I. Introducción

En el ensayo se pretende reflexionar en torno a dos aspectos importantes en la política educativa de la educación superior en su desarrollo histórico, me refiero a la: acreditación y la cobertura en la educación superior mexicana, como estrategias promovidas por el estado mexicano, especialmente en la década de los noventas del siglo y milenio pasados y de los años dos miles del siglo XXI, y que sus efectos se presentan hasta la actualidad.

El Sistema Educativo Mexicano se estructura por diversos tipos, niveles y modalidades. Los tres tipos educativos son: el Básico, el Medio Superior y el Superior, cada uno con sus respectivos niveles y estos, a su vez, con las específicas modalidades y opciones educativas que atienden propósitos específicos.

El Tipo Superior, se compone de varios niveles, convergen el Técnico Superior Universitario (ó Profesional Asociado Universitario), la Licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado. Cada nivel se imparte en diversas modalidades, mismas que se ofrecen en una diversidad de Instituciones de Educación Superior (IES), en la república mexicana

Así es como la educación superior mexicana, desde su estructura, es dinámica, compleja y con una gran diversidad de opciones de profesionalización. Hoy en día es evidente que, los gobiernos y la sociedad de países latinoamericanos como México, enfrentan un gran reto la evolución demográfica, mismo que se traduce en un eje importante que se atendió y que está por atender en las políticas educativas de hace 30 años y las actuales, la cobertura educativa.

A su vez, estos retos de la educación superior implicaron acciones que desde los tres órdenes de gobierno se implementaron, uno de ellos, la acreditación, especialmente en las licenciaturas de las diversas áreas de conocimiento.

II. La universidad y las IES

Cuando aludimos al término de Universidad, nos remitimos primeramente a su concepción universal de la realidad, precisamente a la visión o visiones que se tengan del mundo, a la producción y transmisión de conocimientos, pero además a su carácter eminentemente social.

Sin duda, el origen de las Universidades es importante considerarlo para la construcción histórica, y entender lo que es la Universidad Contemporánea. Virginia Garrote, enuncia que “en el occidente, el florecimiento de las ciudades burguesas trajo consigo el auge de las enseñanzas”¹. En ese apartado es donde podemos encontrar el primer antecedente indirecto de la Universidad occidental moderna. Además, durante los siglos XI y XII, las escuelas catedralistas asumieron la tarea de impartir una educación profana mucho más amplia. Es decir, desde mi punto de vista, la universidad inició como una entidad de élite, en el sentido literal, ya que únicamente las clases acomodadas podían asistir y además era de élite, porque era un espacio muy restringido para la población.

Formalmente, a fines del siglo XII, podríamos decir que la Universidad tiene sus antecedentes de mayor impacto, en las Universidades de París y Bolonia. Estas son distintas organizaciones que impulsaron la enseñanza en sus diferentes países, con características muy particulares, lo corporativo, lo universal, lo científico y lo autónomo.

Actualmente, y derivado de las políticas gubernamentales instauradas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ya no se habla casi de Universidades, sino de Instituciones de Educación Superior ó IES (por sus siglas), precisamente por los lineamientos estratégicos impulsados desde hace 30 años, en materia de educación superior. Esto implica no únicamente un cambio en la terminología, sino precisamente en una nueva concepción de Universidad, que replantee las características desde su composición histórica medieval.

Ese replanteamiento de la Universidad actual se traduce en dos elementos que en ocasiones son antagónicos y otras más complementarios u ajenos: calidad y cobertura. Pero entonces ¿qué mecanismos impulsó el Estado Mexicano, en la década de los noventas y dos miles de los siglos XX y XXI, para promover la calidad y cobertura de su Sistema Educativo? Una de las respuestas a esa pregunta serían los procesos de Acreditación y ampliación de la Cobertura, abanderadas por el estandarte de la mejora continua, promovidas en la Educación Superior, que son el tema central del presente escrito.

