Globalización, tierra, resistencia y autonomía: el EZLN y el MST

Globalization, land, resistance and autonomy: the EZLN and the MST

Leandro Vergara–Camus^*

^* Doctor en Ciencia Política por la Universidad York de Toronto, Canadá, y maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales y Organización Internacional, Universidad de Groningen, Países Bajos. Temas de especialización: globalización de la agricultura, movimientos campesinos en América Latina, lucha por la tierra, agricultura campesina, desarrollo alternativo, biocombustibles y el papel del Estado en Brasil. P.O. Box 716, 9700 AS, Groningen, Países Bajos. Tel.: +31–50–363–9461. Correo electrónico: <l.a.vergara@rug.nl>.

Recibido: 4 de mayo de 2010
Aceptado: 8 de abril de 2011

Resumen:

Este artículo presenta una comparación de la lucha por la tierra del EZLN en Chiapas y del MST en Brasil en el marco de la globalización. Se postula que las bases sociales de estos movimientos, desde su contexto específico, rechazan la lógica del mercado y adoptan estrategias de resistencia que privilegian la producción de subsistencia. Se postula por fin que la lucha por tener y mantener el acceso a la tierra produce un control territorial que genera un poder popular autónomo que desemboca en estrategias políticas distintas, resultado de las experiencias concretas que han tenido los movimientos con los partidos políticos y el Estado.

Palabras clave: globalización, capitalismo, neoliberalismo, EZLN, MST, campesinos, tierra, subsistencia, autonomía.

Abstract:

This article compares the land struggle of the EZLN in Chiapas and the MST in Brazil within the context of globalization. The author argues that the membership of these movements, each within its own context, rejects the logic of the market and adopts resistance strategies that privilege production for subsistence. In addition, the author argues that in both cases the struggle to gain and maintain access to land gives these movements the ability to control territories, thus generating an autonomous popular power, which results in different political strategies that are the product of the concrete experiences that these movements have had with political parties and the state.

La globalización neoliberal de las últimas tres décadas ha transformado radicalmente el mundo rural en América Latina. El agronegocio nacional y transnacional ha extendido su control del mercado, la agricultura se ha modernizado y mecanizado, el número de pequeños y medianos productores rentables se ha reducido drásticamente y su supervivencia se ha vuelto cada vez más difícil. Los campesinos de subsistencia no logran mantener a sus familias únicamente con los frutos de la tierra y el mercado de trabajo agrícola se ha contraído, lo que genera mayor subempleo y migración laboral. Para explicar estos cambios, algunos investigadores han propuesto la perspectiva de "la nueva ruralidad", porque las cuestiones agrarias y la agricultura campesina ya no serían centrales en las decisiones y estrategias de los sujetos sociales rurales, sino que habrían sido reemplazadas por la combinación compleja de múltiples actividades productivas y fuentes de ingreso familiar y una variedad de esquemas migratorios; sea temporal, permanente o multidireccional (Grammont, 2004; Kay, 2009). Estos cambios exigirían el abandono del análisis de clase de corte marxista y los conceptos dicotómicos de la antropología (Grammont, 2004: 289–290), porque:

No estamos más frente a la disyuntiva de tener una agricultura bimodal, capitalista vs. campesina... sino trimodal: por el lado de la cúspide, un pequeño grupo de empresas agrícolas insertadas en la producción para la exportación. en el medio, las empresas familiares mercantiles orientadas al mercado interno; y finalmente en la base, unidades familiares de autoconsumo plurifuncionales por debajo de la línea de pobreza (Grammont, 2004: 293).

