El procedimiento de cancelación de los titulosvalor

Pedro Alfonso Labariega Villanueva*

* Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Resumen

Palabras clave: títulos de crédito, cancelación, derecho mercantil.

Abstract

The author of this detailed study about cancellation of commercial paper offers a wide historical analysis of this legal institution. Moreover, the essay continues with a review of the Mexican legal system, trying to identify the doctrinal references of Mexico's legislature, which have led to a peculiar legal regime in this matter. On the basis of the latter analysis, the author puts forward an argument in favour of a reform of the Law on Commercial Paper, which is too complex and is not practical, as far as the cancellation procedure is concerned.

Descriptors: commercial paper, cancellation, commercial law.

A volte il resultato più utile dell'elaborazione
teorica sta propio nel mettere a nudo le
profonde incongruenze della legge... se non ]]> sia il caso di sostituire del tutto all'ammortamento,
come avviene nei paesi anglosassoni,
la semplice posibilita, per chi perda il titolo,
di ottenere un pagamento contro
cauzione, liberando poi la cauzione solo
alla scandenza dei termine di prescrizione
del titolo. ¹

Sumario:I. Antecedentes legislativos. II. Elaboración doctrinal y su aplicación en el derecho cambiario mexicano. III. Conclusiones.

Durante nuestra indagación hemos encontrado que —según Ferrara— el documento constitutivo o dispositivo del derecho medieval era —la cautio— del derecho de los francos, y la carta del derecho de los longobardos como documento de estipulación posromano. También era dicho documento un título de representación, en cuanto que el derecho documental no podía ejercitarse si no era con la presentación del título, por eso el derecho, especialmente el de crédito, se hallaba vinculado al título. Por consecuencia, la extinción de la deuda no podía ser demostrada de otra manera, sino por la destrucción del título (instrumentum restitutum, inci-sum, cancellatum). Numerosos documentos de la época de los francos contenían la cláusula, que en caso de pago debería de restituirse la cautio (el título): "et ec cartula... ad nos revertatur et hecpagina ad nos revertatur". Al momento de pagar la cautio,estasedestruía(tali'atum, cassatum scriptum). Y no se entregaba recibo. Si el acreedor perdía el documento, perdía el derecho a el vinculado. Excepcionalmente, cuando el acreedor había perdido la cautio se admitía que esta se restituyese mediante una epistola evacuatoria, que era un título de cancelación, hecho con un procedimiento particular, a cargo y a expensas del acreedor. La fórmula era "et cautio ipsa inventa fuerit, vacua et inanis permanea"²

1 . Ordenanza Cambiaría Germana de 1848

Referencias más técnicas las encontramos en la Ordenanza Cambiaría Germana de 1848, cuyo artículo 73 a la letra disponía:

El propietario de una letra de cambio perdida podrá pedir la anulación de la letra ante el tribunal del lugar en que la letra fuese pagadera. Una vez entablada la demanda de nulidad, podrá exigir del aceptante el pago, dando caución hasta que recaiga la declaración que se solicita. En el caso en que no la preste, sólo podrá pedir que el aceptante deposite el importe de la letra, bien sea en poder del Tribunal bien sea en poder de otra autoridad o establecimiento autorizado para recibir depósito.

2 . Código de Comercio de 1865

En su turno, el Código de Comercio italiano de 1865, siguiendo a su homólogo francés, se ocupa de la pérdida de la letra de cambio en la sección novena, correspondiente al cambio. El ordenamiento italiano distinguía dos supuestos: uno, cuando el propietario del título obtenía un duplicado, y otro, cuando así no sucedía. Tratándose del primer caso, al no estar aceptado el título, el pago se requería mediante el duplicado (artículo 236); por el contrario, si había aceptación para exigir el pago con el duplicado, se requería además resolución judicial y un fiador (artículo 237). En el segundo supuesto, la propiedad del título se justificaba con los libros o la correspondencia, además de la fianza (artículo 238). No obstante mediar resolución judicial, si el girado se negaba a pagar, el propietario de la letra perdida para conservar sus derechos disponía de un acto de protesta, el cual debía realizarse al día siguiente del vencimiento del título y debía notificarse al librador y endosantes, conforme a lo establecido para la notificación del protesto (artículo 239).³

3. Conferencias de La Haya de 1910 y 1912

Posteriormente, en febrero de 1910, se reunieron en Viena, Alemania, Austria-Hungría e Italia para planificar una Convención que unificara el derecho cambiario. De dicha reunión resultaron dos textos; uno al que se llamó: "Diseño de una Convención sobre la Unificación del Derecho Cambiario presentado por el gobierno del imperio alemán", cuyo artículo 5o. establecía:

Los Estados contratantes regularán el procedimiento de cancelación previsto en el artículo 87, párrafo primero, de la ley uniforme, de modo que la solicitud y la cancelación se publiquen en el periódico principal destinado por ellos a las ubicaciones oficiales de esta naturaleza y que el plazo para presentar la solicitud sea al menos de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del título.⁴

El otro texto, que era el de la Ley Uniforme, aparece como Anexo y decía en su artículo 87: "una letra de cambio perdida puede ser cancelada por el tribunal competente del lugar de pago y por el procedimiento de cancelación si el alegato de la pérdida se encuentra pro-cedente".⁵

Meses después, esta iniciativa se consolidaba en la Primera Conferencia de La Haya de 1910, en donde este punto generó abundantes discusiones al encararse dos sistemas: por un lado, el régimen francés concedía al titular del documento perdido el derecho a exigir el pago del girador, después de haberse dictado la sentencia y prestado la caución; la ventaja de esta técnica era que la suma debida se recuperaba prontamente. Y por otro, el método alemán que establecía un procedimiento tendente a anular el título perdido; este planteamiento era más seguro y conducía a un resultado definitivo. El Proyecto de 1910 dedicó dos artículos 80 y 81 a la pérdida de la letra. Sin embargo el artículo 13 de la Convención establecía que:

En cumplimiento de los artículos 80 y 81, cada Estado contratante puede, en caso de la pérdida de una letra de cambio pagadera en su territorio, determinar las condiciones en las que el pago de la letra puede exigirse, mediante caución, en virtud de una sentencia o establecer un procedimiento de cancelación de la letra perdida. Los demás Estados tienen la facultad de determinar las condiciones en las que ellos reconocerán las sentencias dictadas de conformidad con el parágrafo anterior.⁶

A dos años de distancia, la Segunda Conferencia de la Haya de 1912, al estudiar el tema, destacó lo imperfectas que resultaban las disposiciones propuestas, las suprimió y resolvió que las legislaciones de los Estados contratantes reglamentasen dicho asunto. Ello se plasmó en el artículo 15 de la Convención:

Cada uno de los Estados contratantes puede, en caso de una letra pagadera en su territorio, regular las consecuencias de su pérdida, especialmente en lo que respecta a la emisión de un título nuevo, el derecho a obtener el pago o a provocar un procedimiento de anulación. Los demás Estados están facultados para determinar las condiciones en que reconocerán. las sentencias dictadas de acuerdo con el apartado precedente.⁷

4 . Conferencia de Ginebra de 1930

Finalmente, el legislador italiano, persuadido de los inconvenientes y las objeciones que varias corporaciones y jurisconsultos de su país formularon en contra del sistema francés, optó por el sistema alemán, en el Código de Comercio de 1882 (CCo.); es decir, la cancelación de los titulosvalor perdidos (artículos 329-332 de dicho CCo.). Más tarde, dicho sistema se incorporó al Código Civil italiano de 1942 (artículos 2016-2019) y a la Ley italiana sobre la letra de cambio y el pagaré por real decreto nùmero 1669 del 14 de diciembre de 1932, en vigor a partir del 1o. de enero de 1933 (artículos 89-93) y el cheque por real decreto del 21 de diciembre de 1933 (artículos 69-74).⁹

5 . Código de Comercio mexicano de 1884

Probablemente, estos precedentes legislativos fueron tomados en cuenta por nuestro legislador para reglamentar la institución en nuestro derecho positivo. Sin embargo, hay que recordar que nuestros códigos de comercio de 1884 y 1890, que son anteriores a las Conferencias de La Haya y a las Convenciones de Ginebra, ya regulaban la institución. Corroboremos pues, en las siguientes páginas lo que acabamos de afirmar.

