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Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes y marco legal de las pensiones . III. Información de trabajadores y pensionados de entidades federativas. IV. Resultados globales de jubilaciones entidades federativas. V. Conclusiones. VI. Referencias bibliográficas.
I. Introducción
El artículo tiene como objetivo señalar los fondos que serán necesarios para hacerle frente a los pasivos laborales que conllevan las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos estatales. En algunos estudios y artículos se ha hecho referencia al aspecto teórico y legal de las pensiones y jubilaciones, así como se ha tratado fundamentalmente a las instituciones de nivel federal que cumplen esa finalidad. El presente estudio está enmarcado dentro del método deductivo, que permite obtener el conocimiento por el razonamiento y abstracciones con alto grado de universalidad, siguiendo un paradigma de orden hermenéutico y abordado con enfoque cuantitativo de carácter interpretativo.
Las preguntas fundamentales que busca responder este trabajo son: ¿cuál es el monto de los pasivos laborales a futuro que conllevan las pensiones y jubilaciones de los trabajadores del ámbito local en México?; y ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto (tanto estatal como nacional) representa el pasivo laboral por pensiones y jubilaciones de los trabajadores estatales y municipales?
La información de los esquemas de pensiones y jubilaciones de las entidades federativas de México se presenta en forma heterogénea, de tal modo que no está concentrada en alguna institución u organismo de carácter federal. Para conocerla hay que acudir a diferentes fuentes: decretos, presupuestos, cuenta pública u organizaciones especializadas de seguridad estatal de cada entidad. Se consulta al menos una fuente de información para cada uno de los treinta Estados presentados en el estudio, ya que Quintana Roo y Baja California Sur tienen suscrito un convenio de prestación de servicios de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El problema de las pensiones y jubilaciones presenta una doble arista: justicia social, en una vida de esfuerzos laborales, y sostenibilidad de las pensiones, que se han de financiar con recursos públicos. Las pensiones de los gobiernos subnacionales (estatales y municipales) se presentan como una preocupación para analistas e investigadores, ya que la falta de información consistente y homogénea no permite tener certeza sobre su situación financiera. En ese sentido, López y Pueblita expresan que “la verdadera fuente de presión de gasto de los estados son las pensiones de sus trabajadores ya que, de acuerdo con diversas estimaciones, en algunas entidades dichos pasivos rebasan el 50 % del producto interno bruto estatal”.1
En este artículo no se aborda el marco conceptual y teórico de la seguridad social y las pensiones, a ese respecto se pueden consultar algunos escritos de Villalobos López.2 En la primera parte se aborda el marco legal que tienen que cumplir las instituciones públicas en materia del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). En la segunda parte se específica y detalla información sobre los pasivos actuariales de cada una de las entidades federativas del país.
II. Antecedentes y marco legal de las pensiones
Dos de los aspectos que generaron un terrible debilitamiento de las finanzas públicas en todos los ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) son los concernientes a la deuda pública y a la cobertura de seguridad social, especialmente el asunto de las pensiones y jubilaciones.
En México, durante más de medio siglo, los recursos que debieron destinarse para el pago de las pensiones se emplearon como gasto corriente para hacerle frente a los requerimientos de salud que demandaba la creciente población. Esto ocasionó el quebranto de los dos grandes sistemas de seguridad nacional: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE. Ante ese panorama, el gobierno federal tuvo que dar la cara y enfrentar las crecientes prestaciones de pensiones y jubilaciones, las cuales estaban convenidas en los contratos colectivos de trabajo, sobre todo en las empresas públicas y organismos descentralizados federales.
Las pensiones y jubilaciones de tipo contributivo siempre están compuestas de dos grandes brazos: las aportaciones y las prestaciones, donde la relación entre ambas deriva de condiciones contractuales pactadas que debieran tener una equivalencia.3 Pero en los últimos años, y sobre todo en las últimas dos décadas, se está empezando a ver el gran impacto que tendrán los pasivos laborales en los rubros de pensiones y jubilaciones a nivel nacional.
Tal desequilibrio es acentuado por el pago de pensiones privilegiadas -o jubilaciones de oro- que gozan organismos públicos como Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), IMSS-patrón, Banca de Desarrollo, Poder Judicial, así como las universidades públicas federales y estatales. En estos casos se ha llegado a considerar al sistema pensionario mexicano como de tipo regresivo, ya que los trabajadores con mayor riqueza e ingresos se beneficiarían más que aquellos trabajadores con menores ingresos a consecuencia del gasto público erogado.4
Al respecto, Vásquez Colmenares señala que durante cincuenta años nuestro país generó numerosos beneficios pensionarios que no quedaron suficientemente fondeados para el largo plazo. Y agrega, con toda razón, que “la conclusión es clara: o se reforman urgentemente los sistemas públicos de pensiones de beneficio definido y los arreglos pensionarios del sector paraestatal o muy pronto no habrá recursos públicos con qué honrar dichas obligaciones”.5
Hace una década, Piña Garrido sugería distinguir dos clases de pensiones contributivas: a) las pensiones que debieran tener más un carácter asistencial y deban ser financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado, y b) las pensiones ligadas a la carrera profesional y que se deberían financiar con cotizaciones.6 En ese sentido, Vásquez Colmenares plantea que los “déficits pensionarios son responsabilidad de los gobiernos, los patrones y sus trabajadores, no de los contribuyentes”,7 y añade que los pasivos pensionarios consolidados contingentes triplicaban el valor de la deuda pública nacional de 2010, lo que sin duda acarrearía riesgos fiscales futuros para entidades federativas y municipios.
Las pensiones se consideran pasivo contingentes porque su monto y fecha de pago son difíciles de precisar, ya que están determinados en función del tiempo en que cada trabajador decida jubilarse; además de que presentan un carácter explícito, porque los beneficios pensionarios están contenidos en alguna ley o contrato colectivo de trabajo.8
Para el año 2010, de la información de Vázquez Colmenares resalto que los pasivos actuariales por pensiones y jubilaciones correspondían a 1.79 billones de pesos, que representaban el 13 % del PIB en el año 2010.9 En adelante trataré de precisar si en la actualidad esas cifras siguen vigentes o no.
