Introducción

Según la Encuesta Intercensal 2015, en Yucatán, el 65.40% de su población total se considera indígena, y un 28.89% de sus habitantes de tres años y más habla una lengua igualmente indígena. El mismo documento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) indica que el nivel educativo del 55% de la población es básico, primaria completa (^{inegi 2016}). Además, cifras oficiales del Consejo Nacional de Población (^{conapo 2016}) ubican al estado con un alto índice de marginación, y un porcentaje de pobreza importante de abatir, según el ^{Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (coneval) 2018}. En este contexto regional, el embarazo temprano se constituye como un fenómeno que en los últimos años ha cobrado importancia y requerido cada vez mayor intervención, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo en curso, siendo la Secretaría de las Mujeres de Yucatán (semujeres) la institución encargada de coordinar las acciones correspondientes hacia la atención de la problemática. Yucatán ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con mayor tasa de embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 14, años según datos de dicha Secretaría.

En el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2018-2024, el embarazo temprano se subsume en el eje transversal relacionado con la igualdad de género, oportunidades y no discriminación. Se le reconoce como fenómeno multifactorial que lacera a las niñas y jóvenes, centrando los esfuerzos institucionales en la promoción de mecanismos para su prevención y atención. Entre otras acciones gubernamentales, semujeres ha desplegado una serie de servicios enfocados en talleres participativos que contemplan ejes como la educación integral de la sexualidad, perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y cultura de paz.

El fenómeno pareciera acentuarse en algunas zonas del estado, y dicha Secretaría ha señalado que los municipios que presentan mayores casos de embarazos tempranos son Celestún, Akil, Tepakán, Teya, Chikindzonot, Santa Elena, Cantamayec, Tahdziú, Kantunil y Chacsinkín (^{“Instalan en Yucatán” 2019}). La mayor parte de ellos, ubicados en el sur del estado, región milpera e históricamente marginada, que concentra otros indicadores asociados con la pobreza, como el acceso a servicios de salud y educación; se trata de una región con un alto porcentaje de población maya.

En este documento reflexiono desde un enfoque interseccional el fenómeno del embarazo temprano en Yucatán, retomando algunos de los municipios rurales que reportan mayor número de casos, y en los que he trabajado en los últimos años. Enfatizo su construcción a partir de la confluencia de variables intersectadas como la educación y la etnicidad que se explican desde las condiciones de desigualdad sistemática en las que vive la población, específicamente las mujeres. Esto embona con el peso de los factores estructurales que ^{Falcón (2012}) ha puesto en consideración en el análisis interseccional. Más que ocasionarlas, el embarazo temprano es, en este sentido, antecedido por la misma marginación y desigualdad en las que permanecen los y las adolescentes. Se reitera la importancia del ejercicio basado en la interseccionalidad con la finalidad de analizar las condiciones de los contextos en los que se presentan mayores casos de embarazos tempranos, cuestionando por qué las niñas y adolescentes son las más vulnerables en esos espacios, y cómo han contribuido a ello las condiciones sociohistóricas y políticas. Se propone esta base como el cimiento para construir una reflexión sobre las razones del embarazo temprano, y en un segundo momento, formular acciones pertinentes. La intervención sin un análisis sociocultural que la sustente tendrá limitaciones en su impacto, y sólo abonará a una retórica discursiva sobre el género.

Desde una metodología cualitativa y retomando el método etnográfico, las reflexiones vertidas en este escrito provienen de un continuo trabajo de campo de corte antropológico realizado en municipios del sur de Yucatán como Chacsinkín y Tahdziú y, recientemente, en el municipio costero de Celestún. Mi interés por la zona sur ha obedecido al estudio de las nuevas ruralidades en contextos que, otrora, sustentaron sus economías en actividades primarias; particularmente me he centrado en las mujeres desde investigaciones que documentan sus formas de trabajo vía organizaciones productivas, y recientemente, en expresiones de violencias, como los embarazos tempranos. Las redes establecidas con ellas me han permitido entrevistarlas y hacer observación en los escenarios en diferentes momentos. Para el fenómeno concreto, el material proviene de los últimos tres años. En la costa, el acercamiento ha sido más reciente y con la finalidad de tener un punto de contraste.

