Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: un análisis crítico

National Development Plan 2007 - 2012: Critical Analysys

Arturo Huerta González

Profesor de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM. <ahuerta@servidor.unam.mx>

Resumen

El presente artículo analiza el marco teórico en que se sustenta el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, donde se destacan los conceptos convencionales de escasez de recursos, Estado de Derecho, economía competitiva, apertura externa, y co-inversión pública-privada. Se hace un análisis crítico de tales planteamientos y de cómo se insiste en más de lo mismo, sin que se realice un diagnóstico de los resultados que dichos planteamientos teóricos y políticas han tenido en la actividad económica nacional. Nuestros problemas no se derivan de la escasez de recursos, ni de falta de Estado de Derecho, ni de que falte competitividad y mayor presencia de la inversión privada en la economía, sino por el contrario, derivan de la política de liberalización económica y de estabilidad cambiaria que han venido predominando.

Abstract

The present article analyses the theoretical framework on which the National Development Plan 2007-2012 is based, one in which the conventional concepts of lack of resources, rule of law state, competitive economy, opening to international trade, and public-private co-investment are stressed. A critical analysis of such standpoints and the way in which they are constantly insisted upon, without any further diagnosis of the results that such policies and theoretical standpoints have had in the national economic activity, is offered. Our problems do not stem from a scarcity of resources, a lack of a rule of law state or a need for competitiveness and for a stronger presence of private investment in the economy, but, on the contrary, from the economic liberalization and exchange rate stability policies that have been prevailing.

Insuficiencia de recursos

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) parte de una concepción teórica convencional, de que la economía tiene "insuficiencia de recursos económicos... [lo que]... Impide satisfacer las necesidades básicas" (p. 1). Uno se pregunta, y ¿cómo es posible que en el país se encuentre el hombre más rico del mundo?, ¿cómo la banca gana aquí, lo que no obtiene en su país de origen, o en otras partes del mundo? ¿cómo la bolsa de valores tiene grandes ganancias? Para ellos si hay recursos, en cambio no hay para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población. La insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas, la da el propio Estado al trabajar en contexto de autonomía del banco central y disciplina fiscal, dirigido ello a satisfacer el objetivo de estabilidad cambiaria deseado por el capital financiero. La política económica predominante, de apertura económica y de estabilización, nos ha llevado a tener grandes tierras subutilizadas, así como altos niveles de capacidad ociosa en la industria manufacturera y alto desempleo, lo que evidencia que no hay insuficiencia de recursos económicos, sino la carencia de una política económica que potencie su utilización y desarrollo para satisfacer las necesidades de la población. Si ello no se hace, es ante el temor de que resulte inflacionario y desestabilice el tipo de cambio, lo que afectaría al capital financiero, quien es el que determina la política económica seguida.

La estrategia propuesta por el PND coloca al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la seguridad pública como eje principal de acción. Ello se establece en la perspectiva de dar seguridad jurídica a la inversión privada, como si fuese lo medular para impulsar la dinámica económica.

El obstáculo a las actividades empresariales, no es la incertidumbre legal y jurídica a las personas y a la propiedad, como señala el PND, sino la falta de opciones rentables en la esfera productiva, situación que no ofrece la política económica predominante.

La inversión no crece, debido a que el mercado interno es restringido y porque la producción nacional no es competitiva respecto a importaciones y en el mercado internacional. Mientras esto continúe, no habrá crecimiento de inversión productiva, por más Estado de Derecho y seguridad pública que se ofrezca.

Diagnóstico

El PND espera lograr un crecimiento anual del PIB de 5% al final del sexenio, para lo cual demanda "cambios importantes" y "acciones decididas para mantener la competitividad" (p. 1), refiriéndose con ello a las reformas estructurales pendientes por realizar, necesarias, según ellos para incrementar la inversión y la productividad. Lo que no reconocen es que la economía nacional tiene décadas con las reformas estructurales de orientación de mercado y no ha habido mayor inversión, ni mayor productividad. Éstas reformas han implicado un cambio patrimonial en favor del sector privado nacional y extranjero. El gobierno deja de invertir, para que el sector privado lo haga, sin traducirse en mayor capacidad productiva.

Estrategia de inversión

El PND se pronuncia por "promover reformas que detonen la atracción de inversiones" (p. 24). Para ello plantea la necesidad de "transformar a las empresas públicas para hacerlas más eficientes y de esta forma, obtener menores costos de producción de insumos estratégicos" (p. 5). Se ha procedido a abrir la industria petrolera y eléctrica a la inversión privada, y no se ha traducido en menores costos de producción de los insumos estratégicos, ni en mayor competitividad, ni en mayor rentabilidad en el sector manufacturero y agrícola para impulsar la inversión. El gobierno abre los sectores estratégicos al gran capital, para estimular su permanencia y su entrada al país, ante la falta de opciones rentables en otros sectores productivos.

El PND reconoce que "el nivel de adopción y desarrollo de tecnología depende, entre otros factores, de la rentabilidad de los proyectos de inversión y del nivel educativo de las personas...[y agrega que]...sólo tiene sentido adquirir la maquinaria y equipo más avanzada si puede recuperarse la inversión" (p. 7). Bajo tal precepto, la política económica impulsada, debería encaminarse a crear las condiciones de rentabilidad en la esfera productiva para alcanzar el desarrollo tecnológico buscado. Sin embargo, la política de apertura económica y de estabilización seguida, como hemos dicho, atenta sobre los niveles de rentabilidad en el sector productivo, por lo que no se dan las condiciones, para el crecimiento de la inversión y de la productividad.

