Introducción

Analizar las elecciones federales intermedias de 2021 en México amerita, por lo menos, un breve marco de referencia en relación con lo que ha sucedido en el país en los últimos años respecto del proceso de construcción de la democracia electoral y su funcionamiento, los humores públicos y el comportamiento electoral de la ciudadanía frente a ese proceso y, en general, de cara al complejo escenario político, social y económico que experimenta México. Además, importa revisar los cambios que se han derivado de todo ello, a partir, fundamentalmente, de los resultados que se presentaron en los comicios de 2018, que modificaron sustancialmente el mapa electoral mexicano y el sistema de partidos que se había construido desde el ya lejano 1988.

Así, pues, el México político electoral partidista que emergió de las elecciones presidenciales de 2018 es distinto, es otro país, con un nuevo acomodo político, con nuevas representaciones y una distribución distinta del poder gubernamental. El México anterior a julio de 2018 se caracterizaba por la presencia de tres grandes partidos políticos: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), acompañados de otros partidos menores. Era una realidad política donde el sistema electoral y de partidos había surgido como consecuencia de las históricas, competidas y muy polémicas elecciones de 1988.

En efecto, con los comicios de aquel año inició una nueva etapa política para el país. La hegemonía impuesta por el priismo se derrumbó, y muy pronto emergieron nuevas fuerzas partidistas capaces de competir con posibilidades de éxito en comicios federales, tanto para la renovación del Congreso de la Unión como para la presidencia de la República. En 1988 surgieron nuevas reglas y prácticas que contribuyeron a construir un ambiente propicio para el impulso de una incipiente democracia procedimental. A partir de entonces -y durante tres décadas- el escenario electoral mexicano fue un campo de disputa por los puestos de representación, primordialmente, entre tres partidos nacionales,¹ con alternancias en presidencias municipales, en gubernaturas, con recambios en legislaturas locales y en las dos cámaras del Congreso, incluso en la presidencia de la República. Podría decirse que los comicios giraban en torno a la órbita de estas tres fuerzas políticas. Pero eso cambió sorpresivamente en 2018 por un acentuado realineamiento electoral y partidista (^{Torres-Ruiz, 2021, 118}).

Ese año, como resultado, entre otros factores, de un fuerte malestar ciudadano por el desenvolvimiento político-gubernamental de los tres grandes partidos, apareció fortalecida la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una nueva formación política fundada en julio de 2014, que alcanzó una contundente victoria en los comicios y derrotó a los otrora partidos mayoritarios. Después de los comicios de 2018, PRI, PAN y PRD se quedaron en una situación muy comprometida, que los obligaba a recomponer el camino, a realizar un esfuerzo para reconstituirse y fortalecerse. La elección de 2018 era una invitación a enmendar los errores que los distanciaron del grueso de la ciudadanía. El año 2021 sirvió para recomponer en parte esa situación, aunque los resultados obtenidos por estos tres partidos no fueron tan satisfactorios como algunos han sostenido. Su rendimiento posterior tampoco es nada óptimo.

Ahora bien, el propósito central de este trabajo es analizar y entender la participación y los resultados alcanzados por las dos coaliciones electorales “Va por México” y “Juntos Hacemos Historia” en las elecciones intermedias federales que tuvieron lugar el 6 de junio de 2021, para lo cual plantearemos algunos antecedentes político-electorales nacionales que permitirán comprender con mayor claridad lo sucedido. El presente es un estudio de caso, descriptivo y de actualidad, para cuyo desarrollo me apoyo en material hemerográfico. Al mismo tiempo, llevo a cabo algunas precisiones conceptuales y refiero bibliografía especializada. Para lograr estos objetivos divido el artículo en una introducción, un segundo apartado en el cual propongo un breve marco conceptual, y un tercer apartado para desarrollar el contexto político nacional que generó los nutrientes del descontento ciudadano. En la cuarta parte abordo y desarrollo cómo se dieron las elecciones de 2021 y por qué razones se integraron las coaliciones en disputa. En la quinta parte expongo y analizo los resultados de la contienda electoral, para dar paso en el sexto apartado al análisis de los posibles efectos electorales para los partidos coaligados y sus perspectivas. El texto finaliza con unas conclusiones.

Breve marco conceptual sobre elecciones, partidos y alianzas electorales

La metamorfosis de un régimen político es claramente perceptible, sobre todo en el terreno de la lucha partidaria y la competencia por el acceso al poder mediante elecciones, cuando la esfera electoral se amplía, se pluraliza, y los derechos civiles y políticos ciudadanos se fortalecen y pueden ejercerse de manera mucho más efectiva que antes, confiando en que el sufragio universal se respetará y será protegido por un conjunto de leyes, instituciones y autoridades. A partir de ese momento los distintos partidos y las organizaciones políticas de oposición emergentes pueden competir, cada vez con mayor equidad, por los puestos de gobierno, en el poder ejecutivo federal, en el legislativo y en otros niveles de gobierno.

De acuerdo con Whitehead, “…el término régimen político denota un conjunto definido de instituciones y de las reglas del juego que regulan el acceso a los puestos de autoridad pública y sus ventajas en una sociedad determinada” (^{Whitehead, 2006, 120-121}). Estas instituciones y reglas delimitan y regulan las elecciones, que son el mecanismo que permite a los competidores por el poder acceder a puestos de elección popular revestidos de una auténtica representación (legitimidad de origen), bajo la premisa de que solo aquellos que son elegidos pueden ser considerados como representantes de los ciudadanos. Así, las elecciones cumplen, al menos, dos funciones indispensables: “legitimar el poder identificando al pueblo con sus gobernantes y asegurar eventualmente el reemplazo tranquilo de esos mismos gobernantes” (^{Hermet, 1992, 43}).

De este modo, las elecciones “dan instrucciones a los representantes para que hagan lo que los ciudadanos harían si estuvieran en ese cargo” (^{Przeworski, 2018, 37}). Este mismo autor señala:

La plausibilidad de la creencia en que las elecciones expresan un consentimiento activo del individuo depende, claro está, de si las personas tienen una posibilidad real de elegir gobiernos, y lo que es más importante, si son capaces de remover a quienes están en el poder mediante su voto. Pero lo que también importa es lo que está en juego en una elección, su consecuencia con respecto a las políticas de los gobiernos elegidos (^{Przeworski, 2018, 40}).

Lo que esto último significa es que no solo importa que los ciudadanos puedan votar y designar mediante elecciones a quienes deberán gobernar, sino que también tengan la posibilidad de decidir mediante el sufragio cuáles son los temas relevantes, los asuntos y problemas que deben ser atendidos y, principalmente, cómo han de gobernar quienes resulten electos. En otras palabras -tal como reflexiona ^{Bobbio (1999, 35)}-, una vez garantizado el sufragio universal en una sociedad, lo que debe hacerse no es preguntar ¿quién vota?, sino ¿sobre qué temas se puede votar? Siendo así, debemos, entonces, considerar que la “democracia se caracteriza no solo por cómo se instituye el poder y por la finalidad de su acción, sino también por cómo se ejerce” (^{Todorov, 2014, 13}). O, dicho de otro modo: “…el apoyo popular a la democracia depende en gran medida del desempeño del gobierno” (^{Colomer y Beale, 2021, 12}).

