Rolando Cordera

Profesor Emérito Facultad de Economía, UNAM <cordera@unam.mx>.

Universidad Nacional Autónoma
de México, Seminario Universitario
de la Cuestión Social, Ciudad ]]> Universitaria, 22-24 de noviembre
de 2011

Quienes participamos en el Cuarto Diálogo Nacional para un México Social, expresamos nuestra profunda preocupación por el grave estado de incumplimiento de los derechos sociales que consagra nuestra Constitución.

Para quienes participamos en este Diálogo, resultan inadmisibles las condiciones de desigualdad, pobreza y rezago social que persisten en nuestro país, a lo que se añade un contexto de violencia social, generada tanto por el crimen organizado y la delincuencia común, como por abusos cometidos por la fuerza pública.

Rechazamos que México tenga como única opción para el desarrollo, la implementación de un modelo centrado exclusivamente en el control de la inflación y el déficit público, pero incapaz de generar empleos y crecer distribuyendo los recursos económicos y sociales de manera equitativa.

Asumimos pues, que es urgente:

Garantizar el acceso de toda la población al bienestar, reconociendo que ninguna sociedad puede prosperar si está dividida por inmensas brechas de desigualdad.

Construir un Estado Social de Derecho, fundado en una inquebrantable vocación democrática, y con la capacidad de convertirse en el gran referente para la integración y la cohesión social. Lo mismo debe ocurrir con la formulación y evaluación de la política económica y social, y la asignación de los recursos públicos.

Construir una economía generadora de empleo y con capacidad distributiva del ingreso, a fin de romper con la lógica concentradora de la riqueza, y que permita garantizar niveles de vida dignos para todos los mexicanos.

Rediseñar la política social, con el objetivo central de construir ciudadanía, para orientar y dar cohesión al desarrollo nacional. Esta política social deberá desplegar su centralidad en un sistema de planeación dirigido a superar las disparidades regionales y a recobrar el sentido de una nación solidaria y justa con todos.

Participar activamente en la construcción de una globalización justa, a fin de impedir que la desigualdad regional y planetaria continúe profundizándose, teniendo como principal objetivo la relación solidaria y pacífica entre las naciones, así como promover un nuevo diálogo intercultural y de fraternidad internacional.

Para atender con eficacia estas urgencias, requerimos reconstruir el Pacto Social, mediante un ejercicio político democrático que de lugar a un nuevo conjunto de arreglos institucionales, así como replantear los mecanismos mediante los cuales dar a nuestro país un nuevo modelo de desarrollo para la igualdad. Por ello, proponemos:

Impulsar el fortalecimiento de un sistema de gobierno democrático y socialmente arraigado, basado en la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Consideramos que esto será posible en la medida en que los pactos políticos fundamentales estén dirigidos a la construcción de un nuevo modelo de Estado de Bienestar, cimentado en una nueva cultura ciudadana para la paz, la justicia, la legalidad y la dignidad de las personas.

Consideramos que tal Estado de Bienestar debe caracterizarse, al menos por:

Un sistema de protección social universal, desde el nacimiento hasta la vejez, mediante un régimen integrado de previsión social, acceso oportuno a servicios de salud de calidad, así como a prestaciones sociales y económicas básicas, tales como la renta básica universal. Un sistema educativo universal y gratuito para toda la vida, a través del cual las personas, en el contexto de una sociedad global del conocimiento, tengan la oportunidad de re-aprender en función de las constantes innovaciones científicas y tecnológicas, así como en la complejidad del pensamiento social y humanístico.

Un nuevo sistema de seguridad alimentaria, que de sustento a la plena garantía del derecho a la alimentación, basado en una nueva relación entre el campo y los ámbitos urbanos, y sobre todo, una nueva política pesquera y agropecuaria capaz de garantizar la soberanía alimentaria.

Construir un Estado de Bienestar de estas características exige:

Impulsar una reforma hacendaria como base de un sistema social para la equidad. Debe comprenderse que la política fiscal es parte constitutiva de la política social y no a la inversa. Que la justicia social sólo es posible cuando se distribuye equitativamente la riqueza y el acceso al bienestar. En ese sentido, el régimen de excepciones, el trato preferente a quienes más tienen, así como la protección de la lógica especulativa, son elementos que deben ser desarraigados de nuestro sistema tributario. Lo mismo debe ocurrir con el gasto público corriente y de capital, cuya asignación debe contemplar criterios explícitos de igualdad y equidad sociales, así como los que se desprendan del objetivo de encauzar a Mexico en la ruta del desarrollo sustentable.

Una nueva conciencia ecológica, a través de la cual se asuma que no hay desarrollo social posible sin la protección del patrimonio natural con el que cuenta el país. De hecho, una noción ampliada de los temas ambientales debería llevarnos al replanteamiento de nuestros esquemas de consumo, y productivos, de nuestras capacidades energéticas y de nuestra infraestructura tecnológica. En efecto, una nueva conciencia ecológica implica una nueva conciencia económica que considere a los recursos y servicios ambientales, como parte del patrimonio cultural de los pueblos y las regiones.

Una nueva lógica para el mundo del trabajo, sustentada en la categoría del empleo digno, y centrada en la protección de las garantías sociales para toda la población. Para ello, deberá asegurarse la democratización y correspondiente transparencia de las organizaciones laborales y sindicales.

Una nueva cultura para la paz y el desarrollo, basada en principios fundamentales como el de la protección del interés superior de la niñez. Asumir este principio a cabalidad implica reconocer que un país apropiado para la infancia, es un país en ruta de ser apropiado para todos.

Una renovada cultura de la legalidad y acceso a la justicia, orientada a erradicar la impunidad en los ámbitos de la procuración e impartición de la justicia; y a impulsar la exigibilidad y plena garantía de los derechos sociales.

Lograr estos planteamientos exigirá redefinir nuestras metas inmediatas y de mediano plazo para trazar objetivos basados en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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179 firmantes, responsable de la publicación: Rolando Cordera Campos

Rolando Cordera Campos: Licenciado en Economía por la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, con estudios de posgrado en la London School of Economics. Es catedrático universitario y ha sido periodista y legislador. En 1998 recibió el Premio Universidad Nacional en el Área de Ciencias Económico-Administrativas. Es miembro del Consejo Editorial y de la mesa editorial de la revista Nexos, y durante diez años fue director y conductor del programa de televisión Nexos. Es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, de la Academia Mexicana de Economía Política y del Consejo Consultivo de la Fundación unam, así como presidente de la Fundación Pereyra. Es autor de libros como Crónicas de la adversidad, Las decisiones del poder, en coautoría con Carlos Tello La disputa por la nación, coordinador y coautor de Desarrollo y crisis de la economía mexicana, La desigualdad en México, El reclamo democrático, y compilador de 1995: la economía mexicana en peligro, coordinó La globalización de México: opciones y contradicciones, UNAM, 2006 y en 2007, La política social en México: tendencias y perspectivas, UNAM. También es autor de innumerables artículos y ensayos y ha participado en diversos foros, seminarios y encuentros de intelectuales de México y el extranjero. Fue es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, es Profesor Emérito de la Facultad de Economía y forma parte del Comité Editorial de ECONOMíAunam.