Introducción

Con todo y la profunda heterogeneidad constitutiva del movimiento feminista, la demanda por el derecho a decidir sobre los propios cuerpos de mujeres y personas con capacidad de gestar representa uno de los principales ejes de convergencia de los feminismos latinoamericanos (^{Lamas, 2008}). Históricamente, las luchas que han adquirido mayor visibilidad son aquellas que dirigen sus esfuerzos a modificar los marcos normativos que criminalizan la posibilidad de interrumpir un embarazo, y exigen al Estado la despenalización o legalización del aborto. Dentro de las mismas, prevalecen los repertorios de acción clásicos, tales como la protesta social y la movilización política².

En ese sentido, la consecución de las demandas feministas en relación con el aborto, al menos en la región latinoamericana, se ha logrado a través de estrategias institucionales como el apoyo a reformas de ley o el litigio estratégico, impulsadas principalmente por feministas que ocupan cargos públicos, que forman parte de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales, y por supuesto, por las mujeres organizadas que despliegan su potencial transformador en las calles. No obstante, hablar de aborto y, más aún, transformar el statu quo en aras de reconocerlo como un derecho implica abrazar un proceso complejo en el que ocurren múltiples tensiones entre diversos actores. Por ello, ante la dificultad de modificar los marcos normativos en favor del derecho a decidir, las luchas feministas se han diversificado para garantizar el acceso a abortos seguros al margen de los ordenamientos jurídicos. Me refiero concretamente a la labor de las redes de acompañamiento feministas a mujeres en situación de aborto.

Precisamente la región de América Latina y el Caribe da cuenta de ese panorama contradictorio, dispar y profundamente heterogéneo en materia de aborto. Mientras que en países como Cuba, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia y México se ha avanzado “hacia la liberalización con ritmos y éxitos dispares, […] en otras naciones tramas más oscuras refuerzan restricciones conservadoras” (^{Bergallo, Jaramillo-Sierra y Vaggione, 2018, p. 11}), tal como ocurre en El Salvador, Guatemala, Honduras o en Nicaragua. Asimismo, es importante señalar que se trata de escenarios en constante movimiento, pues al interior de cada uno existen procesos de movilización y contramovilización que en última instancia inciden en la forma en que las mujeres logran -o no- acceder a abortos seguros.

Dentro de ese contexto, el caso mexicano se posiciona como un ejemplo paradigmático de las luchas feministas en relación con el aborto. En México, cada una de las 32 entidades federativas que conforman la nación pueden regular el aborto de acuerdo con sus propios marcos normativos³. A pesar de lo anterior, desde 2007, y como consecuencia de la aprobación de la despenalización en la Ciudad de México, se promovieron legislaciones antiaborto por parte de distintos actores conservadores a fin de proteger la vida desde la concepción (^{Beer, 2019}). Con todo y esta desfavorable tendencia, desde 2019 se ha producido una ola de despenalizaciones a nivel subnacional, lo que ha dado como resultado que 17 de 32 estados⁴ cuenten con regulaciones que no penalizan el aborto voluntario antes de la decimosegunda semana de gestación.

A esa tendencia positiva se debe sumar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que desde el proceso de la Ciudad de México se ha posicionado como una aliada estratégica, postura que se reafirmó en 2021 y 2023 cuando emitió cuatro fallos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Con el primero se declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario, si bien se hizo en relación con el código penal del estado de Coahuila, sentó un precedente para que la criminalización por abortar fuera considerada inconstitucional en todo el país (^{IPAS, 2021a}; ^{SCJN, 2021}). El segundo fallo determinó que los congresos estatales no tenían las facultades para limitar la libertad reproductiva y el derecho a decidir de las mujeres, por lo que la protección a la vida desde el momento de la concepción era inconstitucional (^{Murillo, 2021}). El tercer fallo estableció límites a la objeción de conciencia a fin de preservar los derechos de las mujeres que buscan abortar (^{IPAS, 2021b}). Finalmente, el cuarto fallo ocurrió en septiembre de 2023 y declaró inconstitucional el sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal⁵, en tanto se contrapone al derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Lo anterior reafirma las sentencias previas respecto a que ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar y quienes hayan sido procesadas o sentenciadas por ese delito deben ser absueltas. Constituye además un ordenamiento que obliga al Congreso a legislar al respecto, derogando las normas que criminalizan el aborto voluntario. Y permite que quienes necesitan abortar, puedan acceder al servicio a través de las instituciones federales de salud (^{GIRE, 2023}; ^{SCJN, 2023}).

Con todo y estas importantes conquistas feministas, sería un error asumir que la demanda por aborto libre, legal, seguro y gratuito está plenamente resuelta. Como adelanté, el federalismo impone serios retos sobre todo a nivel estatal, ^{Alma Beltrán y Puga (2024)} afirma que es fundamental que los estados que no han legislado al respecto reformen sus códigos penales, así como las leyes de salud, acatando lo mandatado por la SCJN. No obstante, advierte que dichas modificaciones “están sujetas a la voluntad política y dependen de que los partidos liberales o de izquierda presenten proyectos de ley en los congresos estatales” (^{Beltrán y Puga, 2024}).

A estas resistencias institucionales deben sumarse las constantes amenazas conservadoras de retroceso, el uso inconstitucional de la objeción de conciencia, las trabas burocráticas y por supuesto la penalización sociocultural del aborto. Así, ante el clima de criminalización y estigma social que, aunque se ha atenuado, continúa existiendo en México, las redes de acompañamiento se han consolidado como una alternativa que garantiza el acceso a abortos seguros y autogestivos, demostrando que clandestino no es sinónimo de inseguro. En ese sentido, el objetivo de este artículo es conocer el trabajo de las redes de acompañamiento mexicanas y su relación con los cambios institucionales que se han impulsado en los últimos años. Concretamente me pregunto, ¿cuán cercanas o lejanas están de las luchas tradicionales y por tanto del Estado?