El PND enfatiza que "el desarrollo científico, la adopción y la innovación tecnológica constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico" (p. 22). Reconocen que "la inversión en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB en México es 0.46% en 2006. En el conjunto de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) fue de 2.26% en el 2004" (p. 22). El desarrollo de la ciencia y tecnología requiere de recursos presupuestales, que son difíciles de alcanzar con la política de disciplina fiscal instrumentada para reducir la inflación y estabilizar el tipo de cambio. El PND señala que "no basta el financiamiento público" (p. 8), por lo que se pronuncia por "nuevas opciones de financiamiento con recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías" (p. 8). El problema de ello es que la mayoría de las empresas no está invirtiendo en ciencia y tecnología. De hacerlo, no estarían perdiendo competitividad frente a las importaciones, ni en el mercado internacional, tal como ha venido aconteciendo. No asumen riesgos de inversión productiva, prefieren canalizar sus recursos a la esfera comercial y a la especulativa-financiera.

Si la economía no puede incrementar la productividad y reducir costos y no mejora su competitividad para hacer frente a importaciones e incrementar exportaciones de mayor valor agregado nacional, el gobierno debería revisar el contexto de apertura comercial y dinamizar el mercado interno para así crear niveles de rentabilidad en la esfera productiva para favorecer la inversión y el crecimiento de dicho sector.

A pesar que el PND afirma que se "cuenta con acceso adecuado al financiamiento, la disponibilidad de recursos para la inversión se ha incrementado de manera importante" (p. 4), ello no ha acontecido así. La mayor disponibilidad de financiamiento ha actuado a favor del consumo, en menor medida al crédito hipotecario y continúa rezagado hacia las empresas del sector manufacturero. Aunque ha aumentado la participación del crédito a la industria manufacturera en junio del 2007 en relación a la que se tenía en enero del 2006, no se llega a la relación existente en el 2002 y 2005, por lo que no tienen capacidad para invertir y mejorar su productividad y competitividad.

Economía más competitiva

El PND da un apartado especial al combate a los monopolios y a la promoción de una política de competencia, señalando que "son estrategias que contribuyen a reducir los costos de las empresas, lo que contribuye a una mayor competitividad, crecimiento y generación de empleos". Se insiste en "continuar con la apertura comercial, así como reducir el costo y los trámites de las operaciones de comercio exterior...[y ello]... permitirá la obtención de insumos a menores precios, así como un menor costo para los exportadores mexicanos" (p. 5). Junto con la continuidad de la apertura comercial se pronuncian por la "atracción de inversión extranjera directa" (p. 7), y añaden que "aranceles más bajos permiten adquirir maquinaria y equipo avanzado a menores costos, mientras que la inversión extranjera directa transfiere al país aquellas tecnologías que no están a la venta... [además de... llevar a la generación de empleos" (p. 7).

En tales planteamientos se mantiene el concepto convencional de que la productividad, la inversión y el crecimiento están en función de la competencia, y que es a través de importaciones baratas de maquinaria e insumos que se reducen costos y se mejora la competitividad, y que la IED (inversión extranjera directa) transfiere tecnología al país. A ello se suma el planteamiento de que la competencia y el flujo de bienes importados baratos "facilita que los consumidores tengan acceso a más bienes a menores costos, incrementando el bienestar material de las familias" (p. 4).

El combatir los monopolios a través de la competencia de economía abierta, ha traído por consecuencia destrucción de planta productiva que nos lleva a disminuir el crecimiento potencial de la economía, a mayores presiones sobre el sector externo, a más desempleo y mayor vulnerabilidad externa.

Los beneficios que algunos consumidores han tenido por la adquisición de bienes importados baratos, ha representado un alto costo para el país, ya que ello ha sido resultado de las políticas monetaria y fiscal restrictivas y del proceso de privatización y extranjerización de la economía, para allegarnos de entrada de capitales para mantener la estabilidad (apreciación) del tipo de cambio, y el consecuente abaratamiento de las importaciones. Ello además, ha generado una competencia adversa en detrimento de las empresas productivas nacionales, muchas de las cuales han sido desplazadas por tales importaciones, cayendo la capacidad productiva y la generación de empleo, por lo que menos consumidores con poder adquisitivo pasa a tener la economía. Asimismo, ha aumentado el déficit de comercio exterior no petrolero, lo que nos coloca en un contexto de fragilidad y vulnerabilidad en torno al comportamiento de las variables externas.

La apertura comercial y la entrada de IED de los últimos años, no se ha traducido en mayor crecimiento de la economía nacional, sino al contrario, éste se ha deteriorado, pues se cuenta con menos capacidad productiva industrial y agrícola. La industria representaba 23% del PIB en 1980 y el sector agropecuario 8% del PIB, en cambio en el 2006 representan 16 y 4% del PIB respectivamente, lo que lleva a la economía a tener menos condiciones endógenas y potenciales de crecimiento y a depender más de factores externos para sortear los problemas.

Promoción al empleo

En torno a la problemática laboral, el PND señala que "en 2006, 19.2 millones de personas laboraban en condiciones de informalidad. Se busca promover condiciones para la creación de empleos formales con el objetivo de llegar en 2012 a crear, al menos 800 000 empleos formales al año" (p. 19). De ahí que nos dicen que "es preciso fomentar esquemas de productividad y competitividad, así como modernizar las relaciones laborales para hacer de éstas un vehículo eficaz y no un obstáculo para la instalación y permanencia de nuevas industrias y negocios" (p. 19).

