Etnografía activista: mi experiencia en la ONU

Rodolfo Stavenhagen*

* Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Línea principal de investigación: Derechos humanos, pueblos indígenas, relaciones interétnicas, conflictos étnicos, sociología agraria, movimientos sociales. Correo electrónico: staven@colmex.mx.

Resumen

Palabras clave: etnografía, ONU, derechos humanos, pueblos indígenas.

Abstract

This article presents the ethnographic experience and methodological problems that the author faced as UN special rapporteur for the human rights of indigenous peoples. The objective of this mandate was to study the human rights violations of these peoples through field visits in various countries, select interviews with government officials and experts, the use of documents, all of which had to be summarized and presented before the various specialized bodies of the United Nations with recommendations to governments and other actors.

Keywords: ethnography, United Nations, human rights, indigenous peoples.

Me formé como antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en los años cincuenta, cuando estaba de moda que el buen investigador tenía que guardar su distancia con respecto al "objeto de estudio", es decir, generalmente en aquellos años y en este país, una comunidad indígena del México rural.

Sin embargo, mi primera experiencia de campo no fue precisamente un "estudio de comunidad", sino al servicio del gobierno federal en un proyecto en el que se "actuaba" sobre el objeto de estudio y se trataba del "desalojo" de varias comunidades indígenas establecidas en los márgenes del río Tonto, un afluente del majestuoso río Papaloapan, ante el avance en la construcción de una presa en el sureste del país. Los funcionarios encargados de esta gran obra -que sería única en América Latina-, con visión progresista pensaban que los antropólogos eran los más indicados para "convencer" a los pobladores de la necesidad de su desplazamiento en bien del progreso nacional. Así fue como me integré a unas "brigadas de convencimiento" y recorrí con otros compañeros las diversas comunidades que pronto se encontrarían bajo las aguas de lo que sería el vaso de la presa "Miguel Alemán".

Poco tiempo después, al servicio del Instituto Nacional Indigenista (INI) realicé algunos estudios en los Altos de Chiapas, siempre con el afán de ayudar al gobierno a obtener información que le sirviera para afinar su acción en favor de los pueblos indígenas de la región.

Entre tanto, en la antropología pasó de moda la "observación objetiva" y se puso de moda la "antropología situacional", es decir, en la cual el antropólogo que tiene la voz se coloca abiertamente como "sujeto" que habla y anuncia la perspectiva desde la que describe, analiza y juzga (según las circunstancias) al "objeto" de investigación, y en el mejor de los casos asume la responsabilidad de "devolver" al objeto estudiado los resultados de la investigación, antes de que éstos se empolven en los anaqueles de alguna biblioteca universitaria.

Pasaron los años y entre mis diversas ocupaciones universitarias y públicas profundicé mi compromiso con los derechos humanos de los pueblos indígenas mediante publicaciones académicas, informes a organismos públicos y la promoción activista de sus derechos. Durante varios años seguí con atención los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como los del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en materia de los pueblos indígenas y minorías étnicas. En México formé la Academia Mexicana de Derechos Humanos en 1983, que ayudó a colocar en la plataforma de la discusión pública esta temática. Entre otras cosas, organizamos los primeros cursos públicos sobre derechos humanos de los pueblos indígenas en el país.

En 2001 fui nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas Relator Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mi mandato fue claro:

a) Recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los propios indígenas, sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales;

b) formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades apropiadas para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

Este mandato se transformó en tres tareas principales: la realización de visitas a diversos países (conocidas en el lenguaje de la ONU como misiones), la obtención de información de los gobiernos a través de comunicaciones oficiales y, lo más importante, presentar anualmente un informe a la Comisión y a la Asamblea General de la ONU.

Al poco tiempo de mi nombramiento visité, en Ginebra, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la sazón Mary Robinson, expresidenta de la República de Irlanda, y para organizar mi trabajo con el personal técnico que me prestaría apoyo y me orientaría en mis actividades asistí a una reunión del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, en donde enfrenté mi primer escollo, en la figura de un líder indígena de la región del Balsas, quien cuestionó la manera en que fui seleccionado para este cargo. En opinión de este representante y otros indígenas participantes en este grupo de trabajo el primer relator especial en la materia debería haber sido una persona indígena. Este cuestionamiento me perseguiría durante los siete años de mi mandato.

