Introducción

Con las revoluciones de la última parte del siglo XVIII se consolidó el Estado liberal y laico, que era parte central de la idea de nación.¹ El siglo XIX, en general, sería una etapa de fuertes cambios sociales, económicos y políticos que derivaron de las revoluciones liberal, industrial y burguesa de la última parte del siglo XVIII. Durante la segunda mitad del llamado siglo de las revoluciones se consolidó el pensamiento y proyecto liberal y se afianzó el positivismo, que sostenía que el único conocimiento verdadero era el científico. A la par, fue adquiriendo presencia la burguesía industrial capitalista, y el socialismo científico, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, proporcionó un nuevo enfoque sobre las relaciones sociales en el nuevo sistema capitalista de producción. En ese escenario, los obreros industriales y los movimientos reivindicadores de sus derechos, tanto socialistas como anarquistas, emergieron para rebelarse frente al orden social establecido.

Las ideas ilustradas del siglo XVIII y, sobre todo, los procesos revolucionarios y el triunfo del liberalismo en Europa tuvieron un claro impacto sobre las creencias religiosas en el siglo XIX. En Europa occidental comenzó a extenderse la idea de que la religión era un asunto personal que no tenía por qué encuadrarse en la pertenencia a una determinada confesión o iglesia. Los cambios revolucionarios impactaron fuertemente en las confesiones religiosas, especialmente en la Iglesia católica, que vio cómo los nuevos Estados liberales menoscabaron su poder económico y sus privilegios, y los gobiernos de este signo político se hicieron cargo de aspectos que, en el Antiguo Régimen, desempeñaba la Iglesia, como la educación y la asistencia social. Este proceso apuntaló la consolidación del Estado liberal y laico, que comenzó a ser una parte importante en la idea moderna sobre la nación.

Con ese escenario, la segunda mitad de la historia decimonónica será clave para la formación de una propuesta sobre la formación de ciudadanos cristianos y para su activismo en la vida política. Cuando, en 1846, fue elegido papa Pío IX, un sector del catolicismo vio con buenos ojos su ascenso, por considerar que su postura no expresaba una confrontación radical hacia el liberalismo. Sin embargo, en la encíclica Quanta cura, que contenía un apéndice conocido como Syllabus errorum (1864), Pío IX declaró que era un error que el papa transigiera con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna (^{Cárdenas 2015}, 739). El pontífice condenó los progresos científicos del siglo y planteó como alternativa la presencia de lo sobrenatural, al promover la devoción a los santos y las apariciones de la Virgen, como la de Lourdes. Además, durante el Concilio Vaticano I (1869-1870), evento que recogió las tesis del Syllabus, se aprobó el dogma de la infalibilidad del papa, basado en la premisa de que sus decisiones estaban iluminadas por el Espíritu Santo, cuando se pronunciaba sobre las verdades fundamentales de la religión católica, por lo que no era posible que cometiera errores. Hay que recordar que, además, la toma de Roma, el 20 de septiembre de 1870, coronó el largo proceso de la unificación italiana y marcó la derrota final de los Estados Pontificios bajo el pontificado de Pío IX.

En ese escenario, el pontificado de León XIII (febrero de 1878-julio de 1903) recogió la premisa planteada desde Gregorio XVI en su encíclica Mirari vos (1832), y retomada por Pío IX como un dogma en Quanta cura, sobre el deber de los gobiernos de conservar la religión católica para dar culto a Dios y para dar a los pueblos paz y tranquilidad verdadera (^{Gambra 2020}, 903). Pero, más allá de este presupuesto, lo cierto es que su pontificado representó un cambio importante en la política vaticana y en las estrategias por medio de las cuales se promovió la reorganización católica, respecto a su antecesor; según ^{Somavilla (2017}, 125), el ascenso de León XIII consolidó un «pontificado para el siglo XX». A diferencia de Pío IX, el nuevo papa se propuso reposicionar a la institución eclesial dentro del propio proyecto de la modernización (^{Levillain y Ticci 2006}).

Aunque este papa no dejó totalmente de lado una postura crítica sobre «los efectos perversos» del liberalismo, del socialismo y del comunismo, su pontificado fue una etapa marcada por los replanteamientos y rica en iniciativas prácticas (^{Laboa 2003}, 46), con las que pretendía incentivar un activismo católico más productivo. El pontífice convocó al laicado a asumir un rol central en la conformación de la sociedad civil y a no postergar su obligación política de participar en la edificación cristiana de los Estados nacionales. Perfiló los rasgos del ciudadano cristiano y, en especial, del ciudadano católico, y con ello delineó las distintas estrategias por medio de las cuales la Iglesia católica pretendía participar en la formación de una cultura cívica. León XIII clarificó los deberes de los católicos en la vida pública y los llamó a involucrarse en la búsqueda de soluciones, por lo que desarrolló los pilares del llamado catolicismo social. Por su importante contribución al activismo católico en un momento complejo de la historia, el pontífice ha sido considerado un revolucionario actuando en tiempos revolucionarios (^{Gregg 2016}, 1) y sus propuestas han sido consideradas expresión de «la genuina enseñanza católica» (^{Pettit Sullá 2006}, 33). En todo caso, como ha planteado Elisa Cárdenas, el pontificado de León XIII es la muestra de cómo el límite del gobierno temporal que encontró el papa, con la pérdida de los Estados Pontificios, lo llevó a asumir los retos del mundo contemporáneo, a reconocer la complejidad y la urgencia de la cuestión social, y a considerar a América como «tierra fecunda» para el activismo católico (^{Cárdenas 2018}, ²⁰²⁰).

Para contribuir al debate sobre las cimientes ideológicas de la movilización católica durante la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en el pontificado de León XIII, el objetivo de este trabajo es analizar el contenido de nueve encíclicas clave para identificar las ideas fuerza promovidas por el papa respecto al papel de los católicos en el desarrollo de la ciudadanía cristiana y en la formación de la sociedad civil, en el paso del siglo XIX al XX.² La aportación del trabajo es que presenta un análisis sistemático y cronológico de los planteamientos de León XIII, que fueron la base de su discurso antes de la trascendental Rerum novarum (1891), sobre la que existe una amplia historiografía.