No será a través de "fomentar la productividad en las relaciones laborales"(p. 5) y de su modernización, como se lograrán mejores condiciones de empleo y crecimiento. Tal estrategia laboral implica modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que se viene insistiendo por parte del gobierno y la iniciativa privada desde hace años. Se pretende que a través de la contratación por horas, como de la libre movilidad del trabajo al interior de la empresa y la disminución de prestaciones laborales, se incremente la productividad y se reduzca el costo laboral para mejorar competitividad, "para hacer frente a la creciente competencia mundial" (p. 5). El problema de la competitividad, no se explica porque la economía trabaje con altos salarios y altas prestaciones laborales. De hecho éstas han venido deteriorándose en los últimos años y ello no ha incrementado la competitividad de la economía, ni se han instalado nuevas industrias y negocios, ni se han atraído mayores inversiones hacia la esfera productiva, que se traduzca en mayor empleo formal. El crecimiento del empleo formal no se dará "modernizando" las relaciones laborales, ni a través de crear un portal de internet que "facilite el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo a nivel nacional para los sectores público y privado" (p. 20), ni mediante el Programa de Primer Empleo, como plantea el PND. Una empresa privada sólo crea empleo si éste le redundará ganancias, independientemente de si el gobierno va a asumir el pago del Seguro Social de éste por el lapso de un año; el problema es que en un contexto de bajo crecimiento del mercado interno y baja competitividad frente a importaciones y en el mercado internacional, no tienen asegurado niveles de rentabilidad para estimular la inversión y la generación de empleo. No se va a disminuir el crecimiento de la economía informal, si continua el predominando la política económica actual.

La estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas

Se insiste en el planteamiento de "garantizar finanzas sanas, ya que de no ser así, se reducirían los recursos disponibles para la inversión de las empresas y el crédito a las familias, incluyendo el de vivienda"(p. 6). Se parte de la concepción del carácter excluyente del déficit público, el cual, nos dice la teoría tradicional, incrementaría la demanda por crédito lo que presionaría sobre la tasa de interés y restringiría la disponibilidad crediticia al sector privado y afectaría su inversión y el crecimiento. No se dan cuenta que el gobierno viene trabajando con disciplina fiscal desde inicios de los años noventa y la disponibilidad crediticia de la banca comercial ha disminuido desde 1994 a la fecha. De representar 43.5% en relación al PIB el crédito otorgado por la banca comercial, en 1994, pasó a ser 13.10% en el 2005 (datos del Banco de México), que muestran que la disciplina fiscal más que favorecer la disponibilidad crediticia hacia el sector privado, la reduce. Ello se debe al efecto negativo que dicha política fiscal tiene sobre la dinámica de acumulación del sector productivo, ya que reduce el crecimiento del mercado interno y contribuye a la apreciación del tipo de cambio (al promover entrada de capitales, ya que éstos pasan a invertir donde el gobierno deja de hacerlo), lo que reduce la competitividad de la producción nacional frente a importaciones. La disminución de los ingresos del sector productivo, origina problemas de insolvencia, por lo que éste deja de ser sujeto de crédito.

Política hacendaria para la competitividad

Se señala en el PND que "los ingresos petroleros constituyen parte importante de los ingresos presupuestarios totales, lo cual implica que los ingresos del sector público están sujetos a un elevado grado de incertidumbre"(p. 8).

El PND nos dice que "un primer paso para reforzar las finanzas públicas es la reforma del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado"(p. 6). El gobierno trata de disminuir las presiones sobre las finanzas públicas a través de desentenderse del pago de las jubilaciones de los nuevos trabajadores del Estado, los cuales pasan a determinar el monto de su jubilación en función de sus cotizaciones y el rendimiento de éstas en los Afores (Administradoras de fondos para el retiro). El gobierno aligera las presiones que sobre las finanzas tendrán las jubilaciones de los que ahora se incorporan a trabajar al servicio público federal, pero mientras siga disminuyendo el número de cotizantes al sistema para el retiro, y el costo de la deuda pública crezca en mayor proporción que los ingresos del sector público, continuarán las presiones sobre el costo y monto de la deuda pública.

El PND busca "reducir la evasión fiscal... combatir a la informalidad, eliminar canales de elusión y racionalizar los gastos fiscales...establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad"(p. 10). Para esto último propone, "establecer tasas impositivas comparables a las que prevalecen en los países que compiten con México en los mercados internacionales"(p. 10). Esto está enmarcado en las necesidades de competitividad que impone la globalización, e implica circunscribir los niveles de competitividad en torno a la estructura impositiva. Si no somos competitivos en el exterior, si no tenemos una inserción exitosa en los mercados internacionales, no es por los altos impuestos que predominan en el país (que de hecho el gobierno reconoce que la mayoría de las empresas no los pagan, sino que los evaden y eluden), sino por la baja productividad y el tipo de cambio apreciado predominante, situación que no se encara en el PND. Además, tal política tributaria se contrapone con los requerimientos crecientes de recursos que el gobierno tiene para encarar las presiones que enfrenta, derivadas de la tendencia a la reducción de los ingresos petroleros (ante el agotamiento de dicho insumo), así como de las presiones que se derivan de la carga del servicio de la deuda pública interna.