Uno de los primeros estudios que se preocupaba por el registro homogéneo de los pasivos actuariales por pensiones de las entidades federativas es el que realizó Farell Actuarios y Asociados para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentado en el Segundo Taller sobre Sistemas de Pensiones de 1999, donde se estudiaron 26 de las 32 entidades federativas. López y Pueblita10 manifiestan que de los estudios actuariales se desprendió que el valor presente de los pasivos pensionarios corresponde entre 10.8 % y 26.8 % del PIB en función de la tasa de descuento utilizada.
De dicho estudio se puede derivar que 22 de las 32 entidades federativas tuvieron reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones entre 1998 y 2010. Existen estudios sobre las pensiones y jubilaciones de nivel federal o nacional (IMSS e ISSSTE), pero no se han analizado de igual forma y con la misma profundidad las pensiones de los gobiernos subnacionales, ocasionando que no sea tan fácil comparar las cifras por pasivos contingentes de las 32 entidades federativas del país.11 El experto en el tema pensionario, Vázquez Colmenares, expresaría al respecto: “Es un hecho que existe falta de información suficiente y confiable sobre la situación exacta de los sistemas de pensiones y jubilaciones de los diferentes estados”.12
De acuerdo con Miranda y Figueras,13 varios estudiosos del tema pensionario como Plackova, Curnie, Farel y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, han advertido que no considerar de forma completa los pasivos actuariales contractuales en los estados financieros implicaría la descapitalización y el quiebre de las instituciones de seguridad social. Las autoras señalan sobre el déficit actuarial que “en estos programas el valor presente de los gastos es mayor que el valor presente de los ingresos”.14
1. Marco legal de la disciplina financiera de gobiernos subnacionales
El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) señala que a partir de 2016 entra en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF),15 la cual establece la obligación de que estos entes públicos presenten estudios actuariales sobre los pasivos generados por pensiones y jubilaciones de sus trabajadores.
El artículo 1 de la LDF indica que las entidades federativas, los municipios y sus respectivos entes públicos se deberán conducir buscando un manejo sostenible de sus finanzas públicas. La fracción IX del artículo 2 de la LDF establece como entes públicos a los siguientes: a) poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas, así como sus organismos autónomos; b) los municipios; c) organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las entidades federativas y municipios; y d) en el caso de la Ciudad de México, el poder ejecutivo incluye a las alcaldías.
De manera coordinada con la LDF, el Consejo de Armonización Contable (CONAC) señala que “los pasivos contingentes son obligaciones […] que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones”16 y demandas laborales. La fracción V del artículo 5 de la LDF establece que los organismos que proporcionen seguridad social a sus trabajadores deberán presentar un estudio actuarial de pensiones y jubilaciones al menos cada tres años, en el cual deberán incluir población afiliada, edad promedio, características de los beneficios, monto de las reservas, período de suficiencia y el balance actuarial a valor presente.
Cuando los gobiernos locales efectúen convenios de seguridad social -y especialmente de pensiones y jubilaciones- con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) quedan exentos de la presentación del estudio actuarial.17
Por otra parte, Morales Ramírez resalta que de 1993 a 2015 fueron reformadas 25 leyes estatales (80.6 % del total) relativas a las pensiones de retiro, haciendo notar que hasta 2018 no habían reformado sus leyes Baja California Sur, Colima, Yucatán y Tamaulipas, mientras que Hidalgo y Quintana Roo están afiliados al ISSSTE. La propia autora señala tres grandes grupos de reformas efectuadas a las leyes de pensiones en las entidades federativas:18
Paramétricas: Baja California (2015), Campeche (2007), Chiapas (2012), Guerrero (2011), Michoacán (2015), Morelos (2013), Nayarit (1997), Oaxaca (2012), Puebla (2003), Querétaro (2015), Sonora (2005), San Luis Potosí (2013), Veracruz (2014) y Zacatecas (2015).
Estructurales: Chihuahua (2013), Coahuila (2011), Nuevo León (1993) y Sinaloa (2009).
Mixtas: Aguascalientes (2001), Durango (2007), Estado de México (2002), Guanajuato (2002), Jalisco (2009), Tabasco (2015) y Tlaxcala (2013).
Comparto la opinión de la jurista Morales Ramírez cuando manifiesta su preocupación por imponer cuotas de seguridad social para pensionados y jubilados en las leyes estatales del país, resaltando que tales ordenamientos pudieran considerarse inconstitucionales y no convencionales. En efecto, al advertir el problema tan grave en que se encuentran las finanzas públicas locales, Morales expresa:
El tema impone una doble preocupación: a) el posible incremento de ordenamientos estatales que fijen contribuciones a los pensionados, y b) un cambio de criterio judicial en perjuicio de los pensionados en aras de la viabilidad financiera de las instituciones de seguridad social, como ya ha sucedido en otros temas en esta materia.19
Para Núñez Barba,20 la situación financiera de las entidades federativas se complica aún más cuando las leyes de seguridad social otorgan demasiados beneficios con un mínimo de obligaciones; y donde, además, se presentan fuertes disparidades en cuanto al máximo de pensión otorgado en cada entidad.
2. Información cuantitativa de empleados del nivel estatal de gobierno
Hasta 2017 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)21 reconocía 4,198,846 servidores públicos en los tres ámbitos gubernamentales, de los cuales el 40.4 % pertenecía al gobierno federal y el resto (59.6 %) laboraban para gobiernos locales (entidades y municipios), mientras que en 2016 se reconocían 1,012,348 de servidores públicos municipales. Los 4.2 millones de trabajadores al servicio del Estado mexicano significaban el 8.1 % de la población ocupada de 2017.
El INEGI proporcionó varios censos detallados de la actividad de la administración pública mexicana durante la última década (2010 a 2020). Figueroa señala que en 2020 laboraron 5,045,550 personas en la administración pública mexicana, donde el 31.4 % eran empleados federales, el 47.3 % empleados de gobiernos estatales, y el 21.3 % de trabajadores en el ámbito municipal.22 Aunque, en mi consideración, existen 2.57 millones de servidores públicos al servicio de gobiernos estatales, que significan el 50.9 % de los empleados totales del sector público mexicano.
Con estas cifras tenemos que 9.9 % de la población ocupada del país prestaba sus servicios en algún ámbito del sector público, representando el 20.8 % de la ocupación formal del país. Esto permite interpretar que una de cada diez personas ocupadas (en el sector formal e informal) en México labora en el sector público.