Como buen antropólogo pasé los primeros meses recabando documentación de todo tipo sobre el tema de los derechos indígenas, que era una preocupación relativamente reciente de los organismos de las Naciones Unidas. De esta manera me fui percatando de que la mayoría de los diplomáticos que representaban a sus estados en la comisión tenían poca idea de esta problemática, por lo que pronto comencé a concebir mi labor, entre otras, como una actividad educativa para el cuerpo diplomático, ya que a final de cuentas éste tendría que analizar mis informes y tomar alguna resolución al respecto de mis recomendaciones.

Desde que asumí el cargo recibí numerosas solicitudes de algunos gobiernos, pero principalmente de organizaciones indígenas y de derechos humanos para que visitara sus países y conociera sus problemas. Como me lo había figurado, los gobiernos me querían enseñar cómo estaban resolviendo los problemas de sus poblaciones indígenas, mientras que éstas insistían en que conociera personalmente las violaciones que ocurrían de sus derechos humanos. Pronto me di cuenta que además de reunir, organizar y presentar datos a las instituciones, las organizaciones indígenas esperaban de mí un papel más activo, es decir, que fuera un portavoz de sus sufrimientos, necesidades y demandas ante la opinión pública mundial.

Durante mi duración en el cargo realicé misiones oficiales en once países, en cinco regiones del mundo (Guatemala, Colombia, Chile, México, Bolivia, Ecuador, Filipinas, Canadá, Kenya, Sudáfrica, Nueva Zelanda, más visitas no oficiales, por invitación de organizaciones o instituciones interesadas, a Nepal, Japón, Camboya, Rusia, Noruega, Botswana, Tanzania, Estados Unidos, Brasil).

La primera visita que realicé fue en septiembre de 2002, y fue una misión oficial a Guatemala,¹ en donde la población se divide más o menos en partes iguales entre ladinos e indígenas. Después de más de treinta años de guerra civil y brutales genocidios de indígenas fue firmado un acuerdo de paz sobre derechos y cultura indígena en 1995. El ambiente de posguerra civil seguía siendo dramático y numerosos actores sociales me informaban que la situación general de la población indígena no había mejorado en los siete años transcurridos. Visité varias regiones del país, tuve reuniones con asociaciones civiles y comunitarias indígenas, así como con funcionarios del gobierno y de la comunidad internacional. Todos coincidían en que no existía "voluntad política" para implementar los acuerdos de paz. Al terminar mi misión rendí un breve informe preliminar en una sesión del gabinete político del país. Le pregunté al vicepresidente, quien presidía la reunión, qué pensaba del consenso que había recogido acerca de una supuesta falta de voluntad política relacionada con los derechos humanos de los indígenas. Este funcionario me contestó, con toda calma y seriedad, que así era efectivamente, con lo cual terminó la reunión. Cuando presenté mi informe ante la ONU, algunos meses más tarde, la representación diplomática de Guatemala me felicitó. El tema de la voluntad política no se discutió en el recinto de la ONU.

La segunda misión oficial fue a Filipinas a finales del mismo año. Si bien la invitación fue del gobierno filipino, como lo establecía el protocolo, la petición de que yo fuera a ese país provenía de las organizaciones civiles indígenas que habían presionado desde hacía tiempo a sus autoridades para que extendiera dicha invitación, muy a pesar de la renuencia de las mismas a realizarla. Esta situación reflejaba un conflicto latente entre el gobierno y los pueblos indígenas en aquel país, el cual se hizo presente desde el principio en la organización de la visita. Después de varios meses de negociaciones sobre la agenda, las fechas, los lugares por visitar, llegué a Manila para una primera ronda de conversaciones con autoridades del gobierno, incluyendo al ministro de Defensa. Después, con la hospitalidad de una importante organización de derechos humanos, visité diversas regiones en las que se habían organizado reuniones con miembros de distintos grupos étnicos que me presentaron exposiciones orales y documentación varia sobre las diversas violaciones a sus derechos humanos que, consideraban, merecían la atención del relator especial.