La metodología utilizada en este trabajo se centra en reconstruir, a partir de citas textuales de las encíclicas -algunas de las cuales son poco conocidas- los argumentos del papa León XIII, por medio de los cuales desarrolló su visión sobre la ciudadanía cristiana. Esta estrategia resulta valiosa pues su principal ventaja es la revisión puntual y la precisión en el seguimiento de la evolución de las ideas del pontífice, a partir de una fuente primaria fundamental como son las encíclicas. Gracias a este acercamiento, el texto pone a disposición de un amplio público y de especialistas en historia de la Iglesia católica importantes ideas contenidas en documentos papales menos conocidos que la encíclica Rerum novarum. Es decir, si bien este documento es fundamental, sobre él existe una amplia bibliografía, por lo que mi intención es revisar encíclicas previas que, situadas de forma cronológica e identificando las principales ideas, nos permiten conocer el proceso de construcción de la propuesta de León XIII sobre la ciudadanía cristiana y la importante participación de los católicos en la vida política.

Primeros trazos de la ciudadanía cristiana y la sociedad civil: Inscrustabili Dei consilio, Quod apostolici muneris, Aeterni Patris, arcanum divinae sapientiae y Sancta Dei civitas

Vicenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, a la postre León XIII, fue ordenado sacerdote en 1837 y, años más tarde, se doctoró en Teología; también fue un especialista en derecho civil y en derecho canónico. En sus veinticinco años al frente de la Iglesia católica mostró que comprendía las necesidades sociales y su convicción sobre la necesaria adaptación de la Iglesia católica a los nuevos tiempos. Como obispo, entre muchos otros proyectos, creó cooperativas agrícolas, cajas de ahorro e instituciones de salud. Escribió ochenta y seis encíclicas, con las que intentó acercar a la Iglesia a la complejidad del mundo moderno y, aunque retomó algunos aspectos del Syllabus, más bien se distinguió por replantear la lectura que hacía la Santa Sede sobre la función del catolicismo en un escenario distinto.³ En opinión de ^{Levillain (1997}, 5-6), León XIII era un papa comprometido con la idea de civilización, cuyas acciones contribuyeron al fin del cristianismo tradicional y al establecimiento de uno nuevo, pues no instrumentó ajustes transitorios, sino que planteó una forma novedosa de ejercer el pontificado en la transición entre el siglo XIX al XX.

El pontífice intentó la recristianización de la sociedad de su tiempo, pero intentando no profundizar las tensiones con los Estados liberales. Estaba convencido de que la Iglesia ganaría más a través del activismo de sus organizaciones de laicos y de sus proyectos sociales que de la confrontación política per se. Consideraba imposible revertir la instauración de gobiernos liberales, por lo que, para mejorar la posición de su iglesia en el nuevo estado de cosas, reconoció que las revoluciones liberales eran un signo de los nuevos tiempos y que tendrían un impacto profundo en la sociedad contemporánea (^{Laboa 2003}, 43). Para el papa, la idea de «que la autoridad eclesial era socialmente útil para la estabilidad del orden civil constituía un argumento central sobre la relevancia de la labor educacional, formativa y religiosa de la Iglesia y, sobre todo, de su autoridad moral […] por lo que la invitación constante a la acción política y social de los católicos llevó al nacimiento de partidos y a una actividad extraordinariamente rica de movimientos sociales» (56).

Si bien la política promovida por León XIII era clave para posicionar a la Iglesia como un actor central del propio proceso de modernización, produjo tensiones dentro de la curia romana, entre las autoridades eclesiásticas en distintos países y entre las bases católicas y los obispos, como representantes papales. Algunos de estos conflictos se presentaron, por ejemplo, en países como Italia, Francia y España.⁴ A las tensiones derivadas del cuestionamiento que hacían las autoridades católicas sobre la legitimidad de las autoridades civiles y, en general, de la fuerza que había cobrado el proyecto liberal, se sumaron otras presiones producto de la estrategia adoptada por el pontífice. La jerarquía eclesiástica romana tuvo que asumir una actividad diplomática más activa, que contribuyera a romper el aislamiento de la Santa Sede y que defendiera los intereses de la Iglesia, además de promover su expansión para regresarla al centro del escenario internacional (^{Prudhomme 1997}, 31; ^{Trincia 2006}, 111). Por otro lado, la nueva política vaticana requería la difusión del tomismo, con el objetivo de proporcionar al catolicismo «un pensamiento unificador, que articulara la fe y la razón, y que delineara la función social de la religión, y el papel de Dios y del César» (^{Prudhomme 1997}, 31). Ambos asuntos significaron tensiones, ante todo, con los cardenales y el personal que mantenía la estructura vaticana desde el pontificado de Pío IX.

Además, el activismo al que eran alentados los católicos en los espacios nacionales produjo conflictos entre las bases y la élite eclesiásticas. La unidad dentro de la Iglesia estaba basada en la obediencia al papa y en una cadena de transmisión de autoridad que pasaba por los obispos. En ese escenario, el impulso a la movilización de los laicos católicos y la creación de una amplia gama de proyectos sociales otorgó poder al laicado y presionó los mecanismos tradicionales de autoridad. Por otra parte, entre los jerarcas católicos había quienes estaban dispuestos y veían con buenos ojos la idea de transigir con las autoridades liberales, pero otros consideraban que la Iglesia estaba cediendo importantes espacios, una situación que la debilitaba, por lo que habría sido mejor resistir ante los embates del Estado liberal. Los católicos opositores a la política papal percibían una contradicción, pues consideraban que el papel de la institución eclesiástica era procurar la unidad frente a la disrupción del liberalismo y la modernidad, y no profundizar las diferencias dentro de la Iglesia.

Con ese escenario de fondo, a continuación, reviso tres encíclicas papales publicadas en los primeros años del pontificado de León XIII, que fueron clave para proyectar la definición filosófico-teológica de la civitas christiana (^{Basevi 1979}, 496), a saber: Incrustabili Dei consilio (21 de abril de 1878), Quod aposlotici muneris (28 de diciembre de 1878) y Aeterni Patris (4 de agosto de 1879). Con excepción de esta última, los otros documentos papales han sido poco revisados en la perspectiva de la ciudadanía católica y de las estrategias que los católicos debían seguir para actuar en el orden político.