Al cierre de 2020, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021 reporta que había 2,386,206 servidores públicos adscritos a las administraciones públicas estatales, de los cuales 56.3 % eran mujeres y 43.7 % hombres.23 En años anteriores se contaba con 1.7 millones de servidores públicos en 2010; 2.28 millones en 2015 y 2.57 millones en 2019, registrándose un decremento de 7.2 % en 2020 por motivos de la pandemia.
De acuerdo con el INEGI, el 5.4 % de los empleados públicos al servicio de gobiernos estatales en 2020 percibía menos de 5000 pesos mensuales; el 19.4 % de 5,000 a 10,000 pesos; el 27.8 % de 10,000 a 15,000 pesos; el 17.2 % de 15,000 a 20,000 pesos; el 9.9 % de 20,000 a 25,000 pesos; el 17.4 % más de 25,000 pesos, y el 3 % no especificó su salario.24
En el ámbito de escolaridad, de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales, el 5.6 % contaba con secundaria; el 9.8 % con preparatoria; el 7.5 % con carrera técnica o comercial; el 42.6 % con licenciatura; el 4.8 % con maestría; el 0.7 % con doctorado, y 25.4 % no especificó su nivel de estudios.25 Se infiere que no quisieron decir su grado de escolaridad porque presentan bajo nivel escolar, ya que 1 de cada 4 personas está en este segmento.
En cuanto a su relación contractual, el 6 % fue contratado por honorarios; el 7.2 % era personal eventual; el 69.2 % era personal de base o sindicalizado; el 15.3 % era considerado como de confianza; y el 2.2 % no especificó su tipo de contrato.26
Siguiendo con información del INEGI, el ISSSTE proporciona seguridad social a 1,280,683 trabajadores al servicio de los gobiernos estatales (53.7 % del total); el IMSS proporciona seguridad social a 354,467 trabajadores de gobiernos estatales (14.9 %); instituciones estatales de seguridad social a 408,785 servidores públicos de las entidades (17.1 %); otras instituciones de seguridad social al 4.8 %; personal sin seguridad social 6.8 %, y no especificado al 2.8 %.27 También se debe mencionar que se presentan quejas constantes por parte del ISSSTE, referidas al adeudo de 64,000 millones de pesos que tienen los gobiernos estatales con la institución en el año 2022.
III. Información de trabajadores y pensionados de entidades federativas
Como antecedente, Hernández Ramos señala que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hasta 1994, estados como Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo, Distrito Federal y Nayarit únicamente contaban con pensionados del ISSSTE.28 En la actualidad, Quintana Roo y Baja California Sur tienen suscrito un convenio con el ISSSTE para que administre la totalidad de las pensiones.
Hasta hace una década los trabajadores de los estados de Colima, Morelos y Querétaro no aportaban nada de las cuotas de los sistemas pensionarios; todo lo cubrían los gobierno estatales.29 Además, los sistemas podían ser administrados por una dirección del gobierno estatal (caso en que se encuentran Nayarit y San Luis Potosí), o bien, por organismos descentralizados de seguridad social o específicamente de pensiones (como Jalisco).30 Enseguida se enlistarán las 30 entidades federativas del país (de las 32 que componen la nación) que presentan esquemas pensionarios diferentes a los regímenes federales. Se empieza la presentación con Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, las tres entidades de mayor población, mayor PIB estatal y, por supuesto, mayor déficit actuarial, para proseguir en orden alfabético. Para la presentación de los principales datos de los sistemas de seguridad social de las treinta entidades federativas del país, se seguirán los siguientes puntos:
En forma abreviada se presentará información destacada de los trabajadores activos y de los pensionados-jubilados de las entidades federativas.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) establece la obligación de presentar estudios actuariales sobre los pasivos por pensiones y jubilaciones por parte de los entes públicos de la nación. Para presentar dicha información, los gobiernos estatales contratan a empresas consultoras, entre las organizaciones más utilizadas para este fin se ubica a Valuaciones Actuariales del Norte.
El déficit actuarial presentado, se obtendrá de los cálculos que realizan las empresas consultoras y se descontarán los montos de reservas y aportaciones futuras, con lo cual se presentará el dato del déficit actuarial neto. Las tasas de rendimiento usadas para obtener el déficit actuarial corresponden al 2 % (en algunas ocasiones al 3 %).
1. Estado de México
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)31 es, sin duda, el organismo público de seguridad social del ámbito estatal más grande de nuestro país. En cuanto a los organismos de seguridad social nacionales ocupa la tercera posición, después del IMSS y del ISSSTE, ambos del ámbito federal. Para diciembre de 2021 cuenta con 848,268 derechohabientes, de los cuales 378,017 son servidores públicos activos (44.6 %); 73,736 pensionados y pensionistas (8.7 %); y el resto (46.7 %) son dependientes económicos. El Estado de México cuenta con 5.1 servidores públicos activos por cada pensionado.
Para 2021 el pago de los pensionados y jubilados del ISSEMYM32 correspondió a 16,577 millones de pesos, de los cuales el 68.9 % se otorgó por jubilación; 15 % por retiro; 1.7 % por inhabilitación; y 14.3 % por fallecimiento. La pensión promedio es de 17,241 pesos (7 % más que el sueldo de un trabajador activo), siendo la edad promedio de pensionados y jubilados de 64.2 años, pudiendo jubilarse a partir de los 55.5 años.
Se ubican dos grandes problemas en temas de jubilación para el Estado de México: primero, se contemplan 66 mil trabajadores activos que están en condiciones de alcanzar la jubilación, implicando que el 17 % de los trabajadores activos pueda alcanzar esa prestación y que los jubilados se duplicarían en el corto plazo;33 segundo, los servidores públicos se agrupan en cuatro regímenes diferentes de pensiones.34
Valuaciones Actuariales del Norte35 estima para el año 2019 un déficit actuarial neto de 921,833 millones de pesos (con tasa del 3 %). Un año antes, Farell Grupo de Consultoría36 estimaba el déficit neto actuarial en 828,832 millones de pesos. Llama la atención que dos empresas consultoras diferentes varíen sus proyecciones en 11.2 % en el transcurso de un año.
El Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) del Estado de México es el segundo más grande del país: 1.99 billones de pesos, que representan 9.1 % del PIB.37 El déficit actuarial de la entidad significa el 46.3 % del PIBE.
2. Ciudad de México
En cuestión de seguridad social, la mayoría de los servidores públicos de la Ciudad de México se encuentran protegidos por el ISSSTE; el resto de los trabajadores se agrupan en tres organismos.38 La Caja de Previsión para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA) cuenta con 28,080 trabajadores activos en 2021, y 3899 jubilados por beneficio definido, con una edad media de 66.3 años y pensión promedio de 4114 pesos mensuales. En proporción tiene 7.2 elementos activos por cada jubilado.
La Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOL) reporta 56,673 trabajadores activos, y 16,790 pensionados y jubilados, con edad promedio de 65 años y con pensión mensual de 9,637 pesos, llegando a jubilarse a los 54.4 años de edad. Esto representa una relación de 3.4 trabajadores activos por cada jubilado.
La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR) reporta 56,464 trabajadores activos, con 11,432 jubilados bajo el régimen de beneficio, con edad promedio de 73.8 años e ingreso de 7,106 pesos mensuales, llegando a jubilarse a los 62.7 años. Esto significa que tiene 4.9 trabajadores activos por cada pensionado.
Valuaciones Actuariales del Norte39 reporta un valor presente de las obligaciones para pensiones y jubilaciones, generación actual y futuras de 549,447 millones de pesos, cifra igual al déficit actuarial para 2019, con rendimiento de 2 %. La Ciudad de México tiene el PIBE más alto de las entidades, esto es, 3.46 billones de pesos (15.8 % del PIB nacional).40 El déficit actuarial por pensiones representa el 15.9 % del PIBE en la capital del país.
3. Jalisco
El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL)41 contaba con 123,227 derechohabientes para diciembre de 2021. En esta entidad el 32 % del sueldo base se destina a cuotas de seguridad social (11.5 % aportado por trabajadores y 20.5 % por el Estado). El IPEJAL contaba en 2012 con 19,290 pensionados y para diciembre de 2021 aumentó a 41,907. De estos últimos, el 68 % cuenta con jubilación por años de servicio; el 8 % por edad avanzada; 11 % pensión por invalidez; 10 % por derechohabientes; y 3 % pensión por viudez y orfandad.42
En IPEJAL, la relación entre trabajadores en activo y pensionados es de 2.9 para 2021. En promedio presentan una pensión de 17,638 pesos en 2021 y el gasto de la nómina de jubilados del IPEJAL es de 8,722 millones de pesos en 2021.43 El Gobierno del Estado de Jalisco44 señala para 2020 un déficit actuarial neto de 328,711 millones de pesos, significando el 20.7 % del PIBE.
4. Aguascalientes
Para 2020, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA)45 contaba con 19,210 trabajadores activos y con 5,686 pensionados, los cuales obtienen en promedio 8,920 pesos mensualmente. Si se calcula el valor presente de las obligaciones por pensiones con tasa del 2 % se obtendría un déficit actuarial neto de 4,257 millones de pesos, mientras que con tasa del 3 % se obtendría un superávit de 1,018 millones de pesos.46 Con estas condiciones, el panorama futuro de Aguascalientes en el ramo de las pensiones y jubilaciones es halagador. El déficit actuarial representa el 1.4 % del PIBE.
5. Baja California
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)47 contaba en 2017 con 42,532 trabajadores activos y con 9,793 pensionados (con un promedio de 68.3 años de edad y con ingresos mensuales que van de 35,293 a 41,930 pesos), pudiendo alcanzar la jubilación a los 57.4 años de edad. También es de las entidades que más altas cuotas de seguridad social presentan: 32 % del sueldo base en caso del magisterio (12 % el trabajador y 20 % el Estado) y 22.61 % en el caso de la burocracia general (11 % trabajadores y 11.61 % el Estado).
De acuerdo con Octavio Sandoval,48 titular de COPARMEX en Mexicali, aproximadamente el 15 % de las jubilaciones en ISSSTECALI se obtuvieron de manera irregular, aseverando que 190 personas obtienen ingresos arriba de cien mil pesos mensuales. Valuaciones Actuariales del Norte49 señala que para 2017 el déficit actuarial neto corresponde a 142,729 millones de pesos. En información más reciente se indica que para 2021 se generó un déficit actuarial neto de 142,571 millones de pesos,50 que representa el 17.8 % del PIBE.
6. Campeche
El Poder Ejecutivo del Estado de Campeche51 señala que para 2018 se tenía registro de 11,585 servidores y 2,250 jubilados de beneficio definido, los cuales cuentan con un promedio de 67.1 años de edad y una pensión promedio de 8,982 pesos mensuales. Esto equivale a 5.1 trabajadores activos por cada pensionado. Farrell Grupo de Consultoría52 estima un déficit actuarial neto de 14,802 millones de pesos para 2018, con un período de suficiencia hasta el año 2025 (rendimiento de 3 %). El déficit actuarial representa el 3.2 % del PIBE.
7. Chiapas
En 2020, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas53 reporta que tiene 24,750 trabajadores activos, mientras que presenta 10,652 pensionados y jubilados con un promedio de 64 años, obteniendo una pensión mensual de 24,421 pesos, pudiéndose jubilar a los 54.5 años. En Chiapas se presentan 2.3 trabajadores activos por cada pensionado. De acuerdo con Valuaciones Actuariales del Norte,54 el déficit actuarial neto es de 218,945 millones de pesos para 2019, representando el 65.1 % del PIBE.
8. Chihuahua
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua55 señala 39,145 trabajadores activos para 2021, mientras que tiene 20,850 pensionados y jubilados con 64 años promedio, pudiéndose jubilar desde los 53.8 años. Observando que existen 1.9 trabajadores activos por cada pensionado. Chihuahua es de las entidades que más cuotas de seguridad social obtiene: 33.5 % del sueldo base en régimen de cuentas individuales (14 % aporta el trabajador y 19.5 % el Estado) y 39.5 % en beneficio definido o transición (20 % el trabajador y 19.5 % el Estado). Valuaciones Actuariales del Norte56 marca un déficit actuarial neto para 2021 de 333,233 millones de pesos. El déficit actuarial significa el 46.9 % del PIBE.