En la cordillera norte de la isla de Luzón me recibieron varias centenas de personas en un pequeño pueblo adherido a una escarpada ladera de la montaña a donde habíamos llegado después de varias horas de recorrer una peligrosa brecha. Mi primera impresión me vino de golpe, cuando al salir de la última curva a la entrada del pueblo vi estirada de lado a lado del camino entre dos árboles al lado del camino una manta con la inscripción en grandes letras rojas: "Welcome Human Rights". Allí, como dicen, "me cayó el veinte", y sentí todo el peso de la responsabilidad que implicaba mi presencia en ese lugar. Aunque en esas reuniones no debía estar presente la autoridad para no limitar la libre expresión de los participantes, me di cuenta de inmediato de la presencia de algunos policías uniformados y armados, supuestamente para mantener el orden. El ambiente ya se había enrarecido cuando mis anfitriones me señalaron que el comandante militar de la región informaba a sus superiores de mis contactos con supuestos grupos terroristas en la zona. ¿Qué debía yo hacer? ¿Suspender la misión? ¿Pedir la protección de una escolta? ¿Poner una queja ante el gobierno por la vía diplomática? Afortunadamente, la organización indígena que me acompañaba se encargó de bajar la tensión y mi misión pudo continuar sin mayores tropiezos. Visité una mina de oro que la gente acusaba de contaminar el medio ambiente y producir efectos nocivos sobre la población local. El gerente de la mina, un cortés caballero británico, negó todas las acusaciones y me presentó a un grupo de familias de la localidad quienes reconocían la buena labor de la mina al proporcionar empleos y apoyar a la escuela del lugar y brindar algunos servicios sociales a la población. ¿Quién tenía la razón? ¿Las dos partes en conflicto o ninguna de ellas? ¿Cómo resolver la disputa? ¿Qué iría yo a decir en mi informe final?

Cuando algunos meses más tarde me tocó presentar mi informe en Ginebra, el conflicto estalló en el sobrio palacio de las Naciones Unidas, a un lado del hermoso lago Leman. El representante de Filipinas había intentado -sin éxito- bloquear la presentación del informe ante la Comisión de Derechos Humanos. Después de mi intervención tomó la palabra para descalificarme como relator y como profesional, acusándome de ayudar a los terroristas en su país. Este incidente, inusual en los medios diplomáticos de la ONU, causó un pequeño escándalo internacional, y algunas semanas después recibí carta del asesor personal de la presidenta de Filipinas, disculpándose por el comportamiento de su representante, quien al poco tiempo fue retirado de su puesto. Me quedé algo perplejo, ya que si esta había sido la reacción a mi primer informe como relator, ¿qué me esperaría más adelante?²

Con todo, las organizaciones indígenas se mostraron satisfechas, y dos años más tarde me invitaron de nuevo a una reunión de evaluación de los resultados de mi misión, esta vez en la capital de la república. Los resultados, desafortunadamente, no habían sido brillantes, porque la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas seguía siendo poco satisfactoria. Ninguno de los grandes problemas que señalé en mi informe había sido resuelto o sólo se encontraba en vías de solución. Yo me sigo preguntando: ¿en dónde termina la responsabilidad de un relator especial? ¿Qué más puede o debe hacer la ONU en materia de derechos humanos cuando su influencia real sobre los gobiernos es tan limitada?

Si la experiencia en Filipinas me recordaba la situación de numerosos países latinoamericanos, en la región llamada tradicionalmente "África negra" los problemas se plantean de manera algo distinta. La primera conversación con un alto funcionario en Kenia me dio la primera pista. ¿Qué viene usted a hacer por aquí, relator? Me preguntó, y prosiguió: "Aquí todos somos indígenas". Efectivamente, desde las independencias de los países de África, en la década de los cincuenta del siglo pasado, los colonialistas se habían ido y quedaron en el poder los antiguos indígenas colonizados, pero hay de indígenas a indígenas. En Kenia, como en otros países de la región, algunos grupos étnicos fueron privilegiados por los colonizadores, y éstos se instalaron como etnias dominantes al momento de la independencia. Ahí los pastores masai, así como otras etnias minoritarias, quedaron marginados, son discriminados y desposeídos de sus tierras y recursos por quienes se han organizado para luchar por sus derechos. La Comisión Africana de Derechos Humanos y los órganos de la ONU los han reconocido como pueblos indígenas. Para ellos la visita de un relator especial de las Naciones Unidas fue un evento significativo. Durante mis reuniones con estos grupos, me indicaban los mensajes que debía llevarle al "jefe africano", presidente del mundo. (Se referían a Kofi Annan, de Ghana, quien en aquel momento era secretario general de la ONU.) Los funcionarios kikuyu (de la etnia dominante) no se mostraron nada contentos con los cuestionamientos públicos que sobre su gestión hacían los "auténticos indígenas" del país. En Kenia, como en otros países, se sigue planteando la cuestión de quién es indígena, en los medios académicos como en los discursos políticos y en los debates parlamentarios. No es un tema solamente etnográfico -aunque los antropólogos nacionales participan activamente en las discusiones- sino un problema de equilibrios políticos y políticas de desarrollo, a la vez que de derechos humanos.

