María del Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Historia del pensamiento económico: testimonios, proyectos y polémicas

Dení Trejo Barajas

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009, 322 pp.

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Este libro que ahora reseñamos es el segundo producto del Seminario Interinstitucional Historia del Pensamiento Económico, el cual ha reunido a varios investigadores para debatir sobre las ideas económicas presentadas en textos, propuestas y proyectos elaborados entre los siglos XVI y XIX.¹ Algunos de los artículos presentados en este segundo libro fueron discutidos también en el Tercer Congreso Internacional de Historia Económica celebrado en el año 2007.

En una primera hojeada al texto para conocer su estructura y el contenido general que nos ofrece es posible advertir que la obra privilegia (por número de artículos) el análisis de ideas y propuestas que tienen que ver con la situación colonial (10 artículos), y en segundo término atiende las relativas a las primeras décadas de la República (tres artículos). La mayor parte de los trabajos relativos al pensamiento de la época colonial tienen que ver con el periodo borbónico, de ahí que es posible percibir que algunos de los artículos dialoguen entre sí. Por ejemplo el de Iván Escamilla hace una revisión más bien general de varios observadores españoles, ingleses y franceses de la situación colonial novohispana durante la guerra de sucesión, mientras el de Iván Valdez hace un análisis particular de uno de estos observadores, Jean de Monségur.

Es el caso también del artículo de Matilde Souto, que se centra en las ferias de la flota de la primera mitad del siglo XVIII, y el de Clara Elena Suárez Argüello, dedicado al análisis de dos proyectos relativos a ferias regionales del final del periodo colonial. Por otra parte los artículos de Carmen Yuste, Guadalupe Pinzón y Johanna von Grafenstein tratan el tema del libre comercio a finales del periodo colonial y las controversias y resultados que tuvieron tanto en el Pacífico, en el caso del de Yuste y Pinzón como en el Caribe, en el trabajo de Grafenstein, lo que permite tener una perspectiva comparativa.

Los tres últimos artículos, el de José Enrique Covarrubias, el de Leonor Ludlow y el de Francisco Javier Cervantes, revisan autores y proyectos de las primeras décadas del México independiente que es posible leer también de manera relacionada porque reflejan las preocupaciones económicas de los actores políticos de la nueva nación.

Veamos ahora con un poco más de detalle las propuestas analíticas de cada uno de los artículos con el fin de hacer manifiesta la riqueza de planteamientos y reflexiones que pueden surgir de su lectura:

En el primer artículo, titulado "Entre la filosofía moral y la política económica. Los debates sobre el repartimiento o coatequitl en la segunda mitad del siglo XVI", Pilar Martínez hace un análisis novedoso del sistema de trabajo conocido como repartimiento a partir de las controversias que ocasionó su imposición en la Nueva España, en una época en que se sentían drásticamente los efectos de la mortandad de los indígenas. Como señala la autora varios elementos se discutían que no estaban fuera de los intereses del pensamiento occidental de la época: la condición de los indios como vasallos libres del rey, pero también justicia y bien común (de españoles e indios), así como la obligación de las autoridades de atender la regulación de las relaciones de trabajo, el salario justo, el fomento de la actividad productiva, los ingresos de la Real Hacienda y el control social (vagancia). El debate, dice Martínez, se realizaba más en términos de la filosofía moral y de otros aspectos jurídicos y políticos que propiamente de la economía política, aunque no estaban desligados unos planteamientos de otros. Así, algunos religiosos argumentaban que el repartimiento abusaba de la fuerza de trabajo indígena debido a que el salario no era justo y con la coacción los indios perdían su libertad. Además, sostenían, la obligación de las comunidades de dar un número de trabajadores cada determinado tiempo a haciendas, minas, obras públicas, implicaba también sacrificar el trabajo para el sustento de dichas comunidades e incluso de la agricultura que luego permitía abastecer a pueblos, ciudades y minas. En el otro lado de la discusión, señala la autora, estaban quienes postulaban que el trabajo indígena era indispensable para las empresas españolas, las cuales eran el sostén del reino y de los ingresos de la corona. En esa perspectiva, de no existir la coacción los indios no se contratarían libremente, de manera que la situación se justificaba para la estabilidad y reproducción de dichas empresas. Bajo esa mirada el salario se consideraba justo pues estaba en relación a la "calidad" de la población india y su "natural" resistencia al trabajo. Uno bien podría concluir, a partir de lo expuesto por Pilar Martínez, que la controversia dio argumentos a las autoridades para justificar moral, jurídica y económicamente el repartimiento debido a la gran necesidad de fuerza de trabajo de la época, más que para ponerle límites ante los abusos demasiado evidentes, y muy cuestionados por algunos contemporáneos, que generaba esta forma de trabajo.

