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INTRODUCCIÓN
En la última década, la migración internacional en América Latina y el Caribe ha tomado una significancia sin precedentes derivado de las crisis políticas y económicas, los desastres naturales por el cambio climático, la violencia y la persecución, principalmente en los países más desfavorecidos de la región. Esto ha propiciado un incremento sustancial en el número de personas que habitan en un lugar distinto al de nacimiento. En ese sentido, de acuerdo con McAuliffe y Triandafyllidou (2021), hasta «2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3.6 por ciento de la población mundial» (p. 21), lo que muestra una diferencia de alrededor de 60 millones respecto a los reportes de 2010.
Ante el dinamismo que el fenómeno migratorio en la actualidad presenta, el grupo de niñas, niños y adolescentes (NNA)2 (Hernández Hernández y Curiel Sedeño, 2022) es el más vulnerable que se encuentra inmerso en la migración internacional. Por esta razón, frente al contexto de violencia que se vive en el territorio mexicano, resulta urgente brindar protección a este sector y garantizar el acceso a sus derechos fundamentales (García-Jiménez, 2020; González Arias y Araluce, 2021; Moreno Villa, 2021; Roldán Andrade, 2021).
Hasta hace poco más de una década, las cifras y peculiaridades de la migración de grupos minoritarios, como la población de NNA, habían sido ignoradas (García Vidalez et al., 2008). De manera paulatina, la presencia de personas menores de edad en situación de movilidad ha tomado relevancia y ha reforzado la idea de que NNA migrantes son actores con agencia propia, capaces de tomar decisiones y emprender un trayecto migratorio (Chavez y Menjívar, 2010; Vega Villaseñor y Camus Bergareche, 2021). En este sentido, Hernández Hernández y Curiel Sedeño (2022) argumentan:
En los últimos cinco años, el fenómeno de la migración se ha tornado más complejo, involucrando masivamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes se suman a los flujos migratorios recientes, siendo testigos de los contrastes entre la apertura y el rechazo de las políticas oficiales por parte de los Estados y también de las sociedades. (p. 17)
A partir de los registros en torno al flujo de NNA extranjeros en México presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM), se observa que en 2018 el número ascendía a 31 717, mientras que para 2019 esta cifra se había disparado a 53 507 casos (Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas [UPMRIP], 2023b). Es importante enfatizar que de manera extraordinaria en 2019 se presentó la cifra más alta de NNA ante el INM durante la segunda mitad de la década, es decir, antes de la pandemia por el COVID-19. En contraste, para 2020 las autoridades mexicanas informaron que la cifra de menores detenidos había descendido a 11 262 casos. Por otro lado, en 2021 la cifra ascendió a 75 592, mientras que para 2022 y 2023 los registros indicaban 71 207 y 113 660, respectivamente (Rodríguez Ordoñez, 2024).
En el caso de Sonora, las estadísticas relacionadas con la presencia de NNA en situación migratoria irregular muestran que a partir de 2018 hubo un incremento, ya que en ese año se contabilizó un total de 396 casos, en contraste con los 4 160 registrados en diciembre de 2023. Es importante mencionar que el grupo conformado por niñas y niños de entre 0 y 11 años, principalmente acompañados, es el que tuvo el mayor aumento, pues si bien en 2018 se contabilizaron 179 eventos, para 2023 esta misma categoría se había disparado hasta 2 676 (UPMRIP, 2022b).
En el cuadro 1 se observa que el número de personas que emprenden un trayecto migratorio a una edad más temprana ha registrado un aumento sostenido desde 2018, lo que subraya la urgencia de reforzar los protocolos y las rutas de protección en las entidades federativas, algo que la sociedad civil organizada y los organismos internacionales han subrayado en reiteradas ocasiones (Instituto para las Mujeres en la Migración [IMUMI], 2022).
Cuadro 1. Eventos de NNA en situación migratoria irregular en Sonora, 2018-2023
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 12 a 17 años | 183 | 638 | 364 | 435 | 991 | 1 470 |
| Acompañados | 70 | 360 | 95 | 168 | 589 | 1 081 |
| No acompañados | 113 | 278 | 269 | 267 | 402 | 389 |
| De 0 a 11 años | 186 | 627 | 278 | 1 803 | 1 816 | 2 690 |
| Acompañados | 179 | 617 | 269 | 1 772 | 1 805 | 2 676 |
| No acompañados | 7 | 10 | 9 | 31 | 11 | 14 |
| Total | 396 | 1 265 | 642 | 2 238 | 2 807 | 4 160 |
Fuente: Elaboración propia con datos de la UPMRIP (2018, 2019, 2020, 2021, 2022a, 2023a).
El aumento sostenido en la estadística registrada a partir de 2021 en Sonora, se inserta en las reformas realizadas a la Ley de Migración (2011) y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP, 2011), aprobadas por el Congreso de la Unión en noviembre de 2020, cuyo aspecto fundamental es la prohibición de las detenciones de niñas, niños y adolescentes en movilidad. Esto ha generado disputas en la práctica, pues estas detenciones continúan registrándose en distintas regiones del territorio mexicano (Ortega Velázquez, 2023).
Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ocupan un lugar primordial debido a la atención que brindan a NNA migrantes que se encuentran en tránsito por México (Garkisch et al., 2017; Vega Villaseñor y Camus Bergareche, 2021), y, en particular, por Sonora (Landeros Jaime y Gómez Johnson, 2023). Es la misma sociedad civil organizada la que en mayor medida emprende iniciativas enfocadas en aminorar los efectos que se derivan del trayecto migratorio, siendo testigos de las afectaciones físicas y emocionales que la violencia, la pobreza y la marginación propician en los grupos migrantes. Cabe mencionar que dichas acciones sociales incluso anteceden a las actividades que el Estado realiza actualmente (García Borja y Viales Mora, 2021) a través de los Centros de Asistencia Social (CAS), cuyo principal objetivo es salvaguardar a las personas que se encuentran en movilidad a través de los recursos que el Estado dispone.
