Introducción

En el siglo XX, Ecuador experimentó una transición de su economía centrada en la exportación de productos como el banano y cacao, a una basada en la exportación de petróleo. Esta mudanza se consolidó entre 1972 y 1973, aunque sólo fue rentable a inicios del siglo XXI (^{Montano, 2014}; ^{Fontaine, 2004}). Tal es la importancia del petróleo en Ecuador, que la volatilidad en sus precios determinó los periodos de crisis y bonanza (^{Larrea, 2020}).

A inicio del siglo XXI, Ecuador experimentó una bonanza petrolera por sus altos precios en el mercado mundial (^{Fontaine, 2004}); con su caída entre los años 2015 y 2016 el país enfrentó una grave crisis económica agudizada por la pandemia por covid-19 (^{Acosta, Encalada, Delgado y Rodríguez, 2020}). Este contexto no sólo no ha cambiado, sino que se agudizó con el avance neoextractivo.² Con una economía mínimamente diversificada y un escenario que muestra que las reservas de petróleo no explotadas son limitadas (^{Larrea, 2020}), Ecuador ha transitado hacia una economía basada en grandes emprendimientos mineros y megaproyectos, la visión productivista del desarrollo se ha mantenido y con ello la negación de sus consecuencias socioambientales (^{Svampa, 2019}).

Desde el año 2017 Ecuador experimentó una “profundización del modelo de desarrollo basado en la extracción y exportación de materias primas” (^{Silveira et al., 2017: 69}). Es así como Ecuador atraviesa “una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional” (^{Acosta, 2012a: 42}).

La intensificación del extractivismo ha implicado un reordenamiento territorial y ha generado “espacios de sacrificio” (^{Silveira et al., 2017: 69}), espacios con una alta tasa de conflictos ambientales y “situaciones extremas de mal desarrollo e injusticia ambiental” (^{Svampa, 2014: 13}). Esta realidad ha configurado algunas premisas sobre eso que llamamos Estado y los actores presentes en las zonas donde el neoextractivismo se ha exacerbado. Primero, la idea reificada del Estado como un agente ausente en las zonas de mal desarrollo. Segundo, la noción de agentes o empresas apartadas del control gubernamental; y finalmente, la noción de que existen grupos sociales que combaten al Estado y a las multinacionales. Estos actores son expuestos como instancias separadas, polarizadas y aisladas en contenedores sociales, políticos e ideológicos de poder. No obstante, consideramos que esta simplificación precisa ser complejizada.

Si bien la configuración de los Estados se percibe como procesos dinámicos, inacabados (^{Souza-Lima, 2012}) y de larga duración (^{Elias, [1972] 2006}; ^{Bourdieu, [1992] 2014}), lo que deriva de ello lo consideramos como “una invención histórica, un artefacto histórico” (^{Bourdieu, [1992] 2014: 220}),³ es decir, sujeto a las particularidades sociales, económicas y políticas. De este modo, el Estado aparece más allá de un aparato institucional, como un conjunto de prácticas, procesos y efectos que incluyen una diversidad de actores interconectados (^{Trouillot, 2011: 164}); mientras más nos alejamos de la institucionalidad gubernamental, el Estado se tornará ambiguo y difícil de identificar.

Los nuevos enfoques de la antropología del Estado permiten explorar esta presencia engañosa o falta de fijeza institucional característica del Estado moderno (^{Trouillot, 2011}), todo ello en correlación con múltiples formas, tácticas y dispositivos gubernamentales (^{Foucault, [1978] 2006: 137}) propios del ejercicio de poder soberano del Estado.

Es así como el avance del neoextractivismo en Ecuador es un contexto que permite mostrar las prácticas y procesos del Estado fuera de los espacios centrales. Estos territorios, que definiremos como márgenes del Estado, son sitios donde habitan poblaciones marginalizadas y racializadas con una alta conflictividad producto de la exposición al quehacer neoextractivo (contaminación y degradación ambiental), por esta razón estos territorios son “vistos como espacios de desorden, sitios en los que el Estado no ha podido instaurar el orden” (Das y Poole, 2008: 19-22), pero además se presentan como “sitios en donde la naturaleza puede ser imaginada como salvaje y descontrolada y donde el Estado está constantemente redefiniendo sus modos de gobernar y de legislar” (Das y Poole, 2008: 24).

Así, este artículo tiene como propósito analizar etnográficamente los modos en que aparece eso que llamamos Estado en territorios amazónicos donde existen enclaves de minería metálica legal e ilegal, todo ello a partir del giro político y el reposicionamiento de gobiernos liberales ocurrido a partir del año 2017. Este trabajo se basa en un análisis crítico e interpretación de material documental (^{Valles, 1999}; ^{Alaminos y Alaminos-Fernández, 2021}) referente a información pública, audiovisual, noticias de prensa digital e información disponible en las plataformas digitales relacionada con la agencia, narrativas, discursos, prácticas estatales y acontecimientos relacionados con la presencia de minería ilegal en espacios periféricos de la Amazonia ecuatoriana.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la primera y segunda sección detallamos lo que denominados como “el giro en la forma de gobernar” de los gobiernos liberales a partir del año 2017, detallamos la estructuración de múltiples narrativas que produjeron un marco coyuntural usado para legitimar, justificar y silenciar la agencia gubernamental afín al recrudecimiento del neoextractivismo. En la tercera sección analizamos un acontecimiento vinculado con un enclave minero ilegal de oro en la provincia del Napo que emergió en el año 2022; a partir del rastreo de las prácticas gubernamentales se muestra la presencia engañosa y la supuesta ausencia del Estado frente a la proliferación de la contaminación y la minería ilegal. Finalmente, planteamos algunas reflexiones sobre el vínculo entre prácticas del Estado y modelos de gestión o gerenciamiento estatal.

El giro en la forma de gobernar: ¿del “progresismo” al liberalismo?

Para situar temporalmente el artículo, exponemos de forma breve lo que llamaremos el giro en la forma de gobernar. Y es que, hasta 2017 Ecuador vivió una serie de transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que caracterizaron el periodo entre los años 2007 y 2017 (gobierno de Rafael Correa), éste fue un “ambicioso programa de obras públicas e inversión social” (^{Sacher y Acosta, 2012: 9}) sostenido principalmente por los altos precios del petróleo y productos de exportación (^{Larrea, Bravo y Sáenz, 2019}). Previo a este periodo, Ecuador enfrentó una de las “peores crisis económicas de su historia, agravada por la imposición de un esquema de dolarización” (^{Acosta, 2006: 165}).

