INTRODUCCIÓN

Durante la era de la Reforma Agraria Mexicana (1917 - 1992), la agricultura de contrato se desarrolló en forma muy importante en México. Esto se debía a que el artículo 27 de la Constitución de 1917 impedía a las sociedades mercantiles por acciones, en tanto personas morales, de ser propietarias de extensiones de tierras que superasen los límites permitidos para la propiedad privada individual². Esto significa que, ante la imposibilidad de proveerse de los insumos necesarios de origen vegetal o animal requeridos para su procesamiento industrial, como cereales, frutas, hortalizas, hierbas, fibras, productos cárnicos y otros, empresas como McCormick, Del Monte, Nestlé, Bimbo, Anderson Clayton, Campbell’s y General Foods estaban obligadas a adquirirlos en el mercado, o a asegurar en forma adelantada su aprovisionamiento a través de diversos tipos de relaciones contractuales con ejidatarios, pequeños propietarios privados minifundistas o empresarios agrícolas y ganaderos familiares (^{Mackinlay, 2004}).

La reforma agraria es un proceso histórico que involucra mucho más que la sola distribución de la tierra. Esto es particularmente cierto considerando lo vasto y prolongada que fue en México, y el hecho de que abarcó un abanico completo de políticas públicas de fomento del desarrollo rural y otras acciones gubernamentales encaminadas al logro de sus objetivos. En cuanto a su periodización, es de mencionarse que en México entre 1917 y 1934 la distribución de la tierra había sido limitada y no había tenido gran impacto en el conjunto de la estructura agraria (Simpson, 1937). El reparto masivo inicia durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) para proseguir, con sus altibajos, hasta el final de la reforma agraria en el año de 1992. Como resultado, el régimen de propiedad social llegó a cubrir más de la mitad del territorio nacional. Esta conversión afectó alrededor de 103 millones de hectáreas, de un total de 197 millones, y benefició de cerca de 26 500 núcleos agrarios ejidales y 2500 comunales³ (^{INEGI, 1991}; ^{Mackinlay 1991}).

En el siglo XIX, la actividad agroindustrial conoció un importante desarrollo en México como resultado de la economía orientada a la exportación, principalmente de productos mineros y agropecuarios, promovida por el Porfiriato (1876-1910) (^{Cardoso, 1980}). Sin embargo, su mayor expansión se registró después de 1940. El proceso de la industrialización basado en la sustitución de importaciones de la posguerra y la expansión del mercado interno que la acompañó crearon una gran demanda de alimentos para cubrir las necesidades de consumo de una población urbana en acelerado crecimiento (^{Medina, 1994}). En el nuevo régimen keynesiano, la política de sustitución de importaciones afectó tanto al sector industrial como al agropecuario, toda vez que obligó a las agroindustrias a adquirir en forma progresiva en el mercado interno una mayor proporción de los productos que antes importaban. Esto hizo imperativo promover entre los agricultores la producción interna de estos productos.

Antes del período que inicia en 1970, que es que cubre la presente investigación, desde la segunda mitad de la década de 1950 se empezaron a vislumbrar alarmantes signos de desaceleración del crecimiento agrícola. Inicialmente fueron afectados varios cultivos de exportación -cuyos precios empezaron a declinar en los mercados internacionales-, para darse poco después las primeras manifestaciones de una crisis de la economía campesina productora de maíz. Estas tendencias determinaron la creciente dificultad de satisfacer las necesidades de consumo interno de la población mexicana durante las siguientes décadas, obligando al gobierno a importar crecientes volúmenes de cereales básicos (^{Barkin y Suárez, 1982}). El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), preocupado por el fuerte impacto que la crisis pudiese tener en el crecimiento de la economía, se dio a la tarea de ampliar en forma muy significativa la intervención del Estado en múltiples esferas de la producción agropecuaria y forestal. Entre las numerosas medidas que se tomaron, se crearon o redimensionaron empresas estatales para regular el mercado de cereales y de productos alimentarios básicos, como la gigantesca empresa estatal CONASUPO, constituida por numerosas filiales. El estado también creó varias empresas estatales en sectores de cultivos de alto valor comercial y/o de exportación, como café, tabaco, azúcar, henequén y otros (^{CEHAM, 1990}).

El Estado mexicano intervino sobre todo en la producción primaria, en la fase agrícola y en el primer estadio del procesamiento agroindustrial y, en ciertos casos, en la exportación de productos semi-procesados o commodities. afectando muy poco la participación de las grandes empresas nacionales y transnacionales en las fases de industrialización y comercialización, donde residían la mayor parte de las utilidades. Este fue el caso de la empresa estatal Tabacos Mexicanos S. A. de C. V (Tabamex) que se formó en 1972 como resultado de la nacionalización de los activos agroindustriales de las compañías tabacaleras transnacionales anteriormente establecidas (^{Mackinlay, 2011}). En contraste, otros países como Francia, España, Portugal, Italia y Japón, en el marco del Estado interventor y del Estado de bienestar que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial, fueron todavía más lejos y crearon poderosos monopolios estatales que abarcaron toda la cadena, “tanto la producción, como la comercialización, transformación industrial y distribución del tabaco” (^{CODAI, 1982: 69}).

El objetivo principal de este trabajo es estudiar a los pequeños productores de tabaco acomodados del Estado de Nayarit cuya producción estaba destinada a la manufactura de cigarrillos. Durante los sesentas, setentas y ochentas, estos tabacaleros constituyeron uno de los grupos de ejidatarios que alcanzaron niveles de vida significativamente elevados en comparación con la mayoría de los campesinos mexicanos. Tomaré en consideración no sólo su relación específica con la empresa estatal a través de una agricultura de contrato, sino que también examinaré los diversos factores que impactaron en la reproducción social de sus unidades domésticas. También voy a prestar especial atención en los jornaleros agrícolas que eran contratados por estos pequeños productores y analizaré su vulnerabilidad e invisibilidad al interior de la agroindustria y con respecto a las instituciones gubernamentales.

Esta investigación se sitúa principalmente en el estado de Nayarit -en sus regiones Costa Norte y Costa Sur. La zona administrativa Nayarit-Jalisco producía la mayor parte de los tabacos rubios para cigarrillos, alrededor del 90%. Por falta de espacio, no haré más que algunas observaciones relacionadas con la división administrativa de la Zona Golfo, que incluía los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas⁴. Estas dos primeras entidades federativas producían sobre todo tabacos oscuros tanto para puros como para cigarrillos. La tercera producía una reducida proporción de tabacos rubios, de dónde provenía la proporción restante de este tipo de tabacos (Mapa 1).

Fuente: elaboración propia con información de Tabamex.

Mapa 1 Regiones productoras de tabaco en la República Mexicana 

ANTECEDENTES

La presente investigación es producto de un largo trabajo de campo que realicé entre 1994 y 2008, iniciado con motivo de la redacción de mi tesis de doctorado del año 2001. El tema de la misma versó sobre la desincorporación y privatización de Tabamex a partir del año de 1990, de lo que resultaron asimismo algunas publicaciones mencionadas en la bibliografía final. En ellas analicé diversas dimensiones da la reestructuación productiva neoliberal de las décadas de 1990 y 2000, enfocadas principalmente a los pequeños productores de tabaco. También realicé un primer trabajo de campo sobre las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas en estos tiempos.

Debido a la necesidad de conocer los antecedentes históricos y mi especial interés en al pasado de la agroindustria tabacalera, recopilé información que me llevó a estudiar el período 1920-1972, es decir los orígenes y primeras décadas. Ésta fue la época cuando la agroindustria estaba en manos de la iniciativa privada nacional y transnacional y que finalizó con la privatización de Tabamex durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Es en este último período de la agroindustria bajo la administración del Estado mexicano que se ubica el presente estudio, es decir los 18 ciclos productivos que transcurrieron entre 1972 y 1990.

Tabamex fue una empresa estatal considerablemente estudiada, de la que se derivaron numerosas investigaciones sociológicas, antropológicas y económicas principalmente. Debido a que la compañía se basaba en una agricultura de contrato, todas las transacciones se registraban, dejando un importante material estadístico. Además de ello me basé en las numerosas entrevistas y conversaciones que sostuve en las visitas al campo a Nayarit y otras regiones tabacaleras que realicé entre 1994 y 2008. Estas conversaciones las sostuve con productores de tabaco, funcionarios públicos, personal directivo y de campo de las empresas tabacaleras, distribuidores de productos agroquímicos, así como con ingenieros y dirigentes de las organizaciones de productores y otros actores sociales involucrados en la actividad.

Aunque Nayarit es el foco principal de esta investigación, donde realicé trabajo de campo en numerosas ocasiones, recorrí casi todas las zonas tabacaleras del país. En el apartado sobre los productores de tabaco acomodados de Nayarit, los contrasto con la minoría de “microproductores” de Zimatlán, Córdoba y Simojovel cuyos ingresos tabacaleros tan sólo representaban un pequeño subsidio de parte de Tabamex para aliviar sus condiciones de infrasubistencia. También los contrasto con tabacaleros argentinos de la provincia de Misiones cuyas condiciones de vida se aproximaban más a las de los nayaritas pero que, a diferencia de éstos, prácticamente no recurrían a la contratación de jornaleros agrícolas. Un material de suma utilidad fueron las 44 entrevistas estructuradas (cuestionarios) que realicé en 10 ejidos de la región Costa Norte y 8 de la Costa Sur con tabacaleros que habían trabajado con Tabamex, e incluso algunos de ellos antes de la formación de esta empresa paraestatal. Sus experiencias sobre la época fueron sumamente ilustrativas.