En Inscrustabili Dei consilio, «Inescrutable designio de Dios» o «Sobre los problemas que atañen a la Iglesia y a la fe», el pontífice bosquejó las dificultades del catolicismo y señaló que su origen era el desprecio de la autoridad de la Iglesia por parte de las autoridades civiles. Afirmó que los «enemigos del orden público» habían decidido minar los fundamentos sociales al agredir a la Iglesia y a Dios, presentándola como «enemiga de la civilización». El papa afirmó que las leyes creadas por los hombres quebrantaban «… la divina constitución de la Iglesia católica», despreciaban el poder episcopal, limitaban el ministerio eclesiástico y despojaban a la Iglesia de los bienes necesarios para sus tareas.⁵ En su opinión, las autoridades civiles debían reconocer que la Iglesia, habiendo difundido el Evangelio, había hecho «… brillar la luz de la verdad en medio de los pueblos salvajes, imbuidos de supersticiones […] conduciéndolos al conocimiento del Divino Autor y a reflexionar sobre sí mismos…».⁶

León XIII estaba convencido de que el final del siglo XIX era un momento de alto riesgo para la humanidad, por lo que llamaba a reconocer el papel de la Iglesia católica en un escenario de incertidumbre. Argumentaba que la Iglesia había protegido las ciencias y las artes, había creado institutos destinados a la atención de la problemática social, se empeñaba en proteger la cultura, cuidaba de la familia, defendía la dignidad de las personas y era fundamental para la construcción de la estabilidad pública.⁷ El pontífice llamaba a los gobiernos a reconocer la relevancia que seguía teniendo el catolicismo como elemento de cohesión social y afirmaba que no era posible hablar de «progreso de la vida civil», cuando se despreciaba el poder legítimo y que tampoco podía llamarse libertad a la que buscase «la opresión de los buenos ciudadanos».⁸ El papa demandó de los gobernantes que no repudiasen el apoyo que, en tiempos de crisis, les había ofrecido la Iglesia y llamó a los dirigentes católicos a rechazar las opiniones que fueran contrarias a las enseñanzas de la Iglesia.⁹

En Quod apostolici muneris, «Sobre el socialismo, comunismo y el nihilismo», el pontífice convocó a la movilización católica para evitar el desastre de la sociedad moderna y cuando la descomposición social «… la conduce al peligro extremo de la ruina».¹⁰ Llamó a su grey a «levantar la voz» y afirmó que, debido a las falsas doctrinas, los nuevos Estados se alejaban de educar en la verdad, «… sin tener en cuenta a Dios ni el orden por él establecido…». Las verdades de la fe eran consideradas enemigas y Dios era «desterrado de las Universidades, Institutos y Escuelas y de todo el conjunto público de la vida humana».¹¹ Para el pontífice, las falsas doctrinas que pretendían regir el mundo moderno habían provocado un ficticio conflicto entre clases y habían terminado por alentar la intranquilidad social.¹²

En oposición a ese proceso, León XIII afirmaba que las enseñanzas evangélicas demostraban la igualdad de los hombres, la cual consistía en que todos, por tener la misma naturaleza, habían sido llamados a la «dignidad de ser hijos de Dios», serían juzgados con la misma ley, y conseguirían, conforme a sus méritos, el castigo o la recompensa. Para el papa, solo la prudencia católica abonaría a la «tranquilidad pública y doméstica», toda vez que era ejemplo de respeto al derecho de propiedad y a la división de los bienes necesarios e indispensables para la vida de los hombres. Según León XIII, los socialistas, por el contrario, presentaban el derecho de propiedad como una invención humana, lo que contravenía la igualdad natural y con ello alentaban la confrontación, pues insistían en la existencia de un conflicto entre las clases sociales. La Iglesia, en cambio, reconocía la desigualdad solo como una expresión de que los hombres son «naturalmente desemejantes por las fuerzas del cuerpo y del espíritu, y que esta desigualdad existe también en la posesión de bienes…».¹³

Como se dijo líneas arriba, la revitalización del debate teológico promovido por León XIII incentivó el florecimiento de los estudios tomistas y los pensadores católicos se entusiasmaron ante la idea de revisitar obras esenciales del pensamiento cristiano para desarrollar una filosofía que no solo se quedara en el terreno de la reflexión, sino que concretara en la práctica. Para ello, tanto en los ámbitos eclesiásticos como civiles se crearon numerosas publicaciones de inspiración tomista, y se fundaron centros de investigación y organizaciones sociales y políticas en donde se discutía con ahínco esa filosofía (^{García Cuadrado 2004}, 1199). En ese contexto, la encíclica Aeterni Patris, referida al Padre Eterno o «Sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino», constituyó un documento central para la concientización cívica y para la reforma de la sociedad cristiana. La encíclica actualizó el discurso de la ley natural y señaló el camino para la instrucción y la defensa de los derechos de la institución eclesiástica (^{Basevi 1979}, 519). A través de ese documento, el papa fortaleció su idea de que la libertad de la Iglesia y su influencia en la sociedad contemporánea dependían del estudio de la doctrina, así como de la vitalidad de las asociaciones y proyectos católicos (^{Laboa 2003}, 43).

En Aeterni Patris, León XIII recordó que la Iglesia -como sociedad perfecta- es la suprema maestra de los pueblos y que una de sus misiones es apoyar el entendimiento de los hombres en sólidos principios, para producir beneficios a la vida pública y privada.¹⁴ Para él, «la fe cristiana, apoyándose en la autoridad de Dios, es la maestra infalible de la verdad […] y el esplendor de esa verdad es un auxiliar para la inteligencia, a la que añade nobleza, penetración y energía».¹⁵ Según los dictados del papa, el orden social debía descansar en un profundo conocimiento de la verdad divina, la cual debía aceptarse por aquellos que encabezaban el cuerpo político. Para León XIII, la fe cristiana era la fuente de la recta razón. En vista de que la crisis de su tiempo tenía como origen criterios erróneos emanados de ciertas escuelas filosóficas que habían introducido ideas ajenas a la Revelación, era necesario recurrir a la sabiduría cristiana para regresar a los pueblos al camino de la fe y de la salvación; la restauración de la filosofía cristiana sería «el remedio para el drama de las sociedades modernas».