El gobierno de Rafael Correa en un inicio daba señales de “un modelo post neoliberal y post extractivo al asumir principios que conlleven a una armonización entre sociedad y naturaleza” (^{Vallejo y Duhalde, 2019: 52}). Sin embargo, el gran tamaño del Estado y el enorme gasto público influyeron en la expansión de las actividades petroleras en la Amazonia ecuatoriana (^{Vallejo y Duhalde, 2019}) y en la búsqueda de otras fuentes de financiamiento como la minería (^{Sacher y Acosta, 2012}; ^{Larrea et al., 2019}).

Aunque después del año 2009 el gobierno citado pasó a una estrategia extractivista y se distanció de una postura progresista, obstruyendo incluso iniciativas ambientales que apuntaban a un cambio de paradigma (^{Larrea et al., 2019}), críticos como Alberto Acosta destacan que la posi-ción nacionalista de este gobierno evidenciaba “una mayor presencia y un papel más activo del Estado”, buscaba así “un mayor acceso y control por parte del Estado, sobre el petróleo y especialmente […] una mayor tajada de la renta petrolera e incluso minera” (^{Acosta, 2012a: 41}). Esto implicó el crecimiento de la institucionalidad y la generación de una serie de instrumentos que pretendían configurar un marco normativo para potenciar la agencia y control del Estado en los sectores estratégicos (sector eléctrico, minero, petrolero y telecomunicaciones).^{4 Salgado (2022)} muestra el activo papel del Estado y la visión “tecnocrática neoinstitucionalista” (^{p. 119}) del periodo 2007-2017.

No pretendemos desconocer que, en este periodo, aunque se generaron avances en materia social y económica (^{Larrea et al., 2019}), existieron narrativas legitimadoras que justificaron la inversión social, que se sustentaban en continuidad del modelo de acumulación de capital. Como plantean ^{Vallejo y Duhalde (2019)}, las “estrategias discursivas propias del neoextractivismo mostraron al petróleo y minería como conducentes al Buen Vivir” (p. 52); sin duda, esta condición merecería ser vista con más detalle. Sin embargo, consideramos que a partir del año 2017, cuando asumió Lenin Moreno, ocurrió una mudanza fundamental en cuanto a la gestión, control y seguimiento de la dimensión ambiental dentro del espacio público: de una presencia omnipresente del Estado, se pasó a una aparente ausencia.

El giro político citado permite contextualizar la mudanza de la agencia del Estado materializada en prácticas mediadas por una condición político-ideológica liberal y alineadas a las estructuras de poder nacional e internacional. Como plantea ^{Souza-Lima (2012)},⁵ es importante “superar la sensación de plenitud y totalización que conlleva la idea de Estado” (^{p. 563}) y analizar al Estado y su agencia como procesos, flujos y performance aprensibles en las formas de actuar del poder público (^{Zouza-Lima, 2012}), es decir, identificar su agencia en las acciones concretas, llámense leyes, políticas públicas, proyectos, decretos, etc. Este hecho permite transcender la noción tradicional de Estado entendido como “autoridad soberana ejerciendo sobre un pueblo y un territorio determinados, como conjunto de los servicios generales de una nación, de los servicios públicos, [...] (poder central, poder público, administración etcétera)” (^{Bourdieu, [1992] 2014: 237}).⁶

Como mostramos en los pasajes posteriores, la transformación política vivida por Ecuador en 2017 redefinió las formas de actuar del Estado; producto de ello, se intensificó la crisis socioambiental y se expuso a los territorios con actividades neoextractivas como sitios “en los que la ley y otras prácticas estatales son colonizadas mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de las poblaciones” (Das y Poole, 2008: 24).⁷ Es ahí donde el Estado se torna ambiguo, silencioso y aparentemente ausente, movilizando narrativas que legitiman y justifican el ejercicio del poder.

La creación de la escasez y necesidad de “austeridad”

Después de un periodo caracterizado por una mayor “presencia” del Estado (estatismo), Ecuador dio un giro sustancial. La agencia y “forma” de eso que llamamos Estado cambió producto del vuelco político generado por el gobierno de Lenin Moreno y su alejamiento del proyecto político del Partido Revolución Ciudadana.

A partir de 2017, el Buen Vivir o Sumak Kawsay propuesto como una alternativa al modelo de desarrollo convencional (^{Acosta, 2012b}) y el estatismo característico de este periodo, comenzaron a ser deslegitimados a través de discursos vinculados con la corrupción, la crisis económica y la recuperación de la libertad de expresión. Actores como los medios de comunicación ejercieron un rol fundamental en lo que actores políticos denominaron ““recuperar la patria”, “re institucionalizar el Estado”, “terminar con la corrupción” y finalmente “descorreizar Ecuador”” (^{Von Schottler y Rezende, 2019: 51}).

La legitimación de esta mudanza política se sostuvo en la producción de una estructura narrativa que justificó la agencia del Estado en distintas dimensiones. En un primer trecho (2017-2021), apareció un discurso conciliador que brinda determinados elementos a considerar antes de analizar específicamente los acontecimientos y narrativas respecto del neoextractivismo minero, al que haremos referencia posteriormente. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (PND-T), que para Ecuador es el instrumento de planificación que rige el modelo de desarrollo de cada gobierno, se expuso que:

Proponemos un Estado cercano a la gente, con servicios de calidad y calidez, eficiente y transparente. […] Buscamos un Estado cercano, descentralizado […]. El Estado cercano debe ser incluyente, debe entender a los ciudadanos, llegar a sus hogares con servicios públicos óptimos y darles respuestas con calidad y calidez. Para conseguirlo, no hay cabida para la corrupción, elemento nocivo en el sistema público. Esta visión del Estado en la sociedad erige el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial […] (^{Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017: 92}).⁸

El PND-T (2017) muestra la forma conciliadora con la que el gobierno de Lenin Moreno intentó aplacar la evidente ruptura política y conflicto social que representó esta mudanza de una posición progresista a una liberal. Para ^{Von Schottler y Rezende (2019)}, discursos sobre la corrupción, el retorno de la libertad y la reinstitucionalización del Estado, suavizaron el momento político y social que vivió Ecuador. Pero, al mismo tiempo, estos autores muestran cómo este escenario incidió en la construcción de otros discursos y narrativas que reposicionaron la agencia y la forma del Estado en cuanto a institucionalidad.

