Liderazgos latinoamericanos: ALBA-TCP y Unasur como opciones de la integración regional*

María Esther Morales Fajardo**

** Investigadora del CRIM-UNAM. Correo: moralesf@correo.crim.unam.mx

Fecha de recepción: 28/05/2012 ]]> Fecha de aceptación: 15/02/2013

Resumen

En este documento se analizan dos esquemas de integración en América Latina, ALBA-TCP y Unasur, como alternativas propuestas por Venezuela y Brasil, en torno a la integración latinoamericana. El objetivo es analizar si estos esquemas son coherentes con la política exterior de estos países y si los programas son determinantes para el liderazgo en la región.

Palabras clave: Integración regional, política exterior, liderazgo, Brasil, Venezuela.

Abstract

In this paper two schemes of integration are analyzed in Latin America: ALBA-TCP and Unasur, both as alternatives proposed by Venezuela and Brazil concerning about Latin-American integration. The objective is to analyze if these schemes follow the foreign policy of those countries and if they are determinant for the leadership in the region.

Keywords: Regional integration, foreign policy, leadership, Brazil, Venezuela.

A partir de los años noventa, América Latina encontró en la integración regional una estrategia para reinsertarse en la economía global después de haber estado relegada de las dinámicas económicas internacionales tras la crisis del endeudamiento de la década anterior. El regionalismo, entendido como el proyecto político de la integración regional (Hettne, 1997), adoptó un modelo que permitiría a los países en la zona -y, por tanto a sus actores estatales y no estales- reincorporarse a la economía global dado que alentaba la suscripción de acuerdos comerciales que fomentaban la competitividad, el intercambio de bienes y servicios y promovían la inversión extranjera. Todo ello en el marco de generación de eficiencia y productividad, así como la transformación y modernización productiva que requerían las naciones latinoamericanas (Cepal, 1994).

Sin embargo, tras más de dos décadas de funcionamiento, los esquemas de integración en la región, sobre todo de tipo comercial, no se han consolidado, e inclusive, se han debilitado. Esto se debe a que los miembros han firmado acuerdos con socios extrabloque y existe una falta de consolidación institucional que evidencia la parálisis o falta de evolución de los diferentes bloques regionales. En realidad, se han dado procesos selectivos y parciales (Sanahuja, 2007 y 2008) que han otorgado prioridad únicamente a la integración comercial intrabloque y no a la "integración positiva", centrada en políticas comunes y construcción de instituciones (Tinbergen, 1965).

Por otro lado, el surgimiento de nuevos proyectos de integración a principios del siglo XXI ha dado la impresión de que en América Latina se está fraguando una tendencia innovadora del regionalismo. El planteamiento de algunas de las nuevas propuestas intenta alejarse tanto de las directrices del regionalismo abierto, como de los postulados del Consenso de Washington que dieron paso a la liberalización económica de los países latinoamericanos. Asimismo, estas iniciativas son utilizadas como herramientas por los gobiernos que han arribado al poder a principios de este siglo y que han sido igualmente críticos a las reformas estructurales diseñadas desde Washington. Entre estas iniciativas se encuentran la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur (de Brasil) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP (de Venezuela), las cuales centraron su atención en un posible tercer regionalismo que fuera alternativo a los proyectos de integración surgidos en los años noventa.

Este trabajo sostiene la hipótesis de que estos proyectos de integración regional, si bien contienen elementos diferentes al regionalismo abierto, continúan compartiendo rasgos comunes con aquel modelo -como la creación de instituciones intergubernamentales- y, más aún, son mecanismos acordes a la visión sobre integración regional de los países líderes, Brasil y Venezuela. El objetivo de esta investigación es conocer el papel que desempeñan estos dos países como guías o líderes de los bloques de integración que proponen. Más que ahondar en la confrontación de liderazgo, como lo hacen autores como Ríos (2011), en este documento se muestran dos alternativas de integración regional que conviven paralelamente y ofrecen nuevas opciones a los países latinoamericanos. El trabajo está dividido de la siguiente forma: en primer lugar, se esbozan algunos elementos teóricos y contextuales para el análisis de la política exterior y del regionalismo latinoamericano. En seguida se exponen los principales argumentos de las políticas exteriores de Brasil y Venezuela, sin la intención de evaluar las mismas; sólo se busca conocer la visión de ambas naciones sobre la integración regional. Un tercer punto analiza los proyectos de reciente aparición propuestos por los países mencionados. Finalmente, se exponen las conclusiones.

Después de la crisis del endeudamiento latinoamericano de la década de los años ochenta¹, los países de la zona realizaron una serie de modificaciones a su estructura institucional económica y política que se conoció comúnmente como el "doble ajuste estructural". Los planes propuestos para superar la crisis señalaron la necesidad de cambiar el modelo económico de la región por uno de políticas de liberalización de los mercados que disminuyeran la participación del Estado en las economías nacionales. Paralelamente, las sociedades latinoamericanas se propusieron construir la democracia, con el fin de sustituir sus antiguos regímenes políticos autoritarios.

Los argumentos propuestos en el Consenso de Washington enfatizaron en la necesidad de realizar reformas fiscales, establecer políticas monetarias, facilitar la apertura comercial y la inversión extranjera directa, así como privatizar empresas paraestatales en distintos sectores. Estas medidas de ajuste, consideraban los expertos, aumentarían el empleo, los ingresos e impulsarían la economía en general. Sin embargo, el excedente comercial durante los años ochenta, si es que fue real, se debió a las medidas devaluatorias y a la reducción en las funciones de inversión y consumo (Urquidi, 2005).

Si las condiciones internas de la región eran propicias para alentar un doble proceso de transición económica y política, el entorno mundial también contribuyó de manera importante en este empuje ya que, a partir de 1985, se observó la disolución del sistema soviético, la transición de las economías de Europa del Este y la reunificación alemana. Además, la ejemplaridad de los países exportadores del sudeste asiático con su modelo de crecimiento económico, las transformaciones financieras que se hicieron evidentes desde los años setenta, el protagonismo de las empresas transnacionales "atizadas por las innovaciones tecnológicas" (Urquidi, 2005, p. 443), y los cambios en el comercio mundial determinadas por la finalización de la Ronda Uruguay y la transformación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio en la Organización Mundial de Comercio, establecieron las pautas de los nuevos procesos de integración en lo particular, y la liberalización económica en lo general.

Para analizar este contexto de apertura económica y política, se utilizará la iniciativa metodológica de Kahler (1997) para explicar la respuesta de los gobiernos latinoamericanos a estas tendencias de apertura, así como en las necesidades de las élites de ejecutar sus propuestas y mantener el apoyo político a nivel interno.

Los procesos de liberalización conllevan a la reducción del desempeño del Estado. Por un lado, en la liberalización política se da una expansión de la actuación de la sociedad civil y la eliminación o reducción de los monopolios políticos del Estado a través de la construcción de instituciones democráticas. Mientras que en la liberalización económica se llevan a cabo procesos de privatización de empresas estatales, eliminación de precios fijados por el gobierno y un relajamiento general del control estatal sobre los procesos económicos (Kahler, 1997, p. 4). La liberalización económica, al incrementar las transacciones económicas, también aumenta la interdependencia con otras economías, lo cual conlleva a la creación de una integración regional.

