Perceptions of immigration and integration in Costa Rica

David Delgado Montaldo

Universidad de Barcelona.

Resumen

Palabras clave: migración internacional, integración de inmigrantes, percepciones de la inmigración, políticas migratorias, Costa Rica.

Abstract

Costa Rica is clearly a receiving nation in terms of migration, which distinguishes it from the rest of the region's countries at least in proportional terms. At the moment, the weight of immigrants who have definitive or temporary residence in the country is around 12 percent of total population; most of them are Nicaraguans, although the presence of Colombians has increased in recent years. The human and social capital of immigrants is differenced according to their origin, as well as that of the local or native population. Taking into account the local perceptions of immigration, and the role of the Costa Rican State on this phenomenon, this article presents a discussion and analyzes the processes of integration of the Nicaraguan and Colombian immigrants into Costa Rica.

Key words: international migration, immigrant integration, local perceptions of immigration, migratory policies, Costa Rica.

Introducción

Costa Rica es un país con una proporción de inmigrantes internacionales de entre ocho y doce por ciento de la población total, rango que varía según la estimación de la inmigración indocumentada.¹ Ningún país de Latinoamérica tiene esta característica: ser una nación claramente receptora de población, al menos en términos proporcionales (IOM, 2003: 125 y 376).²

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los países receptores de población en Norteamérica y Europa, el grueso de los inmigrantes proviene de unos cuantos países vecinos y cercanos al territorio costarricense (Nicaragua y Colombia, particularmente), con rasgos culturales semejantes y en donde el idioma oficial también es el castellano.

Hay que señalar que todas las políticas de inmigración de los países se enraízan en un conjunto de ideas acerca de las fronteras nacionales y del papel del Estado (Sassen, 1996 y 1999). Por ejemplo, Francia y España -al igual que lo hace Costa Rica-, adoptan una política de naturalización basada en el ius soli, o lugar de nacimiento, mientras que países como Alemania y Suiza, basan las suyas en el ius sanguinis, o descendencia. Esto cobra particular interés en Costa Rica, sobre todo si se considera que, de acuerdo con las estimaciones del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP), cerca de una quinta parte de los nacimientos ocurridos en el país en el año 2005 (18.2 por ciento) correspondieron a hijos e hijas de madres extranjeras (15.4 por ciento de madres nicaragüenses y 2.8 por ciento de otros países). Si bien estos niños y niñas son costarricenses por nacimiento -política de ius soli-, no necesariamente se les considerará como tales por aquellos quienes se consideran "nativos" -sentimiento de ius sanguinis-, pues desde su perspectiva siempre serán inmigrantes de segunda generación.

Dado lo anterior, es relevante analizar las percepciones locales en torno a este fenómeno. Se considerarán dos elementos esenciales: en primer término, al ser un país en el que residen cerca de 4.4 millones de habitantes, la política migratoria y la gestión de la migración internacional se vuelven una prioridad dado el peso relativo de las y los inmigrantes en la población total, y en segundo lugar, si bien el país sigue manteniendo un modelo de desarrollo y un Estado de bienestar cercano al de algunas naciones europeas, sigue siendo claramente un país en vías de desarrollo.

El fenómeno de la inmigración en Costa Rica

Los procesos de inmigración en Costa Rica no son un fenómeno reciente. Desde la década de 1960 hasta la actualidad, en el país han residido de forma permanente un importante número de personas nacidas en el extranjero, de distintos países de origen y con estatus migratorios diversos.

La magnitud de la población nacida en el extranjero, que reside legalmente en Costa Rica, pasó, de representar 2.7 por ciento de la población total a inicios de los años sesenta, a 7.8 por ciento en el año 2000 (INEC, 2001). Actualmente, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que el peso de la población extranjera que reside en Costa Rica es superior a 10 por ciento.⁴

Es necesario señalar, como determinante importante de la migración internacional en los países centroamericanos, los Tratados de Paz firmados en San José de Costa Rica y en Esquipulas, Guatemala, a finales de la década de 1980. Éstos condujeron a que se viviera un clima de relativa seguridad y esperanza ciudadana, sobre todo para países marcados por varios años de conflictos armados (Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por entonces). En ese contexto histórico, fue Costa Rica el principal país de destino de miles de ciudadanos de los vecinos países de la región.

Por otra parte, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la región reconfigure el escenario político, social y económico de Centroamérica: la devastación humana y material causada por el paso del huracán Mitch, a finales de octubre e inicios de noviembre de 1998. Tan sólo en Nicaragua se reportaron cerca de 3 000 personas fallecidas y más de 65 000 familias damnificadas, lo cual representaba a más de 400 000 individuos (50 por ciento de los cuales eran menores de 15 años). Nuevamente, Costa Rica acogió un número considerable de inmigrantes centroamericanos en su territorio, muchos de los cuales fueron beneficiados en 1999 por una amnistía migratoria, medida con la que se regularizó la situación migratoria de más de 150 000 inmigrantes nicaragüenses (OIM, 2001).

El cuadro 1 muestra los cambios que se han dado en las últimas décadas en cuanto a los flujos, el peso relativo y algunas características migratorias -en especial, el estatus migratorio- de los inmigrantes a Costa Rica. Se puede apreciar claramente cómo durante la década de 1990, el principal grupo de inmigrantes a Costa Rica era el de aquéllos que tenían la condición de refugiados, mientras que en la actualidad, el peso relativo de esta categoría migratoria es mucho menor, lo cual implica que en los últimos años la inmigración a Costa Rica ha sido predominantemente de carácter laboral.

