Ciudadanía ante el espacio público. La difícil y necesaria relación para fortalecer a las instituciones

Pablo Armando González Ulloa Aguirre*

* Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Principales ejes de investigación: democracia, participación ciudadana, el espacio público y la cultura de la legalidad.

Fecha de recepción: 15/01/2014. ]]> Fecha de aceptación: 16/02/2015.

Resumen

El espacio público representa la sociabilidad, pero también el conflicto, y contiene oportunidades de entendimiento y disenso; por ello, se presenta una relación inseparable entre espacio público y ciudadanía. A partir de la misma, se puede abordar la forma en que se concibe a los ciudadanos, cómo participan y cómo se relacionan. Por su parte, los espacios públicos son vitales para crear, modificar y desarrollar instituciones que puedan representar los intereses de las personas. No obstante, existen distintas concepciones en torno al ejercicio e identidad del ciudadano por lo que, desde el liberalismo, republicanismo y comunitarismo, es preciso identificar la naturaleza de la relación que se establece con el espacio público.

Palabras clave: Ciudadanía, espacio público, participación política, Estado, globalización, identidad política.

Abstract

The public sphere represents sociability, but also conflict and opportunities of understanding and dissent, hence an inseparable relationship between public space and citizenship it is presented. From this relation we can address how citizens are conceived, how they participate and how they relate. Meanwhile, public spheres are vital to create, modify and develop institutions that can represent the interests of people. However, there are different views about the practice and identity of the citizen, so from liberalism, republicanism and communitarianism, it is necessary to identify the nature of the relationship established with the public sphere.

Key words: Citizenship, public sphere, political participation, State, globalization, political identity.

La acepción moderna de la ciudadanía se remonta a la Revolución Francesa y evoca una serie de derechos y obligaciones a los que todos, de una u otra manera, estamos sujetos. Asimismo, esta concepción tiene una construcción desde los contractualistas, tal como se estableció con Hobbes, en la cual la soberanía deja de residir en el monarca y se transfiere al pueblo (Locke). En este sentido, Held (1997) afirma que,

[...] desde la Edad Antigua hasta el mundo contemporáneo, todas las formas de ciudadanía han tenido ciertos atributos comunes. Ciudadanía ha significado cierta reciprocidad de derechos frente a, y deberes hacia, la comunidad política. Ciudadanía ha significado la pertenencia a la comunidad en que cada cual vive su vida; y [...] ha implicado diversos grados de participación. (p. 91).

Aunque, en efecto, la ciudadanía ha presentado dichos atributos comunes, también es oportuno mencionar que no ha experimentado una evolución totalmente homogénea, sino que se ha modificado con el tiempo y de acuerdo a contextos determinados. Incluso en la actualidad, y a pesar de la tendencia a la universalización del concepto, aún encontramos disparidades en el modo de concebirlo y abordarlo dependiendo de la norma que rija a la ciudadanía en cada país¹. Asimismo, si pensamos en la evolución del término de ciudadanía, este se ha transformado en el contexto del surgimiento de derechos como el de la propiedad, educación, la pertenencia a un credo religioso o a una etnia, por mencionar algunos. La ciudadanía, en primer término, tenía su correspondencia con la pertenencia de la persona a la comunidad política; la persona, por lo tanto, es parte de esa comunidad y le merece una lealtad en reciprocidad. Sin embargo, en la modernidad, esta comunidad transita por un proceso de secularización el cual se materializa en el Estado nacional de derecho.

Por su parte, el espacio público es ese espacio de diálogo en el que la heterogeneidad es respetada y promovida, ya que no todas las comunidades son homogéneas, el espacio público se plantea, principalmente, como un lugar abierto a todos, del que nadie puede ser excluido. En este espacio es posible la existencia de la multiplicidad: coexisten diversas voces y trayectorias; uno depende del otro y hay un constante proceso de interacción mediante relaciones que nunca acaban de formarse ni de consolidarse porque, al final, el espacio público siempre será un lugar que trata de aglutinar la diferencia que genera conflicto.

Hannah Arendt (2005) pensaba que el ser humano solo se puede desarrollar como tal en el espacio público. La acción se convierte en un punto fundamental de la formación de la política y de la transformación de nuestro entorno a partir del diálogo entre iguales. La política es transformación, es institucionalización del conflicto, es el arte del cambio y del entendimiento con el otro.

La acción política es indisociable de la formación de una comunidad, de un vínculo humano con sentido, lo que implica también un rechazo de todo ejercicio de dominación o de neutralización de la pluralidad. Su ambición más valiosa consiste en promover un imaginario positivo del vivir juntos, que atraiga con la perspectiva de los beneficios de la acción común. (Innerarity, 2006, p. 24).

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es analizar cómo se interrelacionan estos conceptos, exponer cómo los derechos que implica la ciudadanía son básicos para existir en el espacio público y cómo se ha transformado paulatinamente en el contexto de la reconfiguración del Estado. Se puede afirmar que no es posible la existencia de uno sin el otro, sino que se trata de dos conceptos que se complementan. Como parte de este trabajo, también se realizará un breve repaso de las distintas concepciones de ciudadanía, pues en cada una de ellas se vislumbra una forma de expresión y ponderación de derechos distintas, que inciden en una configuración determinada del espacio público.