Es así como desde el aparato gubernamental se posicionaron nuevas narrativas ligadas con: la existencia de un desmesurado gasto público, el sobreendeudadamiento, la baja liquidez, la existencia de déficit fiscal y el despilfarro, el posicionamiento de estos escenarios a nivel social construyeron una coyuntura que expuso una aparente crisis económica y política. Estas narrativas fueron usadas de forma generalizada y legitimaron las mudanzas respecto a la inversión social, la reducción del gasto público y la reducción de la burocracia estatal (práctica que redujo el control y seguimiento en materia ambiental). No obstante, esta aparente situación de crisis no sólo posicionó a nivel social un sentido de crisis producto del posicionamiento de macro encuadramientos que tenían un sentido político e ideológico, sino además legitimó las decisiones, políticas y prácticas gubernamentales.⁹

Y es que pronto se expusieron nuevas narrativas sustentadas en esta aparente crisis; por ejemplo, se posicionaron aspectos como: la necesidad de optimizar el gasto público, la urgencia de atraer inversión privada y discursos que justificaban la necesidad de una “austeridad” estatal (^{Von Schottler y Rezende, 2019: 51}). Esta forma de agenciamiento mostró cómo la narrativa gubernamental coprodujo escenarios y problemas públicos que justificaron y legitimaron una nueva forma de gerenciar los problemas del Estado nacional, es decir, a partir de políticas gubernamentales austeras. El momento de transición política que vivió Ecuador en 2017 muestra un giro sustancial en la movilización de encuadramientos y en la nueva forma de gobernar; un Estado austero y “lejano”.

Es así como principalmente la narrativa de austeridad legitimó y justificó una serie de prácticas en dimensiones como salud, educación, inversión social, inversión extranjera, que a la postre tuvieron múltiples implicaciones. Sin embargo, no todo está a nivel de discursos y narrativas, para legitimar esta mudanza se produjeron una serie de mecanismos legales (decretos, leyes, etc.) que sustentaron este nuevo escenario. Por ejemplo, la emisión del Decreto Ejecutivo 135 de septiembre de 2017 denominado “Normas de optimización y austeridad del gasto público”, fue un instrumento que determinó la reducción de la institucionalidad y la burocracia estatal, pero sobre todo la focalización de las políticas gubernamentales (postura liberal).¹⁰

Esta movilización discursiva con una activa participación de los medios de comunicación generó un escenario idóneo para el ejercicio del poder, caracterizado por un escenario de una aparente crisis que precisaba ser gobernada a través de políticas austeras. De este modo, el gobierno de Lenin Moreno mostró un momento de reconfiguración en la forma de gerenciar los problemas públicos, caracterizado por un modelo de gobernanza alejado de la inversión social, la configuración de narrativas delimitó la importancia de los problemas públicos y el ritmo de gestión de los problemas públicos.

Un escenario similar se reprodujo en el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), los discursos y narrativas de austeridad y de una economía destrozada fueron el sostén de la optimización del gasto público. Este hecho (aunque con sus diferencias) marcó una continuidad en la forma de gobernar y en las prácticas “austeras” de un Estado aparentemente debilitado.¹¹ El Plan Nacional de Desarrollo denominado “Creando Oportunidades” (PND-C) muestra de forma clara la posición del gobierno de Guillermo Lasso:

La propuesta siempre fue clara: más libertad. El Estado puede ser eficiente sin convertirse en un ente omnipresente en nuestras vidas y puede generar mejoras en la vida de los ciudadanos sin ser restrictivo […] Ésta es una nueva visión para Ecuador: un país próspero, con una democracia liberal plena regida por el Estado de derecho y donde funcionan eficientemente las instituciones. Sólo respetando la individualidad personal lograremos promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable y generadora de empleo. Queremos empoderar a los ciudadanos para que elijan con libertad los medios que les permitan alcanzar su felicidad, […] a través de un Estado pequeño pero sólido y eficiente (^{Secretaría Nacional de Planificación, 2021: 7 y 8}).

La intención de reducir aún más el tamaño del Estado es evidente, es decir, como principal política estatal se implementó la desestructuración institucional (práctica gubernamental), pero además se muestra la ligación con la dimensión transnacional. Esto está correlacionado con la premisa liberal de que el Estado debe intervenir cada vez menos en el mercado (un Estado pequeño).¹²

Un aspecto relevante que mostró este Gobierno fue la necesidad constante de una “redefinición y/o reactualización” (Almeida, 2013: 13) de los problemas públicos y sus encuadramientos. La necesidad de eficiencia pública, el empoderamiento y la libertad individual fueron algunas de las nuevas narrativas que legitimaron la necesidad de austeridad, la reducción del gasto público y la inversión social.

Este escenario paradójicamente fue reproducido en el gobierno de Daniel Noboa, que asume la presidencia producto del abandono del gobierno de Guillermo Lasso en 2023 (mecanismo constitucional de la muerte cruzada). En el Plan Nacional de Desarrollo denominado Para un Nuevo Ecuador 2024-2025 (PND-NE), Daniel Noboa se sustenta en la narrativa de un Estado permeado por el crimen organizado y en la necesidad de mayor liquidez del Estado para enfrentar la inseguridad que Ecuador enfrenta (^{Secretaría de Planificación, 2024}). Este tipo de encuadramientos continúan siendo mecanismos que legitiman una serie de prácticas, políticas y formas de gobernar de corte liberal.

De este modo, como plantea Philip Abrams: “El Estado no es la realidad que está detrás de la máscara de la práctica política. Es, en sí mismo, la máscara que nos impide ver, la práctica política tal como es (^{Abrams, 2015: 63}). Si bien estas formas de gobernar repercutieron continuamente en la reducción de la institucionalidad (tamaño de la burocracia), en la reducción del gasto público, en la reducción de la inversión social y en una multiplicidad de dimensiones, nos concentraremos en analizar cómo esta forma de gobernar se tradujo en la dimensión ambiental. Como mostramos en los pasajes subsecuentes, el Estado reactualiza sus prácticas de legitimación respecto al avance del neoextractivismo y toma un nuevo rostro en los territorios donde se desarrollan actividades neoextractivas legales e ilegales.

La “minería sostenible”: prácticas en pro del neoextractivismo y la aparente ausencia del Estado

Si bien inicialmente se hizo referencia a los macro encuadramientos que posicionaron las formas de gobernar liberal de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y parcialmente Daniel Noboa, estos gobiernos también posicionaron narrativas específicas respecto a las políticas neoextractivas.

