Legislación, política y autonomía*

ARMANDO LABRA**

En México, la historia de la Universidad se encuentra indisolublemente ligada a la lucha social por la libertad. La gesta por la autonomía universitaria inició sus primeras batallas con la conquista de la Independencia nacional. En efecto, al triunfo de la República, comenzó a sustituirse la vieja doctrina de la enseñanza católica por las profesiones liberales: jurisprudencia, medicina, ingeniería. El predominio de los estudios teológicos, metafísicos y filosóficos, fue gradualmente reemplazado por el pensamiento racional y el estudio de las ciencias, proceso que no estuvo exento de conflictos entre el clero, el gobierno y los pensadores de la época.

Históricamente, la autonomía universitaria surge como respuesta de las instituciones públicas de enseñanza superior para cumplir su misión, frente a las interferencias de los poderes político, público, económico y religioso.

Los orígenes de la autonomía universitaria en nuestro país se remontan al movimiento estudiantil de 1875, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que tuvo como protagonistas a los estudiantes de las escuelas de Medicina y Minería, de los diversos planteles de educación profesional y de la Escuela Nacional Preparatoria. El movimiento, apoyado por Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza, desembocó en la demanda en favor de la universidad libre, que expresaba la toma de conciencia de estudiantes y profesores sobre la necesidad de independizar la enseñanza de los dominios del poder clerical y autoritario, como condición para dar cauce al estudio de los intereses supremos de la sociedad.

El conocimiento científico, destinado no sólo a comprender al mundo, sino a transformarlo, tiene como premisa las libertades de opinión y acción. Por tanto, su aptitud para contrarrestar cualquier intento que la desvíe de su misión es condición básica para su desarrollo. Ésta fue la tesis defendida por el diputado Justo Sierra, quien en 1881 planteó por primera vez, ante el Poder Legislativo, la posibilidad de conferir autonomía a la Universidad. La iniciativa no prosperó, simplemente porque resultaba inconcebible que una institución quedara fuera del control del gobierno y porque prevaleció la visión antipositivista; sin embargo, se sentó un precedente. Como secretario de Justicia e Instrucción Pública, Justo Sierra volvería a insistir en su propuesta, al reinaugurar actividades la Universidad Nacional de México en 1910.

Con el inicio de la gestión de José Vasconcelos en la Rectoría de la Universidad en 1920, se inauguró una etapa de replanteamiento de la institución, en la cual se definió que la esencia de su compromiso se orientaba hacia la sociedad, más que hacia el gobierno, como previamente lo había concebido Justo Sierra. Desde la nueva concepción y en el contexto de una intensa movilización estudiantil, en julio de 1929, el presidente Portes Gil propuso al Congreso de la Unión la Ley de Autonomía de la Universidad.

Entre los elementos principales de la novedosa ley destacan:

[...] la dirección de la Universidad quedará libre y definitivamente en manos de sus miembros, maestros y alumnos; pero, junto con la libertad, alumnos y maestros deberán asumir cabalmente el peso de todas las responsabilidades que la gestión universitaria trae consigo [...].

La Universidad libremente resolverá sus programas de estudio, sobre sus métodos de enseñanza y sobre la aplicación de sus fondos y recursos.

En el Gobierno de la Universidad participarán maestros, los alumnos y ex alumnos [...].

Cabe señalar que la decisión de conceder la autonomía a la Universidad Nacional nunca significó la renuncia del Estado mexicano a las potestades conferidas en la Constitución acerca de su responsabilidad respecto a la política educativa. La autonomía, reconoce, respeta y alienta el espíritu libre, creador y crítico, contribuyendo así a su compromiso con la sociedad y a los fines educativos de la nación.

El ejercicio y el concepto mismo de la autonomía universitaria fueron evolucionando. En 1933, y como reacción a un conflicto universitario desatado en torno a la orientación ideológica de la Universidad, el presidente Abelardo Rodríguez presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la Ley Orgánica y concederle a la Universidad Nacional la “total autonomía”. Con dicha Ley, sin embargo, la Universidad perdía su carácter nacional, denominándose sólo Universidad Autónoma de México. El Estado renunciaba a toda intervención en la vida interna de la institución y se obligaba a concederle un subsidio anual para su sostenimiento.

Frente a un nuevo debate nacional, así como por la necesidad de asegurar el financiamiento suficiente para la actividad universitaria, en diciembre de 1944 la Ley Orgánica expedida por el Congreso reintegró el carácter nacional a la UNAM ratificando su autonomía, al establecer que la Universidad:

• Está dotada de plena capacidad jurídica y tiene derecho para:

organizarse como lo estime mejor dentro de los lineamientos generales señalados por la misma ley; impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones, de acuerdo con los principios de libertad de cátedra y de investigación, y expedir certificados de estudios, grados y títulos, y administrar su patrimonio.

Luego de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la UNAM, la institución vivió una etapa en la cual la autonomía universitaria fue puesta a prueba. La Universidad Nacional registró la mayor expansión de su historia, convirtiéndose en palanca indiscutible del desarrollo nacional. Sin embargo, su consolidación como espacio de debate plural y conciencia crítica de la sociedad mexicana propició, en las décadas de los sesenta y setenta, intromisiones antagónicas que violentaron la autonomía al prohijar la suspensión forzada de las actividades académicas. Tales agravios, antes que debilitar, terminaron fortaleciendo los principios que dan sustento moral y político a la autonomía universitaria.