III. Un acercamiento a la nomenclatura de la evaluación y la acreditación

La evaluación está presente en todos los principios y hechos educativos, desde la evaluación del aprendizaje, la evaluación curricular, la evaluación de planes y programas educativos y la evaluación institucional. Precisamente en la evaluación institucional es en donde quisiera detenerme, debido a que es una evaluación integral donde no sólo se evalúa una parte del fenómeno educativo, como en el caso del aprendizaje, sino más bien todo lo que interviene intra e interinstitucionalmente para conseguir objetivos alcanzables en un determinado espacio de tiempo.

Producto de una evaluación institucional, es la Acreditación; la cual es un proceso indispensable para conocer la situación que guarda un Programa Educativo. Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) la conceptualizan como un proceso llevado a cabo por un organismo externo reconocido, para calificar un Programa Educativo, principalmente de Licenciatura. Se basa en “la evaluación de acuerdo a criterios de calidad (estándares) establecidos previamente por el organismo acreditador. Se inicia con una autoevaluación hecha por la propia institución, seguida de una evaluación a cargo de un equipo de expertos externos”².

Lo que es una realidad es que las IES necesitan impartir servicios educativos, conforme a estándares amplios de calidad. Por lo tanto, la acreditación es una constante en la mayoría de IES del país y un elemento para poder demostrar lo que se realiza en bien de los usuarios de un Programa Educativo. Evidentemente, “la acreditación de programas educativos de Licenciatura se sustenta, o debe sustentarse, en una evaluación”³; la cual se realiza en dos momentos, la autoevaluación y la evaluación externa, que es hecha por los CIEES y/o un Organismo Acreditador.

La Acreditación hace treinta años tenía como propósito “garantizar públicamente la calidad de los servicios académicos que ofrece una institución, certificar condiciones apropiadas para recibir subsidios públicos, aportes privados, facilitar la movilidad estudiantil y promover el mejoramiento de instituciones y programas”⁴. Por lo que la Acreditación es un proceso que implicaba el autoconocimiento de todos los elementos que integran a una institución educativa.

Cuando un proceso de Acreditación “implica la participación de todos los actores de un Programa Educativo, esta se torna reflexiva y con un fuerte compromiso institucional”⁵, debido a que permitía reconocer desde el más mínimo detalle hasta las grandes aportaciones de diferentes instancias y directivos. Este proceso es tomado muy en cuenta, como ya se mencionó, por los Organismos Acreditadores (OA). Estos son una persona moral reconocida en México por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), cuya función es evaluar los programas de educación superior, para constatar su calidad educativa para la formación integral del estudiante. Los organismos acreditadores están regidos por los lineamientos del mismo COPAES, básicamente para contar con un marco de referencia publicado previamente. El OA debe “rendir un informe anualmente, y someterse a un proceso de evaluación cada cinco años para que sea renovado su reconocimiento como tal”⁶.

Es importante destacar que la Acreditación se otorga a un Programa Educativo, el cual es un “conjunto estructurado de elementos que interactúan entre si con el objetivo de formar egresados con el perfil establecido. Consiste en personal académico, alumnos, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados, y procesos administrativos entre otros”⁷. Por lo tanto, la Acreditación no es otorgada a una Universidad, a una DES ó un Plan ó Programa de Estudios, si no a un Programa Educativo, ya sea de Licenciatura, Maestría y o Doctorado.

IV. La acreditación en el contexto internacional, en los años 1990 y 2000

La acreditación es un proceso en la política educativa que no sólo forma parte de los sistemas de evaluación de nuestro país, sino también de todo el mundo. De hecho, las políticas de evaluación en educación fueron y son una constante en casi todo el planeta. Por ejemplo, en Colombia, se creó en, 1992, el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) con el propósito de “garantizar a la sociedad que las instituciones que son parte de este Sistema, cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos”⁸.

La Acreditación, también forma parte de las grandes premisas de nuestro vecino del norte. El modelo de acreditación estadounidense y mexicano, no equidistan mucho en cuanto a sus procesos; pero si lo hacen en cuanto a que “en Estados Unidos, algunos fondos monetarios y préstamos del gobierno federal son otorgados únicamente a las instituciones acreditadas por una agencia reconocida”⁹. Tanto en México como en Estados Unidos, “la falta de participación activa u oficial en cuerpos colegiados para llevar a cabo certificaciones y acreditaciones, hace del gobierno federal el único responsable de la evaluación de la educación superior¹⁰”.