Un tema de mayor interés de este trabajo es el de la subordinación de los tabacaleros a un paquete tecnológico que, en el transcurso del tiempo, fue alcanzando un cada vez mayor nivel de control y redujo sustancialmente los márgenes de autonomía que éstos inicialmente tuvieron (^{Mackinlay, 2011}). Una vez que este paquete tecnológico se consolidó a fines de cincuentas y la primera mitad de los sesentas, estos productores quedaron cabalmente integrados en un complejo agroindustrial que iniciaba en el campo y culminaba en la producción manufacturera de cigarrillos. En los estudios sobre Tabamex prevaleció la noción de su carácter esencialmente campesino, aunque con ciertas particularidades debidas a esta integración⁵.

Sin embargo, en la literatura existente sobre la agricultura de contrato predomina una visión que los presenta como proletarios de facto en sus propias parcelas. Es por ello que revisaré y comentaré sobre algunas de las categorías que se emplearon para referir a los tabacaleros en los estudios académicos realizados en la época de Tabamex, como “campesinos”, “proletarios”, “capitalistas”, “pequeños empresarios” y “capataces”. Esto, en cierta medida, nos ayudará a comprender mejor sobre las características de estos productores.

En ocasiones, para ahondar mejor en el análisis, haré algunas referencias a la etapa previa de la agroindustria del período 1927 y 1972, que estuvo básicamente controlada por corporaciones transnacionales, como un contexto para comprender mejor algunas de las subsecuentes reformas y transformaciones. También realizo algunas comparaciones entre los tabacaleros y los productores de caña de azúcar, por ser estas ramas de la actividad agrícola que guardan notables similitudes entre sí. Asimismo, resultará necesario ubicar al pequeño productor de tabaco acomodado que se encuentra en el centro del presente artículo en el contexto de una gran diversidad de grupos y estratos sociales agrarios existentes en la época de Tabamex, con el objeto de trazar breves paralelismos con otros campesinos y productores agrícolas de la Reforma Agraria mexicana. Más allá de México, me resultó útil establecer algunas comparaciones con el caso de Argentina, ya que es un país que tiene una industria tabacalera importante que es abastecida por pequeños productores en algunas de sus provincias, ofreciendo un interesante caso contrastante.

En este artículo empezaré describiendo el complejo agroindustrial con participación estatal verticalmente integrado. Esta sección será continuada con el análisis de la agricultura de contrato dirigida bajo la conducción de Tabamex. Estas secciones sentarán las bases del análisis del tipo de subordinación de los productores a los procesos productivos y abordarán el debate sobre sus características sociológicas. En la cuarta sección desarrollaré el objeto central de esta investigación que es el pequeño productor de tabaco acomodado de la Reforma Agraria Mexicana. La última sección se enfoca en el papel patronal de estos productores, lo cual representa un aspecto que ha sido muy poco tomado en consideración en la gran mayoría de los estudios sobre Tabamex. En un contexto campesinista derivado de la Reforma Agraria, no se aquilató en su debida importancia la contratación de jornaleros agrícolas realizada por los pequeños productores de tabaco, ni la importancia de la fuerza de trabajo asalariada en términos productivos. Esta relación laboral fue percibida como algo complementario e incluso anecdótico -derivado de la virtual invisibilidad de los jornaleros agrícolas- a pesar del rol fundamental que desempeñan en el sistema productivo.

UN COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CON PARTICIPACIÓN ESTATAL INTEGRADO VERTICALMENTE

Conforme al relato oficial de la época, la formación de Tabacos Mexicanos S. A. de C. V. (Tabamex) se debió al descontento motivado por el trato despótico que las empresas transnacionales cigarreras propinaban a los productores, conjugado con los bajos precios ofrecidos que no guardaban proporción con las grandes ganancias que éstas obtenían. El relato guardaba notables similitudes con el de la nacionalización de la industria petrolera de 1938⁶.

Es cierto que existían más altos niveles de descontento en las antes importantes regiones tabacaleras de Álamo, Papantla y Platón Sánchez, en el norte de Veracruz. Esto se debía sobre todo a declive de la demanda de tabacos oscuros para cigarrillos producidos tradicionalmente en estas regiones para su venta en los mercados nacional e internacional. Debido a los cambios de preferencias de los consumidores, estos tabacos perdieron importancia en comparación los más suaves tabacos rubios para cigarrillos. Esto llevó al retraimiento de la actividad y a la cancelación de numerosos contratos con los pequeños productores cada temporada agrícola.

En Nayarit, donde se registraba un aumento constante de la producción y donde los precios pagados a los pequeños productores de tabaco eran mucho más altos que en otros cultivos, un considerable número de contratos también fueron cancelados. Pero en este caso se trataba de aquéllos cuyos contratos estaban siendo dados de baja debido a la baja calidad de sus tierras, en particular las que habían sido afectadas por la salinización de los mantos acuíferos. Esto explica el motivo por el cual la movilización de los productores provino del Norte de Veracruz, mucho más que de Nayarit, donde encontró escaso eco (véase el Mapa 1). En todo caso, la nacionalización de estas empresas agroindustriales privadas respondió también al proyecto del gobierno de Luis Echeverría de crear empresas estatales para orientar el desarrollo económico del país y redistribuir el ingreso. Según Manuel Aguilera, primer Director General de Tabamex, la creación de la compañía pretendía “la ruptura de los factores de poder que hicieron del campo tabacalero formas de colonialismo interno” (1985: 262) y “extender entre el mayor número posible de campesinos los beneficios de un cultivo tan rentable” (^{Aguilera, 1976: 77}).

Tabamex se constituyó como una empresa mixta, de participación estatal mayoritaria con participación minoritaria tanto de las principales empresas cigarreras operantes en la rama y como de las organizaciones de productores de tabaco (^{Chumacero, 1985}). Inicialmente la compañía se estableció a través de la nacionalización de los activos de las empresas tabacaleras transnacionales (bodegas, edificios, vehículos, maquinaria y equipo, campos experimentales), así como de las plantas de hornos y de desvenado, empleados para producir tabaco pre-industrializado, la materia prima para la manufactura de cigarrillos. Por su parte, las empresas transnacionales estadounidenses K. R. Edwards Leaf Tobacco Co y The Austin Company, que se especializaban en la exportación de este tipo de tabacos, se vieron obligadas a asociarse con Tabamex en las dos plantas desvenadoras que habían construido en los sesentas. Esto no resultó tarea fácil. El gobierno mexicano tuvo que convencerlas de continuar en la actividad a través de ofrecerles mejores condiciones de producción y un trato especial para las variedades de tabacos de exportación (^{Jáuregui et al., 1980: 72}).

Entre las siete compañías que operaban en Nayarit en la década de 1960, Tabaco en Rama S. A. (TERSA), filial de la British American Tobacco (BAT), que había iniciado operaciones en Nayarit en 1927, era la más grande y emblemática. Estaba conformada por capitales de origen estadounidense y británico y había construido la primera planta procesadora (desvenadora) de tabaco en los años de 1950. Esta transnacional proveía de tabaco a diversas compañías cigarreras pertenecientes a su conglomerado, el más poderoso del mundo en esa época. Fue pieza fundamental en la introducción de las variedades de tabacos rubios a México y en el diseño del paquete tecnológico tabacalero adaptado a las condiciones locales. Otras compañías importantes fueron la Philip Morris, que se instaló en México durante los sesentas, y La Tabacalera Mexicana, una compañía nacional que resultó de la fusión de diversas compañías pioneras del siglo XIX (^{Sáinz y Echegaray, 1988}). Esta última se tuvo que asociar con la Liggets & Myers Tobacco Company debido al declive de su principal marca de cigarillos oscuros ⁷ (^{Llanos Lerma, 1970}).

En síntesis, Tabamex ocupó el lugar de las compañías que se encargaban de otorgar un financiamiento a crédito a los productores de tabaco -llamado crédito de habilitación- diseñado para producir las hojas de tabaco y su proceso de curado, a través del cual eran secadas. El siguiente paso consistía en llevar hojas de tabaco a las plantas desvenadoras, donde se les retiraba la nervadura y se las preparaba para su almacenamiento, antes de ser llevadas a las fábricas de cigarrillos. El producto final es el tabaco pre-industrializado. Se trataba de un caso de integración vertical de la agricultura con la intermediación de una empresa estatal en la fase agroindustrial (^{Jáuregui et al., 1980}).

LA AGRICULTURA DE CONTRATO Y EL PROCESO PRODUCTIVO TABACALERO EN NAYARIT

Una vez finalizada la fase armada de la Revolución Mexicana (1910-1920), las empresas cigarreras que se instalaron en México empezaron a abastecerse de tabaco a través de intermediarios, principalmente hacendados que se encargaban de proporcionar financiamiento a productores con capacidades productivas diferentes. El reparto agrario radical efectuado entre 1934 y 1936, que transformó la estructura agraria de Nayarit para dar lugar a un sistema de tenencia de la tierra ejidal, permitió el asentamiento de pequeños ejidatarios en las mejores tierras tabaqueras de la planicie costera (^{Castellón, 1992}; ^{Meyer, 1989}). Inicialmente había gran disparidad de contratos: ejidatarios que tenían reducidas superficies habilitadas y propietarios privados que preservaron superficies habilitadas de mayor tamaño y las mejores tierras. Sin embargo, con el paso del tiempo, como efecto de la reforma agraria, los ejidatarios predominaron sobre los productores propietarios privados, de tal forma que en último ciclo agrícola que fue administrado por estas compañías privadas transnacionales (temporada 1971-1972), el promedio de superficie habilitada por productor fue de 2.7 hectáreas: este ciclo productivo involucró 10,327 ejidatarios y solamente 256 productores propietarios privados (^{Jáuregui et, al. 1980: 227}). Durante la época de Tabamex este promedio fue de 2.3 hectáreas (Tabla 1).