Para estos gobiernos, la minería metálica es un sector fundamental para el desarrollo del país. En 2019, Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el gobierno de Lenin Moreno, manifestaba: “En el país va a haber minería sí o sí, nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país” (^{El Universo, 2019}).

Asimismo, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite¹³ en el gobierno de Guillermo Lasso en una entrevista manifestó: “Así como tuvimos la época del cacao, la época del banano, la época del petróleo [que ya estamos un poquito estancados] ha surgido la época de la minería” (Mullu, 2023), o, por ejemplo, en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, siglas en inglés) realizada en 2023 declaró:

Tengo un mensaje del excelentísimo señor Guillermo Lasso, presidente de la República del Ecuador, él y el gobierno apoyan totalmente a la industria minera. […] Tenemos los recursos, pero nos falta el capital y la experiencia técnica para desarrollarlos, estamos abiertos a recibir inversiones extranjeras en la industria minera (^{Energía y Minas, 2023}).

En cuanto al gobierno de Daniel Noboa, en marzo de 2024 el mismo presidente asistió a la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), su objetivo fue impulsar lo que desde el Gobierno es llamada como minería sostenible, según ^{Alvarado (2024)} Noboa firmó contratos por cerca de 4,800 millones de dólares con el propósito de impulsar proyectos sostenibles en el sector minero. En declaraciones de la ministra Sonsoles García, en abril de 2024 manifestó:

Los acuerdos de inversión, lo que buscan es que los inversionistas tengan seguridad jurídica y estabilidad tributaria al hacer sus inversiones en Ecuador. […] en este momento tenemos una gran expectativa por la comunidad internacional, especialmente Canadá que va a ingresar a una mesa de negociación con Ecuador respecto a la pregunta de la Consulta Popular sobre los tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué?, porque estamos hablando de inversiones millonarias, de inversiones a largo plazo y de inversiones que si el día de mañana el Estado llegase a quitar un permiso de concesión o exploración para explotación a una de las empresas mineras podría haber una afectación más allá de lo económico. […] Hay mucha inversión alrededor de la minería, […] por lo tanto, tener en la consulta la pregunta de los tratados bilaterales de arbitraje es súper importante, […] esto lo que implica es darle una seguridad jurídica al inversionista (^{Ministerio de Producción del Ecuador, 2024}).¹⁴

En los planes nacionales de desarrollo de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa la minería es considerada un sector estratégico del Estado, las políticas para impulsar este sector se basan principalmente en una gramática basada en la sostenibilidad sustentada en conceptos como “gobernanza sostenible”, “sostenibilidad ambiental”, “uso sostenible de los recursos” (^{Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017: 52}; ^{Secretaría Nacional de Planificación, 2021: 85}; ^{Secretaría de Planificación, 2024: 135}).¹⁵ Estos instrumentos de planificación muestran la intencionalidad de los distintos gobiernos por desarrollar la industria minera, todo ello traducido en políticas y metas concretas plasmadas en múltiples indicadores.

Es así como las narrativas y discursos movilizados sustentaron y sustentan el desarrollo de la minería sobre la premisa de estar frente a una “minería responsable” “sustentable” o una “minería eficiente y responsable ambiental y socialmente”. Para ^{Lang et al. (2023)}, estos discursos corresponden a “imaginarios ecológicos neocoloniales” (^{p. 19}) basados en una retórica de la sustentabilidad.

No obstante, esta reactualización de la retórica estatal en la dimensión ambiental se materializa en la práctica, sobre la premisa de libertar el combate a la minería ilegal y la seguridad jurídica de los inversores los distintos gobiernos legitimaron múltiples planes, proyectos, decretos, acuerdos ministeriales, consultas populares y políticas públicas con el fin de desarrollar el sector minero en Ecuador. Esta máquina de intenciones materializada en políticas concretas pasó por alto incluso sentencias de instituciones como la Corte Constitucional respecto al derecho a la consulta previa, libre e informada.¹⁶ Otro ejemplo puede observarse en el ^{Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030}, documento de planificación generado en el gobierno de Lenin Moreno; en su diagnóstico se describe que para el año 2020 más del 75% de las concesiones mineras no disponían de licencias ambientales (^{Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 2020}), es decir, Moreno impulsó el neoextractivismo pasando por alto los permisos legales para operar.

Como mencionan ^{Estupiñán et al. (2021)}, el interés por parte de los gobiernos por desarrollar el sector minero fue evidente, incluso una vez cerrado el catastro minero en el año 2018 diversas decisiones como la modificación a la Ley de Minería, la emisión de múltiples políticas públicas y la generación de planes nacionales para desarrollo del sector dieron muestras de las prácticas estatales afines a este sector.

Es así como la minería se posicionó como una actividad responsable, consciente y sostenible con el medio ambiente, como se mostró, sustentadas en narrativas que justifican la focalización de políticas hacia un determinado sector. Consideramos que esta actualización y reactualización de los encuadramientos en dimensiones específicas como el sector minero es un proceso constante que legitima el quehacer gubernamental.¹⁷

De este modo, la construcción de escenarios para el avance de la minería en Ecuador muestra al Estado como una “maquinaria de intenciones -comúnmente llamada elaboración de leyes, toma de decisiones o formulación de políticas públicas-, el Estado se convierte esencialmente en una esfera subjetiva de planes, programas o ideas” (^{Mitchell, 2015: 157}).

Sin embargo, estas formas de gobernar en cuanto al sector minero mostrarán otro rostro de eso que llamamos Estado en los territorios donde se posicionaron actividades neoextractivas legales e ilegales. Y es que, entidades encargadas de la fiscalización de las instituciones públicas respecto al control y seguimiento ambiental de la minería legal e ilegal en provincias de la Amazonía ecuatoriana, llegaron a la siguiente conclusión:

Los concesionarios no cumplieron con las obligaciones de los permisos y títulos mineros debido a la falta de control y seguimiento [instituciones del Estado] a las áreas de minería artesanal, pequeña minería y régimen general, lo que ocasionó afectaciones ambientales e incumplimientos de orden administrativo y económico (^{Contraloría General del Estado [CGE], 2023}).¹⁸

La conclusión de la ^{CGE (2023)} en una auditoría realizada a la gestión de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, expusieron un aspecto relevante: la inacción o ausencia del Estado. La inobservancia de las competencias institucionales y la poca celeridad para atender diversos trámites vinculados con las actividades mineras legales e ilegales son una característica de los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa.