El papa bosquejó los rasgos generales de la filosofía cristiana y reivindicó las enseñanzas que santo Tomás de Aquino elaboró en Suma Teológica,¹⁶ y de san Agustín, en La ciudad de Dios.¹⁷ En esta encíclica referida, León XIII argumentó que las aportaciones de la Iglesia debían enseñarse en las escuelas para fortalecer los dos tipos de sociedad: la sociedad civil y la sociedad doméstica,¹⁸ dos conceptos clave para la concreción de la idea sobre la ciudadanía católica. Para el papa, ambas sociedades estaban en peligro, por lo que debía trabajarse en su enseñanza, a través de las escuelas, y en recordar que la libertad degenera en licencia cuando se desconoce el origen divino de toda autoridad. En concreto, sobre las directrices de la sociedad civil era importante dejar en claro que los principios del nuevo derecho eran peligrosos para el tranquilo orden de las cosas y para el bienestar público.¹⁹

En la encíclica Arcanum divinae sapientiae, sobre el arcano designio de la sabiduría divina de Jesucristo o encíclica «Sobre la familia» (10 de febrero de 1880), el papa avanzó en sus reflexiones sobre los dos pilares del desarrollo de la ciudadanía cristiana y de la sociedad civil: el matrimonio y la familia. León XIII argumentó que la doctrina cristiana había contribuido a todo lo que es útil a la sociedad civil en varios sentidos: Hizo más respetable la autoridad de los príncipes, más pronta y fácil la obediencia de los pueblos, más estrecha la unión entre los ciudadanos y más seguro el derecho de propiedad.²⁰ Al referirse a la sociedad doméstica, el pontífice resaltó que el matrimonio y la familia eran sus bases, al mismo tiempo que el fundamento de la sociedad civil. En su opinión, las crisis de las sociedades modernas radicaban en el olvido del verdadero origen de la sociedad humana, es decir, en el descuido de los valores que se transmitían en el matrimonio y en la familia, donde radicaba la esencia de la tradición cristiana.²¹

La sociedad conyugal -decía el papa- no solo tiene el objetivo de propagar el género humano, sino ante todo «engendrar la prole de la Iglesia, conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, es el lugar de la procreación y educación del pueblo para el culto y religión del verdadero Dios…».²² Según el pontífice, la intención de las autoridades civiles de negar el matrimonio cristiano como el pilar de la sociedad y basamento de los valores que le daban unidad, no solo había desvirtuado su función y alentado el desorden, sino también había obstaculizado la formación de ciudadanos comprometidos con los valores cristianos, con lo que se pretendía negar la potestad de la Iglesia sobre la sociedad civil y destruir la naturaleza perfecta de la institución eclesiástica.²³

León XIII afirmó que, «imbuidos en las opiniones de una filosofía falsa y por la corrupción de las costumbres», había quienes no querían someterse al poder divino, y, en cambio, trabajaban para que los individuos, las familias y la sociedad humana desobedeciera el mandato de Dios. Para el papa, así como se pretendía ignorar que la fuente y el origen de la sociedad era el matrimonio cristiano, también era intolerable el papel central que tenía la Iglesia, de ahí que las autoridades querían reducir al matrimonio al círculo estrecho de los asuntos de la institución humana regido por el derecho civil. Estas acciones eran producto de la falsa idea de que los gobernantes de los Estados eran los que reivindicaban sus derechos; según el pontífice, la reglamentación del matrimonio cristiano bajo ese criterio tenía como fin último que la formación de la sociedad doméstica y de la sociedad civil quedaran a expensas «de falsas leyes civilizatorias».²⁴

El papa argumentaba que, por el contrario, Dios había puesto en el matrimonio cristiano «las fuentes de la utilidad y de la salud pública», y que al cumplirse ese propósito las naciones podrían tener «ciudadanos animados del mejor espíritu que, acostumbrados a reverenciar y amar a Dios, estimen como deber obedecer a los que justa y legítimamente mandan a trabajar por el bien común».²⁵ Para León XIII, los gobernantes debían apoyar a la Iglesia para que esta siguiera tutelando las costumbres, la educación y la prosperidad de las familias y no acusarla de violar el derecho civil.²⁶ Con la convivencia con la Iglesia y procurando el respeto de su potestad -decía el papa- «el poder civil ganaría, pero siempre yendo por delante la religión, para que la potestad religiosa [contribuya a] la defensa del bien común de los fieles y de todos los ciudadanos». ²⁷

Cierro la revisión de este periodo examinando otro documento relevante como fue la encíclica Sancta Dei civitas, «Ciudad santa de Dios» o «Sobre las sociedades misioneras» (3 de diciembre de 1880). En este texto, el pontífice afirmó que la Iglesia es, en sí, la Santa Ciudad de Dios. León XIII se enfoca en el trabajo de las misiones como otra de las vías para la propagación de la fe y plantea que su objetivo es ampliar el «pueblo cristiano» y procurar «el aumento de nuevos ciudadanos», los que debían difundir su fe de forma tal que esta se propagase como en la parábola del grano de mostaza. En esa alegoría, del Evangelio de Mateo, se dice que un hombre sembró en su campo una semilla de mostaza que, aun siendo la más pequeña de todas, creció hasta convertirse en la mayor de las plantas y luego volverse un árbol, al que llegaron a anidar las aves. Según el papa, no solo un grupo de hombres podría convertirse en «nuevos ciudadanos», sino todos aquellos que predicasen la palabra de Dios con su ejemplo, incluyendo a las autoridades civiles, que podrían llegar a considerarse buenos ciudadanos cristianos.²⁸

En este documento, León XIII ejemplificó sus ideas con el trabajo realizado por tres sociedades misioneras, y se enfocó en sus aportaciones a la difusión de los valores y la educación cristiana: La Propagación de la Fe, creada en Lyon, Francia; la misión de la Santa Infancia de Jesucristo y la de las Escuelas de Oriente, estas dos últimas comprometidas con la educación en los hábitos cristianos a los niños.²⁹ La idea general resaltada por el pontífice fue el poder evangelizador y educativo de las «expediciones de soldados de Cristo», las cuales, librando una serie de obstáculos, habrían de contrarrestar el trabajo de quienes buscaban la confrontación e intentaban hacer dudoso el camino de la salvación, por temor a que se extendiera la obra cuyo fin último era «la expansión del Reino de Cristo sobre la tierra».³⁰