Desde hace una década aproximadamente, la migración de nicaragüenses a Costa Rica ha obedecido, en la mayoría de los casos, a un fenómeno laboral, aunque ello no implica que una cantidad considerable de inmigrantes también se haya desplazado por razones políticas o por desastres naturales. En el caso de la inmigración de colombianos, la inestabilidad política, el deterioro de las condiciones de vida materiales y el conflicto armado son los elementos que destacan en el imaginario costarricense ante su creciente llegada, lo que ha venido a reconfigurar el escenario nacional respecto de la inmigración y a crear una nueva forma de percepción hacia los mismos, pues sus características sociales y económicas difieren sustancialmente de los nicaragüenses.

Cabe resaltar que los datos más recientes señalan que, posterior a la fecha del Censo de Población 2000, se han acogido al régimen de refugiados cerca de 13 000 sudamericanos, la mayoría de los cuales tenía la nacionalidad colombiana.

De hecho, según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los refugiados colombianos constituían en Costa Rica más de 60 por ciento en septiembre de 2003 (ACNUR, 2004).

Como se ha mencionado, los flujos migratorios hacia Costa Rica han existido desde hace varias décadas, con mayor o menor intensidad, lo cual ha dado lugar a que la población costarricense esté acostumbrada a vivir en una realidad marcada por esta dinámica. Lo que en definitiva ha marcado el fenómeno de la migración en los últimos años, es precisamente el carácter permanente de los inmigrantes más recientes: ya no son trabajadores temporales que cruzan la frontera para las épocas de recolección de café o de la zafra de la caña de azúcar; ni tampoco aquéllos que, esperando la resolución de los conflictos bélicos o políticos en sus países, se encontraban en situación de refugiados, asilados políticos o exiliados. Hoy en día, la percepción de los costarricenses -avalada en cierta medida por las cifras oficiales- es que los inmigrantes llegan para quedarse, para residir en el país de manera indefinida, independientemente de si se trata de nicaragüenses, panameños, estadunidenses o colombianos.

Si bien hacia finales de la década de los ochenta, los expertos señalaban que el problema del creciente flujo de nicaragüenses se resolvería una vez que hubiese paz en Nicaragua, la década de los noventa evidenció lo contrario: la llegada de nicaragüenses al país se incrementó como nunca antes se había visto. Las respuestas para su explicación pueden deberse a que, por un lado, los ciudadanos del vecino país vieron cómo con el nuevo gobierno de oposición (o convergencia) en el poder eran desmantelados los poco eficientes, pero existentes al fin y al cabo, sistemas de seguridad social, y cómo el desempleo aumentaba drásticamente (Rosero, 2004). Por otra parte, al no poder ser considerados como refugiados o asilados políticos en otros países del istmo o de otras regiones (Nicaragua ya era para ese entonces un país "democrático"), no valía la pena intentar llegar hasta los Estados Unidos -el horizonte de la mayoría de los emigrantes de la región- si la vecina Costa Rica se mostraba como un país mucho más accesible -y en el que se habla el mismo idioma- y con mejores condiciones de vida que el propio (Vargas, 2005).

Otro de los aspectos relevantes en esta dinámica, es que en Costa Rica ya residía un considerable número de nicaragüenses, lo cual constituía una valiosa red social que facilitaría su inserción (Borge, 2005; Vargas, 2005; Barquero y Vargas, 2005). De hecho, parece suceder lo mismo en el caso de la inmigración colombiana; con base en las cifras censales, la información gubernamental y algunos estudios académicos (López, et al, 2006; Várela, s/f), en los últimos años se ha conformado en Costa Rica una importante red de inmigrantes de esa nación sudamericana, la cual se ha constituido en un valioso recurso de capital social.

Sin embargo, el asentamiento de los inmigrantes en el territorio costarricense se está dando en sitios socialmente muy vulnerables: regiones periféricas con escasa cobertura de servicios y en suburbios de la ciudad capital y algunas ciudades intermedias, donde predominan problemas de hacinamiento, mala calidad de los servicios, bajos ingresos (que conducen a la precariedad económica y social), inseguridad ciudadana y reproducción de riesgos sociales para los grupos de población más vulnerables (Rivera, s/f; Brenes, 2003; Rosero, 2004). Lo anterior se manifiesta principalmente entre los inmigrantes nicaragüenses, pero los colombianos tampoco llegan al país a vivir en las mejores condiciones, pues sólo el hecho de vivir con el desarraigo familiar y territorial ya constituye una carga emocional importante en el proceso de integración a la sociedad de acogida.

La presencia de guetos de inmigrantes en los territorios aludidos acarrea, precisamente, una estigmatización de parte de la población nativa hacia esos nuevos ciudadanos. Algunos autores señalan, partiendo del análisis de los procesos de identidad nacional, que se trata de la identificación de "otros amenazantes" (Sandoval, 2003) o, sencillamente, de una población "no blanca", siguiendo la metáfora del discurso liberal del blanqueamiento con el que se idealiza el ser costarricense (Jiménez, 2002).

En Costa Rica, algo que es claramente perceptible para las poblaciones de 'nativos' y 'extranjeros' es que en el terreno de los derechos humanos estos últimos están en un estadio muy inferior, lo cual implica que los inmigrantes caigan en una categoría social excluyente más subjetiva que objetiva. Lo anterior, por supuesto, tiene sus matices. Al referirse a estos términos subjetivos de exclusión social, se hace en el sentido de que pueden observarse diferencias de estatus social entre la población inmigrante, dependiendo en primer término del país de origen de los mismos: no es lo mismo ser un extranjero norteamericano o europeo, que un inmigrante nicaragüense o, en menor medida, uno colombiano.