El segundo artículo, "La riqueza de la Nueva España según sus observadores externos en el despunte del siglo XVIII" de Ivan Escamilla está dedicado a revisar las ideas sobre la riqueza novohispana difundidas por algunos observadores que servían a los intereses de Francia e Inglaterra en los comienzos del siglo XVIII. En ellas, dice el autor, se manifiesta por lo general el gran desconocimiento sobre las sociedades coloniales, el imaginario desbordado acerca de dichas sociedades y la ambición de las potencias sobre los dominios españoles sustentada en el mercantilismo, lo que las llevaba a sobrevalorar los metales preciosos. Dichas ideas, aunque deformadas y difusas, sirvieron como justificación para los enfrentamientos bélicos entre las potencias europeas. En el contexto de la guerra de sucesión Escamilla aborda, a nuestro juicio muy brevemente, los dichos sobre la riqueza americana y las críticas a la mala administración colonial española aportados por el español Francisco de Seijas y Loberas a la corte de Versalles, así como los planteamientos de Jean de Monségur a Felipe V relativos a la importancia del reino novohispano en el comercio mundial. Luego expone las opiniones de algunos publicistas ingleses, entre los que destaca Daniel Defoe, cuyas ideas animaban la política de Gran Bretaña en contra de España, con el objeto de despojarla de sus posesiones ultramarinas y de favorecer el comercio británico. Finalmente, en lo que me parece la parte más rica del artículo, el autor desarrolla con más detenimiento los planteamientos de Jean-Baptiste Du Bon, un francés que paradójicamente entendió mejor que nadie el papel de Inglaterra en los procesos coloniales. Con un realista y sólido análisis, al decir de Escamilla, Du Bon cuestionaba a quienes ingenuamente pensaban que la participación de Inglaterra en la guerra de sucesión le daría acceso directo a las riquezas americanas, cuando en realidad perdería mucho más por efecto de la guerra. A la vez señalaba que despojar a España de sus posesiones sería un error por los costos que significaría para Inglaterra impulsar un nuevo proceso de colonización. Para el francés lo conveniente era que España se quedara con sus posesiones y que Inglaterra siguiera obteniendo indirectamente las riquezas del nuevo mundo, como en general sucedió. El artículo deja abierta la posibilidad de profundizar más sobre estos publicistas y espías, así como en el impacto de sus ideas en la opinión pública.

El artículo que sigue, "Las ferias de flota de Xalapa: una cuestión silenciada por los escritores de la primera mitad del siglo XVIII", de Matilde Souto, trata de explicar la casi total inexistencia de referencias sobre la feria de Xalapa pese a su aprobación real en 1718. Para contextualizar la propuesta de realización de la feria en el pueblo de Xalapa la autora hace una vivaz y convincente descripción de cómo llegaban la mercancías fletadas por los comerciantes andaluces hasta su llegada a territorio novohispano y las razones por las que tenían que conducirlas a la ciudad de México, quedando entonces en desventaja para negociar con los almaceneros mexicanos. No obstante que por esa razón parecía adecuada la realización de la feria en Xalapa, ésta no se realizó sino en contadas ocasiones. Por otra parte, la autora rastrea los dichos sobre las ferias en las obras de autores españoles, franceses y novohispanos del siglo XVIII y se encuentra con que casi no hay mención de este fenómeno comercial o lo hacen cuestionándolo por ser parte de un sistema de privilegios. La autora propone que el pensamiento español y novohispano probablemente omitieron hacer referencias de importancia al fenómeno de las ferias de flota del siglo XVIII dado el peso de los intereses monopolistas que las favorecían o, en el caso de la de Xalapa, por la escasa relevancia que al parecer tuvo. A partir de la lectura, me pregunto, si las ferias eran favorecidas por los monopolistas ¿por qué la de Xalapa no tuvo tal relevancia?,¿es posible que se la quitaran los almaceneros mexicanos para favorecer la feria, podríamos decir que informal, que se realizaba en la ciudad de México obligando a los flotistas a acudir a ella y retrasando su regreso?, ¿esta situación disminuía las posibilidades de intervención en la feria de comerciantes de las provincias, lo que también podía ser del interés de los mexicanos?,¿las mercancías ya venían consignadas a los almaceneros y por lo tanto resultaba innecesaria la feria?