De esta primera revisión, y observando al conjunto de las encíclicas, es posible concluir que, desde el momento en que el cardenal Pecci fue elegido papa, comenzó a delinear sus argumentos sobre la centralidad que debía ocupar la Iglesia en el proceso modernizador de las sociedades contemporáneas. La Iglesia dejó de ser la «enemiga de la civilización», y, por el contrario, los valores cristianos adquieren una función central para la cohesión y el orden social, así como para garantizar la propia estabilidad a los Estados liberales. León XIII utilizó un discurso cuidadoso, pero contundente, en un escenario nuevo, con el que sugirió que los gobiernos obtendrían mayores beneficios porque la Iglesia podría contribuir a su legitimidad, siempre y cuando esta fuese reconocida como una entidad anterior y superior, por ser expresión de la verdad divina y por su amplia tarea civilizatoria con la que había contribuido a formar una cultura ciudadana. Es importante el papel que se asigna, en este primer periodo, al matrimonio cristiano, al cual se considera esencia de la sociedad doméstica, pero también de la sociedad civil. En su seno, se educa a los futuros ciudadanos con los principios que habrán de regir la moral pública. Si bien se mencionan los efectos perniciosos para el matrimonio, producidos por el nuevo derecho o el derecho civil, estos conceptos serán desarrollados en el siguiente conjunto de documentos, en los que el pontífice confronta con mayor fuerza la intención secularizadora de los Estados liberales.

El desarrollo de las ideas: Diuturnum illud, Immortale Dei, Libertas praestantissimum y Sapientiae christianae

En la trilogía formada por Diuturnum illud (29 de junio de 1881), Immortale Dei (1 de noviembre de 1885) y Libertas praestantissimum (20 de junio de 1888) León XIII avanza en su concepción de la comunidad cristiana y la función del ciudadano cristiano. En Diuturnum illud, «El largo camino» o «Sobre el origen del poder», el papa inicia condenando la embestida del poder secularista de los Estados liberales. Para el pontífice, las corrientes filosóficas racionalistas y materialistas habían intentado desplazar el origen de la legítima autoridad de la Iglesia, incluso con detrimento del poder de la autoridad temporal que habría de experimentar si insistía en excluir de la esfera pública la función natural de la institución eclesiástica. Hay que recordar que, en anteriores documentos, el papa había insistido en los beneficios que obtendrían los gobiernos al reconocer la virtud cristiana, sedimento del orden social de las repúblicas y resguardo de las costumbres y la cohesión de las naciones.

León XIII estableció la diferencia entre el orden temporal y el orden espiritual, y delineó la existencia de dos jurisdicciones que se expresan en el espacio público: La soberanía de la Iglesia y la soberanía del Estado. Según el papa, los Estados liberales debían inspirarse en la comunidad espiritual y reflejar los valores cristianos en su acción de gobierno y en su tarea legislativa (^{Belaúnde 1941}, 441). Los gobiernos estaban obligados a contribuir al bien común, es decir, a procurar el bienestar de la sociedad civil creando mejores condiciones de vida. Los gobiernos debían actuar de forma coordinada con unidades libres, como la persona humana, la familia y una serie de corporaciones, y, tanto los gobernantes como los grupos sociales intermedios debían respetar, antes que a las leyes de los hombres, a la ley eterna (^{Belaúnde 1941}, 443-444).

Según el pontífice, la doctrina católica debía ser el eje de la autoridad civil; solo la virtud de la religión cristiana era capaz de proveer orden y estabilidad a los Estados, porque había penetrado en las costumbres e instituciones de las ciudades y porque había ayudado a contener a quienes mandaban y a quienes obedecían, «para conservar entre unos y otros la unión y concierto de voluntades […] de donde nace el tranquilo e imperturbado curso de los asuntos públicos».³¹ El papa afirmaba que, desde el siglo XVI, cuando en Europa las reformas protestantes discutían la autoridad del papado y de la Iglesia católica, se había buscado debilitar su autoridad pretendiendo modelar la constitución de «la sociedad civil de los hombres». Se había intentado convencer a los ciudadanos de que «todo poder deviene del pueblo» de forma independiente al poder divino y de que «la misma voluntad popular que entregó el poder puede revocarlo a su antojo».³²

Sin embargo -decía el papa- los gobernantes, si bien podían ser elegidos por la multitud, no tendrían realmente «los derechos del poder», porque este dimana de Dios. Citando al Eclesiastés, León XIII afirmó: «Dios dijo, por mi reinarán los reyes […]; por mi mandan los príncipes, y gobiernan los poderosos de la tierra […] Escuchad vosotros, los que imperáis sobre las naciones […], porque el poder os fue dado por Dios y la soberanía por el Altísimo […] Dios dio a cada nación un jefe». De acuerdo con el pontífice, Dios había mandatado que los hombres viviesen en sociedad civil, para lo que debían existir gobernantes; no obstante, también afirmaba: «… Dios es legislador y juez, y los gobernantes, con cuya autoridad se organiza y administra la república, deben hacer que los ciudadanos obedezcan, porque no obedecerles constituye un pecado manifiesto».³³ Para León XIII, el poder político de los gobernantes debía mostrar la participación y expresión del poder divino y, solo por esta razón, el poder político podía alcanzar una dignidad mayor que la otorgada por los hombres.

León XIII afirmaba: «No hay razón para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre o de muchos, con tal de que ese gobierno sea justo […] salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores».³⁴ En su opinión «… los gobernados deberán obedecer a los gobernantes como a Dios mismo, no por el temor del castigo, sino por el respeto a la majestad […] como deber de conciencia».³⁵ En este sentido, la única razón para la no obediencia de los hombres a sus gobernantes surgía cuando estos les exigiesen alguna acción que fuera abiertamente contraria al derecho natural o al derecho divino.