Aunque la finalidad de ambos actores pudiera parecer similar, existen diferencias importantes que deben ser abordadas desde las narrativas de quienes brindan los apoyos, en virtud de generar una clara distinción entre los servicios ofrecidos por el Estado y los que otorga la sociedad civil organizada. En ese sentido, el objetivo de este artículo es analizar las experiencias en torno a la atención que reciben NNA migrantes en la frontera norte de México, a partir de la labor de las OSC y de un CAS en el estado de Sonora, e identificar las principales problemáticas que enfrenta la migración internacional de este sector en su tránsito por dicha entidad fronteriza.
A continuación, se presenta una mirada conceptual a las OSC en virtud de entender de forma integral el trabajo que realizan. Así mismo, se describen las características principales de los CAS que operan en Sonora. Posteriormente, se revisa la legislación mexicana en materia de migración internacional aplicable a NNA, se presenta la estrategia metodológica, se muestran los principales hallazgos y, finalmente, las conclusiones.
PANORAMA GENERAL DE LAS OSC Y DE LOS CAS EN SONORA
Desde hace más de tres décadas, las OSC3 desempeñan una labor invaluable en materia de atención a la población migrante en su tránsito por Sonora. Si bien inicialmente la sociedad civil organizada en la entidad se enfocaba en actividades asistencialistas y humanitarias, con el paso del tiempo ha incorporado la asesoría legal y la defensoría de los derechos humanos como parte medular de su quehacer diario, esto a partir del aumento de los flujos migratorios y de la diversificación de las motivaciones para migrar, mismas que mayormente se relacionan con situaciones de violencia, persecución, hostigamiento, pobreza y marginación (García-Jiménez, 2020; Landeros Jaime y Gómez Johnson, 2023).
Aunado a la diversificación de las actividades que realizan, el número de OSC que atiende a migrantes en territorio sonorense ha ido en aumento, pues en 2015 se reportaba la existencia de 11 organizaciones distribuidas en las ciudades de Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado (Moreno Mena y Niño Contreras, 2013). Sin embargo, para 2023 el número de OSC que brindaban servicios aumentó a 23. Además, su distribución se extendió a los municipios de Hermosillo, Ciudad Obregón, Altar, Caborca y Guaymas, siendo estas localidades de suma importancia debido a la ruta que emprenden las personas migrantes en tránsito por la entidad sonorense (Llanos Reynoso, 2023).
Por otro lado, los Centros de Asistencia Social (CAS) son el otro actor de importancia que atiende primordialmente a NNA migrantes. Se trata de establecimientos que dan acogimiento residencial a personas menores de edad que carecen de cuidado parental o familiar; son instituciones públicas y privadas que están reguladas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) en Sonora y que tienen como finalidad principal velar por el interés superior de la niñez. Es precisamente en los CAS «donde las niñas, niños y adolescentes migrantes permanecerán durante el procedimiento administrativo para determinar su situación migratoria en el país» (Ortega Velázquez, 2023, p. 352). Es relevante puntualizar que desde la perspectiva académica y de las OSC, los CAS también son considerados como espacios que anteceden a la deportación de NNA migrantes que buscan alejarse de la violencia y marginación que impera en su lugar de origen (Ortega Velázquez, 2023; Saiz Valenzuela, 2023).
En el caso de Sonora, con la publicación de la Ley General de los Derechos de NNA (LGDNNA, 2014), se crea la Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia Social adscrita a la PPNNA. No obstante, fue hasta 2018 que en el Boletín Oficial se publicaron los lineamientos para la autorización, registro, certificación y supervisión de los CAS en el Estado. Según documentos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora, 2023b) de Sonora, en la actualidad existen 33 CAS distribuidos en los distintos municipios de la entidad. Uno de ellos es el albergue Tin Otoch, que inició actividades en 2018 y está ubicado en la ciudad de Hermosillo. Su principal objetivo es brindar alojamiento residencial temporal a NNA migrantes canalizados por el INM, a fin de determinar el interés superior dando prioridad a la unidad familiar.
A partir de la conceptualización de las OSC y de las características de los CAS, se subraya que, si bien la sociedad civil organizada y el Estado buscan asegurar el bienestar tanto emocional como físico de NNA migrantes, existen diferencias sustantivas en cuanto a su operación y administración que se reflejan sobre todo en aspectos como el acceso a recursos económicos, los modelos de atención, la visión integral de lo que se entiende por políticas públicas de protección, la capacidad de respuesta, las obligaciones y las responsabilidades.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS PARA LA MIGRACIÓN DE NNA EN MÉXICO
A partir de la publicación de la LGDNNA (2014), la detención de esta población migrante está prohibida en México. Sin embargo, el INM continuó con las detenciones y los procesos de deportación porque la Ley de Migración (2011) establecía esta posibilidad: «En tanto que la detención de personas migrantes en México es la norma, el INM se negó a liberar a la niñez hasta que se reformara la LM» (IMUMI, 2021, p. 2). Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil que operan en distintas zonas del territorio mexicano, atendiendo a la población migrante, incidieron para que las detenciones en contra de NNA migrantes en el país realmente finalizaran.
Fue así como el 11 de noviembre de 2020 el Congreso aprobó las modificaciones a la Ley de Migración (2011) y a la LRPCAP (2011), donde de forma explícita, se prohíbe que NNA migrantes permanezcan en las estaciones migratorias (EM) y se estipula el otorgamiento de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, incluso para sus familiares, con el propósito de que puedan ejercer plenamente sus derechos en México (Decreto de 2020).
Según la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem, 2022), existe un contraste entre lo que indica la ley y el quehacer diario de los actores involucrados en la migración internacional que no favorece a los avances legislativos registrados en el país. Esto lo demuestra la documentación y sistematización de los casos que las organizaciones han realizado a lo largo del territorio mexicano (IMUMI, 2021).
Es importante enfatizar que después de la aprobación de las modificaciones legislativas de 2020, las entidades federativas contaron con un período de 60 días para adoptar los nuevos lineamientos; no obstante, a decir de las OSC analizadas, esto sigue sin cumplirse. Esto pone en riesgo la integridad tanto física como emocional de NNA migrantes, los cuales son detenidos por las autoridades migratorias, después canalizados a los CAS, para posteriormente ser derivados, como sucede en un alto número de casos, a la deportación (Ortega Velázquez, 2023; Saiz Valenzuela, 2023).