Esta inacción, aunque a primera vista aparece como ausencia del Estado, cuando la correlacionamos con la máquina de intenciones de los gobiernos citados permite ver una característica particular de estas formas de gobernar: la agencia del Estado funciona a través de una práctica pasiva y activa a la vez caracterizada por dos tácticas. La primera, una agencia activa a través de la generación de decisiones, instrumentos legales y mecanismos políticos que legitiman el avance del sector minero en Ecuador.

La segunda, una agencia pasiva que se torna inoperante frente a los daños e impactos socioambientales, un “dejar hacer”, es decir, llegar cuando todo ya ha ocurrido y activar procesos administrativos y judiciales que aparentemente muestran el interés estatal por solucionar los problemas públicos; esta característica es la que denominamos como “la aparente ausencia del Estado”.¹⁹ De este modo, la inacción estatal está relacionada con cómo los actores estatales controlan lo que ^{Magalhães-Freire (2019)} denomina como el “ritmo de la gestión” y, por ende, la “regulación de los flujos de atendimiento” (p. 321) de los problemas públicos.²⁰ Este tipo de práctica gubernamental puede ser observada de mejor manera en el caso presentado en la última sección.

Es así como basado en el abordaje de ^{Trouillot (2011)}, podemos ver que la legibilidad del Estado es el efecto que se relaciona con la producción de un lenguaje y conocimiento para un modelo de gobernanza, generalmente expuesto en los instrumentos de planificación y las prácticas gubernamentales. Al mismo tiempo, el Estado genera un efecto de ilegibilidad como un mecanismo para ocultar la agencia del Estado en cuanto ejercicio del poder.

Este contexto muestra un presunto alejamiento del ejercicio coercitivo del poder hacia otras formas disciplinares de gerenciamiento del ambiente y la sociedad. De este modo, si bien el poder se ejerce mediante múltiples relaciones disciplinares de dominación (^{Foucault, [1976] 2005}), en la forma Estado moderno observaremos una serie de prácticas que permiten el ejercicio del poder soberano del Estado desde una opacidad gubernamental, un efecto de ilegibilidad de prácticas que crean una aparente ausencia.

Pero, esta ausencia no se vincula con lo que generalmente se expone como inoperancia o incapacidad estatal. A manera de ejemplo, en la discursividad gubernamental de los distintos gobiernos no es difícil encontrar testimonios como los del ex ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, que en una entrevista relacionada con la censura política aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador, dada la crisis energética del país en 2024 manifestaba:

[…] lo que traté yo, es que el Estado no invierta en nueva generación porque no tiene plata, abrí la puerta al sector privado, mil megavatios debe ser unos 200 millones de dólares de inversión, de eso estoy orgulloso; era dinero privado, si hay un riesgo lo corre el privado (^{BN, 2024}).

Si bien este hecho refiere otro sector (inmerso en el neoextractivismo), no es difícil comprender que la no inversión en un sector específico o la lejanía que toma el Estado de determinados aspectos como: mantenimiento de infraestructura, regulación y control ambiental, etc., está vinculado con la coproducción de escenarios que ponen de manifiesto la alianza con grupos y élites económicas. La creación de escenarios de crisis, encuadramientos, incluso de distintas formas de violencia, muestra la multiplicidad de técnicas y dispositivos que circundan el quehacer estatal.²¹

Finalmente, es preciso puntualizar que si bien determinados abordajes sugieren que “El estado debe analizarse como efecto estructural; es decir, no como una estructura real, sino como el poderoso y aparentemente metafísico efecto de las prácticas que hacen que dichas estructuras parezcan existir” (^{Mitchell, 2015: 172}), consideramos que al mismo tiempo constituye un aparato burocrático e institucional (sistema-Estado) (^{Abrams, 2015}) que como se ha mostrado, es proclive a mudanzas en función de la actualización de las formas ideológicas de gobernar. De esta manera, el Estado se muestra en múltiples formas, instancias y escalas (Vianna y Lowenkron, 2017) que coexisten y que se actualizan constantemente producto del ejercicio del poder soberano del Estado.

La minería ilegal en la provincia del Napo: ¿dónde está el Estado?

En esta sección, mediante el análisis de diversas fuentes documentales, testimonios y declaraciones de servidores públicos sobre un caso público relacionado con minería ilegal de oro (aluvial) ocurrido en febrero del año 2022 en la comunidad Yutzupino, provincia del Napo (Amazonía ecuatoriana), mostramos el dinamismo del Estado en espacios periféricos y las estrategias de legitimación usadas para evadir la responsabilidad e implicaciones sociales y ambientales relacionadas con el avance de la minería legal e ilegal; la coproducción de zonas de sacrificio es vista como una consecuencia de las prácticas gubernamentales.

Estos acontecimientos se desarrollaron entre los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, por lo que su temporalidad muestra cómo aparece el Estado en dos periodos distintos.

Aunque el hecho citado ocurrió en el año 2022, cabe mencionar que los impactos de la minería legal e ilegal en Napo son de larga data, su escalamiento comienza aproximadamente entre los años 2000 y 2003 (^{Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador [CGCE], 2021}). Sin embargo, fue apenas en el año 2009 cuando se emitió una nueva Ley de Minería con la que el Estado se propuso regular y controlar el desarrollo de la minería en Ecuador. Es preciso mencionar que hasta el año 2016 la pequeña y gran minería no experimentaron un gran crecimiento (con excepción de la minería artesanal) y el Estado no otorgó nuevas concesiones mineras; incluso, en 2018 el catastro minero fue cerrado (^{Estupiñán et al., 2021}; ^{Almeida, 2019}).²²

Es así como, según ^{Ecociencia (2024)}, basados en un análisis de sistemas de información geográfica, la intensificación de las actividades mineras y sus impactos en la Amazonía ecuatoriana se intensificaron sólo a partir de 2016. Según ^{Paz (2023)}, en función de reportes del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia, para 2023 “la minería tanto legal como ilegal aumentó un 300% en Napo, comparado con lo registrado en 2015”.²³

Así, aunque el caso de Yutzupino aconteció en 2022, el avance de la minería ilegal aluvial de oro en la provincia del Napo escaló progresivamente desde aproximadamente el año 2020. Según el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, en una inspección a este territorio realizada en 2020 por organizaciones sociales como: Napo Resiste, Napo Ama la Vida, la Defensoría del Pueblo, la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo y medios de comunicación, desde 2020 ya se evidenciaban una serie de impactos socioambientales en la provincia del Napo (^{CGCE, 2021}).