Por su parte el artículo de Clara Elena Suárez Argüello, "La feria, mecanismo para activar la economía novohispana: dos propuestas a fines del periodo colonial", nos introduce a las ferias del interior del virreinato y en particular a proyectos como el de Martínez del Villar, el cual tenía por objeto organizar en el territorio novohispano doce ferias que permitieran el intercambio comercial regional y el fomento de las actividades productivas de las regiones correspondientes. Si bien estas ferias debían gozar de algunos privilegios, se concebían como favorecedoras de una mayor actividad comercial que liberaría a esas regiones del sometimiento a las formas del comercio monopólico de la ciudad de México, lo cual se pensaba redundaría también en el fomento a actividades productivas locales. Aunque Suárez Argüello se va más por rastrear los orígenes de las ferias y por la descripción de los ires y venires de las propuestas entre la burocracia virreinal, que al final los rechaza, el proyecto de Martínez del Villar es sumamente interesante pues si bien se acoge todavía a un pensamiento económico mercantilista (las provincias requieren una política de ciertos privilegios para que se desarrollen sus actividades económicas) por otro lado representa una postura liberalizadora frente al dominio comercial de la ciudad de México, lo que lo lleva por un lado a ser apoyado por miembros del Consulado de Veracruz, pero por otro a ser rechazado por las autoridades bajo las presiones del comercio monopolista.

Me parece que los dos artículos sobre las ferias favorecen un diálogo entre sus planteamientos que permitiría la reflexión sobre medidas aparentemente contradictorias: se mantienen las ferias de flota, no obstante que son cuestionadas por sus privilegios; se rechazan las ferias regionales. En cualquier caso parece que siguieron prevaleciendo los intereses monopolistas frente a la posibilidad de la competencia o el despunte de planteamientos que se proponían liberar al comercio regional del ámbito de aquéllos.

Los siguientes dos artículos se entienden, en mi lectura, como parte de otro diálogo historiográfico que tiene que ver con el análisis de propuestas elaboradas por funcionarios que tuvieron experiencias de gobierno en las colonias y cuyo pensamiento, relativo a problemas económicos muy relevantes en la época, como el libre comercio, se estructuró tanto a partir de su conocimiento de la complejidad del comercio colonial y de los conflictos internacionales a los que estaba ligado, como a problemas de orden práctico provenientes de su experiencia y de su compromiso de favorecer al imperio español.

El artículo de Carmen Yuste, "Las ideas de Francisco Leandro de Viana acerca del comercio transpacífico, 1760-1778. Una tentativa de liberalización", es un trabajo muy bien integrado, que rescata el pensamiento económico de este funcionario español relativo al comercio colonial, a partir de la situación y circunstancias en que se desenvolvía el comercio del galeón de Filipinas tanto en Manila como en Acapulco. El conocimiento y experiencia de dicho tráfico llevó a Leandro de Viana a un análisis pormenorizado que finalmente lo condujo a proponer tempranamente, al decir de Yuste, su liberalización como única forma de eliminar los abusos y contrabandos. La propuesta no fue bien vista, no obstante los altos cargos que desempeñó De Viana, muy probablemente por la presión de los comerciantes gaditanos que argüían que favorecería el contrabando realizado por otras potencias. En cambio la propuesta hecha por el mismo autor que sí fructificó fue la de formar la Real Compañía de Filipinas que permitió la negociación directa del comercio asiático con España, por la ruta del Cabo de Hornos.

En otro caso, el artículo de Guadalupe Pinzón, "Apertura comercial entre los puertos peruanos y San Blas. La propuesta del visitador Antonio de Areche en el pensamiento económico español (1779-1789)", estudia la propuesta de 1779 de dicho funcionario sobre la apertura comercial entre Nueva España y Perú a través del puerto de San Blas, no sin antes hacer una muy buena descripción de la situación del comercio americano por el Pacífico y de cómo fueron introduciéndose algunas medidas de liberalización comercial entre los virreinatos mencionados hasta la propuesta del visitador del Perú. Ésta contó con buena acogida en diversos ámbitos peninsulares pero no fue aceptada en principio por el hecho de que San Blas era sólo un departamento de marina y no un puerto habilitado para comerciar, pero las navegaciones entre Perú y San Blas por diversos motivos, al parecer hicieron que se retomara la propuesta en los años ochenta y tuviera incluso el respaldo del Consulado de Comerciantes de México y del Tribunal de Cuentas; sin embargo, dice Pinzón, ya aceptada la medida los comerciantes mexicanos darían marcha atrás en sus opiniones al ver el avance de los comerciantes neogallegos.