Además del material empírico, empleo fuentes oficiales y científicas para encauzar la discusión. Divido el documento en tres apartados más las conclusiones: el primero expone el concepto de interseccionalidad desde sus consideraciones generales y, en específico, su pertinencia en el contexto propuesto; el segundo da cuenta de los espacios situados que, si bien guardan particularidades, también evidencian su marginación y desigualdad sistemáticas expresadas en los indicadores educativo y étnico. El tercero retoma la experiencia de semujeres, concretamente sus acciones dirigidas a la prevención del embarazo temprano.

La interseccionalidad como vía para recuperar las experiencias situadas

^{Viveros (2016}) expone la genealogía del concepto interseccionalidad y resalta que, lejos de ser un término nuevo en el feminismo, cobra importancia en éste como perspectiva política que denuncia la subordinación, a la vez que apela por acciones que repercutan en la dignidad e impulsen los derechos de las mujeres. Fue acuñado a finales de los años 90 por Kimberlé ^{Crenshaw (1989}), con la finalidad de visibilizar en el campo jurídico las dimensiones de opresión padecidas por mujeres negras que laboraban en la industria General Motors. El análisis interseccional ha buscado “revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades” (^{Symington 2004}, 2). Es una herramienta para analizar y reflexionar los cruces del género con otras identidades que se traducen en historias de opresión y privilegio; también es clave en la generación de vías en pro de la igualdad sustantiva hacia el cumplimiento de los derechos. La interseccionalidad permite, en términos de ^{Curiel (2008}), encaminar la práctica política retomando las experiencias sustantivas atravesadas por categorías como raza, clase, sexo y sexualidad.

El concepto sitúa las experiencias que viven las poblaciones a partir de la combinación de identidades, y éstas permiten comprender por qué algunas mujeres experimentan profundas discriminaciones y otras gozan de situaciones más privilegiadas. Nos obliga a trascender los esencialismos construidos en torno a las mujeres, resaltando la especificidad como marcador para profundizar en los contextos de los que son parte. En tanto aproximación teórica, posibilita comprender las condiciones en las que se gestan variables de opresión creadas por las divisiones sociales, privilegio y acceso a los derechos humanos.

Emplear la perspectiva interseccional dista de sobreponer de modo simplista las categorías, a manera de agregados, toda vez que enfatiza la experiencia concreta. Por ello, ^{Gutiérrez (2020}) reitera que el término va más allá de reducir una categoría a otra que nos lleve a una dicotomía analítica entre los dominados y los dominantes. El análisis requiere el conocimiento profundo de la otredad: “Un enfoque interseccional implica analizar las diferentes maneras en que las divisiones sociales, concretamente, se juntan o separan, y cómo se relacionan con las construcciones subjetivas y políticas de las identidades” (44).

En América Latina, ^{Curiel (2008}) ha demostrado, a partir de su trabajo con tres organizaciones de mujeres afrodescendientes en Honduras, República Dominicana y Brasil, que categorías como clase y sexualidad, en sintonía con la raza y el sexo explican las experiencias de sus integrantes y las formas como han construido sus colectivas. En conjunto, su investigación evidencia las acciones efectuadas por las afrodescendientes como un reconocimiento de sus aportes a la agenda política y organizativa. Estas experiencias y el trabajo desde las historias situadas le permitieron cuestionar la esencialización de la categoría mujer negra/mujer afrodescendiente. Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes de los tres contextos mostraron diferencias dentro las propias organizaciones y fuera de ellas, subyaciendo brechas en torno a los niveles socio-económicos, de escolaridad y de empleo. A mayor capital social y económico, las acciones organizativas se encaminaban hacia la denuncia del racismo y sexismo en pro del reconocimiento cultural; y a la inversa, a menor capital social y económico, se priorizaba la atención de necesidades básicas de supervivencia.