A diferencia de la gran mayoría de los otros cultivos de agricultura de contrato que tan solo cubrían parcialmente los costos del proceso productivo, el proceso productivo del tabaco ofrecía un financiamiento completo. El único caso comparable era el de la producción de caña de azúcar para abastecer los ingenios azucareros. Las negociaciones de los paquetes financieros o créditos de habilitación se realizaban anualmente con las organizaciones de productores de las distintas regiones y los montos asignados diferían según las variedades (Mackinlay, 2014: 109-111).

Estos créditos abarcaban la totalidad de los gastos incurridos en la producción, desde a) los salarios pagados a los jornaleros agrícolas, b) los servicios de riego con sistemas portables, maquinaria y otros equipos agrícolas que eran contratados y, c) la provisión de todos los insumos, desde los almácigos hasta los agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, desinfectantes de suelos) y otros materiales requeridos para la producción y el curado de las hojas de tabaco, como aquellos empleados para la construcción de las galeras o galpones de secado. También existió un programa de créditos refaccionarios para la compra de tractores, equipos de riego, camiones y camionetas, destinados a la capitalización de las unidades productivas. Esto se financiaba a través de descuentos realizados al valor de la producción entregada al finalizar el ciclo productivo.

Los productores de tabaco debían acatar los lineamientos y procedimientos establecidos en los contratos. Interactuaban con el personal técnico y los supervisores de campo de la empresa estatal, usualmente ingenieros agrónomos. Los últimos proporcionaban indicaciones en sus inspecciones periódicas de las parcelas, les entregaban los insumos correspondientes, supervisaban la aplicación oportuna del paquete tecnológico, acordaban la programación de los servicios con maquinaria y equipo, atendían sus solicitudes e intercambiaban opiniones sobre las formas de proceder⁸. También les entregaban el efectivo para pagar los jornales. A diferencia de otros cultivos que no requieren de tanta dedicación, la producción de tabaco es intensiva en el empleo de insumos y fuerza de trabajo. Para producir el resultado óptimo, requiere de una vigilancia constante de la correcta realización de las labores culturales, especialmente durante los tres meses que dura el crecimiento de la planta en la tierra. Hay que agregar adicionalmente las tareas involucradas en la fase pos-agrícola que dura un mes, o más, dependiendo de las variedades (^{González Castañeda, 1995: 23}).

En los Estados Unidos, país cuna de la agricultura industrial y de los tabacos rubios, hacia los años sesenta se generalizó la utilización de plantadoras y cosechadoras mecánicas y otros procedimientos más mecanizados (^{Daniel, 1985: 256-270}). En contraste, en Nayarit todavía se requería un mayor empleo de mano de obra y un trabajo más artesanal en algunas de sus fases.

En otras palabras, si bien se trataba de un típico cultivo agrícola-industrial de la Revolución Verde que se basaba en un alto empleo de tecnología agrícola, el paquete tecnológico se adaptaba, en la medida de lo posible, a las condiciones locales, como el tamaño de las superficies detentadas por los ejidatarios, ciertos procedimientos productivos tradicionales y la mayor o menor disposición de fuerza de trabajo rural.

Estaba previsto que los trabajos agrícolas y pos-agrícolas fuesen realizados, en la medida de lo posible, por los productores mismos con el apoyo de sus familiares, con el objeto de mantener los salarios previstos en la habilitación dentro de las unidades domésticas. Pero debido a los altos requerimientos de mano de obra y dependiendo de la disponibilidad de la fuerza de trabajo familiar, era común que contrataran jornaleros agrícolas. Esto era especialmente cierto para la plantación de los almácigos, la cosecha, y las diversas labores pos-agrícolas relacionadas con el curado de las hojas de tabaco, cuando la capacidad de las unidades familiares de proveer esta fuerza de trabajo resultaba insuficiente.

Sin embargo, los productores de tabaco hacían menos labores que en otras circunstancias hubieran realizado ellos mismos de no haber dispuesto de los adelantos de dinero para jornales, aun cuando esto significaba perder la oportunidad de embolsarse el presupuesto entero. En vez de ello, muchos preferían pagar salarios a jornaleros externos a las unidades domésticas. El típico ejidatario tabacalero titular del contrato por lo general sólo cumplía la función de administrar el proceso productivo sin trabajar directamente en el mismo, con niveles variables de involucramiento de los demás miembros de la unidad familiar (^{Bracho, 1990: 69}). Este tipo de estrategias incidía negativamente en la productividad y calidad de la producción ya que el modelo productivo requería el compromiso de la mano de obra familiar (o al menos que se realizara una supervisión óptima del trabajo de los jornaleros agrícolas). Este deficiente compromiso era posible debido a la poca exigencia de parte de Tabamex y no repercutía en una manera significativa en los ingresos obtenidos cuando se entregaba el producto al finalizar la temporada.

Una vez que los almácigos eran entregados por Tabamex, tal como sucedía antes con las empresas transnacionales, la participación directa de los productores de tabaco comenzaba con la plantación de los mismos, lo que implicaba la utilización de maquinaria para la preparación de los suelos, mientras que la siembra se realizaba con jornaleros agrícolas externos (^{Améndola, 1984: 93}). Posteriormente, según estaba detallado en los contratos, debían realizar diversos cortes en las plantas de tabaco, aplicar los fertilizantes, insecticidas y herbicidas, en su caso fungicidas y los riegos estipulados. En esta fase de crecimiento de las plantas en el campo es donde más participaban los integrantes de los grupos domésticos tabacaleros, aunque también tenían la posibilidad de contratar jornaleros externos, tal como se comentó.

Para realizar la cosecha y el curado de las hojas de tabaco de las variedades Burley sarta sol, Burley semi sombra y Virginia sarta sol, los productores de tabaco recurrían a la contratación de jornaleros externos. Habitualmente se trataba de jornaleros indígenas migrantes de los grupos étnicos wixárika (huicholes), cora, tepehuano y mexicanero. Acompañados de sus familias, después de recorrer largas jornadas, bajaban de sus comunidades serranas de Nayarit, Jalisco y parte de Durango, para emplearse como jornaleros en los campos agrícolas en diversos cultivos, además del tabaco, durante períodos de entre 4 y 6 meses. Los huicholes eran el grupo más numeroso (^{Díaz Romo y Salinas Álvarez, 1999}).

Estos jornaleros agrícolas migrantes eran contratados principalmente para la elaboración de sartas, que se formaban por las hojas de tabaco cortadas una a una para enhebrarlas en hilos de henequén que se colgaban y curaban a la intemperie o en galeras de madera semi-cerradas, según las diversas variedades. Esta labor requería de precisión y destreza, de lo contrario las hojas podían caer a medida que secaran. Los jefes de familia indígenas, las mujeres y sus hijos realizaban las diversas labores de la madrugada al anochecer, trabajando en un ambiente insalubre contaminado con agroquímicos. Las familias trabajaban y preparaban sus alimentos bajo la sombra de enramadas hechas de madera y hoja de palma que las protegían del sol. En la noche descansaban en chozas que construían ellas mismas con cualquier material que pudiesen encontrar en el sitio, como ramas y plásticos. Solamente unos cuantos se albergaban en construcciones de madera y palma proveídas por los productores. Éstas incluso distaban, como comenta ^{Maldonado Lee (1977)}, de las condiciones mínimas establecidas en la ley⁹.

Los otros grupos de trabajadores asalariados temporales eran los jornaleros locales residentes de los poblados ejidales tabacaleros, contratados por los tabacaleros para realizar diversas labores agrícolas y pos-agrícolas. Estos jornaleros eran ya sea otros ejidatarios, sus familiares y avecindados asentados en el transcurso de los años en los ejidos. Existía también otro grupo de jornaleros migrantes mestizos provenientes de los estados vecinos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, que migraban en períodos de mayores requerimientos de mano de obra y se alojaban temporalmente en los poblados tabacaleros. También trabajaban en la cosecha y en labores pos-agrícolas en las variedades cuyos métodos de cosecha y curado no requerían de la elaboración de sartas.

El tabaco Burley sombra mata únicamente era producido en la región Costa Sur (Mapa 1). El proceso de curado era menos complejo, pero requería de más infraestructura y superficies habilitadas de mayor tamaño (en torno a 5 hectáreas). En este caso, la cosecha no se realizaba hoja por hoja, sino que las matas enteras se cortaban y colgaban desde su base dentro de un “galerón” conformado por grandes estructuras metálicas propiedad de la empresa estatal. Estos galerones estaban instalados en tierras ejidales y tenían la capacidad de curar aproximadamente la producción de 6 hectáreas. Debido a que era un tabaco de exportación, requería de un tratamiento más cuidadoso para cumplir los estándares de calidad internacionales. Tabamex se hacía cargo en forma directa tanto la cosecha como el curado, contratando jornaleros locales, principalmente hijos de ejidatarios. Sus productores eran vistos como privilegiados por los demás tabacaleros (^{Jáuregui et al.1980: 178-182}).

El tabaco Virginia verde -cuya denominación internacional es flue-cured-, era producido en la región Costa Norte (Mapa 1), en el llamado emporio tabacalero de Nayarit, la región que más concentraba la producción. El proceso de curado se realizaba en hornos de secado que producían un calor artificial para deshidratar las hojas de tabaco¹⁰. Como era el caso del Burley Sombra Mata, la empresa estatal se ocupaba tanto de la cosecha como del curado, por lo que también gozaban de una posición de privilegio. La cosecha se realizaba con cuadrillas de cortadores de tabaco constituidos por jornaleros locales y jornaleros mestizos migrantes, auxiliados por plataformas tractoradas donde depositaban las hojas de tabaco.