9. Coahuila
La seguridad social en Coahuila es compleja, ya que se presta por dos organismos estatales: el Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila (IPPTSEC) y la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila (DIPETRE),57 que a su vez se divide en tres partes (dos universidades y magisterio). En resumen, de acuerdo con el reporte emitido por el Congreso de Coahuila,58 presenta 27,882 servidores públicos activos y 13,045 pensionados-jubilados. Una relación de 2.1 trabajadores activos por cada pensionado. Los estudios actuariales se realizaron en diferentes fechas (2016, 2018 y 2021), arrojando una sumatoria de déficit actuarial neto de 48,723 millones de pesos (de los cuales el 61 % proviene del IPPTSEC). El déficit actuarial representa el 6.2 % del PIBE de 2020.
10. Colima
En el Presupuesto de Egresos 202259 se señala que en 2020 existían 7,633 trabajadores activos; mientras que contempla sólo 199 jubilados y pensionados con una edad promedio de 55 años y con pensión promedio de 37,484 pesos. Hasta 2016, Valuaciones Actuariales del Norte60 reportaba un déficit actuarial neto de 23,199 millones de pesos. A finales de 2018 se aprueba la nueva Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con lo cual se mejora la situación pensionaria. Valuaciones Actuariales del Norte61 declara un déficit actuarial de sólo 2,974 millones de pesos, señalando el período de suficiencia hasta el año 2080. Después de Guanajuato, Colima está en mejor posición de pensiones. Pero aun así esto representa el 19 % de su PIBE, por ser una entidad de las más pequeñas del país.
11. Durango
Para diciembre de 2020, la Dirección de Pensiones del Estado de Durango62 contaba con 21,838 trabajadores activos y 6,210 pensionados, quienes percibían en promedio 15,435 pesos mensuales. En Durango se presenta una relación de 3.5 trabajadores activos por cada pensionado. Para 2023 las cuotas de seguridad social representarán el 35 % del sueldo base (13 % los trabajadores y 22 % el Estado). De acuerdo con Valuaciones Actuariales,63 el déficit actuarial neto es de 43,703 millones de pesos, representando el 16.3 % del PIBE.
12. Guanajuato
Para 2021 el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)64 contaba 83,894 derechohabientes, de los cuales 65,152 son trabajadores activos y 18,742 jubilados-pensionados con un ingreso promedio de 11,123 pesos en jubilación de beneficio definido. Esto es una proporción de 3.5 trabajadores por cada pensionado. Valuaciones Actuariales del Norte65 estima un superávit actuarial neto de 4,314 millones de pesos para el año 2020, siendo la única entidad que presenta superávit en las proyecciones actuariales.
El ISSEG es el organismo de seguridad estatal con más solidez en materia pensionaria, arrojando resultados positivos y presentando descapitalización hasta 2048 con 2 %; 2054 con 3 %; y hasta 2081 con 4 %. De acuerdo con las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s la entidad no presenta riesgos pensionarios.66
13. Guerrero
El estado de Guerrero presenta dos informes actuariales, relativos a la burocracia y al magisterio.67 Por ambas áreas se reportan 26,662 servidores públicos activos, además de 578 pensionados con una edad promedio de 77 años y pensión mensual de 8,260 pesos. Apreciándose una relación de trabajadores activos y pensionados excelente. Valuaciones Actuariales del Norte68 señala un déficit actuarial neto para 2019 de 3,402 millones de pesos, representando el 1.1 % del PIBE.
14. Hidalgo
El estado de Hidalgo 202269 cuenta con 2,893 trabajadores activos y 1,852 jubilados por régimen de beneficio definido. Estos últimos tienen una edad promedio de 68.8 años y un ingreso promedio de 4,738 pesos mensuales; mientras que la edad posible de jubilación es de 60 años. Presenta una relación de 1.6 trabajadores activos por cada jubilado. El Colegio Libre de Hidalgo70 estima para 2020 un déficit actuarial de 8,028.3 millones de pesos (tasa real 0 %), lo que representa 2.3 % del PIBE en ese año.
15. Michoacán
La Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán71 informa que para 2021 se contaba con 57,894 servidores públicos activos, y 9,236 pensionados con un promedio de edad de 65.9 años y un ingreso mensual por jubilación de 11,755.97 pesos. En este caso la jubilación por beneficio definido se puede adquirir a partir de 60 años. Esto equivale a tener 6.3 trabajadores activos por cada pensionado. Valuaciones Actuariales del Norte72 estima para 2021 un déficit actuarial neto de 109,289 millones de pesos, con suficiencia de recursos para 2034 (tasa de rendimiento del 2 %). El déficit actuarial representa el 19.6 % del PIBE.
16. Morelos
La Secretaría de Hacienda de Morelos73 informa que la entidad cuenta con 6,228 servidores públicos activos; mientras registra 5,358 jubilados y pensionados con una edad promedio de 63 años, y con jubilación mensual promedio de 12,203 pesos por beneficio definido. También resalta el hecho de que la edad de jubilación (muy baja) es a partir de los 50.6 años. Así mismo, los trabajadores gubernamentales no aportan nada de cuotas de seguridad social.74 Valuaciones Actuariales del Norte75 estima un déficit actuarial neto de 44,141 millones de pesos para el 2020. El déficit actuarial de Morelos equivale al 18.7 % del PIBE.
17. Nayarit
La Dirección General del Fondo de Pensiones de Nayarit76 reporta en la entidad 14,750 trabajadores activos y 3,675 pensionados y jubilados, éstos con edad promedio de 61 años, con jubilación por beneficio definido de 8,070 pesos mensuales y con posible edad para jubilarse a los 56 años (al igual que el ISSSTE actualmente). Aquí se observa una relación de cuatro trabajadores activos por cada pensionado. Para 2019, Valuaciones Actuariales del Norte77 estima un déficit actuarial neto de 46,129.9 millones de pesos. El déficit actuarial representa el 31.2 % del PIBE.
18. Nuevo León
En 2020 el ISSSTELEON78 contaba con 52,305 servidores públicos, y 19,641 pensionados y jubilados con un promedio de 67 años y un ingreso mensual de pensión de 22,973 pesos, pudiendo alcanzar la jubilación a los 54.6 años de edad. En esta entidad se reportaban 2.7 trabajadores activos por cada pensionado.
