Culture, youth and delinquency in the State of Mexico

José Luis Cisneros

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Resumen

Palabras clave: jóvenes, delincuencia juvenil, condición social, violencia social, Estado de México.

Abstract

This article has the purpose to state some data and reflections on the social characteristics of the young prisoners of the Centers of Prevention and Social Re-adaptation of the State of Mexico from a sociological perspective. With this information it is not sought to elaborate a typology by means of which the labeling and exclusion of the youths who belong to certain society sectors can be exacerbated; on the contrary, it is only intended to analyze the social, economic and political factors which are related to and condition the social and cultural nature of the juvenile delinquent.

Key words: youths, juvenile delinquent, social condition, social violence, State of Mexico.

«Si quieres comprender al artista, contempla su obra»

Introducción

Hablamos entonces de ciertas condiciones de exclusión y segregación social de los jóvenes adultos en general, y en particular de aquéllos que han cometido algún delito o infracción a la ley, son jóvenes que en su gran mayoría provienen particularmente de los sectores populares, los cuales se vuelven destinatarios de un tratamiento obsesivo por los medios informativos, en cuyo relato se puntualiza la descripción del joven victimario con un sin fin de calificativos y estigmatizaciones, con los cuales se construye una opinión pública que justifica el clima de violencia social hacia los jóvenes delincuentes. (Rosenberg, 2004: 15-18)

Sin embargo, el problema de la criminalidad en las sociedades contemporáneas no sólo se encuentra relacionado con la construcción imaginaria de un enemigo público; esta imagen se confabula con una violencia estructural editada por los medios de comunicación y por la construcción de un escenario social de temor, producto de la inseguridad identificada en ciertos grupos y espacios sociales, con los que se etiqueta y marca a sus pobladores.

En este sentido, ser joven, pertenecer a un determinado grupo social y vivir en un determinado espacio equivale, según este imaginario, a ser peligroso, drogadicto, marihuano o violento. Así, cuando ocurre un crimen, los medios de comunicación muestran la imagen de un joven desalineado y ponen mucho énfasis en la descripción de ciertos rasgos de apariencia étnica o racial: por ejemplo, la entrada de una nota publicada en el periódico tabloide El Metro subraya: "Dos peligrosos sujetos jóvenes de aspecto cholo despojaron de su vehículo a un joven estudiante"; por su parte, el noticiero Hechos de la noche afirma: "Según los testigos, describieron al asaltante como un sujeto con el cabello largo y de aspecto indígena...". En consecuencia, podemos apreciar que los medios de información fomentan la percepción errónea del joven delincuente, de suerte tal que ser un joven y vivir en determinadas colonias, barrios o sectores marginales equivaldría a ser violento, vago, ladrón, drogadicto, malviviente y asesino en potencia. Lo que observamos es la construcción y difusión de un imaginario social que atribuye a la juventud el rol del 'enemigo interno', de un nuevo enemigo de la sociedad: el joven delincuente.

Se trata, por decirlo así, de un nuevo enemigo que emerge tanto de la crisis de los mecanismos tradicionales de organización y participación social, como de la emergencia de una sociedad, producto de una violencia expresada en la incertidumbre social, en la falta de oportunidades para un empleo, en la falta de condiciones para una vida digna y la falta de acceso a un sistema de salud, alimentación, recreación y espacios de participación y reconocimiento de un futuro con alternativas de desarrollo.

Hablamos de jóvenes que han sido protagonistas y testigos de la aparición y aumento de enfermedades antes no conocidas, de suicidios, de adicciones y de diversas formas de violencia que ponen de manifiesto su condición de vulnerabilidad. Jóvenes que han sido testigos de una escasa o nula voluntad política para poner fin a este estado de abandono, etiquetamiento y vulnerabilidad.

En un contexto como éste, los jóvenes de hoy viven y practican la violencia día con día; tanto en su casa, como en las calles, en la escuela, el trabajo, en el deporte, en la televisión, etcétera. Se trata de un contexto habitual en el que la violencia doméstica, el abuso, el maltrato infantil, los atracos, las violaciones, el secuestro y los ajustes de cuentas entre bandas forman parte de la cotidianidad de la sociedad contemporánea.

Como se puede advertir, los jóvenes son testigos de una violencia que se manifiesta de manera creciente en la vida cotidiana de la sociedad contemporánea; en consecuencia, no pueden ser aislados del impacto que traen consigo en el planteamiento de un sin fin de referencias compartidas por las condiciones infrahumanas en las que se vive. A ello habría que agregar la frivolidad, el placer, lo superficial, el individualismo y la competitividad impuestas como forma de vida. De suerte tal que los jóvenes de hoy son educados en el contexto de un nuevo patrón de socialización marcado por la violencia y los medios de comunicación, sin dejar de lado la violencia estructural ejercida por el Estado mediante el castigo y la exclusión, como una forma de respuesta a las manifestaciones de violencia misma, se trata de una violencia legítima que es avalada y sostenida por una serie de dispositivos de control cultural dirigidos a aquellos jóvenes cuyas condiciones sociales, económicas y culturales suelen ser un referente para la construcción imaginaria del perfil de este nuevo enemigo y, en consecuencia, del miedo social que se vive hoy en el uso de espacios públicos.