Estas segregaciones suelen enmarcarse, entre otros factores, por la forma en que ingresan al país (estatus legal) y según los fines con los que se ingresa al mismo. De una parte están quienes entran de manera indocumentada y cruzando la frontera a pie - fenómeno que en el caso de los inmigrantes nicaragüenses se exacerba, sobre todo en los medios de prensa y comunicación locales-, así como habrán quienes ingresan como turistas por transporte aéreo con la intención premeditada de quedarse a residir en el territorio costarricense.⁶

También, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, la adquisición de la nacionalidad del país receptor por parte de los inmigrantes no implica, per se, la posibilidades de poder ejercer plenamente los derechos propios de ciudadanía. En otros términos, los derechos legales de los inmigrantes pueden estar equiparados con los de la población nativa, pero ello no implica que se ejerzan plenamente tales derechos.

Los extranjeros en Costa Rica, más allá de llegar a obtener la nacionalidad, o bien, de tener el estatus legal de residente permanente en el país, siempre convivirán con factores o condiciones excluyentes por parte de la población nativa, sobre todo si son estigmatizados como "inferiores". Al respecto, la misma legislación de extranj ería se encarga de ofrecer elementos para esta estigmatización al decidir, con los parámetros políticos que considere pertinentes, a ciudadanos de qué países se les debe solicitar visa de ingreso al territorio costarricense.⁷

Así las cosas, la nacionalidad funge como elemento que determina el acceso a muchos de los derechos civiles propios de la convivencia en un régimen de Estado de derecho (por ejemplo, el derecho al voto).⁸ La misma genera conciencia de pertenencia o no pertenencia a la sociedad, segregaciones entre grupos de población y sentimientos de superioridad e inferioridad entre nativos e inmigrantes, como se mencionó anteriormente.

El tratamiento político que se le ha dado a la inmigración en Costa Rica, se circunscribe al ámbito del orden público y el control policial. Basta con mirar los discursos de los políticos del país para tratar el tema. En otros términos: las políticas restrictivas de extranjería han conducido a crear situaciones de irregularidad en torno a la migración,⁹ así como a generar en el imaginario social animadversión hacia los inmigrantes, dejándoles un margen muy reducido para su plena integración, sin tener que moverse en la economía sumergida o en el ámbito de la clandestinidad.

En esta dinámica llegan a sortearse algunas prerrogativas acerca de la migración laboral, pues al igual que en la mayoría de las legislaciones de extranjería en el mundo, la oferta de empleo pasa por el filtro de la preferencia por la mano de obra nacional, en especial en aquellos sectores donde hay nacionales como principales demandantes de empleo. Sin embargo, en Costa Rica acontece que, dado que los inmigrantes deben ingresar al país muchas de las veces de forma irregular e incorporarse a los mercados de trabajo más precarizados, son precisamente una mano de obra atractiva (y no por ello menos vulnerable) para patronos y empresarios locales, lo cual a su vez refuerza la percepción de 'ilegal' y hasta 'delictivo' frente al resto de la población.

Sea como fuese, la legislación de extranjería en Costa Rica es muy pobre en lo referente a la integración de los inmigrantes. Prevalece más bien una política de selectividad de los flujos de migración, sobre todo la de naturaleza económica.

El Artículo 6 de la nueva Ley de Migración, establece que la formulación de la política migratoria debe estar orientada, principalmente, a lo siguiente:

1. Seleccionar los flujos migratorios, con el objeto de incrementar la inversión de capital extranjero y fortalecer el conocimiento científico, tecnológico, cultural y profesional, en las áreas que para el Estado se definan como prioritarias.

2. Facilitar el retorno de las personas nacionales residentes en el exterior que deseen regresar al país y, en particular, promover el retorno de quienes posean altas cualificaciones profesionales o técnicas, cuando su reinserción en el país los posibilite, según los requerimientos del mercado de trabajo y lo aconsejen las razones científicas, tecnológicas, económicas, educacionales o sociales.

3. Controlar el ingreso de personas extranjeras al país, su permanencia en él, así como su egreso, en concordancia con la seguridad pública, y con los mejores intereses para el país.

4. Orientar la inmigración a las zonas cuyo desarrollo se considere prioritario, hacia actividades y ramas económicas que para el Estado resulte de interés favorecer.

Por su parte, el Artículo 7 de la misma, menciona que toda política migratoria debe contemplar lo siguiente:

1. El no desplazamiento de la mano de obra nacional por la incorporación de trabajadores inmigrantes.

2. El respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda persona extranjera que solicite permanencia legal en el país.

3. La integración de las personas extranjeras que permanezcan legalmente en el país, a los procesos económicos, científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos.

]]> 4. La protección de las costumbres y de la convivencia pacífica de los habitantes del país, así como el respeto a los derechos de las personas menores y de las mujeres, lo cual se reflejará en políticas restrictivas al ingreso de personas extranjeras cuando este altere los elementos y valores de convivencia citados en este inciso.

Con base en todo lo anterior, se puede apreciar una clara relación entre las condiciones políticas por un lado, y las socioeconómicas por el otro, que ofrece la particular configuración del Estado costarricense y sus respectivas leyes, con la creciente llegada de inmigrantes. El primero de los componentes (el político) muestra una serie de cierres para impedir la inmigración desmedida -utilizando el lenguaje oficial-, sin embargo, ésta se sigue dando e incluso a mayor escala. El segundo componente (el socioeconómico) pareciese, por el contrario, ofrecer ventajas comparativas respecto a los países o territorios de origen de los inmigrantes, sobre todo si se considera, de una parte, la dinámica de oferta y demanda de empleos en determinadas actividades y zonas del país y, por otra, la existencia de una densa red de relaciones personales con que cuentan los inmigrantes.