El modelo teórico supone que las fuerzas económicas externas son irreversibles y traspasan las áreas de influencia del Estado, lo cual influye en la construcción de vínculos con el extranjero por medio de la ejecución de la política exterior. Una forma de crear alianzas estratégicas se da a través de los acuerdos políticos de integración regional, que se suscitaron a raíz de la liberalización económica. En América Latina, como se ha mencionado, la integración regional fue una estrategia que permitió la reinserción internacional de los países de la zona y alejarse de la marginación que había existido como consecuencia del modelo económico anterior y de los problemas financieros de las economías latinoamericanas.

El regionalismo de los años noventa, desarrollado no sólo en América Latina, sino también en otros bloques del mundo, constituyó una nueva forma de organización política y económica que permitió definir la capacidad³ de los actores de acuerdo a su poder de regionalidad (regionness): la región circunscrita como unidad geográfica, la región inmersa en un sistema de relaciones translocales en los ámbitos social, político, cultural y económico; la región definida por la membresía de la organización regional, y la región como un sujeto con su propia identidad, capacidad, legitimidad y aparatos para hacer políticas propias (Hettne, 1997 y Mittelman, 1996).

Este tipo de regionalismo permitió a los países latinoamericanos insertarse en las dinámicas de la economía mundial, consolidar el proceso de liberalización económica, y reforzar los procesos de multilateralismo emanados desde los organismos internacionales. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la coyuntura por la cual atravesaban los países latinoamericanos era propicia para aprovechar el cambio en el modelo económico y la transición democrática, con el objetivo de conformar bloques regionales bajo el llamado regionalismo abierto. Este proyecto se entendió como un proceso que estaba impulsado por las fuerzas de mercado y su contribución -expresada por medio del establecimiento de acuerdos de integración- y que conllevarían al aumento de la inversión nacional y extranjera, al incremento en el volumen y valor agregado a las exportaciones, a la incorporación del progreso técnico en la producción, y al desarrollo de sectores con producción de rendimientos crecientes (Cepal, 1994). Este nuevo regionalismo era una estrategia de inserción internacional que buscaría ir más allá de la liberalización comercial⁴ y establecer una agenda flexible para el avance de la integración.

Dentro de este modelo se renovaron el marco latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), además de la creación del Mercosur. El primero se caracteriza por la flexibilidad de las iniciativas bilaterales y plurilaterales que alientan el comercio entre los miembros y, pese a que ha impulsado el comercio intra-zona, aún continúa en una fase de preferencias arancelarias. Los otros tres bloques son esquemas subregionales que conforman uniones aduaneras imperfectas con matices entre ellas. Por ejemplo, el grupo andino es el más avanzado en cuanto a la adopción de reglas de propiedad intelectual, inversiones y compras gubernamentales; en tanto que Mercosur con su funcionamiento en base a programaciones nacionales, ha tratado de imitar los fondos de cohesión social europeos con la creación del Fondo de Convergencia Estructural.

Aunque el comercio intra-regional ha alcanzado niveles de más de $150 mil millones de dólares en 2011 (Aladi, 2011), diversos autores (Sanahuja, 2008; Martínez, 2008; Cepal, 2011) han recalcado los factores que impiden mejorar estos saldos y, por tanto, mejorar el proceso de integración. Particularmente Sanahuja (2008) señala que la dependencia de la exportación de productos primarios, la falta de complementariedad de las economías, el bajo peso del comercio intraindustrial, los costos de transacción por barreras administrativas y de transporte, la persistencia de barreras no arancelarias y la falta de infraestructura física son elementos que socavan el comercio intra-región. En tanto que la Cepal (2011, pp. 120122) considera que la ausencia de un espacio económico integrado se debe a la persistencia de los obstáculos no arancelarios, a la falta de creación de cadenas regionales de valor y de una agenda que contemple temas como liberalización del comercio de servicios, tratamiento de la inversión extranjera, contratación pública y política de incentivos.

Asimismo, un determinante común entre estos bloques es la flexibilidad institucional que se traduce en un vacío de órganos y un exceso de ordenamientos jurídicos que son un lastre para el proceso de integración. La existencia de organismos intergubernamentales obstaculiza la evolución del marco institucional de cada bloque hacia la conformación de órganos supranacionales o la adopción de mecanismos o medidas comunitarias. Ello hace vulnerables a los mecanismos de integración, sobre todo en caso de crisis económica⁵, y no permite la construcción de una identidad regional y/o comunitaria que se oponga al nacionalismo o visión westfaliana del Estado nación tradicional. La persistencia de este modelo de nación lleva a los países a preservar cierto margen de maniobra en la política nacional que pueda defender los intereses nacionales frente a los países socios (Sanahuja, 2008).

Los desequilibrios macroeconómicos sufridos por algunos países latinoamericanos, particularmente Brasil, en 1998, y Argentina, en 2001, contribuyeron al debilitamiento institucional de los bloques, además de propiciar una revisión del papel que debía jugar el Estado dentro de la actividad económica, de la liberalización de los flujos de comercio y de la inversión entre los países de la región. Es decir, ganó fuerza el nacionalismo económico⁶ (Motta y Ríos, 2007).

Por tanto, la redefinición del regionalismo se caracterizó por la incorporación de motivos políticos, más que económicos, en los nuevos proyectos: el alejamiento de la liberalización comercial, un mayor protagonismo del Estado, la preocupación por crear infraestructura regional que facilitara la integración, el énfasis en la seguridad energética, la búsqueda de la identidad regional de la población, la implementación de políticas públicas, la revitalización de la soberanía nacional (Sanahuja, 2008; Serbin, 2010b), así como la creación de un espacio -casi exclusivamente sudamericano- que excluyera a Estados Unidos y a Canadá para poder crear una agenda regional propia e innovadora. Por lo tanto, más que considerarse acuerdos de integración regional tradicionales (Schifft y Winters, 2003) los bloques se volvieron espacios de integración que privilegiaban la agenda desarrollista a favor de nuevas formas de cooperación política, social, cultural y económica (Motta y Ríos, 2007).

Bajo la perspectiva de crear espacios de integración diferentes al regionalismo abierto, en América Latina han surgido al menos tres iniciativas: Unasur, ALBA-TCP y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CEALC). Los dos primeros serán analizados en este documento, mientras que el último fue propuesto recientemente en la reunión del Grupo de Río (GR) en 2009 con la idea de fusionar a este último organismo con la Cumbre de América Latina y el Caribe para la Integración y Desarrollo (CALC)⁷. La CEALC busca ser el único organismo que agrupe a los 32 países de América Latina y el Caribe sin la presencia estadounidense y canadiense. Por tanto, es un intento por constituirse como el único mecanismo de cooperación y promoción internacional e igualitaria de la región.

Las dinámicas de las políticas exteriores en América Latina

A raíz de los procesos de liberalización económica y política, en América Latina se modificaron las posiciones de hegemonía. Brasil reorientó sus prioridades y, después de la crisis ocurrida en 1998, se ha dedicado a trascender en los foros mundiales y a proyectarse como una potencia regional. Venezuela, de igual forma, ha apostado por un esquema desarrollista que le ha permitido construir su propio estilo de liderazgo en la región. El siguiente apartado tiene como propósito delinear las pautas generales de la política exterior de estos dos países y su visión en cuanto a la integración regional en América Latina, a fin de apreciar la existencia de dos posiciones diferentes que, sin embargo, conviven y comparten rasgos comunes dentro del proceso integrador que encabezan.

La consolidación de la posición brasileña.

Después de la crisis de la década de los años ochenta, los gobiernos brasileños intentaron promover la imagen de un país que deseaba insertarse en la economía mundial a través de la estabilización de su economía y de su adhesión a temas globales. Para insertarse en el esquema mundial se requería la desregulación del aparato estatal y de los mercados, así como la suscripción a la cooperación internacional.

