Estado y desarrollo

Marcello Carmagnani*

Alejandro Dabat (coord.), México, Problemas del Desarrollo-UNAM, 2010, 286 pp.

* El Colegio de México

Con perspectivas muy similares, los siete estudios que componen el libro enfocan la relación que se establece entre el Estado y el desarrollo de las economías latinoamericanas, tomando en cuenta los cambios acontecidos en el entorno internacional y su impacto en las economías latinoamericanas, en general, y en las de México y Argentina, en particular.

En la imposibilidad de dar cuenta de todas las temáticas tratadas por los autores, escogí dar más importancia a la función que desempeña el capitalismo de libre mercado tanto en la esfera de la economía real como de la financiera y su articulación con la reorganización que conoce el comercio internacional.

Esta aproximación no significa que se le reste importancia a los análisis que se ocupan de las posibles estrategias estatales para devolver al Estado un papel en el desarrollo económico con el objetivo de superar el neoliberalismo de las últimas décadas, bajo el supuesto de que todas las economías latinoamericanas presentan potencialidades subutilizadas capaces de vencer la desarticulación económica de los espacios nacionales y favorecer la cohesión social.

Otra contribución importante es la insistencia en la participación que la revolución informática y la globalización pueden desarrollar en la elaboración de políticas públicas capaces de hacer regresar el mercado a su natural dimensión, mediante una regulación que evite el intervencionismo y el populismo del periodo 1960-1980.

La crítica de Alejandro Dabat al intervencionismo estatal de dicho periodo hace énfasis en la burocratización que se dio en el ámbito de las empresas públicas y en la subordinación de los empresarios privados, los sindicatos y las organizaciones sociales a los gobiernos. A su juicio, la burocratización y la subordinación a los gobiernos son las responsables de los rezagos tecnológicos y del desproporcionado crecimiento de la deuda externa pública, así como de las recurrentes crisis fiscales de los Estados a partir de 1980.

Sólo al atribuir la debida importancia a la crisis fiscal que las políticas populistas han desencadenado en el área latinoamericana, es posible comprender su rotundo rechazo, permitiendo una respuesta en favor de la liberalización, de la competencia y, en general, de las fuerzas de mercado que redefinieron la relación entre Estado y desarrollo a comienzos del nuevo milenio.

Fernández y Vigil, en referencia a la Argentina actual, amplían la observación de Dabat. Agregan que los cambios actuales de América Latina dependen principalmente de "las relaciones básicas entre capital productivo y capital financiero" (p. 19), y apuntan que el proceso de transnacionalización fue posible gracias a la "desvinculación del sector financiero del sector productivo", lo que permitió que el sector financiero "aumentara su peso en el sistema económico" (p. 100). Vale la pena señalar que esta tendencia también se registra en los países industrializados.

Podríamos pensar que en la medida en que no se restablezca un nuevo equilibrio entre la economía financiera, la que realiza la intermediación de los capitales para fines productivos y especulativos a través del sistema bancario, el bursátil y los bancos centrales nacionales y supranacionales con la economía real, es decir de la producción, distribución y consumo de las mercaderías, persistirá el predominio del "patrón de acumulación rentista".

La tendencia rentista que todavía prevalece en América Latina es, precisamente, la que impide la afirmación del riesgo que encontramos mucho más desarrollado en los países industrializados y emergentes. La acumulación rentista presente en América Latina atenta así no sólo contra la libertad económica sino contra la política de todos los actores sociales, puesto que favorece especialmente el reducido segmento de los propietarios, los titulares de altos ingresos, los oligopolios que atrofian la competencia económica.

Haciendo específica referencia a México, Arturo Huerta González observa cómo la enorme expansión del ámbito financiero es favorecida por la creciente entrada de inversión extranjera directa y, sobre todo, por la inversión de cartera extranjera y nacional con fines especulativos. Se podría pensar que sin las remesas de los migrantes, se desataría en México una burbuja financiera de grandes dimensiones que pondría en jaque el equilibrio macroeconómico reivindicado como prioritario por todos los gobiernos en los últimos dos decenios.