Anticipo que el principal hallazgo arroja que, lejos de lo que se podría pensar, las redes estudiadas sostienen una valoración bastante neutral respecto a la colaboración con el Estado. Encuentro que las redes de acompañamiento no sólo dependen de las acciones u omisiones estatales como buena parte de la literatura afirma, se trata más bien de una relación dialógica en la que se significan mutuamente. A continuación, presento una breve contextualización de las redes, así como las principales discusiones que desde la academia y el activismo se han dado acerca de dichas organizaciones. Posteriormente, comparto la estrategia metodológica seleccionada para la realización de la presente investigación, en donde abordo el posicionamiento epistémico, mis casos de estudio y las técnicas de recolección y análisis de información utilizadas. En el apartado siguiente expongo los principales resultados de la investigación a la luz de los planteamientos teóricos relevantes. Doy especial atención a discutir los hallazgos en relación con las lecciones que aportan al campo de la gobernanza feminista, para concluir con algunas reflexiones finales y futuras líneas de investigación.

¿Qué sabemos sobre las redes de acompañamiento?

La principal explicación que identifico en la literatura respecto a la existencia de las redes de acompañamiento tiene que ver con el papel del Estado, específicamente en cómo su desempeño, en términos de garantizar el derecho al aborto voluntario, incide en la mayor o menor presencia de éstas. ^{Santarelli y Anzorena (2017)} plantean que además de ser una vía para acceder a abortos seguros, las redes se posicionan como estrategias político-feministas que dan respuesta a la deficiencia estatal en materia de despenalización del aborto. En esa línea, ^{Ruibal y Fernández (2018)} plantean que, si bien es cierto que su creación se impulsa por la ausencia estatal, en realidad resulta más adecuado considerarlas como estrategias paralelas a las luchas tradicionales, pues ante la resistencia institucional, las feministas desarrollan estrategias de acción directa al tiempo que mantienen sus demandas originales.

Así pues, mediante el trabajo con tres redes de acompañamiento mexicanas encontré que su importancia radica en que no únicamente son una alternativa a las deficiencias estatales que obstaculizan el aborto, sino que también se constituyen como espacios a través de los cuales, quienes necesitan abortar se apropian de sus cuerpos y procesos. En palabras de ^{Ortiz (2010)}, practicar un aborto acompañadas permite “romper la sensación de soledad, acceder a más y mejor información sobre sus opciones, intercambiar experiencias, ampliar sus contactos sociales y tener la confianza de que tienen un respaldo” (p. 37).

El acompañamiento feminista “se trata de una práctica empática, solidaria y libre de estigmas, en donde las mujeres que abortan son el centro y quienes acompañan se reconocen como una figura de apoyo y contención” (^{Austria, 2022, p. 103}). Asimismo, implica brindar “seguridad para diluir la presión y la angustia que genera la clandestinidad, y politizar el peso de la culpa que recae sobre las mujeres socialmente frente a las decisiones autónomas sobre sus cuerpos” (^{Pagola, 2018})

Si bien es cierto que recientemente las redes de acompañantes han adquirido mayor visibilidad debido al impulso de la marea verde, en realidad es un fenómeno con presencia en toda la región latinoamericana desde hace varias décadas.

Sus orígenes podrían rastrearse a la década de 1980 cuando las feministas brasileñas descubrieron que las contracciones uterinas eran uno de los efectos secundarios del misoprostol, por lo que comenzó a utilizarse como píldora abortiva (^{Guzzo, 2021}). Dicho hallazgo se compartió en el V Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe realizado en Argentina en 1990, a partir de entonces, se han diseminado los saberes respecto al aborto con medicamentos (^{Carbajal, 2021}). De hecho, aunque cada red determina sus prácticas y dinámicas, un elemento común es que mayormente la información que brindan y los procesos que acompañan son de abortos autónomos. Siguiendo a ^{Veldhuis (2019)}, estos se refieren a “abortos con medicamentos [bajo el régimen de misoprostol combinado con mifepristona o usando únicamente el primero], autoadministrados y autogestionados” (p. 1).

Cabe destacar que en 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que el misoprostol es un medicamento seguro y autorizado para interrumpir el embarazo (^{IPAS, 2020}). Así, dado que el aborto con medicamentos es un procedimiento no invasivo que puede realizarse en casa y sin supervisión médica, y que además cuenta con numerosos manuales para su correcta administración, resulta la alternativa viable para mujeres y personas gestantes que viven en contextos restrictivos o que simplemente quieren llevar a cabo su proceso fuera del ámbito médico.

Particularmente en México, las redes de acompañamiento estudiadas desempeñan una doble función de manera paralela. Por un lado, se adhieren a la demanda por la despenalización del aborto, ya que exigen al Estado cumplir con las obligaciones correspondientes, y por el otro, apuestan por la desestigmatización del aborto clandestino. Sostienen que sólo transitando hacia el reconocimiento de que el aborto es un evento más en la vida sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, es que seremos capaces de habitar espacios verdaderamente libres y favorables para la libertad y la autonomía en los propios cuerpos.