Las evidencias cartográficas, fotográficas y testimonia-les recabadas por el CGCE en Yutzupino y en comunidades cercanas resaltaban múltiples impactos socioambientales, la “ausencia de control estatal”, actividades mineras desarrollándose sin ningún tipo de manejo técnico y actividades ilegales; estos hechos eran de conocimiento público (^{CGCE, 2021}), y aunque eran conocidos por el Estado, los conflictos socioambientales en 2020 aún no producían una alta conflictividad como la que se generaría en 2022, cuando se mostró la “gran trama de la minería ilegal”. En un informe generado por el ^{CGCE (2021)} se resaltan algunos elementos clave para comprender la presencia y agencia gubernamental en estos sitios:

Estos impactos ambientales se diversifican y las afectaciones se expanden junto con el recorrido del agua. […] podemos observar la gran cantidad de impactos de la minería dentro del área visitada el 17 de octubre de la ruta Moretecocha, Río Anzu y Puerto Napo como la contaminación por ruido, contaminación del suelo presente en diversos espacios, contaminación del agua y piscina de residuos, […]. Preocupa en gran medida la identificación de varias zonas de minería ilegal que se ejecutan en áreas concesionadas a otras empresas, […], por lo mismo cuestionamos la manera en que la actividad minera ilegal se ejecuta en zonas concesionadas por el Estado de manera legal, y las inconsistencias en el control a la minería legal (^{CGCE, 2021}).

Alertas como éstas daban cuenta que la minería ilegal estaba intensificándose, pero a la vez exponía cómo el Estado desde su aparente ausencia permitía que estas actividades siguieran desarrollándose; resalta que las actividades consideradas como ilegales estaban desarrollándose dentro de concesiones mineras legales. Desde aproximadamente el año 2020, era público que en la provincia del Napo se desarrollaban actividades de minería ilegal y que la minería legal generaba graves impactos.

Pero fue sólo hasta 2022 que se mostró la multiplicidad de actores asociados en este territorio, población a favor y en contra de la minería, colectivos sociales en contra de la minería, empresas mineras legales, empresas subcontratistas vinculadas con la actividad minera, población dedicada a la agricultura y ganadería, empresas dedicadas al turismo y mineros ilegales, éstos fueron sólo algunos de los actores que en este primer momento pudieron verse con claridad (^{CGCE, 2021: 26}). Aunque resalta el hecho particular, dentro de los reclamos de los actores sociales la idea de ausencia del Estado era bastante común.

La idea de ausencia del Estado se vería reforzada de forma más evidente en febrero de 2022, cuando “el colectivo ‘Napo ama la vida’ identificó, a través de sobrevuelos con drones, al menos 100 retroexcavadoras y unas 2,000 personas removiendo el suelo del río Yutzupino” (Alvarado, 2022), esto generó un impacto nacional cuando diversos medios de comunicación hacían eco de una catástrofe ambiental provocada por la minería ilegal.²⁴

Según el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos, en un informe realizado por las ONG Amazon Conservation Association (ACA) y Conservación Amazónica (ACCA), en 2022 en la comunidad Yutzupino existió un rápida expansión de la minería ilegal: de una afectación correspondiente a una hectárea para octubre de 2021, pasarían a ser 70 hectáreas en febrero de 2022; algunas intervenciones previas de las instituciones estales darían cuenta de esta actividad (^{Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos, 2022}); sin embargo, no hubo ninguna medida para evitar esta catástrofe socioambiental.

Dada la exposición de medios de comunicación y redes sociales, la respuesta del Gobierno fue un operativo militar denominado “Operativo Manatí”, ejecutado en febrero de 2022 (Alvarado, 2022), en esta intervención de la fuerza policial-militar y múltiples instituciones públicas se confiscó maquinaria minera y se militarizó la comunidad para detener el avance de la minería ilegal.

Representantes del Estado después de ejecutar este operativo militar respondían a la coyuntura política y mediática de la siguiente manera:

Vela [ministra del Interior, Alexandra Vela] dijo que el objetivo del Gobierno es eliminar la explotación ilegal. “Aquí hay una actividad empresarial equivalente al narcotráfico”, sentenció, y añadió que las acciones estatales no eran tardías. “En la intervención no ha habido ninguna demora”, aseguró la funcionaria. Más adelante reconoció que las autoridades estatales conocían de estas actividades desde octubre de 2021 y que desde entonces se habrían iniciado investigaciones en conjunto con la Fiscalía. Sin embargo, dijo que el ‘Operativo Manatí’ no pudo llevarse a cabo antes “porque las comunidades utilizaron a los niños y a las mujeres, y en algunos casos a los ancianos como escudos para impedir el trabajo de la Policía Nacional”. Vela también advirtió problemas al solicitar la intervención de los jueces. “No tenemos el respaldo de la Judicatura ubicada en la provincia del Napo […] y eso retrasa los procesos de intervención”, reclamó. Según la representante del Gobierno, estos obstáculos habrían impedido que este operativo hallara a los mineros en delito flagrante, pues hubo “fugas de información” (Alvarado, 2022).

Lo manifestado por la ministra Alexandra Vela mostró un aspecto particular, y es que, sustentados en narrativas asociadas al narcotráfico, ilegalidad e incluso responsabilizando a los pobladores locales, el Estado se distanció (forma de gobernar) de la responsabilidad de las consecuencias ocurridas en Yutzupino.

Es preciso resaltar que según la noción tradicional del Estado moderno, la figura de la ley corresponde “[…] a la creación de límites entre aquellas prácticas y espacios que eran vistos como parte del Estado y aquellos que quedaban excluidos de él” (Das y Poole, 2008: 23). Es así como la legalidad e ilegalidad son instancias que definen los límites claros del Estado, pero en este caso, como exponen las narrativas gubernamentales, la “ley” es usada para catalogar a estos territorios como espacios fuera de la ley y lejos del alcance estatal.

Esto permite a los agentes gubernamentales crear una aparente ausencia de responsabilidad en el escalamiento de problemas como la minería ilegal. Como mostramos en los pasajes posteriores, esos límites se desvanecen cuando analizamos el avance del neoextractivismo y las prácticas que circulan en espacios periféricos donde prolifera la ilegalidad; sitios considerados como espacios de desorden (Das y Poole, 2008).