A pesar de la desregulación y contrariamente al desmantelamiento y pérdida de influencia de cancillerías en otros países de América Latina, Itamaraty no vio afectado su proceso de centralización de las relaciones internacionales y continúa siendo el principal componente institucional en la formación del proceso de toma de decisiones en materia de política exterior del país. El peso del Ministerio de Relaciones Exteriores⁸ es vital para la elaboración e implementación de la agenda exterior, lo cual ha reforzado la hipótesis de que la estabilidad de la política exterior es el resultado de una formulación como política de Estado y no de gobierno, hecho que le permite una continuidad significativa durante largos periodos (Fernández y Soares, 2005)⁹. Para Brasil, el triángulo de la toma de decisiones está formado por Itamaraty, el canciller y el presidente; y en un nivel inferior se encuentran otros actores que intervienen en las rondas de negociación (como los sectores empresariales o los diferentes ministerios del Estado) o que supervisan la actuación internacional (como el Congreso).

Durante los años noventa la relación de Brasil con América Latina y, en particular, Sudamérica, alcanzó un lugar privilegiado en la agenda del país, a través de la constitución del Mercosur y de posteriores proyectos tales como el Área de Libre Comercio de América del Sur (ALCSA). A partir de ello, el proyecto político de Brasil fue el de establecer su hegemonía sobre la región, la cual estaría plasmada en acciones concretas como el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA)¹⁰. En este sentido, aunque existía una aceptación sobre el cambio del modelo económico, también se enfatizó la conservación de esta región como la plataforma sobre la que se proyectaría el liderazgo brasileño por medio de acuerdos de integración en infraestructura (IIRSA) o económico-comerciales (Mercosur, Unasur).

De 1990 a 1998 se consolidó la liberalización económica. La dinámica comercial del Mercosur fue particularmente notoria y los gobiernos brasileños utilizaron la posición que les otorgaba este bloque para participar activamente en diversos foros mundiales. De esa manera se aumentó el poder de negociación de la diplomacia brasileña en foros internacionales, tales como la Unión Europea y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)¹¹.

Después de la crisis económica de 1998¹², el proyecto de apertura económica mostró un mayor escepticismo frente al proceso de globalización económica; de hecho se sentaron las bases para el proyecto del nuevo Estado desarrollista que procuraba el fortalecimiento del mercado nacional y regional. En materia de política exterior, las grandes líneas de trabajo se encaminaron hacia la profundización de la integración regional, la diversificación de los países afines a los intereses brasileños a través de una mejora en las relaciones bilaterales, el énfasis en el multilateralismo por medio de la presencia en las organizaciones multilaterales, y la proyección del país como global trader o protagonista global en su desenvolvimiento en el Sistema de Naciones Unidas (Hofmeister, 2003).

La presencia del canciller Celso Amorim le permitió a Brasil desplegar su proyecto de liderazgo regional y proyectarlo en diversos foros mundiales, tales como el G-20 comercial¹³ y la oposición para conseguir el fracaso del ALCA en 2005. Además del Mercosur, el sur del continente comenzó a tener un rol esencial en su desenvolvimiento como protagonista global -dentro de Itamaraty se creó una secretaría de Estado que asumiría funciones y objetivos relacionados con Sudamérica (Hofmeister, 2003), a la par que el país buscaba alianzas estratégicas con potencias emergentes (BRIC)¹⁴ fuera del continente. En este sentido, el presidente Lula conservó la política exterior brasileña pragmática, pero la definió con base en objetivos a largo plazo tales como la proyección como protagonista global y regional, la creación de alianzas estratégicas emergentes, y la construcción de un espacio integrado en América del Sur.

Un factor importante en el desarrollo de la agenda exterior con América Latina era la estabilidad política que buscaba Brasil. Algunos autores (Gratius, 2004; Hofmeister, 2003) mencionan que para lograr el despliegue de este objetivo, Brasil necesitaba de la estabilidad de sus vecinos, por lo que fungió como mediador en diversos conflictos como en la crisis de Venezuela en 2002, la mediación en Bolivia para lograr la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada, y la solicitud para mediar en el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, esta meta no ha sido fácil de cumplir debido a diversas disputas. Por ejemplo, el presidente Chávez reclamó la adhesión de su país al Mercosur y la propuesta del ALBA-TCP¹⁵; en Bolivia hubo problemas relacionados con las medidas de nacionalización en rubros energéticos que afectaron a diversas industrias como Petrobras Bolivia Refinación¹⁶; mientras que en Paraguay y Uruguay subsiste el tema de las asimetrías dentro del Mercosur y la tentativa de estos dos países de negociar bilateralmente con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio¹⁷.

A partir del proceso de liberalización económica y política, la postura sobre la integración regional ha evolucionado de forma evidente desde un regionalismo abierto, inspirado en las posiciones de la economía de mercado, hacia nuevos intentos desarrollistas con algún grado de equidad, evitando el proteccionismo (Vigevani y Ramanzini, 2009). No obstante, este último aspecto ha sido cuestionado recientemente a raíz de las medidas de protección a la industria nacional brasileña ocasionada por la apreciación del real y los problemas en la balanza comercial de algunos sectores, como el automotriz¹⁸.

La postura evolutiva de Brasil en torno a la integración regional está vinculada a la visión multidimensional del sistema mundial que se basa en el desarrollo productivo, industrial y comercial, donde el país sudamericano aspira a convertirse en un referente regional y global con su participación en foros políticos y económicos, multilaterales y regionales. Por lo tanto, la política exterior brasileña es una política de Estado ligada con los objetivos nacionales y la estabilidad institucional, política y económica. Esta política se caracteriza por su autonomía, es decir, la capacidad del país para influir en el sistema mundial a través de la diversificación de sus relaciones internacionales como canales de diálogo (Lafer, 2004 en Vigevani y Ramanzini, 2009). A partir del gobierno de Lula da Silva y su extensión a través de Dilma Rousseff, los conceptos han llevado hacia una autonomía por diversificación, donde la participación brasileña no se da sólo en foros mundiales, sino también en alianzas estratégicas con grupos como el BRIC o IBSA¹⁹.

La política exterior petrolera de Venezuela.

La liberalización económica de mediados de los ochenta provocó cambios en la política exterior venezolana. Este país dio un giro económico a los temas internacionales para vincularse con la nueva dinámica económica mundial a través de su suscripción a acuerdos comerciales y a la reactivación de su bloque regional (CAN). Con los nuevos cambios económicos, el país intentó otorgar un mayor peso a las exportaciones no tradicionales para alejarse de la dependencia petrolera. Sin embargo, la importancia de este producto para las finanzas públicas dificultaba el proceso de diversificación de las exportaciones venezolanas.

De esta forma, este recurso natural sigue influyendo en la política exterior de Venezuela y la convierte en una política petrolera. El petróleo ha sido utilizado tradicionalmente como un elemento de vinculación internacional para este país; de hecho desde mediados del siglo XX, Venezuela definió su política exterior teniendo como base al fuerte presidencialismo, la búsqueda de la integración económica y la disponibilidad de los recursos petroleros (Romero y Curiel, 2009). Por lo tanto, la llegada del presidente Hugo Chávez al poder no ha significado cambios en la conducción de la política exterior puesto que continúa ligada a los tres elementos previamente mencionados. La diferencia se encuentra en los matices de estos factores y, tras el intento del golpe de Estado y desde la celebración del referéndum de 2004, la política exterior venezolana ha añadido un componente ideológico.

