Arturo Alvarado. El tamaño del infierno. Un estudio sobre la criminalidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

Alicia Ziccardi

(México: Colegio de México, 2012), 564 pp.

Instituto de Investigaciones Sociales. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
Universidad Nacional Autónoma de México

Este libro aborda uno de los más graves problemas que enfrentan la sociedad y el Estado mexicanos: las condiciones de inseguridad y violencia que afectan al conjunto de la ciudadanía ante el incremento de la criminalidad. Esta temática fue estudiada por Arturo Alvarado para el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) por más de una década. Se trata sin duda de una investigación de largo aliento, de una síntesis de profundos resultados surgidos de diferentes proyectos realizados por el autor, de manera individual y colectiva, los cuales fueron integrados en un libro que es testimonio de la complejidad de esta temática.

Se trata de un volumen muy valioso y original, tanto por la trascendencia social de la problemática que aborda como por la perspectiva de análisis por la que opta. Alvarado incorpora en este texto la perspectiva de la sociología política y urbana ante un fenómeno que concita el interés de muchos otros científicos sociales (antropólogos, historiadores, abogados). El autor advierte desde el inicio que lo que le interesa es evaluar el tamaño del problema de la inseguridad en la megaciudad, pero en realidad incluye y responde a muchas otras interrogantes vinculadas con este difícil problema, que afecta profundamente la vida social de la gran ciudad. Así, el objetivo enunciado es tratar de estimar cuál es la dimensión del problema delictivo, su evolución dentro de un régimen político particular, que inicia con la tardía e inconclusa democratización del gobierno del Distrito Federal en la última década del siglo XX, y analizar cómo esto impacta la vida urbana, en un contexto internacional en el que el incremento de la criminalidad ocurre en muchas ciudades del mundo.

El análisis se propone reconstruir la institucionalidad que se ha ido transformando, no sólo en su tamaño sino en las modalidades y las formas de enfrentar el problema. Identifica tres ejes: las conductas y estrategias de los criminales, la acción gubernamental diseñada y aplicada por quienes tienen la responsabilidad de enfrentarlos, y la ciudadanía, que percibe y constata en su vida cotidiana la situación de peligro en la que se encuentra debido a la fuerte presencia de diferentes actividades delictivas. Para cumplir con sus objetivos de investigación, combina técnicas del análisis documental y estadístico con los resultados de varias encuestas, que aplicó a través de los 10 años que invirtió en realizar este minucioso trabajo. Cuando hace referencia al papel de la participación ciudadana, recurre al análisis cualitativo de casos de estudio tanto de espacios vecinales institucionalizados (los comités y consejos vecinales) como de espacios de participación autónomos, creados por las organizaciones sociales y civiles de la ciudad.

Este libro recupera las mejores tradiciones del pensamiento social, con una profunda y sistemática revisión de la bibliografía. Así, rescata la importancia de la temática desde las perspectivas del análisis antropológico, histórico y de la criminología, aunque se centra en los principales enfoques que surgen de la sociología, introduciendo las categorías básicas del análisis durkheimiano, que ve a la criminalidad como un hecho social histórico paralelo a la evolución de la moralidad y las leyes. En la misma línea se inscriben los trabajos de Diane Davis, quien encuentra un vínculo entre la impunidad, el trabajo policial y la delincuencia, con el deterioro o la imposibilidad de crear un Estado de derecho en la comunidad política urbana. Alvarado, en concordancia con estas visiones, afirma que la criminalidad es producto de la evolución histórico-social de los delitos, del trabajo de las policías, de los agentes gubernamentales y las políticas del Estado del siglo XX, pero al mismo tiempo enfatiza que obedece a una particular historia política. Otra categoría de análisis es la anomia, sin dejar de lado los enfoques surgidos de una cultura administrativista del control social, los enfoques derivados del ilegalismo de Foucault, como sustento de la cohesión social y de la eficacia colectiva de los vecindarios urbanos para combatir el crimen.

En el primer capítulo, el autor realiza una estimación de la magnitud de la criminalidad. Ofrece una caracterización detallada a partir del análisis del cuerpo legal e institucional y de los diferentes tipos de delitos. A diferencia de estudios más tradicionales, elabora diferentes tipos de interpretaciones a partir de una hipótesis preliminar según la cual la criminalidad está vinculada con el desarrollo del régimen político que ejercía un solo partido, y que las actuales instituciones de seguridad existentes no tienen la capacidad de resolver. El problema actual radica en la transición de la élite del país, así como en el flujo de personas y mercancías tanto legales como ilegales que caracteriza a este periodo. Afirma que la tesis del libro es que "la criminalidad es un estado social producto de la interacción de personas e instituciones en el contexto urbano" (p. 26), y que la lucha se ubica en la creación de un Estado de derecho.

En el segundo capítulo, el autor analiza la organización, el comportamiento y las funciones de la policía, sus interacciones con la sociedad y los procesos endémicos que vician el ejercicio del monopolio de la coerción del Estado, así como los fenómenos que frecuentemente caracterizan el actuar de los cuerpos de seguridad pública: la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Su objetivo es mostrar un "modelo de organización de la policía en la capital y una valoración de las policías de la ZMCM" (p. 191). Además, analiza el papel de la policía en el entorno social y urbano en que actúa.