¿Qué tipo de tipo de ciudadanía requiere el espacio público?

Antes de comenzar con el análisis de la interrelación de la ciudadanía y el espacio público, es preciso exponer el debate contemporáneo sobre ciudadanía, contrastando sus principales concepciones, pues, ya sea desde la visión liberal, republicana o comunitarista, es importante vislumbrar cuál de estas fomenta un mejor espacio público y a partir de qué elementos lo hace.

Cada una de las concepciones de ciudadanía mencionadas implica diversos grados de participación política y, en consecuencia, un espacio público de mejor o menor calidad (a partir del entendido de que un espacio de mejor calidad es aquel en el que hay mayor afluencia de expresiones, intereses y preocupaciones; implica que haya una mayor participación política).

En la visión liberal, los derechos son parte fundamental de la formación de los individuos, pero se reducen eventualmente a la no interferencia en los asuntos ajenos, es decir, las prerrogativas que se poseen encuentran su límite en la medida en la que comienza el espacio de los derechos de los demás.

Por su parte, el comunitarismo surge como una corriente que responde al liberalismo. Hace énfasis en las obligaciones de la ciudadanía y considera el principio de adhesión como requisito previo y sine qua non para ser sujeto de los derechos. Esta corriente destaca que las obligaciones del individuo hacia la comunidad tienen como base el sentimiento previo de pertenencia (Lister y Pia, 2008, p. 15). Desde esta perspectiva, una persona sin vínculos, o sentido de pertenencia, es alguien sin carácter y sin una profundidad moral (Sandel, 2004, p. 120). Los sentimientos del ciudadano comunitario no son distintos a los de la comunidad, sino que se complementan: el individuo no se encuentra por encima de la comunidad, sino que estos dos entes sociales son recíprocamente vinculantes y no se entienden el uno sin el otro.

Para el comunitarismo, el individuo no es capaz de hacer ciudadanía por sí solo. En esta premisa se reconoce la naturaleza social del ser humano y se intenta revitalizar el carácter político de la sociedad como un conglomerado de intereses unificados por un fin o interés común –por supuesto, pueden tratarse de fines o intereses comunes, en plural–. La suma agregada del interés común es capaz de consolidar la voluntad general y obtener beneficios que, de otra manera, cualquier individuo en solitario sería incapaz de lograr o, incluso, pretender alcanzar por sí mismo.

Por su parte, en el plano de la interpretación republicana², la ciudadanía se entiende como un asunto no encaminado a las libertades negativas que se reclaman como personas privadas, sino como una apelación a los derechos de participación y comunicación que guardan relación con las libertades positivas, tendiendo implícita la autodeterminación y la autonomía en su concepción. En el lenguaje político, la libertad positiva se entiende como la situación en la que el sujeto tiene la voluntad de orientar sus deseos hacia un objetivo, así como de tomar decisiones sin verse determinado por la voluntad de otros, pero con la participación de los demás.

Al retomar la concepción de Arendt sobre espacio público como aquel en el que tiene lugar la acción política, es posible señalar que la ciudadanía del espacio público es aquella que es más participativa y menos pasiva, y dentro de la cual las decisiones se toman en común, todo esto en un ambiente de diálogo y discusión que lleva a acuerdos coordinados. Ulteriormente, la participación es la que delinea el concepto de ciudadano: si no se ejerce, no se ganan libertades y, por extensión, no se puede practicar el juicio en el espacio público. Así comienza a dibujarse la forma en la que este y la ciudadanía están íntimamente vinculados: no puede efectuarse el uno sin el otro.

Por tanto, la ciudanía republicana conjunta la inclusión y la participación y, en paralelo, potencia al espacio público creando sujetos activos y autónomos. Aunque algunas veces se le puede acusar de invasiva en la medida en la que parece coaccionar a los ciudadanos a la participación, la perspectiva republicana parte del reclamo de que se limite la exclusión y de que las decisiones solo pueden tomarse ante y por ciudadanos más activos como contrapeso necesario ante la gran cantidad de actores (poderes fácticos), los cuales la mayoría de las veces están mejor organizados que los propios ciudadanos.

Espacio público y el ejercicio de la ciudadanía

El nexo entre espacio público y ciudadanía, en su vertiente republicana, llama a hacer una diferenciación entre quienes solo son miembros de la sociedad y quienes ejercen la ciudadanía en el sentido de que abandonan su espacio de confort, su esfera privada y participan en los espacios donde tiene lugar la discusión pública, razonada y reflexiva, desde la cual pueden influir sobre la formación de las instituciones y la voluntad política.

Esta diferenciación sirve para que, sobre ella, cobren sentido los conceptos de ciudadanía pasiva y activa, e incluso, como manejan algunos autores, ciudadanía profunda (Niebla, 2001). El ciudadano es quien sostiene y mantiene, aunque sea críticamente, las creencias, normas y procedimientos de su sociedad: "[...] el ciudadano se hace haciendo su ciudad; no es objeto de pertenencia de la cosa-ciudad, sino que pertenece a un sistema de acciones del que él mismo es fuente" (Thiebaut, 1998, p. 25). De estas aseveraciones se desprende que la ciudadanía es el ejercicio (y no simplemente un conjunto de derechos y obligaciones). Y el lugar del ejercicio y de la deliberación crítica es el espacio público.