El incremento del precio del petróleo desde el 2001 ha beneficiado la diplomacia petrolera venezolana²⁰. La obtención de este recurso ha permitido que Venezuela ofrezca ayudas al desarrollo, préstamos y donaciones a varios países²¹. Es por eso que los actores que aprovechan esta renta se inclinan por una vía energética y financiera y no por una vía de intercambio comercial y de valor agregado (Romero y Curiel, 2009). Asimismo, la obtención de recursos petroleros ha funcionado como un elemento defensivo-disuasivo, ya que no sólo ha permitido la construcción de aliados estratégicos, sino también la compra de armamento. Al respecto, Shifter (2006) considera que el anuncio de la compra de armamento funciona como un elemento de disuasión en el enfrentamiento contra Estados Unidos, razón por la cual Washington ha tratado de bloquear estas compras.

En cuanto al presidencialismo venezolano, desde que Hugo Chávez asumió el poder no sólo la política exterior, sino el resto de las políticas públicas venezolanas se han centrado en la figura presidencial. Por lo tanto, la toma de decisiones en materia exterior recae fundamentalmente en el poder ejecutivo lo cual ha provocado la pérdida de influencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este sentido, si la apertura económica causó que la cancillería venezolana perdiera su influencia a favor de los temas económicos internacionales, el reposicionamiento del Estado como figura central del desarrollo económico tampoco ha devuelto a este ministerio su rol como actor central en la toma de decisiones.

Más aún, esta pérdida de influencia de la cancillería venezolana puede verse en dos hechos particulares. El primero se refiere a la presencia de seis diferentes cancilleres en turno durante el periodo del Presidente Chávez²² -si bien el canciller Maduro fue quien prácticamente permaneció seis años en su puesto- y el reacomodo de los titulares de ese Ministerio a lo largo del periodo presidencial chavista. Mientras que el segundo hecho ha sido la modificación institucional de la estructura orgánica del Ministerio. La modificación de la Ley del Servicio Exterior de 2001, en el artículo 2, menciona que la política exterior de Venezuela es diseñada, dirigida y desarrollada por órganos decisores y ejecutores donde el Presidente, de acuerdo a las atribuciones constitucionales, es el decisor y ejecutor de esta política²³. En principio, el presidente sólo podía nombrar al 50 % de los embajadores, sin embargo, a partir del 2005 una nueva modificación a la ley permitió que el presidente nombrara al 100 % de los embajadores.

La diferencia de la política exterior venezolana actual, con respecto a sus antecesoras, radica en el importante fundamento ideológico que se la ha dado, que más que juzgarlo desde una perspectiva negativa, ha permitido trabajar con una visión diferente para el desarrollo de un proyecto nacional. Las reformas institucionales realizadas a la Carta Magna determinan este componente ideológico -llamado socialismo del siglo XXI- que contempla una configuración multipolar, libre de hegemonías (anti-imperialistas), que ofrezca una alternativa al modelo neoliberal a través de la participación de los ciudadanos. Asimismo, establece la conformación de una confederación y unión de América Latina y el Caribe con el fin de crear un bloque político, económico y social (Tribunal Supremo de Justicia, 2000).

Para lograr un mundo multipolar, Venezuela asume el papel del país que realiza el contrapeso y balance regional, privilegiando lo militar y lo político en detrimento de lo económico y la cooperación tradicional (Serbin 2010, pp. 20-21). Asimismo, para lograr esta visión multipolar, Venezuela creó dos tipos de alianzas; por un lado, con aquellas naciones que no eran afines a los intereses estadounidenses (Irak, Cuba, Siria, Libia); y por otro lado, una red de cooperación con países de desarrollo similar (Corrales, 2009) a partir de la incorporación de sus recursos petroleros y el despliegue de una diplomacia social.

La integración regional gira en torno a un proyecto que se opone al control de los Estados Unidos sobre América Latina y marca su total separación del regionalismo abierto, dado que se opone al neoliberalismo. Es decir, se trata de una integración sin bases capitalistas, con una democracia participativa (de movimientos sociales), con una promoción económica que combina la propiedad estatal, con la social, comunal y cooperativa; además de una disminución de las inversiones extranjeras directas privadas (Romero, 2010). Asimismo, la integración regional está basada en la diplomacia social (Corrales, 2009 y 2011). Es decir, Venezuela lleva a cabo una estrategia de programas sociales y uso de recursos para financiamiento y ayuda al exterior, dirigida especialmente a los sectores menos favorecidos, a fin de promover el desarrollo social y disminuir la pobreza en la región, lo cual ha permitido construir alianzas y ganar aliados en su causa²⁴.

La estrategia de la diplomacia petrolera es consecuente con la idea de la construcción de alianzas regionales en la medida en que los recursos petroleros sirven para la integración regional con Sudamérica, Centroamérica y el Caribe a través de la suscripción de acuerdos con las empresas estatales de aquellos países²⁵. De esta forma, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la herramienta que permite el despliegue de la diplomacia social.

Finalmente, otro elemento utilizado en la política del estado venezolano, que marca una diferencia con tendencias anteriores, es la movilización de grandes masas de personas marginadas y excluidas de los mecanismos institucionales de distribución y poder a través de movimientos sociales y organismos no gubernamentales.

Las nuevas vertientes del regionalismo latinoamericano

ALBA-TCP.

Denominada originalmente en 2001 como Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA-TCP surgió como un proyecto venezolano en oposición directa al ALCA propuesto por los Estados Unidos. Después, su denominación fue modificada por la de Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, en virtud de que su objetivo era reforzar la autodeterminación y soberanía de los pueblos, contrarrestando las políticas económicas impulsadas por Estados Unidos y algunos organismos internacionales (Altmann, 2009).

La iniciativa del ALBA fue creada durante el periodo de debilitamiento de los liderazgos regionales tradicionales de Brasil, tras las crisis financieras que agobiaron a Argentina y Uruguay en 2001 y que debilitaron institucionalmente al Mercosur, y de México, debido al alejamiento con la región tras la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994.

El primer paso para la conformación del ALBA consistió en la suscripción de un acuerdo de cooperación bilateral entre Venezuela y Cuba (país excluido de las negociaciones del ALCA) y de la proyección de la iniciativa de una empresa estatal-regional de petróleo para el Caribe (PetroCaribe)²⁶. Posteriormente, ambos países y Bolivia firmaron el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TPC),²⁷ en 2006. Además de Venezuela, Cuba y Bolivia, el ALBA está conformado por Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Ecuador.

La propuesta encuentra sus incentivos en una agenda de cooperación ampliada que incluye la cooperación política -particularmente en las áreas energéticas (basada en el petróleo)-; social (relacionado con temas de salud, alfabetización, cultura y deportes); económica (sostenida en la compensación comercial); de infraestructura; telecomunicaciones y financiera (Fondo y Banco ALBA) (Sanahuja, 2008).

Este bloque está conformado por: el Consejo de Presidentes, y el Consejo de Ministros²⁸ -los cuales se articulan a través de la Comisión Política y la Coordinación Permanente-, además de grupos de trabajo para el diagnóstico, ejecución y seguimiento de proyectos por áreas; la Secretaría ejecutiva, el Comité de defensa de la naturaleza (área de medio ambiente) y el Comité permanente de defensa y soberanía (conformado por los ministros de defensa). Para algunos analistas, esta estructura institucional es poco eficiente; de hecho, los acuerdos puntuales aprobados no tienen mecanismos de seguimiento o cuentan con poca información pública, mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas (Serbin, 2010). Sin embargo, la limitación más evidente es la conformación intergubernamental que dificulta la evolución del bloque hacia la supranacionalidad.