En este sentido, se advierte que la intervención del Estado y sus intentos por frenar la migración internacional –no solamente en su tránsito por Sonora, sino por todo el territorio mexicano–, de alguna manera es subsanado por la atención humanitaria y legal que brindan las OSC, siempre en apego al respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad, a pesar de las limitaciones que se subrayan más adelante.
Es así como el impulso generado desde la academia (Valdéz-Gardea, 2008), las organizaciones de la sociedad civil (IMUMI, 2021) y los organismos internacionales (Álvarez Gutiérrez y Castillo Koschnick, 2019) ha propiciado el inicio de una serie de modificaciones conceptuales y operativas desde el Estado cuando se habla de NNA (Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes [SIPINNA], 2022). Cabe destacar también que el elemento agencial resulta relevante para entender los trayectos migratorios de las infancias y adolescencias (Chavez y Menjívar, 2010; Hernández Hernández y Curiel Sedeño, 2022), sobre todo ante la violencia que impera en distintos países de América Latina y del Caribe que empuja a mejorar las estrategias de documentación y sistematización de los casos de violencia que se presentan e impactan a este sector migrante (Álvarez Gutiérrez y Castillo Koschnick, 2019).
METODOLOGÍA
Obtención de datos y análisis
La estrategia metodológica utilizada en este artículo fue de corte cualitativo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con personas que laboran en el Centro de Asistencia Social (CAS) Tin Otoch que está ubicado en la ciudad de Hermosillo y es administrado por el DIF Sonora. De igual forma, se obtuvieron datos e información de personas que brindan atención a migrantes desde OSC ubicadas en Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta. Dicha labor etnográfica (Guber, 2001) se desarrolló entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, e incluyó la realización de entrevistas y sesiones de observación directa.
Para el caso del CAS Tin Otoch, el primer contacto se estableció a partir de visitas –previas al trabajo de campo– con la finalidad de conocer las experiencias en torno al acceso a la educación de las familias migrantes centroamericanas. Después se tuvo contacto con la dirección del CAS, las áreas de psicología y trabajo social, y con parte del personal que labora en el comedor, quienes accedieron a brindar una entrevista formal. Es importante mencionar que en este artículo también se retoman datos obtenidos a partir de las visitas y capacitaciones (al personal del CAS) en las que el autor participó como parte del equipo del área de infancia migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración A. C. (IMUMI).
Respecto al contacto con las OSC que brindan atención a la población migrante en Sonora, la primera etapa consistió en realizar un mapeo enfocado en identificar dichas organizaciones en los distintos municipios de la entidad. Una vez identificadas aquellas que habían atendido a NNA en los últimos años, se les contactó por correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes. Además, se subraya la utilización de datos obtenidos a partir sesiones de observación, capacitaciones, talleres y trabajo pro bono principalmente vinculado a la investigación y defensoría legal de algunas de las organizaciones.
Sobre las características de quienes participaron en el estudio, destaca que la mayoría reportó contar con una larga trayectoria en atención a población migrante –desde la década de 1980–, principalmente quienes realizan su labor desde las OSC. Esto contrasta con algunos casos de profesionales que laboran en el CAS administrado por el DIF Sonora, quienes reportaron contar con menos experiencia en cuanto a temas de ayuda humanitaria a población vulnerable.
Los perfiles académicos de los participantes fueron diversos: abogadas, psicólogas, especialistas en comercio y mercadotecnia, y en trabajo social. También participaron una pastora, un sacerdote y un profesor. Es importante mencionar que otros testimonios que aquí se incluyen son de personas que no reportaron aspectos sobre su preparación académica, pues consideran que lo más importante es la voluntad de servir a quienes viven en condiciones vulnerables «más allá de las credenciales» (P. Dolores, comunicación personal, 08 de octubre de 2021).
Respecto a las categorías temáticas de interés (Kuckartz, 2014; Kuckartz y Rädiker, 2019), se acentúa la indagación sobre las problemáticas principales que emergen al momento de atender a la población de NNA migrantes: las afectaciones que experimenta este sector durante la movilidad a partir de las detenciones; la existencia de redes de colaboración entre el Estado y la sociedad civil organizada en materia de NNA; la violencia y los modelos de atención. Así mismo, se realizaron solicitudes de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia4 y se hicieron consultas en torno a los programas sociales, las reglas de operación de los CAS en Sonora y las que rigen la asignación de recursos materiales para los mismos. También se utilizaron las notas registradas en un diario de campo para conjugar la etnografía y el análisis sociológico con un estilo literario (Landeros Jaime, 2020).
El análisis de la información obtenida a lo largo del trabajo de campo y de la investigación documental se apoyó en la utilización del software de análisis cualitativo y mixto Maxqda2020 (Kuckartz, 2014; Kuckartz y Rädiker, 2019), mismo que permitió realizar la triangulación de datos de forma sistemática arrojando categorías emergentes de suma relevancia.
En la realización de este artículo, el autor asumió el posicionamiento ético de investigador dado que pertenece a un grupo universitario multidisciplinar enfocado en analizar el fenómeno migratorio internacional, y porque forma parte de organizaciones civiles y colectivos que buscan generar conocimiento que sustente las propuestas de incidencia diseñadas e implementadas desde las OSC, en virtud de mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en movilidad, tal como lo hacen otros profesionales en contextos de migración (Vega Villaseñor y Camus Bergareche, 2021). A continuación, se presentan los principales hallazgos.
PROBLEMÁTICAS EN LA ATENCIÓN A NNA MIGRANTES EN SONORA
La vida en el CAS Tin Otoch transcurre de manera tranquila sin nadie a la vista. Las altas temperaturas que el verano de Sonora registra provocan que las personas se rehúsen a permanecer bajo el sol por tiempos prolongados, contrario a ello es común el resguardo en algún sitio con aire acondicionado que ayude a disminuir la sensación térmica. Así sucede en este CAS. Entre la tristeza, la ansiedad y la desesperación, la población de NNA migrantes espera que transcurra el tiempo necesario para sanar las heridas, tanto físicas como emocionales, que les generó el trayecto migratorio desde su lugar de origen hasta su llegada a la frontera norte de México.