En un sentido que refuerza lo anterior, podemos considerar que las elecciones libres son también “…aquellas en que el cuerpo electoral no está diseñado ‘a la medida’ por el poder o por los notables locales, en que los electores no se sienten amenazados cuando depositan sus papeletas y donde los resultados oficiales corresponden verdaderamente, salvo errores mínimos o distorsiones puramente locales, a los sufragios emitidos” (^{Hermet, 1992, 23}).

Por otro lado, hay que señalar que los partidos son instituciones que compiten en las elecciones para, según nos recuerda ^{Von Beyme (1986)}, encargarse de cumplir con la función primordial de agregación de intereses, que les permitirá captar y sintetizar las demandas sociales para procesarlas, articularlas y canalizarlas debidamente (mediante la elaboración de programas o políticas públicas) a partir de los principios ideológicos de los propios partidos. Es decir, la ideología debe contar en los partidos políticos como plataforma para construir e impulsar propuestas en los campos político, económico o social. En la actualidad, claramente, esto se presenta cada vez con menos frecuencia tanto en México como en algunos otros países, lo que constituye, en efecto, la crisis de representación. Esto es, en nuestros días los partidos

…defienden sus propios intereses en mayor medida que los intereses de los ciudadanos que dicen representar; actúan en muchos casos como una élite extractiva que captura rentas sin crear riqueza, que impide un sistema institucional inclusivo y que abomina de toda innovación económica o política que genere nuevos núcleos de poder alternativos; desconfían de la participación directa del ciudadano porque, alegan, saca la representación del parlamento a la calle; tienden al populismo abandonando los referentes ideológicos; invaden la sociedad civil y monopolizan el poder en todas las instituciones del Estado… (^{Ramírez, 2014, 243-244}).

Ahora bien, por su parte, las alianzas electorales -integradas en México en los comicios de 2021, y que llevan tiempo acompañando el acontecer político nacional- se definen en la literatura especializada como un “conjunto de partidos que no compiten de forma independiente en una elección, ya sea porque acuerdan públicamente coordinar sus campañas, presentar candidatos o planillas de manera conjunta, o gobernar unidos después de la elección” (^{Golder, 2005, 652}). Otra forma de conceptualizar las alianzas es como “un grupo de partidos que coordinan sus fuerzas detrás de un candidato (o candidatos) común con el objetivo de obtener un desempeño electoral cuantitativa y cualitativamente superior del que obtendrían compitiendo individualmente” (^{Reynoso, 2010, 114}).

Además, las alianzas pueden clasificarse por tener o no aproximación ideológica entre los partidos que las integran, y por su posición en el juego electoral. Es decir, están aquellas alianzas que comparten principios y una afinidad ideológica clara, y otras que más bien se caracterizan por ser pragmáticas (o contra natura). También están las alianzas que se definen porque son oficialistas (ocupan puestos en el gobierno), o bien son retadoras (se encuentran en la oposición) (^{Espinosa y Camacho, 2020, 171-172}). Estos tipos de alianzas se han presentado en diversas contiendas electorales que México ha experimentado desde hace varios años. En los comicios legislativos intermedios de 2021 esto no fue la excepción, como mostraré más adelante.

Algo de contexto: los nutrientes del descontento ciudadano

Buena parte de lo que explica el profundo malestar ciudadano, su condicionamiento, lo encontramos en el hecho de que la democracia electoral y la justicia social no corren en una misma dirección, aunque debieran ser complementarias. Como ocurrió en diversas latitudes del mundo, la crisis estatal en general, así como la mexicana, obedeció a la imposibilidad del neoliberalismo, como modelo económico, de cumplir sus promesas de desarrollo, crecimiento económico, estabilidad, mejor distribución de la riqueza y modernización. A la par, se presentó un proceso de creciente debilitamiento de las instituciones democráticas que se ha expresado en la insatisfacción de la ciudadanía hacia el funcionamiento de la democracia representativa como forma de gobierno (^{Galli, 2013}).

En México estos dos aspectos de la vida pública -democracia y justicia social- se han bifurcado de manera clara y alarmante con el cambio de modelo económico implementado desde inicios de la octava década del siglo XX. Los años ochenta, noventa y dos mil han sido una larga historia de desencuentros entre gobiernos y ciudadanía, de decisiones gubernamentales poco afortunadas, de un crecimiento sensible de la pobreza y la desigualdad, más una aparición bárbara e incontenible de la violencia en casi todo el territorio nacional y, en paralelo a todo ello, el desdibujamiento y el agotamiento de la democracia liberal.

Este proceso se comenzó a experimentar en México durante los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012); pero bajo la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se incrementó aún más este deterioro, y se dieron más continuidades a las precariedades que soluciones en relación con los problemas que el país venía experimentando de tiempo atrás. Esta situación la resintió la ciudadanía y decidió retirarle la confianza al PRI después de habérsela otorgado en 2012. El viejo partido de Estado no cumplió con las expectativas que despertó entre los ciudadanos. El panorama político, social y económico del país se complicó. La pobreza y las desigualdades sociales que han sido provocadas por varios años de neoliberalismo no se corrigieron, incluso se incrementaron.

En lo referente a la violencia, Peña Nieto superó las cifras de su antecesor, Felipe Calderón, ya que en la administración panista se cometieron 102,859 homicidios dolosos, mientras que en la del priista fueron 125,508. La suma de homicidios cometidos en los dos sexenios es aterradora: 228,367 personas asesinadas, cifras muy similares a las que arroja una guerra convencional. Este periodo ha sido, por mucho, el más violento desde la Revolución Mexicana, y alcanzó su máximo histórico bajo el gobierno de Peña Nieto. Asimismo, en este lapso los secuestros, las extorsiones y los feminicidios aumentaron.

Por lo demás, durante la administración peñista se dieron varios episodios de violaciones graves a los derechos humanos, como lo sucedido en Chalchihuapan, Tlatlaya, Apatzingán, Ostula, Tanhuato y Nochixtlán. En todos estos casos el Estado mexicano actuó con fuerza desproporcionada y sin el menor cuidado a los derechos humanos. Ayotzinapa es un caso aparte. Sobrecogedor. A nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa aún no sabemos qué ocurrió a ciencia cierta; pero, sin duda, los efectos de esos hechos, que “fueron crímenes de Estado y que podrían configurar crímenes de lesa humanidad” (^{Fazio, 2016, 349}), han sido enormes en la sociedad mexicana.