Este imaginario social del nuevo enemigo es producto en buena medida de aquel sentimiento de abandono por parte de las instituciones sociales, así como por la falta de respuesta de los cuerpos de seguridad ante la amenaza de todos aquéllos considerados como extraños y peligrosos a nuestros vecindarios, y como expresión de riesgo ante la integridad de la familia. Así, el imaginario social del nuevo enemigo social se encuentra alimentado en una buena parte por la indefensión experimentada cotidianamente por la sociedad, como producto de la impunidad prohijada por las autoridades y por el crecimiento de la delincuencia, el cual tiende a ser destacado más que como una incapacidad por parte de las autoridades policiacas para contener y abatir los altos índices de inseguridad, como una falta de valores humanos y no como el resultado del incremento de la injusticia social, la marginación y la exclusión de ciertos grupos sociales en general; en particular de los jóvenes.

Sin duda hablamos de un imaginario cuya percepción social sólo visualiza el problema de la inseguridad de manera unitaria y lo expresa en un solo enemigo: el joven delincuente. Sin embargo, esta visión es la que nos remite a la necesidad de articular varios problemas, los cuales se encuentran profundamente vinculados entre sí en un complejo entramado que muestra la desigualdad social y la pobreza de amplios sectores de la sociedad. Se trata de articular todos aquellos elementos cuyos rasgos heterogéneos se muestran como un indicador distinto que nos permite visualizar aquellas amorfas formas de violencia latente cuyas fuentes no son objetivamente identificables y tienden a ser útiles tanto en la construcción de un discurso autoritario como en el diseño de dispositivos de control y vigilancia para determinados grupos de la sociedad que tienden a ser constituidos como el soporte de la criminalidad de otros sectores sociales.

Los propósitos

La intención de pretender una reflexión desde los datos está basada en el interés de mostrar, denunciar y sensibilizar a los futuros sociólogos respecto a la importancia que adquiere orientar nuestras preocupaciones al análisis de sectores vulnerables de nuestra sociedad, que tienden a ser etiquetados negativamente sin considerar aquellos factores que influyen de manera directa en sus condiciones sociales, económicas y culturales. De ahí que lo que exponemos en estas líneas es el resultado de una investigación realizada en los 22 centros de Prevención y Readaptación Social del Estado de México durante el año 2000. Nuestro universo de estudio es la población de jóvenes adultos, hombres y mujeres, privados de su libertad, cuya edad se encuentra definida normativamente para aquellas personas de entre los 18 y 21 años. De esta población en condiciones de cautiverio pretendemos demostrar que son sujetos cuyas condiciones de vulnerabilidad se ven orientadas no sólo por su condición social, sino por la orientación de un imaginario social que los identifica como enemigos sociales.

En este sentido, nos hemos preocupado por comenzar conociendo la cantidad de jóvenes adultos privados de su libertad, así como por analizar las condiciones de vida intramuros, el tiempo de sentencia recibida, y el tipo de delito por el que han sido privados de su libertad. De ahí que a partir de estas condiciones nos fijamos como objetivos generales los siguientes: a) conocer, describir y analizar la composición de la población penitenciaria y sus condiciones de encierro; b) examinar cuantitativamente las características de la población mediante el análisis de los datos obtenidos de los expedientes de los internos del CPRS del Estado de México; c) abordar cualitativamente la información obtenida para conocer e identificar las condiciones de vida de los internos.

El contexto carcelario

Sin duda, una de las tareas más difíciles que se presentan al querer reflexionar en torno a los problemas de una población consiste en obtener información original y de manera directa, debido a que ello presupone organizar, clasificar y procesar los datos obtenidos. Sin embargo, el problema no se encuentra propiamente en desglosar una información que es producto de especializados procesos de tratamiento, más bien radica en conferirle a estos datos un rango de producción del conocimiento de la compleja realidad en la que operan. Sobre todo porque la información emanada de la prisión es producto de una medición que tiene la función de expresar atributos o determinadas propiedades orientadas a definir las acciones, actitudes o comportamientos de sus pobladores. Sin embargo, el principal problema estaría entonces en tratar de conceptualizar los datos, es decir, en llevarlos de un plano estrictamente teórico al plano empírico y viceversa.