En estas cuadrillas habitualmente no se empleaba jornaleros indígenas migrantes. Estas cuadrillas también seleccionaban y enfardaban las hojas verdes para su transporte en camiones a las plantas de hornos. Las hojas de menor calidad o defectuosas quedaban en manos de los productores para que éstos se ocuparan de su curado en sartas (^{Mackinlay, 2001: 111}).

Haciendo un balance sobre las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas temporales, los jornaleros locales, que vivían en los poblados tabacaleros, trabajaban en las diversas actividades agrícolas que se realizaban durante los tres meses que duraba el ciclo agrícola. También se desempeñaban en actividades pos-agrícolas descritas. Los jornaleros mestizos migrantes, que por lo general no migraban con sus familias, eran alojados en los poblados tabacaleros, eran contratados para tareas específicas y pagados por el día de trabajo (jornal). Los jornaleros migrantes indígenas, por su parte, no tenían más alternativa que acampar con sus familias en los campos de tabaco bajo las precarias condiciones descritas y su trabajo era remunerado a destajo, en función del número de sartas entregadas.

Las remuneraciones en todos los casos dependían de la negociación entre los tabacaleros titulares de los contratos y los jornaleros agrícolas. Habitualmente eran menores a las estipuladas en los créditos de habilitación por cada variedad establecidos antes de inicio del ciclo productivo (Mackinlay, 2014). En ocasiones excepcionales, como en momentos de escasez de mano de obra, podían estar por encima. Este dinero era suministrado periódicamente en efectivo por los supervisores de campo a los tabacaleros para que ellos dispusieran de los mismos.

En suma, los productores de tabaco de las variedades Burley sarta sol, Burley semi sombra y Virginia sarta, que sumaban el 66% de la superficie cosechada, eran responsables tanto de la fase agrícola, como de la cosecha y del curado de las hojas de tabaco. Esto los mantenía ocupados en sus parcelas alrededor de seis meses al año. En cuanto al resto de la superficie cultivada, los productores de Burley sombra mata y Virginia flue-cured, con el 34% restante (Tabla 1), su participación directa terminaba prácticamente con la fase agrícolase ya que Tabamex realizaba la fase pos-agrícola. Estas actividades representaban poco más de cinco meses al año.

Para cerrar esta sección, conviene mencionar que en tiempos de Tabamex, no se conocieron grandes innovaciones tecnológicas o cambios significativos en los métodos establecidos y en la organización de la producción que fueran sustancialmente diferentes a la época de predominio de las corporaciones transnacionales. Sin embargo, la empresa estatal realizó importantes inversiones tanto para consolidar la infraestructura productiva como en términos de investigación agronómica y tecnológica (^{Tabamex-INEGI, 1989: 52}). Estas inversiones incluyeron los galerones, almacenes, bodegas, plantas de hornos, instalaciones de desvenado, la construcción de una mezcladora de fertilizantes y otras, en función del aumento de la superficie cosechada. Tabamex también contribuyó a la extensión de la superficie irrigada, mediante la manutención y construcción de obras hidráulicas (^{Domike y Rodríguez, 1979}).

LA SUBORDINACIÓN DE LOS PRODUCTORES A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

Con base en lo recién visto y siguiendo a Baranger, quien escribe sobre la agroindustria del tabaco de Misiones, Argentina, “la producción de tabaco es un caso típico de agricultura bajo contrato, una modalidad de integración vertical de la producción en la cual los productores directos son formalmente agricultores independientes, pero trabajan para una compañía que les adelanta los insumos y con la cual asumen el compromiso de entregar su producción. (…) se puede decir que las compañías han tercerizado el proceso productivo agrícola, aunque conservando un control casi absoluto sobre el mismo” (^{Baranger, 2007: 35-36}).

A pesar de este carácter subordinado, la mayoría de las investigaciones sobre Tabamex, entre las que se incluye a ^{Améndola (1984)}, ^{Améndola y Albarrán (1983)}, Ceballos et al. (1985), ^{CODAI (1982)}, ^{Giarracca (1983)}, ^{Jáuregui et al. (1980)} y ^{Valtierra (1984)}, caracterizaron a los tabacaleros como campesinos, sin subestimar la “naturaleza peculiar” de su “integración en un complejo agroindustrial” (^{CODAI, 1982: 134}). En contraste, las tendencias interpretativas predominantes de los estudios sobre la agricultura de contrato han concebido estos productores en un tenor más bien proletarizante. Según esta tendencia, su ausencia de independencia y la obligación de seguir las indicaciones del paquete tecnológico, claramente los hacen trabajadores subordinados a dictados externos, donde no tienen mucho que decir sobre los procedimientos aplicados en el terreno productivo.

Little y Watts, quienes están entre la mayoría de autores que sostienen este punto de vista, afirman que “la agricultura de contrato disfraza una relación asalariada entre comprador y agricultor, de tal forma que los campesinos son relegados a ser manos alquiladas en su propia tierra” (1994: 16). “Productores nominalmente independientes mantienen la ilusión de autonomía, pero en términos prácticos se han convertido (…) en trabajadores que cultivan productos de las compañías en sus parcelas privadas” (^{Little y Watts, 1994: 64}).

En este tenor, ^{Julio Bracho (1980)} fue de los pocos investigadores de Tabamex que concibió a los tabacaleros como asalariados encubiertos, de facto proletarios (^{Bracho, 1980: 130-132}). En una rama económica similar, siguiendo a ^{Paré (1977)}, quien realizó estudios en los setentas en la producción de caña de azúcar en grandes ejidos cañeros de la región de Atencingo, Puebla, la mayoría de los productores de caña de azúcar que tenían un sistema de agricultura de contrato con financiamiento completo similar para abastecer los ingenios azucareros¹¹, deberían de ser considerados “proletarios disfrazados de campesinos” (^{Paré, 1977: 175})

No es mi intención realizar un planteamiento teórico de carácter general sobre la agricultura de contrato. La discusión que realizo tiene principalmente el objetivo de brindar algunos elementos para mejorar nuestra comprensión de los productores de tabaco de Nayarit. Con respecto a la primera interpretación, estoy consciente de que el concepto de campesino, que habitualmente asume una dependencia del trabajo doméstico para asegurar la reproducción social de las familias, puede ser de poca utilidad útil para comprender la situación prevaleciente. En contraste con la característica comúnmente aceptada de las unidades domésticas campesinas, los productores de tabaco, con algunas excepciones, se apoyaban sistemáticamente en la contratación de trabajo asalariado. Por tanto, me referiré a ellos como “pequeños productores de tabaco acomodados” y utilizaré el concepto de “campesinos” para referir a otros grupos de productores que se acercan más a la tradicional definición del término. Estos aspectos serán discutidos con mayor detalle en las próximas secciones.

Tampoco me resulta convincente la idea de que se pudiese hablar de ellos como proletarios encubiertos. El razonamiento de Little y Watts es particularmente convincente para numerosos casos de agricultura industrial en donde el paquete tecnológico requiere de altos niveles de control. Sin embargo, si bien la subordinación de los productores a las indicaciones establecidas no se pone en duda, hay diversas razones por las cuales no siempre puede ser comprendida bajo el enfoque proletarizante. Enumero las siguientes:

Los productores pueden eventualmente privilegiar otras fuentes de ingresos y no brindar la dedicación esperada a las tareas agrícolas y pos-agrícolas. Pueden desviar parte de los recursos de la habilitación para otros cultivos o para la venta clandestina de algunos insumos, como los agroquímicos, lo cual es una práctica muy difundida de la agricultura de contrato. Ello puede resultar en una mejor o menor remuneración en función de la cantidad producida o en cuanto a su calidad. Si los resultados resultan ser inaceptables para las compañías que suministran el financiamiento y compran la producción, arriesgan perder el contrato la siguiente temporada. Esta situación, como apuntan ^{Little y Watts (1994)}, puede llegar a poner en riesgo la rentabilidad del proceso de acumulación y eventualmente su viabilidad económica. Sin embargo, “sorprendentemente en pocos casos los productores son excluidos de los esquemas” de agricultura de contrato (^{Little y Watts, 1994: 17}).

La discusión sobre la proletarización sólo se refiere a la relación específica de los productores con la agricultura de contrato, sin considerar su eventual participación como productores independientes en otras tierras. En el caso de Nayarit la mayoría de los tabacaleros disponía de otras pequeñas parcelas en las que cultivaban productos diferentes al tabaco y en las que se desempeñaban como agricultores independientes. ^{Kuschick (1989)} desarrolló este asunto con más amplitud y argumentó que los productores de tabaco “generalmente arriendan tierras, prestan tierras o van a medias y también toman prestado, para finalmente llegar a la unidad de explotación promedio, la cual mide 9.66 hectáreas” (^{Kuschick, 1989: 99-100}).

En entrevistas con tabacaleros que realicé a mediados de los noventas -veinte años después de esta investigación de Kuschik-, estas observaciones siguieron siendo válidas. Confirmaron que los productores de tabaco desarrollaban otras actividades agrícolas en otras parcelas ejidales compradas, rentadas, prestadas, explotadas en aparcería o en sociedad con otros compañeros¹². Esto era supuestamente irregular, ya que la dotación ejidal original en la planicie costera de Nayarit se restringía a una sola parcela, y las leyes prevalecientes durante la Reforma Agraria prohibían el arrendamiento y todo tipo de transacciones comerciales de tierras ejidales. Pero era tan común y socialmente aceptado que nadie lo escondía. La fragmentación de tierra y el mercado de tierras clandestino eran un fenómeno muy difundido en el sector ejidal de la Reforma Agraria mexicana (^{FAO, 1995}).