Es posible advertir a través de los artículos de Yuste y Pinzón la claridad de perspectivas de algunos funcionarios coloniales de primera línea, en términos de pragmatismo y liberalismo comercial dentro de los márgenes de defensa de los intereses imperiales españoles, pero cuyas propuestas sufrieron todavía los embates de los poderosos monopolios comerciales, cuyos privilegios aunque empezaban a menguar seguían vigentes a finales del siglo XVIII.

Siguiendo con la temática de los conflictos generados alrededor de proyectos y medidas de libre comercio, el artículo de Johanna von Grafenstein, "Los mercados caribeños y la exportación de harina novohispana: una controversia. Testimonios del siglo XVIII y principios del siglo XIX", aborda los diversos puntos de vista expresados con motivo de las medidas relativas a la exportación de harina de trigo de Nueva España al Caribe y de la competencia que significó a este comercio la harina extranjera. El análisis de dichos puntos de vista lo realiza la autora a partir de testimonios de distinta índole generados en momentos específicos. Un primer momento es el de entreguerras, de 1763 a 1779, cuando se ponen en práctica en el Caribe medidas de liberalización comercial para las harinas de Nueva España, a la vez que prohibiciones a las extranjeras. No obstante, dice la autora, entre 1779 y 1783 las plazas del Caribe estuvieron abiertas a las harinas extranjeras. En un segundo momento que analiza Grafenstein a través de la correspondencia de autoridades, se revela que en las islas caribeñas había quejas respecto de la insuficiencia, mala calidad y altos precios de las harinas novohispanas. Finalmente la autora aborda las controversias expuestas entre 1789 y 1809 sobre este asunto, debidas en buena medida al respaldo recibido por los propietarios y comerciantes de La Habana para continuar su intercambio con el exterior de harina por azúcar. En esa disputa, muy rica por cierto por los autores involucrados, y muy bien referida por Grafenstein, destacan las posturas novohispanas que insisten en la protección a la producción y comercio de sus harinas para que sea posible su exportación, y las posturas del cubano Arango y Parreño que se muestra abiertamente por el intercambio libre con los extranjeros dada la situación particular de Cuba.

Con los ejemplos vertidos en los últimos artículos reseñados uno puede advertir el pragmatismo que caracterizaba los planteamientos y posturas de los diversos actores involucrados. La misma corona detenía por un lado el proyecto de libre comercio entre Nueva España y Filipinas, mientras por los mismos años permitía a La Habana, en los hechos, un comercio prácticamente franco con los extranjeros que alentó las posturas liberalizantes de un Arango y Parreño. Diversos actores novohispanos, por su parte, trataban por diversos medios de generalizar políticas favorecedoras de la agricultura, la industria, el comercio interregional e intravirreinal, pero con consecuencias muy limitadas todavía a finales del siglo XVIII y que seguían generando posturas en contra de parte del comercio monopolista, como en el caso de las ferias regionales o de la habilitación de un puerto como San Blas.

El artículo de Carlos Marichal, "Comentarios a una obra de Ramón de la Sagra de 1831: entre la época de los situados y el auge azucarero en Cuba", hace una excelente contextualización y análisis de la obra de Sagra, Historia económico-política y estadística de la isla de Cuba, la cual destaca, entre las muchas de dicho autor, por su descripción y análisis pormenorizado de la situación cubana. Marichal sitúa esta obra entre influencias de la economía clásica y la literatura hispana interesada en las descripciones geográficas y estadísticas que tendrán mucha resonancia en el siglo XIX, además de que mantendrá un diálogo crítico con la obra de Humboldt. También refiere el autor las circunstancias de Sagra en Cuba, como parte de la élite intelectual de la isla en los años veinte y treinta pero en un ambiente político conservador, que con seguridad influyó en su tratamiento muy cuidadoso de ciertos temas o en su omisión de la esclavitud. Los aspectos sobresalientes de la obra en cuestión, en el análisis de Marichal, serían el de la población, la agricultura y las historias del comercio y la Real Hacienda (en esta última destaca la importancia del situado mexicano). Temas en donde Carlos Marichal advierte su afán enciclopedista de corte ilustrado, su interés por la estadística cuidadosa y el rescate de información de archivos diversos, sobre lo cual nos incorpora una muestra al final del artículo referente precisamente al situado mexicano destinado a Cuba.