En este sentido, los aspectos de mayor importancia, atribuible a la naturaleza social del Estado de México, radicarían, primero, en la posesión de 22 Centros de Prevención y Readaptación Social (CPRS), 20 de los cuales son el objeto de nuestro estudio y en ellos se albergaba para finales del año 2000 una población de 6 mil 227 internos, lo que equivale a 5.4 por ciento del total nacional, situando a la entidad en una cuarta posición, y para octubre de 2005, la población era de 17 288 internos. Los otros dos CPRS son centros destinados a los menores infractores, uno de ellos es la Escuela de Rehabilitación para Menores Infractores del municipio de Nezahualcóyotl, aunque éste aún no se encuentra en operación. El otro es la Quinta del Bosque, que alberga actualmente a 422 menores, de los cuales 21 son mujeres. Este centro llegó a tener una población de 700 menores, cuando su capacidad instalada es para 429.

Pretender construir un perfil de los jóvenes adultos delincuentes no es una tarea fácil, pues tras de todo intento de selección y agrupación existe un acto de exclusión, de ahí que no sea otra cosa que el resultado de inducciones generalizables, puesto que cada sujeto, cada barrio, cada ciudad, presentan rasgos heterogéneos totalmente distintos. En todo caso, el perfil delictivo del joven adulto no es otra cosa que una serie de indicadores con los cuales uno puede reconstruir un determinado patrón de rasgos distintivos de un sujeto o grupo de sujetos.

Características de la población

Partiremos primero de un dato relevante, la población total de jóvenes adultos entre 18 y 21 años que se encuentran privados de su libertad en los 20 CPRS del Estado de México está conformada por 1 023 internos, de los cuales 989 son hombres y 34 son mujeres. Esta población se encuentra distribuida en un conjunto de edades de la siguiente manera: 21 por ciento corresponde a 215 jóvenes con edad de 18 años; 19.9 por ciento (204) tiene 19 años; 28.5 por ciento (292), 20 años, y 30.5 por ciento (312), 21 años de edad. El nivel de escolaridad de estos jóvenes toca a 45.7 por ciento a nivel primaria, 27 por ciento de secundaria y 0.68 de nivel superior; mientras que 17.6 por ciento son jóvenes que no cuentan con ningún tipo de estudio, como podemos observar en el cuadro 1.

En el cuadro 2 podemos advertir el nivel de exclusión y la falta de oportunidades para desarrollo de mejores condiciones de vida de estos jóvenes, orientándolos a la deserción escolar como se aprecia en el cuadro 2.

Un aspecto por demás importante de esta población es lo que refiere a la ocupación antes de su ingreso a los CPRS, en dichos datos, como podremos observar, se destaca el porcentaje de jóvenes sin ocupación correspondiente a 10.63 por ciento (106), seguido por el resto de la población con un alto porcentaje de ocupación en empleos de baja remuneración y calificación laboral, como podemos apreciar en el cuadro 3.

Situación procesal

El 93 por ciento de estos jóvenes, es decir, 948, ingresaron a prisión por delitos de fuero común, mientras que siete por ciento correspondiente a un total de 75 jóvenes cometieron delitos de fuero federal. En cuanto a su situación jurídica, los datos indican que la sentencia de 28 por ciento de los internos jóvenes, (es decir, 287) fue ratificada, 24.1 por ciento (489) se hallan sentenciados y 47.8 por ciento (489) están siendo procesados y aguardan su sentencia, lo que equivale que aproximadamente la mitad de los jóvenes internos se encuentran privados de su libertad sin defensa jurídica, o más todavía lo que se afirma con los datos es la utilización generalizada del encierro preventivo por parte del Estado, del mismo modo se observa que la proporción de jóvenes que se encuentran sin condena respecto al porcentaje de los jóvenes con condena; en tanto que 48 por ciento de la población interna se encuentra en espera de sentencia. Ello quiere decir que cinco de cada diez jóvenes encarcelados se hallan privados de su libertad en carácter de procesados.

El tipo de delito

Si bien nuestro propósito se encuentra enmarcado metodológicamente en la población de jóvenes adultos encarcelados, los cuales forman mayoritariamente la población de adultos privados de su libertad en los CPRS, los valores de variables como el tipo de delito nos facilitan una descripción y características de estos jóvenes, en tanto que nos muestran el motivo por el que se encuentran privados de su libertad, es decir, el delito según la tipificación del código penal. Así, los delitos por los cuales ingresaron a los CPRS, como se puede apreciar en el cuadro 4, fueron básicamente de carácter patrimonial, pues el robo en todas sus modalidades fue la causa de reclusión de 61.2 por ciento (626) de nuestra población objetivo; mientras que los delitos contra la integridad de las personas originaron 13.9 por ciento (143) de las reclusiones de jóvenes adultos. Estos datos son significativos si los comparamos con la cantidad de delitos contra la salud y el crimen organizado.