Asimismo, las redes mexicanas se distinguen de las pioneras argentinas en tanto que los principales canales por medio de los cuales acompañan no son las líneas telefónicas (^{Drovetta, 2015}), sino las redes sociales⁶ de forma pública y visible. Lo anterior les ha permitido tener una fuerte presencia a nivel subnacional, misma que creció exponencialmente en el contexto de la pandemia por Covid-19, donde el miedo al contagio, el aumento de los casos de violencia contra las mujeres y la falta de recursos económicos por pérdida de empleo o reducción del salario (^{Rico, 2020}), provocaron que cada vez más mujeres recurrieran al acompañamiento feminista y con ello, al aborto autogestivo.

Principales perspectivas en relación con las redes de acompañamiento

Las redes feministas de acompañantes han sido ampliamente estudiadas sobre todo en el sur de Latinoamérica, siendo precisamente Argentina, el caso que mayor atención ha recibido por parte de las investigaciones académicas. Al documentar la experiencia de las socorristas, ^{Grosso, Trpin y Zurbriggen (2013)}, reconstruyen la trayectoria de Socorro Rosa, una red argentina de acompañantes pionera en las estrategias de acción directa que permiten la interrupción del embarazo mediante el uso de misoprostol.

En esa línea, ^{Mines, Díaz, Rueda y Marzano (2013)}, ubican la experiencia de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, también argentinas, cuya labor fue fundamental para ampliar la demanda por despenalización incluyendo las necesidades de las identidades trans. Por su parte, ^{Burton y Peralta (2016)} se centran en la experiencia de las socorristas de la Colectiva Feminista La Revuelta, fundadoras de las Socorristas en Red en Argentina, señalan los vínculos que éstas generaron con actores del sistema de salud y la información que sistematizaron a lo largo de los años, siendo dos elementos clave para la lucha por la despenalización del aborto. También observando a La Revuelta, ^{Zurbriggen, Vacarezza, Alonso, Grosso y Trpin (2019)}, condensan la experiencia de 16 acompañantes y 23 mujeres que lograron abortar en el segundo trimestre del embarazo gracias a dicho acompañamiento.

Destacando la importancia de la experiencia de las acompañantes argentinas y enfatizando la relevancia de la confluencia generacional en las redes, es posible ubicar los trabajos ^{de Elizalde y Mateo (2018)} y de ^{Robinson (2020)}. Las primeras ponen atención a la incorporación masiva de mujeres jóvenes a las organizaciones feministas, lo cual impactó la práctica del aborto medicamentoso. Robinson, por su parte, explora la síntesis de saberes que se ha hecho a partir de ese encuentro intergeneracional. ^{Fernández y Szwarc (2018)} hacen una interesante genealogía del uso del misoprostol en Argentina y caracterizan los distintos modelos de acompañamiento que primero se dieron de manera autónoma y después comenzaron a transformarse en consejerías dentro del sistema público de salud.

Incorporando otras latitudes, ^{Drovetta (2015)} compara las líneas telefónicas de información de aborto seguro con misoprostol en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. También, mediante un estudio comparado entre Perú, Chile, Argentina y Uruguay, ^{Pagola (2018)} hace una aportación fundamental para entender y dimensionar la labor de las redes. Éstas no sólo cobran relevancia en tanto atienden una demanda real y cotidiana, buena parte de su valor radica en que modifican los entendimientos tradicionales del aborto, ya que apuestan por su desestigmatización al tiempo que cuestionan la hegemonía médica. En esa misma línea, he desarrollado ampliamente la idea de que, al tiempo que pugnan por demandas tradicionales de larga data como la lucha por aborto legal, seguro y gratuito, las redes revolucionan la forma en la que el aborto se ha concebido, contribuyendo a derribar mitos y avanzar en su desestigmatización (^{Austria, 2022}).

Las acompañantes movilizan múltiples elementos que son cruciales para entender los escenarios actuales. ^{Hidalgo (2017)}, por ejemplo, rastrea la experiencia de las acompañantes en Chile, quienes brindan acompañamiento a modo de grupos de autoconciencia, y paralelamente despliegan estrategias políticas para contribuir a la despenalización del aborto. ^{Walsh (2020)} destaca los retos que enfrentan estas activistas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, señalando que a pesar de que acompañar puede significar un riesgo importante, lo siguen haciendo. Pues, acompañar también puede entenderse como un acto de resistencia que abona a la construcción de un derecho alterno (^{Guerra, 2019}).

Estrategia metodológica

Como se puede observar, las redes de acompañamiento cuentan con una importante tradición en la literatura especializada. No obstante, los análisis han centrado su atención en la descripción de las experiencias de las acompañantes o de quienes han sido acompañadas en sus procesos de aborto. Aunque lo anterior reivindica el conocimiento generado desde el activismo, poner el foco únicamente en casos concretos, impide avanzar hacia la caracterización sistemática que permita entender a las redes insertas en procesos más amplios, tales como los de gobernanza feminista.

Con la finalidad de contribuir en ese vacío de la literatura, presento un análisis comparado de tres redes de acompañamiento mexicanas, Di Ramona, Morras Help Morras y Necesito Abortar, a partir de un abordaje cualitativo me posiciono desde la epistemología feminista. Se ha señalado que las epistemologías tradicionales han excluido “la posibilidad de que las mujeres sean sujetos o agentes del conocimiento [énfasis original], [por lo que] la voz de la ciencia es masculina y la historia se ha escrito desde el punto de vista de los hombres” (^{Harding, 2002, p. 14}). Por ello, en esta investigación la principal fuente de información son las experiencias de las acompañantes de las tres redes señaladas, ya que a través de éstas fue posible conocer la dinámica de los espacios en los que se desempeñan. Y, además, entender su posicionamiento frente a las demandas feministas por la despenalización del aborto y, por tanto, frente al Estado.