Diuturnum illud puede leerse como una crítica «al contractualismo moderno» (^{Hernán Crisafi 2019}, 2), enfocado en la función de las democracias liberales. Cuando León XIII afirmó que la voluntad del pueblo podía revocar y deponer a cualquier autoridad civil, partía de la premisa de que esto era posible no por su libre albedrío, sino porque esa decisión sería expresión de la voluntad superior. La idea de que la forma de gobierno recaía en la voluntad de la gente era, en general, negada por la Iglesia, no obstante, el papa dio una salida inteligente al tema de la soberanía popular defendido por el republicanismo liberal, al plantear que lo importante era que los gobernantes debían inspirarse en la doctrina y los principios católicos, como elementos de legitimidad y de autoridad (^{Hernán Crisafi 2019}, 8). Para León XIII era legítima la elección democrática de un gobernante, pero como forma de designación de la autoridad temporal, no con el fin de transferirle un poder real. En este sentido, tampoco era correcto hacer sentir a los ciudadanos que, en última instancia, el poder de los gobernantes tenía como fuente al propio pueblo. Para el pontífice «la obediencia civil hacia la justa y legítima autoridad política implicaba, en última instancia, la obediencia a la voluntad de Dios, origen de toda potestad» (^{Hernán Crisafi 2019}, 9).

En Immortale Dei, «Dios inmortal» o «Sobre la constitución cristiana del Estado» (1 de noviembre de 1885), León XIII abordó el tema de las libertades modernas y destacó aspectos precisos sobre ser un buen ciudadano cristiano. Insistió en hacer una lectura de las aportaciones de San Agustín, en su obra La Ciudad de Dios, para comprender la norma constitucional de la vida pública, la cual no puede estar al margen de las doctrinas de la Iglesia católica. Una idea importante en esta encíclica es el cuestionamiento del llamado «derecho nuevo», es decir, las leyes elaboradas por los hombres, rasgo de los tiempos modernos, a la cual, decía León XIII, se pretendía otorgar superioridad sobre la doctrina del Evangelio.³⁶ El papa reiteró su idea de que la filosofía cristiana debía ser el centro de la función del Estado y que el poder debía ejercerse en provecho de los ciudadanos, pues la única razón legitimadora de aquel era asegurar el bienestar público.³⁷ Perseveró al decir que era obligación de las autoridades y de los ciudadanos «favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, y no legislar en contra de su incolumidad».³⁸

En esta encíclica, León XIII afirmaba que el hombre debía reverenciar a Dios en la vida privada como en la pública, pues ambas dimensiones son inherentes a su ser social (^{Pettit Sullá 2006}, 32). Argumentó que los deberes cristianos alcanzaban a los gobernados como a los gobernantes, quienes, en su calidad de buenos ciudadanos, debían comprometerse con los valores de la Ciudad de Dios (^{Pettit Sullá 2006}, 33). Para el papa, «el Estado está obligado a admitir el culto divino […] y, al asegurar la prosperidad pública, proceda de tal forma que lejos de crear obstáculos, dé todas las facilidades posibles a los ciudadanos para el logro de aquel bien sumo e inconmutable que naturalmente desean».³⁹

León XIII argumentó con base en una idea de patria, primero en el sentido más llano, entendida como la tierra a la que el individuo se encuentra ligado, y, segundo, como un destino elevado, la «patria eterna». En este sentido, el papa afirmó: «no es el Estado, sino la Iglesia, la que debe guiar a los hombres hacia la patria celestial […]. Dios ha dado a la Iglesia el encargo […] de gobernar la cristiandad, según su propio criterio…».⁴⁰ Para alcanzar la patria eterna, Dios había repartido el gobierno del género humano entre el poder eclesiástico y el poder civil. El primero debía cuidar de las cosas temporales y el segundo, de la adquisición de los bienes eternos. El papa afirmó que la constitución cristiana de los Estados partía del reparto del poder, pues «Jesucristo mandó que se dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».⁴¹

Según el pontífice: «El poder público debe, pues, asumir eficazmente la protección de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de justas leyes y otros medios adecuados y crear condiciones propicias para su fomento».⁴² Los derechos de los ciudadanos serían inviolables y debían defenderse bajo las leyes divinas, naturales y humanas. El pontífice afirmaba que el compromiso del catolicismo con la estabilidad política de los gobiernos tenía como fundamento el reconocimiento y «… la observancia de la constitución cristiana de los Estados, por medio de la cual las sociedades podían aspirar a la patria eterna».⁴³

En vista de que la Iglesia, gobernadora de la cristiandad y representante del poder divino, no se presentaba como un opositor per se a los Estados liberales, sino como parte del proyecto de una sociedad moderna y de la estabilidad de las democracias, un elemento clave del discurso de León XIII tenía que ver con el derecho público. En Immortale Dei, el papa insistió en que sería un error que las leyes emanadas del derecho constitucional fuesen contrarias al derecho cristiano y al derecho natural. Señaló que los Estados liberales pretendían no tener obligación ante Dios y, en cambio, se proponían conceder igualdad de derechos a todas las religiones, con el fin de mantener su supremacía. Para el pontífice «… la libertad de pensamiento y de expresión, carente de todo límite, no es en sí misma un bien del que pueda felicitarse a la sociedad humana; por el contrario, es fuente y origen de muchos males...».⁴⁴ En su opinión, la libertad de pensamiento y la de conciencia, sin regulación de la filosofía cristiana, eran perjudiciales para la sociedad civil y para el propio Estado.