En el albergue hay un espacio de televisión donde se observa a un grupo de adolescentes sonriendo con los dibujos animados; también hay un comedor de grandes dimensiones donde las conversaciones entre las niñas migrantes y las mujeres que preparan el almuerzo es algo común. Para nada es un espacio ruidoso, todo lo contrario. El silencio arropa el lugar. No obstante, para Adalberto5 es precisamente el sonido lo que le permite encontrar la tranquilidad para estar en paz. En un espacio alejado, el joven de 14 años, originario de Guatemala, escucha música de rap en español utilizando un teléfono celular y una bocina a volumen medio con la autorización de la directora.
Este adolescente, de complexión delgada y baja estatura, dejó su país de origen por problemas con pandillas. Su familia lo envío a buscar mejor suerte en otro lugar instruyéndole sobre lo que debía decir si en algún momento era detenido por las autoridades migratorias, tal como sucedió. En el trayecto se enfrentó con problemas de violencia, drogas y excesos, mismos que se han convertido en un problema para él, pues se ha escapado en reiteradas ocasiones del CAS –según lo describe el personal del Tin Otoch–. «Pero días después regresa con ganas de recuperarse. Siempre nos dice que tiene ganas de consumir drogas, por eso nos pidió una bocina. La música es su forma de distraerse» (S3, comunicación personal, 08 octubre de 2020).
Los nombres reales de las personas que participan en este artículo y que forman parte de la estructura gubernamental se omiten. En el caso de las entrevistas con personal que labora en la administración pública, estas se identifican con una letra inicial y el número de entrevista. Por otro lado, se utilizan seudónimos para nombrar a quienes desarrollan sus labores desde la sociedad civil organizada.
Tal como le sucede a otros grupos migrantes (Landeros Jaime, 2021, 2022; Landeros Jaime et al., 2022), la violencia que sufrió Adalberto tanto en el lugar de origen como en el trayecto, se reprodujo en el lugar de destino debido al contexto de inseguridad que se vive en distintas zonas de México. Todo esto, más allá de aminorar su impacto al momento de ser detenido por el INM, «continúa debido a la falta de una atención integral de las autoridades» (Jesús, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).
La historia de Adalberto se inserta en un ciclo reiterado de violencias que afectan a NNA migrantes, cuya documentación y atención se vuelve cada vez más compleja. En ese sentido, los factores que representan un obstáculo para atender de manera integral a NNA en movilidad se identifican a partir de las experiencias de quienes brindan atención desde las OSC y el Estado. Entre estos, figuran los siguientes: 1) la detención por parte de los agentes del INM; 2) la desarticulación del Estado respecto a las actividades que realizan las OSC; 3) la falta de recursos económicos en dichas organizaciones, y 4) las deficiencias en los modelos de atención.
La detención de NNA en las estaciones migratorias y sus afectaciones
La mayoría de NNA migrantes que se albergan en el CAS de Hermosillo ha enfrentado algún tipo de violencia en el país de origen, en el trayecto e incluso en el destino por parte de distintas autoridades mexicanas. Esto ha sido documentado por el equipo de psicólogas del Tin Otoch a partir de las entrevistas realizadas a las niñas, niños y adolescentes que ingresan al albergue después de ser detenidos por agentes el INM en alguno de los municipios de Sonora. Sin embargo, a pesar de que la legislación vigente busca el interés superior de la niñez migrante en su paso por las EM que operan en el país, esta población sigue siendo vulnerada por parte de las autoridades estatales, según lo expresado por la población de NNA que ingresa al CAS y lo estipulado en los documentos facilitados por el DIF Sonora a inicios de 2024 (DIF Sonora, 2024).
Lo anterior pasa por alto que la detención de la niñez y la adolescencia migrante en las EM está prohibida dentro del territorio mexicano (LGDNNA, 2014); no obstante, esta práctica continúa ante las denuncias de la sociedad civil organizada (Kuhner, 2022), la academia (Ortega Velázquez, 2023; Saiz Valenzuela, 2023) y los organismos internacionales. En ese sentido, el mismo equipo del CAS Tin Otoch considera que el deterioro del estado físico y emocional de NNA migrantes que ingresan a las EM se agrava a partir de la «deplorable atención, principalmente de salud y alimentación, que se brinda en esos lugares» (M1, comunicación personal, 17 de octubre de 2020).
[La situación se agrava] porque no hay espacio. La población que se queda en las EM del INM no está teniendo los espacios adecuados. Si los llevan [al hospital] es porque ya se encuentran realmente en una situación delicada de salud, si no, no tienen acceso. Algunos se enferman y no tienen quién los atienda. (M1, comunicación personal, 17 de octubre de 2020)
Sí, solamente personas que fueron ingresadas a la estación migratoria. Alrededor de 135 son las personas que llevamos atendidas. Lo que me cuentan los menores es que solamente están encerrados. El principal problema es el encierro en las EM. (V2, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020)
Los contrastes entre la legislación vigente y las prácticas que se reportan subrayan lo que acontece en la vida diaria de las personas en movilidad, particularmente cuando se trata de NNA. Por un lado, se busca mejorar sus condiciones de vida –al menos durante su estancia en Sonora– y, por otro, se reconoce que el ingreso a las estaciones migratorias es, en sí mismo, uno de los principales problemas que afecta a la población de NNA: «Se debe de improvisar por el pequeño espacio de las EM» (M1, comunicación personal, 08 de octubre de 2020).