Los incentivos políticos para la conformación de este bloque estuvieron sostenidos en la fortaleza petrolera de Venezuela y en su discurso contra la creación del ALCA. Por ello, el ALBA, además de utilizar la estructura institucional, emplea instrumentos que se oponen a las fuerzas capitalistas que dominan el mercado latinoamericano, lo hacen dependiente y minan su desarrollo. PetroCaribe intenta constituirse como un mecanismo de cooperación de seguridad energética, el Banco ALBA²⁹ busca limitar la influencia de los organismos financieros internacionales en la región, el Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos) pretender ser una unidad de cuenta común para dejar de utilizar el dólar en el comercio intrarregional³⁰, el TCP busca realizar un comercio justo, y el establecimiento de Telesur ha sido una alternativa de comunicación a nivel regional.

El énfasis del ALBA reside en buscar una nueva propuesta de integración que sustituya a las fuerzas del mercado y coloque al Estado como regulador de la acción económica, así como la creación de alianzas entre nuevas empresas públicas conjuntas. Para ello, plantea convenios e inversiones intragubernamentales, un sistema de alianzas entre gobiernos afines a la misma ideología y reformas a la propiedad privada (Romero y Curiel, 2009). Es decir, la creación de las llamadas empresas Gran nacionales y que están integradas productivamente para el beneficio de las sociedades y de propiedad absoluta de los Estados.

El acuerdo con Bolivia es parecido: Cuba suministra equipos oftalmológicos, equipamiento y personal médico, además de recibir a estudiantes bolivianos y apoyar la campaña de alfabetización en Bolivia. Venezuela suministra petróleo, combustible, asfalto, a cambio del suministro de productos bolivianos. Tanto Cuba, como Venezuela, garantizan la compra de productos bolivianos, cuyos mercados de exportación han sido afectados por los efectos de los tratados comerciales que diversos países han firmado con los Estados Unidos o la Unión Europea, pero Bolivia no puede exportar su gas a Cuba o Venezuela (Fritz, 2007).

La consolidación de la visión venezolana en materia de integración se concretó con la creación de PetroCaribe y el Tratado energético de ALBA de 2007, instrumentos administrados por el gobierno venezolano. El primero surgió en el 2005 y tiene como propósito asegurar el suministro de petróleo venezolano a precios justos y con facilidades de pago a los 18 países miembros³¹, razón por la cual se creó PDV Caribe. Esta empresa vende el crudo y sus derivados a crédito de hasta 25 años, con una tasa de interés del 2 % si el barril está en menos de $40 dólares y 1 % si sobrepasa esta cifra (Griffith, 2011; en Jácome 2011). El financiamiento varía entre un 40 % y 60 % dependiendo del precio del barril. Estas concesiones han hecho que, hasta mediados de 2011, el envío diario a aquella zona sea de 200 mil barriles (Jácome, 2011). Adicionalmente a la venta de crudo, este mecanismo también contempla el financiamiento para la construcción de refinerías, plantas de almacenamiento y distribución, así como programas sociales a través del Fondo ALBA Caribe. Estas condiciones llevaron a que algunos de los países integrantes de PetroCaribe se adhirieran al proyecto de ALBA. Corrales (2011) estima que el subsidio de esta empresa a los países miembros es de $1,700 millones de dólares.

Con el tratado energético de ALBA se garantiza el suministro de petróleo a los países para los próximos 25 años, se proyecta la creación de una empresa estatal (PetroALBA), se garantiza el suministro del gas, se plantea la construcción de gaseoductos para conectar y suministrar el producto a los países y también se considera la generación de energías alternativas que no sean biocombustibles. Con esta herramienta, el suministro de demanda total de hidrocarburos para Cuba, Bolivia, Nicaragua, Haití y Dominica tiene un financiamiento del 50 %, mientras que el otro 50 % se destina al fondo de atención de proyectos de desarrollo productivo.

Para finalizar este apartado es necesario mencionar la propuesta para constituir el Consejo de Defensa del ALBA. Este proyecto fue una iniciativa lanzada recientemente por el presidente boliviano y, de establecerse, constituiría un órgano que superaría el poder del Comité permanente de defensa y soberanía que existe actualmente. El Consejo Político del bloque debe evaluar la propuesta, la cual tiene como pilar central la creación de un escudo contra el poder estadounidense que velara por la seguridad de la región; aunque también considera la cooperación de las fuerzas armadas en su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, un proyecto importante del bloque fue la creación de la Escuela de Defensa del ALBA con sede en Bolivia. Dicha escuela entró en funcionamiento en mayo de 2011 manteniendo la visión defensiva y antagonista hacia los Estados Unidos con el objetivo de diseñar estrategias para responder a las amenazas de intervenciones extranjeras en el continente (AVN, 2011).

Unasur.

A mediados de los años noventa, Brasil planteó la creación de ALCSA, partiendo de la articulación del libre comercio entre el Mercosur y la CAN, con el objetivo de que América del Sur pudiera unirse en una sola posición negociadora frente a los Estados Unidos y la propuesta del ALCA (Granato y Oddone, 2010). Posteriormente, la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones, creada con la Declaración de Cuzco de 2004, sirvió de antecedente inmediato a lo que hoy es Unasur.

Unasur surgió con el Tratado Constitutivo del mismo nombre en 2008 y está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, fue hasta marzo de 2011 cuando adquirió personalidad jurídica internacional al contar con la ratificación de 9 de los 12 miembros³². Unasur cuenta con una estructura institucional básica de carácter intergubernamental: el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegadas y Delegados y la Secretaría General, con sede en Quito, Ecuador. Sin embargo, su operatividad se establece a través de los Consejos: Desarrollo Social, Educación, Ciencia, Cultura, Tecnología e Innovación, Salud, Infraestructura y Planteamiento, Lucha contra el Narcotráfico, Energético y el Consejo de Defensa Sudamericano.

Este bloque se vincula con objetivos de desarrollo de infraestructura vial y de comunicaciones que faciliten el libre comercio y la convergencia de los acuerdos comerciales de los dos subesquemas regionales, es decir la CAN y el Mercosur, así como la adhesión de Surinam y Guyana sin perjuicio de sus obligaciones previas con el Tratado de Chaguaramas. Sin embargo, más allá de la posible convergencia comercial entre los dos bloques, el objetivo de Unasur es el desarrollo de un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico y ambiental que contemple la armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y agroalimentario, la transferencia de tecnología, la cooperación horizontal, la participación de empresas y la sociedad civil (Secretaría General de Unasur, 2008). Por tal motivo, los principales ejes sobre los que se sostiene este esquema de integración son la concertación política y la integración regional.

IIRSA es la herramienta para la generación de infraestructura y es una iniciativa que incluye a los transportes, energía, comunicaciones y la creación de una red de gaseoductos. La visión brasileña requiere, por razones geográficas, la infraestructura física y energética necesaria para la conexión con Sudamérica (Peña, 2009). Si bien IIRSA fue creada en el año 2000 por los 12 países de América del Sur con el objetivo de promover la integración física en las áreas de transporte, comunicaciones y energía, hoy en día se constituye como elemento clave para la integración sudamericana. La meta consiste en eliminar las barreras a la integración física de los países, fomentar el comercio intrarregional, estimular la creación de cadenas productivas, generar una economía sudamericana integrada, competitiva y dinámica a través de la participación estatal, de empresas y de la sociedad civil (Cepal, 2011).

