Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares

José Luis Cadena Montenegro

Universidad Santo Tomás, Carrera 9 núm. 51–11 PBX: 587 87 97, Bogotá, Colombia. jlcadenam@yahoo.com

Recibido el 9 de abril de 2010
Aceptado el 30 de abril de 2010

Resumen

En este artículo, el autor realiza un estudio comparativo de las estrategias de combate al narcotráfico de Colombia y México. Para ello, presenta en primer lugar un panorama general de las principales organizaciones del narcotráfico en ambos países, continúa analizando las estrategias antidrogas de ambos gobiernos (como el Plan Colombia y el Plan Mérida) para después proponer la toma de políticas antidrogas más equilibradas que tengan en cuenta, además de los asuntos policiales, temas de salud pública, aspectos sociales y controles al comercio de los precursores químicos, al tiempo que se esfuercen por ser más eficientes, honestas, transparentes y responsables si se desea evitar la amarga experiencia colombiana.

Palabras clave: geopolítica, narcotráfico colombiano y mexicano, organizaciones criminales, Plan Colombia, Plan Mérida.

Abstract

In this article the author realizes a comparative study of the combat strategies against the drug traffic in Colombia and Mexico. He presents in the first place, a general panorama of the main organizations of the drug traffic in both countries, (as the Plan Colombia and Plan Mérida) to propose afterwards he adoption of anti–drug policies more balanced that keep in mind, besides police affairs, issues of public health, social aspects and controls in the commerce of chemical forerunners, at the same time trying to be more efficient, honest, transparent and responsible if they wish to avoid the bitter Colombian experience.

Key words: geopolitics, Colombian and Mexican narcotrafic, organized crime, Plan Colombia, Plan Mérida.

Introducción

El fenómeno del narcotráfico, aunque no es de los más nuevos actores, se ha convertido en uno de los más difíciles de combatir por parte del Estado. Su poder corruptor ha infiltrado y penetrado los estamentos oficiales y privados con dinero proveniente del macabro negocio, el cual deja ganancias astronómicas y contribuye a dañar la salud de millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo, a la vez que afecta la cultura e incrementa la aparición de fenómenos colaterales relacionados con la pérdida de principios y valores ciudadanos.

En este contexto, México y Colombia tienen una larga tradición de socios en este criminal negocio y en los últimos años. La privilegiada situación geográfica de los dos países ha permitido el crecimiento del mismo, generando tensiones regionales y globales por el impacto violento de las actividades de los carteles que operan el tráfico clandestino y que utilizan el territorio como plataforma para actividades agrícolas, industriales y de servicios que complementan lo que podríamos denominar la industria más productiva en los nuevos tiempos. Una investigación convertida en exitoso libro, muestra esta vieja relación y presenta a los principales actores, entre los que destacan dos colombianos descendientes de familias pertenecientes a la clase política corrupta que, por décadas, ha estado incrustada en el poder.¹

El Océano Pacífico ha sido y es actualmente el escenario del tráfico de drogas desde Colombia hacia México sin que las autoridades de los dos países hayan llevado a cabo medidas efectivas que lo impidan definitivamente. A tal grado de perfección ha llegado ese proceso, que en Colombia, en los últimos años, se han incautado unos veinte semi sumergibles listos para el transporte de cocaína hacia México.² Las evidencias muestran claramente que la tecnología empleada para su construcción en plena selva del Pacífico es proveniente de Rusia y algunos de los antiguos países pertenecientes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde las costas colombianas del Pacífico, estos aparatos han navegado y navegan hacia el norte rumbo a las playas mexicanas, evadiendo los controles de radar y otros equipos utilizados en estos menesteres. Los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Guadalajara son generalmente el destino preferido de la droga.³ A través de Centroamérica y como ruta alterna, en algunos casos, los narcotraficantes logran llevar la droga y desde allí a Estados Unidos. En los últimos años Honduras ha sido el país de la región más mencionado por las agencias de inteligencia y antinarcóticos como destino de cargamentos transportados por vía aérea desde Colombia y Venezuela. Uno de los argumentos para el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009, fue precisamente el temor de convertir al país en epicentro de la mafia encargada de comercializar cocaína y heroína; cientos de vuelos clandestinos dejaron trazas en los radares que monitorean el Caribe y el Pacífico en Centroamérica.

Los carteles de la droga en Colombia

En Colombia, los carteles más conocidos han sido el de Medellín, dirigido por Pablo Emilio Escobar Gaviria, y el de Cali, de los hermanos (Gilberto y Miguel) Rodríguez Orejuela. El primero está muerto (1993) y los segundos se encuentran presos en cárceles norteamericanas, purgando sentencias de treinta años, después de haber sido extraditados (en 2006 el primero y en 2005 el segundo) por el gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez. Estos dos carteles llegaron a ser los más violentos y poderosos por su capacidad corruptora y la cantidad de crímenes cometidos, pero existe una larga lista de organizaciones más pequeñas que han precedido a los primeros y que aún se mantienen activas. Está comprobado que el mayor cartel de narcotraficantes en Colombia actualmente es el de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ) que, de socios de los sembradores de hoja de coca en la década de 1980, pasaron a ser dueños de todo el proceso, incluyendo la exportación de cocaína a los países consumidores.⁴

Según la revista Forbes, Pablo Escobar llegó a figurar en 1980 en la lista de los diez hombres más ricos del mundo con una fortuna de 25 mil millones de dólares; hasta llegó a ofrecer pagar la deuda externa colombiana con tal que no se le persiguiese más. En su larga carrera delictiva figura el asesinato de 4,000 personas entre las que sobresalen tres candidatos presidenciales y un ministro de justicia. La época del terrorismo con explosivos en lugares públicos fue inaugurada por este criminal, quien habría traído a miembros activos de la ETA española para instruir a sus sicarios y enfrentarse al Estado colombiano.