A diferencia de lo planeado por el PND, una hacienda pública responsable es aquella que no siga subordinada a los intereses del capital financiero, como ha sido la política de disciplina fiscal predominante, que impide trabajar con política fiscal expansionista a favor del crecimiento del mercado interno, del empleo y la economía. La estabilidad económica no se alcanza en contexto de disciplina fiscal y estabilidad del tipo de cambio, pues ello atenta sobre la esfera productiva, como sobre el sector externo, y las condiciones de pago de la deuda contraída, lo que coloca a la economía en un contexto de alta vulnerabilidad. La estabilidad económica debe ser efectivamente el objetivo a alcanzar en condiciones de crecimiento sostenido, pleno empleo y disminución de las presiones sobre el sector externo, situación que la política fiscal y el resto de la política económica predominante no configuran.

Si bien la Reforma Hacendaria propuesta por el gobierno, contempla a través del IETU, reducir la evasión y la elusión tributaria, tal propuesta no es la mejor opción para ello. Si a eso se suman las deducciones que el Congreso introdujo a dicha ley, hacen que ésta recaude menos de lo programado y sea insuficiente para las magnitudes de ingreso requeridas por el gobierno para encarar las presiones fiscales y los requerimientos de mayores gastos que enfrenta. De igual forma, el combate a la informalidad a través del impuesto de 2% a los depósitos bancarios mayores a 25 mil pesos realizados fuera de actividades acreditadas en el Registro Federal de Contribuyentes, no es la mejor forma de encarar dicho problema. Para que pase de nuevo la economía informal a formar parte de la economía formal, se requiere de una política económica no excluyente.

El señalar que los ingresos tributarios que se buscan son para "hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico que tiene el país"(p. 10), es caer en la discurso fácil, de justificar la Reforma Hacendaria. Los mayores ingresos que espera recaudar, irán sobre todo a encarar los menores ingresos petroleros, como la mayor carga del servicio de la deuda pública interna y no a incrementar el gasto público, y no serán de la magnitud requerida para evitar que el gobierno realice fuertes recortes de su gasto corriente y de inversión para cubrir sus obligaciones financieras.

Se plantea que "la disciplina fiscal y una administración responsable y cautelosa de la deuda pública han permitido la mejora significativa en la situación financiera del sector público durante los últimos años...[y se agrega que]...se han disminuido los pasivos del sector público como proporción del PIB, mejorando la composición de la deuda a favor de fuentes internas de financiamiento y desarrollado un mercado de deuda local de largo plazo...[y]...esto se ha traducido en una mayor estabilidad macroeconómica y financiera"(p. 12). El monto de la deuda pública externa efectivamente ha disminuido, pero a costa del incremento de la deuda pública interna. El gobierno antes se endeudaba del exterior para invertir en los sectores estratégicos. En los últimos años ha permitido a la inversión extranjera invertir en tales sectores, lo cual reduce la deuda externa a cambio de que el gobierno contabilice dicha inversión, como deuda pública interna a través de los Pidiregas, lo cual está presionando a las finanzas públicas, evidenciando que no ha habido una administración responsable y cautelosa de la deuda pública, ni que haya una mejora en la situación financiera del sector público.

Por más que el PND señale que se va a "satisfacer las necesidades de financiamiento del gobierno federal al menor costo posible" (p. 12), el PND no dice nada en relación a la política monetaria. Para reducir el costo del financiamiento del gobierno federal, debería modificarse la política monetaria. Es decir, se deberá trabajar con una política flexible, que abarate la tasa de interés, cosa no contemplada en el PND, ya que ello comprometería el objetivo del banco central que es la estabilidad del tipo de cambio y la reducción de la inflación. La perspectiva es que aumente la tasa de interés (ante la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales, como por las presiones que enfrenta el sector externo), por lo que en vez de reducirse el costo del financiamiento, ello va a aumentar, así como las presiones sobre las finanzas públicas.

El PND se pronuncia por "administrar de forma eficiente y cuidadosa los pasivos públicos para asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera"(p. 12). La forma en que se desea administrar los pasivos públicos, es a través de la aprobación que se busca por parte del Congreso de las reformas pendientes en el sector energético a fin de legalizar la inversión privada en Pemex y en la CFE, para que dichas inversiones desaparezcan como deuda pública. Ello, como ya se dijo, implicaría la eliminación de los Pidiregas. Se disminuirían pasivos a cambio de transferir activos. Sería un traspaso patrimonial, de activos públicos a favor de sus acreedores, lo que permitiría disminuir las presiones sobre las finanzas públicas, para asegurar la estabilidad buscada.