Del total de proyectos concluidos hasta el 2011 -se detalla en el cuadro 1- 46 % son de financiamiento público, 37 % son recursos público-privados y 17 % son capitales privados. Los instrumentos de financiamiento (préstamos, donaciones, garantías y asistencia técnica) que utiliza IIRSA cuentan con el respaldo de organismos financieros regionales (Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata). Asimismo, se emplean asociaciones público-privadas que fomentan esquemas de participación privada para la inversión de proyectos multinacionales. Sin embargo, el presupuesto público es el que tiene el papel más importante, evitando el riesgo de caer en un desequilibrio fiscal. También se constituyó una Autoridad Sudamericana de Infraestructura a fin de que funcionara como concesionario regional con capital constituido por aportaciones de los países. Por tanto, al funcionar como concesionario puede acceder al financiamiento con un mínimo impacto en las cuentas fiscales de las economías (Carciofi, 2008). 

La gráfica 2 muestra el número de proyectos concluidos en los países participantes, así como el ámbito de los mismos (nacionales o binacionales). Hasta el 2011, Brasil había concluido 16 proyectos del IIRSA, 12 de ellos (75 %) eran nacionales con un costo de poco más de 4.3 mil millones de dólares (mdd) y sólo 4 (25 %) fueron binacionales, con un costo de 22 mdd. Brasil, Argentina y Chile son los tres países con mayor cantidad de proyectos IIRSA concluidos: 16, 17 y 16, respectivamente. Sin embargo, por el rubro de cantidad de dinero invertido únicamente en proyectos nacionales, Brasil es el país que ha realizado una mayor inversión.

El Programa de Financiamiento a las Exportaciones y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil son instrumentos de financiamiento para los proyectos de energía, transportes, comunicaciones y saneamiento dentro de IIRSA. De hecho, el BNDES modificó su visión para incorporar el objetivo de actuar como institución financiera de la integración sudamericana a través del apoyo a exportaciones de bienes y servicios brasileños en la región y las inversiones directas de empresas brasileñas en el exterior (BNDES, 2007). Asimismo, la ley le permite al Tesoro Nacional realizar operaciones de financiamiento para proyectos de infraestructura.

Brasil enlaza la propuesta de IIRSA con el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el cual fue lanzado desde el 2007 y en 2010 comenzó su segunda etapa. Este programa fomenta la inversión en infraestructura (logística, energética e inversiones sociales) para incrementar el desarrollo económico interno a través del financiamiento público y asociaciones público-privadas que estimulen la inversión. Por lo tanto, no es de sorprender que, si bien el Estado es un actor imprescindible para la inversión, también lo es el capital privado. De esta forma, los planes nacionales de infraestructura brasileña mantienen una lógica similar a los proyectos de IIRSA, lo cual explica el importante respaldo del gobierno de Brasil y el compromiso financiero de BNDES (Gudynas, 2008).

La concentración de proyectos brasileños evidencia la necesaria conexión de este país sudamericano con las demás economías de la región, lo que facilitaría el comercio desde y hacia Brasil, así como el transporte de mercancías del Atlántico hacia el Pacífico (Iglesias, 2008). Sin embargo, IIRSA no ha podido evadir las críticas. Algunas reacciones se derivan del daño medioambiental que pueden sufrir importantes reservas ecológicas con la creación de proyectos viales; otras destacan el protagonismo inherente de las empresas brasileñas para detonar proyectos de creación de infraestructuras como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão y Camargo Correa (Gudynas, 2008).

El segundo instrumento de Unasur es el Consejo Sudamericano de Defensa, cuyo objetivo es la prevención y resolución de conflictos a través de la creación de un foro de diálogo entre los ministros de defensa de los países miembros. La propuesta data de 2008, pero se creó hasta un año después y es consecuente con la política exterior brasileña³³. La creación de este Consejo respondió a la percepción histórica de amenazas militares en Brasil por parte de Estados Unidos y, más recientemente, al crimen organizado en la región. Estas dos situaciones han sido incentivos políticos porque, tras la Guerra Fría, no había una agenda consensuada sobre la seguridad en la región sudamericana que fuera independiente de los Estados Unidos y que le permitiera combatir el crimen organizado y la desconfianza entre los países. El incentivo económico detrás de este Consejo es que se promueve la producción nacional de la industria de la defensa para competir con los mercados externos y se desarrolla la producción de materiales de defensa a nivel regional (Ugarte, 2009).

Conclusiones

Los procesos de integración regional en América Latina han tenido diversas etapas de evolución. En un primer intento, el regionalismo latinoamericano de los años sesenta fue concebido como un proyecto protector de las dinámicas de la economía global y acorde al modelo de industrialización por sustitución de importaciones que imperaba en los países durante esa época (Morales, 2007).

La segunda fase del regionalismo latinoamericano se inscribió en los procesos de apertura económica mundial y como una estrategia para que las naciones de la región pudieran reinsertarse al sistema mundial. Sin embargo, los proyectos de esa segunda etapa no pudieron consolidarse: el marco integrador (Aladi) continúa siendo una zona de preferencias arancelarias, y los proyectos subregionales (MCCA, CAN, Mercosur) son consideradas como uniones aduaneras imperfectas donde ciertamente la apertura y regulación comercial han sido los temas más trabajados. No obstante, se avanzó poco en los temas de desarrollo social y de creación de una identidad regional comunitaria, y se hizo evidente la incapacidad de los Estados de alejarse de la visión westfaliana para crear instituciones supranacionales con soberanía compartida. De acuerdo con Sanahuja (2007), se cuenta con un regionalismo light y selectivo que sólo mira hacia la liberalización comercial, arancelaria y no arancelaria, así como a la eliminación de obstáculos a la liberalización de servicios, inversiones o compras gubernamentales. Además, es un regionalismo elitista en el que sólo participa una mínima parte de la población latinoamericana (Sanahuja, 2007 y 2008).

Los procesos de liberalización en América Latina condujeron a cambios no sólo en la integración regional, sino que también afectaron las estructuras internas de los países, modificando con ello sus patrones de política exterior y con ello la visión de los países sobre la integración regional. De los países analizados se observan diferentes modificaciones en sus políticas exteriores. Brasil, si bien atendió las reformas estructurales, después de la crisis de 1998 vinculó la actividad estatal con el mercado interno para entender la competencia internacional. Sin embargo, la evidencia histórica brasileña no compagina con los fundamentos teóricos ya que, después de los procesos de liberalización, la política exterior brasileña no se vio afectada. Inclusive construyó un proyecto de Estado como potencia emergente que lo colocó como global trader en diversos foros mundiales. Por ello, la agenda exterior brasileña tiene un modelo de inserción internacional con intereses dirigidos a consolidar su liderazgo regional e internacional. De ahí, que la integración subregional en América del Sur sea una acción consistente con la política exterior brasileña.

Venezuela ha impreso un fundamento ideológico sobre los patrones tradicionales de su política exterior: el presidencialismo, la integración económica y la disponibilidad petrolera. En un principio y con los procesos de liberalización, el Estado venezolano otorgó prioridad a los temas económico-comerciales y a su relación con los Estados Unidos. Sin embargo, con el arribo del presidente Chávez al poder, el rumbo de la política exterior ha estado acompañado por la fortaleza de la venta del crudo y el presidencialismo desplegado en las políticas públicas del país. Mientras tanto, la diplomacia petrolera se hace presente por medio de favores, donaciones, pagos a terceros o financiamientos. Por supuesto, la mayor parte de las naciones favorecidas por Venezuela son países que no cuentan con una gran disponibilidad de este recurso energético. Por último, la visión de la integración latinoamericana de este país ofrece una propuesta alternativa a la sugerida por el regionalismo abierto, porque coloca al Estado como el eje del desarrollo económico y no a las fuerzas del mercado. Además, propone una agenda conformada por una serie de temas sociales y políticos antes que económico-comerciales.