Sin lugar a duda, el campo latinoamericano no se caracteriza por una estructura dualista, en la cual dos polos estarían desvinculados el uno del otro, por lo que los análisis dicotómicos no tienen mucho que ofrecernos para entender la complejidad del mundo rural en América Latina. Sin embargo, como lo ha demostrado Gerardo Otero en su estudio de varias regiones de México, a pesar de estar mucho más integrados en los mercados de productos y de trabajo que en el pasado, los campesinos siguen apoyándose en formas de producción y prácticas sociales no capitalistas para encarar la crisis desatada por el neoliberalismo y la globalización (2004a: 248–249). El análisis de clase y el marxismo pueden ser utilizados de manera creativa para explicar las realidades actuales de los actores rurales, particularmente los objetivos de las luchas de los sectores mar–ginalizados del campesinado latinoamericano. Como lo demostraremos en este trabajo, el acceso a la tierra y la producción de subsistencia, así como la posibilidad de adoptar estrategias de resistencia que disminuyen la dependencia al dinero, siguen cobrando una importancia central para estos sectores, aun en regiones donde domina la agricultura moderna.

El argumento principal que sostendremos en este artículo es que la crisis que vive la economía campesina en América Latina se manifiesta en diferentes regiones y bajo diversas formas como una crisis de reproducción campesina. Por lo tanto, las luchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, así como sus propuestas de desarrollo alternativo, se encuentran marcadas por la problemática de la subsistencia. En ambos casos, este énfasis en la subsistencia, entendido como un espacio de refugio, desata procesos de convergencia en la lucha por el control de la tierra, el territorio y la autonomía de las comunidades campesinas ante el mercado y el Estado que, sin embargo, adquieren matices diferentes según el contexto nacional y regional.

Las conclusiones aquí presentadas emergen de dos estudios de campo. El primero, realizado en campamentos y asentamientos del MST en los estados de Rio Grande do Sul, Paraná y Sao Paulo, de junio a agosto de 2003, y el segundo en el municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón, en la franja norte de la Selva Lacandona, de marzo a junio de 2004.

Este artículo está dividido en tres partes. En un primer momento presentaremos el marco teórico y el contexto desde los cuales pretendemos analizar las experiencias del EZLN en Chiapas y del MST en Brasil. Aquí destacaremos la importancia de las relaciones de propiedad de la tierra para el desarrollo del capitalismo, así como las consecuencias de la globalización neoliberal sobre la cuestión agraria en México y Brasil. En la segunda parte nos detendremos en la particularidad de las relaciones sociales de producción en las comunidades indígenas zapatistas. Mostraremos enseguida que en Brasil, a pesar de ser muy diferente, la subsistencia es también el punto de partida para los miembros del MST, aunque no el principal horizonte productivo. Finalmente, en la tercera parte compararemos el proceso autonómico de los zapatistas con las experiencias de autonomía de facto que llevan a cabo los miembros del MST y que han desembocado en estrategias políticas diferentes en cuanto al Estado y a la política institucional.

A principios del siglo XXI, definir el capitalismo puede parecer una tarea ilusoria. Sin embargo, un entendimiento limitado del carácter específico del capitalismo tiene consecuencias importantes sobre nuestro análisis de los fenómenos sociales, políticos y económicos. En particular, una definición clara del capitalismo permite ubicar la experiencia de los campesinos del EZLN y del MST, por un lado, dentro del proceso de globalización, pero también en el terreno de la reproducción de prácticas no capitalistas dentro del capitalismo.

Muchos autores importantes, como Andre Gunder Frank (1967) e Immanuel Wallerstein (1974), han definido el capitalismo como un sistema mundial de intercambio comercial, basado en una división internacional del trabajo específica. La característica fundamental de las relaciones capitalistas, para estos autores, consiste en que la producción sea destinada al mercado sin importar las formas de producción. Siguiendo los trabajos de Karl Marx (1991), Robert Brenner (1977) y Ellen Wood (2002, 2009), consideramos que esta definición es muy amplia y asimila la particularidad de las relaciones capitalistas con la producción para el mercado. Para nosotros, el capitalismo está conformado por un conjunto de relaciones sociales caracterizado por: 1) la separación de los trabajadores de sus medios de producción; 2) el predominio de la propiedad privada absoluta; 3) el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso; 4) la dependencia de los productores al mercado; 5) el imperativo de la competencia para la supervivencia de los productores; 6) la producción para la acumulación de capital; 7) la separación de lo económico de lo político; 8) el fetichismo de la mercancía. Para el análisis de los casos que nos interesan en este trabajo, nos limitaremos a destacar la articulación de algunos elementos de nuestra definición del capitalismo: la expropiación de los campesinos de sus tierras, el establecimiento de la propiedad privada absoluta, la dependencia de los productores al mercado, el imperativo de la competencia para la supervivencia de los productores y el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso.