Valuaciones Actuariales del Norte79 estima el déficit actuarial neto de 2020 en 156,205 millones de pesos. Nuevo León ocupa la tercera posición en relación con el PIB nacional en 202080 y el déficit actuarial representa el 9 % del PIBE. Las pensiones generadas antes de 1993 alcanzarán su punto máximo de presión en 2027, de acuerdo con la Cuenta Pública de Nuevo León de 2020,81 observándose disminuciones graduales a partir de ese año por la aplicación de la ley de pensiones modificada.
19. Oaxaca
La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca cuenta con dos áreas que atienden esa materia, la propia Oficina de Pensiones y el Fondo de Pensiones de los Integrantes de las Instituciones Policiales de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca. En suma, se cuenta con 26,521 trabajadores activos, y 4,513 pensionados con una edad promedio de 62 años, con pensión mensual de 23,605 pesos, y con la posibilidad de alcanzar la jubilación con 54.5 años. Valuaciones Actuariales del Norte82 señala que el déficit actuarial en 2021 es de 51,273 millones de pesos. El déficit actuarial representa el 14.6 % del PIBE.
20. Puebla
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP)83 ubica a 62,449 trabajadores activos y 9,854 pensionados y jubilados, los cuales tienen 69 años en promedio y una pensión de 18,321 pesos mensuales. También se observa una relación de 6.3 trabajadores activos por cada pensionado. De acuerdo con estimaciones de Valuaciones Actuariales del Norte84, el déficit actuarial neto de 2019 corresponde a 110,863 millones de pesos. El déficit actuarial equivale al 15.6 % del PIBE.
21. Querétaro
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE)85 reporta tener en 2021 a 4,848 trabajadores activos, y 1,942 pensionados y jubilados con 65 años promedio y una pensión mensual de 20,670 pesos, pudiendo alcanzar la jubilación a los 56.8 años. Esto representa 2.5 trabajadores activos por cada pensionado. Valuaciones Actuariales del Norte86 estima un déficit actuarial de 59,773 millones de pesos para 2021, lo que representa el 12 % del PIBE.
22. San Luis Potosí
Para 2022 se presentan cuatro estudios de valuación actuarial en la entidad, contando en 2021 con 22,785 servidores públicos activos y 5,409 pensionados y jubilados, los cuales perciben de 19,071 a 27,131 pesos mensuales, alcanzando la edad mínima para jubilación de 55 a 58 años.87 Se tiene una relación de 4.2 activos por cada pensionado. Valuaciones Actuariales del Norte88 estima el déficit actuarial neto de 168,987 millones de pesos, que representan el 33.1 % del PIBE.
23. Sinaloa
En la entidad existen dos organismos de seguridad social que manejan las pensiones de los trabajadores estatales: el Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa (ISSSTESIN).89 Se cuenta con 29,996 trabajadores activos y 19,886 pensionados, siendo en éstos la edad promedio de 62 años, alcanzando una pensión promedio de 18 mil pesos y pudiendo alcanzar la jubilación a los 54.6 años. El estudio actuarial de IPES es de 2018 y el de ISSSTESIN de 2019. Valuaciones Actuariales del Norte90 estima el déficit actuarial neto en 106,881 millones de pesos, que representan el 21.1 % del PIBE.
24. Sonora
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON)91 reporta que para 2020 se tenían 56,145 trabajadores activos, y 14,714 pensionados y jubilados que percibían un ingreso promedio mensual de 20,051 pesos, con 66 años de edad en promedio, pudiendo alcanzar la jubilación a los 56.8 años. Esto significa que había 3.8 trabajadores activos por cada pensionado. En 2019, Valuaciones Actuariales del Norte92 estima un déficit actuarial neto de 150,713 millones de pesos. El déficit actuarial representa el 19.2 % del PIBE.
25. Tabasco
En 2020 el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET)93 tenía 81,585 servidores públicos activos, y 13,797 pensionados (52.8 % por jubilación, 12.8 % por vejez; 10.8 % por invalidez; y 23.6 % por muerte) con 64.2 años en promedio y una pensión de 10,872 pesos mensuales como media. Se muestra una proporción de 9.5 trabajadores activos por cada pensionado. El déficit actuarial a valor presente para 2020 es de 49,002 millones de pesos. De acuerdo con el Bufete Matemático Actuarial,94 la entidad no cuenta con reservas, de tal manera que el déficit actuarial equivale al 9.7 % del PIBE.
26. Tamaulipas
El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas95 contaba con 49,469 trabajadores activos, y 8,405 pensionados y jubilados con una edad media de 64.6 años, una pensión mensual en promedio de 13,544 pesos, y con la posibilidad de jubilarse a los 57.6 años. Hay, por lo tanto, una relación de 5.9 trabajadores activos por cada pensionado. Desde el año 2020 el trabajador aporta el 10.5 % de su sueldo y el Estado el 21.5 % (32 % en total). Para 2021, Valuaciones Actuariales del Norte96 estiman un déficit actuarial neto de 89,141 millones de pesos, con un período de suficiencia con descapitalización que se presentaría en 2028 (con tasa del 2 %). El déficit actuarial representa el 26.5 % del PIBE.
27. Tlaxcala
En 2021, Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala97 tenía 8,567 servidores públicos activos, además de 2,237 pensionados y jubilados con 68.2 años en promedio y una pensión mensual media de 12,283 pesos. Se observa la relación de 3.8 trabajadores activos por cada pensionado. Valuaciones Actuariales del Norte98 estima para 2021 un déficit actuarial neto de 15,453 millones de pesos. El déficit actuarial representa el 12.5 % del PIBE.
28. Veracruz
Para abril de 2022, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE)99 contaba con 98,101 trabajadores activos (79.6 % generación en transición y 20.4 % nueva generación), y 32,511 pensionados (59.6 % jubilación por edad avanzada, 11.3 % jubilación por vejez, 7.2 % por invalidez y 21.9 % por muerte)100 con 68.1 años en promedio, y percepciones de 18,588 pesos mensuales, con la posibilidad de jubilarse a los 57.7 años. Se observa una relación de tres trabajadores activos por cada pensionado. La Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave101 establece, en los artículos transitorios sexto y séptimo, que las cuotas de los trabajadores del régimen de beneficio definido corresponderán al 12 % y el gobierno aportará el 20 % (32 % en total). Valuaciones Actuariales del Norte102 estima un déficit actuarial neto de 128,915 millones de pesos para 2020, estimando que las reservas se agotarán en 2024 (tasa 2 %). El déficit actuarial significa 13 % del PIBE.