Al discurrir sobre el presente párrafo, queremos advertir que no mencionamos al Código de Comercio mexicano de 1854, conocido como Código Lares, ya que en dicho ordenamiento no encontramos antecedente alguno respecto al instituto objeto de nuestro estudio.

Es en el Código de Comercio mexicano de 1884 o Código Baranda donde dos de sus preceptos nos permiten vislumbrar los preliminares de la institución, aunque específicamente no se le mencione. Así, el artículo 546 dispone que: "En caso de pérdida o destrucción de las acciones, cupones o títulos provisionales expedidos a favor de persona determinada o a la orden, se procederá a su reposición, previala justificación del hecho; extendiéndose un duplicado del documento primitivo y declarando que éste queda sin valor. A este acto se dará la debida publicidad".

Consideramos que este precepto contiene no sólo los supuestos (pérdida o destrucción) de una futura cancelación, artículos 42 y 65 de nuestra vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LT), sino también el aspecto publicitario, otro de los elementos que intervienen en la institución, inclusive para declarar la buena o mala fe del portador del documento extraviado.

El artículo 547 del antedicho estatuto expresaba que:

Si la destrucción o pérdida fuere de acción, cupón o título provisional al portador, el último tenedor, comprobando el hecho, podrá pedir que bajo la competente fianza se le entreguen los dividendos y el capital, en su caso. Dicha fianza caducará si a los cinco años no se ha presentado judicialmente alguna otra persona adeducir mejor derecho.

6. Código de Comercio mexicano de 1889

Por lo que respecta al Código de Comercio de 1889,¹⁰ entendemos que en el artículo 352 se presenta un claro antecedente de nuestra institución al establecerse que "en caso de pérdida del certificado de depósito o del bono de prenda, la autoridad judicial, cerciorándose mediante información sumaria, de que la pérdida es cierta y el promovente propietario del título, exigirá una fianza competente y ordenará la expedición de un duplicado por parte del almacén general". Encontramos aquí, además del supuesto —pérdida— y de la fianza, la intervención judicial (procedimiento sumario), la del promovente, y la expedición de un duplicado, por parte del obligado, ordenada por el juez. Además de que esta medida no tiene el rigorismo que más adelante encontraremos en la LT.

Al analizar el artículo 369 del ordenamiento referido, encontramos que se refiere a una desposesión del documento, que pensamos es voluntaria y que, por lo tanto, no será el procedimiento de cancelación, medio idóneo para reivindicar a los títulos otorgados en préstamo; pero queremos señalar que ya se había considerado otra conformación de la desposesión.

Como el más acabado precursor de nuestra institución en estudio, el artículo 507 del multicitado ordenamiento, establece que:

Cuando se perdiere una letra de cambio aceptada o no aceptada, y de la cual no hubiere segundo ni posteriores ejemplares, independientemente del derecho que tiene a que sea repuesta por quienes corresponda, el ultimo tenedor de ella podrá:

I. Bajo su responsabilidad solicitar del pagador de la letra que deposite el importe de ella el día de su vencimiento en un establecimiento público de crédito o en casa de comercio de mutua confianza, o en la designada por el juez en caso de discordia;

II . Hacer, si el pagador rehusare depositar su importe, la protestación de la letra, bajo las reglas mismas que el protesto por falta de pago;

III . Pedir el pago con el mandamiento de la autoridad judicial ante quien hubiere comprobado la propiedad de la letra.

El artículo 617 de este ordenamiento establecía que los demás efectos al portador: "llevarán aparejada ejecución" tanto los títulos como sus cupones; serán transmisibles por "simple tradición del documento"; no serán reivindicables si se negociaron en bolsa o mediante corredor; "Quedarán a salvo los derechos y acciones del legítimo propietario contra el vendedor u otras personas responsables según las leyes, por los actos que le hayan privado de la posición y dominio de los efectos vendidos".

Se atisba en la parte final de este precepto el procedimiento de cancelación, aun cuando se trate de títulos al portador.

En seguida, el artículo 620 del mismo ordenamiento, todavía sobre efectos al portador, prescribía que:

El propietario desposeído, sea cual fuere el motivo, podrá acudir ante el juez competente del lugar en que se halle el deudor, para impedir que se pague a tercera persona el capital, los intereses o dividendos vencidos o por vencer, así como también para evitar que se transfiera a otro la propiedad del título o conseguir que se expida un duplicado.

Pensamos que en los artículos 621 a 634 del susodicho Código de Comercio mexicano se establecen procedimientos muy molestos y dilatados para obtener la expedición del duplicado del título (artículo 633), al igual que el procedimiento exigido en el Código de Comercio mexicano de 1884 (artículos 547-563). Percibimos igualmente aquí las referencias al procedimiento de cancelación.

7 . Proyecto de Código de Comercio de 1964

Hemos de considerar el proyecto para el nuevo Código de Comercio mexicano, que después de varias vicisitudes ha permanecido como tal, habiéndose revisado por última vez en 1964.

El citado proyecto mantiene la institución y simplifica atinadamente el procedimiento de cancelación sobre los títulos nominativos.

8 . Ley Uniforme de 1988

El capítulo siete de la Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales aprobado por el senado de México el 14 de julio de 1992, cuya adhesión se efectuó el 11 de septiembre de 1992 y se publicó el 27 de enero de 1993 en el DOF, regula en seis preceptos el procedimiento de cancelación (a).

La concisión y claridad que poseen dichos artículos nos permite trasladarlos aquí:

CAPÍTULO VII. PÉRDIDA DE TÍTULOS

Artículo 78

1. Cuando se pierda un título, por destrucción, hurto o cualquier otra causa, la persona que lo perdió tendrá, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, el mismo derecho al pago que si hubiera estado en posesión del título. El firmante a quien se reclame el pago no podrá oponer como excepción a las obligaciones resultantes del título el hecho de que la persona que reclama el pago no se halle en posesión del título.

2 a) La persona que reclame el pago de un título perdido deberá señalar por escrito al fimante a quien se dirija:

]]> i) Los elementos del título perdido correspondientes a los requisitos establecidosenelpárrafo1oelpárrafo2delosartículos1,2y3; para estos efectos la persona que reclame el pago del título perdido podrá presentar a ese firmante una copia de dicho título;

ii) Los hechos que demuestren que, si estuviera en posesión del título, tendría derecho a recibir el pago del firmante a quien se reclama el pago;

iii) Las circustancias que impidan la presentación del título;

b) El firmante a quien se reclame el pago de un título perdido podrá pedir al reclamante garantía de que será indemnizado por cualquier pérdida que pueda sufrir como consecuencia del pago posterior del título perdido;

c) El tipo de garantía y sus condiciones se determinarán mediante acuerdo entre el reclamante y el firmante a quien se reclame el pago. En defecto de tal acuerdo, el tribunal podrá decidir si esa garantía es necesaria y, en caso afirmativo, determinará el tipo de garantía y sus condiciones;

d) Cuando no pueda ofrecerse garantía, el tribunal podrá ordenar al firmante a quien se reclame el pago que deposite el importe del título perdido, junto con los intereses y gastos que puedan exigirse en virtud del artículo 70 o del artículo 71, en poder del tribunal o de cualquier otra autoridad o institución competente, y podrá determinar la duración del depósito. Dicho depósito se considerará como pago a la persona que ha reclamado el pago.

Artículo 79

1 . El firmante que haya pagado un título perdido y a quien posteriormente otra persona le presente al pago dicho título deberá notificar tal presentación a la persona a quien pagó.

2 . Dicha notificación se efectuará el mismo día de la presentación del título o en uno de los dos días hábiles siguientes y se hará constar en ella el nombre de la persona que presentó el título, la fecha y el lugar de presentación.

]]> 3 . Si no realiza la notificación, el firmante que haya pagado el título perdido será responsable por los daños que su omisión pueda ocasionar a la persona a quien pagó el título sin que el importe total de los daños pueda exceder el importe a que se hace referencia en el ar-tículo70oelartículo71.