Entre diversos grupos étnicos de la región de África oriental uno de los temas más polémicos es la práctica de la mutilación genital femenina, que se practica a las preadolescentes como un rito. Su abolición es, desde hace años, una de las banderas del movimiento feminista y de derechos humanos, apoyados por lo general por el sector "moderno" de la sociedad (así como la Organización Mundial de la Salud), pero que enfrenta la resistencia del patriarcalismo tradicional que impera con más intensidad precisamente entre algunos de los grupos indígenas, incluyendo muchas mujeres. En mi calidad de relator especial, como "etnógrafo activista" las recomendaciones en el informe no podían dejar al margen esta polémica.³

Un caso interesante es el de los ainu, en Japón, sobre el cual me consultó el gobierno japonés mientras fui relator de la ONU. Durante años los ainu no recibieron ningún reconocimiento de parte del Estado y fueron simplemente tratados como "japoneses de la montaña" que vivían en estado de atraso y marginalidad. Paulatinamente se les consideró como una minoría cultural sin más derechos que otros ciudadanos. Finalmente, presionados por las recomendaciones de la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el parlamento japonés aceptó reconocer a los ainu como un pueblo indígena de Japón, con derechos otorgados por la legislación internacional.⁴

El tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas es de aparición relativamente reciente, tanto en el nivel de debates al interior de un Estado-nación como en el seno de los organismos internacionales. Durante los años de mi encargo como relator aprendí a moverme en cinco espacios diferentes, en cada uno de los cuales puede construir un objeto de estudio por separado, pero los cuales, debido al mandato que desempeñaba, debían ser vistos como elementos interrelacionados de un objeto-espacio más vasto. A saber:

a) Las salas de reunión de la Organización de las Naciones Unidas, en sus dos sedes principales, Ginebra (en donde sesiona anualmente el Consejo de Derechos Humanos) y Nueva York, en donde se reúne la Asamblea General y sus diversas comisiones. Las salas del plenario se llenan en ambos lugares con los jefes de las delegaciones de los Estados miembros, quienes tienen voz y voto, los observadores de múltiples organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación masiva y el numeroso personal técnico del Secretariado General. Luego están los salones más pequeños en los que se reúnen las comisiones, los comités, los grupos de trabajo y las numerosas organizaciones no gubernamentales, en donde se discuten y redactan los documentos de trabajo y se debaten las estrategias de unos y otros.

El escenario es imponente y formal. Cada participante conoce su papel y sigue cuidadosamente el ritual que le es asignado de antemano. El lenguaje oficial es formal y prudente, generalmente conciliatorio, ya que la meta es buscar consensos, aunque algunas veces se dan enfrentamientos verbales entre los delegados que provienen de naciones en conflicto. Los temas más polémicos o controvertidos se arreglan en privado en alguno de tantos espacios de los majestuosos edificios de Naciones Unidas especialmente acondicionados para estos fines.