Desde los feminismos indígenas en América Latina se ha señalado la diversidad de demandas y la importancia de conocer las diferencias y posiciones de las mujeres.

Se reitera el cuidado hacia los esencialismos y los sesgos eurocéntricos-racistas apelando a las particularidades contextuales, históricas, económicas y políticas. La interseccionalidad ha permitido visibilizar estas especificidades y generar estrategias según las demandas y reivindicaciones (^{Šniadecka 2013}).

La investigación cualitativa con enfoque interseccional tiene un posicionamiento político que reitera la importancia de lo situado con la finalidad de evitar distorsiones y omisiones de la realidad que disten de su explicación y se traduzcan en programas de intervención poco eficaces. En un estudio reciente, ^{Figueroa y Sierra (2020}) demostraron los sesgos de políticas públicas como las Alertas de Género, en el estado Guerrero, caracterizado por sus altas tasas de hechos violentos y condiciones de desigualdad social. Estas alertas responden a diseños estandarizados que documentan y resaltan manifestaciones de violencia extrema, como los feminicidios. La crítica es que suelen dejar de lado aquellas violencias micro, las cotidianas que rigen la vida de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la zona. En el caso de estudio, la Alerta quedó lejos de reducir los feminicidios y de transformar las prácticas institucionales ancladas en la cultura patriarcal y racista, haciendo omisión de la diversidad rural, que desde sus vulnerabilidades recuerdan las lagunas de esta política para prevenir la violencia de género:

Esta visión sesgada tiene implicaciones graves cuando las violencias se conectan con condiciones de vulnerabilidad acumulada en sectores de la población históricamente excluídos y discriminados, como es el caso de las mujeres indígenas, que no sólo es obviada la interseccionalidad de su condición étnica, racial, etaria, espacial y de clase, sino que se les impone definiciones de violencia de género sin considerar sus contextos, órdenes sociales y sentidos de agravio (^{Figueroa y Sierra 2020}, 30-31).

La riqueza del concepto explorado se encuentra en sus alcances analíticos y políticos que pugnan a favor de las perspectivas espacial e históricamente ubicadas para conocer, reivindicar y atender -en este caso- las demandas de las mujeres. Su pertinencia en el problema explorado permite discutir desde dimensiones macros y micros su configuración y la posibilidad de dirigir la agenda política según las necesidades expresas. Retomarlo es reconocer al embarazo temprano como un fenómeno con distintos rostros que amerita profundidad más que generalizaciones.

El concepto aporta al estudio de las desigualdades sociales, a las maneras concretas como se expresan la discriminación y dominación; permite, a su vez, comprender que las diferencias no sólo provocan desigualdades, también oportunidades (^{Gutiérrez 2021}). El análisis de cruces entre variables y las formas concretas como se articulan y cobran sentido en las biografías reitera la complejidad del enfoque y la multicausalidad de fenómenos como el documentado. En este caso, el nivel educativo y la condición étnica son dos componentes en las historias de discriminación y exclusión de las jóvenes, generadores de desigualdad que me permiten comprender y explicar sus implicaciones en las historias documentadas. Por ello, este análisis interseccional no es exhaustivo, se centra en dos de los múltiples vectores que sustentan y configuran los embarazos tempranos en el estado de Yucatán.

Los contextos y sus riesgos

El empleo de la interseccionalidad ofrece una vía para explorar las condiciones de los contextos en los que se presentan mayores casos de embarazos tempranos en Yucatán; en concreto, la educación formal tiene matices importantes en los espacios situados que se suman otras dimensiones de fragilidad. El acceso a la educación y la continuidad de los estudios como variables que pueden contribuir a un proyecto de vida que aplace el embarazo y la maternidad, siguen constituyéndose clave en las discusiones recientes sobre la temática. ^{García, Romero y Trujillo (2020}) concluyen que la deserción escolar es un indicador constante en las historias de jóvenes de Campeche, Ciudad de México y Zacatecas que han vivido embarazos tempranos, no obstante, la interrupción de los estudios fue previa a la gestación. Las autoras sitúan a la dimensión educativa en un conjunto de marcadores de vulnerabilidad que inciden en las biografías de los y las adolescentes, iniciando con una infancia vulnerable con el riesgo de constituirse una adolescencia igualmente vulnerable cuyos efectos podrían reproducirse y continuar hacia lo que denominan círculo de pobreza y vulnerabilidad acumuladas en el cual, el embarazo temprano afectará clara y diferencialmente a las mujeres dadas las estructuras de desigualdad en el que ocurre.