4 . Será excusable la demora en efectuar la notificación cuando dicha demora se deba a circunstancias ajenas a la voluntad de la persona que ha pagado el título perdido y que ésta no pudo evitar ni superar. Cuando cese la causa de la demora, la notificación deberá realizarse con diligencia razonable.

5 . La obligación de efectuar la notificación quedará dispensada cuando la causa de la demora persista después de treinta días contados a partir del último día en que hubiera debido realizarse.

Artículo 80

1 . El firmante que haya pagado un título perdido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 y a quien posteriormente se le pida que pague el título y lo pague efectivamente o que, como consecuencia de la pérdida del título, pierda entonces su derecho a resarcirse de cualquier firmante obligado ante él, tendra derecho:

a) Si se dio una garantía, a hacerla efectiva; o

b) Si se depositó una suma en poder de un tribunal u otra autoridad o institución competente, a reclamar la suma depositada.

2 . La persona que haya dado una garantía de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 78 tendrá derecho a que se levante la garantía cuando el firmante en cuyo beneficio se dio ya no corra el riesgo de sufrir pérdidas debido al hecho de que se ha perdido el título.

]]> Artículo 81

A los efectos de levantar protesto por falta de pago, la persona que reclame el pago de un título perdido podrá utilizar un documento que reúna los requisitos establecidos en el inciso a) del parrafo 2 del artículo 78.

Artículo 82

La persona que reciba el pago de un título perdido de conformidad con el artículo 78 deberá entregar al firmante que lo pague el escrito extendido con arreglo alincisoa)del párrafo 2 del artículo 78 cancelado por ella, así como los protestos que hubiese y una cuenta con constancia del pago.

Artículo 83

1. El firmante que pague un título perdido de conformidad con el artículo 78 tendrá los mismos derechos que le habrían correspondido si hubiera estado en posesión del título.

2. Ese firmante podrá ejercer sus derechos solamente si se halla en posesión del escrito con constancia del pago mencionado en el artículo 82.

 

La cancelación (en sentido estricto de decreto de cancelación) no tiene in se y per se relevancia jurídica alguna. Su estudio —en opinión de Sacco— ha de ir ligado a otros hechos jurídicos dispersos, tales como: instancia + decreto + notificación (consecuencia: el deudor no se libera pagando al detentador); instancia + decreto + publicación (consecuencias: muy discutidas); instancia + decreto + publicación + transcurso del término —sin oposición (consecuencia: ineficacia del título y otros efectos muy debatidos)—; instancia + decreto + publicación + transcurso del término + revocación del decreto (consecuencias inciertas); instancia + decreto + publicación + oposición, cuando ésta se admite (consecuencias sin valor, salvo los efectos secundarios por las costas del juicio, etcétera); instancia + decreto + publicación + oposición, cuando ésta se rechaza (consecuencias: entrega del título a quien obtuvo la cancelación y otros efectos controvertidos).¹²

Cuando se verifique el contenido de todas estas situaciones —agrega el autor citado— y se individualicen igualmente las consecuencias, se habrá expresado todo aquello que pudiera interesar al jurista, en torno a los problemas de la cancelación.

1. Fuentes del procedimiento de cancelación

Con relación a esta temática, las fuentes se reducen a la LT (artículos 43 a 75); los Proyectos Centroamericano y Latinoamericano de leyes cambiarias uniformes (artículos 265-287); las Leyes especiales italianas sobre la cambial (artículos 89-93) y sobre el cheque (artículos 69-74); el Código Civil italiano de 1942 (artículos 2016-2020); la Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales (artículos 78-83); el Código de Comercio hondureño (artículos 632-643) entre otros. En materia de interpretación surgen numerosas dudas; recurrir a elementos hermenéuticos extraliterales se presenta particularmente difícil, ya que los criterios histórico y comparativo ofrecen pocos pretextos y son inseguros, dada la vida tan joven de la institución y la peculiaridad de cada legislación nacional. Asimismo —comenta Sacco—, los criterios hermenéutico, sociológico-jusnaturalista y ético no ofrecen ayuda alguna puesto que se trata de normas que no traducen en realidad jurídica una correlativa realidad ética y social. El criterio teleológico es incapaz de servir como instrumento de investigación, pues las cuestiones más graves en materia de cancelación radican en saber si el objetivo de la institución sea la definición de una controversia en materia de legitimación formal o esencial, o si el fin de la cancelación consiste más bien en suprimir de la circulación el título perdido a la constitución de uno nuevo en manos de quien ha sido desposeído En términos generales parece prudente fundar cualquier solución en la letra de la ley, y recurrir excepcionalmente a la analogía.¹³

2. Conceptuación

Cancelación, del latín cancellatiois, "supone una idea de extinción de algo que tenía existencia anterior... Supone ineficacia, pero debida no a vicio sino a algo posterior que enerva los efectos que debían producirse".¹⁴ Para Cabanellas, la cancelación "representa la extinción de un derecho sin paralela adquisición del mismo por otro titular, aunque pueda haber beneficiados con tal derecho o medida" .¹⁵

Para efectos de nuestro estudio, entendemos al procedimiento de cancelación como "una institución procesal cambiaria, cuya función consiste en declarar ineficaz el título primitivo (función de legitimación) desincorporando el derecho del título, es decir, quitando al documento su función representativa y haciendo por ello estéril su circulación posterior aun en el caso en que el documento físicamente sobreviva y circule".¹⁶

La persona calificada para ejecutar la operatividad de tal procedimiento en nuestro régimen jurídico es —de acuerdo a nuestros tribunales— el juez.

]]> TÍTULOS DE CRÉDITO, CANCELACIÓN DE LOS. La cancelación a que se refiere la fracción IX del artículo 8o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito no es la que indebidamente puede hacer el girador de una letra de cambio, toda vez que siendo este título de crédito, destinado por la misma ley a la circulación, no puede quedar al arbitrio del girador cancelarlo, con perjuicio de todas las personas que se han servido del mismo para sus operaciones comerciales, sino que la aludida cancelación la debe hacer el juez, conforme a la propia ley, entre otros casos, en los señalados por sus artículos 44 y 75.

Amparo civil directo 2792/35. Rodríguez Villegas, José. 28 de noviembre de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Semanario Judicial de la Federación,5a. época, tercera sala, t. XLVI, p. 4673. Tesis aislada.

Así pues, la cancelación es un hecho jurídico que resulta útil para proteger los derechos de los tenedores en caso de robo, extravío o destrucción total de algunos titulosvalor .

El procedimiento de cancelación se inspira en los principios que enunciamos a continuación:

a) Asegurar al titular del documento el medio para obtener su pago.

b) Garantizar a quien paga la validez del pago.

c) Proteger el derecho de quien ha obtenido el título de buena fe.

También el citado procedimiento se compagina con el sistema de reproducción de los titulosvalor , por lo que quien ha sufrido robo, extravío o destrucción, y tiene un duplicado o consigue obtenerlo, con él, puede hacer valer sus derechos conforme se establece en los artículos 117-125 LT.

3. Aplicabilidad del procedimiento de cancelación en los titulosvalor

En relación a los titulosvalor incoados, vocablo introducido por Mantilla Molina para designar a los titulosvalor en blanco, aunque el procedimiento de cancelación como ahora está regulado en nuestra ley cambiaria no los incluye como hipótesis, sin embargo, nos parece que dicho procedimiento debe también comprenderlos, siempre y cuando el título sea identificable, ya que también circulan y están expuestos a similares eventualidades que los títulos llenados.¹⁸ El Proyecto para el Nuevo Código de Comercio revisado en 1964, en su artículo 1116 considera el caso en estudio, pues dice en su segundo párrafo: "La solicitud de cancelación deberá contener los datos esenciales del título, y si alguno de ellos estuviera blanco, los necesarios para su identificación".

Así pues, de acuerdo con nuestra ley de títulos, el procedimiento de cancelación es procedente para los títulos nominativos o a la orden, extraviados, robados, destruidos totalmente, mutilados o deteriorados gravemente (artículos 42 y 65, LT); como también para los títulos al portador cuando éstos hayan sido destruidos o mutilados parcialmente (artículo 75, LT).