A los representantes indígenas que fueron llegando a la ONU durante la década de los ochenta les costó algún trabajo adaptarse a estos escenarios y sus cuidadosamente diseñadas coreografía y escenografía. Actualmente, sin embargo, los que ya tienen varios años asistiendo a Naciones Unidas han aprendido el uso del lenguaje adecuado, las estrategias de negociación y los trucos y maniobras necesarios para avanzar en su agenda, la cual durante más de veinte largos años fue lograr la adopción de una declaración de derechos humanos de los pueblos indígenas.

b) En la ONU, los actores principales siguen siendo los gobiernos, a través de sus delegaciones diplomáticas. Celosos de su soberanía, seguros de sí mismos, se sienten poderosos en ese recinto, ya que el voto de cada Estado vale igual (es el mito que los Estados pequeños acarician...). En el diálogo con los pueblos indígenas se escucha con frecuencia un lenguaje justificatorio defensivo. Los Estados llevan sus propias agendas a las reuniones del Consejo de Derechos Humanos que no siempre coinciden con las preocupaciones de las delegaciones indígenas. Grupos de Estados forman bloques que con frecuencia actúan al unísono en las votaciones; así, por ejemplo el voto latinoamericano, el bloque africano, el de los países árabes, el de las naciones escandinavas que generalmente apoyaba las peticiones de los pueblos indígenas.

En la medida en que la temática de los derechos humanos de los indígenas expresa realidades conflictivas al interior de sus países entre pueblos indígena -intereses privados, políticas públicas-, el relator especial de la ONU tiene una responsabilidad especial en conocer bien las posturas gubernamentales y dar a conocer sus intereses con la misma precisión que la de los grupos indígenas.

Una misión oficial a un país dado requiere de una invitación formal del gobierno tramitada a través de los medios diplomáticos, aunque la iniciativa provenga de las organizaciones indígenas, como sucedió en Filipinas y en varias ocasiones durante mi mandato. Mi primer contacto en cada país fue con representantes gubernamentales, a través de los consabidos protocolos diplomáticos. En diversas instancias yo sentía presiones para pasar más tiempo en los ámbitos oficiales que en las comunidades y prestara más atención a los voceros gubernamentales que a los indígenas. Presiones en sentido inverso también se hicieron presentes. Aunque los funcionarios a veces admitían que no todo andaba bien en las comunidades indígenas, insistían en que las medidas tomadas por su gobierno eran las más adecuadas y generalmente me invitaban a visitar algún proyecto piloto.

]]> c) Siendo mi mandato el de los derechos humanos indígenas, mi principal contacto durante esos años fueron estas personas. La relación principal se estableció con los representantes de sus pueblos a las reuniones ya mencionadas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero también la tuve con quienes asistían a otros organismos como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como era de esperarse se trataba generalmente de gente con un nivel medio o incluso superior de educación formal, que desempeñaban una profesión específica (docente, enfermera, ingeniero, secretaria), que tenían un historial de activismo en organizaciones indígenas de distinto tipo y habían alcanzado cierto nivel de representación o dirección en ellas. Dominaban cuando menos una de las lenguas oficiales de la ONU además de la suya.

A estos líderes o intermediarios los podemos considerar como una elite intelectual indígena que llegan a los foros internacionales para plantear denuncias y reivindicaciones en un lenguaje fuerte, directo, acusatorio y poco diplomático para distinguirlos de sus adversarios oficiales en las bancas gubernamentales. Las intervenciones de estos voceros de sus pueblos se reducían generalmente a breves declaraciones, ya que el tiempo que se les permite hablar se reduce a unos cuantos minutos.

A partir de mi nombramiento, me buscaban con creciente frecuencia en los pasillos de la ONU para concertar citas más largas en las que pudieran exponer con amplitud y soltura sus problemas y para convencerme que era indispensable que yo realizara una misión oficial a su país. Algunos, evidentemente, tenían experiencia previa en negociaciones con funcionarios de su Estado y mantenían abiertos los canales de comunicación con las instituciones oficiales; otros, en cambio, buscaban un foro público para exponer sus quejas y demandas al mundo entero, de lo cual pudieran luego informar a sus comunidades y organizaciones.

Recuerdo que a principios de mi mandato tuve una amable conversación con un viejo amigo que a la sazón era subsecretario de la ONU para asuntos políticos. Me escuchó con atención y luego con una triste sonrisa me dijo que mi tarea iba a ser muy difícil por carecer de una "base" (constituency en inglés) entre los distintos actores políticos de la ONU. Ignorando las finezas del análisis político, le contesté que de ninguna manera, yo contaba con una amplia base entre los pueblos indígenas. Mi amigo, evidentemente, se refería a los Estados-miembros y no a la sociedad civil, y en eso su análisis fue correcto.

d) Mi base, efectivamente, no se encontraba en los recintos de la ONU sino en el campo, en las comunidades y territorios de los pueblos indígenas que visité durante siete años (lo que en antropología llamábamos "el terreno"). Mis encuentros los habían organizado por lo común asociaciones nacionales de derechos humanos que mantenían relaciones directas con grupos o localidades particulares y que se ocuparon de la logística, la agenda, el programa y en general "el tono" de las visitas. Según el tema especial que iba a ser tratado, se podían reunir desde un par de docenas hasta cientos de asistentes.