En torno a la fortaleza de las finanzas públicas, se señala que la reciente reforma a la Ley del ISSSTE, "contribuye a la estabilidad de las finanzas públicas y al incremento del ahorro financiero del país.se ha trabajado para incrementar la rentabilidad potencial de los fondos administradores (Afores) mediante la flexibilización del régimen de inversión" (p. 18). Y añade que "la reforma asegura la solvencia de las pensiones de los nuevos trabajadores, facilita el desarrollo de los mercados financieros"(p. 8). Al respecto, cabe señalar que con dicha ley el gobierno se desatiende de las obligaciones de las jubilaciones de los nuevos trabajadores, las cuales se determinarán en torno a las cotizaciones que éstos realicen en cuentas individuales con las Afores y al rendimiento que dichos fondos perciban. Con ello se le transfieren mayores recursos a las Afores y al mercado financiero, donde 20% de tales recursos se invierten en la bolsa de valores, sea del país o del extranjero. Es una ley que inyecta mayor liquidez al mercado financiero, pero las ganancias que ahí se presentan, no van a las cuentas individuales de los cotizantes, sino a los administradores de esos recursos. No se asegura la solvencia de las pensiones, pues en cualquier crisis de las bolsas de valores, se desvalorizan dichos recursos y con ello, las jubilaciones de los trabajadores. La política económica predominante no garantiza que no haya crisis financiera, por lo que no se puede decir que esté asegurada la solvencia de las pensiones. La Ley del ISSSTE contempla que como mínimo se garantizan dos salarios mínimos de jubilación, por lo que al no ser garantizado esto por los Afores, el gobierno tendrá que apalancar al sistema de pensiones a través de deuda pública, lo que presionará sobre las finanzas públicas, por lo que dicha ley no contribuye a la fortaleza de las finanzas, como ella señala. Distinto sería si tales recursos se invirtiesen en la esfera productiva, para garantizar condiciones de crecimiento sostenido y generación de mayor empleo, para asegurar mayor número de cotizantes en el sistema de pensiones y estabilidad financiera en el futuro y el pago de las jubilaciones de los que hoy cotizan, pero eso no lo contempla la ley, ni el PND.

Sector bancario

El PND plantea que hay que "asegurar una mayor y mejor intermediación financiera para incrementar la disponibilidad de recursos crediticios para la producción... [y añade que]... esto se logrará promoviendo mayor competencia en el sector, fortaleciendo el marco legal e impulsando una política activa de la banca de desarrollo"(p. 5). Sin embrago, la mayor intermediación financiera no se ha traducido en mayor disponibilidad crediticia hacia el sector productivo. El sistema bancario otorga más crédito al consumo (sobre todo de bienes importados) que a la industria, evidenciando que es disfuncional a la dinámica económica del país. Dicho sector se caracteriza por una estructura altamente oligopolizada, donde tres grandes bancos concentran los mayores depósitos y créditos del sistema bancario, por lo que no se puede generar competencia alguna que beneficie a los demandantes de crédito. La banca obtiene grandes ganancias debido a que el gobierno no la regula, la deja operar libremente, esperando que la competencia baje las comisiones, la tasa de interés y que se incrementen los créditos para la producción, cosa que no acontecerá, por lo que la esfera productiva continuará sufriendo las consecuencias.

El PND afirma que "la disponibilidad agregada de recursos no es la restricción inmediata más importante para la inversión... [y añade que]... prueba de ello es que el ahorro interno se ha incrementado... [y señala que]... al mismo tiempo la inversión extranjera directa se ha mantenido en niveles elevados, se ha dado un fenómeno de desendeudamiento neto con el exterior [y afirma que]... el ahorro financiero y el crédito al sector privado han mostrado una recuperación importante en los últimos años"(p. 5). Por más que se diga que "una economía con un sistema financiero eficiente cuenta con una mayor capacidad de crecimiento, ya que entre otras cosas, facilita la canalización de recursos hacia proyectos productivos... [y se añada que]...el ambiente de estabilidad macroeconómica de los últimos años, ha hecho posible que al día de hoy el sistema financiero mexicano se ubique como una industria más sólida y solvente que opera bajo prácticas sanas"(p. 14), tal situación no acontece. El señalar que no hay restricción de disponibilidad de recursos para la inversión, es no conocer los datos. Ese sistema financiero eficiente y sólido del que hablan y que opera con prácticas sanas (y que además tiene altas ganancias, cosa que no dicen), no otorga créditos a la esfera productiva. Los créditos a la industria han caído drásticamente, como ya se señaló. El ahorro interno al que aduce el PND, es financiero, que pulula en el mercado financiero-especulativo y que no se traduce en mayor disponibilidad crediticia a favor de la esfera productiva. El ambiente de estabilidad económica no configura condiciones de rentabilidad y reembolso en la esfera productiva, por lo que ésta no es sujeta de crédito.

Asimismo, afirmar que la IED se mantiene en niveles elevados, no significa mayores recursos a la inversión a favor de la producción. La mayor parte de la IED es para adquirir empresas y activos ya existentes. El fenómeno de desendeudamiento con el exterior, es porque en vez de endeudarnos para invertir, se está permitiendo la entrada de IED en los sectores estratégicos de la economía. Es un cambio patrimonial, a favor de los inversionistas extranjeros. Y hay que señalar que gran parte de esa inversión extranjera se ha canalizado a la BMV (Bolsa Mexicana de Valores) para adquirir acciones, y se contabiliza como IED pues tiene el control de la empresa, pero son papeles. Tales inversiones no implican mayor capacidad productiva. La BMV tiene más de 160 mil millones de dólares en inversión extranjera, y se pueden ir en cualquier momento, cuando cambien las expectativas de los inversionistas.

El PND retoma el viejo discurso convencional de que "la falta de certidumbre jurídica... genera resultados como una menor oferta de recursos crediticios, mayores tasas de interés y racionamiento"(p. 16). Ello es no reconocer que ya se ha legislado a favor de la banca para que pueda recuperar en corto tiempo los colaterales o garantías que los demandantes de créditos tienen que ofrecer a la banca para ser sujetos de crédito y ésta se puede adjudicar dichos bienes en caso de que los deudores caigan en cartera vencida, y no obstante ello, no otorgan crédito al sector productivo. El problema no es jurídico, sino la falta de condiciones de rentabilidad y de capacidad de reembolso de dichos créditos, lo que mantiene limitada la disponibilidad crediticia al sector productivo, situación que no asegura la política económica predominante.