Los datos estadísticos del inegi muestran que Yucatán se encuentra entre las 10 entidades del país con un desempeño escolar por debajo de la media nacional, lo que se traduce a un nivel educativo básico, con primaria completa. La Encuesta Intercensal 2015 reportó que, en el estado, el 6.7% de su población de 15 y años y más no tiene escolaridad, el 19.9% cuenta con formación media superior y un 18.2% con educación a nivel superior (^{inegi 2016}). La diferencia en el acceso a la educación según el sexo queda plasmada en información reciente de la Secretaría de Educación de Yucatán (segey), que indica el acceso diferenciado a la educación desde el nivel básico hasta la secundaria: los varones acceden en mayor número a los recursos educativos que las mujeres. Por ejemplo, para la región de Peto, que comprende también a Chacsinkín y Tahdziú, el ciclo escolar 2020-2021 reporta a 4854 hombres cursando la educación básica en contraste con 4463 mujeres; a nivel primaria las cifras son 2773 y 2540, respectivamente, y en secundaria, 1140 varones, en comparación con 1057 mujeres (^{“Estadística educativa” 2022}).

El trabajo etnográfico remite a historias de inicios tempranos de la vida sexual coital en los y las adolescentes, que suelen derivar en gestaciones no planeadas. La práctica del rapto de la novia tiende a presentarse después de la sospecha del embarazo, hecho que desencadena una serie de eventos, comenzando con el abandono de la escuela por parte de las adolescentes, en principio por temor al juicio y a la incomprensión de sus profesores. En las historias destaca que los adolescentes dejan los estudios previamente ante la urgencia de incorporarse al mercado laboral, pero con la confirmación del embarazo y la posibilidad de un futuro incierto, migran al Caribe mexicano, donde acceden a empleos como obreros o albañiles. Las mujeres suelen quedarse en casa de la suegra, lo que con frecuencia genera tensiones y desacuerdos con quien en adelante tendrá un papel importante en sus biografías. Por ejemplo, Luisa¹ y Alejandra del municipio de Chacsinkín, cursaban el primer año de secundaria cuando se fugaron con sus respectivas parejas, Oswaldo y Miguel, ante la sospecha de embarazo; en consecuencia, los jóvenes, deciden migrar para hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades, lo que incluye formalizar la unión conyugal. Luisa y Alejandra, se quedan bajo el encargo de las suegras y no visitan a sus madres hasta que se concrete públicamente la relación con Oswaldo y Miguel. En ambos casos, las jóvenes mencionaron dificultades de convivencia con la familia política, particularmente con las suegras quienes controlan y restringen sus movimientos.

En este municipio, 13.2% de su población de 15 años y más es analfabeta, y 7.5% de dicha población cursa niveles de educación media superior. La reducción de la asistencia y movilidad escolar se refleja a partir de los 15 años (^{inegi 2016}). Para el ciclo 2020-2021 la matrícula de la segey reportó la inscripción de 378 hombres y 342 mujeres (^{“Estadística educativa” 2022}). En Chacsinkín, el 95.02% de su población se considera indígena, y el 91.86% de sus habitantes emplea la lengua maya para comunicarse en su vida diaria. Se trata de un contexto donde imperan los usos y costumbres en la organización de la cotidianidad.