A pesar de concebir a la mayoría de los tabacaleros como campesinos, ^{Jáuregui et al. (1980)} encontraron un selecto grupo que tenía condiciones diferentes y se acercaba al rango de productores empresariales. Esto sucedía con aquéllos que tenían acceso a superficies contratadas más amplias, oscilando entre 4 y 6 hectáreas -y eventualmente todavía más- a través de la suma de varios contratos realizados con otros familiares o prestanombres que simulaban tener los contratos (Tabla 2). Siguiendo estos autores, y tomando en consideración las condiciones de producción y los relativamente altos precios de los tabacos rubios de la época, estos productores desarrollaban un manejo empresarial del cultivo, basado en el empleo exclusivo de trabajadores asalariados y en la lógica de acumulación de capital (^{Jáuregui, 1980: 334}).

^{Paré (1977)} también refiere a la existencia de un reducido grupo de ejidatarios y pequeños propietarios de la región de Atencingo que poseían más tierras y “costosos medios de producción” que los situaba en una “vía de acumulación” (^{Paré, 1977: 175}). ^{Gerardo Otero (1998)}, quien condujo una investigación en la misma región en los noventas, considera que un grupo de productores cañeros (alrededor 35%) tenía una “franca orientación mercantil, pero que trabaja(ba) con una lógica básicamente familiar”. A diferencia de Paré, sostiene que este tipo de productor debería ser considerado como un “campesinado empresarial” que no era totalmente equiparable con una clase capitalista en formación (^{Otero, 1998: 292}). Otra posibilidad, aunque escapa a los confines de este trabajo, hubiese sido considerar a los cañeros como simples rentistas de sus tierras a los ingenios azucareros, toda vez que éste se ocupaba de organizar la totalidad del proceso productivo.

En el otro lado del espectro, resaltaba un reducido número de pequeños tabacaleros que tenía una lógica campesina de producción. Como se puede ver en la Tabla 2, el tamaño de las parcelas en la categoría I, que variaban entre 0.5 y 1 hectárea, incrementó de 10.6% a 18.1% en cerca de 10 años entre los inicios de los setentas y principios de los ochentas. Esto se explica por la política redistributiva de Tabamex que tendió a reforzar el minifundista de la producción de tabaco.

Debido al más pequeño tamaño de las superficies tabacaleras, recibían menos recursos del crédito de habilitación y por tanto obtenían menos ingresos. Aunque es difícil derivar conclusiones definitivas ya que los tabacaleros disponían de otras tierras y fuentes de ingresos que podrían modificar esta apreciación, presumiblemente los que pertenecían a este grupo realizaban, con el apoyo de sus familias, la mayoría de las tareas agrícolas y pos-agrícolas. Por tanto, rara vez contrataban jornaleros externos a los grupos domésticos.

En la misma Tabla 2 se puede ver que los productores que pertenecían a las categorías II, III y IV, oscilando entre 1 y 4 hectáreas, que analizaré en la siguiente sección. eran los más representativos de los productores de tabaco, a pesar de que descendieron del 85 al 80% en el mismo período.

EL PEQUEÑO PRODUCTOR FAMILIAR TABACALERO ACOMODADO

Fue durante la década de los sesenta, en la época de predominio de las corporaciones transnacionales, cuando los productores “obtuvieron los mayores ingresos reales” de la historia de la agroindustria tabacalera (^{Valtierra, 1984: 169}). Durante los setentas, Tabamex pudo mantener relativamente altos niveles de vida y de ingresos para los tabacaleros, pero éstos tendieron a declinar durante los ochentas (^{Améndola y Albarrán, 1983}; Ceballos et al., 1985). En el transcurso del ciclo agrícola, los tabacaleros se sustentaban con el ingreso que se otorgaba periódicamente a través del crédito de habilitación. Este ingreso estaba calculado deliberadamente para otorgar más de lo estrictamente necesario para la realización de las tareas productivas, con el objeto de asegurar la reproducción de la unidad doméstica durante el ciclo productivo. Este “ingreso anticipado” era posible por el hecho de que sería descontado al término de la temporada (con excepción de los productores que incurrieran en saldos negativos). El pago al finalizar el ciclo productivo resultaba de restar el financiamiento adelantado del valor total de la producción entregada por el productor. En conjunto, representaba un ingreso considerablemente superior al que obtenía la mayoría de los campesinos mexicanos de la época por la venta de sus cosechas (^{Jáuregui et al., 1980: 259-300}).

Este dinero era por lo general empleado para gastos de mayor cuantía, como construir o mejorar las viviendas y la compra de bienes de consumo duradero (electrodomésticos, equipo agrícola, camionetas). Como se comentó anteriormente, en forma adicional a las actividades relacionadas con el tabaco, los ejidatarios generalmente disponían de otras tierras donde se dedicaban a la agricultura. También se desempeñaban en diversos trabajos rurales y urbanos en los 5 a 6 meses de suspensión de las actividades relacionadas con el tabaco. Los de mayores ingresos tenían pequeños negocios en los poblados tabacaleros (^{Giarracca, 1983: 221}). Un grupo importante de ellos migraba a los Estados Unidos y se empleaba temporalmente en los campos de tabaco de los estados de Carolina del Norte, Kentucky y Virginia, donde sus servicios eran apreciados debido a su experiencia en el cultivo (^{Salazar, 2010}).

La afiliación en 1972 de los tabacaleros de Nayarit al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representó un logro fundamental. En contraste, los productores de la Zona Golfo nunca la obtuvieron. Los trámites administrativos los realizaba su organización gremial, la Asociación Ejidal Esteban Baca Calderón. En Nayarit, únicamente los cañeros pertenecientes a la Unión Nacional Cañera (UNC) y a la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), y cierto número de ganaderos de la Confederación Nacional Ganadera (CNG) estaban también afiliados. La seguridad social se financiaba a través de una cuota que les era retenida de la liquidación final directamente por Tabamex, complementada con una aportación similar de parte de la misma empresa estatal. El seguro social brindaba atención médica al titular y a su familia, seguro de riesgo de trabajo y una pensión al jubilarse.

Muy pocos productores rurales de México de la era de la Reforma Agraria se beneficiaban la afiliación al IMSS. Esto se explica por el hecho de que la seguridad social fue diseñada fundamentalmente para los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que tuviesen patrones a quienes descontar una parte de las cuotas correspondientes, además de aportar su propia cuota. Algunos grupos de productores rurales definidos legalmente como “grupos populares no asalariados”, como los tabacaleros y cañeros, lograron esta afiliación, aunque con servicios médicos un poco restringidos. Debido a que no eran trabajadores asalariados, para obtenerlo había que negociar con el IMSS un convenio especial de incorporación cada inicio de ciclo agrícola Los productores de tabaco se beneficiaban también de otras dos prestaciones significativas que eran el seguro de vida y el seguro agrícola, otorgados por Tabamex y la agencia estatal Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (ANAGSA), respectivamente (Ceballos et al., 1985; ^{Mackinlay, 2001}).

Los trabajadores agrícolas temporales también se beneficiaban del IMSS, a través de un convenio especial para poder cobrar las cuotas correspondientes, pero éste sólo les reconocía los seguros de enfermedad y maternidad y por riesgos de trabajo. Los trabajadores rurales permanentes eran los únicos en tener plenos derechos, a condición de que sus patrones los inscribieran. Paradójicamente, quienes debían ser los sujetos prioritarios de atención, en virtud de ser trabajadores asalariados, tenían muchos menos derechos que los productores agrícolas no asalariados. Para colmo, este derecho no siempre les era facilitado por los titulares de los contratos, quienes en ocasiones canalizaban los “pases” (permisos) para acceder a los beneficios del seguro social a otros familiares o amigos (^{Mackinlay, 2008: 132-140}).

Tabamex también desarrolló una impresionante obra social destinada a las comunidades tabacaleras que dotó de infraestructura urbana a los poblados ejidales tabacaleros, como plazas públicas, auditorios para la celebración de las asambleas y actividades culturales, oficinas y bibliotecas para los ejidos y tiendas gubernamentales con productos subsidiados (CONASUPO). La empresa estatal también otorgaba despensas, becas escolares para los hijos de los productores y otros beneficios sociales (Ceballos et al., 1985: 27-28; ^{Chumacero, 1985: 54}). Esto era posible a través del Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Comunidad Tabacalera que era financiado parcialmente por los productores a través de su contribución como accionistas de Tabamex.

En contraste con los productores de tabaco, los trabajadores asalariados temporales fueron dejados con muy poca protección. Fuera de su afiliación restringida al IMSS, muy poco se hizo para mejorar sus condiciones laborales y sociales. Conforme a la división administrativa institucional, Tabamex no consideró que fuese de su competencia atender a los jornaleros agrícolas, sino que asumió que se trataba de una responsabilidad de la Secretaría del Trabajo. De hecho, el Decreto Presidencial que creó a la empresa estatal solamente mencionó a los campesinos y nunca a los jornaleros agrícolas, a pesar del papel central que jugaban en la producción (Decreto Presidencial de la creación de Tabamex, 1972). Para ilustrar de la actitud adoptada por los ejecutivos de la compañía hacia los jornaleros agrícolas, en cuatro informes de labores del Lic. Antonio Noriega Verdager, Director General de Tabamex entre 1977 y 1980, éstos sólo aparecen con breves menciones que hacían referencia a su incorporación plena al seguro social y un seguro de vida que nunca se hicieron efectivos (Tabamex, 1978, 1979, 1980, 1981).

