La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?*

Benito León Corona¹

* Robert Castell (2004), La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Editorial Manantial, Argentina.

1 Profesor–Investigador de la UAM–Cuajimalpa.
Dirección electrónica: belecor@aol.com

En tiempos más recientes, se ocupa de la tarea de mostrarnos en qué consiste la inseguridad social, tarea que aborda a través de cinco capítulos en claves genealógicas al andar el camino a través del que se llegó a alcanzar horizontes de certidumbre notables, que a la vez engendraron grandes contradicciones, y que hoy día nos colocan en una condición de incertidumbre por la enorme cantidad de situaciones de riesgo en las que nos encontramos.

Primero, aborda la construcción de certezas y garantías jurídicas como resultado de luchas políticas que devinieron en la seguridad civil, donde nombres ilustres de la filosofía política paulatinamente construyeron y colocaron las estructuras que permitieron consolidar la forma de Estado de Derecho a partir del absolutismo, para garantizar seguridad a la población lo que, paulatinamente, se complementa con el reconocimiento de derechos cívicos y políticos de los ciudadanos. El núcleo de todo el nuevo entramado institucional es la propiedad privada, que permite sólo a un sector reducido de individuos demandar garantías de seguridad para sus bienes; lo que abre la puerta a una demanda interminable de justicia y a la aparición de todo un entramado jurídico–legal. A la demanda de seguridad en la cotidianeidad de la vida que da paso a la "omnipresencia de los policías", se suma la demanda de respeto a la libertad y la autonomía individual. Para Castel esto no es sino una contradicción derivada por un lado, de la demanda de seguridad absoluta y, por otra, de autonomía y libertad.

De modo que "la exasperación de la preocupación por la seguridad engendra necesariamente su propia frustración, que alimenta en sentimiento de inseguridad".

El avance de la incertidumbre no se detiene. Al tiempo que se consolida la demanda por seguridades jurídicas y policiales se desarrolla la institucionalidad necesaria para garantizar la cobertura de riesgos donde la capacidad de los individuos es insuficiente para atenderlos. Para Castel este es un problema no resuelto por el Estado de Derecho, es un déficit que provoca gran inseguridad social, que requiere la construcción de instituciones para garantizar a aquellos que no son propietarios certezas. Se trata del grueso de la población que se ostenta como trabajadora, y que sólo tienen la propiedad de su fuerza de trabajo.

El entramado institucional construido para dar certidumbre a la sociedad en conjunto, implica "asociar protecciones y derechos a la condición del propio trabajador", lo que convierte al trabajador en sujeto de atención vía las instituciones creadas para tal fin; ahora, dice Castel que se crean propiedades sociales que permiten al trabajador contar con la certeza de protección, tal como ocurre con los propietarios. La centralidad en el desarrollo de todos los dispositivos de protección social se encuentran en la labor social del Estado o Estado Social, lo que le convierte en un reductor de riesgos. Es importante destacar que no se trata de una sociedad de iguales, pues la condición de trabajador no es univoca, existen diferencias, no se trata de un Estado redistributivo de ingresos; en todo caso, dice el autor, se trata de un Estado protector que reduce los riesgos sociales. El cimiento base para lograr tal estructura institucional se encuentra en las posibilidades de crecimiento de la actividad económica y lo que llama el principio de satisfacción diferida de los asuntos sociales. El planteamiento es que desde el Estado se concibe la posibilidad de actuar sobre el futuro, que siempre se ve halagüeño (hasta la década de los 70). Los logros alcanzados son, dice Castel, la creación y pertenencia a formas colectivas de organización, sin ellas los individuos no propietarios se encuentran sujetos a enormes riesgos.

La construcción de un Estado Social de Derecho ha significado para todos los que se encuentran en él enmarcados, enormes posibilidades de futuro, no así para quienes se encuentran fuera de este entramado institucional. Inclusión para unos y riesgo para quienes pueden perder la pertenencia a colectivos organizados o no pertenecen a ellos. Si bien, los logros producidos por esta modalidad institucional son notables, lo cierto es que el orden contractual resulta desfavorable para quienes no cuentan con los medios para garantizarse independencia social. En este terreno la construcción de derechos sociales y el activo desempeño del Estado en el terreno social representan, dice el autor, "la instancia del colectivo por excelencia".

Sin embargo, los arreglos institucionales que propiciaron la formación de derechos sociales hasta la década de los setenta, entraron en un proceso de debilitamiento paulatino, de inicio el del propio Estado; en especial del papel desempeñado como garante de los derechos sociales en la medida que traslada su protagonismo a las empresas debido a las exigencias de la competencia en los mercados internacionales, lo que significa trasladar los costos de la competencia al terreno social. A las exigencias de la competencia se suma, el debilitamiento–erosión de las formas de representación colectiva y, por tanto, al aumento de la incertidumbre, en todos los ámbitos. Esta situación pone en juego las características de cada individuo para mantener y/o mejorar–empeorar su situación. El resultado es la "imposición de una movilidad generalizada" que empuja al debilitamiento de los arreglos institucionales que procuraban certezas a la fuerza laboral. Ahora la situación conduce a la erosión de formas sociales de protección y al incremento de principios individuales de actuación y al aumento de la inseguridad. De esta manera el debilitamiento de la parte del sector mayoritario del arreglo social conduce al aumento de la capacidad de dominio y conducción de la otra.

En esta condición de indefensión de la gran mayoría de los miembros de la sociedad, se encuentra el origen de resentimiento y la sensación de injusticia en la que se nutre la descalificación reciproca. Este es un poderoso factor de incremento de la inseguridad.

Para Castel nos encontramos ante "una nueva problemática del riesgo", que se suma a la forma clásica (riesgos sociales); esta nueva modalidad se genera por la imposibilidad de quienes deben afrontar las transformaciones ocurridas a partir de los 70, con el debilitamiento del Estado social, lo que les colocan en situación de vulnerabilidad. A todo lo anterior se agrega la aparición de una nueva "generación de riesgos" resultante del desarrollo científico y tecnológico "descontrolado". La suma de temores por la vulnerabilidad social y ambiental, nos colocan en una condición. Hoy vivimos la "cultura del riesgo", provocada por los excesos de la modernidad, empeñada en un "productivismo desenfrenado y en una explotación salvaje de los recursos del Planeta", lo que coloca a la mayoría de la población en mayor riesgo por el desamparo en que se encuentra frente a los menos. La opción: domesticar al mercado mundializado. Sin embargo, la tendencia es individualizar el riesgo, dejando de lado toda opción colectiva de seguridad, que no es más que el resultado de una paradoja, las garantías de seguridad cultivadas e institucionalizadas hasta la década de los 70 por el propio Estado, al interiorizar en los individuos la necesidad de seguridad. El planteamiento central es que el individualismo es resultado de las modelación de la subjetividad llevada a cabo por las instituciones del propio Estado.