De acuerdo con el equipo que brinda la atención en el CAS Tin Otoch, su propósito primordial es proteger, albergar y estabilizar a los y las menores migrantes, así como asegurar que se respeten sus derechos humanos, tal como se enfatiza en la LGDNNA (2014) y en las directrices de regulación de los Centros de Asistencia Social de la PPNNA, los procedimientos implementados y en los que tienen participación (DIF Sonora, 2023b). Sin embargo, según los testimonios brindados por los servidores públicos, la mayoría de los procesos culminan con la deportación de NNA (Aoyama y Gutiérrez, 2017) bajo el argumento de que esta se lleva a cabo en apego a los estándares internacionales a los que México se adhiere en materia de derechos humanos y migración (IMUMI, 2021; El Diario de Sonora, 2024):
El hecho de que están aquí, en el albergue, no cambia su situación migratoria; los días que van a estar aquí son los mismos que estarían en la EM. [Por ejemplo] si hay una red de soporte en el país de origen, la niña es retornada. (V2, comunicación personal, 25 de noviembre de 2020)
Es importante subrayar que cuanto mayor es el número de actores que intervienen en el trayecto migratorio de las personas en movilidad, las dificultades se intensifican (Landeros Jaime y Maas Pérez, 2022). Esto se refleja en el caso de las infancias y adolescencias que llegan al estado fronterizo de Sonora, pues su paso por las procuradurías estatales, la estación migratoria para finalmente llegar a un CAS, representa el inicio de un nuevo viaje que culminará con el regreso inminente a su lugar de origen, sin importar que su vida corra peligro ante la violencia generalizada principalmente en el triángulo norte de Centroamérica. Esta es la situación de Adalberto, quien se encuentra a la espera de comenzar este trayecto de deportación y regreso a casa, según informó el personal del CAS Tin Otoch.
Aún con todos los problemas que NNA enfrentan en su trayecto migratorio, estos deciden emprender la salida migratoria hacia Estados Unidos. «En el taller de sensibilización brindado a NNA en Tin Otoch, los 17 adolescentes (hombres) que conformaban el grupo estaban decididos a regresar e intentar cruzar de nuevo la frontera. Incluso aquellos que no cuentan con redes de apoyo» (diario de campo, 03 de agosto de 2022). En este sentido, resulta pertinente reconocer la capacidad de agencia de NNA, señalada Chavez y Menjívar (2010) y, sobre todo, entender el imaginario social que enlaza a la migración con la historia familiar por representar un logro de vida y una opción para solventar parte de los problemas económicos, de violencia, persecución y hostigamiento que se viven en el lugar de origen, pues solo a partir de ello se identificarán de manera sistemática las necesidades de estos grupos migrantes.
Si las autoridades deportan a Adalberto a Guatemala, es altamente probable que, al cabo de algunos meses –una vez recuperado física y psicológicamente–, emprenderá de nuevo la salida migratoria hacia la frontera, solo o unido a una caravana, en espera de una oportunidad para cruzar a territorio estadounidense de forma irregular, aunque «sin la certeza real de conseguir su propósito» (Hernández Hernández y Curiel Sedeño, 2022, p. 18).
Para ellos el objetivo es crecer para ir a Estados Unidos. Su situación económica los obliga a salir. Aparecen también las amenazas de bandas hacia su familia, por ello los mandan con familiares a Estados Unidos. O bien mamá y papá están fuera y buscan la reunificación familiar, pues vivían con abuelas. La superación personal es muy poco. (V2, comunicación personal, 25 de noviembre de 2020)
Ante los múltiples factores que vulneran a la población de NNA migrantes –como el ingreso a las EM, la persecución por parte de bandas criminales, las dificultades económicas y la búsqueda de reunificación familiar (González Arias y Araluce, 2021; Vega Villaseñor y Camus Bergareche, 2021; García Borja y Viales Mora, 2021)–, la labor de las OSC resulta invaluable, ya que brindan seguimiento a los casos desde una perspectiva legal y psicosocial con el fin de aminorar las complicaciones a las que se enfrenta este sector de la población en México (Javier, comunicación personal, 1 de noviembre de 2020). Sin embargo, por brindar una atención desvinculada del Estado, para algunas OSC esto representa una barrera al querer desarrollar programas e iniciativas que beneficien de forma integral.
Afectaciones por el distanciamiento entre el Estado y las OSC
La atención que se brinda a la migración de NNA en Sonora requiere de un esfuerzo integral y sistemático que incluya la participación de actores de la sociedad civil organizada, gobiernos, organismos internacionales y la academia para generar iniciativas que aseguren el interés superior de la niñez, ya que, de no ser así, resulta complejo proteger a dicha población que es vulnerable ante la violencia que impera en el contexto mexicano actual.
Así pues, personal que labora en OSC de Sonora reportan que existe un distanciamiento por parte del Estado respecto a las actividades que se realizan desde la sociedad civil –en conjunto con organismos internacionales y la academia–. Esto se debe a que los apoyos económicos que la federación otorgaba a través del gobierno de Sonora fueron interrumpidos desde 2019, lo cual ha propiciado incertidumbre y falta de continuidad en las condiciones en las que se desarrollan las tareas legales y de ayuda humanitaria.
Durante el período de 2019 a 2023 el gobierno de Sonora no suscribió ningún tipo de convenio de colaboración con asociaciones u organizaciones de la sociedad civil. Así mismo, según información solicitada a la Plataforma Nacional de Transparencia, se reporta que fue 2018 el último año en el que algunos albergues de la sociedad civil, a partir de un convenio firmado por las partes, recibieron apoyo económico del gobierno federal a través del programa Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), aunque aquí cabe destacar que algunos de estos albergues no atendían de forma exclusiva a población en movilidad (Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, 2023). En el mismo documento, se informa sobre una excepción que se registró en 2022, cuando solamente cuatro organizaciones civiles –de un total de 22 que atienden migrantes en Sonora– recibieron apoyo económico por parte de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes.
El apoyo limitado por parte de los gobiernos a la sociedad civil organizada que auxilia a migrantes en Sonora contrasta con el incremento que los CAS han registrado en los últimos años. Como se puede observar en el cuadro 2, en el presupuesto ejercido-asignado para el período 2018-2024 el CAS Tin Otoch, en el cual se enfocó el trabajo etnográfico, incrementó el acceso a recursos económicos sustancialmente entre 2018 y 2022.