Por lo común se presentaban listas de agravios sufridos por grupos compactos en vez de individuos aislados y largas historias de despojos ocasionados por terratenientes, compañías mineras o forestales, empresas estatales, colonos y colonizadores. En algunas partes se quejaban de violaciones a leyes existentes o de tratados violados; en otras ocasiones fueron impugnadas las propias leyes por injustas o anticonstitucionales, o violadoras de viejos derechos o privilegios que ahora eran desconocidos. En todas partes asomaba la discriminación abierta o sutil, la represión violenta al ejercicio de derechos reconocidos, y distintas formas de racismo. También se señalaba la disfuncionalidad de instituciones que debían proteger los derechos indígenas o promover su desarrollo.

La visita del relator a un país daba lugar a una intensa actividad previa de las organizaciones indígenas y de derechos humanos. Desde luego, los que estaban mejor preparados tenían también más oportunidad de ser escuchados. Mi oficina en la ONU había pedido de antemano la preparación de documentos con cifras y hechos comprobados para sostener los reclamos y demandas expresadas en las reuniones a las que asistí. Muchas veces me fueron entregados documentos por intermediarios, ya que los directamente interesados no podían llegar a alguna reunión programada o bien me era imposible llegar hasta ellos por falta de tiempo. Así acumulé una gran cantidad de información respecto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que posteriormente analicé y utilicé en la preparación de mi informe de misión. Como pasa con mucha información etnográfica, no era útil ni me fue posible usar todos los datos recabados, así que a la postre sólo una parte encontró lugar en estos informes.

El informe mismo tiene poco en común con un clásico informe etnográfico. Por reglamento, tenía que ajustarse estrictamente a los lineamientos de la administración de la ONU. En caso de rebasar ciertos límites de tamaño, existía el riesgo de que no fuera distribuido en el Consejo de Derechos Humanos (o, en su caso, entre todos los miembros de la Asamblea General de la ONU). En consecuencia, soy uno de aquellos etnógrafos que tienen más material del que pueden usar, cuando menos en cuanto a los objetivos iniciales de la investigación.

Mis informes de país, que figuraban como anexo al informe anual, fueron entregados en primera instancia al gobierno nacional para su conocimiento y eventual comentario, antes de hacerlos públicos. Después de su presentación en la reunión anual del Consejo, ya podían ser distribuidos libremente. Así, las organizaciones indígenas llegaban a disponer de estos informes al poco tiempo, y en varios casos fueron publicados localmente y circularon entre los lectores más interesados. Sirvieron para apoyar y sostener los reclamos indígenas ante sus respectivos gobiernos, y a lo largo de los años he recibido numerosos testimonios de su utilidad en manos de los defensores de los derechos humanos.⁵

Desde que asumí el mandato de relator especial entendí que mi postura no sería la de un "observador neutro" sino la de un "observador activista" en apoyo de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Creo haber cumplido con este propósito.

]]> e) Un actor social muy importante que ocupa un espacio clave en el entramado de los derechos humanos indígenas son las organizaciones no gubernamentales (ONG) u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), especialmente las que se dedican a proteger y promover la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Gracias al apoyo de estas organizaciones fue posible la participación de los indígenas en los trabajos de Naciones Unidas desde hace más de treinta años. En muchos países realizan actividades en el mismo sentido. En algunos casos, fueron instrumentales en organizar la participación indígena durante mi visita a un país. En términos más generales su apoyo ha sido clave para canalizar información necesaria al relator especial.