Los últimos tres artículos están dedicados al siglo XIX, en plena construcción del nuevo país independiente.

El primer artículo, "Fomento, utilidad e historia en el pensamiento económico de Lucas Alamán", de José Enrique Covarrubias, devela nuevos aspectos de la obra del intelectual y político mexicano Lucas Alamán. A partir de algunos elementos de la obra de este último que Covarrubias advierte tienen influencia del pensamiento de Edmund Burke, plantea que las ideas del político mexicano tienen una base filosófica que se puede remitir al pensamiento prudencial, cuyos fundamentos serían la conservación social gracias a la unidad religiosa, la educación mediante hábitos y su convencimiento de la imposibilidad de que el capricho humano prevalezca sobre la ley natural eterna. De ahí, dice Covarrubias, se desprende la admiración de Alamán por el gobierno establecido por los españoles, que, según su parecer, era el resultado de tres siglos de saber y experiencia que habían dado por resultado hábitos de gobierno, de ahorro, de honestidad. En relación al pensamiento económico, Covarrubias señala que la filosofía prudencial indefectiblemente lleva a Alamán a la actividad pública, en la que reconoce tres aspectos fundamentales para el progreso económico: fomento, utilidad e historia. Respecto del primero, que consiste en el apoyo del gobierno a un ramo de la economía, le parece que es la industria el sector que debe ser protegido por ser el que mejor "enlaza y estimula a los otros", así como el que incide en la "independencia nacional" y por lo tanto garantiza la unidad de la sociedad (a través de valores como estabilidad y honorabilidad financiera, que la minería por ejemplo no genera). La utilidad en Alamán, desde la perspectiva prudencial, dice Covarrubias, resalta por su carácter moral. Por ejemplo, consideraba que al no respetarse la regla de utilizar sólo moneda de plata en el comercio internacional se había generado un desastre económico con la emisión de moneda de cobre. Razón por la que alude a la responsabilidad física y moral del gobierno en el sentido de que haya fondos de garantía de las emisiones y credibilidad respecto del valor de la moneda. El último asunto que analiza Covarrubias en Alamán es el de la historia, en la que este último ve los fundamentos de la felicidad del país a través del conocimiento sobre hombres virtuosos capaces de hacer valer sus convicciones y opiniones (verdades eternas que refrendan la unidad social) frente a los cambios que pueden dislocar a la sociedad. A través de este análisis Covarrubias nos permite comprender algunas de las posturas del eminente historiador y político guanajuatense, las cuales se han asociado de manera simple con el conservadurismo mexicano pero sin plantear con claridad sus fundamentos filosóficos, políticos y económicos.

"Desamortización y regalía: temas del primer debate bancario. El proyecto del gobernador de Zacatecas Francisco García (18291832)", de Leonor Ludlow, aborda una iniciativa del gobernador zacatecano para obtener recursos y movilizar la propiedad territorial mediante la continuación del proceso secularizador. Luego de ubicar muy bien a García Salinas como parte de una elite intelectual y política (que transita de su formación ilustrada hacia el liberalismo republicano) en el ambiente de una provincia privilegiada como Zacatecas, y de hacer alusión a su buena preparación en política económica, la autora describe las características de su proyecto desamortizador que ve como expresión de ideas tanto mercantilistas como liberales, si bien la fama del zacatecano en la época ya era de ser un radical. Bajo la idea del fomento a la agricultura e incorporación de los campesinos más pobres a la economía de la región, García Salinas pretendió movilizar la propiedad por medio de la desamortización de las propiedades eclesiásticas y de los bienes de cofradías y obras pías. Los capitales acumulados quedarían bajo el resguardo y administración de un banco que los destinaría a la compra de propiedades para repartirlas en arrendamiento a los labradores. No obstante que previó una renta a las comunidades y párrocos para el mantenimiento del culto, la propuesta, dice Ludlow, no pasó debido a la fuerte presión del clero y a que el Congreso nacional consideró que esa medida no podía aprobarla un congreso estatal. La autora concluye que la polémica desatada alrededor de la propuesta de García Salinas permite identificar a los liberales mexicanos con las políticas de desamortización española iniciada por los borbones; a su vez los escritos de la controversia son una fuente para estudiar las ideas económicas y políticas de los sectores en pugna, cuya confrontación continuará a lo largo de buena parte del siglo XIX.