Así, consideramos que la sensación de ausencia que incluso es interiorizada por las poblaciones y actores sociales, es una frontera que la noción de Estado crea en rela-ción con lo que está dentro y fuera de la ley (Das y Poole, 2008), generando una especie de “opacidad” de las prácticas gubernamentales (^{Magalhães-Freire, 2019: 359}). Para este fin, la ley cumple un rol fundamental para definir lo que está dentro o fuera de la responsabilidad del Estado (Das y Poole, 2008), las actividades ilegales serán una “actividad empresarial equivalente al narcotráfico” y este territorio un sitio afín a la minería ilegal.

Algunos testimonios expuestos en un reportaje investigativo realizado en 2023 por el medio digital Mullu, muestran algunas particularidades respecto de la opacidad estatal en Yutzupino:

Después del operativo [O. Manatí], este lugar ha sido abandonado, desolado de las autoridades y ahora como ustedes ven está totalmente desabastecido, todo destruido. Nunca ha habido que alguna autoridad venga o alguna empresa venga a decir “vamos a hacer una reforestación”, aquí no ha venido ninguna autoridad (^{Mullu, 2023}).

El operativo Manatí fue un completo fracaso, lo único bueno que obtuvimos […] del operativo Manatí fue que se paralice la destrucción que se venía realizándose durante 24 horas […]. Pero […], si nosotros ponemos todo en una balanza, todo lo sucedido, se movilizaron más de 1,500 efectivos entre policías y militares y lo único que tenemos son 148 excavadoras que se encuentran incautadas a espera de un pronunciamiento judicial. A mi criterio, vamos a llegar a cumplir dos años, que es el tiempo que le otorga la ley a la fiscalía para que formule cargos o termine una investigación previa y no vamos a tener responsables directos de lo que sucedió en Yutzupino (^{Mullu, 2023}).

Activistas […] aseguran que la operación de Terraearth [Empresa] se divide en dos modalidades. Una que se basaría en el reclutamiento de mineros ilegales para operar en territorios donde no tiene licencias ambientales, como en Yutzupino, Ceibo y Silverio Andi. La otra modalidad sería arrendar o invadir terrenos para la extracción de oro y al finalizar su operación no se responsabiliza de las acciones de reparación (^{Mullu, 2023}).

Además de los testimonios citados, el medio digital Mullu muestra una serie de relatos que describen cómo la minería legal e ilegal en Napo venía actuando hasta 2022, este escenario se caracterizaba por un ensamble de actores y modalidades donde estaban inmersos agentes gubernamentales, autoridades locales, narcotráfico, crimen organizado, mineros ilegales y miembros de las comunidades con diversos roles.

La trama no se detiene ahí, “Según informes de prensa y los colectivos denunciantes, […], parte de la maquinaria incautada pertenece a autoridades locales y nacionales” (CGCR, 2023). En publicaciones de medios de comunicación como La Hora los agentes gubernamentales mencionaban que:

El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, declaró, dentro de una investigación del portal web Código Vidrio que “tiene una lista de al menos cinco funcionarios y exfuncionarios de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables que están involucrados en actos de corrupción en procesos de verificación de minería” (^{La Hora, 2023}).

Asimismo, en diversas diligencias legales (acción de protección) de grupos sociales generadas por la problemática surgida en Yutzupino, resaltan testimonios como: “La mayoría de operadores mineros son dueños de concesiones, pero hacen minería ilegal”, o “Los dueños de las concesiones explotan ilegalmente el oro para no pasar por procesos de consulta previa” (Alvarado, 2022).

En el fondo, este ensamble de actores muestra a Yutzupino como un espacio que aparentemente gozaba “de cierta inmunidad jurídica precisamente porque están configuradas como existiendo por fuera o con anterioridad a la ley” (Das y Poole, 2008: 30). Este hecho sirvió como un mecanismo para justificar la actuación de las instituciones del Estado; sin embargo, si ponemos atención a las prácticas gubernamentales, evidenciamos cómo el Estado se torna intencionalmente ambiguo para reducir el cuestionamiento político, legal y social.

Esta sensación de ausencia estatal es comúnmente interiorizada por las poblaciones locales; la convivencia cotidiana con múltiples impactos socioambientales refuerza la sensación de ineficiencia del control y seguimiento ambiental por las instituciones del Estado.

Sin embargo, como mostramos en secciones previas, los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa mediante diversas prácticas gubernamentales, llámense leyes, decretos, consultas populares y acuerdos ministeriales, impulsaron el neoextractivismo minero en Ecuador. De este modo, la aparente ausencia estatal aparece como un efecto creado por las formas de gobernar liberal posicionadas a partir de 2017.

Según la Contraloría General del Estado, desde 2018 era de conocimiento de las instituciones estatales que muchas de las concesiones mineras (legales) de este territorio funcionaban sin permisos ni regularización ambiental, diversos procesos administrativos de las instituciones estatales (informes técnicos, comunicaciones, etc.,) exponían los problemas sociales y ambientales provocados por las actividades mineras; sin embargo, el Estado decidió no actuar (^{CGE, 2023}).

La Contraloría identificó procesos como: incumplimiento de disposiciones, delegación de competencias institucionales y facultades sancionatorias, ausencia de seguimiento y control, ralentización en los procesos, inobservancia de la legislación ambiental, entre otros (^{CGE, 2023}).²⁵ Este hecho no hace más que confirmar que el Estado no estaba interesado en atender estos problemas públicos, pero al mismo tiempo desarrollaba procesos para impulsar la minería.

Por esta forma de gerenciamiento de los problemas públicos en materia ambiental, procesos judiciales encaminados por actores de la sociedad civil obtuvieron sentencias judiciales que determinaron “la responsabilidad de las autoridades de control de no velar por el transparente otorgamiento de licencias [permiso ambiental] ni exigir las reparaciones ambientales”, es así como se determinó la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos de los ciudadanos y la naturaleza; esto desembocó en dictámenes que ordenaron ejecutar procesos de reparación ambiental (^{Código Vidrio-Vistazo, 2023}; ^{Mongabay, 2023}).

Basados en el abordaje planteado por ^{Magalhães-Freire (2019)}, podemos observar que estas formas de gerenciamiento evidencian formas que coproducen escenarios de crisis o en este caso de ilegalidad. Asimismo, es común observar que el Estado muestre una aparente ausencia de fuentes de financiación o ambiguas competencias institucionales que justifican una serie de inacciones o el incumplimiento de las órdenes judiciales. Así es como una serie de formas de gerenciamiento controlan el “ritmo de gestión” del atendimiento de la ilegalidad o del control y seguimiento ambiental.²⁶

La realidad de los territorios amazónicos permite observar la correspondencia entre formas de gobernar y la coproducción estatal de territorios en los cuales la ilegalidad y determinados modelos de desarrollo se intensifican.