Para Marx, una de las características fundamentales para el desarrollo capitalista de la agricultura consiste en la subordinación total de la tierra al capital. Esto es, sin embargo, un proceso histórico que depende de las relaciones de clase y las relaciones sociales de propiedad, que pueden tomar varios siglos en desarrollarse. Así, durante el auge del capitalismo, y aun durante las décadas subsecuentes, las formas de explotación no capitalistas pueden ser totalmente consistentes con el desarrollo del capitalismo industrial.¹ Pero, al desarrollarse el capitalismo, estas formas de producción terminan limitando la generalización de las relaciones sociales capitalistas en todos los sectores de la economía. Existen condiciones para eliminar estas trabas sólo cuando se abre la tierra a la libre inversión del capital, es decir, cuando se mercantiliza la tierra. Lo importante aquí es que todos los productores agrícolas se vuelvan dependientes del mercado para su reproducción o, en otras palabras, que todos los sujetos sociales rurales estén obligados a producir para el mercado y acumular una parte de sus ingresos para reinvertirlos en un mejoramiento de la producción, so pena de perder su modo de subsistencia (su acceso a la tierra). En estas condiciones, la subordinación de la tierra al capital transforma la competencia en un imperativo para la supervivencia de los productores (Wood, 2009: 43).

El desarrollo industrial está íntimamente ligado a la modernización de la agricultura, mediante la transferencia de la agricultura hacia la industria de materias primas, la producción de alimentos baratos para los trabajadores y la migración del excedente de la población rural que viene a engrosar las filas del ejército de reserva en las ciudades. Para que se dé esta articulación agricultura/industria, una de las condiciones esenciales es la separación de los campesinos de sus tierras vía la expropiación directa mediante leyes específicas (la famosa "así llamada acumulación primitiva" de Marx) que llevan a la privatización y mercantilización de la tierra.

El caso de México en el siglo XX se aleja un tanto de este modelo, debido al carácter social y agrarista de la Revolución mexicana. La Constitución revolucionaria de 1917, resultado de un masivo levantamiento campesino, hasta muy recientemente tuvo consecuencias cruciales sobre los derechos de propiedad privada en torno a la tierra. En efecto, el ejido, la limitación a la extensión de la propiedad privada de la tierra y el reparto agrario, inscritos en el artículo 27 de la Constitución, representaron concesiones que el Estado tuvo que hacer al campesinado para mantener la paz social. Por lo tanto, a pesar de estar en muchos lugares sometido parcialmente al imperativo de la competencia, el ejido impidió la generalización completa de relaciones sociales capitalistas en el campo y permitió que en muchas regiones una gran proporción de los campesinos se mantuvieran como campesinos de subsistencia, marginalmente vinculados al mercado.

Debido a la reestructuración internacional de la producción agrícola, que se centra en la creciente sobreproducción de granos básicos por Estados Unidos, otros países occidentales y algunos periféricos (como Argentina y Brasil), este modelo de producción campesina fue abandonado y entró en crisis en México a mediados de la década de los años setenta. El Estado mexicano optó entonces por empezar a importar cada vez más granos básicos de Estados Unidos, para seguir manteniendo bajos los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y así perpetuar su "ventaja comparativa" en términos de salarios reales (Rubio, 2004).

