El pasado 11 de agosto de 2023 tuvo lugar la presentación del libro Políticas públicas verdes: diseño, análisis e implementación. Una obra colectiva coordinada por Rafael Aguilera¹ y Rogelio López² en el marco de colaboración binacional entre el Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Málaga y el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (IIJDAPENL).

Dicha obra debe leerse atendiendo, al menos, a un doble contexto. Por un lado, el meramente académico, y por otro, a los contextos socioambientales y políticos de las instituciones participantes. En esta ocasión nos centramos en el primero de ellos.

Las políticas públicas ambientales, marco dentro del cual debemos incluir el libro que aquí se reseña, tienen ya una larga historia. Encontramos interesantes antecedentes académicos en las décadas de 1970 y 1980;³ sin embargo, es a partir de 2010, cuando empiezan a adquirir mayor presencia en las revistas de investigación de alto impacto -muchas de ellas forman parte del cuartil 1 de la base de datos Scopus- como European Management Journal, Journal of Cleaner Production, Biological Conservation o Geography and Sustainability, entre otras. Clave de ello ha sido la toma de conciencia de la gravedad de lo que está en juego tanto en distintos niveles y órganos relacionados con las ciencias sociales y políticas, como en los diferentes niveles de gobierno y sector público. Esta nueva percepción y sensibilización hacia el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente, sus consecuencias y la pertinencia de tomar acciones desde distintos niveles de gobierno,⁴ es fruto en buena medida de las evidencias dadas desde distintos campos de las ciencias naturales, los esfuerzos llevados a cabo por instituciones intergubernamentales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC),⁵ las ONG, representantes del sector privado, la sociedad civil y la academia. Sin obviar, desafortunadamente, los evidentes impactos que dicho deterioro está teniendo ya en numerosas comunidades humanas.

Todavía encontramos, desde luego, representantes de un negacionismo del deterioro ambiental y sus consecuencias, y mucho más de su origen antropogénico. Este, no obstante, va perdiendo legitimidad a la luz de las consecuencias e impactos de fenómenos como el cambio climático, uno de los siete límites planetarios⁶ superados cuyas repercusiones ya están rebasando las peores previsiones de inicios de este siglo (^{Stockholm Resilience Centre, 2023}; ^{Richardson et al., 2023}).

La gravedad de los efectos e impactos del deterioro medioambiental nos obliga a no confiar en su entera gobernanza a unas pocas manos o un solo sector social, como lo sería el sector público (^{Palmujoki, 2013}). Por el contrario, se precisa de una pluralidad de visiones, de procesos continuos de discusiones y negociaciones que involucren a distintos niveles de gobiernos nacionales e internacionales y al sector privado, ONG y otros actores sociales (^{Sibiya et al., 2022}). Para ello, se deben promover oportunidades y procesos participativos que den lugar a acciones eficientes y eficaces, que tengan en cuenta los derechos de las personas y sean sensibles a las percepciones, los intereses y los derechos de las poblaciones vulnerables (^{San Martín y Wood, 2022}).

Las políticas públicas ambientales constituyen, en ese sentido, un ámbito de extraordinaria importancia. No es el único, como decíamos, pero sí el principal. Y para ello requiere del apoyo y visión que desde otras estancias sociales se le pueda facilitar. Es ahí donde cobra especial importancia la investigación científica y la actividad académica llevada a cabo desde distintas disciplinas y campos.

Tal y como ya han constatado autores como Steve ^{Mentz (2019)} y ^{Peter Sutoris (2022)} a la hora de hablar del Antropoceno, este -y por extensión los fenómenos que dentro del mismo se den- debe verse como algo plural, no como algo que competa exclusivamente a un área o campo de estudio e intervención.

Si bien los países del norte de Europa, como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o Alemania, destacan por sus sólidas políticas ambientales, en términos de investigación lo hacen también países iberoamericanos, como Brasil, Costa Rica o México.⁷ A esto debemos sumar una enorme cantidad de publicaciones que sobre este mismo tema no vienen recogidas en estas bases de datos, pero sí cumplen con su tarea principal: generar conocimiento para una mejor toma de decisiones por parte de las autoridades competentes.

Es ahí donde debemos situar Políticas públicas verdes: diseño, análisis e implementación. Una obra publicada por el Fondo Editorial de Nuevo León que, bajo una visión holística, plural e integral, declara como principal objetivo “contribuir en el análisis de las políticas públicas desde un giro político verde y ambiental” (p. 9).

A lo largo de sus 237 páginas, reunidas en diez capítulos, el lector tiene la oportunidad de conocer, desde distintas perspectivas y aproximaciones, los principales retos y desafíos de los que debe dar cuenta todo esfuerzo de diseño e implementación de políticas públicas verdes, o políticas públicas ambientales. Asimismo, puede observar sus antecedentes históricos y los principales debates teóricos y conceptuales contemporáneos. De especial importancia es, asimismo, observar a lo largo del texto críticas y el reconocimiento de las limitaciones de las principales tesis o paradigmas defendidos. Ello es especialmente visible en el caso del ecomodernismo, el paradigma más aludido y defendido en todo el libro. De ahí que su presentación crítica sea especialmente importante.

Algo también a destacar es la presencia de la crisis hídrica. Además de la constatación, con datos incuestionables de uno de los más importantes retos que debemos salvar, permite ver a través de estudios de caso las diferencias existentes entre unas experiencias y otras, entre unas formas de abordarlo y otras.⁸ Diferencias que no se dan solo entre un lado y otro del Atlántico, también al interior de cada continente.

Una característica que destaca de esta obra es el papel que juegan las miradas jurídicas y filosóficas. No es casualidad. En la misma línea que la mayoría de sus publicaciones previas, los coordinadores del libro han sabido reunir y organizar un grupo de investigación que las permitiera, y que la que la mirada conceptual y filosófica sobre la política pública verde fuera preminente en algunos casos, la normativa o jurídica en otros y, en el caso de los mismos responsables, estuvieran presentes las dos.

Esta mirada conceptual y teórica, los estudios de caso presentados y su lenguaje relativamente accesible -sin perder con ello su rigor académico- hacen que la obra sea, al menos, doblemente valiosa. Por un lado, los casos de estudio, así como las diferentes opciones y propuestas que en algunos de los capítulos se presentan, pueden ser de gran provecho para los tomadores de decisiones en políticas públicas y, atendiendo a las mismas recomendaciones del libro, a una ciudadanía que debería ser más activa, hacer oír su voz y participar de esta gobernanza de la cual depende, en gran medida, nuestro futuro común. En ese sentido, el libro parte de la premisa de la responsabilidad y el derecho a la toma de decisiones compartido, de una ética dialógica y el convencimiento de que hay que aumentar y fortalecer el involucramiento que el público general tiene -en términos de ^{Actis y Arza (2023)}- en la formulación de políticas públicas socio-ambientales. Si bien el consenso, la participación informada de los distintos actores sociales, se entiende -entre gran parte de los autores hispanoamericanos, como es el caso- como algo fundamental, queda por ver, “tal y como señala ^{Iguíñiz (2020)}, en qué grado es tomado en cuenta y los motivos reales de ello.

Para finalizar, merece la pena considerar esta obra como material de estudio, al menos de apoyo y complemento, en los primeros años de educación superior, tanto en cursos introductorios al derecho ambiental, como de sostenibilidad o educación general.