Cuadro 2. Presupuesto ejercido-asignado a los CAS en Sonora (MXN), 2018-2024
| Centro de Asistencia Social (CAS) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo y albergue temporal para NNA en movilidad |
867 731.11 | 4 851 237.39 | 4 316 985.98 | 4 172 240 | 12 381 302.98 | 8 755 511.24 | 4 999 341 |
| Módulo y albergue temporal para NNA en movilidad San Luis Río Colorado |
98 342.86 | 531 892.01 | 583 043.9 | 522 910.73 | 511 854.66 | 680 218.34 | 769 796 |
| Centro de Asistencia Social Tin Otoch Hermosillo |
861 435.46 | 6 447 447.48 | 6 957 008.10 | 7 979 248.36 | 48 532 684.46 | 21 138 950.71 | 9 303 290 |
Fuente: DIF Sonora (2024).
*Autorizado. Modificado al 06 de marzo de 2024.
Según las OSC, este aumento en el presupuesto que se le otorgó a los CAS en Sonora propició que algunos albergues se vieran en la obligación de diversificar sus actividades o bien cerrar los establecimientos: «El Estado abrió albergues, como el Tin Otoch, la canalización a las OSC desapareció, por ende, los apoyos que recibían por cada persona que albergaban o brindaban atención diversa» (diario de campo, 23 de septiembre de 2021).
Unas semanas antes de que cerrara el albergue que administraba «Graciela» en San Luis Río Colorado, ella describió lo acontecido:
Hace como unos cuatro años que terminó toda relación, lo trasladaron a Nogales. Allá hay un albergue muy grande que está a cargo del DIF estatal, [por eso] dejó de pasar menores para acá. El Estado se llevó todo a Nogales, Sonora. Disminuyeron los menores, [por lo que] se buscó formas de ayudar a lo social, de diversificar. Ahora se realizan, por ejemplo, pláticas para presos y ayuda en general. Aquí [se] hacía de todo. En diciembre vamos a cerrar todo totalmente. (Graciela, comunicación personal, 08 de noviembre de 2020)
Al disminuir las opciones de apoyo con las que se contaba en la entidad, la principal afectación recayó en los mismos grupos de NNA en movilidad, ya que esto se dio en un contexto en el que la ayuda humanitaria y la defensoría brindada por las OSC había marcado la diferencia para algunas personas menores de edad (Glockner Fagetti, 2019). «Los CAS no reciben a NNA migrantes que sean canalizados por las OSC en Sonora. Como señalaron en entrevista las psicólogas, solamente quienes fueron detenidos por el INM» (diario de campo, 22 de enero de 2021). «Ocasionalmente, cuando vienen con su madre, las autoridades del Tin Otoch se acercan a albergues de la ciudad de Hermosillo. La promesa es brindar apoyo para su estadía, [y] lo que denuncian las OSC [es] que [esto] no se cumple» (diario de campo, 12 de septiembre de 2021). Al respecto, a dos personas que laboran en la administración pública se les preguntó si retoman los casos enviados por las OSC de la entidad y sus respuestas fueron:
No, pero no estaríamos negados a brindarles la atención si fuera el caso, pero hasta el momento no hay canalizaciones desde albergues, comedores, etcétera. La mayoría de los ingresos son por INM y Procuraduría. (V2, comunicación personal, 03 de noviembre de 2020)
No hay una coordinación con organizaciones de la sociedad civil que atiendan migrantes. Existe un área de regulación de CAS, pero no es enfocado a migración. Los albergues del Estado buscan alianzas con entidades o dependencias del mismo gobierno. Se hacen convenios con instituciones académicas, pero no con comedores ni albergues. No tenemos colaboración. (M1, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020)
Esta desarticulación entre los actores involucrados en la atención a la población de NNA migrantes en la entidad permite visibilizar lo alejadas que se encuentran las agendas de trabajo del Estado y de la sociedad civil organizada. Sin embargo, aunque esta última actualmente representa un pilar en el apoyo a esta población migrante (Perelló Carrascosa y Lacomba, 2020; Garkisch et al., 2017; París Pombo, 2018; París Pombo y Müller, 2016; Torre Cantalapiedra et al., 2021), las OSC no forman parte de la ruta de atención diseñada por el aparato gubernamental. A pesar de que ambas instancias persiguen el objetivo de velar por el interés superior de la niñez, ante dicho escenario de desarticulación, este sector migrante enfrenta las agresiones y la violencia que se registra en México. Cabe recalcar que, como se mencionó, el Estado cuenta con los recursos económicos y de infraestructura necesarios para establecer una ruta de atención que sistemáticamente se apegue al respeto de los derechos humanos de NNA.
Falta de recursos y violencia en el trayecto migratorio
Las problemáticas generadas por la violencia registrada en los trayectos migratorios que emprenden NNA hasta llegar a la frontera norte del país, son un reflejo de la necesidad de mejorar los protocolos de protección y las rutas de atención por parte de las autoridades y demás actores involucrados en el tema migratorio. Desde las OSC se denuncian las prácticas violentas de las que NNA en movilidad, principalmente de origen centroamericano, son víctimas durante su viaje desde la frontera sur hasta llegar a Sonora. «Sufren violencia física, mental; los encierran en casas de seguridad, los engañan. Llegan deshidratados o resfriados. Con raspaduras en el cuerpo» (M1, comunicación personal, 04 de noviembre de 2020). Sobre esto, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes señala que:
La mayoría de las personas migrantes consideraron que su trayecto por la zona sur de México, desde Chiapas hasta el Estado de México, es un corredor de alto riesgo. Mientras avanzan por el centro del país, la percepción de violencia va disminuyendo, hasta que llegan a la zona norte, en donde vuelve a aumentar debido a la fuerte presencia del crimen organizado. (Redodem, 2022, p. 197)
En este contexto de violencia, ante la disminución de recursos económicos, las OSC se enfocan en buscar recursos financieros de organismos internacionales, empresas privadas, donativos y de fundaciones que operan desde el extranjero. Todo esto, si bien ha generado cierto grado de certidumbre para las organizaciones, no resuelve a largo plazo las necesidades que permitan cubrir todos los requerimientos para emprender proyectos de largo tiempo y alcance.