El caso de Brasil en el siglo XX se acerca mucho más al modelo clásico de vinculación agricultura/industria, porque se sustentó en la propiedad privada de la tierra. A partir de 1850, la propiedad privada de la tierra en Brasil no fue sometida a ninguna limitación seria, por lo que se constituyó una poderosísima clase terrateniente que mantiene hasta hoy un importante poder político a nivel nacional. Como nunca hubo una reforma agraria, se dieron la concentración y la mercantilización de la tierra, lo que permitió en algunos lugares la mecanización y la capitalización temprana de la producción agrícola. En varias regiones de Brasil, especialmente en el estado de Sao Paulo, surge entonces un proletariado agrario con poco acceso a la tierra. Por ende, se puede decir que, a diferencia de México, la subordinación de la tierra al capital siempre ha sido un proceso en marcha en Brasil. Sin embargo, a pesar de ser mucho más generalizadas las relaciones capitalistas que en México, las diferencias regionales en Brasil también permitieron que se desarrollaran diversos tipos de relaciones sociales de producción (trabajo semiesclavo, trabajo asalariado, diversas formas de arrendamiento pagado en efectivo o en productos, etc.).

A mediados de la década de los años setenta, el Estado brasileño decide modernizar su modelo agroexportador y promueve una serie de medidas, como la adopción del Estatuto da Terra (Estatuto de la Tierra), que generalizan las relaciones capitalistas en el campo. Mediante un complicado sistema de créditos con tasas de interés preferenciales, se estimula la producción de cereales para la exportación, como la soya, el trigo y el maíz. En este periodo se da también un proceso de ganaderización que, con la mecanización de los demás sectores de la agricultura, termina expulsando a 28 millones de trabajadores rurales y campesinos hacia las ciudades entre 1968 y 1980 (Sparovek, 2003: 24). El golpe militar de 1964 vino a cancelar cualquier posibilidad de redistribución de tierra hasta el inicio de la década de los años ochenta, cuando surge el MST. No fue sino hasta 1985 que las fuerzas democráticas victoriosas en las elecciones modificaron la Constitución para favorecer la redistribución de los "latifundios improductivos", que en realidad nunca se dio porque se escogió redistribuir tierras nacionales y estatales (Fernandes, 1999) y colonizar la Amazonia.

En suma, la lucha por la tierra con una verdadera incidencia sobre el Estado y el régimen de propiedad se da en Brasil muy tardíamente en comparación con México y en un contexto rural donde las relaciones sociales capitalistas son mucho más generalizadas. Sin embargo, como lo veremos en la próxima sección, existen procesos de convergencia que hacen semejante la lucha actual por la tierra del EZLN y del MST.

NEOLIBERALISMO Y CRISIS ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA CAMPESINA EN MÉXICO Y BRASIL

Blanca Rubio ha explicado la crisis actual de la agricultura mexicana en término de la pérdida de funcionalidad de la producción campesina porque el Estado optó, en la década de los años setenta, por lo que ella llama "la vía subsidiaria", en la que la producción campesina de alimentos es reemplazada por la importación de productos agrícolas norteamericanos altamente subsidiados (Rubio, 1991: 11). La crisis no es, entonces, coyuntural o pasajera, sino una crisis estructural, ligada al modelo neoliberal, en el cual sólo sobrevivirán los grandes y medianos productores que se hayan especializado en hortalizas y frutas (Grammont, 2004: 292) y los pocos pequeños productores que logren articularse con aquéllos mediante la agricultura de contrato (Mackinlay, 2008: 182, 184) o hayan encontrado un nicho de mercado (Mackinlay, 2008: 186). Por lo tanto, la gran parte de las familias campesinas que se dedicaban principalmente a la producción de maíz no tienen cabida en el nuevo modelo.