29. Yucatán
El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán103 registra 31,182 servidores públicos, así como 6.547 pensionados y jubilados con un promedio de 64 años y una pensión mensual de 11,440 pesos en promedio. Esto representa 4.8 trabajadores activos por cada pensionado. Valuaciones Actuariales del Norte104 estima un déficit actuarial de 125,231 millones de pesos, por lo cual el déficit actuarial significa el 37.7 % del PIBE.
30. Zacatecas
Para 2021 la entidad contaba con 20,931 servidores públicos activos, y 4,406 pensionados y jubilados con una edad promedio de 64.5 años y una pensión mensual de 21,032 pesos, con la posibilidad de jubilarse a los 57.6 años.105 Esto representa 4.7 trabajadores activos por cada pensionado. En esta entidad, el trabajador aporta el 12 % de su salario mensual y el Estado el 24 % (un total de 36 %). Valuaciones Actuariales del Norte106 calcula en 2021 el déficit actuarial neto en 47,866.2. El déficit actuarial significa el 22.5 % del PIBE.
IV. Resultados globales de jubilaciones entidades federativas
Un análisis de los pasivos por cubrir de las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos estatales lo proporciona Hernández Ramos,107 quien señala que para el año 2009 se presentaba un déficit de 1.3 billones de pesos. A principios de la década pasada, Núñez Barba108 manifiesta que la situación de suficiencia de reservas es muy sólida en estados como Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.
Para el año 2012, Aguirre Farías -de Valuaciones Actuariales del Norte-109 señala que los pasivos por pensiones de entidades federativas se estimaban en 1.97 billones de pesos (el 13 % del PIB nacional), agregando que sólo 404 mil millones de pesos estaban registrados dentro de los pasivos públicos de las entidades federativas.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)110 revela la desigualdad que existe en las pensiones y jubilaciones del país, en la medida en que las empresas públicas nacionales (CFE, PEMEX y LFC) reciben de 6.7 a 11.3 veces más que un pensionado del IMSS. Por otra parte, esta desigualdad se aprecia también entre las entidades federativas, ya que el 57 % del gasto para pensiones van para la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, mientras el 43 % para los restantes 27 estados.
El CIEP asegura que los recursos que se destinan al rubro de pensiones en instituciones de educación superior públicas y en entidades federativas carecen de transparencia, agregando: “Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo requieren transparentar sus recursos para pensiones”.111
Sánchez Jiménez destaca que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF),112 los sistemas estatales de pensiones operan en rojo, ya que en 2019 presentan un déficit de 2.2 billones de pesos. En efecto, el Estado de México tiene déficit de 534,000 millones de pesos; Jalisco, 261,000 millones de pesos, y Veracruz, 151,000 millones de pesos. Mientras que hay estados que cubren el total de sus pensiones y jubilaciones con gasto corriente (Michoacán, Morelos, Nayarit y Oaxaca). En la información se agrega que Hidalgo, Nayarit y Sonora disponen de superávit; el resto de las entidades federativas opera con números rojos.
La descapitalización de los fondos de pensiones estatales (así como los federales) obedece a cuatro causas: 1) incremento en la esperanza de vida de los cotizantes; 2) insuficiencia de las aportaciones de los fondos de pensiones; 3) decremento en la tasa de incorporación de nuevos trabajadores; y 4) el beneficio de retirarse con el último salario recibido en algunos estados.113 Aunque sin olvidar que en el caso del IMSS se pensionan con el promedio de los últimos cinco años.
A continuación, se presenta un cuadro donde aparece el déficit actuarial del año 2009 y el más reciente (año en que se realizó el estudio actuarial), así como los porcentajes de crecimiento de 2009 al más actual y el correspondiente al Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), así como los trabajadores estatales activos y los pensionados.
Para terminar el artículo, del Cuadro 1 puedo realizar los siguientes comentarios:
Para noviembre de 2021 se reconocía a 23.8 millones de trabajadores en el sector formal de la economía. Los servidores públicos estatales activos eran 1,547,447, lo que representa el 6.5 % de los empleos formales en el país.
De los 1.55 millones de empleados activos de los gobiernos estatales, seis entidades absorben al 56.8 %, a saber, Estado de México (24.4 %), Ciudad de México (9.1 %), Jalisco (8 %), Veracruz (6.3 %), Tabasco (4.8 %) y Guanajuato (4.2 %).
En gobiernos estatales existen 3.9 trabajadores activos por cada pensionado. El total de derechohabientes de los organismos de seguridad social estatales son 1.94 millones.
Los pasivos actuariales estatales en 2010 eran de 1.38 billones de pesos;114 en la actualidad son 4.1 billones de pesos, triplicando la cantidad en doce años, de esta cifra, seis entidades absorben el 61.8 % (Estado de México, 22.6 %; Ciudad de México, 13.5 %; Jalisco, 8.1 %; Chihuahua, 8.2 %; Chiapas, 5.4 %; y San Luis Potosí, 4.1 %).
De todas las entidades federativas, la que mejor desempeño presenta en pasivos actuariales por pensiones es Guanajuato, siendo la única en presentar superávit actuarial; le siguen Aguascalientes, Colima, Hidalgo y Campeche.
Para 2021, los pasivos actuariales por pensiones y jubilaciones de los gobiernos estatales significan el 17.8 % del PIB, cuando para el año 2010 eran 13 % del PIB,115 con lo cual se aprecia un incremento de 4.8 puntos porcentuales del PIB.