Cabe resaltar que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los niveles de desempleo (tasa anual media) en el año 2003 en los países de nuestro interés fueron los siguientes: 6.7 en Costa Rica, 10.2 en Nicaragua y 14.1 en Colombia (CEPAL, 2005). Si a ello se agrega la inestabilidad política en el país sudamericano y las precarias condiciones de vida en que viven muchos nicaragüenses en su país (sobre todo de las áreas rurales), se pueden encontrar razones de peso para que muchas personas de esos países vean en la emigración una forma de escape para mejorar sus condiciones de vida.¹⁰

Pero hay otros elementos de carácter estructural que hay que tener en cuenta. El porcentaje de personas que vivían por debajo de la línea de la pobreza en Colombia en 2003 fue de 54.9 por ciento; en Nicaragua, este valor alcanzaba a 69.3 por ciento del total de la población. Si bien en Costa Rica este indicador también es elevado, alcanzando a una quinta parte de la población (20.3 por ciento), no es tan dramático en comparación con sus países vecinos y aledaños. Estos indicadores, en conjunto con otros de índole social, como los gastos en salud y educación, que conforman el Índice de Desarrollo Humano (IDH), muestran las asimetrías estructurales y económicas entre los países del estudio (cuadro 2).

El cuadro 3 muestra los sectores o ramas de actividad de la economía de Costa Rica en que se incorporan los trabajadores inmigrantes de Nicaragua y Colombia. En el mismo se puede observar cuán desiguales son éstos en comparación no sólo con los trabajadores nacionales, sino también entre los inmigrantes mismos (nicaragüenses y colombianos).

La mayoría de las personas ocupadas de 15 años y más nacidas en Nicaragua se incorporan en el mercado agropecuario (25.6 por ciento), de la manufactura y la construcción (28.1 por ciento), y con un peso menor en el comercio (19 por ciento). En el caso de esta población, es muy importante su aporte en el servicio doméstico, especialmente entre las mujeres (42.1 por ciento). Por su parte, los colombianos residentes en el país se incorporan en los sectores del comercio (34.4 por ciento) y los servicios (23.5 por ciento), mayoritariamente.

Resalta el hecho de que la estructura ocupacional por rama de actividad entre costarricenses y colombianos es relativamente similar, con la excepción de que los nacidos en el país sudamericano no se incorporan al mercado agropecuario, como sí lo hacen aquellas personas nacidas en Nicaragua. Una cuarta parte de estos últimos (25.6 por ciento), por el contrario, se ubican en este rubro de la economía nacional.

A la luz de los datos anteriores, se puede mencionar que el capital humano de nicaragüenses y colombianos es diferente en beneficio de los últimos. Al observar los datos de inserción laboral desagregados según grupos ocupacionales, se tienen mayores elementos para argumentar lo anterior (cuadro 4).

La mitad de los trabajadores nicaragüenses de 15 años y más no tienen calificación alguna (entre las mujeres este valor asciende a 60.3 por ciento), y únicamente 6.6 por ciento pertenecen al rubro de técnicos y profesionales. Por el contrario, el nivel de calificación entre las personas nacidas en Colombia llega a ser incluso el doble de los nacionales: 42.7 por ciento de los colombianos son técnicos y profesionales, mientras que entre los costarricenses esta cifra asciende a 22.5 por ciento. Asimismo, entre los nacidos en el país sudamericano sólo 9.8 por ciento son no calificados, mientras que entre los nacionales la cifra asciende a 23.6 por ciento.

Se puede encontrar más diferencias en la categoría ocupacional de los inmigrantes nicaragüenses y colombianos. Según muestran los datos censales del año 2000, entre los inmigrantes colombianos 13.8 por ciento eran patronos, contra únicamente 2.5 por ciento de los nicaragüenses; por su parte, seis de cada diez de los primeros trabajaban por cuenta propia (59.6 por ciento), mientras que 83 por ciento de los nacidos en Nicaragua se ubicaron en esta categoría. Entre los trabajadores costarricenses, por su parte, una quinta parte son asalariados, mientras que de los colombianos lo son uno de cada cuatro (cuadro 5).

Conectando estos elementos con los enfoques del capital social -entendiéndolo como formas de pertenencia a una estructura de redes sociales-, podría argumentarse que es precisamente este recurso el que le permite a los inmigrantes de prácticamente todas las nacionalidades amortiguar las desigualdades a las que se enfrentan en Costa Rica, así como mantener en cierta forma su identidad. Tanto los nicaragüenses como los colombianos acceden a este recurso, aunque es evidente que de forma diferente y en distintos grados.

Percepciones costarricenses sobre la inmigración

Para el análisis de las percepciones de la población costarricense sobre el fenómeno de la inmigración se han utilizado los datos de la encuesta "Percepción de la población costarricense sobre las inmigraciones", llevada a cabo en el mes de junio de 2004 por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. La población-estudio estuvo conformada por todas las personas de 18 años y más, de nacionalidad costarricense y residentes en viviendas particulares con teléfono en la Gran Área Metropolitana del país, en donde reside cerca de 60 por ciento de la población total.¹¹

La encuesta aporta información diversa referida a las percepciones y actitudes de la población costarricense acerca de los inmigrantes y del fenómeno de la inmigración. El objetivo de este apartado es analizar algunos aspectos relacionados con las actitudes de la población costarricense hacia la integración de los inmigrantes, el ejercicio de sus derechos y el papel del Estado respecto al fenómeno de la migración internacional.