La política exterior de cada uno de estos estados latinoamericanos es el puente que enlaza a los proyectos de integración de la zona. Este trabajo evidencia que los proyectos de integración regional en América Latina que han sido analizados (Unasur y ALBA-TCP) son acorde a la visión sobre integración regional que sostienen Brasil y Venezuela. Para Brasil es necesaria la presencia de un espacio que lo proyecte regional y globalmente; por lo tanto, Unasur responde al objetivo de consolidarse como un líder regional en lo político (con la institucionalización formal de este bloque como sujeto del Derecho Internacional Público) y en lo económico (a través de la plataforma IIRSA y la expansión de las empresas brasileñas en territorio sudamericano). Por su parte, Venezuela busca un espacio exclusivo para América Latina y el Caribe, sin la presencia de Estados Unidos, y con Estado regulador de la actividad económica. ALBA-TCP permite la construcción de este espacio basado en la fortaleza financiera del estado venezolano para sustentar el intercambio comercial, financiero y energético de los integrantes del ALBA-TCP.

Sin duda, ambas propuestas representan dos alternativas diferentes a la integración regional en América Latina dado que sus agendas incorporan temas de creación de infraestructura y cohesión social innovadoras. No obstante, persisten algunas características comunes con respecto al regionalismo abierto. Tanto Unasur como ALBA-TCP son flexibles en su estructura institucional y buscan evitar la creación de burocracias o estructuras rígidas para su funcionamiento, ninguna de las dos contemplan la creación de instituciones supranacionales, y ambas se integran de temas e integrantes selectos. Este último argumento se comprueba con la creación de infraestructura (en el caso de IIRSA) o la seguridad energética (en el caso del ALBA-TCP) que lideran la agenda, dejando en un segundo plano los temas de liberalización comercial. En el caso de la membresía selectiva puede considerarse la denominación de Unasur, aunque existe la posibilidad de adhesión del resto de países latinoamericanos y caribeños. Ciertamente, estos acuerdos no hacen hincapié en la apertura comercial como premisa principal, a diferencia de otros acuerdos del segundo regionalismo.

El ejercicio del liderazgo en la región denota diferencias en aspectos puntuales. El liderazgo regional brasileño y su papel como actor global, pasa por el desarrollo de una buena relación con los Estados Unidos, así como la influencia y estabilidad regional; el Mercosur y Unasur se constituyen como "un instrumento fundamental para lograr una negociación en mejores condiciones con otros bloques económico-comerciales y para asumir un rol de actor global" (Serbin, 2010, p. 138). Es decir, se institucionaliza el espacio geográfico cercano a esta nación. Por otro lado, la alianza entre Venezuela y Bolivia y el impulso de la nacionalización de los recursos energéticos bolivianos, han afectado los intereses brasileños y, en particular, a Petrobras. A ello se suman las críticas cubanas y venezolanas del uso de los biocombustibles, tema explotado por la economía brasileña.

La creación de alianzas militares para Venezuela y Brasil también parte de diferentes perspectivas. Mientras el discurso venezolano es directamente antagónico en una confrontación abierta contra los Estados Unidos y busca la creación de una defensa latinoamericana frente a la injerencia extranjera, Brasil apuesta por la estabilidad y la cooperación con los países vecinos para luchar contra el crimen organizado y crear una semilla de confianza entre las naciones sudamericanas.

Finalmente, la presencia brasileña y venezolana los proyecta como líderes regionales, con sus propias características. Ambas propuestas buscan ejercer influencia en base a la construcción de un consenso. Sin embargo, la búsqueda de consenso para Brasil se complica por la heterogeneidad de circunstancias en Sudamérica, desde la desconfianza vecinal y hacia el liderazgo brasileño, hasta la asimetría de las capacidades militares y la persistencia del factor de soberanía en América Latina que impide la creación de instituciones supranacionales. En tanto que la postura venezolana seguirá presente mientras sus finanzas públicas así lo permitan.

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Notas

* Una primera versión de este trabajo fue presentada en el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip), en Quito, durante los días 12 al 14 de junio de 2012. Agradezco a los dictaminadores por sus comentarios que ayudaron a mejorar sustancialmente este documento.

¹ Este endeudamiento tuvo dos facetas: por un lado, los enormes déficits comerciales implicaron la transferencia de cuantiosos recursos para pagar los intereses deudores; las presiones inflacionarias se elevaron considerablemente como consecuencia de las devaluaciones cambiarias y el déficit público. Por otro lado, los gobiernos tuvieron que realizar una brusca reducción de la demanda interna, afectando con ello otras variables macroeconómicas como el empleo, el producto interno y la inversión (Ffrench-Davis, Muñoz y Palma, 1997, p. 54).

² Una política exterior de Estado se sustenta en un proyecto de nación donde se define el rumbo que el país quiere seguir en el plano internacional; este proyecto está vinculado con los intereses nacionales, es decir, aquellos objetivos prioritarios que regularmente se definen con base en el desarrollo y crecimiento de los países (Velázquez, 2007).

³ Es decir, la definición de su posición dentro de una región en términos de coherencia e identidad.

⁴ El proceso de integración también debía contemplar el impulso de leyes de propiedad intelectual, la apertura de redes de información, la movilidad de recursos humanos calificados y el fomento a la inversión extranjera para promover la imitación y transferencia tecnológica. Todo ello teniendo al Estado como eje catalizador para la coordinación empresarial y respetando el marco multilateral de comercio (Cepal, 1994).

⁵ Por ejemplo, la crisis financiera por la que atravesó Mercosur en 2001 propició la aplicación de medidas unilaterales por parte de Argentina, como salvaguardias, acuerdos interempresariales, restricciones voluntarias a las exportaciones e implementación de mecanismos comerciales de emergencia (Oropeza, 2002).

⁶ Por nacionalismo económico se entiende la prioridad para generar las capacidades endógenas necesarias para el crecimiento (Motta y Rios, 2007, p. 17).

⁸ La política exterior de Brasil se encuentra determinada jurídicamente en su carta magna, la cual concede al Poder Ejecutivo las competencias necesarias para conducir y ejecutar esta política (República Federativa del Brasil, 1998).

⁹ Un elemento que también muestra la continuidad del aparato diplomático es la figura del canciller Celso Amorim quien de 1992 a 1994 sirvió al gobierno de Itamar Franco y después estuvo presente en el gobierno del presidente Lula.

¹⁰ Bajo este proyecto se diseñaron propuestas y medidas para una mejora en la infraestructura de Sudamérica en los ámbitos del sistema arancelario, de telecomunicaciones, de tecnología de la información y de desarrollo sustentable. Este punto se discute más adelante.

¹¹ El ALCA fue una propuesta estadounidense lanzada en 1994 con la intención de crear una sola área de libre comercio en el continente americano. Las negociaciones para su creación deberían haber concluido en 2005; sin embargo, no se llegó a un consenso debido a las diferentes posturas en torno al tema de las asimetrías económicas entre los países participantes.

