0.78 | 12 | 0.04 | 567 | 5.34 | 592 | 5.49 |
| San Luis Potosí | 26 | 1,449,023 | 64 | 3.42 | 12 | 0.05 | 791 | 4.77 | 867 | 5.17 |
| Sinaloa | 8 | 1,574,247 | 198 | 12.21 | 415 | 1.84 | 1,328 | 9.89 | 1,941 | 12.96 |
| Sonora | 11 | 1,507,498 | 128 | 8.64 | 328 | 0.79 | 993 | 8.44 | 1,449 | 10.14 |
| Tabasco | 25 | 1,278,937 | 66 | 4.30 | 34 | 0.20 | 623 | 4.57 | 723 | 5.20 |
| Tamaulipas | 2 | 1,811,366 | 18 | 0.93 | 1,100 | 6.17 | 1,759 | 12.35 | 2,877 | 18.62 |
| Tlaxcala | 30 | 693,358 | 6 | 0.87 | 11 | 0.06 | 313 | 3.69 | 330 | 3.83 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | 4,369,136 | 385 | 6.76 | 117 | 0.11 | 2229 | 4.46 | 2731 | 5.25 |
| Yucatán | 32 | 1,119,684 | 20 | 0.78 | 28 | 0.15 | 211 | 1.73 | 259 | 1.96 |
| Zacatecas | 17 | 838,435 | 48 | 8.12 | 74 | 0.97 | 661 | 6.56 | 783 | 8.34 |
Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018, 2019) y el INEGI (2020a, 2020b y 2020c).
3.6 Correlaciones espaciales
Los valores obtenidos para r^2 mediante el modelo de regresión lineal-espacial, muestran el nivel de asociación espacial entre los índices oficiales de desigualdad social y los índices espaciales del caso de las mujeres víctimas de violencia letal y feminicida. La escala del índice comienza en 0 donde representa una nula asociación, proporcionalmente no es directa ni inversa, hasta que el valor se aproxima a 1 corresponde a una mayor correlación espacial. (Tabla 2) En el caso de los feminicidios existe una baja asociación espacial positiva con los índices oficiales, es decir, los feminicidios por cada 100 mil mujeres no están asociados a municipios con mayores índices de desigualdad social. Por el contrario, existe una alta correlación espacial con las zonas que tienen mayor índice de desarrollo humano. Lo anterior rechaza la hipótesis de que los municipios localizados en zonas de alta desigualdad social concentran las tasas más altas de feminicidio, desaparición y homicidio doloso por cada 100 mil mujeres y hombres respectivamente.
Tabla 2 Correlaciones espaciales
| Índice espacial | Índices oficiales | r^2 |
| Tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil habitantes mujeres | Marginación social 2015 | 0.003058 |
| Rezago social y pobreza 2015 | 0.004351 | |
| Gini municipal 2010 | 0.000843 | |
| Desarrollo Humano 2010 | 0.008560 | |
| Tasa de víctimas de desaparición forzada por cada 100 mil habitantes mujeres | Marginación social 2015 | 0.147741 |
| Rezago social y pobreza 2015 | 0.053497 | |
| Gini municipal 2010 | 0.080400 | |
| Desarrollo Humano 2010 | 0.206549 | |
| Tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes mujeres | Marginación social 2015 | 0.053497 |
| Rezago social y pobreza 2015 | 0.055126 | |
| Gini municipal 2010 | 0.011717 | |
| Desarrollo Humano 2010 | 0.138666 | |
| Tasa de víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil habitantes mujeres | Marginación social 2015 | 0.052962 |
| Rezago social y pobreza 2015 | 0.055980 | |
| Gini municipal 2015 | 0.014723 | |
| Desarrollo Humano 2010 | 0.151334 |
Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018, 2019). CONEVAL (2016a, 2016b), CONAPO (2016), INEGI (2020a, 2020b y 2020c) y el PNUD (2014).

Fuente: elaboración propia con base en datos del SESNSP (2018, 2019), INEGI (2020a, 2020b y 2020c) y CONAPO (2016).
Figura 15 Mapa de correlación espacial de la tasa de víctimas de violencia letal y feminicida por cada 100 mil mujeres y el Índice de Marginación Social.
4. Discusión y conclusiones
La geografía del terror en México es un tema de amplia discusión teórica y metodológica para entender y explicar por qué los patrones de violencia son múltiples y variantes. En algunas regiones la violencia letal y feminicida se relaciona con el crimen organizado y en otras se vincula con la cultura machista de la sociedad mexicana. Aún cuando existe relación socioespacial entre los delitos de homicidio intencional y desaparición con el delito de feminicidio, solo una parte de estos delitos en encuentra ligada a zonas con presencia del crimen organizado. Tampoco los valores geoestadísticos son consistentes para asegurar que la violencia letal feminicida está asociadas espacialmente con la marginación, rezago social y pobreza. Durante las últimas dos décadas la violencia letal contra mujeres y hombres se extiende a otras entidades que no habían padecido esta situación tan aguda. La lectura de estos patrones espaciales de la violencia proyecta su crecimiento desde 2020 hacia entidades federativas con bajas tasas de violencia como Chiapas, Querétaro, San Luis, Guanajuato, Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, entre otras que ya registran pocos casos de desapariciones, feminicidios y homicidios.
En México la violencia homicida no es tratada como una epidemia nacional y tampoco es abordada como un verdadero problema de salud pública. Por el contrario, erróneamente, el gobierno lo considera un problema de la sociedad y lo combate con programas de desarrollo social para disminuir la pobreza y la marginación social. Además, el gobierno ejerce violencia institucional, durante el proceso de judicialización de la violencia feminicida, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) incumplió en su obligación de registrar los feminicidios entre 2007 y 2015. Desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia feminicida e implementa le mecanismo de Alerta de Género por Violencia contra las Mujeres (AVGM), pero es hasta 2012 que el Código Penal Federal adiciona el delito de feminicidio en el artículo 325. Oficialmente, la PGJ no contabiliza los feminicidios de 2007 a 2015 según el marco de las normativas mencionadas anteriormente. Aun cuando la AVGM cuenta con bases teóricas y conceptuales básicas de política pública, la metodología carece de herramientas geotecnológicas específicas para colaborar en el ámbito científico de las ciencias sociales espacialmente aplicadas. El tratamiento de los datos por parte de las autoridades responsables de la seguridad e impartición de justicia es nulo o insuficiente. Es necesario institucionalizar el uso de los SIG a nivel municipal y estatal para facilitar la identificación del problema público, el mapeo de los actores involucrados, categorización de población objetivo y elección de alternativa óptima.










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