En esa línea, es importante resaltar que, como parte del posicionamiento epistémico adoptado, decidí utilizar los nombres reales de las mujeres que contribuyeron a la investigación a través de las entrevistas realizadas. En todos los casos, las integrantes de las redes de acompañamiento estudiadas dieron su consentimiento para que ello ocurriera. Lo anterior responde a que tienen la convicción de hablar públicamente de la labor que realizan como una estrategia que contribuya a la desestigmatización del aborto. En ese sentido, a fin de lograr un equilibrio entre la decisión de las mujeres entrevistadas y así respetar su agencia, pero, al mismo tiempo, preservar los aspectos éticos y de seguridad que las investigaciones deben perseguir, omití la incorporación de sus apellidos y resolví que su nombre apareciera en la forma en que ellas lo determinaron.

Como señalé anteriormente, las redes de acompañamiento han existido desde hace varios años en tanto el embarazo no deseado y el aborto son eventos recurrentes en la vida de las mujeres y personas gestantes. El impulso feminista de esta década les ha aportado mayor fuerza y visibilidad, sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo. En ese sentido, para poder hacer comparaciones adecuadas que dieran una idea del fenómeno del acompañamiento feminista en México de cara al papel que el Estado desempeña en materia de aborto, realicé un estudio de casos diversos.

Estos, por definición, se proponen cubrir la mayor variabilidad posible en función de aspectos que sean destacables para los objetivos de la investigación (^{Seawright y Gerring, 2008}). Así, hice la selección de las tres redes de acompañamiento considerando dos grandes rubros que reflejan dimensiones contextuales relevantes: el ambiente institucional de género y el contexto doctrinal de la entidad en la que operan. Con el primer rubro, me refiero a la importancia que las instituciones estatales otorgan a la agenda feminista en la entidad, esto lo determiné a partir del estatus del Instituto de las Mujeres a nivel subnacional⁷,y tomando en cuenta qué tan efectivo es el acceso al aborto por medio de la NOM-046⁸. El segundo rubro, me permitió determinar si una entidad podría considerarse como progresista o conservadora a partir de la evaluación del posicionamiento político frente a cuatro temas⁹ que pueden considerarse doctrinales¹⁰.

Mediante revisión documental establecí que Aguascalientes, Hidalgo y Nuevo León eran las entidades que mostraban mayor heterogeneidad en las dimensiones señaladas. Posteriormente seleccioné a una red de cada estado siguiendo dos criterios: presencia importante en las redes sociales y facilidad en el acceso. De tal forma, mis unidades de análisis fueron Di Ramona en Hidalgo, Morras Help Morras en Aguascalientes y Necesito Abortar en Nuevo León. Después del contacto inicial, procedí con la estrategia de muestreo por bola de nieve y tuve encuentros con las mujeres que hacen parte de la red hasta obtener la saturación teórica o hasta que hubiera hablado con todas las integrantes de la organización¹¹.

De manera concreta, realicé 18 entrevistas semiestructuradas en línea, específicamente mediante la plataforma Zoom, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19¹². Con el material empírico obtenido me propuse identificar patrones en los testimonios, para lograrlo realicé un proceso de codificación deductiva e inductiva mediante el software MAXQDA. Y a partir de ello, en la etapa de análisis, generé ideas acerca de sus significados (^{Priego, 2021}). Previo a la realización del trabajo de campo y a partir de la pregunta de investigación planteada, construí un sistema de hipótesis que después operacionalicé a través de conceptos, dimensiones y subdimensiones de análisis. Éstas se convirtieron en las categorías teóricas con las cuales codifiqué de manera deductiva, es decir, doté de sentido los testimonios a partir de ideas preestablecidas. La codificación inductiva, por su parte, consistió en identificar información que no había considerado con antelación, generando así códigos desde los propios datos.

Una vez que clasifiqué las transcripciones completas de las entrevistas y contaba con una amplia batería de códigos provenientes de la codificación deductiva e inductiva, los organicé sistemáticamente de acuerdo con la temática a la que se referían. El presente artículo condensa los que dan cuenta de la relación movimiento feminista-Estado inserta en procesos de gobernanza feminista. Posteriormente, tendiendo puentes entre los testimonios y el bagaje teórico-conceptual, comencé a generar argumentos integrales que incluyen las perspectivas que ya han sido estudiadas en conjunto con nuevas comprensiones de las redes de acompañamiento, mismas que proceden de las propias experiencias, lo que las convierte en una fuente primaria de conocimiento. Lo anterior, constituye el análisis de contenido que dio lugar a los hallazgos que presento a continuación.

Posicionamientos feministas en relación con el Estado

La posibilidad de colaborar con el Estado no siempre fue una alternativa admisible para las feministas, aunque se dice que “en las últimas décadas el campo estatal se presenta para los movimientos feministas latinoamericanos como una institución donde plantear sus demandas [ya que] los Estados aparentan ser receptivos a ciertos problemas” (^{Anzorena, 2018, p. 213}). Especialmente, la década de 1990 representó una agitada arena de disputa en la que distintos sectores del movimiento debatieron si la proximidad con el Estado comprometía no sólo su autonomía, sino también sus posicionamientos políticos y su potencial transformador.