Con todo, debe plantearse que, según la crítica de la derecha e izquierda, en el Estado Benefactor, el papel activo del ciudadano no parecía, en principio, tan importante (esto desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX), porque el mismo Estado mantenía los equilibrios necesarios para evitar que los intereses privados primaran sobre los públicos. Como apunta Crouch (2014):

[...] mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo, inactivo e incluso apático, y responde únicamente a las señales que se le lanzan. [...] la política se desarrolla entre bambalinas mediante la interacción entre los gobiernos elegidos y unas élites que de forma abrumadora representan los intereses de las empresas (p. 11).

Entonces bajo esta óptica, en la medida en que se tengan más derechos, habrá mayor pasividad; sin embargo, tener menos derechos no necesariamente hace sujetos más participativos. Esto solo da constancia de la complejidad que implica incentivar la participación política y el ejercicio de la ciudadanía.

Ante esto, Chantal Mouffe, en su ya clásico libro El retorno de lo político, hace alusión a la construcción de una identidad política y la forma en la que se pueden construir identidades ciudadanas, lo cual habilita la reflexión sobre el tipo de ciudadanía que se desarrolla y el proceso para su consecución. En otro texto Charles Taylor (2009) señala que:

]]> Si la identidad humana se crea y se constituye dialógicamente, entonces el reconocimiento público de nuestra identidad requiere una política que nos dé margen para deliberar públicamente acerca de aquellos aspectos de nuestra identidad que compartimos o que potencialmente podemos compartir con otros ciudadanos (p. 29).

La cuestión de la identidad cobra relevancia en el presente debate debido a que, como se ha dicho, "[...] hay muchas maneras de concebir la ciudadanía y en su discusión se juegan problemas vitales. El modo en que definimos la ciudadanía está íntimamente ligada al tipo de sociedad y de comunidad política que queremos" (Mouffe, 2003, p. 89). Según Mouffe, una ciudadanía moderna se teje con base en el conflicto y el pluralismo democrático. En este sentido,

[...] la ciudadanía no es solo una entidad entre otras, como en el liberalismo, ni es la identidad dominante que anula todas las demás, como en el republicanismo cívico. Es, en cambio, un principio articulador que afecta a las diferentes posiciones de sujetos del agente social al tiempo que permite una pluralidad de lealtades específicas y el respeto de la libertad individual (Ibid., p. 120).

La ciudadanía como principio articulador del espacio público

A su vez, para que la ciudadanía se convierta en ese principio articulador que refiere Mouffe, es necesario el diálogo, el entendimiento con el otro, y un sistema que dé los incentivos para procesar las demandas dentro del marco institucional (Przerworski, 1998, p. 158).

El punto nodal de este argumento es que los individuos tengan –además de la capacidad– la posibilidad de converger. Es decir, que estén provistos de una base institucional que pueda gestionar el disenso hasta lograr el encuentro de posturas en torno a principios fundamentales o básicos, ya que, de no existir éstos, se imposibilita la construcción de un diálogo y se desemboca en la escisión de las comunidades políticas. Ello enfatiza la relevancia del andamiaje institucional que otorga el Estado, y que está reflejado en leyes y normas que sirven para regular el diálogo. Si no se acepta este marco, no solo se puede dar la antes mencionada escisión, sino también la guerra (Sartori, 2008, p. 48).

La ciudadanía, como articuladora de la diferencia, puede ser el punto de partida para delinear una identidad política colectiva, contraria a la identidad tradicional que no permitía articular la pluralidad: "[...] es solo en la medida en que las diferencias democráticas se oponen a las fuerzas o discursos que niegan a todas ellas, que esas diferencias serán sustituibles entre sí" (Mouffe, 2003, p. 121). De esta manera, se presenta ante nosotros un momento en el que la diferencia no debe irrestrictamente causar conflicto, pues este puede ser superado al aceptar la pluralidad. Si nos remontamos al contexto de la modernidad, apreciamos que, en el panorama de la formación de un Estado-nación, se requería de referentes identitarios comunes –casi inamovibles– que aseguraran la diferenciación de las nacientes entidades soberanas; pero las circunstancias de hoy plantean un panorama muy distinto, mismo que ha superado por mucho esas necesidades primarias de integración de un demos, por lo que, ante la heterogenización del mismo, la prioridad actual radica en articular diálogos y entendimientos con base en la pluralidad.

Efectivamente, el desvanecimiento del impulso estatal hacia la homogenización da paso al pluralismo y a la reivindicación y vivificación de identidades que parecía que no existían más. El hecho de que se desarrolle la autonomía individual hace, según Kymlicka, que las personas también valoren "[...] su cultura nacional, ya que [...] aporta el marco más importante dentro del cual desarrolla y ejercita el agente su autonomía" (2004, p. 129). Una anotación final a este respecto es que la creación de ciudanía y de autonomía no se superpone a la estructura estatal nacional, sino que pueden complementarla.

En la actualidad, es preciso entender la manera en que, con base en múltiples identidades, se construyen referentes comunes; además, es sobre la pluralidad que deberán crearse mapas mentales y marcos compartidos (Derek, 2007, p. 261). Las identidades que parecían fijas durante la época en que el Estado parecía no tener contrapartes, hasta la mitad del siglo XX (Bauman, 2005), ya no hegemonizarán al resto, y las formas de creación de ciudadanía habrán de modificarse también, ello ante la consideración de lo diverso.