Con relación a los años de sentencia, como se puede apreciar en el cuadro 5, el periodo de uno a cinco años corresponde a 14.3 por ciento y de cinco a diez años a 26 por ciento. Mientras que de diez a veinte años el porcentaje es de 8.2 por ciento y de veinte a treinta 2.2 por ciento; finalmente, aquéllos que cumplen una condena mayor a los treinta años corresponden a 1.6 por ciento, lo cual provoca varias preguntas: ¿cuál es la razón de mantener privados de su libertad a jóvenes cuya sentencia no rebasa más de cinco años? ¿Qué sentido tiene mantener en prisión a jóvenes cuyos delitos no son graves, pues como lo muestran las evidencias, un alto porcentaje corresponde a delitos de fuero común? ¿Por qué no buscar la aplicación de medidas alternativas de sanción para evitar la contaminación de estos jóvenes al privarlos de su libertad?

El perfil delictivo

En este apartado mostramos un análisis de los datos constituyentes del diagnóstico elaborado por los técnicos penitenciarios, mediante estos diagnósticos se formulan los juicios de peligrosidad. El conjunto de estos técnicos de la disciplina y del control juegan un papel importante en el mantenimiento de una institución totalitaria como la cárcel, llama así por Goffman, la cual ha sido organizada para proteger a la comunidad de quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella, y en el fondo nunca se propone como finalidad inmediata el bienestar de sus internos.

En este sentido, lo que nos muestra el cuadro 6 es el diagnóstico psicológico de los jóvenes adultos internos en los CPRS, dentro del cual destaca el diagnóstico de labilidad emocional, con 41.5 por ciento (425).

Sin embargo, el problema de la clasificación o, mejor dicho, de etiquetamiento, es que no posee un sistema interior coherente, debido en parte a la gran envergadura del trabajo burocrático por el cual se filtra todo lo relacionado con la rehabilitación, clasificación, tratamiento y evaluación de los internos. Esto hace que dicha clasificación obedezca más a circunstancias como la biografía social, el rol, el papel o la actividad del joven interno, lo que hace dejar de lado una serie de condiciones sociales para ponderar variables personales, las cuales hacen que el interno sea visto e interpretado de una determinada manera.

En el fondo, esta clasificación no es sólo la respuesta de estos profesionales de la normalización, sino la respuesta pública mediante la cual se definen las normas y funciones de la normalidad, así como la imputación de una desviación que justifica la acción de un castigo contra todo aquel considerado como extraño, mediante la puesta en marcha de un tratamiento sostenido por un instrumental simbólico de actos legales. En este sentido, tanto la clasificación como el tratamiento mismo se constituyen como una especie de envoltorio simbólico de las relaciones de poder, control y dominación, como se aprecia en el cuadro 7.

En principio observemos que dos de los tratamientos de importancia son la terapia racional emotiva y la psicoterapia cognitivo conductual. La primera fue destinada como tratamiento a 31.7 por ciento de internos que cometieron robo, a 26.3 por ciento de homicidio, a 21.8 por ciento de robo con violencia y a 20.2 por ciento de violación. Mientras que la segunda corresponde a 33.3 por ciento de robo, 28.3 por ciento homicidio, 23.2 por ciento violación y 15.2 por ciento robo con violencia.

Lo significativo de esta distribución se encuentra en que dos categorías de enunciación terapéutica aparentemente distintas, sin embargo, se encuentran ligadas subjetivamente bajo la lógica de una medida de tratamiento a individuos que no cometieron el mismo delito. Estas medidas de clasificación terapéutica forman parte de un dispositivo de poder y control al que progresivamente se van adhiriendo otros mecanismo de selección y jerarquización, cuyo origen, en la mayoría de los casos, no son sino especificaciones presupuestas por la observación o descripción de la personalidad y el comportamiento de estos jóvenes, especificaciones que en realidad son tipificaciones mecánicas enunciadas por los terapeutas, sin que existan diferencias de razón sustentadas en estudios científicos.

Así, el tratamiento desde esta perspectiva, también es objeto de operaciones simbólicas y de una especie de pantalla sobre la que el Estado proyecta su concepción de delincuente. En consecuencia, el castigo expresado en tratamiento también posee un aspecto simbólico, sólo que no reside propiamente en su aplicación para tener efecto; por el contrario, lo simbólico de sus actos adquiere significado cuando se afirman en la existencia ideal de una ley. En consecuencia, uno puede advertir, como ya lo hemos mencionado, que el problema central de la delincuencia se encuentra en la forma en que es considerada; primero, como un problema de salud-enfermedad; después, jurídico, y por último, social; sin embargo, etiquetando a un sujeto no se obtiene ninguna solución. Por lo tanto, la cuestión central está en saber si las prisiones, con la puesta en operación de un tratamiento, sirven para algo más que no sea un simple depósito o almacén de etiquetados o desviados sociales. Más aún, desde esta confusa perspectiva del significado de readaptación social y sus distintas interpretaciones amparadas en criterios médicos, psiquiátricos y jurídicos, uno tendría que preguntarse si el sujeto es readaptable en un contexto completamente contrario, es decir, desadaptado.