El caso de Brasil difiere parcialmente del caso mexicano porque, mediante su poder político, la burguesía agraria se aseguró de que la reestructuración del sector agrícola se acompañara de un cierto nivel de proteccionismo y créditos que le dio tiempo y recursos para acumular capital y modernizar las formas de producción. En efecto, en Brasil, a pesar de haber reducido los créditos en 500% durante la década de los años ochenta (Belik y Paulillo, 2001: 96), el Estado siguió interviniendo en el mercado hasta los años noventa mediante la compra y el almacenamiento de productos alimentarios y el mantenimiento de precios garantizados (Dias y Amaral, 2002: 214). Por lo tanto, los grandes productores capitalistas brasileños, que estuvieron protegidos durante varias décadas, están ahora completamente integrados al agronegocio transnacional (Belik y Paulillo, 2001: 98), así como a las grandes cadenas de supermercados (Dias y Amaral, 2002: 217). Pero, a pesar de ser diferente al proceso en México, la principal víctima de la reestructuración neoliberal del campo en Brasil es también el pequeño campesinado. A los 28 millones de trabajadores rurales y campesinos expulsados del campo entre 1960 y 1980 se deben sumar 10 millones que perdieron sus fuentes de empleo en el sector agrícola entre 1985 y 1995 (Carvalho Filho, 2001: 196).

Por todo ello, como lo sugiere Henry Bernstein (2004), la cuestión agraria hoy debe ser planteada en una forma distinta a la manera en que se abordó a partir de la década de los años sesenta. En la era de la globalización, marcada por la fragmentación del trabajo, estaría emergiendo una nueva lucha por la tierra relacionada con la cuestión del trabajo, ahora desligada del capital. Es decir, el desempleo y la informalidad en las economías dependientes habrían alcanzado niveles tan dramáticos que la lucha por la tierra se establece en torno al tema de la reproducción de los campesinos y de los trabajadores rurales, y no tanto relacionada con la articulación agricultura/industria. Por ende, en el umbral del siglo, los campesinos indígenas zapatistas en Chiapas y los trabajadores rurales sin tierra en Brasil luchan por la tierra porque se han cerrado las otras opciones (Vergara–Camus, 2009a: 372–373).

GLOBALIZACIÓN, DERECHOS DE PROPIEDAD Y LUCHA POR LA TIERRA EN MÉXICO Y BRASIL

El contexto actual de globalización neoliberal representa una nueva ola de expansión del capitalismo, tanto hacia nuevos sectores productivos como en nuevas zonas geográficas y con recursos hasta ahora no mercantilizados. Dentro de esta nueva ola de expansión, las relaciones de propiedad adquieren una importancia central. En cuanto a la cuestión agraria, la explicación presentada por los círculos oficiales nacionales e internacionales en favor de la privatización del derecho a la tierra y la descolectivización de la tenencia de la tierra consiste en pensar que sólo la propiedad privada asegura la inversión de capital en el campo.²

En México, la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 fue la culminación de un largo proceso de cancelación de facto de la distribución de tierra que inició con el presidente José López Portillo. El análisis de Julio Moguel (1992: 270) resalta elocuentemente los nuevos límites que se impusieron sobre el poder del Estado respecto a la propiedad. En efecto, en la reforma al artículo 27 se suprimió la idea de que la propiedad debe tener una "función social". Es decir, para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada de la tierra se suprimió la frase "en explotación" de la formulación previa que permitía a la nación intervenir cuando la propiedad no cumplía con ciertos objetivos. Esta reforma, además de que formalmente permite la reconstitución del latifundio mediante sociedades mercantiles, puede representar una amenaza para los campesinos y los ejidatarios. Si bien el proceso de privatización no es sencillo y existen muchas prácticas y costumbres que han hecho difícil la compra de tierra por personas externas a los ejidos, a largo plazo la reforma al artículo 27, al permitir que el lote ejidal sea vendido o usado como garantía de préstamo, estableció las bases para el sometimiento de la tierra al poder del capital y la generalización de las relaciones sociales capitalistas en el campo. Pero, como lo subraya Mackinlay (2008: 184–185), ello no se ha traducido en el acaparamiento de tierra (mediante venta o arrendamiento) por el agronegocio, sino por la generalización de la agricultura de contrato. Esto, al obligar al productor directo a aumentar su productividad, le permite al agronegocio imponer el imperativo de la competencia sobre el productor directo y así cosechar los frutos de esa productividad sin compartir los riesgos. El que debe arriesgar es el pequeño productor.