El PND se pronuncia porque "deben fortalecerse los registros públicos de la propiedad con objeto de contar con un sistema de garantías que funcione con certidumbre y eficiencia"(p. 16). Este planteamiento lleva a que se agilice el otorgamiento de títulos de propiedad a los ejidatarios, y que se permita que los derechos de uso de agua que tienen los productores agrícolas (que son intransferibles), funcionen como garantías crediticias, lo cual termina favoreciendo al sector bancario, pues ante cualquier problema de cartera vencida, este sector se apropiaría de dichos títulos de propiedad, lo que evidencia que es el sector bancario el favorecido de la política económica predominante.

El PND contempla "enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de la población en sectores prioritarios"(p. 17) Lo que no se señala es que la Banca de Desarrollo ya no maneja los recursos financieros que en el pasado tenía, y que además también fueron modificados los criterios crediticios y la tasa de interés de préstamo, los cuales se han adecuado más al mercado, que los que predominaban antes a favor de estimular la inversión en los sectores estratégicos y prioritarios.

Reducir la vulnerabilidad externa a través del crecimiento de la demanda interna

El PND señala que "para reducir la vulnerabilidad de la economía mexicana a las fluctuaciones de la economía de Estados Unidos, y asegurar un crecimiento más balanceado, es necesario continuar con políticas que contribuyan al crecimiento de la demanda interna, en particular de las pequeñas y medianas empresas, los sectores de vivienda, servicios, turismo y agropecuario y del consumo doméstico" (p. 5). El problema es que no diseña ninguna política tendiente a incrementar la demanda interna, para lo cual habría que dinamizar el gasto público, como el poder adquisitivo de los trabajadores. Y las medidas que menciona a favor de las pequeñas y medianas empresas, así como para el sector vivienda, turismo, agropecuario y del consumo doméstico, no garantizan la prosecución de los objetivos a favor de estos sectores y variables, ni del crecimiento de demanda interna.

Para reducir la vulnerabilidad de la economía en torno a las fluctuaciones de la economía de Estados Unidos y asegurar un crecimiento más balanceado, habría además que revisar la política de apertura comercial, para evitar fugas de recursos mediante importaciones, y así disminuir el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales en que ha caído la economía nacional, cosa que no planea el PND.

Pequeñas y medianas empresas

De ahí que plantea como estrategia que "recibirán atención del Gobierno Federal a través de cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico"(p. 25). El problema es que tales empresas, no son sujetas de crédito, debido a que no tienen condiciones de acumulación que aseguren el reembolso de los créditos, debido a la restricción del mercado interno y su baja competitividad frente a importaciones, y la estrategia antes mencionada, no está dirigida a encarar tal situación. Se menciona que se va a "impulsar el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración de los insumos nacionales en los productos elaborados en México y consolidando cadenas productivas que permitan una mayor generación de valor agregado en la producción de bienes que se comercian internacionalmente...[y así lograr]... la promoción del desarrollo regional equilibrado"(p. 26). Sin embargo, el PND no nos dice cómo, pues para impulsar el desarrollo de proveedores para elevar la integración de los insumos nacionales en la producción, y para consolidar cadenas productivas que permitan mayor generación de valor agregado en la producción, habría que replanear los tratados de libre comercio, así como la apreciación del tipo de cambio, que son los causantes del rompimiento de las cadenas productivas, del bajo porcentaje de integración de los insumos nacionales y el bajo valor agregado nacional de la producción elaborada en el país. En vez de pronunciarse por ello, el PND está por mayor apertura y la mayor competitividad, sin considerar que ello es la causa de los problemas que quiere enfrentar.

Infraestructura

Se reconoce que "los montos de inversión son relativamente bajos: la inversión en infraestructura, excluyendo petróleo, como porcentaje del PIB en México es de alrededor 2%... mientras que China destina un monto equivalente a 9% del PIB para inversión en infraestructura"(p. 33), por lo que plantean "brindar mayor certidumbre jurídica para promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y perfeccionar los esquemas de financiamiento para potenciar la inversión en el sector" (p. 34).

Todo se centra en brindar certidumbre jurídica para promover mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y en los sectores estratégicos. Es decir, se reitera la necesidad de las reformas estructurales y la consecuente modificación de la Constitución, para legalizar la participación creciente de la inversión privada nacional y extranjera en los sectores estratégicos y en infraestructura, para estimular así dicha inversión. Cabe recordar, que en la postguerra, el sector privado no requería que se le abriese la oportunidad de inversión en los sectores estratégicos y en infraestructura, los cuales eran desarrollados por el Estado (la CFE a partir de los años sesenta), y el sector privado invertía en la agricultura y en el sector manufacturero, dadas las condiciones de rentabilidad que éstos ofrecían. En cambio, desde la década perdida de los años ochenta y con el proceso de apertura económica y la política de estabilización, tales sectores dejaron de ofrecer niveles de rentabilidad atractivos para que los flujos de recursos se canalizacen a los sectores productivos tradicionales, y el sector privado empezó a demandar que se abriesen los sectores estratégicos y la infraestructura para invertir ahí, dados los altos niveles de rentabilidad que ofrecen. De ahí la posición del gobierno, de legalizar dicho proceso, ya que se está violentando la Constitución con la participación de la inversión privada en tales sectores. Surge la pregunta, ¿porqué en vez de abrir estos sectores a la inversión privada, el gobierno no revisa su política económica para ofrecer rentabilidad aceptable en el sector manufacturero y en el sector agrícola, para que invierta ahí, y se recuperen los niveles de industrialización perdidos, y la capacidad productiva agrícola?