La reincidencia

Una característica de estos jóvenes reincidentes radica en que, dadas sus condiciones sociales, se han hecho clientes regulares de la prisión desde muy jóvenes, pues 77 por ciento de ellos son sujetos que ingresaron a prisión entre los 18 y 21 años de edad. De este porcentaje, 44 por ciento ingresó entre los 13 y 16 años por primera vez a un centro de tratamiento para menores. Se trata de una gran mayoría de sujetos desheredados del mundo por pertenecer a una familia económicamente humilde, son jóvenes que han recorrido el inexorable camino que los ha llevado del internado al centro tutelar de menores y de éste a la cárcel.

Muchos de estos jóvenes han pasado su infancia y su juventud en diferentes instituciones del Estado, en ellas se educaron. Se trata de jóvenes resentidos y sin un horizonte de esperanza claro, pues siempre fueron expulsados de los grupos primarios de socialización, como la familia y la escuela, y a menudo fueron brutalmente golpeados por aquéllos que se hicieron cargo de su tutela, o por parte de quienes se les otorgó el derecho a castigar. (Tarrio, 2002: 20)

Un aspecto más de importancia radica en subrayar que independientemente del alto porcentaje de reincidentes, éste varía en relación al sexo, no obstante que el porcentaje de internas es considerablemente menor en comparación al número de hombres, estos últimos tienen en promedio tres reincidencias penales, mientras que la mujer sólo tiene una, dado que la gran mayoría de las mujeres son primodelincuentes.

La farmacodependencia

Las drogas, a pesar de todo lo que se puede pensar de éstas, y de sus efectos perjudiciales tanto en la salud del sujeto que las ingiere como de la sociedad en su conjunto, se convierten en una necesidad para muchos de los internos en la prisión, tanto para el consumidor habitual como para aquél que se encuentra ajeno a estas sustancias. Así, muchos de estos consumidores, los cuales antes de su ingreso ya presentaban algún tipo de dependencia, continúan sus adicciones en la prisión, pues ésta no se convierte en un obstáculo para librarse de aquéllas, por el contrario, todos los que habitualmente eran consumidores, una vez que están en prisión acentúan su consumo como parte de un mecanismo de adaptación y supervivencia. De ahí que no sea extraño observar que el 53.87 por ciento del total de los jóvenes adultos internos en los CPRS mantienen algún tipo de farmacodependencia, como se puede apreciar en el cuadro 8.

En este cuadro podemos apreciar que 46.1 por ciento de los internos jóvenes en los CPRS refieren que no consumen ningún tipo de droga; sin embargo, en su mayoría, los jóvenes internos consumen cigarros y café, los cuales también son considerados drogas legales.

De esta manera, el tratamiento para la llamada readaptación social resulta inexistente en la práctica, por lo cual queda condicionado y supeditado a la seguridad y vigilancia. Por lo tanto, una vez que ingresa el sujeto y tras haber concluido todo el calvario del juicio hasta el momento en que se dicta la sentencia condenatoria, el sujeto es prácticamente abandonado, quedando en una situación tanto de indefensión por parte del derecho como de sus propios familiares. Por ejemplo, los datos obtenidos nos muestran que 17.4 por ciento (178) de los jóvenes no reciben visita familiar. Es importante hacer notar que este porcentaje corresponde a mujeres, las cuales tienden a ser literalmente abandonadas. Ahora bien, no obstante se especifica que la terapia familiar es un mecanismo de tratamiento, además de las dificultades que existen para poder realizar una visita al interior de cualquier centro, se convierte en un suplicio para los familiares que continuamente acuden a las visitas familiares.

Resulta claro que bajo estas condiciones el tratamiento no puede tener resultado alguno, pues la única perspectiva desde la que un interno puede ser estudiado es su celda, el patio, el cual es el único lugar donde se relaciona con otros internos, o en los talleres, si es que logran conseguir algún trabajo. Se trata de un ambiente donde las relaciones afectivas que establece, ya sea voluntaria o forzosamente, apenas lo salvan de acabar padeciendo esquizofrenia a causa del aislamiento (Rivera, 1999: 135).