¹² A partir de la implementación del Plan Real en 1994, Brasil adoptó una paridad en el tipo de cambio, con respecto al dólar, para fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, ello dio origen a la dependencia del financiamiento exterior, ya que las bajas tasas de interés alentaron el endeudamiento de los empresarios con el exterior. Durante el segundo semestre de 1997, las reservas internacionales brasileñas cayeron, disminuyendo la entrada de capitales extranjeros a la economía y las exportaciones del país. Una de las consecuencias más graves para la economía brasileña fue la devaluación registrada a principios de 1999 de más del 60% y el incremento de la deuda pública neta de 38% con respecto al PIB, ya que el gobierno asumió riesgos cambiarios del endeudamiento del sector privado (Saiz y Calcagno 1999, pp. 298-299).

¹³ El G20 comercial es un grupo de países que surgió en agosto de 2003 por iniciativa del gobierno brasileño para eliminar o reducir de forma significativa las barreras al comercio agrícola. Esta conformado por países en desarrollo como Brasil, India, Sudáfrica, Argentina, Indonesia y México y es considerado como un bloque de negociación en el marco de las rondas multilaterales de comercio (Giaccaglia, 2008).

¹⁴ Denominación otorgada en 2001 al grupo constituido por las cuatro economías emergentes más importantes: Brasil, Rusia, India y China. Por las características económicas que reúne, este grupo tiene una importancia geoestratégica en el escenario mundial (O'Neill, 2001).

¹⁵ Sobre el complicado proceso de adhesión de Venezuela al Mercosur, diversos artículos y notas periodísticas (Moreno, 2012; Bernal-Meza, 2008; Arias, 2008) comentan las reticencias del gobierno y del congreso brasileño de incluir a aquel país al bloque sudamericano, ratificación que fue dada hasta finales de 2009. Recuérdese que Argentina y Uruguay dieron el visto bueno de forma inmediata en 2006. Tras la suspensión de Paraguay, se dio luz verde a la incorporación de Venezuela al Mercosur. Este documento mencionará las diferencias en torno al ALBA-TCP según lo estudiado por Sanahuja (2008).

¹⁶ Tras el proceso de nacionalización, Brasil vendió las dos refinerías que tenía en aquel país ($112 millones de dólares) con la posibilidad de que pudieran seguir funcionando como operadoras del servicio (Hage, 2008). Sin duda, para Brasil fue una acción inesperada pero, a pesar de las tensiones suscitadas, las relaciones volvieron a su cauce porque una parte importante del territorio brasileño depende del suministro de las exportaciones de gas boliviano. También es cierto que estos problemas binacionales pudieron reducirse gracias al descubrimiento de las reservas de Tupi y Júpiter que, si bien no serían inmediatamente explotadas, permitirían tener mayores reservas de gas natural en el país (Petrobras, 2008).

¹⁸ Para dar un ejemplo, recuérdese el diferendo con México que concluyó en la modificación del Acuerdo de Complementación Económica N° 55, donde ambos países dejaron atrás el libre comercio en el sector automotriz y acordaron cuotas libres de arancel y medidas sobre el contenido regional de vehículos ligeros, con la finalidad de proteger a la industria nacional brasileña y reponerse del déficit comercial para volver a una posición de competitividad con su socio comercial (Morales y Serrano, 2012).

¹⁹ IBSA es el grupo constituido por Brasil, India y Sudáfrica desde el 2003, el cual reúne a potencias emergentes e influyentes en sus continentes y que comparten necesidades, intereses y capacidades similares en el plano regional (Giaccaglia, 2008).

²⁰ El precio de la canasta de referencia de la OPEP está compuesto por el crudo de Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Venezuela. La cotización ha incrementado de 23.12 dólares el barril en 2001 a 113.12 dólares en 2012 (EIA, 2012).

²¹ Corrales (2011) señala la utilización de los recursos petroleros como parte de la estrategia de la diplomacia social de Venezuela -véase más adelante en este apartado. Shifter (2006) también enfatiza que la utilización de los recursos petroleros como una estrategia de la diplomacia venezolana ayuda a construir alianzas estratégicas. Señala en particular la creación de Petrocaribe como un garante del suministro de petróleo a países aliados, así como la compra de bonos de deuda a Argentina y Ecuador, además de las visitas realizadas a Irak (cuando Hussein todavía estaba en el poder) y los contactos establecidos con India y China para diversificar el mercado de exportación venezolano.

²² Los Ministros titulares han sido: José V. Rángel (1999-2001), Luis A. Dávila (2001-2002), Roy Chaderton (2002-2004) Jesús A. Pérez (2004), José A. Rodríguez (2004-2006) y Nicolás Maduro (2006-2012), quien será sustituido a partir de 2013 tras haber sido nombrado Vicepresidente.

²³ No obstante, es importante destacar que otras modificaciones realizadas permitieron el ingreso a la carrera diplomática de otras instituciones diferentes a la Universidad Central de Venezuela. Para analistas como Taylhardat (2011) esta modificación permitió que los amigos del presidente ocuparan posiciones clave en la cancillería del país.

²⁴ Más aún, Corrales (2011) afirma que la diplomacia social de Venezuela traspasa las fronteras continentales y tiene dos características específicas: la inversión estatal (en vez de la privada) y la inversión en proyectos de desarrollo.

²⁵ La estrategia más importante ha sido la construcción de Petroamérica, un mecanismo de cooperación e integración vía la utilización de recursos energéticos en la región y donde confluyen PetroCaribe, PetroSur y PetroAndina. Sus objetivos son: mitigar las asimetrías en el acceso a recursos energéticos, establecer mecanismos de cooperación complementarios, e impulsar la creación de infraestructura energética y de inversión conjunta (PDVSA, 2007).

²⁶ PetroCaribe permite una adhesión flexible de parte de los países de Centroamérica con los miembros del ALBA. Por tanto, la cooperación no se limita a vínculos energéticos, sino que permite la búsqueda de acuerdos comerciales con los integrantes del ALBA (Altmann, 2009).

²⁸ Este consejo está constituido en las áreas política (Consejo Ministerial Político), social (Consejo Ministerial para los Programas Sociales) y económico (Consejo Ministerial de Complementación Económica). Además, existe el Consejo Ministerial de Mujeres, que asegura la transversalidad de género en el proceso, y el Consejo de Movimientos Sociales.

²⁹ Este Banco fue creado en 2008 y los países que forman parte de él son: Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Esta institución funciona como una banca de desarrollo de ALBA-TCP (Banco del ALBA, 2012).

³⁰ El Sucre es en principio una moneda virtual para intercambios comerciales y medio de pago entre los bancos centrales de los países miembro (Banco del ALBA, 2012).

³¹ Los miembros son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, Sant Kitt y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela.

³² Actualmente, todos los países han ratificado su adhesión al Tratado.

³³ El documento creado por la Secretaría Presidencial de Asuntos Estratégicos de Brasil, Proyecto Brasil 3 tiempos: 2007, 2015 y 2022, contempla la planeación estratégica a largo plazo, donde se incluye la prospectiva de la política exterior y el sistema de defensa nacional. Particularmente sobre este último tema, se afirmó el fortalecimiento de la capacidad de defensa de Brasil y el sistema colectivo de defensa con los países vecinos (Calderón, 2011).

Información sobre la autora

María Esther Morales Fajardo. Es Investigadora del CRIM-UNAM y Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Es candidata del SNI. Sus líneas de investigación se concentran en integración regional en América Latina, IED en América Latina, política exterior de México y los países sudamericanos. Es autora del libro Puentes y vacíos en la asociación Mercosur-México (2011), así como de diversos artículos.