La invisibilidad de los trabajadores rurales fue una característica de la Reforma Agraria Mexicana. La justicia social para los jornaleros fue concebida como su conversión al estatuto de campesinos a través del reparto agrario, pero no a través del otorgamiento de salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas en los campos agrícolas, ni menos a través de la organización sindical para promover sus derechos. Los gobiernos que emergieron de la Revolución mexicana enfocaron sus políticas públicas en el campo en el acceso a la tierra y en la creación de servicios para apoyar a los ejidatarios, dejando sin atención a los asalariados rurales y en una situación de apremiante precariedad social.

Aunque los círculos progresistas y de izquierda estaban conscientes de esta situación, por muchos años mostraron más preocupación por los asuntos relacionados con la tierra que por el trabajo agrícola, a pesar del incrementado número de campesinos que requería subsidiar sus actividades agrícolas con ingresos extra-agrícolas. El número de proletarios rurales que no tenía tierra o solamente un acceso limitado a la misma también se incrementó. Con pocas excepciones, estos círculos enfatizaban mucho más la “lucha por la tierra” que la lucha por establecer organizaciones sindicales independientes. En cierta medida, esta actitud era compartida, en la era de la Reforma Agraria, por los mismos asalariados rurales. Un buen número de ellos tenía pequeñas parcelas ejidales o comunales regidas por el régimen de propiedad social o la posibilidad de cultivar un pedazo de tierra en determinadas épocas del año.

Debería de haber sido de suma importancia que Tabamex tomara las medidas necesarias para proteger a los jornaleros agrícolas temporales -o encargarse de que alguna institución realmente lo hiciese-, en especial a los más necesitados jornaleros migrantes, indígenas y mestizos. Dentro de este grupo, debería haberse considerado sobre todo aquéllos que se desplazaban con sus familias y que no fueron atendidos en cuestiones como sus condiciones de alojamiento en los tabacales, la prevención del trabajo infantil y la provisión de servicios educativos para los niños en edad escolar¹³.

Siguiendo los criterios de la conocida tipología de ^{CEPAL (1982)}, basada en datos censales de 1970, la mayoría de los campesinos del país pertenecían a las categorías de “infrasubsistencia” y “subsistencia” que eran las de menor rango y sumaban alrededor de 72% de los productores rurales de principios de la década de 1970. No podían cubrir sus necesidades de alimentación básicas o a duras penas las cubrían, por lo que estaban obligados a completar su condición de agricultores con ingresos obtenidos por fuera de las actividades agrícolas (p. 114). En este sentido, en vez de campesinos de tiempo completo, se desarrolló, durante la era de la Reforma Agraria mexicana (1915-1992), un importante grupo de “campesinos semi-proletarios” (^{Kay, 2006: 471-472}). Una buena parte de los jornaleros agrícolas eran campesinos temporaleros que trabajaban sus propias parcelas en la época de lluvias y migraban para vender su fuerza de trabajo el resto del año. También existía una importante fracción que eran del todo proletarios, carentes de tierras, que deambulaban de trabajo en trabajo, muchas veces con sus familias, para ganarse la vida. Es de notarse que el Censo Agropecuario de 1970 se realizó poco más de un año antes de la formación de Tabamex, por lo que estos datos corresponden a estas fechas.

El 28% restante eran campesinos de las categorías “estacionaria” y “excedentaria”, es decir campesinos que superaban el umbral de la subsistencia, basados fundamentalmente en el trabajo doméstico de los integrantes del núcleo familiar. Por encima de esta categoría se ubicaba la de “agricultores transicionales” que tenían una “capacidad de acumulación reducida y errática”. En buenas épocas recurrían a una mayor contratación de trabajadores asalariados, aunque también podían sustentarse en mayor medida en el trabajo doméstico cuando las perspectivas económicas no eran favorables. Dependiendo de las circunstancias, oscilaban entre la categoría excedentaria y la de pequeños empresarios agrícolas (^{CEPAL, 1982: 113-116}).

Entre las estratificaciones que se hicieron de los tabacaleros, resalta la de ^{CODAI (1982)}, que abarcó todas las regiones tabacaleras, incluyendo la zona administrativa del Golfo de México, y distinguió tres grupos, a saber: a) el campesinado “pobre”; b) un sector intermedio o “campesinado medio”; y c) el campesinado “rico” o “excedentario” (p. 134). Los campesinos pobres fueron detectados en varias regiones de esta zona, pero no en la zona Nayarit-Jalisco. Este grupo incluyó a los más pequeños productores de tabacos oscuros para cigarrillos del norte de Veracruz y especialmente a los “micro-productores” de Zimatlán, Córdoba y Simojovel (Mapa 1) que cultivaban superficies que oscilaban entre 0.2 y 0.5 hectáreas de variedades de tabaco especiales. Estos micro-productores sólo recibían un reducido financiamiento y apoyo por parte de Tabamex¹⁴. En el trabajo de campo que realicé en el año 2004, a través de entrevistas realizadas a productores de la época, pude constatar la abismal diferencia que existía entre los tabacaleros con habilitaciones completas de la mayor parte de las regiones tabacaleras y estos microproductores que producían tabacos especiales, empleados en muy reducidas proporciones en las mezclas de cigarrillos.

De acuerdo con ^{CODAI (1982)}, “el grupo más representativo de la población tabacalera era el “campesino medio”, que obtenía un ingreso total que cubría “no sólo en el ciclo productivo sino en el resto del año”. Este ingreso supuestamente alcanzaba para su subsistencia tanto en los meses de actividad como en los de inactividad del cultivo¹⁵. La tercera categoría de productores “se encuentra en un proceso de expansión de sus explotaciones en un sentido empresarial”, diversificando su producción agrícola e involucrándose en otras actividades como el transporte, el comercio minorista y pequeños negocios (^{CODAI, 1982: 134-135}).

Tomando todo esto en consideración, no resulta fácil catalogar a los tabacaleros de la época de Tabamex conforme a las categorías sociológicas tradicionales. No eran de ninguna manera opulentos, pero les iba bastante bien. Estaban al menos en una situación que era equiparable o superior a la de los campesinos estacionarios y excedentarios. En ciertos casos tendían al estatuto de pequeños empresarios basados fundamentalmente en la explotación de fuerza de trabajo (categoría V de la Tabla 2). Es por ello que, con excepción de los productores que tenían menos tierras contratadas (categoría I de la Tabla 2), aquellos que se ubicaban entre las categorías II a IV, es decir la mayoría, podrían catalogarse como productores transicionales que oscilaban entre los más altos estratos de los campesinos y los más bajos del empresariado agrícola.

Dependiendo de sus preferencias o la posibilidad que tuviesen de insertarse en actividades mejor remuneradas por fuera de la actividad tabacalera, las familias podían dedicar más o menos tiempo al cultivo del tabaco. Es por ello que la categoría de productores transicionales es particularmente adecuada para ilustrar su situación social. En comparación con la época previa al reparto agrario de los treintas, cuando habían sido peones acasillados viviendo en condiciones de pobreza, migrantes en busca de tierras o campesinos recién asentados en los ejidos como resultado de la reforma agraria, experimentaron un verdaderamente importante progreso económico y movilidad social.

En tiempos de Tabamex, hubo otros productores de la Reforma Agraria mexicana se acercaban a los tabacaleros y los productores de caña de azúcar, que tenían remuneraciones y estándares sociales parecidos a través de distintos regímenes productivos Éstos provinieron de una miríada de grupos, considerando la amplitud de la Reforma Agraria, que lograron acceder a tierras de cultivo de calidad (en general irrigadas) con regímenes organizativos adecuados (^{González, 1994}). Esto se puede explicar por el hecho de que estaban ubicados en actividades especialmente lucrativas que les permitían obtener precios razonables por sus productos o los servicios que ofrecían (como los turísticos). Esta diversa gama de productores “medios”, trabajando en forma independiente o a través de formas asociativas diversas que eran particularmente importantes en el sector social, gozaron de niveles de ingresos y de vida que eran sustancialmente más altos que el común de los campesinos de escasos recursos de la reforma agraria. Por lo tanto, no es de sorprenderse que por muchos años formaran parte de las bases sociales más leales de la oficialista y corporativa Confederación Nacional Campesina (CNC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (^{Mackinlay 1996}).

LOS PRODUCTORES DE TABACO NAYARITAS COMO PATRONES

A pesar de la insistencia acerca de la condición básicamente campesina de los tabacaleros en la mayoría de los estudios de Tabamex, algo que los distingue de otros pequeños productores es la sistemática contratación de jornaleros externos a la unidad doméstica. Esta práctica los distanciaba de la categoría del campesinado. Gracias al financiamiento que recibían para salarios, un número importante de productores de tabaco optaba por no participar directamente en el proceso productivo, con niveles variables de participación de otros miembros de la unidad económica familiar.

Tan sólo asumían la dirección del mismo, tendencia más marcada entre aquéllos que tenían superficies habilitadas de mayor tamaño. En este grupo “es común encontrar que (los ejidatarios tabacaleros) ya no trabajan directamente la tierra” (^{Bracho 1990: 69}).