Por otra parte, la corrupción se convirtió en el factor que mayor descontento generó entre la ciudadanía. Los priistas cometieron excesos; su codicia y su rapacería fueron desmedidas. Los casos en esta materia fueron demasiados y muy visibles; ahí tenemos “La Casa Blanca” de Peña Nieto y las ilegalidades de los distintos gobernadores priistas, que provenían del llamado “nuevo PRI”, quienes fueron señalados por cometer diversos delitos. O cómo olvidar los casos de Odebrecht y la “Estafa Maestra”. Todos estos hechos llevaron a la ciudadanía a tener una elevada percepción de corrupción en México y generaron profunda indignación, hasta convertirse inclusive en un impedimento para la gobernabilidad del país.

Una causa más del declive electoral priista se debió al Pacto por México, un arreglo entre gobierno y partidos (PRI, PAN y PRD) a espaldas de la ciudadanía, un acomodo en la cúpula política, que al principio dio la impresión de que beneficiaría al PRI para permanecer en el poder más allá de la administración de Peña Nieto. La realidad fue otra. A partir de la segunda mitad del sexenio quedaron de manifiesto grandes deficiencias en la implementación de las políticas y programas derivados del pacto, así como las limitaciones de muchas de las propuestas contenidas en él. Ello dio al traste con el proyecto más ambicioso del presidente (sus reformas estructurales) y terminó convirtiéndose en un elemento más para que millones de mexicanos no votaran por el PRI. El Pacto por México también afectó la imagen del PAN y el PRD como oposiciones, y “creó una coyuntura única, de franco quiebre, muy propicia para el resurgimiento de una figura política como Andrés Manuel López Obrador” (^{Bravo, 2021}).

Conforme avanzaba su gestión, Peña Nieto fue perdiendo su condición de representativo (legitimidad de origen ganada con el voto). Muy pronto el presidente mostró su insolvencia para gobernar, lo que generó el desplome de su legitimidad, tanto de origen como derivada, que es la que se obtiene con el ejercicio correcto del poder y por cumplir con lo que de un gobernante se espera. De modo que las deficientes políticas en materia social, la corrupción galopante y el cinismo priista que la acompañaba, la violencia exacerbada, la violación de los derechos humanos y los pactos en “lo oscurito” fueron aspectos que repercutieron en el ánimo ciudadano de cara a la contienda electoral de 2018, y constituyeron los nutrientes del profundo descontento social que llevó a la derrota del PRI y a la victoria de AMLO.

Otro aspecto importante del mal funcionamiento de las democracias representativas que tanto malestar genera (y que en México se presenta de manera dramática) pasa por el distanciamiento de los partidos políticos de su base social y el descuido, o abandono de plano, de sus funciones tradicionales; esto es, el ser instituciones articuladoras de intereses y demandas sociales y ser el puente entre sociedad civil y Estado, fungir, pues, como canales de comunicación, o ser animadores de acciones sociales, de formación política, de creación de militancia a partir de cierta ideología y prácticas, de la construcción y propuesta de un proyecto político diferenciador que busque impulsar transformaciones sociales y políticas. Los partidos de ahora son electoralistas, pragmáticos, se han desdibujado ideológicamente y se han empobrecido en cuanto al discurso y el programa de acción se refiere.

Es este contexto el que permitió dejar atrás un largo periodo de 30 años donde tres partidos acapararon la mayoría de los votos ciudadanos, con cerca del 95%. El país experimentó en 2018 un realineamiento de los votantes, pues los consensos y posicionamientos ideológicos cambiaron y los sistemas de intereses de los diferentes sectores sociales se transformaron en parte a lo largo del sexenio peñista, y con ello generaron que los patrones de votación se modificaran y las bases electorales se redistribuyeran (^{Domínguez, 2017, 95}).

Después de la elección de 2018 lo que ha prevalecido es la confrontación entre los grupos políticos derrotados y un nuevo partido mayoritario: Morena, con el liderazgo de López Obrador. También ha predominado, en esta primera parte del sexenio obradorista, una oposición débil, sin rumbo claro, y extraviada en la ira y el desconcierto, en la vociferación y las descalificaciones sin sustento hacia el presidente de la República y su proyecto.

Al mismo tiempo, está presente en el país un fuerte respaldo popular hacia el titular del poder ejecutivo federal, lo que no había ocurrido durante largo tiempo en México. Es decir, normalmente los presidentes llegaban a mitad de su gobierno con apenas 30% o 40% de aceptación ciudadana. López Obrador, por el contrario, mantiene niveles de popularidad muy altos. Las encuestas lo ubicaban en mayo de 2021, poco antes de las elecciones, en un nivel promedio de 62% de aprobación contra 31% de desaprobación (^{Oraculus, 2021}).² Un nivel muy alto que habla de la confianza que aún existe entre ciertos sectores sociales hacia AMLO y su forma de gobernar.

Elecciones 2021 y las coaliciones en disputa

Las elecciones intermedias de 2021 tuvieron gran relevancia y fueron sumamente complejas porque eran las primeras elecciones federales tras la victoria contundente de un partido joven como Morena y la derrota de los que habían sido los partidos mayoritarios, y también porque eran los comicios más grandes de la historia, con 20,415 cargos de representación popular en disputa en 30 entidades de la República mexicana. Esto en sí representaba un gran reto, debido a que el país tenía, como el mundo entero, un inédito escenario de pandemia ocasionado por la covid-19, que significó un desafío de índole organizativo y técnico para el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, los comicios enfrentaban un escenario político complicado por la enorme violencia que se vive en diferentes latitudes del territorio mexicano y, también, por la gran polarización política y social experimentada a escala nacional.

Como reflejo de esa polarización, en estas elecciones se conformaron dos coaliciones electorales que, en esencia, fueron las que se disputaron el 95% de los votos. La primera de ellas fue la coalición “Va por México”, integrada, sorpresiva y paradójicamente, por antiguos y acérrimos rivales: PRI, PAN y PRD. La otra coalición fue “Juntos Hacemos Historia”, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Estos dos bloques políticos protagonizaron, de alguna manera, un episodio más de la trama que en México ha tenido lugar desde hace algunos años: un escenario político binario; es decir, compuesto por dos bandos radicalmente encontrados, contrapuestos, una escena donde se aprecia el rompimiento tajante entre dos visiones (o proyectos) de país (^{Torres-Ruiz, 2021, 140-142}).

Frente a la integración de la coalición opositora “Va por México”, una coalición contra natura, pragmática en exceso, debe uno preguntarse: ¿por qué se construyó? ¿Cómo fue posible que estas tres fuerzas políticas aparentemente tan distintas ideológicamente confluyeran en esta alianza? ¿Qué las hizo unirse cuando en años pasados estuvieron confrontadas y, en más de una ocasión, protagonizaron grandes desencuentros y disputas?