En Brasil no ha sido necesario reformar el régimen de propiedad de la tierra porque, a pesar de que la Constitución de 1988 incluya el mismo requisito que la antigua ley mexicana, de que la propiedad tenga que cumplir su función social, la propiedad privada no se encuentra amenazada por éste. En efecto, el cumplimiento de la función social se establece con base en los niveles de productividad de la tierra de una determinada propiedad. Éstos son a su vez estimados con base en la productividad media, medida en la producción por hectárea que alcanzaban las tierras en las diferentes regiones de Brasil según el censo agropecuario de 1970. Puesto que los niveles de productividad no han dejado de aumentar desde la década de los años setenta, es cada vez más difícil que una propiedad no cumpla su función social y que el Estado pueda expropiarla.

Como lo subraya Karl Polanyi (1944: cap. 4), la mayoría de las sociedades establecen normas que impiden ciertas prácticas en la economía, por considerarlas injustas. Mediante el poder social o político, una sociedad limita el poder de los que controlan la economía. Gon el desarrollo de la sociedad capitalista, esto se modifica, lo que permite que las cuestiones del proceso de producción queden cada vez más en las manos de los empresarios. Sin embargo, esta separación no es dada de una vez por todas, sino que es constantemente objeto de luchas sociales, lo que Polanyi llama un doble movimiento, en el que unos grupos intentan expandir la lógica del capital, mientras que otros buscan restringir esta expansión (Otero, 2004b: 2–4). La globalización, mediante el reforzamiento de los derechos de propiedad privada, es también una nueva ola de separación de lo económico de lo político, puesto que consiste en aislar, aún más que en el pasado, lo económico de la intervención política.

EL PREDOMINIO DE LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA EN LAS REGIONES ZAPATISTAS

Varios investigadores (Leyva Solano y Ascencio Franco, 1996; Márquez Rosano, 1996; Márquez Rosano y Legorreta, 1999; Villafuerte Solís et al., 1999) han destacado la existencia de dos lógicas en las relaciones de producción en el campo chiapaneco: la lógica campesina (de subsistencia) y la lógica de acumulación (mercantil). Según la gran mayoría de estos autores, la lógica campesina de subsistencia estaría siendo erosionada o subordinada por la expansión de la lógica comercial. Si bien esta postura tiene sentido a largo plazo, al basarse en datos del censo agropecuario de 1990 en comparación con décadas anteriores, estos trabajos no toman en cuenta la situación de crisis que se ha agudizado en las últimas dos décadas. Evidentemente, en los datos de 1990 no se puede apreciar la crisis del peso mexicano ni la entrada en vigor del Tratado de Libre Gomercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la segunda crisis del café de 1996 y las repercusiones de la crisis asiática de 1997, eventos de los cuales todavía no se ha recuperado la economía mexicana.³ Todavía menos podían estos análisis prever las consecuencias de la actual crisis financiera y económica mundial.

Por lo tanto, consideramos que la tendencia no es hacia la comercialización de la actividad agrícola, sino hacia un refugio en la producción de subsistencia. Es decir, cada vez más campesinos, particularmente en las zonas indígenas de los Altos, la Selva y Norte de Chiapas, se retiran lo más posible del intercambio comercial y se refugian en la producción de autosubsistencia. En estas regiones, el porcentaje de hogares que no tenían ingresos o recibían ingresos menores a medio salario mínimo llegaba ya hace una década a niveles muy significativos: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el 2000, en la región de Los Altos, 45.5% de la población no recibía ingresos y esta proporción subía a 68.6% cuando se incluían los hogares que recibían hasta medio salario mínimo. En la zona Norte estas proporciones eran de 48.7% y 65.4%, respectivamente, y de 46.3% y 60.4% para la región Selva (INEGI, 2000).⁴