Sector rural

A pesar que el PND afirma que "el sector agropecuario y pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país... [y que]... se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador"(p. 26), no se reconoce que se importa más de lo que se exporta, y que hemos perdido la autosuficiencia alimentaria en todos los granos básicos.

La estrategia propuesta para el desarrollo del sector rural es "garantizar certeza jurídica"(p. 27), y se añade que "este tema es condición necesaria para el desarrollo económico de las regiones"(p. 27). Para el gobierno, los problemas de la economía se derivan de la falta de certidumbre jurídica, como si viviésemos en un Estado carente de Derecho Jurídico, y que ello es lo que desestimula la inversión privada en la esfera productiva. Uno se pregunta, ¿acaso había más certeza jurídica en los años cincuenta, sesenta y setenta, cuando el sector privado si invertía en la agricultura y en la industria, y ahora no lo hace, porque no hay certeza jurídica? Hay que recordar que la inversión en estos sectores se orienta en función de la ganancia, y si ésta no existe en los niveles deseados, no fluye a éstos por más certeza jurídica.

El PND nos dice que "la estrategia de desarrollo económico cuidará el acervo natural del país y con ello evitará comprometer el bienestar de generaciones futuras"(p. 1). Sin embargo, el mismo PND reconoce que "el deterioro de suelos y aguas que son utilizados en las actividades agropecuarias y pesqueras, continúa.. [y se agrega que]... cada año se pierden alrededor de 260 mil hectáreas de bosque, las principales cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión hídrica y eólica afecta con los suelos fértiles. al comparar el período 2000-2004, con respecto a 1990-1994, el total de tierras con potencial productivo registró una caída de 1.9 millones de hectáreas. 67.7% de la superficie con potencial productivo presenta algún grado de degradación, mientras que los mantos acuíferos muestran sobre-explotación o intrusión salina y la mayor parte de cuerpos de agua superficiales reciben descargas residuales"(p. 27). Ello es resultado del modelo económico en que nos encontramos, donde la lógica de la máxima ganancia lleva a la depredación de los recursos naturales del país, y el gobierno hace poco para frenarlo. Se tiene menos acervo natural que antes de dicha estrategia de desarrollo. Se ha acelerado el proceso de deforestación, de destrucción y contaminación de mantos acuíferos, se están agotando las reservas petroleras por la sobreexplotación realizada, lo que compromete no sólo a las futuras generaciones, sino a la presente.

Desarrollo regional integral

EL PND nos dice que "el desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones"(p. 31). Se reconoce que "hoy en día, las desigualdades regionales de México hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados internacionales ni de los profundos cambios que se han emprendido en México durante las últimas dos décadas"(p. 31). Para "afrontar los retos de empleo y bienestar de su población a todo lo largo del territorio nacional" (p. 31), propone que "deberá promoverse la competitividad de cada región atendiendo a la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social"(p. 31). Tal postura se hace sin considerar que en este proceso hemos estado desde hace ya tiempo. La competitividad en que nos ha colocado la apertura económica, no ha podido ser encarada en forma homogénea regionalmente, por lo que se han agudizado las desigualdades regionales, evidenciando que no hay vocación en cada una de las regiones para salir airosas de este proceso competitivo, y no obstante ello, se insiste en mayor competencia. Se dice que "el buen desempeño de las economías regionales dependerá, y éste es su desafío, de la buena marcha del círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los niveles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar de manera eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en todo el territorio nacional"(p. 32). Uno pregunta, ¿donde están esas condiciones conducentes a la mayor competitividad? ¿Donde está la mayor infraestructura, los mayores recursos fiscales y crediticios para impulsar las potencialidades de las diferentes regiones?

Por más que se señala que hay que "superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región" (p. 32), el problema es que si existiesen dichas ventajas, ya las hubiera desarrollado el mercado. Es justo por ello que las desigualdades regionales se han agudizado, debido a la diversidad de potencialidades y capacidades productivas existentes entre ellas, como a la falta de atención de la política fiscal y crediticia para atender sus requerimientos.

Telecomunicaciones y transportes

El PND coloca aquí la misma propuesta que está presente para el conjunto de la economía. Su estrategia es "incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio"(p. 35). Junto con la mayor competencia se planea "ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-privada..[se dice que]... con estos modelos de asociación público-privada, se busca alentar el desarrollo de infraestructura carretera"(p. 39).

El propósito gubernamental de incrementar la competencia va dirigido a desmantelar a Teléfonos de México, a favor de empresas transnacionales. Ello responde a los propósitos de éstas últimas de apropiarse de éste sector de alta rentabilidad, por lo que de darse ello, seguiríamos en la sustitución de los monopolios nacionales por la penetración de empresas transnacionales y de productos y servicios importados, lo que no se ha traducido en mayores niveles de industrialización y generación de empleos en el país, ni en menores precios que favorezcan el poder adquisitivo de los nacionales, sino por el contrario, en destrucción de capacidad productiva, mayor economía informal, mayor desempleo y subordinación al capital internacional. De igual forma, la mayor asociación público-privado se ha dado bajo el predominio de éste último, el que pasa a tener una participación creciente en los sectores estratégicos nacionales lo que le permite apropiarse de la alta rentabilidad generada por éstos, sin traducirse ello en menores costos que mejoren la competitividad de la producción nacional.