Como se mencionó, hasta antes de la primera mitad del siglo XX, era posible crear marcos comunes que tenían como referente la certidumbre basada en el Estado de Bienestar y también creaban una sensación de homogeneidad construida con base en el impulso de una identidad nacional que no competía con algún otro referente.

Pero esta realidad ha cambiado, pues la negación de la diversidad se tornó insostenible, ya que, tal como lo señala Marc Auge, "no hay identidad sin la presencia de los otros. No hay identidad sin alteridad" (2000). La pluralidad es lo que alimenta la renovación y supervivencia de las culturas. Estas nunca han sido estáticas y, actualmente, la tarea a emprender consiste en asegurar que todas tengan cabida y sean respetadas en un desafiante escenario de escala global.

En la misma tónica que Auge, Chantal Mouffe señala que la vida política es el antagonismo, y el conflicto es intrínseco a esta. En un contexto así se construye el nosotros de frente a la diversidad, esto es, mediante la distinción fundamental con respecto al ellos. Pero esto no quiere decir que estos últimos deban quedar excluidos y que la acción política y el diálogo se paralicen (Mouffe, 2003, p. 16).

La acción política contemporánea deberá actuar sobre marcos atomizados, pero el Estado puede dotar de marcos comunes –aunque tenues–, mediante los cuales puedan darse ciertos entendimientos. Hoy, en todo el mundo, se presencian formas de creación de ciudadanía con base en diversas identidades, y la alteridad desarrolla formas tanto de diálogo como de conflicto que antes parecían no existir. Si bien, en primera instancia, el Estado sigue garantizando la ciudadanía, la ramificación de los espacios de acción ciudadanos adquiere un carácter profundamente complejo y expansivo al grado de llegar a plantearse conceptos como el de ciudadano del mundo, ciudanía global y ciudadanía cosmopolita (Beck, 2005), conceptos que se desarrollan de una manera difícil de asir debido a las múltiples filiaciones que estas formas de ciudadanía encarnan ante el desdibujamiento del Estado-nación.

La posibilidad de que los ciudadanos creen contrapesos es, constantemente, el tema central, y más aún de frente a los desequilibrios producidos por la falta de regulación del mercado y el proceso de globalización por el cual se transita. Se necesita lo que Collin Crouch llama ciudadanía positiva, es decir, aquella "[...] en la que grupos y organizaciones desarrollan conjuntamente unas identidades colectivas, perciben los intereses de estas identidades y formulan de manera autónoma demandas basadas en ellos que después transmiten al sistema político" (2004, p. 26). Esto significa transitar más allá de la inmediatez y entender la virtud del desarrollo individual o colectivo dentro de la cosa pública. Si los ciudadanos no están dispuestos a compartir en alguna medida sus deseos y preocupaciones, es difícil que pueda haber una retroalimentación entre el sistema político y los ciudadanos, o entre los ciudadanos mismos. Lo anterior traería como resultado una ciudadanía negativa.

La ciudadanía positiva es la posibilidad de crear cosas en común, y junto con los derechos positivos, en busca de mejorar el entorno. En este escenario, "el ciudadano es [en última instancia] el que se ocupa de las cuestiones públicas y no se contenta con dedicarse a sus asuntos privados, pero, además, es quien sabe que la deliberación es el procedimiento más adecuado para tratarlas" (Derek, 2005, p. 44).

Sin embargo, el mundo se halla ante el desvanecimiento de la ciudadanía positiva, participativa y republicana. La ciudadanía que hoy se encuentra de forma más extendida es permisiva, de corte más liberal en el sentido de que no crea comunidad y que no reclama derechos sociales. Esto tiene como contexto la poca participación ciudadana dentro de los asuntos públicos⁴. La lógica del mercado establece una forma de exigir prerrogativas de manera descoordinada, individualizada y las obligaciones ya no forman parte del imaginario. Las peticiones se quedan en la esfera de lo privado y el ágora ciudadana cada vez se desvanece más. Ello perfila un momento en el que el proceso de individualización prevaleciente parece acabar con los derechos de la ciudadanía, en especial los sociales, y proscribe reducir a lo más mínimo los políticos, lo cual exige a su vez una degradación total de la esfera pública, al evitar que compita con las alternativas de mercado, pues se le atribuye un status bajo y de mala calidad (Crouch, 1999, pp. 271-272). Prima la interpelación de los individuos como clientes, por encima de su interpelación como ciudadanos.

Por momentos, el pensar político y el accionar ciudadano parecen no materializarse en el espacio público necesario ante la complejidad. Si, como se apuntó, el espacio sólido y homogenizante del Estado-nación clásico se ha modificado (y tampoco se pretende buscar una reconcepción del ciudadano a partir del Estado-nación en su vieja acepción), el reto a afrontar por los individuos es encontrar un espacio público y un espacio político. Lo anterior debe forjarse:

[...] bajo el signo de la fisonomía, un 'vivire civile', un accionar político orientado hacia la creación de un espacio público y la constitución de un pueblo de ciudadanos, transformar el poder en potencia de acción en concierto, pasar del poder sobre al poder con y entre los hombres, concibiendo el entre como el lugar donde se gana la posibilidad de un mundo común (Vermeren, 2001, pp. 28-29).