Para intentar responder estas preguntas habría que decir que los tres partidos, con toda seguridad, se sintieron fuertemente amenazados y en serio riesgo de perecer por la presencia y la fuerza política del grupo gobernante encabezado por Morena y, desde luego, por el obradorismo, que los derrotó con contundencia en 2018. Esto es, quizá PRI, PAN y PRD sacaron cuentas y pensaron que por separado cada uno de ellos no podría conservar su presencia electoral (su registro oficial), o bien, en un escenario menos catastrófico, creyeron que disminuirían de manera notable sus porcentajes de votación y, por tanto, sus prerrogativas y beneficios legales y financieros. Posiblemente esto pensaron, y por ello decidieron emprender la aventura de navegar juntos las elecciones de 2021.

Un dato duro, que muy posiblemente estimuló a estos tres partidos a unirse como una sola fuerza política de cara a los comicios intermedios en 177 de los 300 distritos electorales, fue que en enero de 2021 las encuestas daban al presidente López Obrador el 64% de aprobación entre la ciudadanía (^{Oraculus, 2021}), mientras que los partidos opositores tenían, en ese mismo momento, un apoyo de 8% el PAN, 5% el PRI y 1% el PRD, pero con un alto rechazo popular: PRI 39% y PAN 10%.

En este contexto, quizá es más fácil comprender que el PRI y el PAN se hayan hermanado. Al fin y al cabo, estos dos partidos políticos compartieron durante largo tiempo una misma perspectiva respecto del modelo económico, que los llevó a tener proyectos de país similares; es más, podríamos decir, recordando al historiador La Botz, que entre los grandes capitalistas y empresarios que controlaban el PAN desde mediados de los años ochenta (el neopanismo) y los tecnócratas que se habían apoderado del PRI por esas mismas épocas existían evidentes paralelismos que permitían a los grandes intereses financieros y económicos de México contar con dos partidos políticos a la vez (^{La Botz, 1995, 62}, citado en ^{Cockcroft, 2001, 353}). Quizá por esa razón, en 1990 Luis Sánchez Aguilar veía el inicio de un partido bicéfalo al que llamó PRIAN. A partir de ese momento, entre ciertos círculos intelectuales y críticos de la vida política nacional se comenzó a plantear la idea de un “bipartidismo de Estado”, que funcionaba con un partido de gobierno a la cabeza (el PRI), respaldado por un segundo “partido oficial” (el PAN) (^{Crespo, 1995, 88}).

Un elemento más a considerar referente a la cercanía del PRI y el PAN durante el periodo mexicano que podríamos denominar de reformas estructurales es que entre 1997 y 2012 la coalición legislativa -porque para efectos prácticos eso era- PRI-PAN, aprobó el 65% del total de las reformas constitucionales presentadas en el Congreso de la Unión. El PRD fue excluido sistemáticamente de las coaliciones ganadoras (^{Mayer-Serra, 2017, 25}). Esta exclusión seguramente se debió a las divergencias ideológicas entre estas fuerzas políticas. En este punto habría que decir que algunas de las leyes aprobadas durante el periodo referido fueron el soporte de los cambios estructurales que permitieron implementar, con sus enormes efectos dañinos sobre lo político y lo social, la instrumentación del modelo económico neoliberal en el país.

Es más, las diferencias ideológicas entre los tres principales partidos de antaño fueron analizadas y claramente consignadas en algunos estudios que comparaban sus plataformas electorales, véase, para estos efectos, ^{Johansson (2012)} o ^{Prud’homme (1998)}. Estos autores señalan, entre otras cosas, que existía una distancia ideológica significativa entre los principales partidos, por ejemplo, en materia económica, donde “las posiciones […] del PRD se encuentran ‘en los antípodas’ [sic] de las del PRI, mientras que el programa económico de este último ‘presenta similitudes’ con el del PAN” (^{Johansson, 2012, 58}; ver también ^{Prud’homme 1998, 88 y 91}).

Dicho lo anterior, habría que señalar que los partidos que la integraron llegaron en condiciones distintas a esta alianza de 2021. El PRD arribó muy debilitado, confundido y sin propuestas. Un partido que durante largo tiempo fue claramente de izquierda y caracterizado por una identidad, se presentó a la reyerta comicial precisamente sin identidad, sin referentes, ni rumbo claro, supeditado a una coalición encabezada por sus dos viejos y acérrimos rivales ideológicos: PRI y PAN. En efecto, el PRD, al experimentar un desdibujamiento ideológico y un extremo pragmatismo político, se convirtió en un partido bisagra. Este tipo de partidos son los “que giran o cambian sus posturas políticas e ideológicas y que también cambian de aliados. Es por ello que se le denomina así al partido que participa en coaliciones con fuerzas políticas de signo ideológico opuesto” (^{Bolívar, 2020, 43}).

Por su parte, el PAN y el PRI, aunque también enfrentaban una precaria situación, todavía conservaban buenas estructuras territoriales y tenían mayor número de seguidores que el PRD y mantenían una cierta identificación ideológica entre ambos. El PAN, en general, podríamos decir que fue el partido que mejor posicionado llegó a esta coalición, con un voto duro que demostró ser consistente con el pasado y una estructura que es muy sólida en determinas regiones del país, como veremos más adelante cuando abordemos los resultados de la elección. Mientras, el PRI integró la coalición bajo una situación de cierta fragilidad e incertidumbre (lo cual se corroboró a partir de los resultados electorales obtenidos en 2021), con una división interna fuerte, con ausencia de liderazgos y algunos de ellos, por cierto, con acusaciones de corrupción y que pueden ser sometidos a procesos judiciales en cualquier momento. Además, el Revolucionario Institucional ha perdido una base electoral amplia que se realineó con Morena.

La coalición “Va por México”, además de quedar integrada por PRI, PAN y PRD, fue acompañada y arropada, desde el principio, por un conjunto de organismos empresariales que se sentían afectados por la actual administración obradorista, o cuyos intereses, en efecto, se han visto comprometidos porque el gobierno actual ya no los protege ni les otorga privilegios, como ocurría en el pasado. El propósito central de esta contradictoria alianza entre posiciones de derecha, centro y una supuesta izquierda representada por el PRD, consistió, ya decíamos, en la supervivencia de estas tres fuerzas políticas, pero también en quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados al partido en el gobierno: Morena. Asociarse entre ellos también representaba para estos tres partidos poder competir frente al grupo gobernante, porque quizá yendo por separado tendrían menos posibilidades. Según los cálculos de estos partidos, se trataba de perder lo menos posible, conservar el registro y, en un escenario óptimo, aunque muy complicado, obtener la mayoría absoluta legislativa en la Cámara baja.