La acreditación es realizada por los denominados Organismos Acreditadores que, desde mi óptica, vienen a desempeñar un papel de intermediación técnica entre el gobierno federal y las universidades, en tanto que emiten juicios de valor y recomendaciones sobre distintos aspectos del quehacer universitario que influirán en la negociación de financiamientos extraordinarios.

Debido a lo anterior, se podría decir que la misma Acreditación, en los noventas y los dos miles del pasado, fue una exigencia en muchos países y más aún en los desarrollados que finalmente son los que determinan el rumbo del globo terrestre. Lo anterior se tradujo, en ese periodo histórico que se analiza, en el caso de nuestro país que no hubo excepciones, puesto que la mayoría de IES estuvieron desarrollando estos procesos en sus agendas y políticas institucionales

V. Panorama histórico de la acreditación en México

Hacia finales de los setenta del siglo y milenio pasados, el gobierno federal inició una nueva etapa de regulación de las relaciones entre universidades y el Estado para introducir algunos elementos técnicos como criterios para la negociación de los subsidios a la Educación de tipo Superior. Además de la implantación del Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), se eleva la autonomía a rango constitucional y se promulga la Ley de Coordinación de la Educación Superior, que fue promulgada en 1978, “la cual fijaba algunas bases para garantizar a las instituciones un piso financiero con carácter de subsidio ordinario”¹¹.

La modernización educativa en México, como proyecto educativo del Estado Mexicano, implicó “cambios profundos que no podían dejar incólumes ni las relaciones político-administrativas de las instituciones de educación superior pública, ni los mecanismos y criterios para su financiamiento”¹². Uno de esos mecanismos fue la Evaluación.

Respecto al financiamiento de la educación superior, desde 1980 en la mayoría de los países de América Latina, y por ende en México también, se empezaron a diversificar las fuentes de recursos económicos. Por ello, el “estado impulsó la disminución de los subsidios gubernamentales, la proliferación de los programas de estímulos sectoriales, hacia las plantas académicas, y la búsqueda de la ansiada excelencia”¹³.

En 1984, la Asamblea General de la ANUlES, en una reunión en Culiacán, Sinaloa, estableció algunos indicadores de desempeño que serían la base para negociar subsidios adicionales a los financiamientos que pudieran lograrse por proyectos solicitados a las bolsas del Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES)¹⁴. Está iniciativa no alcanzó un nivel de generalización sistemática y después se instaló el Programa Indicativo de Desarrollo de la Educación Superior (PROMES).

En el sexenio 1988-1994, del presidente Carlos Salinas de Gortari, el gobierno federal creó el Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES), y se instrumentó una estrategia nacional para la evaluación. Esta se dio a partir de la aprobación de los lineamientos generales de la Asamblea de la ANUlES celebrada en Tampico en 1989, donde se aprobó la creación del Consejo Nacional de Planeación de la Educación Superior (CONPES), la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). Estas instancias son adicionales a las del entonces llamado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) destinadas a evaluar investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), para proyectos de Investigación, y padrones de excelencia para evaluar Programas de Posgrado¹⁵.

Respecto a la creación de los CIEES, la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) -instancia en la que participaban el Gobierno Federal y las instituciones de educación superior mexicanas- acordó, el crear en 1991 los CIEES, que estos cuerpos colegiados desempeñarían cuatro funciones:

De esta manera, se conoció el panorama central que, de los años noventa a los dos miles, principalmente, se instauró en la educación superior, en lo referente a la Acreditación, como política nacional; la cual se impulsó en los sexenios gubernamentales, con sus propios matices y con sus apropiaciones específicas, en cada ICE del país.

