Los cambios político–democráticos que las sociedades contemporáneas han experimentado en las últimas tres décadas impulsaron una nueva gramática y prácticas sociales en las que el reconocimiento y pleno disfrute de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales requieren de la "justiciabilidad", ya que cuando se viola uno de estos derechos el ejercicio de la revisión judicial debe restituir los bienes afectados.
Sin embargo, lograr que se cuente con un sistema de justicia integral nos coloca ante un problema que por momentos rebasa al sistema judicial; por ejemplo, cuando hablamos de los derechos sociales, la pregunta es ¿los jueces tienen competencia para obligar e influir en la generación e implementación de políticas públicas, así como para determinar la prioridad del gasto gubernamental para impulsar programas sociales? Incluso, cuando hablamos del acceso al sistema judicial nacional, ¿todos se encuentran en posesión de los bienes que garantizan los derechos constitucionales o hay ciudadanos más iguales que otros?
Estas preguntas permiten advertir las tareas pendientes para impulsar la preeminencia del imperio democrático de la ley con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y autonomía de la sociedad. Al mismo tiempo, pensamos que un sistema judicial tiene como principio fundamental posibilitar el acceso igualitario a la justicia, lo que significa que en la aplicación administrativa o judicial de las leyes o normas legales debe primar en su ejecución el criterio de imparcialidad; esto es, que haya sanciones idénticas para casos equivalentes, que se ejecute sin tener en cuenta clase, nivel socioeconómico, o que reinen criterios nocivos debido a la cercanía de los involucrados al poder.
Hablar de justicia es apelar a la existencia de un orden sistematizado de procedimientos preestablecidos y conocidos por los miembros de la sociedad para lograr una convivencia sujeta a los principios y valores que determinan la existencia del propio Estado.
Por ello, el desarrollo de las sociedades democráticas plantea elementos de justicia mínimos que implican erradicar modelos tradicionales de dominación y organización del poder político y económico. Un sistema democrático restituye, a favor del ciudadano, los derechos formales, sociales o políticos, lo que al menos potencialmente es un aspecto de fortalecimiento (empowerment) de los individuos y sus asociaciones; asimismo, el sistema legal tiene como objetivos garantizar tres situaciones:
a) Hacer que se respeten las libertades y garantías políticas de la sociedad democrática.
b) Hacer que se respeten los derechos civiles de la población para garantizar una nación de ciudadanos, pues hay que recordar que los derechos civiles se homologan en los derechos políticos, ya que como premisa básica el ciudadano político y el ciudadano civil tienen garantizado el trato equitativo por parte de las instituciones del Estado para ejercer su derecho al sufragio, para afiliarse a organizaciones políticas y civiles, para contratar, para no sufrir violencia.
c) Establecer redes de responsabilidad y de rendición de cuentas que implican que tanto los servidores públicos y actores de la sociedad civil están sujetos a controles que corresponden a su función y responsabilidad social, por eso la ley establece competencias conforme a procedimientos legales que sancionan los actos de estos agentes.
]]> De ahí que la recreación del espacio ciudadano requiera de la discusión y reconocimiento de principios básicos de equidad, los cuales se circunscriben, a entender la justicia social, en términos mínimos de bienestar; en palabras de John Rawls, de "[...] medios generales requeridos para forjarse una concepción de la vida buena y perseguir su realización".1Por lo anterior, es importante recordar que el imperio de la ley es un elemento sustantivo para garantizar un sistema de justicia eficiente; pero, al mismo tiempo, se requiere reconocer que los cambios sociopolíticos, así como la ampliación de derechos más allá de las garantías individuales y políticas, exigen a los Estados la necesaria tarea de dar cabida y respuesta a las nuevas demandas y aspiraciones, tanto individuales como colectivas; el yo y nosotros de Martin Buber se expone como una preocupación latente para el Estado.
Comité Editorial
1 Christian Arnspenger y Philippe Van Parijs, Ética económica y social. Teorías de la sociedad justa, España, Paidós, 1998, p. 76. [ Links ]
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