Energía, electricidad e hidrocarburos

El PND nos dice que "el sector de hidrocarburos deberá de garantizar que se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios competitivos"(p. 42). Para encarar tal situación, la estrategia delineada es la que ha estado presente a lo largo del PND, la de "revisar el marco jurídico para hacer de éste un instrumento de desarrollo del sector, fortaleciendo a Pemex y promoviendo mejores condiciones de competencia en aquellas áreas en las que, por sus características, se incorpore inversión complementaria"(p. 44). La revisión del marco jurídico está dirigida a legalizar la inversión privada que ya se realiza en tal sector y se contabiliza a través de los Pidiregas. Al darse ello, desaparecería ésta deuda pública, lo que aseguraría la disciplina fiscal, y proveería más entrada de capitales, consolidando la estabilidad del tipo de cambio a favor del capital financiero.

El gobierno no requiere de la co-inversión con el sector privado para desarrollar la petroquímica y la refinación interna de la gasolina. Son sectores de alta rentabilidad, que perfectamente pueden ser potenciados con gasto público deficitario, y con su rendimiento cubrir las obligaciones financieras en que se recurriría. Es una posición político-ideológica la del gobierno, la de favorecer la co-inversión pública-privada en tales sectores. No hay sustento económico, solo el deseo de ampliar la participación de la cúpula empresarial nacional e internacional en la economía y de allegarse capital para financiar la estabilidad cambiaria y nuestra inserción en el proceso de globalización.

Sector hidráulico

La estrategia aquí planteada, es la de "diseñar esquemas de financiamiento mixto que permitan potenciar los escasos recursos públicos con los que se cuenta"(p. 47). Los recursos escasos, como hemos dicho, se debe a que el gobierno trabaja con autonomía del banco central y disciplina fiscal, lo que lo lleva a promover esos esquemas mixtos de financiamiento. Diferente postura sería, si se trabajase en un contexto con tipo de cambio flexible en torno a precios para recuperar el manejo soberano de la política económica, para que responda a favor del crecimiento económico y del empleo, y no subordinarse como hasta ahora: al capital financiero.

Lo preocupante es que se planté que el financiamiento mixto llegue al agua potable. El PND propone "impulsar la realización de obras de infraestructura, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y del sector privado, para garantizar el abasto de agua potable y la prestación eficiente de los servicios de drenaje y alcantarillado" (p. 48). No puede procederse a la privatización del elemento fundamental de la supervivencia de la especie humana, dado que generaría un efecto de exclusión que afectaría a los que menos tienen y a la economía. Se evidencia, como la política de estabilidad monetaria y la disciplina fiscal son coherentes y consistentes en reducir la participación del Estado, para dar paso al predominio del sector privado en la apropiación de la riqueza nacional, lo que es insostenible, dadas las contradicciones económico-político-sociales que se originan.

Construcción y vivienda

Igualdad de oportunidades

El PND nos dice que "la igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud es necesaria para que todos los mexicanos puedan participar plenamente en las actividades productivas"(p. 1). Sin embargo, no hay igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud en el país. El problema es que no hay condiciones productivas donde se puedan realizar los que buscan empleo, los que emprenden negocios, los que ya laboran ahí y puedan obtener los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades y expandirse. La política económica no ofrece condiciones de educación, de trabajo y de salud a todos y nos ha llevado a tener menos capacidad productiva industrial y agrícola, y a no generar empleos productivos bien remunerados.

Gobernabilidad democrática

El PND señala que "la estrategia de desarrollo requiere también de una gobernabilidad democrática que permita la convivencia de todos, de forma que se den resultados positivos para transformar la realidad económica del país" (p. 1). Para alcanzar una gobernabilidad democrática, se requiere de instituciones electorales legitimadas, donde no continúen las prácticas tradicionales de compra del voto, donde el proceso electoral no sea determinado por la mercadotecnia y por los recursos financieros gastados en la misma, ni por la decisión de los magistrados, sino por el debate de ideas, de plataformas político-económicas, por proyectos de nación y respeto al voto.

Bibliografía

Plan Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República. http://pnd.presidencia.gob.mx/        [ Links ]

Las páginas de las referencias presentadas en el trabajo, corresponden al documento económico de dicho texto.

Información sobre el autor

Arturo Huerta González Se desempeña como profesor titular del posgrado en la Facultad de Economía, UNAM, de 1975 a la fecha.

Ha sido merecedor de diversos premios, entre los que destacan: Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación de Ciencias Económicas y Administrativas, en 1994. Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en 1985. Premio Anual de Economía Banamex por la tesis de licenciatura en 1974.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

Cubrió estadías de investigación en la Universidad de Berkeley, California; en el Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, Sao Paulo, Brasil; en la Facultad de Economía y Política de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Asimismo, impartió cátedra en calidad de profesor visitante en la Universidad de Kansas City Missouri en 2001-2002.

Es autor de 11 libros publicados, entre los que destacan: Economía mexicana: más allá del milagro, Ediciones de Cultura Popular, 1986, Editorial Diana, 1991 (reeditado en 1995). Riesgos del modelo neoliberal mexicano, Editorial Diana, 1992 (reeditado 1993, 1994 y 1995). La globalización: causa de la crisis asiática y mexicana , Editorial Diana, 1998. La economía política del estancamiento, Editorial Diana, 2004. Ha publicado más de cien artículos sobre teoría económica y análisis de los problemas económicos de México y América Latina en libros colectivos y revistas epecializadas.