De este modo, el contexto descrito expone algunos aspectos importantes para comprender cómo eso que llamamos Estado es experimentado y aparece en los sitios considerados márgenes. La primera, es experimentada como ausente en su forma institucional, provocando una supuesta ilegibilidad de las prácticas que impulsan la minería, esto torna al Estado silencioso, intangible y lejos de responsabilidad de las consecuencias socioambientales.

La segunda, como un cúmulo de actores vinculados con la propia ilegalidad, incluido el Estado, aunque el Estado se torna legible en la dinámica ilegal frente a la ley existe una ambigüedad que torna confusos e indefinidos a los agentes y prácticas gubernamentales. Finalmente, la inoperancia estatal es una práctica común asociada con el avance del neoextractivismo, y es que, las alertas expuestas por los colectivos sociales, las inspecciones realizadas por técnicos de las instituciones estatales, la información de auditorías como la realizada por la CGE y las acciones de protección encaminadas por colectivos sociales, muestran la no intencionalidad del Estado para gestionar los problemas del modelo de desarrollo neoextractivo.

Es así como el Estado “está constantemente siendo experimentado y deconstruido mediante la ilegibilidad de sus propias prácticas, documentos y palabras” (Das y Poole, 2008: 25). Los márgenes considerados como sitios que gozan de cierta inmunidad jurídica y que existen por fuera de la ley, parecen ser elementos centrales de los efectos y prácticas del Estado.

Consideraciones finales

Después de exponer el caso de Yutzupino, creemos importante puntualizar tres aspectos. El primero, la idea de ausencia del Estado o lo que algunos abordajes llaman la “desterritorialización del Estado”, para hacer referencia a la desatención estatal de las demandas sociales (^{Vallejo y Quizhpe, 2023: 185}) es el resultado de una opacidad (^{Magalhães-Freire, 2019: 359}) que oculta las prácticas gubernamentales materializadas en políticas públicas, leyes, decretos, acuerdos ministeriales y decisiones políticas, así como formas de coproducir territorios. La intencionalidad por desarrollar el neoextractivismo muestra técnicas neoliberales neocoloniales que dotan al Estado de cierta ilegibilidad.

De este modo, un efecto del Estado (^{Abrams, 2015}) será intencionalmente estar aparentemente ausente y lejano de determinados territorios (márgenes). Generalmente esta práctica o forma de ejercer el poder es legitimada a través de la movilización de múltiples encuadramientos, narrativas y el uso de la ley.

El segundo, el avance del neoextractivismo no es un hecho aislado en Ecuador, según el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador (2023), el país atraviesa históricamente una serie de conflictos por la expansión del neoextractivismo y sus impactos socioambientales. Aunque ha sido en los últimos años cuando ha sido evidente el surgimiento de una multiplicidad de enclaves mineros ilegales que funcionan en los espacios de frontera (^{Rivera y Bravo, 2023}); es así como la minería (ilegal como legal) en la Amazonia ecuatoriana experimentó entre el año 2021 y 2022 un incremento de 578% (^{Tarazona, 2023}); en 2023, en provincias como Napo la actividad minera se cuadruplicó, de 185 hectáreas en el año 2022 a 783 hectáreas en 2023, 90% de esta actividad sería ilegal (^{Tarazona, 2024}). Para la fecha que se escribe este artículo por pedido de diversos colectivos sociales amazónicos, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en 2024 una resolución que exhorta al Gobierno de Daniel Noboa a declarar la emergencia ambiental en la Amazonía principalmente por la degradación ambiental propia del avance del neoextractivismo minero.

La opacidad, inoperancia o negligencia de las prácticas y formas de gobernar “no pueden ser leídas en la clave de simple omisión” (^{Magalhães-Freire, 2019: 54}),²⁷ como hemos mostrado, la gestión de los impactos del neoextractivismo, el despojo territorial, el aumento de la violencia y la intensificación de los conflictos socioambientales están relacionados con una forma actualizada de gestión de los territorios y los problemas públicos. Esta agencia debe ser leída como una práctica que impulsa la exposición a la contaminación y la destrucción de la naturaleza; un ejercicio de matar (^{Magalhães-Freire, 2019}).²⁸

Y es que consideramos que estas prácticas sustentadas en el derecho soberano del Estado se basan en la “capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir” (^{Mbembe, 2018: 5}).²⁹ Esta tipología de agencia gubernamental parece ser un arquetipo biopolítico direccionado a las poblaciones ubicadas en zonas subalternizadas (zonas de sacrificio) en donde la naturaleza y sus formas de vida son las expuestas a la contaminación; un modelo de necrogobernanza socioambiental basada en formas de gobernar de carácter liberal.

De este modo, este hecho no sólo muestra una forma de necropolítica y necropoder asociados a la creación de “nuevas formas y únicas de existencia social” con condiciones de vida marginalizadas (^{Mbembe, 2016: 146}) y la “capacidad de definir quién importa y quién no importa” (^{Mbembe, 2016: 135}), muestra también “un modo de gestión que tiene el objetivo último de hacer que parte de la población muera por medio de una precarización constante que compromete e inviabiliza sus posibilidades de vida” (^{Magalhães-Freire, 2019: 322}),³⁰ un modo de exposición a la muerte a través de la degradación de la vida y la naturaleza en pro del avance neoextractivo. Así, éstas no son únicamente situaciones extremas de mal desarrollo e injusticia ambiental, sino espacios donde el verdadero rostro del ejercicio del poder se torna evidente, el poder de decidir quién debe morir y quién debe vivir (humanos y no humanos).

Finalmente, el ensamble de actores asociados a la minería ilegal en Napo resalta que los márgenes del Estado funcionan en una trama de múltiples relaciones y actores (Estado, mafias mineras, narcotráfico, población, etc.) que coexisten y son partícipes de la ilegalidad, violencia, corrupción y agencia gubernamental. Si bien a simple vista éstos parecerían ser espacios donde el Estado no ha podido instaurar orden (Das y Poole, 2008), las relaciones expuestas muestran lo imbricadas que están todas estas dimensiones.

Hemos procurado mostrar la presencia engañosa del Estado moderno respecto al avance del neoextractivismo legal e ilegal, y aunque quedan muchos aspectos por analizar, esperamos que este trabajo impulse la discusión sobre el Estado, sus prácticas, agencia y sus efectos como un punto fundamental para comprender el ejercicio del poder y el avance del neoextractivismo en Latinoamérica.