El último artículo, "La Junta de Fomento de Comercio de Puebla en 1843. Formación de grupos de interés mercantil", de Francisco Javier Cervantes Bello, nos presenta el panorama complejo que vivieron las elites comerciales provinciales después de la Independencia para reconfigurarse y crear ámbitos institucionalizados que les permitieran proteger sus intereses. A partir del caso de los comerciantes poblanos, Cervantes Bello nos lleva a captar los entretelones del proceso que va del fin de los consulados de comerciantes a la elaboración del Código de Comercio de 1854. Para llegar a este último, dice el autor, se tuvo que pasar por la reorganización de los comerciantes, los cuales tuvieron que enfrentar los problemas relativos a la inexistencia de una territorialización mercantil institucionalizada que respondiera a la regionalización de los intereses comerciales, fenómeno que se había iniciado en la época colonial, pero cuyo reconocimiento fue muy tardío a través del establecimiento los nuevos consulados. Luego de describir la problemática situación mercantil de Puebla en el siglo XIX, que llevó a los comerciantes a reunirse y plantear soluciones y de que se dictara a nivel nacional una ley para organizar tribunales mercantiles y juntas de fomento (1841), se dieron los pasos que favorecerían la formación de una Junta de Fomento de Comercio de Puebla en 1843 que debía normar la actividad mercantil. Desde el inicio de esta Junta, destaca Cervantes, hubo una estrecha dependencia de sus miembros respecto de las elites políticas; igualmente llama la atención sobre la recuperación de su herencia corporativa. Entre sus objetivos, dice el autor, tuvo como más importantes la difusión de saberes propios de la actividad mercantil; indagar la balanza mercantil y contribuciones en su jurisdicción, así como el fomento del comercio. El control territorial mercantil a través de corredores registrados, el combate al contrabando, la política monetaria y la deuda pública del gobierno, así como el proteccionismo fueron temas igualmente de mucha preocupación de la Junta.

Aunque no lo señala con claridad el autor, que se centra más en la importancia de las territorialidades conformadas por el control mercantil que pretendía ejercer esta junta, el pensamiento económico que se trasluce en sus preocupaciones y acciones tiene ciertos resabios mercantilistas, lo que nos lleva a concluir que en los tres últimos artículos destaca que por lo menos hasta los años cuarenta del siglo XIX seguían prevaleciendo ideas ligadas al mercantilismo, como la de desamortización y las de fomento y protección de ciertos ramos económicos por parte del estado, como estrategias para promover la actividad económica y el bien público. Cada una de las propuestas sin embargo alude a la protección y fomento de un área distinta de la economía nacional.

Sin duda este es un texto diverso, en el que las variadas y ricas propuestas de análisis del pensamiento económico colonial y de los primeros años de la nación, se hicieron sobre la base de que gran parte de dicho pensamiento es posible rastrearlo en testimonios, proyectos y polémicas de diversa índole, cuyo objeto era responder a situaciones o problemas específicos. No obstante que muchos de estos testimonios no constituyeron obras muy acabadas y complejas (con las debidas excepciones, Alamán y de la Sagra, por ejemplo, entre los autores aquí tratados), expresaban o traslucían fundamentos filosóficos, políticos, jurídicos y económicos propios de la época. A partir de lo expuesto en los artículos, destacaría algunos de los grandes temas que atraviesan el pensamiento de la época aquí reseñada: las bases jurídico morales cristianas que son retomadas para cuestionar

o justificar ciertas políticas (el repartimiento, las contribuciones, o la moralidad y responsabilidad de las políticas públicas); las ideas mercantilistas de proteccionismo de ciertos ramos económicos para favorecer el progreso económico, a veces mezcladas con cierto fisiocratismo, en los casos en que se privilegia a la agricultura, o con el liberalismo económico en lo relativo al comercio, en el cual parece funcionar por parte de las autoridades un cierto pragmatismo, es decir se aplica o no según las circunstancias o las presiones de los grupos de interés. Secularización y desamortización son sin duda los elementos de otra temática que atraviesa la situación colonial y el siglo XIX y que está en el fondo de la necesidad de fortalecer al estado.

¹ El primer libro fue el coordinado por María del Pilar Martínez López-Cano y Leonor Ludlow, Historia del pensamiento económico: del mercantilismo al liberalismo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007.         [ Links ]