Gonzalo Rodríguez Gacha, otro narcotraficante colombiano miembro del cartel de Medellín, adoptó el alias de "el Mexicano" por sus nexos con narcotraficantes de ese país y por su afinidad a la música, al tequila y a las costumbres gastronómicas. Sus fincas en Colombia tomaron el nombre de ranchos y se asegura que fueron fiel copia de algunas propiedades de personajes famosos en México con los que tenía cercana amistad. Este oscuro personaje murió acribillado por la policía colombiana cuando se escondía en la costa caribeña y las historias sobre sus fechorías constituyen uno de los capítulos más negros de la criminalidad en esta república sudamericana. En una libreta de notas incautada en una de sus propiedades, se pudo leer la siguiente afirmación: "Tengo tanto dinero y poder que pronto seré el presidente de Colombia". Fue entonces cuando algunos integrantes de la clase política en el poder, tomaron la determinación de enfrentar el narcotráfico con decisión. Ahora se sabe que muchos políticos colombianos, desde años atrás, recibieron apoyo económico de narcotraficantes, por lo que luego de llegar al poder facilitaron sus actividades criminales.

El primer narcotraficante colombiano de renombre extraditado por el gobierno colombiano a Estados Unidos fue Carlos Enrique Lehder Rivas, socio del cartel de Medellín y reconocido criminal quien, junto con Pablo Escobar, logró hacer parte de la clase política comprando, abiertamente, los votos de gente ignorante a cambio de dinero en efectivo y en algunos casos hasta vivienda propia. Ríos de plata corrían en los barrios pobres de las ciudades colombianas, especialmente de Medellín, Cali, Pereira y Manizales. Hasta la Iglesia católica fue presa del narcotráfico argumentando que "si el dinero era para los pobres, no importaba de dónde viniera".⁵

El mayor temor de los narcotraficantes colombianos siempre fue la extradición a Norteamérica y, en tal virtud, tomó fuerza la frase famosa: "Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". De esta forma, se desarrolló una verdadera guerra entre bandas de criminales pagadas por el narcotráfico y las autoridades colombianas. Miles de muertos quedaron en el camino y el terrorismo⁶ fue la principal herramienta de los forajidos para tratar de arrodillar al Estado. Militares, policías, jueces, fiscales y agentes estatales han sido asesinados mediante la combinación de todas las formas de lucha y cientos de civiles desprevenidos cayeron víctimas de los atentados indiscriminados en las calles y centros comerciales de las principales ciudades.

Los carteles de la droga en México

A finales de 2005, el gobierno mexicano identificó siete grandes carteles de la droga que operaban en el territorio nacional y que estaban asociados, de una u otra forma, a células de colaboradores que operaban con cierta independencia económica en distintos niveles y que eran protegidas en todo momento por grupos criminales. Estos carteles estaban en contacto con los narcotraficantes colombianos desde años atrás y se habían convertido en socios del negocio con permanente intercambio de dinero, armas y técnicas delictivas que incluían pasantías de personal en uno y otro país. La aviación mafiosa había desarrollado procedimientos ingeniosos para evadir la acción de las autoridades y los pilotos narcotraficantes abundaron en los dos países como por arte de magia; las pistas clandestinas se construían en México y Colombia a marchas forzadas en algunos casos con la colaboración de algunas autoridades locales.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) en aquel año, las bandas de narcotraficantes más poderosas estaban constituidas por los carteles de Tijuana de los hermanos (Ramón, Benjamín, Carlos, Eduardo, Francisco Rafael, Luis Fernando y Francisco Javier) Arellano Félix; de Colima de los hermanos (Luis Ignacio, Adán y Jesús, "los Reyes del Éxtasis") Amezcua Contreras; de Juárez de los hermanos (Amado y Vicente) Carrillo Fuentes; de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera (el Chapo) y Héctor Luis Palma Salazar (el Güero Palma); del Golfo de Osiel Cárdenas Guillén; de Pedro Díaz Parada (el Cacique Oaxaqueño) y el cartel del Milenio de los Valencia (Óscar Orlando (el Lobo) y Juan Nava Valencia con Luis Valencia Valencia).

Para las autoridades mexicanas, el cartel de Tijuana, liderado por Francisco Javier Arellano Félix, "el Tigrillo", era uno de los grupos más violentos y tenía su zona de influencia y operación en Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y El Valle. En colaboración con Francisco Cázares Beltrán y miembros de la familia Zatarín, mantenían grupos operativos en los municipios de Mazatlán, Culiacán y la Noria, en Sinaloa. La PGR investigaba posibles pactos con Osiel Cárdenas para el tráfico de drogas en el país. Con respecto al cartel de Colima, la PGR conocía que este grupo mantenía su área de influencia en siete estados, a saber: Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Distrito Federal. Sus principales centros de operación estaban en Colima, Tijuana, Guadalajara y Apatzingán. Esta célula había adoptado procedimientos propios con el fin de obtener componentes para elaborar drogas como efedrina, seudoefedrina y fenilpropanolamina, con la adquisición de antigripales, cuya venta no era controlada por el Estado.⁷

Sobre la herencia de Amado Carrillo del famoso cartel de Juárez, la PGR lo catalogó como uno de los más poderosos del país; estaba dedicado al tráfico de cocaína y mariguana, pero permitía el paso de heroína por su territorio a cambio de cuotas de estupefaciente. Esta organización mantenía su área de influencia en 21 estados: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sus principales centros de operación se ubicaban en Ciudad Juárez, Ojinaga y Chihuahua, Culiacán, Monterrey, Distrito Federal, Cuernavaca, Guadalajara y Cancún. Ya en 2005, los Carrillo incursionaron en la compra de hoteles, empresas constructoras y líneas aéreas, también habían establecido alianzas con organizaciones independientes, como la de los hermanos Beltrán Leyva, Ignacio Coronel y carteles colombianos.

Respecto al cartel de Sinaloa del Chapo y del Güero, la PGR confirmó que Joaquín Guzmán era uno de los más importantes líderes del narcotráfico en México quien mantenía su influencia en 17 estados de la República: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Sus principales centros de operación se ubicaban en Tepic, Nayarit, Distrito Federal, Cuautitlán y Toluca, Estado de México. A este capo se le atribuyó su participación en la balacera de la discoteca Christine, el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes y la primera fuga del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, entre otras acciones osadas.