Una omisión de todos los estudios sobre Tabamex a los que he referido es que, al enfocarse exclusivamente en los productores, sólo ocasionalmente mencionaban a los trabajadores asalariados. Esto resultaba en subestimar el significado de este fenómeno. Asumían que esta práctica se restringía a las necesidades que excedían la capacidad de la unidad doméstica de proveer la fuerza de trabajo requerida. Sólo ^{Bracho (1980, 1990)} tomó en consideración el aspecto laboral en forma más integral. Sin embargo, el problema con su enfoque es que clasificaba a los productores y a los productores de tabaco en la misma categoría, al concebir a los productores como proletarios encubiertos y a los jornaleros agrícolas como proletarios plenos. Se trataba, en consecuencia, de dos formas diferentes de explotación de fuerza de trabajo.

Según un funcionario de Tabamex entrevistado por el equipo de investigadores de CODAI, los productores y sus familias proporcionaban el equivalente de 30 a 35% de la fuerza de trabajo, los jornaleros migrantes indígenas representaban de 35 a 40%, mientras que los jornaleros locales y migrantes procedentes de estados aledaños a Nayarit representaban de 25 a 30% (^{CODAI, 1982: 125}). Esto es una estimación aproximada, ya que tales proporciones son difíciles de evaluar cuantitativamente -ninguna de las investigaciones sobre Tabamex proporcionó datos que incluyeran estas variables-, pero esto se puede confirmar con los altos flujos de mano de obra que llegaban a la costa nayarita en las épocas de mayor oferta de empleos.

La estructura laboral de la agroindustria azucarera era muy similar, aunque esta actividad productiva era mucho más amplia que la del tabaco para cigarrillos. En 1982 cubría 15 estados de la República e involucraba poco más de 128 000 productores que trabajaban para un total de 69 ingenios azucareros (Paré, et al., 1987: 33). En contraste, en el mismo año un promedio de 13 720 tabacaleros (Tabla 1) abastecía 3 plantas desvenadoras en Nayarit, a los que hay que sumar un número similar de productores de los estados Veracruz, Oaxaca y Chiapas (^{CODAI, 1982: 47}). La actividad económica de la caña de azúcar también empleaba un considerable número de trabajadores durante la fase agrícola y más de 97 000 jornaleros agrícolas temporales para la zafra, muchos de los cuales eran jornaleros indígenas migrantes provenientes de estados de menor desarrollo económico como Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca e Hidalgo. Al igual que en la rama del tabaco, los cañeros gradualmente sustituyeron la mano de obra familiar por trabajadores externos a las unidades domésticas. El corte de la caña se realizaba en condiciones sumamente adversas y difíciles, ya que para erradicar la maleza se procedía primero a una quema de las parcelas. En este “duro y mal pagado” trabajo, la gran mayoría de los productores “no corta personalmente su caña” (Paré et al., 1987: 40-52).

La siguiente cita de Luisa Paré es reveladora de cierta amargura sobre estos campesinos de la reforma agraria: “Actualmente los ejidatarios ya no trabajan la tierra. Todo o la mayor parte del trabajo es realizado por los jornaleros; cuando mucho riegan o hacen algún trabajo cuando no encuentran quién lo haga. Ahora son, ante todo, administradores, vigilantes, en fin, capataces (...) ¿A qué correspondía la utilidad hasta las últimas zafras? ¿Era salario, ganancia o renta de la tierra? (…) (Antes) la mayor parte de los ejidatarios trabajaban personalmente en todas las labores de la siembra, beneficios y riegos, aunque no en la zafra (...) (^{Paré, 1977: 181-183}).

En cuanto a los trabajadores de los grupos étnicos de Nayarit que residían en sus comunidades serranas, éstos cultivaban maíz, frijol, calabaza y otros productos de autoconsumo en la época de lluvias, de marzo a septiembre. Durante la época de secas, bajaban a la costa de Nayarit en condiciones sumamente precarias para el corte y el ensarte del tabaco. En su mayoría, eran campesinos de infrasubsistencia y subsistencia semi-proletarios que vendían su fuerza de trabajo parte del año. Eran contratados por estos productores familiares acomodados que fungían como sus patrones. Este tipo de contratación representaba una costumbre iniciada en el siglo XIX, cuando el cultivo estaba en manos de hacendados, en ausencia de suficiente fuerza de trabajo local. Fue continuada en la época de predominio de las corporaciones transnacionales de 1927 a 1972. Formaba parte de la cultura tabacalera nayarita, al igual que contratar cortadores de caña lo era para la producción azucarera.

Ahora bien, si reflexionamos bajo la óptica de la teoría de la explotación del trabajo, sin duda la relación de explotación beneficiaba principalmente a las compañías tabacaleras y los ingenios azucareros que eran los mayores beneficiarios de la extracción de plusvalía. Los tabacaleros y los cañeros eran, en cierta medida, intermediarios de esta relación de explotación. Eventualmente, siguiendo a ^{Bracho (1990)} podrían haber sido considerados como “capataces” de facto, en el sentido de que “el ejidatario cumple las veces de capataz que supervisa y controla el trabajo” (^{Bracho, 1990: 69}).

Sin embargo, los productores de tabaco estaban a cargo de la relación laboral de forma autónoma, sin injerencia de las compañías. Se beneficiaban, y eran participantes activos de esta relación de explotación, ya que una significativa parte de su ingreso provenía de la explotación de los jornaleros agrícolas. Su estatuto de pequeños productores no los eximía de la obligación, rara vez cumplida, de pagar la cuota asignada en el crédito de habilitación para para los salarios y otorgarles los “pases” para los servicios médicos establecidos en el convenio con el IMSS. Y proporcionarles condiciones alojamiento más dignas conforme a las leyes laborales. Como plantean Díaz Romo y Salinas-Álvarez:

“Las negociaciones entre los huicholes y los ejidatarios (…) quienes actúan como intermediarios entre la fuerza de trabajo y el capital tabacalero, usualmente tienen lugar en las plazas de los pueblos, en las centrales camioneras o en las propias casas de los patrones. En algunos casos los huicholes piden algunas condiciones “extras”: cierta cantidad de tortillas al día por familia o alguna dotación de agua purificada. Pocos trabajadores obtienen estas condiciones extras Para quienes lo logran constituyen una gran conquista ya que, de otra manera, se verán obligados a beber agua de los canales de riego procedentes del Río Santiago, uno de los más contaminados de México (…) No todos los huicholes intentan negociar las condiciones de trabajo ni la tarifa por sarta, ya sea porque no saben hablar bien el español, por la timidez que los caracteriza o porque temen no ser contratados si se ponen “muy exigentes”. Además, necesitan el trabajo urgentemente y terminan, generalmente, aceptando cualquier propuesta. Cuando las negociaciones concluyen, generalmente han sido injustas para los indígenas (…). En ocasiones, después de la primera o segunda semana de trabajo, los patrones sencillamente despiden a los trabajadores, obligando a familias enteras a iniciar nuevamente un peregrinaje de varios días en busca de trabajo”. (^{Díaz Romo y Salinas-Álvarez, 1999: 347-348}).

Para balancear esta visión, también existían tabacaleros que trataban con mayor consideración a sus empleados indígenas, a pesar de que éstos dormían en los tabacales en las chozas arriba descritas. Les proporcionaban mantas para abrigarse y una lámpara de diésel para que tuvieran luz cuando caía el sol (lo que también les era útil para continuar trabajando). Una vez que comenzaba el trabajo, les surtían diariamente de tortillas, agua potable y eventualmente frijoles. Si no llevaban a los trabajadores o miembros de su familia al IMSS cuando enfermaban (porque habían empleado los cinco “pases” que les correspondían por hectárea para su uso personal) al menos les proporcionaban atención médica con doctores particulares (^{Mackinlay, 2008: 130}). Durante los fines de semana era bastante común que los patrones albergaran a las familias indígenas en los patios de sus casas, donde podían abastecerse de alimentos, descansar y distraerse en las plazas de los poblados tabacaleros.

Existen casos de otros países donde la fuerza de trabajo rural no es tan barata y por lo tanto los pequeños productores deben fincarse mucho más en la fuerza de trabajo proveniente de la unidad doméstica. Podemos tomar dos casos contrastantes de regiones tabacaleras de Argentina en las que predominan este tipo de productores. En la provincia de Misiones, en el noreste de ese país, los productores de tabaco burley plantan un promedio de 1.5 hectáreas. Sus explotaciones “están basadas en el uso de fuerza de trabajo doméstica como un elemento fundamental que imprime su característica a todo su comportamiento económico”. En Misiones, el tamaño promedio de las fincas es de 17.3 hectáreas, mayor que en Nayarit, donde desempeñan múltiples actividades en el resto de la superficie (^{Baranger, 2007: 10- 32})¹⁶.

En este caso, según ^{Schiavoni (2001)}, las explotaciones agrícolas están “basadas en el uso de mano de obra familiar, la integración al mercado y cierta capacidad de acumulación de capital”. En esa provincia, formas de ayuda mutua e intercambios recíprocos de trabajo prevalecen entre familias nucleares y extensas. Éstas son un poco diferentes a “las formas colectivas de ayuda mutua” -como podría ser el tequio de las comunidades indígenas de México-, ya que revisten de un carácter “más económico”. Esto significa que incluyen una “estimación de los montos intercambiados y los plazos de devolución de la ayuda”, aun cuando se mantienen “dentro de la economía del don¹⁷”, basada en “la preferencia por las transacciones entre amigos y parientes” (^{Schiavoni, 2001: 461-462}).