Si no se construye una fisonomía como una nueva concepción entre los ciudadanos, los espacios vacíos que ha dejado el Estado, y que según el mercado podía llegar a ocupar, no serán llenados por nadie (Strange, 2003).

Los espacios abandonados o dejados a la deriva, dentro de los cuales ha ganado titularidad el mercado (haciendo referencia a los que antes eran ocupados por el Estado), deben ser reinterpretados mediante nuevas formas de participación y de discusión con base en un entendimiento a partir de la pluralidad, lo que es posible lograr con base en la democracia deliberativa. Sin embargo, cabe preguntarse si un espacio así –y que por lo demás hace pensar en lo político y en el conflicto–, puede llegar a albergar entendimientos, pues fue la misma potencialidad de su pluralidad la que permaneció dormida bajo el andamiaje del Estado en su búsqueda por minimizar las diferencias y los conflictos surgidos de estas. Una posibilidad a la que hay que dar seguimiento es si la pluralidad, liberada de su impasse por la caída de la fuerza homogenizadora del espectro estatal, logra albergar espacios de diversidad; pero, para ello, debemos desarrollar la capacidad de fortalecer y crear canales para el diálogo entre sus integrantes.

Lo que estamos presenciando es el surgimiento del conflicto y de lo político, pero – paradójicamente– con el abandono de la política y la primacía del mercado. Emerge el conflicto, pero se deja de lado la discusión, ante la poca posibilidad de crear instituciones que permitan dar espacio a la política. Es así que, en la medida en la que los ciudadanos no puedan traducir sus preocupaciones en acciones políticas, las figuras de la ciudadanía en general y del propio espacio público estarán perdiendo fundamento, lo que repercutirá en la disolución del lugar donde podían surgir el diálogo y el entendimiento.

Lo importante también es desencadenar procesos de autopercepción de las personas sobre su condición o no de saberse ciudadanos. Las personas son merecedoras de derechos, y no son dádivas otorgadas; pero esta condición también implica obligaciones, porque no es solo ser receptivos, sino también asumir responsabilidades y entender las formas en las que deben llevar a cabo los deberes, y es ahí donde se vincula al problema de la ciudadanía como espacio de construcción de la esfera pública. Esto se debe lograr mediante el diálogo constante en los ciudadanos, y una cultura política más desarrollada, lo que implicaría un mejor acceso a la información y la apertura de los medios de comunicación, en los cuales se discutieran asuntos políticos más allá de la simple noticia. Si se toma en cuenta que:

[...] los asuntos comunes (los asuntos de interés general) se 'esparcen' también por la sociedad civil, para constituir un lugar común –un espacio público–, donde los ciudadanos que abandonan su refugio de la vida privada se reúnen para interrogar, controlar el poder y construir vínculos sociales solidarios, es posible entender cómo el espacio público puede consolidarse, y que por medio de este se pueden poner a discusión los puntos de encuentro o desencuentro en las sociedades. Es así como se podría lograr la construcción de nuevas instituciones que encaucen la diferencia (Quiroga, 2001, p. 199).

La ciudadanía, de hecho, puede ser un ejemplo de esas instituciones, pues de los conflictos y problemas históricos que han acompañado la construcción del concepto, se ha desprendido un desarrollo de la libertad e igualdad política en las distintas sociedades. (Bracho, 2007, p. 186).

Si bien la ciudadanía, caracterizada por la participación activa, tiene que ver en su acepción moderna con el reconocimiento del Estado, no necesariamente debe estar identificada de forma total con la esfera estatal, ya que también se desarrolla en los espacios no formales de participación (como lo son distintas asociaciones caracterizadas por una formación "desde abajo"). Esta vía de involucramiento no puede desestimarse, ya que, finalmente, lo que los ciudadanos deben hacer es defender y utilizar los espacios públicos (que deteriorados extienden su disfunción a la ciudadanía y viceversa). Hay una coincidencia del abandono de la ciudadanía, de esos espacios públicos y de la mudanza del poder real, es decir, de los espacios formales, hacia un ámbito exterior que se está volviendo ajeno para todos los ciudadanos (Bauman, 2008, p. 45). Lo que algunos autores señalan es el desfase entre el entramado institucional y los ciudadanos, en parte por este alejamiento o por el paulatino desinterés de las personas.

El espacio público representa la sociabilidad, pero también el conflicto, y contiene oportunidades de entendimiento y disenso; este espacio es vital para crear, modificar y desarrollar instituciones que puedan representar los intereses de las personas; a partir de esto, la ciudadanía podría ser entendida como individuos que interactúan en el espacio público.

El ciudadano es el que se hace cargo de los asuntos públicos y no se retrae a su propia individualidad. Por medio de la deliberación puede tratar lo público sin recurrir a la violencia, para lo cual la votación no es el único recurso de participación (Cortina, 2005, p. 44). Sin embargo, también se reconoce la dificultad del modelo; pensar en reciprocidad y mutualidad, mediante las cuales se evoque a un modelo en que los ciudadanos reconocen los derechos de los demás así como los suyos propios, lleva a pensar en el comunitarismo (Derek, 2007, p. 256), pero también pensar en la forma en la que estos derechos deben ser compartidos sin permitir la libre autonomía de los individuos hace pensar en el republicanismo.