La principal característica del Cartel del Golfo consistía en delinquir apoyado por un brazo de corte paramilitar integrado por personal retirado de fuerzas militares, los Zetas, quienes actuaban en unidades tipo comando para realizar ajustes de cuentas pero también para controlar las zonas de influencia. La PGR confirmó que ese grupo tenía sus principales centros de operación en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán en Tamaulipas y Morelia en Michoacán. El capo Osiel Cárdenas fue detenido en marzo de 2003 y se sospechaba que, desde su celda en el penal de La Palma, mantenía contacto con la banda de Ezequiel Cárdenas Guillén.

En el marco del Plan Azteca,⁸ el Ejército mexicano evitó a finales de 2005 la distribución en el país de mil 428 millones 124 mil dosis de mariguana, 17 millones 728 mil dosis de cocaína, 193 millones 922 mil dosis de heroína y 6 millones 996 mil dosis de pastillas tóxicas. Esta situación hubiera generado, de haber salido la droga al mercado de consumo, la intoxicación de más de 1,647 millones 771 mil personas, muchas de ellas con daños irreversibles para la salud y para la vida, según estableció la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así pues, la institución armada destruyó un promedio de 98 plantíos de mariguana por día, es decir 186 mil 873 al año, cerca de un millón 298 mil 509 durante el gobierno de Vicente Fox; en total cerca de 127 mil 756 hectáreas del enervante al cierre de 2005. En lo que se refiere a plantíos de amapola, el Ejército destruyó 150 hectáreas por día, un promedio de cuatro mil 154 al mes, 116 mil 800 en el año 2005 y 766 mil 283 al finalizar el quinto año de gobierno Fox; ello se traducía en 77 mil 311 hectáreas de esta droga. Durante la vigencia del Plan Azteca, contemplado en el Programa de Procuración de Justicia 2001–2006, las Fuerzas Armadas mexicanas desmantelaron tres mil 957 pistas de aterrizaje que eran utilizadas para el tráfico de estupefacientes por los distintos carteles de la droga, además de dos mil 137 campamentos y diez mil 775 secaderos. En 2010, la situación no ha cambiado y, por el contrario, el problema del narcotráfico consume todas las energías del gobierno que ha sufrido los embates de los grupos criminales que lo desafían y que territorializan su poder criminal,⁹ como si se tratara de una reproducción perfecta de lo que fueron los carteles de la droga en Colombia en tiempos de Escobar Gaviria. Se ha llegado a afirmar que algunos carteles mexicanos han sido asesorados por guerrilleros y paramilitares colombianos con experiencia en este tipo de actividades criminales.

Los planes antidrogas en Colombia y México

Finalizando la década de 1970, la demanda de mariguana, especialmente en Estados Unidos, originó en Colombia la fiebre por el dinero fácil con lo cual crecieron los cultivos en algunas zonas del territorio, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta reserva natural de condiciones climáticas favorables para esa actividad ilícita y cercana a las playas del Caribe. Este fenómeno ilegal representó para el país la aparición de nuevas modalidades de crimen organizado y el cambio de la cultura en diferentes regiones del territorio nacional, en las que el dinero pasó a reemplazar las sanas costumbres y los valores de la nación. Se acuñó el término "traquetos" para señalar a quienes traficaban con mariguana o formaban parte del aparato criminal que cometía delitos colaterales y que sólo creía en el poder del dinero.

Se pensó entonces que comprometer al Ejército nacional de Colombia en el control de ese fenómeno podría extirparlo o por lo menos minimizarlo, pero bien pronto el país entero observó atónito cómo el poder corruptor del dinero había infiltrado y penetrado la institución, que hasta entonces se consideraba incólume en su ética profesional y en la moral de sus hombres. Un general de nombre José María Villarreal Abarca, comandante entonces de la Segunda Brigada del Ejército con sede en Barranquilla y responsable de la seguridad de la gran llanura del Caribe, resultó involucrado de manera directa con una banda de narcotraficantes que lo habían comprado para tener facilidad de movimiento terrestre y acceso a los puertos de embarque cerca de las ciudades portuarias de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Hasta entonces, en Colombia el Ejército había sido la institución con mayor grado de confiabilidad y respetabilidad. El general fue destituido y castigado disciplinariamente pero se generó la idea en los mandos medios y en la tropa que "si un general puede convertirse en narcotraficante, ¿por qué a ellos les sería imposible?". Grave golpe para una organización militar que era considerada el sostén de la democracia y cuna de los valores ciudadanos.

El Ejército colombiano, acostumbrado a la práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, asimilada por la mayoría de gobiernos de América del Sur durante el gobierno de Turbay Ayala (1978–1982), afrontó las dificultades del Estado para cumplir con sus obligaciones y asumió, ingenuamente, funciones no militares como vigilancia de la zona esmeraldera, control del contrabando de café, control del narcotráfico, y otras que afectaron su profesionalización y cuyo resultado fue que muchos militares cayeran en el juego de intereses de los poderes locales.¹⁰

La actividad militar para control del tráfico de mariguana se denominó Plan Fulminante y se realizó durante el gobierno del mencionado mandatario con nefastos resultados para las fuerzas militares y de la policía, las cuales afrontaron graves problemas por la corrupción de algunos de sus hombres que terminaron sucumbiendo ante el poder del dinero. Otros pasaron incluso a formar parte de las bandas criminales que, de manera violenta, aparecieron en el concierto nacional como una nueva clase de ricos dispuestos a entronizarse en todas las actividades de la sociedad. El fracaso del control militar del fenómeno de narcotráfico, para el cual no estaba entrenado el ejército, permitió dos hechos graves: 1) La proliferación de cultivos en otras áreas del territorio nacional y 2) la contaminación de su personal en actividades ilícitas por la asimetría entre los bajos salarios, así como las ofertas de las narcotraficantes para comprometerlos o invitarlos a formar parte de su organización. Algunos policías y militares en retiro formaron parte de los grandes carteles de las drogas; otros terminaron asesinados por sus jefes y compañeros de fechorías. Las experiencias en el tráfico de mariguana indujeron a delincuentes como Escobar y sus futuros socios a conformar los carteles que luego comerciarían con los derivados de la hoja de coca y amapola.