No obstante, la coalición opositora enfrentó un enorme problema: el gran descrédito que los tres partidos que la conformaron tenían entre importantes sectores del electorado, su mala imagen ante la ciudadanía, que los percibía como profundamente corruptos, como partidos que habían cometido excesos en el ejercicio del poder, que gobernaban para unos cuantos, que emprendían connivencias para conseguir beneficios y prebendas, privilegios. Estas percepciones no contribuyeron para que esta opción electoral avanzara de modo importante en las preferencias ciudadanas. Este rechazo ciudadano hacia los tres partidos tradicionales representó un handicap muy difícil de superar en 2021. No debe olvidarse que este déficit de respaldo popular y la pronunciada y amplia antipatía social frente a estos tres partidos fue lo que los llevó, en efecto, a ser categóricamente derrotados en los comicios presidenciales de 2018.

La problemática al interior de la coalición no era solo lo que acabo de referir, sino también un profundo malestar de la militancia de estos partidos por los procedimientos utilizados para elegir las candidaturas a diputaciones federales. Estos mecanismos cupulares -lo han sido siempre-, que evaden a las bases, no las toman en cuenta, y contribuyen a distanciar a la ciudadanía de la clase política. Cuando las cúpulas partidistas mexicanas seleccionan a las candidatas y los candidatos a puestos de elección popular no hay, por lo general, ningún proceso de legitimación, y eso escinde a las bases de las dirigencias. Además, con esos procedimientos fueron nombrados en 2021 personajes del pasado que a la ciudadanía le recordaban los malos gobiernos. Era increíble ver cómo durante las campañas electorales el PRI, PAN y PRD seguían apostando por las caras y biografías del pasado, por las mismas estrategias, por el mismo discurso, sin entender que esos aspectos fueron los causantes de su debacle electoral en 2018. Hay mucha ceguera y obstinación en la oposición.

Otro elemento que distinguió a la coalición PRI-PAN-PRD en los comicios del 6 de junio de 2021 fue que, a pesar de reconocer sus malos gobiernos del pasado, de aceptar que le quedaron a deber a la ciudadanía en sus respectivas administraciones a lo largo del tiempo, los integrantes de esta coalición no se caracterizaron por tener propuestas alternativas de gobierno frente a lo que ha sucedido en los primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación (4T). La alianza opositora no contaba con un proyecto de país alternativo para proponerlo a la ciudadanía. Su objetivo prioritario -y eso se hacía evidente en los discursos de las diversas candidaturas opositoras-, consistía en desacreditar y descalificar al presidente López Obrador para restarle poder. Esto último fue otro factor que llevó a estos tres partidos a unirse en la colación “Va por México”.

La actual oposición no se distinguió por debatir y señalar de manera estructurada y sustentada los errores (que los había) del gobierno federal. Su campaña consistió, esencialmente, como ya señalé, en descalificar al obradorismo y llamar al “voto útil” argumentando que México iba al precipicio, que la actual administración era un desastre, que el país se dirigía a un nuevo autoritarismo, a la cancelación de derechos y libertades y a la destrucción de instituciones, sin aclarar bien por qué, en qué consistían esas políticas y decisiones equivocadas y devastadoras del actual gobierno, y qué se proponía en su lugar.

En fin, la oposición partidista llamó a votar por ella como la única opción para salvar al país de algo que no quedaba muy claro qué era, pero no le dijo a la ciudadanía qué ofrecía, cuáles eran las alternativas o cómo enmendaría (la oposición), de ganar, la precaria situación política, económica, institucional o de justicia que dejaron tras su paso por el gobierno las administraciones neoliberales (panistas y priistas por igual). Seguramente, PRI, PAN y PRD apostaron a la desmemoria; pero parece, venturosamente, que en estos tiempos la ciudadanía ya no olvida tan fácilmente.

La oposición no actuó como oposición, se dejó arrastrar por la furia más que por las propuestas. Fue incapaz de articular y plantear soluciones a los gravísimos problemas que hoy experimenta la sociedad mexicana. Como he sostenido en otra parte, “la oposición es importantísima para cualquier democracia, es expresión (o debe serlo) del conflicto y de las diferencias; pero debe tener la capacidad (y el ánimo), al igual que el gobierno, de tender puentes de diálogo y entendimiento” (^{Torres-Ruiz, 2021, 140}). Pero eso no es lo que está ocurriendo en el país, más bien lo que prevalece es la confrontación entre dos bandos con diferencias aparentemente irreconciliables, mientras que la esencia de la democracia consiste en pensar que hay una base común que permite hablar de esas diferencias, negociar, acordar (Rosanvallon, 2020). Al respecto, Pasquino (1998, 119) nos recuerda: “la calidad de una democracia no depende solo de la virtud de su gobierno o de la interacción del gobierno con la oposición, sino, de modo muy especial, de la capacidad de esta última”.

Tras sesenta días de campaña llegaron los comicios del 6 de junio. Unas elecciones inéditas no solo por la cantidad de cargos de representación popular que estaban en disputa, sino también porque la participación terminó rondando el 53%, que para comicios intermedios es una gran cantidad si la comparamos históricamente con las cifras de participación en este tipo de elecciones. Quizá una de las razones de esta alta participación, pese a la violencia que campea en el territorio nacional, fue la concurrencia de las elecciones como resultado de las reformas electorales que han apostado por unificar el calendario electoral del país, entre ellas el hecho de que se renovaban quince gubernaturas y 30 congresos locales.

En torno a estos comicios, se dijo que los números electorales no fueron del todo buenos para Morena, partido que encabezaba la coalición “Juntos Hacemos Historia”, junto con el PT y el PVEM, pero lo cierto es que esta coalición ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, al obtener el 34.2% por el principio de mayoría (más los sufragios derivados del principio de representación proporcional) y, con sus aliados, PVEM y PT, Morena conservó la mayoría absoluta en esa cámara, con el 54%. Es verdad que su margen de acción en el Congreso ha estado más acotado que durante el primer tramo del sexenio, pero aún le alcanzó, por ejemplo, para hacer ciertas reformas legislativas y sacar adelante el presupuesto de egresos. Durante la segunda mitad del sexenio obradorista tiene que negociar con mayor énfasis con las fuerzas opositoras para hacer reformas constitucionales, porque no cuenta, aun con el apoyo de sus socios políticos, con la mayoría calificada; es decir, con las dos terceras partes de la Cámara de Diputados (334 de las 500 curules). No obstante, de cualquier manera, Morena ya tenía que transigir con las fuerzas opositoras durante la primera parte del mandato de López Obrador. En la LXV Legislatura (2021-2024), la coalición gobernante necesita 56 diputados para alcanzar los dos tercios de los legisladores para poder cambiar la Carta Magna.