La prioridad son las donaciones de la comunidad, [mismas] que [son] para atender emergencias. Pero para poder lograr la operatividad hemos buscado financiamiento a través de otras organizaciones. Tenemos dos que nos ayudan. Una es extranjera, de Estados Unidos, y la otra de la Ciudad de México. Las financiadoras extranjeras saben las condiciones en las que se encuentra México. (Javier, comunicación personal, 6 de noviembre de 2020)
Mientras los CAS enfocan la totalidad de sus recursos económicos y humanos a la atención de NNA migrantes, las organizaciones de la sociedad civil que aparecen en este artículo y que operan en distintas ciudades fronterizas de la entidad deben atender a la comunidad migrante en general6 –mujeres, hombres; niñas, niños y adolescentes–, en un contexto en el que las mismas organizaciones reportan que es el Estado el que genera de forma significativa prácticas violentas en contra de la migración en México (Redodem, 2022).
Aunado al flujo migratorio internacional de NNA, en México el desplazamiento forzado interno se intensifica de forma constante por la violencia, el hostigamiento y la persecución: «Aquí en la zona fronteriza llegan muchos niños y niñas acompañados con sus familias debido a la violencia; hay muchas personas que recién llegaron de Sinaloa a la frontera» (Mariano, comunicación personal, 06 de noviembre de 2020). Esto representa también un esfuerzo adicional para las OSC que deben diversificar sus atenciones e incluir a otro tipo de poblaciones además de NNA, puesto que los CAS que atienden migrantes, al menos a partir de lo que señalaron las entrevistadas, no reciben migración interna.
Antes era migración forzada, ahora es una migración desplazada. Por los grupos delictivos [pandillas o crimen organizado] esta población que estamos teniendo, que está parada aquí, es porque han sido desplazados de su tierra, de su casa. El objetivo es siempre la atención a la población migrante y no olvidarlas. (Javier, comunicación personal, 25 de noviembre de 2020)
El mismo «Javier», quien dirige una OSC en San Luis Río Colorado, comenta que «en las administraciones pasadas, o sexenios pasados, podíamos articularnos y sentarnos a dialogar. La idea es que el INM no reconoce el trabajo que se hace desde las OSC» (Javier, comunicación personal, 25 de noviembre de 2020). La falta de articulación provoca que realicen sus labores en solitario enfocándose en general a toda la población, lo que disminuye la capacidad para brindar el apoyo a quienes se encuentran en movilidad y forman parte de un grupo minoritario, como es el caso de NNA.
Derivado de esa desarticulación y falta de recursos que reportan los entrevistados, el modelo de atención implementado por el Estado resulta excluyente para quienes brindan apoyo a NNA migrantes desde sociedad civil, lo que pone en peligro a las infancias y adolescencias dadas las condiciones de hacinamiento, el limitado acceso a servicios de salud y la deficiente alimentación que viven en las EM, pues los espacios en el CAS de Hermosillo se reservan para NNA en movilidad que fueron detenidos por el INM y que a través de la PPNNA llegan a este albergue administrado por el DIF Sonora.
El modelo de atención y la urgencia de protocolos
La llegada de Adalberto al CAS Tin Otoch fue la última etapa antes de iniciar el proceso de deportación a Guatemala, de lo que se encargaría el personal del mismo Centro de Asistencia Social en coordinación con el DIF Sonora, la PPNNA, el INM y el Consulado del país de origen a partir de la información que el adolescente proporcionó a las psicólogas y trabajadoras sociales: «se localiza a los familiares en el lugar de origen para ponernos de acuerdo y aminorar riesgos» (M2, comunicación personal, 06 de noviembre de 2020). Entre los años 2018 y 2022, el CAS Tin Otoch atendió a un total de 1 159 NNA migrantes originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, India, Ecuador, Cuba y Perú (DIF Sonora, 2023a).
Mientras la población de NNA migrante permanece en el CAS Tin Otoch, ubicado en Hermosillo, se les brinda apoyo psicosocial, seguimiento puntual a sus necesidades desde el área de trabajo social y jurídico; así mismo, se desarrollan actividades de carácter lúdico que es calendarizado por profesionales de la educación y por el personal administrativo del mismo CAS, «todo esto como parte del modelo que sigue el Tin Otoch para atender a la población migrante conformada por NNA antes de ser repatriada» (M2, comunicación personal, 06 de noviembre de 2020).
También existe la opción de solicitar el reconocimiento como persona refugiada ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), aunque «por lo general quienes ingresan al albergue estatal son repatriados» (Graciela, comunicación personal, 08 de noviembre de 2020), lo que se advierte también en otras investigaciones (Aoyama y Gutiérrez, 2017). En la misma situación que Adalberto se encontraban los 17 adolescentes albergados en el CAS de Hermosillo y que participaron en las actividades desarrolladas en el marco de una capacitación que se impartió al personal del Tin Otoch. «Yo me voy el martes con ellos en el avión. Pero luego voy a regresar para intentar cruzar» (diario de campo, 17 de mayo 2021), sentenció un joven de 17 años originario de Guatemala.
Para evitar pasar por este proceso, en ocasiones los menores migrantes que son detenidos por los agentes de migración se ven en la necesidad de ocultar su verdadera identidad con el propósito de cumplir con el objetivo inicial: llegar al lugar de destino –por lo general a Estados Unidos–, ya sea para buscar algún empleo que mejore las condiciones de vida de la familia en el país de origen o bien reunirse con familiares que con anterioridad realizaron el mismo trayecto.