En otro espacio se reportó que las jóvenes de ese municipio enfrentan condiciones de vulnerabilidad derivadas de las dinámicas sociales cotidianas, incluyendo la dificultad de crear redes de apoyo y contención, principalmente cuando dan comienzo a una nueva vida con la familia de sus parejas (^{Rubio y Flores 2018}). Una constante ha sido el consumo frecuente de alcohol por los adolescentes, sumado a las prácticas de violencia de género que también inciden en el inicio forzado de las relaciones sexuales y la falta de información al respecto: “Él así me buscaba mucho, se molestaba que yo no quisiera así, ¿cómo se dice? como que jach² tener así que ver con él. A veces borracho me gritaba y mejor así que se calme, para que se calme y ya. No sé qué” (Luisa, entrevista realizada en 2018).

Luisa también comentó sobre su acceso a información en materia de salud reproductiva: “así no sé de eso muy mucho, que es cuando te vas a producir no lo dicen los maestros, y también creo que da vergüenza. También que es de tu cuerpo, cómo se prepara el nené. Así es cuando te puedes echar a perder” (entrevista realizada en 2018). Este tema por lo general está ausente de las conversaciones familiares, y la escuela podría tener un papel importante en informar a las y los adolescentes, claramente y en la lengua local.

Tahdziú ha sido catalogado como el municipio más pobre de América Latina con base en datos oficiales de alimentación, ingreso, salud y educación (^{“Yucatán tiene” 2019}). Se trata de un contexto que también ha registrado el feminicidio hacia una menor de edad. En 2018, la noticia en los titulares locales de una niña de 6 años desaparecida y, posteriormente, localizada sin vida con señas de violencia fue un hito en la localidad, y confirmó la materialización de la máxima violencia de género hacia una menor. Recientemente se dictó sentencia de 35 años de cárcel al agresor, un joven de 19 años. También es un territorio que suele presenciar peleas entre bandas adolescentes, y actualmente experimenta una crisis económica importante por la llegada de la pandemia y el regreso de los migrantes pendulares a la comunidad.

Al igual que en Chacsinkín, en Tahdziú los embarazos están ligados a un inicio temprano de la vida sexual y a su latencia. El empleo de algún método anticonceptivo no siempre es posible debido a su desconocimiento y acceso, como ilustra este fragmento de entrevista a Manuela: “No sé muy bien eso, creo que en la clínica le explican mejor, a mí no sé, yo creo que sí le dicen mejor, yo la verdad no sé bien, algo dijeron pero no se me quedó” (entrevista realizada en 2019).

En este municipio es usual el abandono escolar, y presenta un fuerte rezago educativo, un 14.1% de su población de 15 años y más carece de escolaridad. La educación media superior reporta una matrícula del 4.4% de la población de 15 años y más, y a partir de los 15 años, la asistencia y movilidad escolar decae (^{inegi 2016}). Se trata de un contexto en el cual más del 96% de su población total se considera indígena, y el 98.21% de su población de tres años en adelante habla maya; también imperan los usos y costumbres. En una investigación reciente se demostró que los intentos de educación bilingüe intercultural no han sido exitosos, y un peso importante recae en las conexiones con el sistema educativo convencional que soslaya la especificidad cultural, llegándola a desdibujarla (^{Baeza 2019}).

Otro municipio que se reporta con mayores casos de embarazos tempranos es Santa Elena, también en el sur de Yucatán. Al igual que sus vecinos Chacsinkín y Tahdziú, presenta una fuerte identificación étnica maya, un 95.85% de su población se considera indígena y el 78.49% de sus habitantes de tres años en adelante habla maya. En Santa Elena, el 10.2% de la población de 15 años se reporta sin escolaridad, mientras que la educación media superior es de 11.8%, porcentaje mayor que en Tahdziú y Chacsinkín. La asistencia y movilidad escolar empieza a reducirse a partir de los 15 años (^{inegi 2016}). Pese a esta mayor escolaridad, recientemente se demostró que una de las limitantes de las juventudes de la zona sur de Yucatán, incluyendo a Santa Elena, es su rezago respecto al acceso de tecnologías relacionadas con el internet y sus usos correspondientes (^{Cornejo y Castellanos 2020}). Además, se probó la dificultad para trascender a niveles más profundos de reflexividad:

las prácticas de uso de las tecnologías por parte de estos jóvenes aparecen como sencillas y llanas, pues no las aprovechan o destinan para buscar información particular o específicas sobre temáticas políticas, culturales o sociales que tengan que ver con sus propias vivencias locales y regionales y fomentar así las conexiones virtuales para obtener conocimientos, competencias y saberes en diversos temas (^{Cornejo y Castellanos 2020}, 191).

En el caso de Celestún, en la costa, estudios sociales como el de ^{Flores, Rojano y Trejo (2019}) y ^{Puc (2019}) han puesto en evidencia las condiciones de riesgo en las que se reproduce la vida cotidiana de hombres y mujeres. Se trata de un contexto que, a diferencia de los anteriores, presenta menor porcentaje de población de 15 años y más sin escolaridad (8%), así como un 14% de su población con educación superior. El porcentaje de la población que se reconoce como indígena es del 75.54%, y otra diferencia importante con los contextos previamente caracterizados es el menor porcentaje de población de tres años y más que habla lengua indígena, un 5.95% (^{inegi 2016}).

Sin embargo, también son comunes las adversidades en su población, y con base en un estudio de corte exploratorio ^{Flores et al. (2017}) documentaron malestares, problemas de salud y estados de indefensión constantes expresados en depresión y tristeza. Las autoras y el autor, recalcan la desesperanza, y la falta de proyectos encaminados al bienestar, como factores subyacentes en la dinámica de vida de quienes habitan en el puerto. En una investigación previa confirmé que fenómenos como el embarazo temprano en Celestún se explican desde las intersecciones que atraviesan las biografías de las jóvenes entrevistadas (^{Rubio 2019}). Sus historias son fundamentales en la generación de estrategias de intervención, que en dicho estudio se probó que tuvieron un impacto limitado en la problemática.

A estos contextos de riesgo, construidos desde la marginación, pobreza y vulnerabilidad, probados por los vectores retomados, se les suma el impacto de la pandemia y las implicaciones de la disposición oficial de quedarse en casa. La Organización de las Naciones Unidas (onu) a través de su ^{Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa)}, ha declarado que el efecto a corto y largo plazo de la contingencia se avizora mayor en niñas y adolescentes que en mujeres adultas, y el confinamiento incrementa el riesgo de las menores a situaciones de violencia sexual y abuso en los espacios domésticos. También se reiteran las dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva como factores que incidirán en el aumento de las tasas de embarazo precoz:

Los efectos de la pandemia Covid-19 en América Latina sobre el embarazo en la adolescencia se pueden cuantificar en alrededor de medio millón de embarazos adicionales, ocasionado costos sociales por un monto de 606.9 millones de dólares […] el Covid-19 representa un retroceso de cinco años en términos de los logros sobre la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente de América Latina y el Caribe, pasando de 61 a 65 nacidos vivos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años (^{unfpa 2020, 64}).

La agenda política actual tendrá que dimensionar además de las variables entrecruzadas de género, marginación y vulnerabilidad que se denotan en el acceso a la educación y la pertenencia a un grupo étnico, el efecto de la situación actual en las poblaciones a las que dirigen acciones de intervención. La mirada ha de centrarse no sólo desde el riesgo en el que desenvuelve la cotidianidad, sino desde los ejercicios habituales de resistencia y resiliencia.

Acciones institucionales hacia la prevención del embarazo temprano

En estos contextos, la Secretaría de las Mujeres de Yucatán realiza sus capacitaciones para prevenir el embarazo temprano, siguiendo lo que desde el gobierno en turno se ha denominado apropiación de la Agenda 2030, que indica la correspondencia de las acciones con el marco internacional de desarrollo (^{Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 2019}). Entre las tareas de dicha secretaría, y previo a la pandemia, se incluyó un proyecto con jóvenes para formarles en la temática, que a su vez replicaran lo aprendido con sus semejantes. También realizó actividades formativas en los propios planteles escolares, con la mirada en la prevención. Ante la contingencia sanitaria, semujeres continuó impulsando acciones que fueron adaptadas a las condiciones existentes, como capacitaciones en línea en temáticas sobre sexualidad. También promovió la sinergia con algunas universidades estatales para impulsar gestiones correspondientes.