Otro aspecto de importancia relacionado con el tratamiento es la separación entre los dos sexos, el cual se encuentra íntimamente ligado a esta nueva configuración punitiva del castigo. Así, las relaciones sexuales, según se demuestra con bastantes ejemplos, se encuentran ligadas al comercio de la sexualidad —debido a que se permite la entrada de mujeres prostitutas a los CPRS—, o bien, mediante la frecuente práctica de la masturbación y la homosexualidad.

Esta constante insatisfacción de la sexualidad adquiere una tónica dominante que además de propiciar los aspectos antes mencionados produce un erotismo extremado, que termina con los excesos de la masturbación individual o colectiva. Estos excesos, aparte de los problemas sociales y culturales desencadenados, provocan en el interno ciertas alteraciones en su estado de salud que los predisponen a contraer enfermedades venéreas y VIH/SIDA. Muchos de estos padecimientos suelen ser difíciles de diagnosticar debido a que no existen programas que permitan la realización de exámenes detallados. Las características más comunes en estos internos son su enflaquecimiento, algunas veces con fiebre, la piel decolorada, su presencia temblorosa, o la manifestación de zumbidos en los oídos, espermatorrea, pérdida del apetito, en una palabra, todas las funciones orgánicas se encuentran perturbadas (Carranza, 2001: 4951). De ahí que, como pudimos observar mediante los datos obtenidos, 92.3 por ciento (948) de los jóvenes internos no reciben visita conyugal, beneficio que sólo aprovecha 7.3 por ciento (75) de los jóvenes reclusos. De este porcentaje que reciben visita, 21 por ciento corresponde a hombres y sólo 0.8 por ciento a mujeres. Por su parte, los que no reciben visita conyugal corresponden a 75 por ciento de hombres y 3.1 por ciento a mujeres.

Esta condición de abandono es, sin duda, un proceso de desapego que induce al interno a una indiferencia afectiva que lo lleva a ser insensible ante sus conductas e incluso ante sus familiares cercanos, debido a los tiempos prolongados de desvinculación con su entorno y con el sexo opuesto. Por ende, las propuestas terapéuticas se suman contradictoriamente al proceso de socialización propuesto por la prisión, propiciando más inadaptación que adaptación. De ahí que no sea descabellado afirmar que las instituciones penitenciarias de hoy se han convertido en simples contenedores, en donde lo que se pretende es la manutención de un orden y una disciplina sobre la base de unas condiciones y unos regímenes de vida imposibles de soportar por cualquier ser humano (Bergalli, 1991: 25).

En este sentido, la continencia sexual puede entenderse como una de las manifestaciones más del castigo en la prisión, por la simple razón de que la curación no es compatible con la naturaleza retributiva de la pena, si entendemos por curación aquel proceso tendente a la superación de la enfermedad (sin pretender abarcar de manera explícita todas las formas de sanar, tanto en el aspecto físico y psíquico como moral). Y no son compatibles por cuanto la pena sólo puede imponerse a individuos psíquicamente sanos e imputables.

El tatuaje

Otros datos que con curiosidad aparecen en la unidad de registro de la información utilizada para la clasificación y el tratamiento es el referente a la posesión de tatuajes, cicatrices o rasgos de alguna discapacidad física, así como la preferencia sexual, información que en el fondo posee fuertes tendencias a remarcar un estigma, una distinción entre la normalidad y la anormalidad. Por ejemplo, se puede observar que el número de jóvenes internos con tatuajes: 453, constituye 44.28 por ciento del total, mientras que aquéllos que no cuentan con ningún tatuaje conforman 55.72 por ciento. Cabe destacar que 25.71 por ciento de los jóvenes con tatuaje, según los registros, se tatuaron entre los 14 y 18 años, y el otro 18.67 por ciento de estos jóvenes con tatuaje se han decodorado la piel durante su estancia en la prisión.

La peligrosidad

El otro aspecto constituyente de este complejo y turbulento espacio del suplicio en la terminología utilizada para la clasificación y el tratamiento es el concepto de 'peligrosidad social', el cual, al igual que el de 'tratamiento y readaptación', no contiene una definición expresa de lo que ha de entenderse por tal sentido. Ahora bien, antes de avanzar y mostrar que tampoco el reglamento interno, el Código Penal y la LEPPRL, diremos que originalmente éste término fue formulado bajo el nombre de temibilidad, y apareció en 1885 en la obra de Rafael Garófalo¹ titulada Criminología. Esta misma categoría o concepto también fue usado durante todo el siglo XX como sinónimo de riesgo social o institucional, o bien, peligrosidad social. El propósito de tal definición, según el propio Garófalo, consiste en determinar tanto la gravedad del acto delictuoso como la intensidad, la perseverancia, tenacidad e impulso criminal. Es pues, un instrumento que pretende hurgar en las almas y en las intenciones de los internos (Morenilla, 1977: 66).

