Se atribuye erróneamente a Balzac la frase “detrás de cada gran fortuna siempre hay un crimen”. En Papá Goriot encontramos exactamente lo que escribió el novelista francés: “El secreto de las grandes fortunas sin causa aparente es un crimen olvidado, porque se ha cometido de manera limpia”.² En cierto modo Soquimich. El negocio del litio y el financiamiento irregular de la política (1968-2017) del historiador Alejandro Carrasco Luna habla de una fortuna, de los crímenes que se cometieron para conseguirla, de quienes actúan como si esos crímenes hubieran sido olvidados y del manto de limpieza que se le otorgó al abrigo del poder político.

Soquimich, la Sociedad Química y Minera de Chile, luego renombrada SQM en tiempos de operaciones bursátiles, es la principal empresa de litio en Chile. En un tiempo en que se verifica la explosión del interés en el mineral más ligero, son un puñado de empresas las que llevan las bridas de un negocio que promete, al menos, un par de décadas de ganancias. En Argentina, hasta hace poco, eran dos las empresas que operaban: la estadounidense Livent y la australiana Allkem. Estas dos empezaron hace un par de años una fusión a fin de constituir Arcadium Lithium, una gigante de la explotación del litio. Ganfeng Lithium, por otra parte, es la gigante china que se ha desplegado por todo el globo asegurando yacimientos en su territorio, en Australia y, hasta antes de la nacionalización del litio en México, en Bacadéhuachi, Sonora. En Chile, centro de operaciones de Soquimich, opera también la estadounidense Albemarle, misma que se ha propuesto no ser la empresa que maneja las cantidades más grandes de litio en el mundo, pero sí la más rentable, obedeciendo a un pragmatismo mercantil que la diferencia de Ganfeng, que se ha trazado el más poético objetivo de ser la más grande.³

A estas cinco empresas pujantes se suman muchas otras, en su mayoría mineras junior, con capital limitado y que, en cierto modo, se encuentran del lado especulativo de la explotación minera. Las empresas junior buscan hacerse de los derechos de explotación de un yacimiento, negociarlo con las empresas grandes, hacerse socios o vender sus acciones si tienen la fortuna de aumentar su valor en la bolsa. Otros emprendimientos tienen respaldos estatales. La empresa rusa de energía nuclear, Rosatom, ha firmado un convenio para hacer estudios para la explotación de litio en el Salar de Uyuni, el mayor yacimiento de litio en el mundo que está situado en Bolivia. País minero incluso desde antes de haberse constituido como país, Bolivia apostó, por ahora sin éxito, a formar una empresa íntegramente estatal para prevenir que el litio sea un capítulo más en su historia de expoliación. Alrededor de los servidores públicos bolivianos pululan los ofrecimientos de empresas chinas que buscan, como Rosatom, llegar a algún acuerdo que les dé llave para acceder a ese mar de sal incrustado en los andes.

Todas las inquietudes empresariales descansan en un proceso anunciado innumerables veces: la transición energé tica. Son enfáticas las evidencias de que el cambio climático ha empezado a afectar severamente las distintas latitudes del planeta. Las Conferencias de Partes de las Naciones Unidas se reú nen cada año con la preocupación respecto a qué medidas son urgentes y necesarias para evitar una situación catastrófica. Abandonar la matriz energética alimentada por combus tibles fósiles es uno de los más repetidos objetivos primarios, y es allí donde el litio se convierte en un recurso relevante. La electromovilidad requiere, en el estado actual de la tecnología, de baterías que utilizan, entre otros minerales, litio. Existen fórmulas diferentes para asegurar el funcionamiento entre cátodo y ánodo dentro de una batería, pero por ahora el único material imprescindible es el litio. De ahí que, de una manera sobredimensionada, se haya empezado a hablar mediáticamente del litio como “oro blanco” y de los países que tienen reservas como las “arabias sauditas” del litio.

Soquimich se encuentra en una posición privilegiada. Tiene larga experiencia, nicho de mercado, asociación con la empresa china Tianqi Lithium y recientemente alcanzó un acuerdo con el gobierno de Chile para conservar un acceso formidable a los salares del desierto de Atacama. Más de una voz se alzó en contra de que el gobierno de Chile llegara a un acuerdo con Soquimich, alegando que la empresa se funda sobre más de una irregularidad. Alejandro Carrasco Luna hace un recuento pormenorizado de los orígenes de la empresa y brinda los elementos que buscan que los crímenes detrás de esa fortuna no se olviden.

Cuando la Sociedad Química y Minera de Chile se creó, no tenía nada que ver con litio, sino con otro producto que fue vital para el Chile de la primera mitad del siglo XX: el salitre. Carrasco Luna relata los orígenes de Soquimich hacía la segunda mitad del siglo XX como empresa mixta que conjuga capitales ingleses y estatales. Las dificultades que tuvo favorecieron la adquisición por parte del Estado, primero, de la mayoría de las acciones para luego, durante el gobierno de la Unidad Popular, adquirirla en su integridad. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial el litio había adquirido un potencial estratégico por sus cualidades en la elaboración de armamento nuclear, de ahí que el Estado -como muchos otros- creara una institucionalidad con presencia militar en su entorno.