Tan funesto para Colombia ha sido el narcotráfico que, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994–1998), las autoridades migratorias norteamericanas prohibieron, por primera vez en la historia del país, el ingreso a Estados Unidos de seis generales del ejército, quienes habrían tenido nexos con grupos de narcotraficantes. El mismo presidente de la República fue notificado de la cancelación de su visa e investigado por recibir dineros del narcotráfico procedentes del cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela para la campaña en la que resultó elegido. El tesorero de esa campaña fue Fernando Botero, quien actualmente se encuentra exiliado en México.¹¹

El Plan Colombia

Esta estrategia fue publicitada por Washington y Bogotá a finales de la década de 1990 como "un Plan Integral para el Fortalecimiento del Estado, la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz de Colombia", pero su verdadera metamorfosis lo llevó a mostrarse como la solución militar del complejo conflicto socio–político–militar de este país. Y es que este plan da prioridad y asigna mayores recursos a su componente militar, cuyas aristas llegaron al puerto ecuatoriano de Manta, base norteamericana hasta el 2009 a través de tres componentes: 1) La transferencia de tecnología de punta; 2) la inteligencia electrónica y el rastreo satelital, que posibilitarían el éxito del nuevo instrumento con miras a garantizar la hegemonía de Estados Unidos en Sudamérica y 3) la reconversión política y militar latinoamericana hacia la "lucha antidrogas" y a las concepciones estratégicas del antiterrorismo para neutralizar las llamadas "nuevas amenazas internas".¹²

En el marco de las diversas operaciones antinarcóticos puestas en marcha bajo el Plan Colombia, se inscribió el programa de fumigaciones generalizadas de cultivos ilícitos en Colombia con el químico Roundup Ultra. Este programa representó la columna vertebral de la alianza bilateral contra las drogas. El notorio incremento de las fumigaciones que condujo a una reducción de las áreas sembradas en Colombia, constituye un éxito local aparente que enmascara el profundo fracaso de esta estrategia analizada en su conjunto. El hecho de que cada año se intensifique la erradicación (en 2003, por ejemplo, se fumigó mucho más que en 2002) no debe ser interpretado como el éxito de una política, sino, al contrario, como la confirmación de su fracaso, pues es señal de que cada vez hay más hectáreas sembradas con hojas de coca y amapola.¹³

Inaugurado por el gobierno del ex presidente Bill Clinton en el 2000, el Plan Colombia se convirtió en el eje de la política antidrogas del gobierno de su sucesor, George Bush, en la región andina. Hasta el 2004, Estados Unidos había destinado 2,800 millones de dólares para su operación, pero las expectativas eran que la región recibiría unos 700 millones de dólares al año, buena parte de los cuales se invertirían en asistencia militar para las fuerzas militares colombianas. Según cifras suministradas por el gobierno estadounidense –con base en datos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, sobre las hectáreas de coca cultivadas y de las fumigadas–, a finales de 2002 había en Colombia 144,450 hectáreas cultivadas. Durante 2003 se fumigaron 139,000 de ellas; no obstante, a finales de 2003, quedaban 113,850 sin ser tocadas. Es decir, a pesar de la gran inversión y el enorme costo de las operaciones de fumigación durante 2003, esto sólo representó en la práctica la erradicación de unas 30 mil hectáreas nada más.¹⁴

En el mes de junio de 2003, se puso en marcha una nueva fase del Plan Colombia, bautizada como el Plan Patriota, cuyo objetivo era la intensificación de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, haciendo énfasis en las actividades contrainsurgentes.¹⁵. Esta nueva fase, puso en operación 18,000 hombres de fuerzas especiales tipo comando, entrenados y equipados para hacer penetraciones profundas en territorio insurgente durante largos períodos. En los últimos meses de 2003 se produjeron varias visitas a Colombia de los más altos representantes de la administración Bush: el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el secretario de Estado, Collin Powell; Richard Myers, de la Casa Blanca y John Walters, el Zar Antidrogas. Al año siguiente, este gobierno le solicitó al Congreso aumentar el número de efectivos militares y contratistas permitidos en Colombia como asesores e instructores.

El Plan Colombia debió concluir oficialmente a finales de 2005, lo que hubiera significado que, a partir de ese momento, toda la responsabilidad del programa de aspersiones con glifosfato recayera sobre las autoridades colombianas. Ésa fue una perspectiva que inquietó al gobierno colombiano debido a los costos de estos programas que el país no estaba en condiciones de asumir, razón por la cual, Colombia gestionó una prolongación de los programas hasta el 2009. Sin embargo, a comienzos del 2010, el Plan Colombia continúa vigente y aunque se escuchan rumores sobre la reducción del apoyo económico al mismo por parte del presidente Obama, las operaciones se mantienen y existe en el ambiente nacional la sensación, apoyada en cifras, de que el Plan ha fracasado pues el negocio de las drogas es tan rentable que difícilmente tendrá final en un país con la mejor posición geográfica para su producción, proceso y distribución.¹⁶

Es conveniente advertir que la mayor parte de recursos económicos suministrados por el gobierno de Estados Unidos, se han ejecutado por parte de contratistas de ese país que se desempeñan como asesores. Colombia por su parte debe invertir por lo menos tres veces más del presupuesto norteamericano, en virtud de lo cual, el rubro de defensa anualmente es muy superior a los de educación, salud, recreación e inversión social.¹⁷

La historia reciente en Colombia enseña que el mayor gasto en pertrechos militares no soluciona el problema de la violencia. Desde 1950 hasta 1956 los índices de violencia han ido de la mano con los índices del gasto militar que al finalizar el siglo XX alcanzaba 4.5% del PIB. Colombia es el país de Latinoamérica con el mayor monto de recursos en gasto militar; mientras el mundo gasta 2.9% del PIB, el promedio en Latinoamérica es de 2.3% y en Colombia 4.5%.¹⁸