En esa línea, es posible ubicar dos perspectivas dominantes que reflejan los extremos que han caracterizado la relación del movimiento feminista y el Estado. De un lado, prevalece la visión que considera que el ámbito estatal constituye un espacio propicio para generar transformaciones que impacten positivamente en el avance de la agenda feminista. Pues quienes se adscriben a esta postura argumentan “que el Estado puede ser un instrumento importante para superar las desigualdades estructurales y mejorar la situación de las mujeres” (^{Segura, 2021, p. 36}). Del otro lado, es posible encontrar planteamientos que definen al Estado como una estructura de opresión patriarcal. Por lo tanto, predomina “el rechazo por parte de las feministas a participar dentro de las instituciones o que el Estado intervenga o sea intermediario de la trasformación social que proponen” (^{Segura, 2021, p. 36}).

Importa resaltar que ninguno de esos dos enfoques alcanza a dar cuenta de todo el espectro de vinculaciones que se pueden dar entre las feministas y el Estado. En realidad, se trata de una falsa dicotomía que desconoce todo lo que ocurre en el medio (^{Fisher, 2021}), porque en la práctica ninguna de esas posturas se materializa plenamente. De hecho, conocer de cerca la labor de las redes de acompañamiento me conduce a señalar que la relación entre el Estado y el movimiento feminista, en este caso las acompañantes, es mucho menos rígida de lo que cabría esperar.

Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación consiste en identificar que quienes acompañan procesos de aborto han encontrado y habilitado espacios institucionales de colaboración e incidencia para la consecución de sus objetivos, al tiempo que mantienen una crítica constante hacia las acciones y omisiones del Estado. Lo anterior es posible gracias a la complejidad multifacética en la que coexisten diversos actores y estrategias al interior del movimiento feminista, pero también de la arena estatal. Al respecto, la literatura acerca de gobernanza feminista ha cuestionado la visión dicotómica y propuesto nuevos entendimientos desde por lo menos hace 20 años (^{Zaremberg y Rezende de Almeida, 2022}).

De manera puntual, el dinamismo que caracteriza al campo feminista y al campo estatal se materializa en las femócratas¹³ (^{Eisenstein, 1996}), en las activistas institucionales que buscan que sus agendas avancen una vez ocupados los cargos burocráticos (^{Abers y Tatagiba, 2015}). Así como en las mujeres con trayectorias múltiples que han ocupado espacios dentro y fuera del movimiento y del Estado (^{Zaremberg y Guzmán, 2019}), sin que lo anterior implique una división tajante entre las insiders y las outsiders, sino que más bien se trata de un continuum en las experiencias feministas (^{Banaszak, 2010}).

Dentro de ese corpus académico, otras autoras han destacado el aspecto institucional, organizacional y relacional de la gobernanza feminista. Señalando, por ejemplo, la importancia de contar con estructuras estatales que promuevan “los derechos, el estatus y la condición de las mujeres para derribar las jerarquías basadas en el género” (^{Mazur y McBride, 2013, p. 655}). También han puesto énfasis en las interacciones entre las mujeres en política, el movimiento feminista y las femócratas (^{Vargas y Wieringa, 1998})¹⁴, o entre estas dos últimas y las académicas (^{Woodward, 2003})¹⁵. Lo anterior, como una forma no estática de entender las “historias de mutua dependencia e intercambio” (^{Woodward, 2003, p. 78}) que conducen a la consecución de las demandas y a la transformación de la realidad de las mujeres.

En síntesis, “la gobernanza feminista abarca las instituciones, normas e ideas feministas, así como el trabajo que las feministas han realizado en el seno de instituciones políticas y redes de gobernanza más amplias a escala nacional, subnacional y transnacional” (^{Sawer, Banaszak, True y Kantola, 2023, p. 1}). Asimismo, se trata de una perspectiva especialmente útil para analizar los procesos insertos en los contextos latinoamericanos, en los que se dan relaciones conflictivas, pero también prolíficas entre los movimientos feministas y los Estados (^{Zaremberg, 2023}). De manera concreta, dialogar con este enfoque me permite comprender de manera integral aquellas apuestas feministas que buscan transformar radicalmente las realidades sociales que subordinan a las mujeres, en este caso, a las redes de acompañamiento.

Sobre la colaboración crítica y estratégica con el Estado

La inquietud inicial que guio el desarrollo de esta investigación fue conocer cómo se posicionan las redes de acompañamiento frente a las luchas feministas tradicionales por el aborto y, por lo tanto, frente al Estado. En términos generales encontré que ninguna de las tres redes de acompañamiento estudiadas tiene un posicionamiento completamente de oposición, es más bien, una cuestión de grados de colaboración. Dicho de otra manera, las relaciones que las acompañantes establecen con el ámbito estatal no son antagónicas sino estratégicas, lo cual implica que más que negar la participación institucional, despliegan una valoración neutral que las aleja de la visión dicotómica y de la narrativa intrínseca de “traición contra lealtad” (^{Zaremberg, 2023, p. 408}).

Concretamente, y como advertí en un inicio, cuando hablo de las luchas feministas tradicionales me refiero a aquellas que han buscado, por distintas vías institucionales, modificar los marcos normativos a fin de conseguir la despenalización del aborto. De tal forma, pueden agruparse bajo la demanda por aborto legal, seguro y gratuito. Al cuestionar a las acompañantes acerca de cuál era su opinión al respecto, de manera unánime coincidieron en que se trata de un planteamiento al que se adhieren completamente. En primer lugar, porque reconocen que se trata de una obligación del Estado que históricamente ha evadido y a pesar de ello no pueden dejar de exigirla. No obstante, también respaldan la demanda porque a través de su experiencia acompañando se han encontrado con mujeres que se sienten más seguras al ser guiadas por un profesional de la salud. Y en tanto, su máxima es poner las necesidades y deseos de quienes abortan al centro, consideran que el Estado debe garantizarlo como un derecho para que haya alternativas en cuanto a la realización del procedimiento.