La Suprema Corte de nuestro país ha emitido su criterio respecto a estos últimos documentos.

TÍTULOS AL PORTADOR, EXTRAVÍO DE LOS. La notificación a que se refiere el artículo 74 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los casos de robo o extravío de un título al portador, no tiene más efecto que el designar al denunciante que lo solicite, como titular sustituto de la obligación respectiva, para el caso de que no se presente a cobrarlo un poseedor de buena fe, antes de que prescriban las acciones emanadas de la misma obligación, y es obvio que este titular sustituto de la obligación debe quedar en la misma situación jurídica en que se encontraría si fuera tenedor o portador del documento en que consta la obligación de que se trate, esto es, tiene que hacer efectivo su título en la vía y forma en que tendría que realizarlo su tenedor, y por lo tanto, el consentimiento del obligado con la relacionada sustitución del titular, no puede significar conformidad en que el denunciante obtenga el pago de la respectiva obligación, por medio de una simple prevención de la autoridad que decretó la notificación expedida sin audiencia del obligado, y sin seguirse el juicio formal de que habla el artículo 14 de la Constitución federal.

A. R. 8208/36. Sociedad de Beneficencia Española. Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, 3a. sala, 10 de agosto de 1937, t. LII, p. 1595.

Dicha institución no se extiende para los títulos nominativos con la cláusula no negociable (artículo 66, LT). La razón de que no sea necesario cancelar este tipo de documentos es, según Pallares,¹⁹ porque solamente la persona en cuyo favor se ha emitido puede cobrarlo. No obstante ello, hacerlo parece conveniente, cuando por ejemplo exista otra persona que tenga el mismo nombre de la beneficiaria, ya que en este caso, esta última no queda garantizada porque su homónimo podrá cobrar el documento.

El Proyecto para el Nuevo Código de Comercio de 1964 establece en el artículo 1116, la procedencia de esta institución en forma genéri ca para los títulos al portador (artículo 1125 del citado Proyecto). En cambio, para la legislación cambiaria italiana, este procedimiento no surte efectos al tratarse sólo de cheques que porten la cláusula "no transferible"(artículos73y86in fine 1.a.).

Veamos ahora quién tiene derecho a solicitar la cancelación del título extraviado, destruido o sustraído. La ley concede tal facultad a aquél que es el legítimo portador del título al momento de sufrir cualesquiera de los supuestos antedichos (artículos 38 y 43, LT; 20 1.c. y 2008 C. Civ. it.).

TÍTULOS DE CRÉDITO NOMINATIVOS, EXTRAVIADOS, A QUIEN COMPETE LA ACCIÓN PARA LOGRAR LA REIVINDICACIÓN O LA CANCELACIÓN DE LOS. Las acciones para lograr la reivindicación o cancelación de un título de crédito nominativo que haya sido extraviado o robado y el procedimiento a que están sujetos las concede el artículo 42 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, únicamente a quienes involuntariamente han dejado de poseer el título de crédito, pero no puede deducirlas el que por un acto de su voluntad ha transmitido su posesión, pues entonces para salvaguardia de sus derechos, dispone de los medios de defensa que provengan del negocio jurídico o del hecho que haya ocasionado su desposesión. Tales acciones competen asimismo, a cualquier portador legítimo del título extraviado, pues si se trata de endosos en procuración puede considerarse comprendida la demanda de cancelación entre los casos previstos en la ley, en el mandato conferido al endosatario por el endosante, porque se trata, al fin de cuentas, de un acto conservativo de derechos (Las cursivas no pertenecen al texto).

A. D. 3404/58. Banco de Comercio de Tampico, S. A. 27 de febrero de 1959 (Semanario Judicial de la Federación, 6a. época, vol. XX, cuarta parte, p. 236).

Fijémonos enseguida en la finalidad que el pluricitado procedimiento persigue. Éste se encuentra llamado —como claramente aparece— atutelar los derechos del portador que pierde involuntariamente, por las circunstancias arriba enunciadas, la posesión del título cambiario. La acción de cancelación persigue un doble fin: positivo uno, que es permitir al portador que ha perdido el documento obtener un decreto que sustituya al título, y sirva como título de legitimación cambiaria; y negativo otro, al bloquear la circulación del título, e impedir así que llegue a manos de un tercero, que pueda invocar en su favor el principio de la adquisición de buena fe de los titulosvalor . Esto se traduce —según Pallares— en impedir que el documento sea indebidamente pagado a quien no tiene derecho de cobrar las prestaciones que aquél expresa, y extinguir de modo definitivo los derechos aparentes que dimanan del título a favor de su poseedor.²⁰

Entonces —bien dice Cervantes Ahumada— los objetos de la cancelación son verdaderamente las obligaciones y derechos incorporados en el título y no el documento mismo. Obligaciones y derechos que por efecto de la sentencia de la cancelación se desincorporan del título anterior para reincorporarse en el título sustituto.²¹

4. Naturaleza jurídica del procedimiento de cancelación

Refirámonos en las siguientes líneas a la naturaleza jurídica del procedimiento de cancelación. El precitado procedimiento, de acuerdo con nuestra ley cambiaria, se desenvuelve en dos momentos: en el primero de ellos, que es necesario, por el cual se pretende el decreto de cancelación provisional del título, en vía de jurisdicción voluntaria —periodo propiamente llamado, procedimiento de cancelación—el cual se abre con la presentación de la solicitud del ex-poseedor del título ante el juez competente para obtener la cancelación del documento y se cierra con el decreto mismo pronunciado por el juez; en el segundo, que es eventual, se busca sustanciar y resolver la controversia suscitada por algún tercero que se oponga a la cancelación decretada, y recibe el nombre —ésta segunda fase— de juicio de oposición.²²

En la primera etapa se ubica la controversia doctrinaria, ya que es incuestionable que la fase que principia con el acto de oposición pertenece a la jurisdicción contenciosa. Así pues, el procedimiento de cancelación en su fase primera ¿debe considerarse un procedimiento conten cioso o más bien un procedimiento de jurisdicción voluntaria? La polémica —expresan los autores— no tiene meramente valor teórico, ya que la solución que con relación a ella se dé tiene consecuencias prácticas; por ejemplo, para establecer cuál sea la naturaleza de los términos establecidos para la oposición; o bien, para decidir algunas cuestiones en materia de intervención en la causa.²³

La corriente doctrinaria predominante se inclina a favor de la tesis del carácter contencioso del procedimiento, representada por autores como Angeloni, Bianchi D'Espinosa, Chiovenda, De Semo, La Lumia y Micheli, entre los italianos; Goldschmidt, Koch, Ratz y Weiss-man, entre los alemanes. Mientras que sostienen la tesis de la jurisdicción voluntaria, los italianos: Bolaffio, Bonelli, Gionfrida Pavone-La Rosa, Venditti, Vitale y Vivante; los alemanes: Hellwig, Saver y Rosenberg. La Corte de Casación italiana estableció en 1953, expresamente, que el decreto de cancelación es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. La misma Corte ha partido del principio ya consolidado, que el decreto de cancelación expande sus efectos únicamente con respecto a la legitimación cartular (lo que corresponde al artículo 51, LT), dejando sin resolver las cuestiones relativas a la titularidad y ala existencia del derecho de crédito, así como de no perjudicar derechos del detentador del título cancelado frente a quien ha obtenido la cancelación (artículos 93 l.c. y 2019 C. Civ. it.). Según la tesis contraria, sin embargo, estos argumentos no serian definitivos para excluir la naturaleza jurisdiccional del procedimiento calificado como procedimiento sumario y clasificado entre los procesos por públicas proclamas (forma de provocatio ad agendum contra personas indeterminadas).