Sin embargo, no se puede argumentar que México y en general los países latinoamericanos deban oponerse al mercado. Por el contrario, se debe favorecer una regulación de las fuerzas del mercado que las fomente, porque es imposible identificar una forma alternativa al mercado capaz de garantizar la libertad económica a los actores sociales y evitar el repunte que se vislumbra en algunos países encaminados hacia un nuevo populismo económico.

El mercado no necesariamente es un enemigo de la sociedad, siempre que se le garantice la función de regular competitivamente los flujos de bienes, servicios y de capital para favorecer el consumidor final. De ahí que el activismo estatal, recordado por algunos de los autores en este volumen, merecería un mejor análisis porque gracias a él las economías emergentes asiáticas conocieron un crecimiento del capital social y una expansión de la economía del conocimiento que genera innovación y crecimiento económico.

El vínculo entre libertad económica y activismo estatal podría reequilibrar la relación entre economía financiera y economía real y generar una convergencia entre la competividad y la incorporación de progreso técnico para todo el sector económico y no sólo para la industria, como pretenden los nuevos desarrollistas.

La convergencia entre economía financiera y real y entre competividad y progreso tecnológico requiere que el Estado no se subordine al mercado, pero que el mercado tampoco se subordine al Estado. El encuentro entre Estado y mercado puede acontecer mediante la cooperación en la oferta de bienes impuros, los ofrecidos conjuntamente por el capital público y privado, en las ramas económicas que requieran la participación del capital financiero internacional y el capital y las tecnologías desarrolladas por las transnacionales latinoamericanas, a condición de que estas últimas se abran a la competencia internacional.

Plantear la problemática de la relación entre capital financiero y capital productivo privado y público abre la posibilidad de visualizar los mecanismos capaces de generar una relación entre Estado y desarrollo con un carácter menos ideológico que el del viejo "desarrollismo" y, por lo tanto, capaz de aceptar las ideas del desarrollo sustentable.

El estudio de Esther Iglesias Lesaga y José Muñoz Cota Callejas presenta el proceso de autonomización que acontece en las macrorregiones económicas mexicanas a causa de la creciente y reciente extranjerización. Su aportación me permite verificar otro aspecto de la relación entre capital financiero y capital productivo y, con mayor precisión, la manera en que las crisis económicas de 1995 y de 2008 favorecieron la desigualdad económica entre las tres macrorregiones mexicanas.

Los autores de este estudio nos muestran que el índice de la producción manufacturera de la Frontera Norte reporta, especialmente a partir de 2005, un mayor crecimiento que en las regiones Sur y Centro-Norte. La pujanza de la Frontera Norte y del Centro respecto de las otras regiones depende tanto de las IED como de la capacidad de articular el ahorro y las inversiones mexicanas con la intermediación financiera internacional. Las empresas transnacionales que operan en estas regiones, incluyendo las transnacionales con base en México, tienen la fuerza de acceder directamente al mercado internacional de capitales, a diferencia de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Estas últimas dependen del crédito bancario nacional, que por estar orientado hacia el consumo privado obliga a los pequeños y medianos productores a pagar intereses y amortizaciones muy superiores a las que pagan las grandes empresas.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 56.2% de la deuda exterior mexicana de 2009 (us $65.4 billones) es deuda exterior privada. Gran parte de la deuda privada, US $40.2 billones (61.3%) es proveída por los bancos internacionales, mientras US $19 billones (29.1%) son el capital suscrito por los mercados bursátiles del exterior.

Esta divergencia que se presenta en la economía financiera, nos ilustra la diferente participación de las empresas extranjeras y nacionales en el capitalismo actual. La globalización introduce nuevas características espaciales a la producción, pues parte de ésta es deslocalizada en diferentes regiones del mundo, mientras otra parte es proveída por empresas independientes del productor final. La nueva estructura productiva se organiza en densas redes de empresas que dan vida a la cadena global de los productos, capaz de vincular empresas de diferentes tamaños en la economía mundial.

Si las diferentes pequeñas y medianas empresas, tanto mexicanas como latinoamericanas, no consiguen articularse a la cadena global de productos por la inexistencia de una economía financiera que proporcione créditos con tasas de interés similares a las internacionales, las estrategias de desarrollo tampoco podrán beneficiar a todos los productores ni se logrará incrementar la productividad y, por ende, el desarrollo tecnológico terminará por concentrase en los oligopolios.