De esa manera, resulta apropiado señalar que las redes de acompañamiento analizadas no se oponen de ninguna manera a las luchas tradicionales, pero tampoco se pueden enmarcar únicamente dentro de éstas. El apoyo otorgado a la demanda por aborto legal, seguro y gratuito está acompañado de críticas a las formas en que se ha planteado y sobre todo a los alcances que dichas aproximaciones tienen, por considerarlas insuficientes. Quizá las lecciones más importantes en ese sentido son las que problematizan la despenalización del aborto como el horizonte máximo de las luchas feministas y los plazos admitidos en las entidades en las que se ha legislado al respecto. En ambos casos las acompañantes los valoran con cautela, pues para ellas se trata de normativas que “siempre van a marcar un límite y al final de cuentas siguen [imponiendo] una decisión de cuándo y hasta dónde sobre nuestros cuerpos, siempre al final siguen decidiendo por nosotras de alguna u otra forma” (Miriam, 2021).

De acuerdo con las acompañantes, reducir toda la lucha por el derecho a decidir a una modificación normativa es continuar perpetuando el control que el Estado ejerce en los cuerpos de las mujeres, pues es otorgarle todas las facultades frente a procesos que únicamente pertenecen a quienes los experimentan. Asimismo, una constante en el debate por la despenalización en México es que, cuando se ha conseguido, permite el aborto voluntario regulado por un sistema de plazos que generalmente es hasta las 12 semanas de gestación. Quienes acompañan advierten que esa temporalidad continúa siendo restrictiva en tanto se desconocen las múltiples razones y contextos que atraviesan quienes necesitan abortar.

Además, su cercanía con el tema les permite afirmar que “hay mujeres que siguen necesitando un aborto después de la semana 12 y no podemos seguir ignorándolas y hacer como que no existen o seguir criminalizándolas” (Daniela, 2021). Reconocen también que la temporalidad restringida no elimina la práctica de abortos en etapas gestacionales avanzadas, sólo incrementa la posibilidad de realizarlo en condiciones inseguras, pues “al final si la mujer quiere hacerlo, lo va a hacer, sea o no sea legal” (Rox, 2021).

Precisamente, por ello, las acompañantes están convencidas de que la despenalización del aborto es necesaria y urgente, por lo cual planteo que las redes están próximas a las luchas feministas tradicionales. En realidad, tanto éstas como las estrategias de acción directa no son posturas antagónicas, sino complementarias, es decir: “cuando decimos que queremos aborto libre, legal y seguro no estamos diciendo que queremos que desaparezcan las acompañantes y cuando promocionamos el acompañamiento no estamos diciendo que no queremos que se despenalice el aborto” (Sofía, 2021). Sin embargo, para las acompañantes la demanda por aborto legal, seguro y gratuito representa apenas el piso mínimo, “el punto de arranque” para transitar hacia luchas más integrales y con ello alcanzar la despenalización absoluta y legal, pero también sociocultural, y el aborto libre, sin plazos ni restricciones. De hecho, uno de los aportes de esta investigación consiste en identificar que la relación entre acompañantes y Estado no se reduce a la demanda por la despenalización, incluye otros aspectos que valen la pena ser explorados.

Si bien Di Ramona, Morras Help Morras y Necesito Abortar admiten la proximidad con el Estado, sería incorrecto asumir que las vinculaciones se establecen plenamente sin ningún cuestionamiento. Las redes de acompañamiento analizadas colaboran con determinadas instituciones estatales, pero lo hacen mediante espacios específicos que las acerquen al cumplimiento de sus objetivos y, sobre todo, manteniendo una crítica constante. Esto porque, de acuerdo con su experiencia, quienes forman parte de instituciones estatales que trabajan directa o indirectamente con el aborto “ven el tema con muchísimo estigma, reproducen la idea de que es lo peor que pudo pasar, incluso quienes están a favor [del derecho a decidir]” (Greta, 2021).

En ese sentido, afirmo que se trata de una colaboración estratégica, es decir, aunque reconocen y denuncian los déficits estatales en materia de derechos sexuales y reproductivos, asumen que su insuficiente actuación no exime al Estado de cumplir con las obligaciones que le corresponden en términos de despenalización, no criminalización y provisión de servicios de calidad. En palabras de Ali (2021), una acompañante que hace parte de Necesito Abortar: “si decimos ‘nunca voy a accionar con ellos, nunca voy a querer bajar recurso desde ahí porque es dinero sucio’ o algo por el estilo, pues se la pones más fácil para no hacer nada de lo que les corresponde”.

Un aspecto que importa destacar es que las redes se han apropiado de la idea de que el Estado no se trata de un todo homogéneo ni tampoco de un ente monolítico e inamovible (^{Jessop, 2008}; ^{Mann, 2007}), lo cual significa que se compone de distintos elementos, actores y organizaciones. Así, mientras que algunas organizaciones estatales pueden representar obstáculos para el avance de la agenda de las redes de acompañamiento, otras se constituyen como espacios propicios para el intercambio. En ese sentido, un elemento común de las redes estudiadas es que como parte de la vinculación estratégica deciden no colaborar con las figuras políticas tradicionales, específicamente con los partidos políticos. En su experiencia, se trata de una relación unilateral en la que sólo ellos obtienen beneficios, ya que únicamente buscan acercamientos en “temporada de campañas [para] generar vínculos o que los apoyemos” (Rox, 2021).