TÍTULOS DE CRÉDITO EXTRAVIADOS. EN EL JUICIO EN QUE SE RECLAME SU PAGO SE PUEDEN IMPUGNAR LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN POR SER DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. El procedimiento de cancelación de títulos de crédito se verifica no mediante un juicio, sino en jurisdicción voluntaria. En efecto, la finalidad esencial del procedimiento de cancelación estriba en defender al propietario del título contra todo poseedor de mala fe. Este procedimiento presenta dos fases: la primera tiene por objeto obtener, en vía de jurisdicción voluntaria, la cancelación provisional de un título de crédito mediante un decreto, según se advierte de lo dispuesto por los artículos 42 y 45 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; la segunda, en su caso, constituye la sustanciación y decisión de la controversia que se suscite por algún tercero que se oponga a la cancelación decretada, y en este caso la tramitación será en juicio a través del cual puede obtenerse la revocación del decreto de cancelación, por lo que es inexacto que se trate de un juicio concluido que no pueda perjudicarse en cuanto a su validez mediante otro juicio. En consecuencia, es un procedimiento de cancelación el del primer periodo y de oposición el del segundo que en su caso se intente. De esta forma, si se intentó la reclamación del pago en la vía ejecutiva, con la demanda deben de acompañarse todas las constancias y documentos de que resulte acreditado el derecho del reclamante, cabiendo en contra de esa reclamación todas las excepciones y defensas previstas por el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según lo dispone el artículo 54 de dicha ley mercantil. Así, si se toman las copias certificadas del procedimiento de cancelación como documentos fundatorios de la acción, la excepción que se opone consistente en que no se notificó tal procedimiento tramitado en la vía de jurisdicción voluntaria y que se declaró acreditada, tiende no a nulificar un juicio concluido sino que se trata de una valoración como prueba de la acción.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1473/88. Ernesto Munguía Rubio. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Semanario Judicial de la Federación, 6a. época, vol. XX, tercera sala, p. 236 (cursivas, añadidas).

En la primera faceta del procedimiento no falta la comprobación de un derecho en el interior de una relación jurídica (de la que son partes el recurrente, y el eventual tercero detentador), ni la aplicación de una sanción con el fin de restablecer una situación viciada; es decir, los elementos fundamentales de la jurisdicción contenciosa. El elemento decisivo consistiría entonces en la disposición del artículo 92 l.c., que equipara —para establecer la ineficacia del título cancelado— la sentencia que rechaza la oposición al decreto no interpuesto en el término establecido por la ley; atribuyendo por ello a este último la eficacia de una verdadera y propia cosa juzgada. Aun si la eficacia de cosa juzgada se limita al aspecto de la legitimación cambiaria, y no alcanza a la titularidad y a la subsistencia del derecho de crédito, el decreto de cancelación es definitivo si no se interpone oposición en el término fijado. Al calificarlo de procedimiento de jurisdicción voluntaria, falta pues el carácter de revocabilidad que es propio de los procedimientos de tal naturaleza.²⁴

5. Hipótesis de la desposesión de un títulovalor

Estudiaremos enseguida las hipótesis diversas de la desposesión de un títulovalor. Quien tiene legítimamente un títulovalor puede perder su posesión como resultado de un hecho ilícito, de un delito, de un negocio jurídico, o por un hecho material: extravío o algo semejante;o bien, el documento puede destruirse parcial o totalmente.²⁵

Esencialmente, nuestra tarea se dirige a considerar aquel supuesto en el cual el tenedor de un títulovalor nominativo pierde su posesión como secuela de un extravío, de un robo, o de una destrucción (artículos 42 y 65, LT). Conviene recordar que al perderse o destruirse el título, a la vez se pierde o se destruye el derecho (documental: derecho a una prestación o la promesa de una prestación) que enuncia (incorporación, artículo 17, LT), a no ser que el propietario desposeído recurra al remedio excepcional del que ahora nos ocupamos. Insólito, si caemos en la cuenta de que la regla general, corolario del principio de la incorporación, es la que formula el artículo 17 de la LT: "El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna". Este precepto tolera excepciones y permite que el derecho documental se ejercite sin la previa presentación del documento, en cuatro casos: destrucción o deterioro grave del título, extravío y robo. Justo es —expresa Tena— que al poseedor imposibilitado de exhibir el título, puesto que sin su voluntad carece de él, se le conceda un medio de concretizar su derecho.²⁶

La ley concede en principio dos formas diversas para salvaguardar sus intereses: la reivindicación del título o la anulación judicial del mismo —es decir, la cancelación (ammortamento), artículo 42, LT—.²⁷

Pallares, por su parte, comenta que el mencionado artículo ofrece al tenedor que ha sufrido el robo o extravío las siguientes acciones:

a) La reivindicatoria.

b) La de cancelación y de pago.

c) La acción de suspensión del pago, mientras se resuelve la cancelación o las oposiciones en contra de dicha suspensión.

d) La acción de reposición o restitución del título.²⁹ Básicamente, siento que el autor se refiere a los dos supuestos anteriormente anotados, pero el segundo de ellos lo desglosa en varias etapas.

Por lo que atañe a la acción reivindicatoria como acción real que se confiere al propietario de una cosa de la cual ha perdido su posesión (artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del D. F.) y reclamarla de quien la posea. Pallares observa que el artículo 42 de la LT no determina en qué forma pueda ejercitarse dicha acción y sugiere que deba hacerse de conformidad con el Código de Comercio, es decir, tramitarse en vía ordinaria mercantil. Además, anota el citado autor que este precepto considera como cosas distintas la restitución y la reivindicación, lo que a su entender no es jurídico. También señala que es antagónico solicitar a la vez la cancelación y la restitución del título. ¿Cómo va ser posible restituir un documento que ha sido cancelado, nulificado, es decir, que ha perdido toda validez jurídica?³⁰

6. Etapas del procedimiento de cancelación

En los renglones siguientes señalamos las formas o lineamientos más importantes mediante los cuales el procedimiento se debe desenvolver para que el ex-poseedor del título pueda obtener su cancelación y su pago.

En la primera etapa, el solicitante deberá acudir ante el juez competente, el del lugar en donde el título ha de pagarse por el deudor principal. El lugar, por regla general, aparece en el documento que será la residencia del girador o del aceptante y en su caso del domiciliatario. Acompañará a la solicitud una copia del título desaparecido y en su defecto insertará en ella los requisitos esenciales del mismo. Indicará los nombres y direcciones de las personas que han de responder del pago del título, numeradas en el artículo 45, para los efectos de las notificaciones a que ahí se previenen. Si se desconoce el domicilio de algunos de los obligados a pagar el título, la notificación relativa se hará conforme al artículo 1070 de nuestro Código de Comercio. También a los avalistas del aceptante se les debe notificar el decreto. En caso de solicitar la suspensión provisional del pago, garantizará el resarcimiento de los daños y perjuicios que por ella se causen al oponente que justifique tener mejor derecho sobre el título. Comprobará la posesión del título y el hecho de la privación, ya se trate de sustracción, destrucción o extravío (artículo 44, LT). Las pruebas que el solicitante rinde, se efectúan sin citación de parte, por realizarse en vía de jurisdicción voluntaria. Ahora bien, de acuerdo con Pallares, lo que jurídicamente procede es probar la posesión y propiedad del título. Se ha de saber además, a cuánto asciende el monto de la garantía que debe otorgarse. Ello varía de acuerdo con las circunstancias del caso. Puede ser igual al monto de la deuda consignada en el título más los réditos moratorios. Recibido el escrito, el juez debe realizar las averiguaciones convenientes para dilucidar: la verdad de los hechos, que por lo general resulta de los mismos datos probatorios ofrecidos por el promovente, y el derecho del portador; la legitimación cambiaria infiérese de los endosos y de otros elementos (interrogatorios, testigos, etcétera) realizados o sugeridos por el interesado; así como también la preexistencia y falta posterior del título.

Vencido el término, quien obtiene la cancelación tendrá derecho a un duplicado de la cambial en blanco (artículo 92 1.c.) y en ella llenará el espacio del vencimiento colocando la fecha convenida en el lugar del llenamiento (artículo 2019 C. Civ. it.). Ordenará el juez la suspensión del pago, cuando así lo solicite el reclamante y fuere suficiente la garantía otorgada, mientras la cancelación pasa a ser definitiva.