En este sentido, la peligrosidad es entendida en la práctica tanto por los psicólogos como por los criminólogos de los centros de readaptación social como una actitud, acción o hecho que causa un daño a los demás. Con este enunciado lo que se pretende subrayar es la aparente o permanente perversidad activa de un sujeto, así como cuantificar potencialmente el posible daño que el sujeto puede causar. En consecuencia, este concepto de peligrosidad expresa, por un lado, un pronóstico de futuro, y por el otro, un juicio de probabilidad de ciertos comportamientos imputables a un sujeto denotado bajo ciertos atributos, distintivos o características previamente señaladas como anormales. En este sentido, bien podemos comprender el sentido de marginación y exclusión de que son objeto estos jóvenes adultos internos en los CPRS, pues encontramos que sólo 2.1 por ciento (22) son catalogados como de alta peligrosidad, mientras que 56.9 por ciento (583) de peligrosidad media y 40.8 por ciento (418) son etiquetados con peligrosidad baja.

Cabe preguntarse qué sentido tiene someter a un alto porcentaje de internos clasificados como de bajo riesgo social a una pena privativa de la libertad o más aún a un tratamiento si sólo 2.1 por ciento de la población en estudio son catalogados como de alto riesgo social. Otro aspecto importante referente a la población catalogada de alta peligrosidad radica en su escolaridad, la cual muestra que el 60.3 por ciento poseen estudios de primaria, 20 por ciento de secundaria, 13.7 por ciento no posee estudio alguno y seis por ciento con algún nivel de formación media superior.

Con relación al nivel de peligrosidad media, el delito por el cual fueron sentenciados, encontramos que 22.8 por ciento se encuentra asociado al robo, 14.8 por ciento a homicidio, 13.8 por ciento al robo con violencia, 7.4 por ciento a delitos contra la salud, 5.7 por ciento a otros delitos y 5.5 por ciento con violación. El restante 30 por ciento se encuentra asociado con diversos delitos. De hecho, con estos datos podemos afirmar que el 87 por ciento de los internos privados de su libertad cometieron delitos de infracción menor, es decir, delitos no graves que merecerían ser tratados con medidas alternativas.

En consecuencia, como se puede apreciar según esta clasificación, los supuestos internos más peligrosos cumplen una condena de entre 11 y 15 años; 60 por ciento no posee estudios de primaria y 22.8 por ciento se encuentra asociado al delito de robo. Como resultado, se puede afirmar que no existe relación significativa con ninguna variable; además, los niveles de clasificación nos conducen a idénticos resultados, creando así un estado de peligrosidad dirigido a un grupo específico de la población por la eventual comisión de un hecho que no es delito (peligrosidad social), y en otros, lo que se persigue es la simple sospecha.

Ante la naturaleza de los datos antes descritos, uno se pregunta: ¿Cuándo se es peligroso? ¿Dónde comienza la peligrosidad? ¿Qué son propiamente los actos peligrosos? ¿Qué modalidades de condición social son propiamente constitutivos de la peligrosidad? Las respuestas a estas preguntas se encuentran contenidas por fronteras del punto de vista del juzgador. Son, pues, una decisión personal, tanto del juez como de los técnicos de la normalización, debido a que la ley, como lo hemos mostrado, no suministra parámetro alguno.

Esta peligrosidad, en teoría, es el resultado de las apreciaciones subjetivas producto de los estudios psicológicos y médico psiquiátricos, así como de aquellas estimaciones producto del tipo de delito, edad, sexo, farmacodependencia, nivel de escolaridad, procedencia del núcleo familiar, ocupación y todas aquellas características observables cuya conducta sea de manifiesta inadaptación a los regímenes ordinarios y abiertos. Una vez obtenido el diagnóstico, y que el sujeto haya sido canalizado a un tratamiento, los factores que permitirán valorar el estado de peligrosidad son cuatro: a) participación en motines, violencia física, amenazas o coacciones a funcionarios o internos; b) negativas injustificadas para el incumplimiento de órdenes, mal comportamiento y negativa para asistencia a juicios y diligencias; c) negativa al cumplimiento de sanciones disciplinarias, y d) consumo de drogas y hechuras de tatuajes. (GDPRS, 2001)

Sin duda, los juicios y criterios anteriores son cuestionables para la determinación del grado de tal peligrosidad desde dos perspectivas. La primera desde la operación instrumental, la cual presupone la utilización de herramientas psicométricas; sin embargo, en muchas ocasiones no llegan a ser utilizadas y como sustituto aparece la pericia práctica de la observación. La segunda perspectiva está anclada al concepto mismo de peligrosidad, el cual es un concepto único y natural producto de una estructura configurada siempre bajo el temor individualizado de una situación personal, que tiene su trasfondo en la ley que debe fijar siempre un solo tipo legal en el que cabe también el temor a otros comportamientos asociales no delictivos del sujeto y de un conjunto de condiciones subjetivas y objetivas.