El advenimiento de la dictadura militar es lo que le otorgó al litio su lugar específico. Carrasco Luna muestra que dentro de la dictadura hubo tendencias distintas en cuanto al plan económico a llevar adelante. Por un lado, se encontraban militares que rechazaron el gobierno de Allende por su inclinación a construir la vía chilena al socialismo, pero apoyaban la participación corporativa de ellos mismos en el Estado -lo que fue clave para que no se privatizara el cobre-. Por otra parte, los economistas formados en la escuela de Chicago apuntalaron una política privatizadora de amplio alcance.⁴ Muchas empresas fueron privatizadas, pero significativamente no lo fue el cobre, y la legislación que aseguraba que el litio es propiedad del Estado chileno tampoco se cambió.

Es entonces que entra en escena un personaje cuyo nombre hoy no puede disociarse del litio chileno: Julio Ponce Lerou (JPL), ingeniero forestal que trabajaba en Panamá cuando se produjo el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder; nunca imaginó que sus nupcias con Verónica Pinochet -hija de Augusto- lo llevarían a cargos estratégicos del Estado. Convencido de la iniciativa privada, Ponce Lerou asumió pronto distintos cargos en el gobierno dictatorial que le permitieron establecer una amplia red de contactos con influencia y poder. Nueve años estuvo en directorios o gerencias de empresas del Estado hasta que, en 1984, llegó a la gerencia general de la Corporación de Fomento de Chile (Corfo).

Corfo tuvo bajo su tuición varias empresas del Estado, mismas que en el marco del régimen militar estaban en la mira para su privatización. JPL era el actor ejecutivo que debía convertir las empresas públicas en activos que empresas privadas pudieran querer. Se implementaron despidos de personal, reducción de gastos y otros recortes. Esto también ocurrió en Soquimich, que dependía de Corfo. Hasta aquí todo podría parecer muy ajustado a la doctrina neoliberal. El Estado no debía tener empresas porque es un mal administrador, las empresas deben pasar al sector privado que más conducidos por la dinámica del mercado, podrían generar riqueza. Los Chicago Boys, que es como se conoció a los economistas que fungieron como faros durante la dictadura, apoyaban ese camino y recomendaban a Pinochet cómo proseguir en esa línea.

Sin embargo, JPL utilizó su posición y la amplia red de contactos que tenía para que el proceso de privatización de Soquimich lo beneficiara a él. Carrasco Luna explica los detalles de cómo el yerno de Pinochet fungió en los cargos jerárquicos de la empresa del litio chilena hasta poco antes de que és ta dejara de ser estatal y pasara a ser suya. A través de intrincados esquemas armados para engañar, JPL aprovechó sociedades de accionistas minoritarias y opciones preferenciales de compra para ser dueño de Soquimich. La crítica a las privatizaciones ha enfatizado reiteradamente que estos procesos enajenan el patrimonio común en favor de privados. En el caso de Soquimich, ese privado usó su influencia para que parte del patrimonio chileno pasara a la familia política del dictador.

La apropiación de Soquimich, de forma oscura, es el inicio de una sucesión de hechos que Carrasco Luna documenta de manera fehaciente tanto para el interés de los investigadores de los recursos naturales como para los apasionados de la literatura de delitos de cuello blanco. JPL desplegó durante tres décadas una estrategia que le permitió no sólo mantener el control de una empresa con posición estratégica en el mercado del litio, sino que además evadió eficientemente los intentos de control o regulación que se plantearon desde el Estado. Sea para impedir investigaciones sobre las condiciones en las que el Estado entregó Soquimich o sea para conseguir los votos en el parlamento que negaran el aumento de impuestos, JPL no escatimó recursos, si bien éstos debían pasar por debajo de la mesa.

La idea central que plantea el autor de libro que aquí se reseña es que el esquema de corrupción montado por JPL propende a la captura del Estado, esto es, el aumento de la influencia de empresas privadas sobre las decisiones y el margen de maniobra de los Estados. En ese sentido, la situación de la ahora conocida como SQM resulta metonímica de un modo de operación extendido entre una burguesía empresaria chilena que se formó al abrigo de la dictadura. Chile, que en algún momento celebraba los éxitos de su neoliberalismo avant la lettre, es un ejemplo paradigmático de cómo las privatizaciones no son simples operaciones para que el Estado se desprenda de sus empresas y se regulen por las leyes de mercado. Son políticas que históricamente han alimentado selectos grupos de empresarios afortunados que se convierten en potentados.

De hecho, el arco que dibuja la historia de SQM dice mucho de los modos de operación de una parte del capitalismo criollo de América Latina. Se tiene un Estado que utiliza su poder para crear empresas, procurarles un nicho de mercado y dotarlas de recursos para generar excedentes. En algún momento de ese desarrollo, la empresa es enajenada del Estado para que ese patrimonio sea dirigido por manos privadas, mismas que luego pueden influir -por sus medios económicos- en las decisiones de diputados, presidentes y candidatos. En el caso de Soquimich es significativo que los dineros dedicados a las corruptelas hayan abarcado todo el espectro de posiciones políticas en el Chile de la posdictadura.

JPL tuvo -o compró- el apoyo del establishment político. De tal modo que esa fortuna nacida de más de un crimen se hizo pasar por negocio legítimo. Fue en el último gobierno de Michelle Bachelet que una comisión legislativa recomendó que se revisaran los modos en que se había vendido Soquimich, a despecho de otros legisladores que se animaron a decir que esos “eran temas para historiadores”. Y, efectivamente, algunos temas son para historiadores, pero para que los crímenes no sean olvidados.