Al correr de los años se fue estableciendo una estrecha relación de cooperación e interdependencia entre el mundo indígena y el espacio de estas organizaciones. Algunos observadores acusan a las OSC de dictar y manipular las agendas de las organizaciones indígenas. Algunos gobiernos les imponen límites a su acción, o incluso los han expulsado de su país. Hay líderes y representantes indígenas que tienen contratos de empleo con las OSC, porque no siempre pueden encontrar empleo en el mercado de trabajo local que les permita al mismo tiempo atender los intereses de sus organizaciones. Los indígenas responden que utilizan la ayuda que les proporcionan las OSC para impulsar su propia agenda en pro de los derechos humanos. El debate sigue abierto.

En la medida en que estas organizaciones reciben fondos públicos en sus respectivos países, su compromiso con los derechos humanos de los pueblos indígenas estará siempre limitado por la correlación de fuerzas políticas entre las cuales obtienen su apoyo, sobre todo en los países del "Norte" que más recursos han aportado a lo largo de los años. Con el resurgimiento político de las derechas en los primeros años del siglo XXI, este apoyo ha disminuido causando serios problemas a las organizaciones de base en los países receptores. En Canadá, por ejemplo, varias instituciones que durante años apoyaban a los derechos humanos en diversos países del mundo, han sido cerradas arbitrariamente por el gobierno canadiense.

Aunque el activismo y la etnografía parecen ser dos perspectivas distintas, en el caso del relator especial no condujeron a contradicciones o ambigüedades en su quehacer profesional. Me percaté desde el principio que en mi caso la práctica etnográfica tendría que ser multisituada, multitemporal y multiespacial, y hasta el momento no me puedo quejar de los resultados.

Sin embargo, me han acompañado dos frustraciones en esta experiencia. La primera, que los informes preparados por el relator no se transforman ipso facto en mejora visible de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y que sus recomendaciones no sean implementadas de manera puntual por los gobiernos y el sistema internacional. El seguimiento de las recomendaciones está fuera del alcance de la relatoría y su esfuerzo queda simplemente como un testimonio más en los archivos respectivos. Con todo, para numerosos pueblos indígenas los informes del relator constituyen un aliciente en la continua lucha por sus derechos humanos, y para los gobiernos un referente contra el cual pueden ser evaluadas las acciones emprendidas en el marco de las políticas públicas.

En segundo lugar, constituye también motivo de frustración que los resultados obtenidos durante esta experiencia aún se encuentran en su mayoría archivados y no me haya sido posible todavía publicarlos como investigación académicas que son.

BIBLIOGRAFÍA

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---------- (2010), "Cómo hacer que la declaración de los derechos indígenas sea efectiva", IIDH, núm. 52, julio-diciembre de 2010, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pp. 141-169.         [ Links ]

---------- (2009a), "Consideraciones generales sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en Asia", Estudios de Asia y África, núm. 139, vol. XLIV, núm. 2, mayo-agosto de 2009, México, El Colegio de México, pp. 317-343, en línea [http://rodostavenhagen.info/wp-content/uploads/2013/07/Informe-2003-DPI.pdf]         [ Links ].

---------- (2009b), "Los derechos humanos de los pueblos indígenas en Filipinas", Estudios de Asia y África, vol. XLIV, núm. 3, septiembre-diciembre de 2009, México, El Colegio de México, pp. 609-648.         [ Links ]

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---------- (2002-2009), Informes a la ONU sobre misiones a distintos países, en línea [https://www.dropbox.com/sh/ydknbak0r5m9tw7/AAAAVLzT2HULzr8dquuSRnJSa?dl=0]         [ Links ].

Stavenhagen, Rodolfo y Claire Charters (coords.) (2010), El desafío de la declaración. Historia y futuro de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Copenhague, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).         [ Links ]

Notas

¹ E/CN.4/2003/90/Add.2. http://rodostavenhagen.info/wp-content/uploads/2013/07/Misi%C3%B3n-a-Guatemala.pdf.

² E/CN.4/2003/90/Add.3. http://rodostavenhagen.info/wp-content/uploads/2013/07/Mission-to-The-Philippines.pdf.

³ A/HRC/4/32/Add.3. http://rodostavenhagen.info/wp-content/uploads/2013/07/Mission-to-Kenya.pdf.

⁴ E/CN.4/Sub.2/2001/17, párrafos 60 y 61.

⁵ Se pueden consultar en: http://rodostavenhagen.info/?page_id= 19