También llamado iniciativa Mérida o Plan México, es un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de Estados Unidos y activado por el presidente George W. Bush el 30 de junio del 2008.¹⁹

El Plan Mérida demoró varios meses para ser organizado y llevado a la práctica. Entre las instituciones norteamericanas involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) y, por parte de México, el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).²⁰

En 2005 se incrementó la violencia al tratar de establecerse un cartel en Michoacán y cerca de 500 personas fueron asesinadas como resultado de reyertas libradas entre carteles rivales por el control del territorio. El 12 de diciembre del 2006, por órdenes del presidente Felipe Calderón, fueron despachados a Michoacán 6,500 militares para retomar el territorio controlado por distintos carteles. Dos días después, el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, anunció un operativo similar en su estado con la cooperación del gobierno federal. Este operativo comenzó en diciembre del 2006 en la ciudad fronteriza de Tijuana. Al comienzo de 2007, estos operativos se extendieron a los estados que conforman el Triángulo Dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa. En febrero del 2007, el gobierno federal extendió dichos operativos a los estados de Nuevo León y Tamaulipas. En respuesta a esta ofensiva oficial, el crimen organizado trató de asesinar al diputado federal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se estima que para esa fecha se habían desplazado aproximadamente unos 25,000 soldados a las zonas afectadas.

Durante los primeros 18 meses de la presidencia de Calderón, el gobierno mexicano había invertido aproximadamente siete mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico. Con base en reportes de la prensa mexicana y estadounidense, se estima que durante 2006 hubo unos 2000 asesinatos relacionados con el narcotráfico, otros 2,300 asesinatos durante 2007 y cerca de 2,500 durante los primeros cinco meses del 2008. La mayoría de los muertos fueron narcotraficantes eliminados por carteles rivales o por fuerzas de seguridad; algunos ciudadanos inocentes también han caído víctimas de los narcotraficantes. Entre 2006 y 2008 han perecido aproximadamente 550 policías, soldados y oficiales mexicanos en enfrentamientos, emboscadas y asesinatos.²¹ Como sucedió en Colombia hace unas décadas, los carteles del narcotráfico se pelean el territorio para expandir sus actividades delictivas.

La mayor parte de las armas utilizadas en este conflicto, provienen de Estados Unidos desde tiempos inmemoriales. "Uno de los principales traficantes internacionales de armas (nazi, ex miembro de la SS) ha establecido oficinas en México y, desde aquí, según sus propias palabras, realiza operaciones en Centroamérica para combatir el comunismo. Gerhard Georg Mertins, de 63 años, gusta narrar sus hazañas durante la guerra como miembro de las tropas selectas de Hitler; actualmente se describe a sí mismo como comerciante en logísticas."²²

El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia con un costo de 1,600 millones de dólares a aplicarse en el plazo de tres años. El paquete no incluye armas de fuego ni dinero. Durante el primer año, la Iniciativa Mérida proporcionó a México 400 millones de dólares en equipo y entrenamiento. El plan incluye un monto adicional de 65 millones de dólares para las naciones de Centroamérica; el Congreso estadounidense también incluyó a Haití y a la República Dominicana en la porción del paquete para Centroamérica. Hasta noviembre 2009, se habían otorgado solamente 214 millones de dólares de los 1,600 millones ofrecidos.

Además del empleo de la Fuerzas Militares en operaciones contra el narcotráfico, el gobierno de Calderón ha propuesto una serie de reformas en materia penal como un nuevo código penal único para toda la República, la autorización a la PGR para realizar espionaje telefónico y la posibilidad de redadas sin orden judicial; estas propuestas han sido ampliamente criticadas por algunas personas e instancias, entre ellas Alfonso Navarrete Prida, ex Procurador del Estado de México, mientras que los que las apoyan argumentan que tales medidas evitarán el escape de los delincuentes. Al inicio de su gobierno, Calderón materializó una propuesta mediante la cual se incrementó sustancialmente el salario de los militares mexicanos.²³

En 2010 las protestas de diferentes organismos por violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares en México, muestran a esta institución como una de las más desprestigiadas al servicio de un régimen que muchos califican de ultra–derechista y amigo incondicional de la Casa Blanca. Aunque los muertos y capturas de integrantes de los carteles de las drogas se han incrementado, también es cierto que ellas han sufrido duros golpes, incluyendo la muerte de oficiales de alto rango y autoridades del poder ejecutivo. Como en la mayor parte de Latinoamérica, las fuerzas militares mexicanas están en el epicentro del poder de las clases dominantes. Pero además son una categoría social cuyos integrantes no tienen una pertenencia de clase única.²⁴ La matanza de Tlatelolco en 1968 y el enfrentamiento en Chiapas con integrantes indígenas del movimiento EZLN que portaban fusiles de madera que no disparaban, son dos hechos negros que el pueblo mexicano no olvida y que se constituyen en grandes motivos para repudiar a su propio ejército. Las nuevas tareas asignadas por el Estado sin el consenso ciudadano ampliarán la brecha con resultados funestos.

Las fuerzas militares son cuerpos instituidos para garantizar los derechos de los ciudadanos, así como el normal desarrollo de todas las actividades económicas, políticas, jurídicas y sicológicas de los pobladores de un Estado y no para ejercer funciones de policía, menos aún para actuar en actividades de investigación de delitos comunes. En un Estado serio deberían existir cuerpos especializados con el entrenamiento adecuado, cuando las fuerzas militares son empleadas en actividades diferentes para las que fueron establecidas, se corre el riesgo de criminalizarlas. Eso ya sucedió en Colombia y en 2010 ocurre en México. En asuntos de seguridad y defensa es importante saber que la formulación de una política pública implica enlistar en orden de importancia todos los elementos positivos o negativos y la clasificación de los mismos con el fin de obtener la máxima eficiencia.²⁵ Cabe advertir que la eficiencia de un ejército se mide por la exactitud en el planeamiento de las operaciones militares, por el cumplimiento oportuno de sus misiones, por el mínimo riesgo calculado para la integridad de los combatientes, por el apoyo inmediato a la población civil, por la economía de medios, por el correcto aprovechamiento de la tecnología, por el sentido de pertenencia de sus miembros y, en síntesis, por los resultados finales frente a las expectativas de una sociedad entera²⁶ y no por la participación en actividades ajenas a sus funciones impuestas por la incapacidad de los dirigentes políticos para cumplir con sus responsabilidades.