Con el derecho moderno -arguyó- no se tenían en cuenta las leyes eclesiásticas y a la Iglesia se le apartaba de la educación de los ciudadanos. Para el papa, era un error que el Estado pretendiera quitar a la Iglesia la jurisdicción sobre el matrimonio, al mismo tiempo que le negaba su derecho a la propiedad, desconociendo que era una sociedad perfecta y tratándola como una asociación más de las reconocidas por el Estado. Para el papa, era un gran equívoco tratar de excluir a la Iglesia de la vida social, de la legislación y de la educación; al respecto, León XIII decía: «Sin religión es imposible un Estado bien ordenado. La depositaria de la moral civil, maestra de la verdadera virtud, es la Iglesia, querer someterla al poder civil es una injuria y un acto perturbador del orden de las cosas, anteponiendo lo sobrenatural a las leyes naturales».⁴⁵ Los promotores del derecho nuevo -según el pontífice- pretendían separar los asuntos de la Iglesia de los asuntos del Estado y subordinar a la institución eclesiástica, que tanto había contribuido al proceso civilizatorio.⁴⁶

Para el papa, intentar independizar al pueblo de Dios solo ponía en riesgo la seguridad pública, porque la soberanía del pueblo implicaba admitir como una norma de la vida política la legitimidad del derecho a la rebelión, por lo que el Estado no se libraba de la posibilidad de que se llevaran a cabo revoluciones y siempre estaría latente el desorden social.⁴⁷ León XIII argumentó que el deber de los católicos era apegarse a las enseñanzas y las ideas de la Iglesia y de los romanos pontífices, y aplicar esos principios en sus acciones públicas. Los católicos debían defender los derechos de la Iglesia y esforzarse para que fuese respetada, para ello, podrían, por ejemplo, «… colaborar en la administración municipal […] logrando que se atienda la instrucción pública de la juventud en lo referente a la religión […]; de esta enseñanza depende en gran manera el bien público de cada ciudad [...]; es bueno que la acción de los católicos […] abarque el poder del Estado».⁴⁸

León XIII afirmó que no tomar parte en la vida pública era tan reprochable como no querer trabajar por el bien común, y los católicos estaban obligados, en conciencia, a cumplir con esta tarea. Los ciudadanos católicos no debían «acudir a la vida política para aprobar lo que […] puede haber de censurable en las instituciones políticas del Estado, sino para hacer que estas mismas instituciones se pongan, en lo posible, al servicio […] del bien público, procurando infundir […] la eficaz influencia de la religión católica».⁴⁹ Los ciudadanos católicos estaban llamados a utilizar las instituciones públicas en defensa de la verdad y la justicia, procurando que la libertad no traspasase los límites de la naturaleza y la ley de Dios, y «luchando porque todos los Estados reflejen la concepción cristiana en la vida pública».⁵⁰

Tres años después, en la encíclica Libertas praestantissimum, «Excelentísima libertad» o «Sobre la libertad humana» (20 de junio de 1888), el pontífice abundó sobre el concepto de libertad y su relación con el liberalismo. Afirmó que aún prevalecía un prejuicio de algunos grupos sociales respecto a la Iglesia, a la que se tachaba de ser la principal enemiga de la libertad humana, siendo que esa idea se basaba en una concepción equivocada de libertad. Reconoció que había cosas buenas en las «libertades modernas», pero también afirmó que una libertad malentendida terminaría por ser presa de las pasiones más viles.⁵¹

León XIII reflexionó sobre la «libertad moral social», a la que distinguió de la libertad natural, considerada fuente y principio de donde derivan el resto de las libertades. En su opinión, el sentido común, pero sobre todo la razón y la inteligencia, eran los pilares de la libertad natural, que se traducía en la facultad de los hombres para elegir entre los medios para alcanzar un fin. El papa planteó que, cuando los hombres, al desear un objeto, se apartan de la recta razón, es cuando se cuestiona la existencia de la «libertad moral social»,⁵² de ahí que el ejercicio de la libertad humana requiera de leyes que protejan y auxilien a los hombres a actuar hacia el bien común y apartados del mal. La ley habría de guiar al hombre en su acción con el aliciente del premio y con el temor del castigo.⁵³

El pontífice consideraba que la misión de los legisladores civiles se limitaba a lograr la obediencia de los ciudadanos, castigando a los perversos y viciosos, para apartarlos del mal y devolverlos al bien o para impedir que perjudiquen a la sociedad y dañen a sus conciudadanos.⁵⁴ En una sociedad humana -decía el papa- la verdadera libertad consiste en que, por medio de las leyes civiles, cada individuo pueda vivir según los preceptos de la ley de Dios. Para el papa, la ley eterna debía ser la norma reguladora de la libertad de los hombres, de la sociedad civil y de las autoridades.⁵⁵

León XIII concedía al liberalismo el impulso de la libertad de cultos. Consideraba que, desde el punto de vista social y político, ese principio debía garantizarse por parte del Estado, pero también debía procurarse la libertad de conciencia, que era una dimensión importante de la libertad religiosa, la cual, por cierto, no significaba que los hombres tuviesen permiso para dejar de lado a Dios, ni para comportarse de forma sediciosa; la libertad de conciencia solo abría la posibilidad de que los hombres fuesen libres para cumplir los mandamientos divinos sin impedimento.⁵⁶ Para el papa no era aceptable el ateísmo o el indiferentismo del Estado, y, siendo necesaria la profesión pública de una religión, era menester que se permitiera profesar la religión verdadera: la católica. Esta debía protegerse por los gobernantes para atender con utilidad a la comunidad política, pues los ciudadanos, además de requerir prosperidad terrena, debían buscar un bien superior que les sería dado por la religión.⁵⁷ El papa insistió en que la religión ayudaría a los propios gobernantes, en tanto que «manda a los ciudadanos la sumisión a los poderes legítimos como representantes de Dios y los une a los gobernantes no solamente por medio de la obediencia, sino también prohibiendo toda revolución y todo conato que pueda turbar el orden y la tranquilidad pública…».⁵⁸

Hacia la última década del siglo XIX, el pontífice abundó sobre el papel del ciudadano cristiano. En la encíclica Sapientiae christianae, «Sabiduría cristiana» o «Sobre los deberes de los ciudadanos cristianos» (10 de enero de 1890), León XIII señaló la necesidad de recordar «los preceptos de cristiana sabiduría para conformar las costumbres y las instituciones de los pueblos». La condición de los tiempos aconsejaba buscar el remedio «y este no era otro que restituir en la vida privada y en la vida social, la norma de sentir y obrar cristianamente».⁵⁹ El pontífice enfatizó los deberes de los cristianos que por ley natural estaban obligados a defender, llegando incluso a morir por ellos.⁶⁰ Para los cristianos -decía el papa- será sagrado el poder público y justa y obligatoria la reverencia a las leyes, «pero si las leyes de los Estados están en abierta oposición al derecho divino, si con ellas se ofende a la Iglesia, si contradicen a los deberes religiosos o violan la autoridad de Jesucristo […], entonces la resistencia es un deber […], pecar contra la religión es delinquir también contra el Estado».⁶¹