Resultados de la contienda

Veamos con detenimiento las cifras que arrojó la contienda intermedia. Morena cuenta con 198 diputados, el PT 37, el Partido Encuentro Social (PES) 0 (perdió su registro), el PVEM 43, el PAN 114, PRI 70, PRD 15, y MC 23. Observando estos números nos percatamos de que Acción Nacional, respecto de la anterior legislatura, aumentó 35 diputaciones, el PRI 22, y el PRD cuatro. MC, que decidió competir solo, perdió dos escaños de una legislatura a otra. De ese modo, los partidos opositores ganaron los diputados suficientes para impedir que Morena y sus aliados obtuviesen la mayoría calificada. Sumados, los diputados que acompañan a Morena tienen 278 curules; es decir, una holgada mayoría absoluta, el 54%. La coalición gobernante, como ya dije, ha tenido que negociar 56 diputados para lograr la mayoría que permita reformar la Constitución. Conviene apuntar que las reglas electorales admiten que,

…un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento… (art. 54 constitucional),

Lo anterior significa que un partido necesitaría el 42% de los votos para ganar el 50% de la Cámara. Esto no ocurrió en la elección de 2021.

Entonces, al repartirse las diputaciones plurinominales y las de mayoría, así quedó la Cámara de Diputados: 278 para Morena y sus aliados (PT y PVEM), 199 para la coalición del PRI-PAN-PRD, y 23 diputaciones para MC. De modo que Morena ha debido contar con el respaldo del PT y el PVEM para impulsar o reformar leyes secundarias. Cuando Morena ha querido reformar la Constitución, para lo cual necesita 56 votos, ha buscado al PRI, por ejemplo. Otra alternativa para sacar adelante reformas constitucionales ha sido que el partido mayoritario busque el apoyo de los 23 diputados de MC y de unos 33 diputados priistas. Lo que quiero resaltar con esto es que han existido diversas maneras y combinaciones en que Morena ha podido obtener o no la mayoría calificada, pero cualquiera de ellas requiere negociaciones entre los partidos que integran la legislatura. Ahora bien, cuando el bloque opositor (PRI-PAN-PRD) ha querido realizar reformas a leyes secundarias, para lo cual se necesita la mayoría absoluta, ha necesitado convencer a toda la bancada de MC y a varios de los diputados verdes o del PT, lo que no ha sido sencillo, porque estos dos últimos partidos van en alianza con Morena y, hasta el momento, no se han dado fisuras dentro de este bloque político. Así que el choque de fuerzas en la Cámara de Diputados ha sido intenso y ha generado gran interés en la segunda parte del sexenio obradorista. La habilidad que cada una de las fuerzas políticas ha mostrado para negociar y construir mayorías parlamentarias ha sido, igualmente, muy interesante (y determinante), para el buen funcionamiento del poder legislativo.

Ahora bien, otro aspecto que puede resaltarse revisando las cifras de la contienda es que la coalición gobernante salió muy bien librada de este que representaba, quizá, el mayor desafío hasta ahora para la 4T. Ya dije que en estas elecciones de mitad de periodo no llegó a la mayoría calificada en la Cámara baja (nunca la tuvo en el pasado),³ para aprobar reformas constitucionales (en el sector energético, por ejemplo), pero sí alcanzó la mayoría absoluta. Esto en sí mismo fue un logro para AMLO, porque en las elecciones intermedias, según las estadísticas históricas, generalmente el partido gobernante pierde curules, como ocurrió, con excepción de Peña Nieto, con los antecesores de López Obrador (Zedillo, Fox y Calderón), que no consiguieron mantener la correlación de fuerzas en San Lázaro y, más bien, perdieron este importante enclave legislativo tan necesario para la gobernabilidad del país durante la segunda parte del sexenio.

Además, de quince gubernaturas que estaban en disputa en 2021, Morena y su coalición ganaron once, lo que los lleva en la actualidad a gobernar diecisiete entidades, lo cual significa un gran avance territorial. Por su parte, el PAN gobierna ocho estados; el PRI, que perdió ocho gubernaturas, se queda únicamente con cuatro; MC gobierna dos, y el PVEM uno.

Desde luego, estos datos indican que al PRI no le fue muy bien. Hace solo seis años, en 2015, el otrora partido hegemónico gobernaba al 60% de la población del país, al contar con diecinueve gubernaturas. Después del 6 de junio de 2021 solo gobierna cuatro estados de la República (Estado de México, Oaxaca, Coahuila e Hidalgo). Cabe preguntarse: ¿en qué terminará la pérdida constante de poder y apoyo ciudadano para el Revolucionario Institucional? Al mismo tiempo, como han puntualizado ^{Sonnleitner y Viqueira (2021)}: “el PRI está perdiendo su famoso ‘voto verde’, al no poder competir exitosamente con Morena en el México rural. Si quiere sobrevivir tendrá que avanzar más decididamente por el camino que ha emprendido entre 2018 y 2021: arraigar con fuerza en las franjas pobres y de clase media del México urbano”.

Otra mejora para los morenistas en esta contienda comicial se compruebe con su obtención de la mayoría en diecinueve de los 30 congresos locales que se renovaron en esta oportunidad; es decir, el partido gobernante tiene el control político en diecinueve entidades a través de los congresos. Con estas cifras, indiscutidamente Morena sigue siendo la primera fuerza política del país.

Donde Morena sí sufrió un importante descalabro fue en la Ciudad de México, su buque insignia -políticamente hablando-, el bastión histórico de la izquierda y donde nace el obradorismo como movimiento nacional, cuando AMLO ocupó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México entre los años 2000 y 2005. En esta entidad la ciudadanía castigó a la formación oficialista. Con toda seguridad el desgaste del ejercicio de gobierno, los errores y deficiencias de Morena en diferentes alcaldías de la ciudad, el alejamiento de sus bases electorales y la tragedia en la línea 12 del Metro fueron factores determinantes para estos resultados. También puede ser que las disputas dentro de Morena en el plano nacional hayan afectado, y que la propia derecha se esté reorganizando en esta región del país. Otra variable es que existe cierta decepción entre algunos sectores sociales con el gobierno de la 4T, tanto a escala federal como en la Ciudad de México. Sin duda, el partido en el gobierno, si quiere llegar bien dispuesto y preparado para 2024, deberá tomarse el tiempo necesario para analizar el significado de los resultados electorales obtenidos en la capital del país, que de ninguna manera pueden valorarse como positivos para los intereses morenistas.

Es verdad que, en general, los números conseguidos por Morena en esta elección son muy buenos, pero está muy lejos -como algunos parecen sugerir erróneamente (Bartra, 2021)-⁴ de convertirse muy pronto en un partido hegemónico a la manera de lo que fue el PRI. Como bien nos lo recuerda Rosiles:

…hay una gran diferencia entre caracterizar a un sistema como de partido hegemónico -o incluso predominante, al estilo de lo que planteaba Sartori [2000]- y hablar, por ejemplo, de partido con vocación mayoritaria como lo pensaba Duverger [1996].