En el marco del primer cincuentenario de la primera Ley que proclamaba la autonomía universitaria, y en respuesta a la demanda que habían venido planteando autoridades y sectores universitarios de diversas entidades federativas, en 1979 el presidente López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa que adicionó el artículo tercero de nuestra Carta Magna, garantizando constitucionalmente la autonomía de las universidades públicas. En 1980, el Poder Legislativo aprobó la iniciativa que define las funciones de la universidad pública y establece la autonomía como la facultad para gobernarse a sí misma.

A 75 años de haber sido conquistada, la autonomía universitaria es hoy una directriz fundamental de las instituciones públicas de educación superior. La autonomía de la Universidad es, ante todo, un precepto que garantiza la autogestión institucional, la libertad de pensamiento, la responsabilidad social en el cumplimiento de su misión. Sólo puede emanar de postulados democráticos, y únicamente tiene cabida en espacios de discusión abierta y plural. Por medio del ejercicio pleno de la autonomía, la vida universitaria preserva la unidad en la diversidad como condición necesaria para generar conocimientos científicos y asegurar el desarrollo de una verdadera cultura democrática.

Actualmente, la autonomía confiere a la Universidad:

• La capacidad de crear las disposiciones e instrumentos legales que rijan su vida interna.

• La facultad para gobernarse a sí misma mediante fórmulas democráticas, permitiendo la participación activa de su comunidad.

• El derecho de administrar su patrimonio. El apoyo económico fundamental para el cumplimiento de su función provendrá del gobierno federal.

• El compromiso con la justicia social, así como la atención a los problemas nacionales y la rendición de cuentas que aseguren una Universidad al servicio de los intereses de la sociedad.

La autonomía se ha convertido en un medio vital para el desenvolvimiento de la Universidad Nacional porque le permite cumplir sus funciones y contribuir con eficacia al desarrollo nacional. Es una cualidad que refuerza la condición pública y laica de la educación y la convierte en un instrumento insustituible de movilidad social entre los mexicanos.

La Universidad Nacional asume su autonomía para enfrentar cualquier obstáculo que distraiga su quehacer en favor de la sociedad a la cual sirve. La autonomía, más que un precepto jurídico o estatutario, es una institución permanente que se redefine en el tiempo, de acuerdo con las condiciones socio-políticas e históricas imperantes. La autonomía es académica pero también administrativa; por ello, la Universidad está obligada a entregar oportunamente cuentas claras y transparentes de los recursos públicos que la nación pone en sus manos.

La autonomía universitaria no significa extraterritorialidad; sus límites están regidos por el marco jurídico nacional. No obstante, implica el respeto del poder público a las formas de gobierno y organización universitarias; a sus valores fundamentales: libertad de cátedra, investigación, creación, y a la potestad de administrar su patrimonio.

El derecho a la autonomía es también una obligación de las universidades en cuanto entidades de interés público. En el contexto de una nueva relación entre Estado, Universidad y sociedad, surgen nuevas responsabilidades que la Universidad adquiere en el contexto de una sociedad cada vez más participativa y exigente. Por consecuencia, la rendición de cuentas en términos de acciones y resultados es una condición fundamental, no sólo para la satisfacción de la comunidad universitaria, sino para preservar la autonomía y cumplir con el cometido que, por ley, la nación le asigna.

En suma, la historia de la autonomía universitaria forma parte del recuento de las permanentes luchas del pueblo mexicano para conquistar la libertad, la justicia y la democracia. Gracias a la visión y sacrificio de mexicanos lúcidos, comprometidos con las mejores causas de la nación, la Universidad ha conquistado la autonomía y ha logrado elevarla al rango de garantía constitucional.

Así lo reconoce hoy el Senado de la República al conmemorar, en sesión solemne y con una placa alusiva, la conquista de la Autonomía de la UNAM hace 75 años. Hoy, la UNAM, precisamente por ser autónoma y nacional, refrenda su compromiso y su responsabilidad social. Con base en el mandato constitucional, por tanto, demanda los recursos necesarios para cumplir con la función que la sociedad le ha encomendado.

Ante un mundo en constante cambio, la Universidad Nacional Autónoma de México asume la obligación esencial de sostener los ideales de la supremacía del espíritu, de la cultura y de la dignidad humana asentada en su autonomía. Ha de seguir formando profesionistas capaces, con responsabilidad social; ha de seguir investigando para conocer y aportar mejores soluciones a los problemas que aquejan a la nación, esforzándose por consolidar ciencia y tecnología propias; ha de seguir forjando humanistas y creadores que extiendan los beneficios de la cultura a la sociedad entera. Ésas son, deben ser y serán, para el presente y el porvenir, las tareas históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

* Si bien este texto no fue presentado en el Debate Contemporáneo sobre la Autonomía Universitaria, nos pareció pertinente publicarlo en esta sección debido a la temática que aborda.

** Secretario Técnico del Consejo de Planeación de la UNAM.