En términos generales, las acompañantes sostienen que la mayor dificultad para establecer puentes colaborativos con el Estado recae en los estigmas, mitos y miedos que despliega la mayoría de quienes accionan desde ese ámbito. De manera puntual, mediante los testimonios recabados, identifiqué que la principal crítica que hacen las acompañantes al Estado tiene que ver con la práctica médica y los servicios de aborto brindados. A partir de los procesos que han acompañado, han constatado que desde el ámbito médico se despliegan múltiples obstáculos para quienes buscan acceder a un aborto. Los cuales van desde una mala calidad en el servicio “haciendo preguntas fuera de lugar, siempre invasivos, dando protocolos inexistentes [o desactualizados]” (Daniela, 2021), hasta el aviso a autoridades para que inicien procesos judiciales: “la criminalización es terrible, muchas mujeres han perdido su embarazo de forma espontánea y aun así fueron criminalizadas y vinculadas a proceso, [las y los médicos] juegan a ser ministerios públicos cuando no es su papel” (Karina, 2021).

A través de su experiencia, y mediante los relatos que comparten con ellas las mujeres que acompañan, se han dado cuenta que buena parte del personal de salud tiene conocimientos limitados de los procesos de aborto, precisamente porque sus prejuicios y estigma frente al tema representan una barrera para continuar actualizándose y sobre todo para formarse en perspectiva de género. En esa línea, una de las grandes reivindicaciones de las redes consiste en la desmedicalización del aborto, lo cual implica reconocer que existen alternativas seguras y confiables, mismas que contribuyen a humanizar los procesos tomando en cuenta la subjetividad de las mujeres.

La postura crítica no las exime de colaborar con determinadas organizaciones y agentes estatales, especialmente porque con todas las deficiencias y áreas de oportunidad que identifican, son conscientes de que las demandas que las convocan son urgentes y por ende están obligadas a articularse con quienes poseen los recursos materiales y simbólicos para solventarlas. Plantean, además, que las redes de acompañamiento se han constituido como espacios mediante los cuales se genera conocimiento experto que puede incluso incidir en la calidad de los servicios brindados, en tanto “las acompañantes [tienen] las herramientas que el Estado no, para así garantizar lo que ya está en papel” (Jennifer, 2021), como la escucha atenta, el trato horizontal y el reconocimiento de que la voz de las mujeres debe estar al centro de los procesos, entre otros. A pesar de que la comparación sistemática de las tres redes permite identificar elementos comunes, en lo que respecta a las colaboraciones concretas que establecen con el Estado, encuentro diferencias sustanciales.

Di Ramona en Hidalgo es la red de acompañamiento que, al momento de realizar la investigación, mostraba mayor resistencia para tender puentes institucionales debido a que su experiencia previa en ese sentido no había sido del todo favorable por considerarla desproporcional. Lo anterior no significa que dichas relaciones sean inexistentes. En los procesos previos a la despenalización del aborto, en 2019 y 2021, formaron parte de los grupos feministas que trabajaron de cerca con el Poder Legislativo de la entidad para impulsar las iniciativas de ley presentadas. Si bien, en la primera oportunidad se rechazó el proyecto, el acercamiento les permitió organizar foros de discusión en donde se compartieron argumentos y conocimiento experto.

Después de conseguir la despenalización en junio de 2021, las integrantes de Di Ramona se aliaron con la Secretaría de Salud del estado para obtener información acerca de los servicios y posteriormente difundirlos: “nos hemos tratado de acercar más a ellos porque sabemos que tenemos que hacer un trabajo conjunto para que se sepa que existe [el derecho al aborto] y para que todas puedan acceder” (Daniela, 2021). Las vinculaciones también se han propiciado para capacitar al personal médico de algunos hospitales generales, y actualmente, para que les permitan acompañar a quienes deciden realizar sus procedimientos en el ámbito médico.

En esa línea, Necesito Abortar en Nuevo León valora con bastante neutralidad la posibilidad de colaborar con el Estado, en tanto desempeñan funciones completamente al margen de éste y sólo en algunas áreas particulares admiten los intercambios. Dicho de otra manera, en esta red no buscan activamente el establecimiento de alianzas institucionales, pero tampoco las descartan cuando se presenta la oportunidad. Desde esta red, por ejemplo, no han buscado impulsar “una iniciativa o proyecto de ley porque sabemos que es desgastarnos porque las condiciones no son aptas, no son adecuadas” (Greta, 2021). Además, aseguran que “nunca nos ha importado la legalidad porque siempre trabajamos desde la clandestinidad, aunque damos servicios seguros” (Sandra, 2021). Para ellas, generar alianzas estratégicas facilita muchos de sus procesos y se refleja positivamente en las labores que desempeñan, mas no es imperativo.

A diferencia de las otras dos que desarrollan diversas actividades relacionadas con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, Necesito Abortar es la única red que se dedica exclusivamente al acompañamiento. No obstante, trabaja de manera paralela con Voces de Mujeres en Acción, una asociación civil con objetivos más amplios. En ese tenor han establecido relaciones colaborativas con la Secretaría de Salud estatal, particularmente con algunas médicas que forman parte del programa Aborta Segura, encargadas de brindar la atención correspondiente a la NOM-046. Otros aliados estratégicos son el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, a quienes constantemente brindan talleres y capacitan en diversos temas de la agenda feminista.

Finalmente, Morras Help Morras en Aguascalientes es una organización que explícitamente manifiesta su aceptación a colaborar con el Estado, de acuerdo con Sofía (2021), una de sus principales colaboradoras, su dinámica organizativa se basa en “no vivirnos desde la utopía, más bien decimos qué funciona, esto funciona: vámonos, esto no funciona: no estorbes, básicamente. Entonces, no tenemos ningún problema en sentarnos con instituciones si es que va a funcionar para algo”. Afirman que no les resulta problemático trabajar con determinados actores estatales sobre todo porque, dado el contexto conservador y de alta criminalización en el que se desenvuelven, no existe una amplia gama de alternativas disponibles.