En Colombia, durante décadas, el narcotráfico, con su enorme poder económico, fortaleció a las guerrillas y consolidó el paramilitarismo, infiltrando y penetrando muchas de las actividades nacionales, incluyendo el poder legislativo a gran escala. Por su cuenta miles de colombianos perdieron la vida, entre ellos, promisorios políticos, magistrados del poder judicial, directores de medios, jerarcas de la Iglesia, miembros de las fuerzas militares, policías y hasta exponentes del deporte.

En época reciente, Colombia fue catalogada como una narcodemocracia, un Estado canalla y un Estado fallido. Como consecuencia, los ciudadanos colombianos recibían un tratamiento ultrajante en el exterior. Son pocos los países que permiten el ingreso de colombianos sin visa por la presunción de que son narcotraficantes. Ya se escuchan propuestas en algunos países latinoamericanos en el sentido de imponer la visa obligatoria para ciudadanos mexicanos.

El problema de salud pública causado por las drogas no se ubica en las plantaciones de hoja de coca o de amapola, sino en la cocaína y la heroína cuya elaboración requiere de precursores químicos y otras sustancias fabricadas en países del primer mundo, generalmente los mismos en los que habitan los drogadictos. Sin embargo, actualmente el énfasis está en la erradicación y no en el control del suministro de los insumos necesarios para su procesamiento, en el lavado de activos, en el crecimiento del sector financiero con fondos negros, en el apoyo a campañas políticas, en el tráfico de armas o en el transporte y distribución de la droga. Cuando se trata de la solución de tan grave problema, es conveniente comprender que la política es una ciencia y su planeación corresponde no solamente a los políticos encerrados en sus abstracciones, sino que se hace con el consorcio de economistas, sociólogos, politólogos, psicólogos sociales, militares y otros profesionales afines.²⁷

Una política efectiva frente al narcotráfico debería tener como objetivo principal, la desorganización de los mercados y el derrumbe de los precios, hechos que por sí mismos desincentivarían el cultivo; este objetivo se conseguiría más rápido y a menor costo social al aumentar la eficacia del Estado para detectar las empresas de exportación de drogas, extinguiendo su dominio ilícito, perseguir el contrabando e interceptar las rutas del tráfico, incautación oportuna de dineros, extradición de criminales solicitados por otros países, extinción de dominio de las propiedades mafiosas y controlar la venta de armas y aviones a las mafias. Desde sus inicios el narcotráfico ha encontrado aliados en los Estados con diferentes pretextos; en unos países al dinero se le dice "economía subterránea" y, en otros, "ventanilla negra", pero lo grave es que estos nombres se han oficializado y, para algunos gobernantes, son el resultado de su eficaz manejo económico. Así ha sucedido en Colombia y en México durante muchas décadas. La adecuación de las instituciones a las nuevas modalidades delictivas y la organización de nuevos aparatos de inteligencia así como la efectividad del aparato judicial son necesidades urgentes para dar respuesta al problema del narcotráfico.

Desde Colombia, hace 24 años, el gobierno del presidente Virgilio Barco inició una ofensiva política y publicitaria en Estados Unidos para hacer corresponsables de la lucha contra el narcotráfico a los países consumidores. En ese entonces (1986) el gobierno y el Congreso de Estados Unidos defendían la tesis de que el origen del problema del narcotráfico era la producción y la oferta de cocaína. En consecuencia, la política de lucha contra este flagelo debía orientarse a destruir cultivos, judicializar campesinos en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, destruir pistas y laboratorios clandestinos y perseguir aviones.

El gobierno colombiano propuso otra alternativa: además de combatir la producción y el tráfico, era necesario tener una política de persecución a los intermediarios que venden la droga en las calles de Nueva York, a la entrada de los colegios, en las discotecas y en los mismos edificios de instituciones públicas. En una palabra, perseguirá los narcotraficantes tanto en Colombia como en Estados Unidos. Fue una dura batalla política que se acompañó de una efectiva campaña publicitaria en los principales diarios de ese país. Una batalla y una discusión que ese gobierno llevó a la ONU y la OEA. El resultado fue satisfactorio para Colombia. Puede afirmarse que desde ese tiempo empezó a gestarse el Plan Colombia que se volvió realidad en el gobierno de Andrés Pastrana.

Desde entonces, en Estados Unidos se entiende que la lucha contra el narcotráfico tiene dos caras: productores y consumidores. Es tan necesario tener una política de interdicción para capturar los grandes cargamentos de droga que salen de nuestros países, como una para perseguir a los vendedores, expendedores y consumidores de droga en las principales ciudades de Norteamérica. Tan importante es destruir cultivos ilícitos, como impedir que la coca llegue a manos de los estadounidenses en las discotecas. En el 2010, el gobierno colombiano llegó a Europa con este mismo mensaje al lanzar la campaña de "responsabilidad compartida" y poner el dedo en la llaga de los consumidores de cocaína del viejo continente. Los europeos al dejarle a Estados Unidos el papel de "policía del mundo", se han hecho a un lado de un problema que en nuestros países causa muchos muertos para que sus drogadictos encuentren la felicidad, y mejoren su calidad de vida bajo el pretexto democrático del libre desarrollo de la personalidad, con tolerancia y en algunos casos con financiación estatal.