Mandará publicar en el Diario Oficial un extracto del decreto, y que éste y la orden de suspensión se notifiquen a los firmantes del título señalados en el artículo 45. Prevendrá a los suscriptores del documento, designados por el reclamante, que deben otorgar a éste un duplicado de aquél, si el título es de vencimiento posterior a la fecha en que la cancelación quede firme. Por último, dispondrá el juez, a solicitud del reclamante, que el decreto y la orden de suspensión se notifiquen a las Bolsas de Valores señaladas por aquél, con el fin de evitar la transferencia del documento (artículo 45, LT).

Una vez que la cancelación se vuelve inobjetable, el que la obtuvo está legitimado para exigir el pago del título a los signatarios del mismo (artículo 53, LT); esto quiere decir que el documento pierde su eficacia jurídica y que su poseedor se ve privado de sus acciones y derechos. ¿Qué alcances tiene esto? Veamos: para el deudor del título sólo existe un acreedor del documento, el que obtuvo la cancelación. Con respecto a las relaciones entre el poseedor y el reclamante se pueden presentar dos situaciones: la resolución que decreta la cancelación quedó firme, o porque el poseedor no se presentó a impugnarla dentro del término legal o porque presentándose, el reclamante lo venció en juicio. En este último supuesto, el opositor perdió todo derecho contra el reclamante, a causa de la sentencia; no así en el primero. Ya que al ser poseedor de buena fe y no mediar una sentencia que declare al reclamante con mejor derecho, aquél será frente a éste, por tanto, propietario legítimo, y podrá requerirle la restitución de las sumas que del signatario hubiere percibido (artículos 53 en concordancia con el 43, LT y el 643 del C.Co. hondureño). En este sentido, el a. 93 1.c., expresa que: "la amortización extingue todo derecho derivado de la letra amortizada, pero no perjudica alos eventuales derechos del portador frente a quien obtuvo la amortización".

Transcurridos 60 días de haberse publicado el decreto de cancelación, este deviene definitivo, para el caso de que nadie lo hubiese objetado y el título hubiere vencido (artículos 45 en concordancia con el 53, LT). Pues basta recordar los casos de vencimiento posterior del título, ya que es posible un vencimiento a diez años; y es entonces cuando la definitividad del decreto va a operar. Por lo demás, el artículo 51 se presta a maniobra por parte del reclamante, al enviar a un sujeto para que su oposición que es débil, provoque definitividad y quite oportunidad al que tenga mejor derecho. De presentarse un opositor, el segundo momento del procedimiento se inicia. El juicio se abre con la demanda de oposición; en dicho juicio ha de resolverse quien tiene mejor derecho sobre el título, el oponente o el reclamante. Para ello, se reputan con mejor derecho que el reclamante, los que adquirieron el título sin incurrir en culpa grave y de buena fe, y acrediten la propiedad del mismo en términos de ley. La oposición puede referirse a la cancelación, a la reposición, o al pago del documento. La oposición al pago es factible hacerla valer contra la orden judicial que faculta a los obligados a hacer el pago (artículo 45, LT) y contra los suscriptores del título que intenten realizar dicho pago, pero siempre ante el juez que autorizó éste, único competente para conocer del negocio en sus distintas incidencias (artículo 47 relacionado con el 43 y 38, LT). El juicio mencionado se sustanciará con citación del tenedor del título y de los signatarios señalados en el artículo 45 de la ley de títulos, con el depósito del título en el juzgado para que pueda darse entrada a la oposición y con la garantía suficiente que asegure el resarcimiento de daños y perjuicios causados por la antinomia a quien obtuvo el decreto de cancelación, para el caso de que aquélla no seaadmitida(artículo 48, LT). Declarada procedente la oposición, la parte condenada debe resarcir los daños y perjuicios causados al oponente y cubrir las costas del procedimiento, amén de quedar sin efecto el decreto de cancelación y las órdenes de suspensión y de pago o de reposición dictadas por el juez (artículo 49, LT).

En esta segunda etapa, el proceso —a decir de Asquini— tiende naturalmente a prolongar su contenido y a asumir la naturaleza sustancial de un juicio de reivindicación para tutelar al propietario del título, analizando normalmente las cuestiones relativas a la propiedad del título y a la titularidad del derecho para resolver con autoridad de cosa juzgada si la propiedad y la titularidad pertenecen al ex-poseedor desposesionado o al actual detentador.³¹

Al no ser procedente la oposición, el oponente pagará daños, perjuicios y costas al reclamante y el juez mandará que se entregue a éste el título depositado (artículo 50, LT). Ahora bien, es posible que quien presente la oposición no tenga el documento en su poder. En tal caso, de ser procedente su oposición, el decreto de cancelación y las órdenes antes emitidas quedarán sin efecto, y el juez entregará el título a aquél que concurrió a oponerse al poseedor del título; el ganador debe promover la cancelación del documento. Y el hecho de que se opusiera evitó que el decreto de cancelación quedara firme en favor del reclamante (artículo 51, LT).³²

Por lo demás, ya dijimos que el procedimiento de cancelación no se aplica a los títulos nominativos no negociables (artículo 66, LT). Y que la ley cambiaria italiana sí los comprende. Sin embargo, sentimos que nuestra ley de títulos debe hacer lo mismo que la ley cambiaria italiana, pues como dice Tena, aun cuando el título "no a la orden" no circula, sí se transmite a nuevos poseedores y esto es suficiente para que también se cancele. Si con un duplicado el reclamante ve satisfecho su interés, no así el nuevo poseedor del documento que a título de tenedor de buena fe, puede encontrarse con que al cobrarlo, ya fue pagado por el suscriptor del documento en virtud del duplicado.³³ Tampoco pueden acudir al remedio de la cancelación los que hayan perdido el título por causas distintas al extravío, robo, destrucción total, mutilación o deterioro grave del mismo (artículos 42 y 65, LT), pues el perjudicado en tales casos sólo tiene las acciones personales que se deriven del negocio jurídico o del hecho ilícito que provocaron dicha situación (artículo 42, LT).

7. Opinión de la doctrina sobre el procedimiento de cancelación

Las siguientes líneas queremos dedicarlas a consignar las observaciones que la institución ha recibido por parte de algunos autores.

Tena,³⁵ por su parte, al no simpatizar con la institución sugiere su derogación, argumentando que constituye un peligro para los poseedores de buena fe, que no hayan leído el Diario Oficial, y porque, las más de las veces, la pérdida del documento se debe más bien al descuido de su tenedor, que por tal razón, no merece ser protegido. Tales razones no convencen a Cervantes Ahumada quien advierte que debe perdurar la institución por ser justa.³⁶

Mientras que Mantilla Molina, al considerar también justa esta institución, juzga que ciertas contradicciones son superables. El apunta algunos problemas y censuras: por ejemplo dice que la publicidad resulta exageradamente restringida en ciertos casos y que sería conveniente que dicha publicación se hiciera en periódicos de circulación general, y en repetidas ocasiones en el propio Diario Oficial. Considera injusto que se incurra en culpa grave al adquirir un título después de hechas las publicaciones (artículo 433, LT) de manera tan restringida; sugiere que a lo más se establezca una presunción juris tantum de carácter culposo para dicha adquisición. A esto comentamos que la ley no ha dicho que se trate de una presunción plena, juris et de jure. Nuevamente estima injusto y desacertado "que quien tiene en su poder el documento, y con ello una clara presunción a su favor, encuentre cerrado el acceso a los tribunales (quizá con violación del artículo 16 constitucional) porque no tenga los recursos necesarios para otorgar garantía que satisfaga al juez".³⁷

Por otra parte, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México no se ha pronunciado al respecto, salvo lo que expresa el precedente siguiente:

LETRA DE CAMBIO EXTRAVIADA, PAGO DE LA, Conforme a la fracción III del artículo 507 del Código de Comercio, cuando una letra de cambio se perdiere y no hubiere segundos ni posteriores ejemplares, su dueño puede pedir el pago con el mandamiento de la autoridad judicial, ante la que hubiere comprobado la propiedad de la letra; comprobación que puede quedar constituida con la copia extraviada, agregada a las diligencias de reconocimiento de firma, con motivo del envío de la misma, al Ministerio Público del orden común, por lo que el extravío del precitado documento no imposibilita al reo para demostrar, ante el juez del conocimiento, la falsedad penal que opuso como excepción al contestar la demanda, si cuando desapareció la letra ya se habían practicado, por el Agente del Ministerio Público respectivo, las diligencias que estimó este funcionario conducentes al esclarecimiento de la falsedad denunciada; habiendo llegado a la conclusión de que de tales diligencias no se desprendían elementos suficientes para ejercitar la acción penal, por no haber quedado satisfechos los requisitos del artículo 696 del ordenamiento citado.³⁸

Queremos también apuntar la opinión extranjera, la que a nuestro parecer aporta comentarios y opiniones interesantes, que valen la pena que las consideremos.