Como se ha mencionado, la intensificación de los movimientos migratorios hacia Costa Rica durante los años más recientes ha hecho del tema migratorio una de las prioridades de las administraciones públicas, así como de diversos sectores académicos y de la misma sociedad civil. En este contexto, se debate en torno a los efectos de la migración sobre las instituciones sociales, políticas y económicas del país.

La inmigración a Costa Rica, como en la mayoría de los países receptores de población, es percibida como una amenaza. Esta situación, si bien no es deseable, tampoco debe de sorprender dadas las razones expuestas en apartados anteriores. Sea como sea, la percepción de la integración y participación de los inmigrantes en las comunidades donde residen está marcada por una serie de fenómenos y se diferencia, en ciertas ocasiones, por sexo y grupos de edad de la población.

Integración y participación de los inmigrantes

Por su parte, seis de cada diez personas (59.2 por ciento) creen que están poco integrados, mientras que 14.7 por ciento cree que los extranjeros no están en absoluto integrados en sus comunidades ni en la propia sociedad costarricense. Llama la atención que el grupo de edad de 45 a 54 años es el que con mayor fuerza expresa este sentir (24.4 por ciento), lo que indica que existen opiniones diferenciadas según generación.

En cuanto a si están o no de acuerdo en que los inmigrantes participen de las actividades en sus comunidades de acogida, uno de cada cinco costarricenses (21.3 por ciento) opina que están en desacuerdo o muy en desacuerdo con este ítem, y resalta el hecho que uno de cada tres individuos (33.8 por ciento) de 45 a 54 años de edad se expresa en este sentido. Por el contrario, 87.4 por ciento de los más jóvenes (18 a 24 años) opina que los inmigrantes deben participar de las actividades en la sociedad que los acoge. Las mujeres se expresan más favorablemente en este aspecto que los hombres: 81.9 y 75.6 por ciento, respectivamente.

Se puede concluir que las percepciones hacia la integración y participación de los inmigrantes en la sociedad costarricense (contextualizadas en el ámbito de las comunidades donde residen) son más favorables entre las mujeres y los jóvenes, aunque en el caso de la desagregación por sexo, las diferencias no son muy marcadas. Destaca el caso de la población de 45 años y más, cuyos valores ante las situaciones descritas son, con bastante diferencia, más desfavorables con respecto a los demás, lo que indica una clara diferenciación en términos generacionales.

Derechos de los inmigrantes

Las condiciones de viday los distintos niveles de integración de los inmigrantes, no dependen únicamente de sus características personales (edad, nivel de educación, capital humano, social y financiero, su sexo) o de su menor o mayor participación en el entramado social, que principalmente lo conforman las redes sociales entre las sociedades de origen y de destino. Estas también dependen estrechamente de la cantidad y calidad de derechos y deberes que se les confiera por parte de la sociedad de acogida.

Uno de los problemas centrales de la discusión contemporánea acerca de los inmigrantes y su estatus al interior de las sociedades, se relaciona básicamente con el agotamiento del enfoque tradicional de ciudadanía, basado en la afirmación de la comunidad en función de la diferenciación con el "otro" extranjero, esto es: en función del criterio de la nacionalidad (López et al, 2006).

La información recolectada permite ver que alrededor de nueve de cada diez costarricenses están en favor de que los inmigrantes tengan acceso a los servicios de salud (90.3 por ciento), a la educación (95.3 por ciento) y a los servicios del Sistema de Justicia costarricense (87.8 por ciento). Sin embargo, los valores disminuyen a cerca de ocho de cada diez cuando se refieren al derecho a organizarse (81.4 por ciento) y a regularizar su situación migratoria (77.1 por ciento). Cuando se trata de la posibilidad de ser beneficiarios de políticas sociales focalizadas -propias de los programas socioeconómicos de corte neoliberal-, alrededor de dos tercios de los entrevistados están en favor de que los inmigrantes tengan acceso a las becas escolares (69.6 por ciento), a los programas para obtener una vivienda (64.7 por ciento) y a créditos para microempresas (67.7 por ciento). Estos resultados, conducen a pensar que existe cierta tensión entre lo que la población encuestada percibe como derechos humanos (en especial salud, educación, justicia) y derechos ciudadanos.

En cuanto al análisis por sexo, las mujeres están más en favor de que los inmigrantes tengan acceso a programas de vivienda (66.9 contra 62.5 por ciento entre los hombres). Sin embargo, los varones presentan valores de alrededor de cinco puntos porcentuales más altos que las mujeres en lo referente al acceso a los servicios de justicia (90.6 contra 85 por ciento de las mujeres), el derecho a organizarse (83.6 y 79.3 por ciento, respectivamente) y a la legalización de su situación migratoria (79.9 y 74.2 por ciento, en el orden anterior).

Las diferencias más notorias se aprecian en el aspecto generacional. Los jóvenes encuestados, en especial los del grupo de 18 a 24 años, suelen estar más en favor de los derechos de los inmigrantes que las personas más adultas. Con excepción del derecho de los inmigrantes a obtener créditos para microempresas, la población entrevistada de 18 a 24 años se encuentra más en favor del acceso a los derechos de los inmigrantes que el resto de los grupos etáreos. Por el contrario, las personas de 45 años y más son los que menos en favor están del acceso de los inmigrantes a ciertos derechos y garantías sociales, encontrándose diferencias de más de diez puntos porcentuales entre estos grupos de edad extremos en los casos del acceso a las becas escolares y la vivienda, y de cerca de cinco puntos porcentuales en el derecho de los inmigrantes a poder organizarse y regularizar su estatus migratorio.