En el tercer capítulo, Alvarado examina los alcances de la política de seguridad pública del Distrito Federal durante los tres últimos gobiernos perredistas, así como el ejercicio del gasto en materia de seguridad, y esboza una comparación con el Estado de México. Respecto a las acciones tomadas por los gobiernos de izquierda en materia de seguridad, afirma: "La concepción de las políticas y su seguimiento es conservadora, contradictoria y regresiva; ha faltado participación ciudadana genuina, métodos de consulta efectivos y una revisión crítica de las leyes propuestas con base en los derechos humanos" (p. 423).

Por otro lado, si bien las acciones en materia de reducción de los delitos han mejorado, Alvarado muestra que la percepción de la ciudadanía respecto a la inseguridad no lo ha hecho en la misma proporción y que no se ha logrado que exista mayor confianza en las policías.

En el cuarto capítulo, el autor introduce la cuestión de la participación ciudadana y alude a las condiciones de la gobernanza local, de la nueva gobernanza de la coalición de izquierda que gobierna desde que en la Ciudad de México se recuperó el derecho a elegir a sus gobernantes en 1997. Parte de la idea de que "la criminalidad y la inseguridad afectan la participación y han transformado los modos de acción pública y privada" (p. 427). Así, describe las experiencias de los comités vecinales estudiados y su propia experiencia en los mismos; analiza las formas de participación colectiva producidas a partir de la sensación de inseguridad presente en un gran segmento de la población; afirma que "la participación ciudadana en materia de seguridad en la gran urbe es compleja y sus impactos y logros han sido mínimos" (p. 427).

Para Alvarado, los comités vecinales, a pesar de todas las dificultades que han tenido desde su creación, son el principal mecanismo de participación de los ciudadanos organizados y de comunicación con las autoridades, a pesar de que no tienen obligaciones vinculantes y están delimitados territorialmente a barrios, colonias y unidades habitacionales. Recuerda que, en teoría, "los comités vecinales en la ciudad fueron dotados de facultades para realizar diagnósticos y hacer propuestas en materia de seguridad en sus barrios, ya sea mediante la formación de subcomités, o mediante la participación en algunos órganos delegacionales" (pp. 429-430).

También compara los mecanismos de participación en materia de seguridad en diferentes colonias de la Ciudad de México, con lo que muestra la relación entre la efectividad de la participación y el ejercicio de los recursos.

Los estudios de caso son realizados principalmente en tres colonias cuyas localización y características socioeconómicas son muy distintas: La Merced, en el perímetro B del Centro Histórico, espacio en el que viven y trabajan sectores populares; la Hipódromo, en la Cuauhtémoc, una de las más tradicionales colonias localizada en una zona central de clase media alta, y la Francisco Villa, en Iztapalapa, la delegación más poblada del Distrito Federal y que es habitada mayoritariamente por sectores de muy bajo ingreso que han autoproducido sus viviendas y han creado organizaciones sociales y civiles para garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos, y que deben soportar los más altos índices de inseguridad y violencia que se registran en la ciudad. En este amplio abanico de situaciones diferenciales radica la posibilidad de profundizar el análisis de esta problemática, ya que allí se pusieron en marcha diversos programas participativos.

A esto se suman muchas observaciones realizadas en otras colonias de la ciudad, como Santa Fe, espacio emblemático de la modernidad y de las pretensiones de poseer una ciudad global, donde la seguridad pública es privada y queda a cargo de una asociación de colonos; y en algunas colonias de las localidades de Huixquilucan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, donde la participación ciudadana está reglamentada por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Finalmente, el autor pone particular atención en el hecho social de que la delincuencia y la percepción de inseguridad de los habitantes han producido organizaciones formales e informales, que han promovido acciones de prevención pero que muchas veces han limitado el espacio público, creando ciudades segregadas. Menciona que han germinado prácticas abusivas, como linchamientos en barrios y pueblos de la ciudad, además de grandes movilizaciones promovidas por organizaciones civiles y asociaciones con impulso de empresarios, como reacciones a tragedias personales (México Unido contra la Delincuencia, 2004; Iluminemos México, 2008; No Más Sangre, 2011).

En el epílogo, Alvarado realiza un balance y escribe: "A pesar de contar con una densa y múltiple organización y capital social, todavía no se crea un mecanismo adecuado de gobernanza vecinal-barrial, de intercambio entre agentes sociales y públicos que tienen diferentes posiciones dentro y fuera del Estado, como también de ubicación territorial" (p. 506). Termina recomendando: "Para mejorar la seguridad debería darse respuesta no sólo a la reducción de la criminalidad sino también a su percepción vecinal, así como promover la cooperación y solidaridad participativa, equitativa y corresponsable en todo tipo de políticas públicas de seguridad y en la relación con las autoridades, comenzando por las policías. La gestión de la seguridad pública debe hacerse en proximidad a los espacios donde tiene lugar la delincuencia y donde la percepción de inseguridad es grande" (p. 508).

Sin duda, se trata de un volumen muy importante y de lectura obligatoria para los estudiosos de las ciudades, para quienes toman decisiones gubernamentales o políticas, para las organizaciones sociales y civiles que luchan incansablemente por erradicar la inseguridad y la violencia, y para todos los ciudadanos que aspiran a tener una vida mejor en la gran ciudad.