Por todo lo anterior, el discurso antinarcótico debe reflejar hoy una política más elaborada. Ya no basta una ofensiva política acompañada de una buena campaña de publicidad. Hoy lo que se impone es una política equilibrada contra las drogas teniendo en cuenta, además de los asuntos policiales, temas de salud pública, aspectos sociales y controles al comercio de los precursores químicos y, sobre todo, la antítesis entre política y ética, tan en desuso en nuestros países, en los que el poder se obtiene por encima de los intereses generales. La legitimidad, la estabilidad y la existencia misma de un Estado, no sólo dependen del buen desempeño en el manejo de la economía, sino también del respaldo sociopolítico y fundamentalmente de la eficiencia, predictabilidad, honestidad, transparencia y responsabilidad de la maquinaria gubernamental. La seguridad del ciudadano se constituye en un bien público, del cual depende el libre ejercicio de sus derechos y la realización plena de sus aspiraciones. Es el Estado el responsable de proporcionar la seguridad ciudadana mediante el monopolio legítimo de la fuerza con el acompañamiento de instituciones fuertes que apliquen la ley cumplida y eficazmente.

En cuanto a México, si los responsables de la lucha contra los carteles no corrigen a tiempo el tratamiento que por ahora han dado al problema del narcotráfico, pronto tendrán unas fuerzas militares desprestigiadas y un caos generalizado por el desorden público causado por el terrorismo de las mafias actuales y las emergentes. Ojalá se aprovechara las experiencias dolorosas vividas en Colombia para aplicar a tiempo los correctivos apropiados. Nadie desea la colombianización... pero se está ya muy cerca.

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Notas

¹ Eduardo Saenz Rovner, La conexión cubana. Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años '20 y comienzos de la Revolución, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2005. Hacia 1942, las drogas desbordaron los cauces legales para ser descubiertas en Kansas City por el Buró Federal de Narcóticos (FBN, Federal Bureau of Narcotics). De los dos colombianos de clase alta apellidados Herrán Olózaga, el autor de este libro lleva a sus lectores a temas generales de la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos, comercio internacional de drogas prohibidas, papel de la minoría asiática dentro de Cuba, creación de la conexión cubana para tráfico de drogas y el intento de suprimirla cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial. Los mafiosos expulsados de Cuba encontraron otros caminos para alimentar la demanda de droga en Norteamérica.

² En Colombia se volvió costumbre la incautación de pequeñas embarcaciones conocidas como submarinos cuya tecnología causa asombro por estar estrictamente adaptadas a las necesidades del narcotráfico. Entre cinco y doce toneladas de cocaína son transportadas en estas naves operadas por intrépidos marinos, después de su fabricación en astilleros improvisados en las selvas del sur del país. Ya son 28 los incautados hasta el 2010.

³ Vid. Jesús Duva, "Narcos colombianos transportan droga en submarinos fabricados por ellos mismos", en El País, Madrid, martes 27 de enero de 2009, en http://www.elespectador.com/articulo112252–narcos–colombianos–transportan–droga–submarinos–fabricados–ellos–mismos.

⁴ Jose Luis Cadena Montenegro, "La geografía y el poder. Territorialización del poder en Colombia –el caso de las FARC–, de Marquetalia al Caguán", Bogotá, UPTC–IGAC, 2002. EL narcotráfico es un fenómeno de vital importancia para La subsistencia del conflicto armado en Colombia porque ha sido en los últimos años una de las principales estrategias de las FARC para conseguir los recursos que demanda la guerra. Esta actividad delictiva formó parte de La geoestrategia guerrillera en la zona del Caguán y es posible afirmar que desde tiempo atrás, se realizaba a escalas menores. Pero no ha sido solamente en esa región de Colombia donde las FARC han tenido el monopolio del narcotráfico puesto que existen otras zonas de igual o mayor importancia que están siendo disputadas también por los paramilitares bajo el pretexto de la necesidad de obtener recursos para financiar sus actividades contraguerrilleras. La guerra es la actividad más costosa y en tal virtud requiere de inmensos recursos para lograr una definición en el campo militar; en Colombia ha sido y sigue siendo el narcotráfico, uno de Los principales baluartes utilizados por parte de los grupos armados fuera de la ley.

⁵ Supuestas declaraciones de Rafael García Herreros (sacerdote católico reconocido por dirigir la fundación El Minuto de Dios, construir viviendas para los pobres y ser el mediador ante el gobierno colombiano cuando Pablo Escobar se entregó a las autoridades) a la prensa, al hacer alusión a cuotas que Escobar asignaba para su obra social.

⁶ Entendido como "La ejecución deliberada de acciones encaminadas a generar pánico y miedo en la población, como instrumento de acción política o como medio de guerra" (Gonzalo Bermúdez Rossi, Sociología de la guerra. Dos mundos en conflicto, Bogotá, Ediciones Expresión, 2007, p.40). A esto justamente acuden los carteles de la droga cuando se ven acosadas por las fuerzas estatales.

⁸ Este plan era "el instrumento operativo, rector y coordinador de las acciones que realizaban las diferentes dependencias del Ejecutivo para combatir el narcotráfico bajo un esquema integral, orientado a proteger la salud de los mexicanos, evitar la desintegración familiar y la delincuencia juvenil, reducir los índices de violencia, inseguridad pública y corrupción; asimismo, coadyuvar con la comunidad internacional a erradicar este cáncer social". (La Crónica de Hoy, en http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=218320)

⁹ La territorialización del poder tiene relación con la presencia de grupos armados en sitios específicos de la geografía nacional y con el ejercicio del poder, por coacción o por convicción de sus habitantes. Las seis variables estudiadas y denominadas "zonas periféricas, de colonización, de precaria presencia estatal, de cultivos ilícitos, de explotación petrolera, y suburbanas", se constituyeron en los objetivos geoestratégicos de las FARC para plantearle al Estado y a la población civil, la guerra irregular que aún subsiste y que actualmente ha tomado como alternativa coyuntural la más cruel de las variantes: el terrorismo. Lo más importante de esas seis variables, es el aspecto geográfico, apropiado para practicar la guerra de guerrillas y mantenerse en actividad a pesar de las acciones del Estado; el segundo aspecto es el económico, a partir de las mismas seis variables, porque permitió a los rebeldes desde la subsistencia elemental hasta el financiamiento de una guerra cruel que exige elevados gastos para mantener el aparato bélico. Vid. J. L. Cadena Montenegro, op. cit., p. 202.