Papel del Estado respecto a la inmigración

En lo referente a las percepciones y opiniones sobre el papel del Estado respecto de la inmigración, las mismas también tienen un tinte xenofóbico. En concordancia con la percepción de que la inmigración es un problema de orden público, y de que el país ya no tiene la capacidad para recibir más inmigrantes, 73.6 por ciento de los entrevistados está de acuerdo o muy de acuerdo en que el Estado costarricense no debe aceptar más inmigrantes. A pesar de lo anterior, aparece un matiz importante ante esta aseveración, y es que nueve de cada diez opinan que el Estado sólo debe aceptar a inmigrantes que apoyen la cultura y el desarrollo de la nación. Lamentablemente, la encuesta no permite indagar aspectos más profundos sobre este tema, pues no se puede saber qué es lo que los entrevistados piensan o cuáles son sus nociones de "cultura" y "desarrollo", ni tampoco cuáles son los inmigrantes que pueden entrar en esta categoría (cuadro 8).

Por su parte, 87 por ciento de los entrevistados opina que el Estado debe propiciar una política migratoria, lo que es una muestra clara de una acción concreta por parte del ente regulador de la política nacional. Sin embargo, nuevamente los datos no permiten mostrar cuál es el tipo de política migratoria a la que esta población hace referencia, aunque por los valores de las otras categorías, es posible que se refiera a una política de control más que de gestión de la migración internacional.

Con respecto a las percepciones hacia los inmigrantes que ya residen en el país, las opiniones de los entrevistados sobre las acciones que el Estado costarricense debe tomar son, se podría decir, que extremas. En coherencia con lo que la nueva Ley de Migración de Costa Rica establece, cuatro de cada diez entrevistados (40.1 por ciento) están muy de acuerdo en que las autoridades nacionales deben deportar a los inmigrantes indocumentados. Por su parte, sólo 14.4 por ciento de los encuestados están muy de acuerdo en que el Estado debe facilitar la legalización de los inmigrantes que estén en situación irregular. A pesar de que la suma de los valores entre los que están de acuerdo y muy de acuerdo en que el Estado facilite la legalización de los inmigrantes "sin papeles" asciende a 73.4 por ciento, esta cifra es 20 puntos porcentuales menor con respecto al valor que muestran los que están de acuerdo y muy de acuerdo en deportarlos (93.4 por ciento).

Finalmente, 92.5 por ciento de la población entrevistada afirma que el Estado debe promover campañas de respeto hacia los inmigrantes, y 86.2 por ciento opina que el Estado costarricense debe combatir la explotación contra los inmigrantes. Esto puede ser respondido, quizás no con la contundencia esperada, con la autopercepción de los costarricenses como personas amables y pacíficas, con vocación democrática y de respeto por los derechos humanos, como se mostrará más adelante.

Identidades nacionales

Cuando las identidades son relacionadas a la nacionalidad, sus referentes pueden ser asociados con sentidos de pertenencia espacial y referencias de origen, continuidad y destino entre poblaciones (Sandoval, 2003). Entre estas nociones o percepciones, se suele invocar a la creación de expresiones culturales en las que se cotejan prejuicios, estereotipos y representaciones etnocéntricas y que reposan sobre la base de una sociedad ideal y utópica (Jiménez, 2002).

Los resultados de un estudio llevado a cabo recientemente (López et al., 2006). sobre las percepciones de la población de Costa Rica acerca de las características de los costarricenses, colombianos y nicaragüenses, como un referente de sentido estrechamente asociado con las identidades nacionales, muestran que 70.1 por ciento de las menciones sobre las características de los costarricenses son positivas; por el contrario, las características positivas de colombianos y nicaragüenses representan apenas 52.4 y 40.5 por ciento, respectivamente. Como se observa en el cuadro 9, lo anterior tiene que ver con el autorreconocimiento de los costarricenses de referentes legitimados en el imaginario colectivo, que los describe como amables, confiables, humildes, solidarios y educados (la suma de estos valores hacia los colombianos y nicaragüenses ascienden a sólo 21.8 y 4.7 por ciento, en ese orden).

Asimismo, destaca que la valoración del aporte positivo de 'los otros' a la sociedad costarricense guarda estrecha relación con la funcionalidad de los inmigrantes al sistema productivo. Sobresale que de las menciones de los entrevistados, relacionan a colombianos y nicaragüenses con la característica de personas trabajadoras (26.4 y 35.5 por ciento, respectivamente). Sin embargo, esta representación positiva hacia estos inmigrantes se acompaña de grandes contradicciones, pues al menos la participación en el mercado laboral de los nicaragüenses en el país se da, precisamente, en los sectores informales y más precarizados de la economía costarricense.

Conclusiones

Los resultados muestran que entre la población costarricense existe una fuerte carga valorativa, la mayoría de las veces negativa, hacia la población inmigrante. En este sentido, los estigmas hacia estos grupos se pueden entender como un problema que afecta a la sociedad como un todo, en la medida en que todos los miembros de la misma son susceptibles de ser sus víctimas o causantes. De acuerdo con Goffman (2001), el estigma se manifiesta como una actitud negativa, discriminatoria, que se dirige siempre contra un individuo o un grupo al que se le considera inferior. En este sentido, aunque en ocasiones la víctima pueda ser una persona aislada, la principal razón por la cual se le estigmatiza, se le discrimina o se le evalúa negativamente, es porque pertenece a un determinado grupo (los 'nicas' o nicaragüenses, los 'paisas' o colombianos, los 'nochis' o chinos, en el caso de poblaciones inmigrantes, o bien, los afrocaribeños y los indígenas, quienes también son estigmatizados).