En el modelo hegemónico se permiten los partidos opositores en tanto no compitan realmente con el partido matriz, esto es, no está contemplada la posibilidad de una rotación en el poder. Desde luego fue el caso del régimen que giraba en torno del PRI, pero no del que encabeza Morena: hay una oposición ciertamente débil, pero de ninguna manera testimonial. Existe una gran diferencia entre el 93.5% de los votos obtenidos en 1976 por [el priista] José López Portillo en calidad de candidato único y el 53.2% de los sufragios logrados por López Obrador en 2018. Lo que es más, no se pierda de vista que en esta elección [2021] Morena apenas consiguió el 34% de los votos en la elección federal (^{Rosiles 2021. Los corchetes y cursivas son míos}).

Así que, en efecto, parece más conveniente hablar de Morena como un partido con vocación mayoritaria y dos partidos grandes, el PAN y el PRI, o incluso un sistema de pluralismo extremo, si tomamos en cuenta que MC y el PVEM ganaron elecciones en gobiernos estatales, y el PT y PRD mantienen, aunque de manera muy acotada, presencia en ciertas regiones del país. Dicho de otra forma, la fuerza y la presencia electoral que el PRI y el PAN han perdido gradualmente en los últimos años tiene un correlativo incremento de otros partidos. Y, aunque en estos momentos Morena resulta ser la fuerza política mayoritaria en el sistema de partidos, también es cierto que muy pronto, casi con toda seguridad, volveremos a ver un sistema de partidos plural -sino es que ya lo es- como fiel retrato de la sociedad mexicana. Una sociedad ciertamente plural y caracterizada por una amplia diversidad política e ideológica, que muy difícilmente puede ser contenida y representada por un solo grupo político.

La coalición “Va por México” obtuvo, entonces, 199 lugares en la Cámara de Diputados, pero ahora lo importante será ver dentro de esa contradictoria alianza qué posición predominará en cuanto a tomar decisiones o establecer agendas legislativas. Hay -o históricamente hubo- fuertes contradicciones ideológicas y de principios respecto de asuntos fundamentales entre estos tres partidos ahora coaligados. ¿Cómo las resolverán? ¿Qué fuerza política prevalecerá? ¿No habrá sido esta unión perjudicial a efectos de un buen desempeño y funcionamiento legislativo? ¿Fue un mero pragmatismo político lo que los llevó a pactar y a unirse en esta elección? Lo veremos. Pero los augurios no son del todo buenos, porque desde el inicio los tres partidos integrantes de esta coalición no tenían propuestas claras ni definidas. Ahora, la coalición PRI-PAN-PRD aumentó su número de escaños de 137 a 199. Habrá que ver si esos números se traducen en una oposición legislativa fuerte y consistente que sea, en efecto, un contrapeso frente a Morena y, sobre todo, capaz de proponer nuevas iniciativas de ley que sean viables y tengan un impacto en beneficio de la población.

Efectos electorales para los partidos coaligados y sus perspectivas a futuro

Ahora bien, ¿qué ocurrió con el PRD y qué efectos tuvo para este partido haber integrado la coalición “Va por México”? Después de las elecciones del 6 de junio de 2021, el PRD se queda casi con las manos vacías, con números muy magros, a punto de la extinción. En la LXV Legislatura federal, al obtener en la elección para diputados el 3.6%, este partido solo tendrá quince diputados, y en el Senado cuenta con tres senadores. En el plano local, en estos comicios el sol azteca perdió Michoacán, la única entidad que aún gobernaba. Lo único digno de destacar es que en la elección para renovar el congreso michoacano el PRD obtuvo, junto con sus aliados, catorce diputaciones, de 40 en juego, pero eso no quiere decir que la mayoría corresponde a este partido, ya que él en solitario únicamente alcanzó el 12% del respaldo ciudadano. Habrá que ver cómo funciona la coalición parlamentaria entre PAN, PRI y PRD en esa entidad.

En añadidura, el PRD no controla ningún congreso local en el país y solo gobierna, después de esta elección intermedia, en 48 municipios de los 2,469 que conforman el territorio nacional. Es decir, los números para el PRD son muy reducidos y han venido disminuyendo de manera sostenida. No olvidemos que todavía en 2018 el PRD gobernaba cuatro entidades: Michoacán, Morelos, Tabasco y la Ciudad de México.

Para el PRD, con la elección de 2021 en la Ciudad de México, después de que fuera su bastión electoral desde 1997, se confirmó lo ocurrido en 2018 cuando perdió la jefatura de gobierno y no alcanzó ningún triunfo de mayoría relativa para el congreso de la entidad, pues obtuvo solo cinco legisladores por la vía plurinominal. Así, en esta elección de mitad de camino, el sol azteca se ubicó en la capital del país como la cuarta fuerza política, con el 5.3% de la votación en la entidad, muy atrás de Morena, que ganó el 39% del respaldo popular, del PAN, que obtuvo el 26%, y del PRI, con el 15%. En esta ocasión el PRD ganó cinco diputaciones (tres de mayoría y dos plurinominales), el PAN diecisiete, y el PRI nueve, con lo que la coalición “Va por la Ciudad de México” tendrá 31 diputados, los mismos que el partido mayoritario, Morena, que también alcanzó 31. La clave en esta legislatura de la Ciudad de México recaerá en el PVEM, que obtuvo dos diputados, mientras que, respectivamente, PT y MC obtuvieron uno, así que estos partidos tendrán que definir las votaciones en el pleno. En lo referente a las alcaldías, Morena ganó siete y perdió nueve. De estas últimas, la coalición PAN-PRI-PRD ganó ocho, y el PAN una (Benito Juárez). Dos de esas ocho alcaldías ganadas por la coalición opositora serán gobernadas por militantes perredistas: Tlalpan y Cuauhtémoc.

Podría decirse que con el 3.6% que obtuvo el PRD en las elecciones federales de 2021 se quedó a punto de perder el registro (que se conserva con el 3%, según establece la legislación electoral federal). Si la tendencia de este partido continúa como hasta ahora, en 2024 puede perder el registro. ¿Por qué digo esto? Basta ver los números obtenidos por el PRD en el plano federal en las últimas cuatro elecciones para diputados federales: en 2012 obtuvo 9,135,149 sufragios; es decir, el 18.35% de la votación; en 2015 disminuyó a 4,335,745 electores, lo que significó el 11.43% de los sufragios totales; en 2018 ganó 2,959,800 millones de votos, el 5.29%, y en 2021 escasamente alcanzó 1,792,700 millones de votos, equivalentes al 3.6%. Lo que puede observarse con claridad desde 2012 es una disminución progresiva del número de votos obtenidos por el PRD en la elección para diputados.