VI. Cobertura, un reto de la educación superior al término del siglo XX e inicios del nuevo milenio

La educación forma parte de las 29 Garantías Constitucionales que nuestra Carta Magna y expone en el artículo 3. Asimismo, la educación es un Derecho Humano que todos los Estados del mundo deben garantizar. Es decir, la educación es reconocida nacional y mundialmente como un derecho fundamental para todo habitante de la tierra.

En nuestro país la laicidad, gratuidad y obligatoriedad constituyen principios fundamentales de la Educación Estatal; pero el carácter tan ambiguo en que son planteadas constituye un arma de doble filo para garantizar el acceso de los estudiantes a las instituciones educativas. En el caso del tipo de educación básico y medio superior, considero que los referentes normativos son muy claros, debido a que constitucionalmente la educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias, el problema surge en la educación de tipo superior, debido principalmente a que en la constitución vigente en la década de los noventa y principios del nuevo milenio, el Estado promovía y atendía todos los tipos y modalidades educativas¹⁷. Sin embargo, en ninguna parte decía que la Superior era obligatoria.

Lo anterior servía como justificación para que el Estado no se sintiera obligado a proporcionar educación a miles de aspirantes de las diferentes IES de nuestro país. Si usáramos como base el carácter progresivo de la educación, es decir, que el Estado atendiera según sus posibilidades la Educación Superior, entonces nuestro propio SEM, está orientado a que unos cuantos puedan acceder a la Educación Post Secundaria. Por lo tanto, las exigencias que organizan los aspirantes rechazados de diversas IES no tendrían sentido. Y si nos quedáramos con esa premisa, estaríamos resolviendo un problema sustancial que año con año viven las IES. Sin embargo, si pensamos más allá veríamos que el proceso de selección se vuelve más importante (por no decir difícil) a medida que se asciende a los niveles superiores de secundaria, y a la jerarquía socialmente selectiva de las asignaturas dentro de ellas¹⁸.

En el marco de la atención a la Cobertura, la ANUIES, en el documento Inclusión con responsabilidad social, plantea que el propósito de ampliación de la cobertura fue atendido, en primer lugar, mediante la creación de nuevas instituciones públicas, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, universidades interculturales e institutos tecnológicos con financiamiento concurrente del gobierno federal y de los gobiernos estatales¹⁹.

Otro aspecto esencial es la igualdad de oportunidades, ya que era este principio donde descansaba la mayor parte de la justificación del Estado Mexicano para no ofertar educación superior a todos sus aspirantes. Este principio supone “una situación en la cual varias personas compiten entre sí para la consecución de un objetivo único e indivisible, en este caso, el ingreso a las instituciones de enseñanza superior”²⁰. Este concepto centra la igualdad en la oportunidad de presentar el examen de selección, en las mismas instalaciones, misma hora y mismo examen, la diferencia estaría en el número de aciertos mejor contestados en esa prueba de selección. Bourdieu, como contrapropuesta, enuncia que “estas oportunidades dependen de la selección directa o indirecta, que varía, en rigor, con respecto a individuos de diferentes clases sociales a través de su vida escolar”²¹. Y, por lo tanto, la educación -con todo y su igualdad de oportunidades- es vista como un medio para perpetuar la desigualdad social.

En la Evaluación, el riguroso proceso de selección de estudiantes de las IES también constituye un elemento esencial para garantizar la calidad de programas educativos; ya que un programa de esta índole tiene que establecer una relación pedagógica adecuada a las necesidades institucionales. Por lo tanto, si se aceptaran a todos los estudiantes que desean ingresar a un programa educativo, la infraestructura, personal docente y equipo sería insuficiente; y en el caso de programas muy demandados, sería contraproducente. En este sentido, con la Evaluación y la Acreditación se pretende tener calidad y no cantidad, siendo la cantidad la mayor preocupación de atender en las políticas de Cobertura.

Ahora bien, la ideología se conceptúa como un “conjunto de valores y creencias que se producen y difunden por medio de órganos del Estado, y que sirven para reproducir el orden social al asegurar la adhesión de los individuos”²². Este concepto me pareció importante rescatarlo, debido a que finalmente la ideología antes expuesta es producto de una ideología neoliberal que se implantó durante muchos años en el sistema educativo nacional; y que, en los sectores de profesionales de la educación, debiera conocerse, analizarse, visibilizarse y criticarse, a fin de propiciar una actitud reflexiva en los estudiantes, autoridades y colegas con los que se convive, día con día.