Sin embargo, estas valoraciones, estigmas o prejuicios, son el resultado de una serie de argumentaciones que suelen ser utilizadas en la mayoría de países que poseen una importante presencia de inmigrantes, y que son exacerbadas por los medios de comunicación locales y los discursos políticos más conservadores. Entre las más frecuentes, se encuentran aquéllas referidas a la competencia desleal contra los trabajadores costarricenses, las vinculadas al supuesto deterioro de los servicios de salud y de educación por causa de los inmigrantes, el de la inseguridad ciudadana y el de la invasión de inmigrantes, por mencionar sólo algunas de las más conocidas.

Si bien Costa Rica es un país diverso cultural y étnicamente, calificativo que ha sido heredado no únicamente del fenómeno de la inmigración,¹² también es cierto que tanto en el ámbito de la conformación de identidades nacionales como en el ámbito del accionar político del Estado (en materia tanto legal como económica), el mismo crea desigualdades y procesos de exclusión hacia sus ciudadanos. En este ámbito, uno de los sectores de la población que se ha visto más afectada es precisamente la de los inmigrantes que residen en territorio costarricense, en especial aquellos que se encuentran en situación irregular.

Este pensar y sentir no tiene que ver con las categorizaciones de ciudadanía y nacionalidad, sino en torno a la convivencia de diversos grupos poblacionales que coexisten en un mismo territorio-nación determinado. Costa Rica se destaca por ser un país que, claramente, segrega y excluye a estas poblaciones de acuerdo con su origen (el nicaragüense, el colombiano) y su condición sociopolítica (el extranjero, el inmigrante, el indocumentado).

Los procesos de integración de los inmigrantes en Costa Rica pasan por encima de las leyes y políticas migratorias -inexistentes en todo caso-, y de poco vale el hecho de adquirir la nacionalidad costarricense: extranjero e hijo de extranjero siempre serán extranjeros, así los segundos hayan nacido en territorio costarricense y ostenten la nacionalidad del país adoptivo de sus padres. Como mecanismos de defensa, muchos inmigrantes sufren un proceso -en unos de forma más acelerada- de pérdida u ocultación de su propia identidad.

Los mecanismos de integración de las y los inmigrantes tampoco están estipulados por leyes emanadas desde el Estado, pues éste les atribuye una condición individual semejante a la de los ciudadanos nativos, en cuanto a igualdad de derechos y oportunidades (acceso a la salud y la educación, por ejemplo). La integración de la mayoría de los inmigrantes pasa por el filtro de su incorporación al mercado de trabajo, y frente a un Estado más liberalizador que centralista en esta materia -en parte por los procesos de globalización e internationalization de la economía-, poco importa su condición de permanencia en el país.

La Constitución Política de Costa Rica establece que la condición política de los inmigrantes, independientemente de su status migratorio (residente permanente, exiliado político, asilado o refugiado), les permite ser sujetos de derechos individuales y de respeto por los derechos humanos, pero eso sí, los mismos son proporcionados por el Estado. Al estar cada vez más mermadas las funciones sociales centralizadas y organizadas por el Estado en detrimento de las leyes del mercado, es este último, en conjunto con los procesos educativos -estos sí bajo la batuta del Estado-, los que emergen como instrumentos centrales para integrar a los inmigrantes a la sociedad costarricense.

Desde esta perspectiva, el Estado de bienestar, la nación y el mercado de trabajo constituyen el triángulo que ha definido el alcance de las políticas migratorias en Costa Rica. Bajo el telón de un régimen de bienestar, el Estado costarricense tiene el propósito de velar y cuidar de todos los ciudadanos que residen en sus fronteras nacionales; sin embargo, con el fenómeno de la inmigración, estas pautas se han visto modificadas.

Si una importante proporción de la población nacional se encuentra en situación de exclusión socioeconómica, y a ello se le suma un número considerable de inmigrantes que no tienen dónde apoyarse, la sostenibilidad de este régimen de bienestar puede verse afectada, y con ello, la dificultad de estos últimos para integrarse en la sociedad de acogida. Al igual que en los estados europeos, un punto crucial en este aspecto es cuántos de los inmigrantes, y en qué forma, se integran en los sistemas productivos nacionales (Brochmann, 2003).

Lo ideal, es que el Estado ponga las bases para que la población tenga una actitud positiva hacia la integración de los inmigrantes, o sea, debe crear condiciones de apoyo para la puesta en práctica de políticas migratorias. En otros términos, los esfuerzos para la incorporación de los inmigrantes en la economía y sociedad costarricenses deben ser consecuencia, en efecto, del régimen de bienestar de Costa Rica.

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Notas

¹ De acuerdo con las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, al día 8 de agosto de 2005 residían en Costa Rica de forma regular 285 292 extranjeros. Asimismo, las autoridades de esta entidad estimaban que en el país residen de forma irregular alrededor de 170 000 foráneos (entrevista del Director de Migración con el periódico La Nación, 1 de marzo de 2004, pág. 4A). Para ese año, la estimación del número de inmigrantes por parte del grupo de expertos en población de las Naciones Unidas fue de 441 000 extranjeros.