La ciudadanía vista desde abajo: más allá de la formación política y jurídica

El análisis de la concepción de ciudadanía no puede estar completo sin el enfoque de la construcción desde debajo de la misma. En ese sentido, T. H. Marshall fue pionero en proponer una teoría de la ciudadanía que daba cuenta de su evolución. Sin embargo, para algunos autores como Turner, esta –como muchas otras teorías– tiene ciertas limitaciones en la forma en la que describe la evolución del concepto, ya que corresponde a un espacio –Gran Bretaña– específico con todo lo que ello implica (Turner, 1993, p. VII). Turner señala que el modelo dominante de Marshall basado en la familia nuclear, el pleno empleo, y la división del trabajo tradicional, deja de tener sentido ante la nueva reconfiguración social y de la misma forma el replanteamiento del modelo de ciudadanía se vuelve indispensable (Ibid., p. XII).

Sin embargo, con el desmantelamiento del Estado de Bienestar y los consiguientes recortes en el gasto social, la reconfiguración de la ciudadanía se volvía un tema importante. Tamayo lo plantea de la siguiente forma:

Con la globalización, el equilibrio asumido (aunque nunca existente) de los derechos ciudadanos se rompió. El desajuste generó algo que podría adelantarse en llamar crisis de un tipo de identidad ciudadana, la social. Ello originó que unos derechos se colocaran por encima de otros, por ejemplo, que prevalecieran los civiles sobre los sociales (Tamayo, 2010, p. 37).

Ello cuestiona la importancia de la ciudadanía en sus diversas acepciones, propiciando una primacía de derechos (civiles o políticos) que contraviene el concepto mismo de la ciudadanía desde la visión de Marshall.

Es así que la definición de ciudadanía, para Turner, es ampliada para definirla como "[...] el conjunto de prácticas [...] las cuales definen a la persona como un miembro competente en la sociedad y que, como consecuencia, moldea el flujo de los recursos a las personas y los grupos sociales" (Turner, 1993, p. 5). En la definición es importante trascender el mero enfoque sobre derechos y obligaciones e introducir la idea de prácticas. "La palabra 'prácticas' deben ayudarnos a entender la construcción social dinámica de ciudadanía que cambia de manera histórica como consecuencia de las luchas políticas (Idem)". En esta medida, también la ciudadanía tiene en su definición la base del conflicto social debido a la redistribución de derechos y medios, la cual no pude ser satisfecha al cien por ciento.

La ciudadanía es, por así decirlo, empujada por el desarrollo de los conflictos sociales y las luchas sociales dentro de un ámbito político y cultural, donde grupos sociales compiten entre sí por el acceso a los recursos. Tal teoría de la ciudadanía también requiere una noción del Estado como la aquella institución que está atrapada en las contradicciones entre los derechos de propiedad y las libertades políticas. Por último, las posibilidades de la ciudadanía en las sociedades contemporáneas son, o han sido mejoradas por los problemas de las condiciones de tiempo de guerra en la que los grupos subordinados pueden hacer afirmaciones más eficaces contra el Estado (Turner, 1990, p. 194).

La ciudadanía por lo tanto, implica la acción colectiva en los cambios institucionales y sociales. Se puede decir que hay una interacción con el entramado institucional que a partir de las constantes demandas y el conflicto se termina modificando para dar cabida a los grupos que antes confrontaban a las mismas: "Ser ciudadano, en consecuencia, es participar en la creación, preservación y transformación del orden social (Tamayo, 2010, p. 9)". El ciudadano se convierte en agente de cambio:

Ciudadanía significa participación en general. A través de la práctica, los individuos construyen una ciudadanía distintiva. La práctica de una ciudadanía implica la interacción entre ciudadanos y fuerzas sociales. En la participación, por lo tanto, se manifiesta el cambio. El tipo de cambios que se producen por la participación se refleja también en la confrontación de los grupos sociales (Tamayo, 1994, p. 96). Desde esta perspectiva, la ciudadanía no se entiende sin los movimientos sociales, ya que la lucha entre las fuerzas sociales se vuelve fundamental para su formación.

Como se puede apreciar, esta concepción de ciudadanía trasciende la forma, y se convierte en sustantiva (a diferencia de la nominal que se entiende en su vertiente meramente jurídica) y se enfoca en problemas que no habían sido planteados, como parte de la ciudadanía preocupándose también por la relación social desigual, las formas de distribución del poder a nivel comunitaria, la heterogeneidad cultural al interior de los Estados y las experiencias históricas en los mismos (Tamayo, 2010, p. 22). En esta forma de práctica ciudadana hay un proceso de interacción entre los ciudadanos y las fuerzas sociales, lo que da como resultado la posibilidad del cambio social, que es una parte básica de este giro en la concepción ciudadana. En la siguiente cita se expone de manera interesante la forma en la que el ciudadano y los movimientos sociales se retroalimentan:

El ciudadano se está convirtiendo [...] en el sujeto a través del cual los individuos se reconocen y la ciudadanía ha venido a ser el ámbito donde participan colectivamente y ejercen sus derechos individualmente. Los movimientos sociales que antes se identificaban con el proletariado, ahora se identifican como ciudadanos. La identidad de pertenecer al sector obrero no es ya materia de orgullo personal (Tamayo, 1998, pp. 161-162).