El papel del Estado Neoliberal se quedaba únicamente como un guardián social y no como el medio que garantice que los estudiantes puedan ingresar a un programa educativo que deseen sin que existan obstáculos ajenos a los académicos. “El hecho es que el Estado se basa en principios liberales debido a que está basado en una noción de soberanía y en el imperio formal de la ley”²³. Prueba de lo anterior es que la misma constitución otorgaba los elementos necesarios para que el Estado evadiera la responsabilidad de propiciar el acceso al tipo de educación superior. Por lo tanto, como plantea Bourdieu, la función de la escuela sería la perpetuación de las desigualdades escolar²⁴.

Aunque no es el propósito de este Ensayo, valdría la pena acotar que, en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reformó en el año 2019. Así, los niveles de responsabilidad del Estado, con relación a la cobertura, se modificaron, en comparación con lo promovido y accionado desde los años noventa hasta 2018 en México.

Un logro que me parece muy valioso, en el texto del artículo tercero constitucional actual, es el referido a la responsabilidad del gobierno mexicano de garantizar la obligatoriedad de la educación básica y media superior, así como la educación superior. Esto ya que “las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad (…) la obligatoriedad de la misma corresponde al Estado”²⁵. Sin embargo, garantizar que se tenga un acceso equitativo a las Licenciaturas, no sólo se trata de “buenas intenciones”, sino de generar acciones que permitan que el gobierno invierta en la educación superior. Lo anterior, toda vez que finalmente, si no hay inversión en ese sector, las Universidades, Tecnológicos, Normales, Institutos, Centros, Departamentos de Educación Superior no podrán recibir más jóvenes y adultos que serán los futuros profesionales del país.

VI. Conclusión

Después de realizar este recorrido por lo que representa la Acreditación y recuperar sus antecedentes históricos, nos dimos cuenta de que este proceso fue un medio tanto para garantizar la calidad de un programa educativo, como para legitimar la no atención que el Estado tenía y tiene, para garantizar el acceso a la Educación Superior.

En un primer momento, la acreditación es importante debido a que se obtiene un reconocimiento social indispensable para garantizar que los egresados de un Programa Educativo sean aceptados en su entorno. En los esquemas presupuestales, coadyuvaba a que se obtuvieran recursos extraordinarios y se mejoraran las condiciones académico-administrativas de las IES y las DES (Dependencia de Educación Superior). Además, la Acreditación estaba acompañada de un proceso de Autoevaluación, que permitía que los mismos actores del Programa en cuestión reflexionaran entorno a sus debilidades y fortalezas; y también conllevaba un proceso de Evaluación Externa, que siempre es enriquecedora pues se “mira a la institución con ojos ajenos y sin prejuicios subjetivos”.

También, la acreditación era un elemento para justificar los pocos espacios que se ofertaban en las IES, debido a la famosa relación pedagógica de que “pocos estudiantes en un grupo, hacen más ágil el proceso Enseñanza- Aprendizaje”. Y es claro que a los docentes les es más fácil calificar 30 trabajos o exámenes que 80. Pero lo que no nos poníamos a pensar es que esa era otra justificación más que la ideología dominante del Estado Neoliberal nos plantea como una de las características básicas para que un Programa Educativo fuera reconocido como de calidad.

De ahí que, la cobertura en la educación superior mexicana fue y sigue siendo un reto mayúsculo, tanto para los sectores gubernamentales federales y estatales, como para las propias IES. Por lo que año con año implementan procesos de admisión que restringen la posibilidad de atender a todas y todos los aspirantes.

La cobertura de la educación superior implicó muchas acciones, algunas con aciertos y otras con errores, en la década de los noventas del siglo XX y los miles del siglo XXI. En ese tenor, este reto, seguramente seguirá estando presente en las políticas y acciones gubernamentales que se emprenderán en el presente y en el futuro.