En relación a este tema, Pellizzi³⁹ observa que resulta no sólo conveniente sino imprescindible que se realice una consideración de mayor significación, la cual según él, corresponde más a la ley que a la doctrina y a la jurisprudencia. A veces —añade el autor— el resulta-domásútildelaelaboraciónteóricaradicaciertamenteenseñalar las profundas incongruencias de la ley: protegida, como era justo, la posición del portador, todavía más estridente aparece el sacrificio del deudor. Por ello, el legislador actual se enfrenta ante un serio dilema: o limitar todavía más la eficacia de la institución de la cancelación —por demás restringida— tutelando mejor la posición del deudor; o más bien, sustituir completamente a la cancelación, como acontece en los países anglosajones, por la simple posibilidad, para quien pierda el título, de obtener el pago contra una fianza, liberando después la fianza al vencer el termino de prescripción del título.

En este mismo orden de ideas, el artículo octavo de los estatutos de la Compañía Real Holandesa de Aviación, S. A (Koninklijke Luchtvaart Maatschappoj N.V.) constituida en 1920, establece:

]]> A petición escrita de los interesados podrán expedirse duplicados, con el mismo número de las acciones o cupones de dividendo que se hayan extraviado, cuando el solicitante a satisfacción del Consejo de Administración haga constar su derecho sobre los títulos extraviados y garantice a la sociedad, cuando así lo exija el Consejo de Administración y a satisfacción de éste, de toda reclamación de parte de terceros con respecto a dicho extravío.

Sin embargo, y con antelación a la misma, se publicará la petición tres veces consecutivas, cada una con un intermedio de un mes, en uno o más diarios o revistas financieras que indicará el Consejo de Administración. Los duplicados no podrán ser expedidos antes de que haya transcurrido un mes después de la última publicación.

Con la entrega de nuevos títulos, pierden su validez ante la sociedad los originales, sin perjuicio del derecho de recurso del tenedor de los títulos originales sobre la persona a quien hayan sido expedidos los nuevos títulos.

Todos los gastos relacionados con la expedición de duplicados o de nuevos títulos, con inclusión de los gastos de timbre y anuncios, correrán a cargo de la persona cuyos títulos se hayan extraviado.⁴⁰

III. CONCLUSIONES

Primera. El procedimiento de cancelación es una institución procesal cambiaria, cuya función consiste en declarar ineficaz el título primitivo, desincorporando el derecho del título (aspecto negativo)yen permitir al portador que ha perdido el documento, obtener un decreto que sustituya al instrumento (aspecto positivo).

Segunda. El procedimiento de cancelación se inspira en los siguientes principios: asegurar al titular del documento el medio para obtener su pago; garantizar a quien paga la validez del pago; y proteger el derecho de quien ha obtenido el título de buena fe.

Tercera. El procedimiento de cancelación, según nuestra Ley Cambiaria, es aplicable a los titulosvalor nominativos o a la orden extraviados o robados, destruidos totalmente, mutilados o deteriorados gravemente,a los títulos al portador destruidos o mutilados parcialmente. Ya estén estos documento vencidos o por vencer, protestados o no.

Cuarta. Nos inclinamos a considerar, con base en Asquini, que la cancelación es un procedimiento jurisdiccional de conocimiento que contiene dos fases. Con la particularidad de que en la etapa oficiosa, el objeto se limita a la legitimación, mientras que en la faceta contenciosa el objeto se extiende también a la titularidad del derecho; en el sentido de que la ley considera implícita en la oposición al decreto de cancelación también la acción de definir la titularidad del derecho. En este sentido, el decreto de cancelación puede llegar a ser definitivo: primero, por ser la oposición defectuosa, por no admitirse la misma o extinguirse el proceso de oposición; o bien, segundo, por haberse desechado la oposición. Ahora bien, los alcances de cosa juzgada en ambas hipótesis tienen sus límites. En el primer caso, al ser la resolución definitiva constituiría cosa juzgada, para efectos exclusivamente de legitimación, con respecto al reclamante, al deudor y a cualquier tercero. Por lo que se refiere al segundo supuesto, la resolución dictada como definitiva constituiría cosa juzgada, para efectos de la propiedad del título, de la titularidad del derecho y de las cuestiones deducidas en el juicio de oposición, con relación al oponente y al deudor notificado.

Por nuestra parte, sugerimos que el mencionado procedimiento como ahora aparece regulado en nuestra Ley Cambiaria, debe sufrir una eficaz transformación que implicaría, entre otras cosas: eliminar del procedimiento de cancelación los títulos al portador, como ya lo hace el proyecto de Código de Comercio revisado en 1964; aquí es donde las soluciones extranjeras nos dan luces como es el caso holandés, por cuanto nos evita un procedimiento ante una autoridad judicial, lo cual implica penetrar en una reglamentación que a decir de Pallares resulta farragosa, acientífica y en extremo detallista; aplicar dicho procedimiento a los títulos incoados y no negociables, únicamente para el caso de que llegaran a existir homónimos; simplificar el citado procedimiento como ya lo hace el Código de Comercio en revisión última; tutelar no sólo al tomador que sufrió la desposesión, sino también al deudor del documento que en ocasiones se ve obligado a pagar dos veces o a extender un duplicado en contra de su voluntad.

Notas

¹ Pellizzi, G., Studi sui titoli di credito, Padua, CEDAM, 1960, p. 197.         [ Links ]

² "Y si el título mismo fuera encontrado, permanezca vacante y fútil". Ferrara, Francesco Jr., La girata della cambiale, Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1935, p. 10.         [ Links ]

³ Supino-De Semo, Cambiale e del assegno bancario, Il Codice di Commercio commentato, coordinato da Leone Bolaffio e Cesare Vivante, 5a. ed., Turín, Rifatta, UTET, 1931, t. II, nùm. 631.

⁴ Buzzati, G. C., "Conferenza dell'Aia sul diritto cambiario", RDC, 1910, t. I, pp. 531 y ss.         [ Links ]

⁵ El segundo párrafo del artículo 87 del Anexo, continuaba: "Después de iniciado el procedimiento, el propietario de la letra puede, al vencimiento, reclamar el pago al aceptante, con la condición de proporcionar la caución hasta que concluya el procedimiento de cancelación". El artículo 86 del Anexo, preceptuaba: "En caso de la pérdida de una letra de cambio, el portador debidamente legitimado no tiene por qué deshacerse de la letra salvo que la haya adquirido de mala fe o haya incurrido en falta grave al obtenerla". Y el artículo 88 añadía: "La cancelación extingue los derechos que derivan del documento mismo. La persona en favor de la cual la cancelación se ha pronunciado puede hacer valer contra el girador y el aceptante los derechos que le pertenecieran en caso de que tuviera en su poder la letra de cambio" (Viena, febrero de 1910). Cfr. idem.

⁶ Los artículos 80 y 81 del Proyecto de La Haya (junio-julio de 1910) también se referían a esta institución. A. 80. "El propietario de una letra de cambio perdida puede solicitar un nuevo ejemplar al girador remontándose la cadena de endosos. Si el ejemplar perdido ha sido aceptado por el girado, el propietario no puede exigir de éste el pago de un nuevo ejemplar, si no ha mediado caución". A. 81. "En caso de pérdida de una letra de cambio el portador legítimo no está obligado a deshacerse de la letra salvo que la haya adquirido de mala fe o si, al adquirirla ha incurrido en falta grave". Ibidem, pp. 543, 590 y 592.