Por su parte, la construcción de la ciudadanía implica un constante espacio de encuentros y desencuentros de la sociedad civil que busca abrir espacios y en la que la membresía es una parte fundamental cuando un determinado grupo social gana una serie de espacios en los que construye una identidad determinada. Lo cual también denota ciertos derechos y obligaciones como parte de la identidad creada en el grupo, que permite la diferenciación entre los internos y los externos. De esta manera, como se expuso anteriormente, identidad y ciudadanía van de la mano. "La identidad, como la ciudadanía, es resultado de tensiones y luchas sociales, hacia adentro y hacia afuera, donde se confrontan, negocian e interpretan proyectos distintivos de grupos, intereses e ideologías" (Tamayo, 1998, p. 56).

La ciudadanía involucra la participación en la vida pública, que es más amplia que la simple participación en la vida política, lo que trasciende la relación del individuo con el Estado y plantea la relación de los ciudadanos con la sociedad como un todo (Ibid., p. 2). En esta línea, la participación no se constriñe al voto, como en la democracia representativa, sino que es oportunidad para la discusión y confrontación, más allá de su constricción institucional en el sistema político.

Asimismo, la ciudadanía no solo influye, sino que también es objeto de la influencia del espacio público, por ejemplo, cuando el espacio político es limitado y la ciudadanía será pasiva y privada (Ibid., p. 9). Una ciudadanía activa, para la construcción de identidades y prácticas sociales comunes requiere de espacios, ya sean políticos o no, para crear membresías e identidades comunes en espacios determinados. Lo anterior engloba "[...] el debate de la desigualdad, la diferencia de poder y la clase social, porque la ciudadanía está inevitable y necesariamente conectada con el problema de la desigual distribución de los recursos en la sociedad" (Ibid., pp. 2-3).

Los teóricos están reflexionando sobre nuevas formas de ciudadanía, ya sea de corte republicano o comunitarista, mediante las cuales se respeten la autonomía de los ciudadanos, pero que también se exija participar en los asuntos públicos, ello ante un mundo globalizado que así lo reclama.

Las instituciones estatales exigían participación de corte procedimental en las elecciones e, incluso en la vida pública, aunque ofrecían a la ciudadanía realmente pocos contrapesos de poder. Quizás el ejemplo más representativo de ello se encuentra en la soberanía que residía en el pueblo, aun cuando en realidad era ejercida mediante formas pasivas de ciudadanía (Michelman, 1997, p. 146).

Así, la ciudadanía se amplía no solo al rubro de los derechos, sino también a las prácticas que los producen y la forma en la que son distribuidos en los diversos sectores de la sociedad. Las prácticas sociales que dan como consecuencia la construcción de la ciudadanía, incluyen la membresía, que es fundamental y de la misma forma excluyente. En otras palabras, estas prácticas incluyen una construcción social del concepto de ciudadanía desde abajo, dando como resultado identidades diferenciadas. La ciudadanía, nos dice Turner, es un conjunto de prácticas sociales que definen la membresía social en la sociedad, que es altamente diferenciada de su cultura y las instituciones sociales, y en donde la solidaridad social solo puede estar basada en estándares generales y universales (Turner, 1993, p. 5).

Aunque estas membresías trascienden a las formas antiguas particulares de pertenencia con la familia, la villa o la tribu, ya que en el mundo moderno se amplían más. Siguiendo a Turner, la economía política de la guerra, la organización de la clase trabajadora en sindicatos y los partidos revolucionarios, fueron un punto básico para la expansión de los derechos sociales.

Lo que se ha modificado es que algunos sectores de la ciudadanía reclaman cuotas de poder no solo mediante representantes, o sí, pero con una constante rendición de cuentas. Lo anterior debido a que la falta de referentes simbólicos por parte del Estado hace necesaria una mayor correlación con los ciudadanos. La creación de instituciones intermedias, pero también el fortalecimiento del Estado, solo se dará si los individuos participan en el espacio público cuidando los recursos escasos del Estado y haciendo frente a los poderes fácticos, mismos que no suelen velar por el bien común. Así, una vez más el espacio público aparece como un punto de coincidencia en el cual es posible la correspondencia entre Estado y ciudadanía.

Como se mencionó antes, el ciudadano es el que se hace cargo de los asuntos públicos y no se retrae a su propia individualidad. Por medio de la deliberación, puede tratar lo público sin recurrir a la violencia, para lo cual la votación no es el único recurso de participación (Cortina, 2005, p. 44). Sin embargo, también se reconoce la dificultad de pensar en reciprocidad y mutualidad, como medios para evocar un modelo en que los ciudadanos reconocen los derechos de los demás así como los suyos propios. Todo esto lleva a pensar en el comunitarismo (Derek, 2007, p. 256), pero también se reconoce la necesidad de pensar en la forma en la que estos derechos deben ser compartidos sin permitir la libre autonomía de los individuos, lo cual hace pensar en el republicanismo.