Ideas para concluir

Como hemos podido observar, el problema de la construcción de una taxonomía o perfil de los jóvenes adultos que se encuentran privados de su libertad en los CPRS del Estado de México, en buena medida obedece a un problema de enunciación valorativa cuyos criterios están orientados por un criterio de exclusión, cuya información se encuentra llena de calificaciones y estigmatizaciones que fomentan y generan una opinión pública que hace aparecer a los sectores marginales, especialmente a los jóvenes adultos, como los responsables directos de la inseguridad en las ciudades, con que se favorece un clima de violencia institucional que formula negativamente estereotipos y estigmas con los que se justifican medidas legales e ilegales contra estos nuevos jóvenes delincuentes.

Así, el perfil del nuevo delincuente de las grandes ciudades es sin duda el de un joven resentido y marginado del beneficio social que delinque ocasionalmente, se trata sin duda de un joven consumidor de alcohol o droga que en las más de las veces actúa por resentimiento que por necesidad, se trata de un delincuente ocasional que procede con temor, nerviosismo y bajo la influencia del alcohol o la droga, lo que lo hace sumamente violento y peligroso. De ahí, el uso excesivo de la fuerza que ha caracterizado los hechos delictivos de los últimos años, cuyas consecuencias han sido víctimas fatales. A estos factores condicionantes de la delincuencia juvenil tendríamos que agregar la crisis de las instituciones socializadoras, como la familia, la escuela y los medios de comunicación, así como la facilidad del acceso a las drogas y la falta de credibilidad a las instituciones gubernamentales.

Conclusión

Finalmente, como se ha podido apreciar, si bien el problema de la delincuencia juvenil en nuestros días requiere de un debate profundo sobre las causas estructurales de las tendencias delictivas y el efecto que trae consigo el incremento de las acciones punitivas, se requiere también la construcción de un discurso que tenga como principio evitar la criminalización de la pobreza y junto con ello borrar ese imaginario que hace ver a los jóvenes adultos en pobreza extrema como sujetos delictivos en potencia, los cuales merecen estar en cautiverio.

En consecuencia, tenemos que reconocer en principio que nuestras sociedades contemporáneas se hallan en una verdadera encrucijada ante el incremento constante de la delincuencia y de sus múltiples expresiones, lo que nos conduce a preguntarnos ¿Cuál es el camino por el que debemos optar para solucionar el problema de la creciente delincuencia? ¿Por qué insisten los estados modernos en buscar respuestas a la delincuencia en la criminalización de la pobreza? ¿Por qué insisten algunos sectores académicos y profesionales en subrayar que el problema sólo obedece a la desintegración social de la familia? En fin, sin duda el problema es mucho más complejo de lo que se considera, de suerte tal que en principio lo importante estaría en contribuir y profundizar en este debate; primero, tratando de buscar mecanismos que permitan reemplazar esta imagen prejuiciada que se tiene del joven delincuente; segundo, que el debate en torno al incremento de la delincuencia esté sustentado en datos reales, que permitan apuntar a las causas estructurales del problema y, finalmente, reconocer que en esta discusión lo que se juzga no es finalmente ni un sujeto ni una acción; por el contrario, lo que se está juzgando es el patrón moral de nuestra sociedad.

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Nota

¹ Garófalo fue un jurista y sociólogo del siglo antepasado, que puso especial atención en tratar de demostrar la existencia del delito natural, para ello se apoyó en la construcción de una clasificación de delincuentes conformada por tres categorías, a) Los delincuentes privados del sentimiento de piedad, particularmente este tipo de sujetos son aquéllos que cometen homicidio, a) Los delincuentes privados del sentimiento de probidad, haciendo alusión a los ladrones, y c) delincuentes privados de los sentimientos de piedad y probidad, tal como serían los asaltantes de caminos y los que cometen robos violentos.

Información sobre el autor

José Luis Cisneros. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Investigador nacional, nivel L Integrante del área de investigación; educación cultura y procesos sociales. Lic. en Sociología, por la UAM-X. Maestro en Ciencias Penales, especialidad en criminología, por el Inacipe. Diplomado en Antropología de la Violencia, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Especialidad en Antropología Forense por ENAH. Diplomado en adicciones por Conadi/UAM-X/PGR. Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de investigación: violencia, discapacidad y prisiones. Publicaciones recientes: ¿Para que sirven las prisiones?, una reflexión de las nuevas formas de castigo en las prisiones del Estado de México, «Algunas reflexiones para leer diversas narraciones de los niños y adolescentes de la calle y en la calle», en Veredas, UAM-X. Correo electrónico: cijl0637@correo.xoc.uam.mx