En algunas de las capacitaciones virtuales sobre temas de sexualidad en las que estuve presente, constaté que pese a la afluencia (21 personas en promedio a través de la plataforma Cisco), el público fue predominantemente citadino, y que por lo menos, estuvieron ausentes habitantes o representantes de los municipios reportados como focos de alerta por el número de embarazos tempranos. Además, las capacitaciones se hicieron en español, cuando mencioné que los contextos de mayor riesgo suelen estar asociados a una fuerte presencia indígena, lo que incluye a la lengua y a las costumbres. Esto no minimiza las acciones institucionales, ni se generaliza como constante, simplemente reitera la importancia de situar la mirada ante el fenómeno para plantear actividades acordes a las demandas, que en estos tiempos se traslapan con la pandemia. La pregunta debe centrarse en cómo realizar intervención en poblaciones que han sido sistemáticamente vulneradas y que la coyuntura actual recuerda la distancia existente con los servicios y herramientas de comunicación empleadas por las instancias oficiales para la atención. Como fenómeno complejo, el embarazo temprano se explica desde la conjunción de aristas interconectadas, que requieren igualmente la articulación de estrategias multidireccionales.

El embarazo precoz es definido desde su multicausalidad, matizado según los contextos de referencia, lo que significa cuidar las generalizaciones sin dejar de reconocer las condiciones de marginación compartidas en las distintas historias de hombres y mujeres (^{Stern 2003} y ²⁰⁰⁴; ^{Pérez y Sánchez 2020}; ^{García, Romero y Trujillo 2020}). En los casos a partir de los cuales se reflexiona, coinciden prácticas culturales y factores estructurales como la baja escolaridad o analfabetismo aunado a la ausencia de centros educativos más allá de la formación básica. Las necesidades apremiantes de reproducción de la vida cotidiana impactan de manera determinante las biografías de los y las jóvenes, y la escuela en este sentido, no siempre se visualiza como opción de cambio. Guadalupe, joven de 16 años originaria de Chacsinkín recordó que fueron la falta de empleo de su papá (albañil) y las bajas ventas de los productos que comercializa su mamá los elementos clave para decidir migrar al Caribe y abandonar los estudios. Al poco tiempo de haber llegado a la ciudad de Cancún se hizo novia de un joven de su misma comunidad de quien se embarazó, retornando a su lugar de origen y dependiendo de su pareja y suegra. Ella aprendió a escribir y leer, y aunque soñaba con ser maestra de su pueblo, la maternidad no le causó contradicción con lo que en algún momento consideró una meta profesional-personal. En su historia resalta el escaso conocimiento de educación sexual, y si bien el embarazo no fue planeado, tampoco se conformó como un evento fuera de lo esperado dentro de la dinámica sociocultural.

La educación sexual ha sido un tema constante en la agenda institucional del estado, por ejemplo, en Celestún durante la administración estatal pasada (20122018), la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (daif ) se encargó de implementar acciones para prevenir embarazos a temprana edad. Las capacitaciones se centraban en el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, así como en aspectos generales de la sexualidad. Una de las conclusiones fue que, pese a los esfuerzos institucionales por atender el fenómeno, las estrategias oficiales tuvieron un impacto reducido en la intervención, reflexionando trascender las acciones paliativas de prevención para atender y resolver los problemas que lo explican y sustentan (^{Rubio 2019}).