Ayudábamos a puros menores migrantes, estos se pasaban como mexicanos y migración [se refiere al INM] nos lo pasaban al albergue [hasta hace tres años] y ahí era el último paso donde nosotros hablábamos con los familiares directamente. Sin embargo, si no podíamos hablar ellos nos comunicaban [ellos mismos] que no eran mexicanos. (Graciela, comunicación personal, 06 de noviembre de 2020)
Como preámbulo del proceso de deportación de NNA en movilidad que se encuentran en Sonora, estos debieron recorrer un largo camino que estuvo repleto de dificultades de distintos tipos, como señala una de las personas que conforman el equipo del CAS Tin Otoch:
El trayecto lo hacen en autobús y cambian de carro en cada estado; también de la persona que los trae. Los que yo recibo fueron detectados en cualquiera de los puntos de Sonora por los agentes del INM: Ya sea en tren, carretera o en la frontera antes de cruzar. Una vez que ellos son rescatados7 hacen un papeleo administrativo en la EM y notifican a la PPNNA la necesidad de resguardo en el albergue. Ya empezamos a trabajar y a recibir a NNA. Si los detectan en frontera los traen con un oficio. (M1, comunicación personal, 12 de noviembre de 2020)
El ingreso a las EM y la deportación propicia daños severos a la salud física y emocional de NNA migrantes, este aspecto no solamente fue mencionado en reiteradas ocasiones por las mismas personas que atienden en Tin Otoch, sino también por distintas organizaciones que operan en diversas zonas de México y que han impulsado iniciativas orientadas a la no detención de NNA, una práctica que a pesar de ser prohibida a partir de los cambios legislativos recientes, continúa presente en el actuar de las autoridades (El Diario de Sonora, 2024), quienes de igual forma, carecen de capacitación para atender a grupos minoritarios. Así lo advierte «María», quien desde 2016 brinda acompañamiento a migrantes desde la Clínica Jurídica de una de las organizaciones civiles: «No hay personas especializadas. Si acaso pudieras encontrar una o dos; no es suficiente» (María, comunicación personal, 09 de octubre de 2021).
Como resultado, las OSC subrayan la urgencia de diseñar protocolos que verdaderamente aseguren la protección de grupos vulnerables, como el conformado por NNA, lo que incluye un involucramiento transversal por parte de todas las instancias de gobierno en articulación con la sociedad civil. Sobre esto, María enfatiza en que estas no solamente se deben encaminar hacia brindar albergue a las personas, sino que también deben ayudar a resolver su situación migratoria en el país, es decir, con apoyo humanitario y de defensoría (París Pombo y Müller, 2016), lo cual sería de suma relevancia para proteger el principio del interés superior de la niñez:
Hacen falta los protocolos. Por ejemplo, en la Comar no había un oficial especializado en atención a NNA migrantes, eso propiciaba que los procesos duraran exactamente lo mismo que para los adultos y no se arrojaran medidas para abordar la problemática. En 2020 [en] la Comar tomaron la decisión de que un solo oficial se hiciera cargo de NNA. Pero fue algo no oficial. Esta persona daba un seguimiento y obviamente si existiera esta atención a cada grupo sería mejor. (María, comunicación personal, 09 de octubre 2021)
En un escenario de cambios en el fenómeno migratorio, particularmente para los grupos minoritarios, como NNA, es imprescindible que todos los actores involucrados en el tema diseñen, implementen y evalúen proyectos integrales que retomen propuestas cuya base se sustente a partir de la atención directa de las poblaciones migrantes. De igual manera, se debe valorar la pertinencia de los modelos de atención dentro del contexto actual, ya que es urgente la homologación de los cambios en los reglamentos y en las leyes vigentes en lo relativo a las tareas que realizan las autoridades en materia de migración.
CONCLUSIONES
Las experiencias en la atención a NNA migrantes en la frontera norte de México, compartidas por las OSC y el CAS Tin Otoch, permiten visibilizar algunas de las principales problemáticas que enfrenta la migración internacional en su tránsito por Sonora. Así mismo, subrayan la urgente necesidad de crear políticas públicas orientadas a proteger a las infancias y adolescencias de los entornos de violencia, hostigamiento, persecución, pobreza y marginación que se registran no solamente en México, sino también en distintos lugares a nivel global.
Si bien las modificaciones a la legislación mexicana en materia de NNA registradas en 2020 representan un avance importante, es necesaria la adecuación de estas disposiciones legales a los contextos de cada una de las entidades federativas, principalmente a aquellas que comparten frontera con Estados Unidos. Tal es el caso de Sonora, cuya participación de la sociedad civil organizada, organismos internacionales, academia y gobierno resulta crucial para implementar estrategias que incidan más allá de lo local y consideren los aspectos globales que propicia la migración forzada de NNA.
Es importante mencionar que la ruta de atención del CAS, que incluye la participación del INM, el DIF Sonora, la PPNNA y el consulado del país de origen de la persona, se presenta como una antesala para la deportación, puesto que la mayoría de quienes ingresan al Tin Otoch regresan a sus países de origen, según lo que se constató a partir del trabajo de campo desarrollado entre 2020 y 2022. Si bien desde 2020 se prohíbe el ingreso de NNA migrantes a las EM, la ruta de atención permanece de la misma forma; sin embargo, la única diferencia radica en que el tiempo que pasarían detenidos en una EM ahora transcurre en el CAS.
En contraste con lo anterior, es relevante subrayar que las OSC, a partir de las labores de tipo humanitario y de defensoría que desarrollan, aumentan las alternativas para las niñas, niños y adolescentes migrantes que transitan por Sonora, en un escenario en el que para la sociedad civil organizada es primordial alejar a dicha población de la violencia que sufren en sus países de origen, por lo que el retorno es una de las últimas opciones en su ruta de atención. Aún así, el apoyo que brindan las OSC es limitado por la falta de capital económico que permita diseñar estrategias a largo plazo. En contraste, el CAS ubicado en Hermosillo cuenta con recursos económicos que aumentan cada año, y sus actividades se relacionan en mayor medida con el control de la migración que, como señalan las personas entrevistadas, finaliza con la deportación, la cual representa un proceso violento para el grupo de NNA.
El trabajo desarticulado entre el gobierno y la sociedad civil organizada que reportan los informantes que aparecen en este artículo, limita el respeto a los derechos, el acceso al trato digno y, sobre todo, a la protección que necesitan NNA en movilidad en los tiempos violentos actuales. Es necesario que el Estado haga partícipe a las OSC que operan en la entidad, pues son quienes cuentan con la información y la experiencia necesarias para ayudar a que el interés superior de las infancias sea transversal, y que este se refleje de forma explícita en cada una de las rutas de acción implementadas a nivel estatal.
Finalmente, es preciso señalar que lo que aquí se presentó marca la pauta para realizar un ajuste en las estrategias que desde la sociedad civil y el Estado se han implementado en los últimos años, en el entendido de que la migración es un fenómeno flexible que exige un abordaje que también se adapte a los cambios que constantemente se registran en los flujos migratorios.