¹⁰ Elsa Blair Trujillo, Las Fuerzas Armadas: una mirada civil, Bogotá, CINEP, 1993, p. 12.

¹¹ Comisión Ciudadana de Seguimiento, Poder, justicia e indignidad. El juicio al presidente de la República Ernesto Samper Pizano, Bogotá, Editorial Utópica, 1996, p. 32.

¹² Robinson Salazar Pérez, "Los avatares del Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla Panamá", en Revista Reflexión Política, año 4, núm. 8, 2002, p. 112.

¹³ La acción generalizada de fumigaciones mediante aspersión aérea resultó también en la destrucción de cultivos lícitos y, no en pocos casos, de cultivos de pancoger que forman parte de proyectos de desarrollo alternativo. Mientras las fumigaciones avanzan a paso acelerado, los programas de sustitución de cultivos pueden tomar años antes de que comiencen a dar sus primeros frutos. De ahí que la erradicación de los cultivos ilícitos, para que sea efectiva, debe hacerse de manera voluntaria y gradual, al paso que los cultivos alternativos vayan generando una nueva estructura económica que sustituya la economía del narcotráfico.

¹⁴ El Consejo de Relaciones Exteriores (CRE) –un importante centro de estudios en Washington– publicó un extenso informe sobre la política de Estados Unidos para América Latina, titulado "Andes 2020". En él, se anuncia el fracaso del Plan Colombia que oficialmente debería llegar a su término a finales de 2005. Este informe afirma, además, que la política estadounidense, en ese marco, otorga excesiva importancia a los aspectos militares descuidando los socioeconómicos.

Vid., Julia E. Sweig (dir.), Andes 2020. A New Strategy for the Challenges of Colombia and the Region, Nueva York, Council on Foreigns Relations Press, 2004. El documento está disponible en línea en se2.isn.ch/serviceengine/Files/RESSpecNet/14822/ipublicationdocument_singledocument/8EDA9145–66BB–4D5A–AECA–FE1042A34E30/en/2004–01_Andes2020.pdf N.E.

¹⁵ Oficialmente llamada Campaña Militar J.M., el Plan Patriota fue una respuesta militar al problema de las drogas que, en la actual coyuntura internacional, ha quedado asociado al terrorismo, reduciéndolo en consecuencia a un asunto de seguridad. A nombre de la "derrota al terrorismo y su fuente de financiamiento", el Plan contribuyó significativamente al agravamiento de la crisis humanitaria y de la situación de confinamiento y pobreza de las poblaciones del sur de Colombia.

¹⁷ El anunciado fracaso del Plan Colombia no obedece solamente a factores regionales como el desplazamiento de cultivos a otras áreas, o a las complejidades del multimillonario mercado de las drogas, sino también al enfoque miope e incoherente de la política antinarcótica aplicada. La fórmula combinada de "fumigación–desarrollo alternativo" contenida en el Plan, simplemente no funciona, porque la fumigación y el desarrollo alternativo no son, como lo pretende Estados Unidos, las dos caras de una misma moneda, sino dos propuestas incompatibles y mutuamente excluyentes.

¹⁸ Miguel E. Cárdenas, La guerra y la paz en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Económicas/ECOE Ediciones, 1999, p. 48.

¹⁹ La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto armado que se desarrolla entre los principales carteles de tráfico de cocaína y las Fuerzas Armadas. México es la ruta principal por la que transita la cocaína y otras drogas destinadas al consumo de los norteamericanos principalmente; el gobierno estadounidense calcula que los narcotraficantes mexicanos captan unos 23 mil millones de dólares al año.

²⁰ Desde los primeros años de la posguerra fría se ha tratado el narcotráfico como un asunto de seguridad. Esta situación ha evolucionado hasta alcanzar su actual articulación con la lucha antiterrorista. El tratamiento equivocado del terrorismo le ha dado un nuevo impulso a la militarización de la guerra contra las drogas.

²¹ Tras varios meses de lucha en la denominada guerra contra el narcotráfico, ante el aumento de la violencia y las denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violaciones cometidas por parte del Ejército, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió al presidente Calderón evitar el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, ante lo que el mandatario respondió que éstas seguirían comprometidas en esa lucha hasta alcanzar la victoria.

²² Manuel Buendía Tellezgirón, La ultraderecha en México, México, Océano, 1984, p. 136.

²³ En los primeros días de su administración, Felipe Calderón cumplió la promesa de mano dura e inició una serie de acciones en contra deL LLamado crimen organizado y el narcotráfico, movilizando a un número considerable de elementos militares, a quienes pidió Lealtad y decisión para afrontar la lucha contra los focos de acción de dichos grupos dentro del país.

²⁴ Mario Esteban Carranza, Fuerzas armadas y Estados de excepción en América Latina, México, Siglo Veintiuno Editores, 1978, p. 49.

²⁵ Charles E. Limdblon, "La ciencia de 'salir del paso'", en Luis F. Aguilar Villanueva (comp.), La hechura de las políticas, México, Editorial Porrúa, 2000, p. 201

²⁷ G. Bermúdez Rossi, El poder militar en Colombia. De la colonia a la contemporaneidad, Bogotá, Ediciones Expresión, 1992, p. 83.

Información sobre el autor

José Luis Cadena Montenegro. Geógrafo y politólogo. Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Geopolítica. Es catedrático de la Universidad Santo Tomás de Colombia y consultor internacional en defensa y seguridad. Tiene también diversas maestrías: en Ciencia Política por la Universidad de los Andes; en Planeación Socioeconómica, por la Universidad Santo Tomás y en Geografía y Ordenamiento Territorial, por el convenio UPTC–IGAC. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) y es Miembro de la Asociación Americana de Geógrafos (AAG) y del Instituto de Política y Democracia, Brasil. Entre sus varios artículos, destacan: "Tensión en las fronteras de Colombia como efecto de su conflicto interno" (2008); "Cultura, nacionalismo y geopolítica. Elementos para entender el conflicto de Oriente Medio" (2007) y "Geopolítica del narcotráfico" (2007).