A diferencia de los otros municipios referidos, en Celestún el trabajo de campo realizado con población adolescente reveló mayor información en temas de sexualidad, especialmente en cuanto al empleo de métodos anticonceptivos. Las prácticas sexuales de la población estudiada indicaron un uso constante de algún método de planificación, y la variable riesgo y su percepción, fueron clave en las historias de los embarazos. También lo fue la dificultad para acceder a los métodos anticonceptivos (^{Rubio 2019}). Este hallazgo pudiera explicar las razones del impacto de las capacitaciones de la daif, y enfatiza a la familia como un pilar importante de apoyo en las historias narradas por quienes viven los embarazos.

En otras palabras, dar cuenta de la perspectiva local, de las interpretaciones y explicaciones de quienes experimentan esta cotidianidad es parte de la apuesta interseccional en pro de construir sociedades más equitativas, justas y plurales. Para esto, es fundamental documentar las dinámicas socioculturales desde la óptica etnográfica y transdisciplinaria. En tiempos de pandemia, el reto institucional será hacer llegar la información adecuada a las poblaciones en riesgo, sin revictimizarlas y respetando las especificidades culturales y demandas. En correspondencia, las estrategias deben impulsar los derechos de las poblaciones oprimidas a la luz de los cruces interseccionales; categorías como las mencionadas y otras como clase y sexualidad tienen implicaciones concretas, y por tanto el (re)conocimiento de la otredad debe ser una prioridad en las agendas políticas.

Conclusiones

La atención que ha recibido el fenómeno de los embarazos tempranos en los últimos años refleja su trascendencia cuando se trata de mirar los derechos reproductivos de los y las adolescentes. Un aspecto importante que han dejado en claro las investigaciones sociales es el rechazo de los esencialismos al analizar la problemática, procurando la perspectiva situada y su relación con las estructuras macro. En este caso, la interseccionalidad permitió comprender que las historias no son iguales en los municipios de Yucatán que reportan mayores números de embarazos tempranos, sobre todo desde una comparación entre el sur y la costa; ciertamente se comparten algunas características de desigualdad y marginación pero también diferencias, por ejemplo, en la etnicidad y el acceso a la educación. En la costa, con menos población indígena, se observa mayor agencia por parte de las y los adolescentes en el uso de métodos anticonceptivos mientras que en contextos como Tahdziú, impera su desconocimiento. En los escenarios retratados, las adolescentes suelen abandonar sus estudios al saberse embarazadas por temor al juicio de sus pares y profesores, además reiteran que su prioridad cambia para continuar con la labor reproductiva que, por lo común, habían iniciado con el cuidado de los hermanos y hermanas; es así que el embarazo y la maternidad no les generan contradicciones porque se presentan dentro de los marcos normativos esperados. Estos puntos deben de tomarse en cuenta al realizar la intervención y promover otros modelos de construcción de las subjetividades.

Sin duda, un reto mayor es atender aquellas desigualdades sistemáticas que apuntalen a garantizar el bienestar integral de la población ruralindígena, en este caso, en pro de una vida digna. El acceso a la educación y su permanencia tendrá sentido si los hogares cuentan con los recursos para la sobrevivencia cotidiana, y en los contextos de estudio vemos que existen condiciones de fragilidad social, económica y emocional que priorizan la supervivencia ante la dificultad de concebir otro proyecto de vida en los y las adolescentes. De igual forma, la educación sexual tendrá que considerar las violencias cotidianas que viven las jóvenes, concebidas desde construcciones desiguales de género que, como se presentó, pueden llegar a forzarlas a relaciones sexuales.

En suma, la intervención difícilmente puede prescindir de los conocimientos derivados de la academia que coadyuven en la comprensión de fenómenos como el presentado. La apuesta es crear sinergias en pro de adolescencias dignas a través estrategias integrales. Parafraseando a ^{Curiel (2008}), para la praxis política es menester recuperar las experiencias subjetivas intersectadas por distintas construcciones como raza, clase, etnia y género y, en ese sentido, las razones del embarazo adolescente en Yucatán incluyen éstas y otras intersecciones que habría que ir dilucidando a raíz de investigaciones sociales e implicadas.