⁷ Véase Sraffa, "La Legge Cambiaria Uniforme, approvata della Conferenza dell'Aia" (giugno-luglio), RDC, 1912, t. I, pp. 726 y ss. Al igual que para la letra de cambio, hubo un Diseño de Ley Uniforme sobre el cheque, propuesto por la Conferencia de la Haya de 1912. Decían las Resoluciones de la Conferencia sobre la unificación del derecho relativo al cheque; A. 31. "Queda reservada a los Estados contratantes, en caso de cheques pagaderos en sus territorios la facultad: 1o. de determinar las condiciones mediante las cuales el portador podrá exigir la emisión; 2o. de establecer un procedimiento de cancelación de un cheque perdido". "Il disegno dilegge Uniforme sullo cheque proposto della Conferenza dell'Aja" (giugno-luglio), RDC, 1913, t. I, pp. 128 y ss.

⁸ "El texto de la Convención y de la Ley Uniforme sobre la Letra de cambio", en RDC, 1930, I, p. 585; Giannini, A., "Il sistema delle convenzioni di Ginevre del 1931 per l'unificazione del diritto dello chèque", RDC, 1931, I, pp. 355 y ss.         [ Links ]; Cervantes Ahumada, Raúl, Títulos y operaciones de crédito, 8a. ed., México, Herrero, 1973, p. 85 (vé         [ Links ]ase también: 10a. ed., México, Porrúa, 1978, p. 124).

⁹ Supino-De Semo, op. cit., nota 3, núm. 632, pp. 84-86.

¹⁰ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 al 13 de octubre de 1889; véase también la edición oficial de Tipográfica y Litográfica "La Europea", 1906; así como la edición comentada por Pascual García, de Herrero Hnos. Sucs., 1909.

¹¹ Proyecto de Código de Comercio (revisado en 1964), Secretaría de Industria y Comercio, Comisión de Legislación y Revisión de Leyes; Cervantes Ahumada, op. cit., nota 8, 10a. ed., p. 41.

¹² Sacco, R., L'Ammortamento dei titoli di credito all'ordine, Milán, Giuffrè, 1950, p. 13.         [ Links ]

¹³ Ibidem, pp. 14-16.

¹⁴ Voz: "cancelación", Enciclopedia jurídica Omeba, Buenos Aires, Bibliográfica Argentina, 1955, t. II, p. 588;         [ Links ] voz: "cancelación", Diccionario de derecho privado,Barcelona, Labor, 1950, t. I, p. 747.         [ Links ]

¹⁵ Cancelar: "Anular, quitándole la autoridad a algun documento público..., a una obligación, a una nota con fuerza jurídica. Abolir, derogar". Cabanellas, G., voz: "cancelar", Diccionario de derecho usual, 4a. ed., Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1962, t. I., p. 329.         [ Links ]

¹⁶ Supino-De Semo, op. cit., nota 3, núms. 633-636, pp. 86-88.

¹⁷ Idem.

¹⁸ Cervantes Ahumada, op. cit., nota 8, 8a. ed., p. 40; Bianchi D'Espinosa, La leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza (1934-1960), 2a. ed., Milán, Gruffré, 1961, núm. 86, pp. 339 y ss.         [ Links ]; la ley italiana sobre la cambial también regula a esta institución en el artículo 892; Mantilla Molina, Roberto L., Títulos de crédito cambiarios, México, Porrúa, 1977, pp. 133 y ss.         [ Links ]

¹⁹ Pallares, Eduardo, Títulos de crédito en general, letra de cambio, cheque y pagaré,México, Botas, 1952, pp. 153 y 154. Esteva Ruiz, Roberto expresa al respecto que: "no tiene que haber una substitución de un título nuevo en lugar del anterior, sino exclusivamente un duplicado propiamente dicho, desde el momento en que, en este caso, el poseedor del documento (propietario) se coloca en la situación de acreedor del derecho cartular y no reporta la de tenedor de un título como cosa corpórea en donde se represente e incorpore, si vale la expresión, a pesar de nuestras reservas sobre ella, aquel derecho cartular,y tan cierto es esto que la repetida cláusula restrictiva de la negociabilidad (transferencia por endoso) produce el ya señalado efecto de que el título sólo será transmisible en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria" (artículo 25, LT); Los títulos de crédito en el derecho mexicano, México, Cultura, 1938, núm. 213, p. 329. Por otra parte, en derecho alemán, cuando se trata de títulos al portador o endosables y provistos de endoso en blanco, podrá pedir el procedimiento edictal el tenedor del título extraviado o destruído. Arcangeli, Ageo, Teoría de los títulos de crédito, trad. de Felipe de J. Tena, México, Revista General de Derecho y Jurisprudencia, 1933, p. 110 (nota 181).

²⁰ Bianchi D'Espinosa, op. cit., nota 18, p. 339; Pallares, op. cit., nota 19, p. 144; Tena, Los títulos de crédito, México, Porrúa, 1956, p. 224; Gionfrida, G., Il processo di ammortamento cambiario, Milán, Giuffrè, 1949, p. 51.         [ Links ]

²¹ Cervantes Ahumada, op. cit., nota 8, 8a. ed., p. 40.

²² Tena, op. cit., nota 20, núm. 138, pp. 224 y 225; Bianchi D'Espinosa, op. cit.,nota 18, núm. 88, p. 345.

²³ Bianchi D'Espinosa, op. cit.,nota 18.

²⁴ Bianchi D'Espinosa, op. cit., nota 18, pp. 345-347; Gionfrida, op. cit., nota 20, núm. 14, pp. 5, 66 y 67.

²⁶ Tena, op. cit., nota 20, pp. 222 y 223.

²⁷ Mantilla Molina, op. cit., nota 18, núm. 176, p. 265

²⁸ Tena, op. cit., nota 20.

²⁹Pallares, op. cit., nota 19, p. 129.

³⁰ Idem; Pina Vara, R. de, Derecho mercantil mexicano, 11a. ed., México, Porrúa, 1979, p. 334.

³¹ Asquini, Alberto, Titoli di credito, Padua, CEDAM, 1966, p. 371.         [ Links ]

³² Pallares, op. cit., nota 19, pp. 129-172; Supino-De Sema, op. cit., nota 3, pp. 86-97; Tena, op. cit., nota 20, pp. 222-240.

³³ Tena, op. cit., nota 20, núm. 146, pp. 236 y 237; Pallares, op. cit., nota 19, p. 153; Vivante, Trattato di diritto commerciale, t. III: Le cose, 5a. ed., Milán, Vallardi, 1924, núm. 1320, p. 429.

³⁵ Ibidem, núm. 148.

³⁶ Ibidem,p.41.

³⁷ Ibidem, pp. 270 y 271.

³⁸ Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, t. XLV, p. 5865.

³⁹ Pellizzi, G., op. cit., nota 1, pp. 196 y 197. Consúltese además sobre el tema: Pellizzi, "Questioni in tema di ammortamento di titoli all'ordine", op. cit.,nota 1, pp. 153-197; Pavone-La Rosa, "Sulla opposizione del debitore nel processo di ammortamento", Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1957, t. II, pp. 353-403; Maggiolo, A., "Ammortamento deititolidicredito", Riv. di Dtto. Civ., 1957, t. II, pp. 292-324; Asquini, op. cit., nota 31, núm. 51, pp. 117-119; núm. 60, pp. 137-18; núm. 66, p. 144; núms. 169-175, pp. 369-383; Asquini, "Effetti della publicazione del decreto di ammortamento sulla circolazione e sul pagamento dei titoli di credito", RDC, 1948, t. II; Martorano, F., Novísimo Digesto Italiano,t.XIX: Voce: titoli di credito,núms. 63-68, pp. 358-361; t. I: Voce: ammortamento, p. 577; t. II: Voce: cambiale, núms. 93-96, pp. 746-749; Bianchi D'Espinosa, "Natura del tèrmine per l'opposizione a decreto di ammortamento", Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1953, t. II, p. 18.

⁴⁰ Esta última información me fue proporcionada por el maestro Daniel González Bustamante.