Ahora bien, ¿qué pasó con el PAN después de esta elección? ¿Cómo valorar su participación? Podríamos decir que este partido se recuperó parcialmente después de 2018. Tuvo, como ya vimos, muy buenos números en la Ciudad de México, al ganar diversas alcaldías y obtener un buen número de diputados locales; además, obtuvo el triunfo en las gubernaturas de Chihuahua y Querétaro (las conservó) y demostró tener bases estables y territorialmente afincadas en diferentes estados de la República. Esto último se corrobora cuando se observa que el panismo alcanzó aproximadamente el 25% del voto ciudadano en sus bastiones históricos: en Yucatán, la zona metropolitana de Puebla, el oriente de la Ciudad de México, el llamado “Corredor Azul” del Estado de México, El Bajío, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, el PAN obtuvo muy buenos resultados (^{Sonnleitner y Viqueira, 2021}), mejor que en los comicios anteriores inmediatos, lo que ratifica al PAN, en estos territorios, como una fuerza política competitiva. No obstante, el PAN también retrocedió en algunos estados y municipios del país, como

…en el sur de Quintana Roo, en Campeche […] en el sur del estado de Puebla y en Tenancingo, Estado de México. Sus resultados en Veracruz, con la única y muy relativa excepción del puerto, solo se pueden calificar de desastrosos, al igual que en casi todo Coahuila. La caída también fue brutal en Gómez Palacio, Durango, y menos fuerte, pero considerable, en Pachuca, el nororiente del Estado de México, San Luis Potosí, sur de Zacatecas, gran parte de los distritos de Sinaloa, Sonora y Baja California, en el sur de Tamaulipas y en el sur de Chihuahua (^{Sonnleitner y Viqueira, 2021}).

A su vez, el PRI se encuentra en una situación complicada. Actualmente, como decíamos, ya solo gobierna cuatro estados de la República (perdió ocho gubernaturas en 2021). Desde 2015, cuando gobernaba al 60% de la población nacional (y tenía la gubernatura en diecinueve entidades) ha venido perdiendo espacios de representación de manera consistente. Ha perdido el “voto verde” frente a Morena. Ahora deberá de buscar recuperarlo, o bien tratar de competir por el voto entre sectores medios y populares. Sin embargo, para el futuro cercano (las elecciones de 2022 y 2023), las cosas no lucen muy promisorias para este partido:

A juzgar por los resultados de 2021, se enfila a perder Oaxaca e Hidalgo en 2022. La única forma en que puede meterse en la pelea es en coalición PAN y PRD. El resultado dependerá de la selección de candidatos…

En 2023, el PRI defenderá Coahuila y Estado de México. En el estado fronterizo, mantiene su posición como primera fuerza política. Ganó cinco de siete distritos [en 2021], sin necesidad de coaligarse con otros partidos. Pero en el Estado de México -la joya de la corona-, el PRI quedó [también en 2021], como segunda fuerza electoral, a pesar de su notable recuperación (^{Nacif, 2021}. Los corchetes son míos).

En cambio, Morena, PT y PVEM se vieron beneficiados. Quizá los números electorales no fueron los mejores, quizá hubieran podido ser más nutridos para la coalición gobernante, pero aun así el poder que ganaron y que conservan es demasiado. Y su posición en el escenario electoral es alentador, entre otras cosas porque el líder principal de esta coalición, López Obrador, sigue gozando de un respaldo popular muy amplio y están haciéndose cosas interesantes en el gobierno federal, que muy probablemente sean bien valoradas por el núcleo duro del obradorismo, que hoy se cuenta por millones de personas.

El partido MC también parece estar en una mejor posición que el PRI y el PRD. Ciertamente todavía por debajo del PAN, pero MC viene creciendo y parece que su propuesta está resultando interesante para un grupo de electores nada desdeñable. De modo que habrá que seguir muy de cerca a este partido y ver si, en efecto, es capaz de consolidar su tendencia electoral que apunta al crecimiento o si se queda simplemente en un espejismo.

Conclusiones

Una vez revisados los hechos en torno a las elecciones de 2021, es posible señalar que el PRD confirmó su perfil de un partido electoralista, alejándose definitivamente de su agenda programática y de su identidad ideológica originales y aceptando integrar la coalición “Va por México” junto con el PRI y el PAN. Coalición desdibujada, sin identidad ideológica, sin plataforma política, oportunista políticamente hablando y con el objetivo de salvar el registro partidista y mantener prerrogativas y privilegios.

Después de los comicios intermedios de 2021, el PRD no luce con un futuro muy alentador. Si este partido quiere subsistir en 2024 deberá hacer algo verdaderamente importante para definir una ruta que le dé identidad y lo conduzca nuevamente por el camino de representar intereses de grupos vulnerables, o defender causas de las minorías, por retomar luchas sociales frente al sistema económico neoliberal.

Por su parte, el PAN mostró mayor fuerza político-electoral en ciertas regiones del país y logró recuperar el voto ciudadano en algunos estados y municipios, aunque en otros retrocedió y debe poner atención para que esto no ocurra en futuras elecciones. A pesar de ello, el PAN sigue conservando un voto duro, un determinado número de electores que lo hace en estos momentos, probablemente, el partido de oposición más sólido y con mejores expectativas hacia el futuro, tanto respecto de las elecciones que se desarrollarán en 2022 y 2023, como de cara a los comicios presidenciales que tendrán lugar en 2024.

El PRI, ya decía, tiene una situación difícil por delante. Si bien es cierto que mostró una ligera mejoría en los comicios de 2021, debe seguir trabajando en fortalecer a sus bases en diversas regiones urbanas y, quizá, acercarse más a sectores de clase media. Una prueba muy importante para este partido será lo que vendrá con las elecciones de 2023 cuando se dispute la gubernatura en el Estado de México. Si el Revolucionario Institucional pierde ese bastión histórico muy probablemente se encamine hacia su desaparición. Ya veremos.

Por su parte, PT, PVEM y MC son partidos que, por el momento, no parece que vayan a desaparecer, los tres han sabido tejer alianzas con partidos mayores, y eso les ha permitido sobrevivir, y no solo eso, sino también tener buenas condiciones (recursos importantes, prerrogativas, etcétera). Movimiento Ciudadano es el que ha mostrado, de estos tres partidos, mayor autonomía y tener una propuesta un poco más clara, sustentada, y cierta interlocución con sectores sociales que hoy se identifican con esta opción partidaria.

Por su lado, Morena, como ya señalé, obtuvo buenos resultados en términos generales y sigue siendo, por mucho, la primera fuerza política nacional después de los comicios de 2021. Para las elecciones venideras, de 2022 y 2023, luce como un serio contendiente y, quizá pueda ganar tres de las cuatro gubernaturas que estarán en disputa. Para 2024, cuando se renovará la presidencia del país, es el partido que muestra una mejor baraja de candidaturas. En este sentido tiene más opciones que sus contendientes y, algo sorpresivo (por lo menos si tomamos como referencia los últimos sexenios), su máximo líder, el actual presidente de la República, AMLO, sigue ostentando una gran popularidad entre la ciudadanía lo cual que, con toda seguridad, será un factor en favor de las aspiraciones presidenciables del candidato o de la candidata morenista.