Es decir, León XIII insistía en su planteamiento de que la desobediencia civil era legítima y necesaria solo cuando los gobiernos exigen a los hombres tomar acciones que Dios prohíbe (^{Ríos de Rodríguez 2019}, 122). Era deber del buen ciudadano ser buen cristiano y amar a las dos patrias, la patria natural y la ciudad celestial, pero a esta última preferentemente y sin permitir que a los derechos de Dios se antepongan los derechos de los hombres.⁶² Los católicos debían unirse para defender, por todos los medios, las verdades cristianas, para lo que sería necesario evitar el cisma, lo cual lograrían siempre que obedecieran a la Iglesia y al romano pontífice.⁶³ Según León XIII, la Iglesia no podía ser indiferente sobre qué leyes regían los Estados, no solo porque aquellas perteneciesen a la sociedad civil, sino porque algunas veces también invadían los derechos de la institución eclesiástica.⁶⁴ Así como era deber de los ciudadanos cristianos amar y defender a la Iglesia y defender sus preceptos en la patria terrena, también era su deber luchar de forma unida y disciplinada, y fortalecer a la sociedad civil practicando la moral social, con base en los principios cristianos. ⁶⁵

Para este momento, el pontífice había logrado delinear las bases ideológicas y estratégicas de su principal objetivo: «realizar una gran política que contribuyera a restaurar la república cristiana» (^{Somevilla Rodríguez 2017}, 125). Con los documentos que dio a conocer en este periodo (1881-1890), León XIII profundizó sus argumentos en contra del proceso de secularización, pero, sobre todo, de la consolidación del principio de laicidad con el que los Estados liberales pretendían excluir a la Iglesia católica de la vida política, y abrir las puertas a nuevos credos. En este sentido, el papa exigía el reconocimiento de la función histórica que el catolicismo había cumplido como religión de Estado.

León XIII insistió en su idea de que la religión era un elemento clave para la estabilidad de los Estados y para el orden social, y, además, la reivindicó como un factor esencial para la construcción acuerdos sobre el bien común de la comunidad política. Argumentó que la constitución civil, como expresión del acuerdo social, debería reflejar la historia, las costumbres. Para desarrollar su concepción cristiana del poder político, el papa se refirió a conceptos como el principio de autoridad, la soberanía popular, el derecho nuevo y el derecho natural, la soberanía de la Iglesia y la soberanía del Estado. León XIII no aceptaba que se pretendiera modelar a la sociedad civil y erradicar la idea de que existía una concepción sobre la ciudadanía que antecedía a los Estados liberales; una ciudadanía cristiana cuyos valores -según el pontífice- habrían de garantizar el orden social y el progreso de las sociedades.

Comentarios finales

Como he tratado de mostrar en este trabajo, a través de estas nueve encíclicas previas a la trascendental Rerum novarum, el papa León XIII construyó una importante argumentación sobre la ciudadanía cristiana, con la cual alentó la movilización católica a través de estrategias concretas, para disputar a los Estados liberales la formación de una cultura ciudadana para el siglo XX. La formación de una república cristiana se contraponía a la república liberal en la cual -según el papa- se pretendía erradicar los valores que dan cohesión a la sociedad civil y a las propias democracias. El pontificado de León XIII fue clave para el replanteamiento de la función de la Iglesia y la religión católica en la esfera pública, en la transición del siglo XIX y el XX. Las ideas desarrolladas por el papa, tanto desde la perspectiva filosófico-teológica, como desde la dimensión práctica, sin duda, fueron centrales para el activismo de una amplia gama de actores del mundo católico que luchaba por defender los intereses de su Iglesia y sus propios derechos como creyentes y como ciudadanos.

A través de este rápido recorrido cronológico he mostrado cómo la semilla de su estrategia global se encuentra en encíclicas no tan conocidas como sí lo fueron Aeterni Patris, Diuturnum illud, Immortale Dei y Libertas praestantissimum. El eje de sus planteamientos es la definición de acciones concretas para la reconquista católica en un mundo inmerso en cambios profundos. La filosofía cristiana del Estado y el derecho constitucional católico fueron fundamentales para el desarrollo de una propuesta sobre el ser ciudadano en un espacio público en proceso de secularización, y la lucha por la educación de los ciudadanos se perfiló como un tema central.

Como parte de la disputa por la constitución de las sociedades modernas, la Iglesia siguió insistiendo en que la moral civil sin la religión cristiana no era posible, y promovió con fuerza la idea de que un buen cristiano debía ejercer con plenitud todos sus derechos ciudadanos, estaba obligado a participar en la toma de decisiones de los asuntos públicos y era determinante para la estabilidad de regímenes políticos democráticos. Para el pontífice, el papel del Estado era otorgar a los ciudadanos todas las facilidades para que se involucraran en la construcción del bien común. En este sentido, el Estado debía reconocer como natural y crear las condiciones para la organización católica; de no haber un entorno favorable a la participación de los ciudadanos cristianos en el espacio público, estos deberían resistir e inclusive considerar la confrontación armada en aras de la defensa de sus derechos y de los derechos de la Iglesia, como sociedad perfecta.

Si bien un sector del catolicismo mantuvo una actitud intransigente con las bases filosóficas de la modernidad, una amplia gama de actores individuales y colectivos, alentados por el discurso y la política de León XIII, trascendieron la actitud contestataria y adoptaron posturas más proactivas con las que contribuyeron a la formación de una cultura ciudadana en el difícil paso de la historia decimonónica al inicio del siglo XX. Los católicos adoptaron y adaptaron el mandato leonino y, por medio de distintas iniciativas sociales y políticas, argumentaron retomando conceptos clave de la filosofía liberal como legitimidad, soberanía, libertad y ciudadanía, con los cuales argumentaron a favor de una visión particular sobre la acción cívica, social y política. Debatieron sobre el impacto del proceso de secularización y sobre la construcción del principio de laicidad y actuando sobre sus distintas dimensiones.