Cuadro 1 Pasivos actuariales de trabajadores gobiernos estatales 2020-2021
| Déficit Actuarial. Millones de pesos | Trabajadores Estatales 2020-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 2009 | Actual | Año | % Crec. | % PIBE | Activos | Pensionados | Suma |
| Edo. de México | 232,106.9 | 921,832.6 | 2019 | 297 % | 46.3 % | 378,017 | 73,736 | 451,753 |
| Cd. de México | 123,225.8 | 549,447.3 | 2019 | 346 % | 15.9 % | 141,217 | 32,121 | 173,338 |
| Jalisco | 126,727.9 | 328,711.1 | 2020 | 159 % | 20.7 % | 123,227 | 41,907 | 165,134 |
| Aguascalientes | 3,253.8 | 4,257.1 | 2020 | 31 % | 1.4 % | 19,210 | 5,686 | 24,896 |
| Baja California | 132,047.5 | 142,571.4 | 2020 | 8 % | 17.8 % | 43,532 | 9,793 | 53,325 |
| Campeche | 17,067.5 | 14,801.9 | 2018 | -13 % | 3.2 % | 11,585 | 2,250 | 13,835 |
| Chiapas | 16,601.7 | 218,945.4 | 2019 | 1219 % | 65.1 % | 24,750 | 10,652 | 35,402 |
| Chihuahua | 46,433.1 | 333,233.5 | 2021 | 618 % | 46.9 % | 39,145 | 20,850 | 59,995 |
| Coahuila | 13,109.5 | 48,723.0 | 2021-18 | 272 % | 6.2 % | 27,882 | 13,045 | 40,927 |
| Colima | 11,884.2 | 2,974.4 | 2020 | -75 % | 2.1 % | 7,633 | 199 | 7,832 |
| Durango | 6,757.1 | 43,703.0 | 2020 | 547 % | 16.3 % | 21,838 | 6,210 | 28,048 |
| Guanajuato | 19,914.6 | - | 2020 | -100 % | 0.0 % | 65,152 | 18,742 | 83,894 |
| Guerrero | 20,416.7 | 3,401.6 | 2019 | -83 % | 1.1 % | 26,662 | 578 | 27,240 |
| Hidalgo | 4,863.9 | 8,028.3 | 2020 | 65 % | 2.3% | 2,893 | 1,852 | 4,745 |
| Michoacán | 15,875.1 | 109,289.4 | 2021 | 588 % | 19.6% | 57,894 | 9,236 | 67,130 |
| Morelos | - | 44,141.0 | 2020 | N.D. | 18.7% | 6,228 | 5,358 | 11,586 |
| Nayarit | 14,312.5 | 46,129.9 | 2019 | 222 % | 31.2% | 14,750 | 3,675 | 18,425 |
| Nuevo León | 111,108.2 | 156,205.2 | 2020 | 41 % | 9.0% | 52,305 | 19,461 | 71,766 |
| Oaxaca | 29,145.1 | 51,272.8 | 2021 | 76 % | 14.6% | 26,521 | 4,513 | 31,034 |
| Puebla | 57,915.3 | 110,863.4 | 2019 | 91 % | 15.6% | 62,449 | 9,854 | 72,303 |
| Querétaro | 156.5 | 59,773.2 | 2021 | ### | 12.0% | 4,848 | 1,942 | 6,790 |
| San Luis Potosí | 72,502.1 | 168,986.8 | 2021 | 133 % | 33.1% | 22,785 | 5,409 | 28,194 |
| Sinaloa | 19,918.8 | 106,880.6 | 2019 | 437 % | 21.1% | 28,736 | 19,886 | 48,622 |
| Sonora | 19,825.7 | 150,713.4 | 2019 | 660 % | 19.2% | 56,145 | 14,714 | 70,859 |
| Tabasco | 29,644.2 | 49,002.0 | 2020 | 65 % | 9.7% | 73,793 | 7,792 | 81,585 |
| Tamaulipas | 70,618.9 | 89,141.1 | 2021 | 26 % | 26.5% | 49,469 | 8,405 | 57,874 |
| Tlaxcala | 50.2 | 15,453.1 | 2021 | ### | 12.5% | 8,567 | 2,237 | 10,804 |
| Veracruz | 124,680.8 | 128,915.2 | 2019 | 3 % | 13.0% | 98,101 | 32,511 | 130,612 |
| Yucatán | 10,471.5 | 125,231.2 | 2021 | 1096 % | 37.7% | 31,182 | 6,547 | 37,729 |
| Zacatecas | 28,082.4 | 47,866.2 | 2021 | 70 % | 22.5% | 20,931 | 4,406 | 25,337 |
| TOTAL | 1,378,717.5 | 4,080,495.1 | 196 % | 1,547,447 | 393,567 | 1,941,014 | ||
Fuente: Elaboración propia, con información de cada entidad federativa.
V. Conclusiones
En el tema de las jubilaciones, tanto federales como estatales, la disyuntiva es muy clara y no deja para más opciones: o se reforman y unifican los sistemas públicos de jubilaciones de beneficio definido (en transición) o no habrá recursos en el futuro para hacerles frente. En la actualidad y en los años posteriores, se estarán destinando más recursos públicos para el rubro de pensiones y jubilaciones, dejando a un lado otras ramas o actividades que requieren atención pública prioritaria. En el peor de los casos pudiera declararse en quiebra algún Estado por las presiones incesantes de los altos gastos de jubilaciones. Los servidores públicos activos al servicio de los gobiernos estatales de nuestro país, que están asegurados por organismos o instituciones de carácter estatal, corresponden a 1,547,447, que representarían el 6.5 % de los empleos formales en el país.
Buscando responder a las dos preguntas fundamentales planteadas en la introducción de este trabajo, se tenía información de que hace doce años los pasivos actuariales de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales correspondían a 1.38 billones de pesos, estimándose para 2019 en 2.2 billones de pesos. De acuerdo con este trabajo, se concluye que, en función de los últimos estudios actuariales, el pasivo laboral por pensiones y jubilaciones de las entidades federativas del país equivalen a 4.1 billones de pesos para 2021, monto que representa el 16.4 % del PIB nacional.
Del total de pasivos contingentes por pensiones y jubilaciones de los gobiernos estatales para 2021, el Estado de México absorbe el 22.6 %; la Ciudad de México al 13.5 %; Jalisco al 8.1; Chihuahua al 8.2 %; Chiapas al 5.4 % y San Luis Potosí al 4.1 %. En contraparte, Guanajuato es la entidad que mejor desempeño presenta en pasivos contingentes con estudios actuariales, al ser la única que presenta un superávit, siguiendo con mejor desempeño entidades como Aguascalientes, Colima, Hidalgo y Campeche.