En la provincia de Tucumán en el noroeste Argentina, ^{Carla Gras (2005)} estudió a los tabacaleros que contaban con menos de 2 hectáreas de Virginia flue-cured y que empleaban “únicamente el trabajo familiar”. Aquéllos que disponían entre 2 y 5 hectáreas, en situaciones donde “los requerimientos estacionales de mano de obra superaban la oferta de trabajo familiar”, tenían que combinarla con “la contratación de asalariados transitorios (jornaleros)” (^{Gras, 2005: 89}). Aquí también se daba, al igual que en Nayarit, la posibilidad de optar por un trabajo externo al predio y suplirlo con mano de obra asalariada. Aunque esto se realizaba por una cuestión de conveniencia económica, intentaban mantener la menor contratación de asalariados externos posible debido al alto costo de la mano de obra.

En Tucumán, al igual que en Misiones, existían relaciones de “reciprocidad de los intercambios” que no involucraban “circulación de dinero” entre “familiares que no formaban parte de la unidad doméstica y vecinos” (^{Gras, 2005: 89-90}). Esto es paradójico considerando que la estructura agraria argentina no presenta, salvo en contadas regiones, un importante carácter campesino. Estas mayores inclinaciones campesinas-familiares extendidas-comunitarias en estas dos regiones pueden explicarse debido a la existencia de una estructura agraria que presenta un menor grado de diferenciación social, y el hecho de que en Argentina los costos de la intermediación laboral son de los más altos de América Latina. También incide la menor abundancia de mano de obra rural, la existencia de un mayor número de sindicatos de trabajadores rurales y organismos de defensoría laboral (véase ^{Neiman, 2010}). Además, y especialmente, no existe un grupo social subalterno de importantes magnitudes que se encuentre en una escala social notablemente inferior, como sucede en México con los pueblos indígenas y otros campesinos de infrasubsistencia que padecen una situación de pobreza extrema, a los que es posible pagar salarios sumamente bajos y que a menudo son objeto de discriminación social por parte de los grupos sociales que se encuentran por encima de ellos.

CONSIDERACIONES FINALES

La relativamente privilegiada condición económica alcanzada por los tabacaleros que duró treinta años, es decir de los años sesenta hasta los ochenta, no significa que se tuviese una estrategia para promover su conversión en agentes dinámicos de la economía agrícola regional. La reducida extensión de las parcelas, la ausencia de suficientes créditos refaccionarios para la compra de maquinaria y equipo, los altos niveles de contubernio entre los productores y los supervisores de campo para obtener ambos ventajas pecuniarias, y toda una serie de factores que inhibían una producción de mejor calidad, mayores ganancias y más altos niveles de eficiencia productiva -que aquí no pude analizar por falta de espacio véase ^{Mackinlay, 2020}-, impidieron que se diera tal desenlace. Ello determinó que en Nayarit no se desarrollaran más que marginalmente “oportunidades de acumulación desde abajo”, a partir de la agricultura de contrato tabacalera, como sí fue el caso de ciertos grupos de productores en un país como Zimbabwbe (^{Scoones, Mavedzenge y Murimbarimba, 2015}) y de otros países.

Los pequeños productores de tabaco acomodados representaron un grupo social que es sólo comparable a los productores de caña de azúcar, cuya actividad productiva y modalidades de trabajo se efectuaban en condiciones similares. En consecuencia, difícilmente pueden ser considerados un modelo paradigmático de la agricultura de contrato. Asentados en superficies de riego de buena calidad, tenían acceso a un excepcionalmente favorable régimen de financiamiento completo, floreciendo en sectores económicos redituables que eran intensivos en fuerza de trabajo. Disponían de recursos en efectivo que derivaban del crédito de habilitación, el cual, combinado con el bajo costo de la fuerza de trabajo, les permitía contratar trabajadores asalariados. No es imposible tales condiciones hayan prevalecido en otros países, pero en todo caso resultarían excepcionales.

Empero, el hecho de que estas condiciones existieran para la agroindustria tabacalera durante el período estudiado no deja de servir de ejemplo para reflexionar acerca del delicado asunto que significa la contratación de asalariados agrícolas por parte de pequeños productores. Esto es especialmente cierto en el caso de un país como México, donde prevalece un importante nivel de diferenciación social en la sociedad rural que permite que pequeños productores pueden explotar jornaleros indígenas migrantes y otros trabajadores de menor estatuto económico y social. Esta situación es muy diferente en otros países, como en el caso de Argentina, donde esto no sucede debido a los altos costos de la fuerza de trabajo.

Es importante mencionar, sin embargo, que las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas en los grandes campos agrícolas del noroeste del país (sobre todo Sonora y Sinaloa en esa época) eran también altamente precarias. La producción en esa región de productos hortícolas para la exportación es llevada a cabo por una burguesía agraria que cuenta con recursos económicos notablemente superiores (^{Carton de Grammont y Lara Flores, 2010}; González, 2019).

Debido a sus características, no fue posible ubicar a los pequeños productores de tabaco de Nayarit en ninguna de las categorías sociológicas tradicionales, sino en la categoría intermedia de “productores transicionales”, acuñada en el notable trabajo de ^{CEPAL 1982}. Cabe mencionar que este estudio basado, como se dijo, en un re procesamiento de los datos censales de 1970 logró -quizás por única vez- clasificar al conjunto de productores agrícolas y ganaderos del país en una tipología de cobertura nacional.

Este dilema conceptual no se presentó con los jornaleros indígenas migrantes que eran claramente campesinos de infrasubsistencia y subsistencia semi-proletarios que cultivaban su propia tierra la mitad del año y dedicaban la otra mitad a trabajar fuera de sus regiones para subsistir y para subsidiar sus vidas como agricultores. Esto era también el caso de cierto número de jornaleros agrícolas locales y jornaleros mestizos migrantes que tenían cierto acceso a la tierra y trabajaban por un salario parte del año. También había jornaleros agrícolas locales y mestizos migrantes que mucho se parecían al tradicional proletariado agrícola toda vez que vendían su fuerza de trabajo todo el año.

Habría que acotar que, a pesar de este panorama poco halagador, estamos hablando de la era del Estado intervencionista y de Bienestar en la que existían mejores condiciones para el desenvolvimiento de los productores agrícolas independientes y donde buena parte de los actores sociales agrarios (siendo los tabacaleros una de las excepciones) concordaba razonablemente bien con los tipos ideales referidos. Esta situación cambió con la globalización de los años de 1990, donde los roles rurales tradicionales se han desdibujado todavía más. Es posible que, en virtud de los cambios económicos y sociales que se han generado, estos grupos sociales actualmente deban ser objeto de examen más bien bajo la óptica de las teorías de la “rur-urbanización”, “nueva ruralidad”, “desagrarización del campo” y otras (^{Kay, 2009}).

Posteriormente a la privatización de Tabamex, acontecida en el año 1990, los tabacaleros nayaritas no lograron mantener sus niveles de vida, que ya había empezado a declinar durante los ochentas. La mayoría perdió sus contratos y sus niveles de ingresos se colapsaron (^{Mackinlay, 1998, 1999}). Entre 1990 y 2000, la superficie cultivada se redujo drásticamente de 31 053 hectáreas que tenía en el período de Tabamex (Tabla 1) a un promedio de 22 607 hectáreas en el año 2000. En 2005 cayó a un promedio de 9 897 hectáreas (^{Mackinlay, 2008: 125}). Los tenedores de los contratos que fueron dados de baja no solamente perdieron sus ingresos del tabaco sino también el acceso a los beneficios de la seguridad social.

Numerosos factores explican esta situación que no sólo fue resultado de las políticas productivistas de mercado implementadas, en este caso, por los grandes grupos privados nacionales y transnacionales que pasaron a controlar la agroindustria tabacalera. También hay que considerar el sumamente relevante hecho de que, durante la era de la Reforma Agraria mexicana, no se desarrolló entre los pequeños productores mexicanos una cultura de eficiencia, productividad y calidad de la producción. Esto les hubiese permitido a los productores de tabaco, a pesar de su subordinación a un paquete tecnológico dictado desde afuera, desarrollar mayores habilidades empresariales y, con ello, desarrollar mejores posibilidades de sobrevivencia económica como pequeños productores después de la disolución de Tabamex. Esto no los ayudó a adquirir las herramientas para enfrentar los desafíos planteados por las políticas neoliberales, el retiro del Estado y la liberalización comercial.

Durante las décadas de 1990 y 2000, la agroindustria del tabaco fue profundamente afectada por la restructuración neoliberal. Los pequeños productores de tabaco acomodados del antiguo emporio tabacalero de la Costa Norte que fueron los más afectados, ya que no tuvieron casi más opción que dedicarse a la producción de frijol, un cultivo muy castigado por los precios en una economía abierta, eventualmente arroz o producir algunas hortalizas. Los productores de la Costa Sur encontraron mejores alternativas gracias al medio natural más propicio para cultivar un mayor número de productos hortofrutícolas tropicales de exportación, vendidos a grandes comerciantes que se instalaron en la región, y a su mayor cercanía a los centros turísticos que ofrecen posibilidades de empleo y venta de artesanías (Mapa 1). La emigración hacia los Estados Unidos se incrementó, principalmente a través de un programa de trabajadores no emigrantes contratados por un período limitado de tiempo, después del cual tienen que regresar a México. En este sentido los productores de tabaco migrantes de la época de Tabamex abrieron brecha. Aunque los estándares de vida de los pequeños productores de tabaco acomodados de las fértiles regiones agrícolas de la planicie costera nayarita no cayeron a niveles de infrasubsistencia, se volvieron semiproletarios que tuvieron que diversificar su modo de vida agrícola. En este sentido, se vieron obligados a vender cada vez más su fuerza de trabajo, se volvieron más dependientes de remesas enviadas por familiares migrantes y ganarse la vida en una variedad de actividades para subsistir y garantizar la reproducción social de sus familias.