De manera concreta han sostenido intercambios con legisladoras y legisladores locales para frenar las iniciativas que atentan contra los derechos y libertades de las mujeres. Asimismo, brindan talleres a jóvenes acerca de derechos sexuales y reproductivos a partir de una vinculación con el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. No obstante, su principal fuente de colaboración tiene que ver con el litigio estratégico; en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos promovieron controversias constitucionales para evitar la aplicación de las reformas que determinaron proteger la vida desde el momento de la concepción y que aprobaron el PIN parental. En 2023, en coordinación con otras organizaciones feministas, impusieron un amparo ante la SCJN que decantó en la despenalización del aborto en la entidad.

Como se puede constatar, aproximarme al fenómeno de las redes de acompañamiento, desde la perspectiva de la gobernanza feminista, me permitió comprender su dinámica inserta en fenómenos más amplios que la simple provisión de información que brindan a quienes necesitan abortar. Aunque he demostrado que cada una de las organizaciones estudiadas determina con quiénes colaboran y con qué finalidad, en general encuentro que su apertura y flexibilidad responden al conocimiento profundo de las necesidades inmediatas de quienes buscan interrumpir un embarazo. Las acompañantes consideran que el papel del Estado en relación con el aborto debería limitarse a garantizarlo plenamente como un derecho. Sin embargo, en tanto eso ocurre, las vinculaciones institucionales representan una alianza benéfica en ambos sentidos, para hacer avanzar su agenda y también para sensibilizar a quienes operan desde el ámbito estatal.

Reflexiones finales

En última instancia, el objetivo que agrupa a las acompañantes en torno a redes tiene que ver con facilitar el acceso a abortos seguros a quienes lo necesitan, brindando información veraz y oportuna, pero también con un trato empático y libre de estigmas. Buena parte de la riqueza de las redes de acompañamiento recae en que solventan una demanda real y cotidiana que el Estado no ha logrado satisfacer, pues, aunque generalmente se les asocia con los contextos restrictivos que criminalizan el aborto, también tienen presencia en aquellas latitudes en donde ya se reconoce el derecho a decidir. No obstante, en esta investigación planteé que se trata de un fenómeno con el potencial de arrojar lecciones sobre cuestionamientos más profundos.

Particularmente, respondí a la pregunta de cómo se posicionan frente a las luchas feministas tradicionales por el aborto y por lo tanto frente al Estado, encontré que, aunque se adhieren a la demanda por aborto legal, seguro y gratuito, su labor no se reduce ahí. Para las acompañantes, la despenalización del aborto es el mínimo necesario que se debe exigir al Estado. A partir de las múltiples lecciones que han acumulado a lo largo de los años, las acompañantes sugieren que el horizonte máximo de las luchas feministas a favor del derecho a decidir debería ser la apuesta por la plena legalización sin ningún plazo ni restricción, por la garantía del aborto como un derecho en condiciones dignas y, sobre todo, por la despenalización social.

En aras de transitar hacia esos panoramas, identifiqué que ninguna de las tres redes de acompañamiento estudiadas se opone a vincularse con el Estado, deciden colaborar estratégicamente en mayor o menor medida en tanto reconocen que al tender puentes institucionales específicos, estarán más cerca de alcanzar sus objetivos, los cuales buscan incidir en el mejoramiento de la vida de las mujeres, personas con capacidad de gestar y, en algunos casos, diversidades sexogenéricas. Al respecto, al analizar comparativamente las experiencias de las redes, observé que parece existir una relación inversa entre el contexto doctrinal de la entidad en que se desempeñan y la apertura a vincularse con el Estado. Es decir, mientras más conservador sea el contexto en el que se desenvuelven, las redes de acompañamiento serán más propensas a admitir las posibilidades de colaboración institucional y viceversa.

A partir de la evaluación del estatus de temas relevantes para la agenda feminista, determiné si se trataba de una entidad mayormente progresista o conservadora, tal como describí en el segundo apartado de este texto. De esa manera Hidalgo se posiciona como una entidad progresista y Di Ramona como la red con mayor resistencia a colaborar con el Estado. Nuevo León es un estado conservador moderado y Necesito Abortar valora con neutralidad las vinculaciones estatales. Por su parte, Aguascalientes está permeado por un contexto sumamente conservador y Morras Help Morras es la red que abiertamente impulsa las colaboraciones con el Estado. Lo anterior, sugiere que en espacios donde los conservadurismos están bien organizados y tienen alta incidencia institucional, las vinculaciones estatales se valoran de manera más positiva. Indagar respecto a este planteamiento excede los objetivos de este artículo, pero se coloca como una línea de investigación a explorar en el futuro.

En conclusión, el trabajo de las redes de acompañamiento a mujeres en situación de aborto en México constituye evidencia empírica que enriquece los posicionamientos teóricos desde los que se afirma que las formas en las que los movimientos sociales, en este caso el feminista, se relacionan con el Estado, no son dicotómicas ni mutuamente excluyentes. Es decir, en la práctica es posible observar que la pluralidad interna del movimiento y del ámbito estatal posibilitan intercambios flexibles, sin que estos comprometan la autonomía ni el potencial transformador de los feminismos. De hecho, dados los panoramas complejos y de constantes amenazas que el campo feminista enfrenta, construir caminos alternativos hacia el exterior del movimiento, parece ser una decisión acertada.