La ciudadanía de corte liberal era adecuada para un Estado benefactor en el cual los ciudadanos gozaban de una gran gama de derechos sociales, y la disposición a participar o no en la vida pública no era tan exigible por parte del Estado y de la misma sociedad. La diversidad estaba controlada bajo el principio de homogeneidad simbólica por parte del Estado y con instituciones que daban una gran gama de certidumbres a los individuos. (Lechner, 2002). Lo que tenemos ahora es una falta de orientación simbólica y una exigencia cada vez mayor de la participación de los individuos para complementar al Estado en algunas de sus funciones, o más bien, orientarlo en las mismas para que estas respondan a la complejidad social actual.

La ciudadanía liberal dejó de dar las respuestas necesarias. Por ello surgen nuevas formas de plantear la ciudadanía, ya sea en su vertiente republicana o comunitarista. En cada una de estas formas de concebir la ciudadanía se abren nuevos espacios de discusión sobre los derechos y obligaciones de los individuos en las sociedades actuales. La ciudadanía republicana es la que puede conjugar de mejor manera las exigencias de las sociedades actuales, por el momento, al respetar cierta autonomía de los individuos, al ser más inclusiva y al servir como puente entre el espacio público y privado como medio para traducir las preocupaciones privadas dentro del espacio público y fomentar así una mejor participación de la ciudadanía.

El análisis de las diversas concepciones de ciudanía y su relación con el espacio público nos ha permitido identificar diversas limitaciones y contrastes. La ciudadanía vista desde abajo y sustantiva implica una contraposición a la forma tradicional en la que se concebía, ignorando la lucha social, los movimientos sociales, la ciudadanía cultural y las diversas identidades. Si bien esta forma de ciudadanía no desconoce los aportes de aquellas, lo que sí hace es dar un giro a la teoría, ante la globalización y sus consecuencias a nivel social, en la que no se desconocen las historias que producen identidades diversas, ni las diferentes prácticas sociales.

La revisión general de los tipos de ciudadanía en el marco de lo expuesto, sugiere la necesidad de alcanzar un punto de acuerdo entre los diversos autores a partir de que, de una u otra manera, todos invocan el uso público de la razón y asumen que la expresión dentro del espacio público es una parte fundamental para la ciudadanía. Es un razonamiento "[...] que parte y se dirige a la diversidad de doctrinas comprehensivas, a la diversidad de los ciudadanos; es una forma imparcial de referirse y dirigirse imparcialmente a los problemas políticos y normativos comunes" (Thiebaut, 1998, pp. 217-218).

Los derechos que da la ciudadanía son básicos para existir en el espacio público. Marshall plantea una gran gama de derechos: civiles, políticos y sociales, y cada uno tiene sus propia problemática. Sin embargo, los sociales son los que desatan una gran discusión de la mano con el Estado de bienestar. En esta investigación se sostiene que los derechos sociales son tan importantes como los otros dos, tal como se hace con los derechos humanos y su indivisibilidad, dado que no se puede exigir una ciudadanía responsable sin derechos adecuados. Ello también acarrea otra problemática: la exigencia de los derechos por parte de los ciudadanos y la no responsabilidad en cumplir las leyes o el ignorar las obligaciones de las cuales también son responsables.

Por último, ante la globalización, los cambios y conflictos que esta ha traído consigo, es de crucial importancia, discutir tales conceptos para entender el nuevo contexto histórico en el que nos encontramos inmersos. No cabe duda de que la forma más acabada de la razón y dirección de los problemas políticos radica, hoy, en la democracia como punto de acuerdo hacia un camino en común.

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Notas

² "De acuerdo con la concepción republicana, el status de los ciudadanos no se determina por el modelo de las libertades negativas que pueden reclamar como personas privadas. Más bien, los derechos cívicos, principalmente los derechos de participación y comunicación, son libertades positivas. No garantizan la libertad de coacción externa, sino la participación en una práctica común solo a través de cuyo ejercicio los ciudadanos pueden llegar a ser aquello que ellos mismos desean ser: sujetos políticamente responsables e iguales." (Habermas, 1999, p. 233). Los autores clásicos en esta corriente los podemos rastrear desde Roma, con La República, de Cicerón, hasta Maquiavelo, y terminando con Philip Pettit y Skinner, como los contemporáneos que estudian esta corriente de pensamiento.

³ Para una explicación del concepto en el marco de las sociedades complejas, consúltese Guitián (2010) y Girola (2005).

⁴ En el caso de México, en la Encuesta Mundial de Valores, el firmar una petición se encuentra sobre el 20 % mientras en países como Suecia esto alcanza el 80 %, lo cual nos demuestra, tal como se ha reflejado en varios estudios, el poco interés por los asuntos públicos. Si ese 20 % que participa a veces es muy notorio, es importante ver la forma en que el mexicano, por lo menos, se comporta como alguien que espera demasiado del gobierno, pero hace poco por participar (S/A, 2011).

Información sobre el autor

Pablo Armando González Ulloa Aguirre. Es Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Sus principales ejes de investigación son: democracia, participación ciudadana, el espacio público y la cultura de la legalidad. Ha participado en diversos libros, entre los que destacan La teoría política hoy; Democracia y Globalización. Diferentes enfoques, autor de Democracia cosmopolita en el marco de la globalización. ¿Hacia dónde ir?; y es co-autor de Sociedad, violencia y poder.