² No se considera el caso de Belice, nación centroamericana independizada del Reino Unido en 1981, pues la magnitud de su población total (poco más de 280 000 habitantes en 2006) y las características demográficas del país (14 por ciento de su población es nacida en el extranjero) no es comparable con el resto de los países latinoamericanos. Belice, junto con Guyana, son los únicos países latinoamericanos que forman parte del grupo de naciones de la Commonwealth.

³ La multiculturalidad se entiende aquí como un proceso que no tiene que ver con las categorizaciones de ciudadanía y nacionalidad, sino en torno a la convivencia de diversos grupos poblacionales que coexisten en un mismo territorio-nación determinado (Kymlicka, 1995; Zapata, 2004).

⁴ Véase el sitio de internet de la ONU, World Migrant Stock: The 2006 Revision Population Database http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp. La información fue consultada el 13 de abril de 2006.

⁶ Según Carlos Sandoval (2002), el término de 'inmigración' se ha vuelto un concepto de sentido común que requiere ser discutido críticamente. Tanto europeos como norteamericanos que han invertido en actividades turísticas en el país (sobre todo la industria hotelera) podrían ser considerados "inmigrantes", pues han abandonado sus países de origen y residen en una nueva nación. Sin embargo, a éstos se les conoce como 'inversionistas', 'pensionados' o 'turistas'. En palabras del mismo autor, "...inmigrante es un término cuyo empleo es altamente selectivo, reservado para aquellos grupos considerados, en uno u otro sentido, como 'conflictivos' ".

⁷ Un caso relevante corresponde al solicitado de visa para los nacionales colombianos. Hasta el año 2001, los ciudadanos de Colombia no requerían visa de ingreso para viajar a Costa Rica; a partir del 1 de abril de 2002, el gobierno costarricense puso en marcha la política de solicitar el visado a los ciudadanos de esa nación, debido principalmente al notable incremento en la llegada de inmigrantes colombianos al territorio costarricense, la mayoría solicitantes de asilo o en condición de refugiados (entre los años 1999 y 2001, se pasó de 78 solicitudes de refugio a 5 676). Hoy en día, los colombianos constituyen el segundo grupo más importante de extranjeros en el país, detrás precisamente de los inmigrantes nicaragüenses.

⁸ En Costa Rica, una diferenciación clara entre aquellos que ostenten la nacionalidad costarricense respecto a los que no la tienen y residen en el territorio nacional es el derecho al voto; esto tanto para elegir a sus representantes locales (municipales y a nivel cantonal) como nacionales (diputados, legisladores y la presidencia de la República). En algunos de los países de la Unión Europea esta situación no ocurre y los inmigrantes pueden elegir a sus representantes locales (Kymlicka, 1995; Pajares, 2005). Incluso, si se trata de nacionales de los países de la Unión Europea residentes en otro país de la Unión, pueden votar para elegir los representantes del Parlamento Europeo (Sassen, 1996).

⁹ Tras aprobarse en primer debate parlamentario la nueva Ley de Migración en junio de 2006, los cerca de 170 000 inmigrantes que vivían en el país de forma irregular (estimaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería) podrían ser deportados a sus países. A su vez, no habría régimen de excepción para los mismos, pese a las críticas de diversos sectores de la sociedad costarricense, entre ellos algunos agentes del sector empresarial.

¹⁰ Estudios recientes señalan que 80 por ciento de la población nicaragüense ha sufrido deterioro en sus condiciones de vida, o al menos se ha estancado económicamente (Morales y Zepeda, 2000). Por su parte, se ha hallado que entre los jóvenes nicaragüenses existe un sentimiento de desesperanza, reflejado en que 30 por ciento de los mismos manifiestan sus deseos de emigrar del país por la pobreza y la falta de empleo; a su vez, la mitad de éstos mencionaron que el país al que emigrarían sería a Costa Rica (IEN, 2001).

¹¹ El marco muestral para esta encuesta fue el directorio telefónico. Se seleccionó una muestra aleatoria de teléfonos en forma sistemática. Luego se seleccionaron las personas mediante una muestra de cuota probabilística, distribuida por sexo y grupos de edad. El tamaño de la muestra fue de 600 individuos, y tiene un error máximo de muestreo de cuatro por ciento con un nivel de confianza de 95 por ciento.

¹² El claro ejemplo de ello es el Caribe costarricense, donde reside la mayoría de la población afro caribeña del país y que se diferencia culturalmente del resto del territorio nacional.

¹³ De acuerdo con cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, referidas al 8 de agosto de 2005, la población de nicaragüenses, resto de centroamericanos (no incluye beliceños) y colombianos que residen permanentemente en el país representan 76.2, 5.3 y 3.3 por ciento, respectivamente, del total de extranjeros residentes en Costa Rica. Así las cosas, puede afirmarse que 85 por ciento de los inmigrantes en el país tienen más semejanzas que diferencias culturales con la población "autóctona".

David Delgado Montaldo. Licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica y Magíster Scientae en Población por FLACSO, Sede Académica de México. Actualmente es candidato a doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, así como candidato a doctor europeo en Socioeconomía y Estudios Estadísticos, programa coordinado por la Universitá degli Studi di Roma, La Sapienza. Su proyecto doctoral se centra en los procesos de integración de los inmigrantes colombianos en San José de Costa Rica, Barcelona y Berlín, para lo cual cuenta con una beca del programa Alβan de la Unión Europea. Ha trabajado en el Consejo Nacional de Población en México, así como en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ambas en sus respectivas sedes en Costa Rica. También, se ha desempeñado como profesor en el área de métodos de investigación en ciencias sociales en la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: ddelgamo7@docd2.ub.edu, dd.montaldo@gmail.com.