A pesar de la aparente generalización de las actividades comerciales en las zonas antiguamente consideradas de autosubsistencia, no se puede decir que las formas y las relaciones de producción sean capitalistas. Esto se debe a que el primer objetivo de la producción sigue siendo el autoconsumo y no la producción para el mercado, y aún menos para la acumulación de capital. Además, en muchos casos la "producción comercial" (como el café, el ganado, el chile) se lleva a cabo en una ínfima porción de la parcela, y la venta de esta producción, así como la del excedente de maíz y frijol, sigue siendo para conseguir un ingreso monetario que permita cubrir necesidades complementarias como la adquisición de azúcar, sal, jabón, cal, ropa y accesorios para laborar la tierra. Así, las cifras presentadas más arriba nos llevan a poner mayor énfasis en la subsistencia y relativizar la importancia de la economía comercial, y a detenernos en las lógicas de los actores locales (campesino de subsistencia, campesinos con ganado, "coyotes", comerciantes), que sugieren que en estas regiones todavía predomina la lógica del valor de uso más que la lógica del valor de cambio.

La supuesta ganaderización ha sido presentada como evidencia de creciente comercialización de la economía campesina en Chiapas (Márquez Rosano, 1996; Leyva Solano y Ascencio Franco, 1996; Villafuerte, García y Meza, 1997). En 2004, durante nuestra estancia de campo en una región chol de la Cañada de Santo Domingo, en la franja norte de la selva —zona de más antigua colonización y más avanzada "ganaderización"—, pudimos observar que la gran mayoría de los productores no aprovechaba el ganado en forma capitalista. Primero, porque los campesinos no poseen suficientes cabezas de ganado para poder venderlas en forma significativa y constante.⁵ Segundo, porque para la enorme mayoría de los campesinos "ganaderos" que tienen menos de seis cabezas, el ganado es utilizado como bien mobiliario, es decir, como una fuente de ahorro para encarar sus necesidades extraordinarias, como la enfermedad de un miembro de la familia (Márquez Rosano y Legorreta, 1999: 11). En ese sentido, a pesar del aumento de la cría de ganado en el sector ejidal desde la década de los años setenta, la ganaderización de la producción no es un fenómeno que implique a la mayoría de los campesinos. En fin, desde 1994 la ganadería parece haber perdido aún más predominancia en la Selva, puesto que muchos productores vendieron su ganado a raíz de la inseguridad generada por el conflicto.

En el caso de la venta del excedente de maíz, ésta es muy limitada y el intercambio a nivel local no se encuentra regido por las leyes capitalistas del mercado, aunque mecanismos internacionales y nacionales intervengan en la determinación del precio. La venta del maíz no es para la acumulación de capital, sino que se realiza en pequeñas cantidades; en promedio, sólo entre 5% y 12% de la producción total se destina a la venta (Márquez Rosano, 1996: 217) y el destino es el mercado local. También, como lo pudimos observar durante nuestra estancia de campo, existen numerosas prácticas de reciprocidad, como el trueque y el simple intercambio de producto por trabajo o en forma de "préstamo" por necesidad de una familia de la comunidad. En muchos de estos casos, los lazos intercomunitarios fungen como red para la "venta" del maíz, organizada mediante una multitud de relaciones no comercializadas en las que las relaciones personales son más importantes que las relaciones de mercado (Márquez Rosano, 1996: 217). En cuanto al intercambio comercial, los precios tampoco están del todo determinados por el mercado, ya que son unos cuantos intermediarios ("coyotes", comerciantes de tiendas de abarrotes) los que controlan la compra–venta. Estos intermediarios tienen entonces la capacidad de determinar los precios, tomando en cuenta la demanda y la oferta, pero siempre desde una posición casi monopolista.

Con todo, sería un error argumentar que los campesinos zapatistas se encuentran fuera de las relaciones capitalistas. Como muchos estudios lo han demostrado, los zapatistas han sido afectados directamente por la reestructuración neoliberal del campo. Además, la gran mayoría de ellos han tenido numerosas experiencias de trabajo asalariado en los ranchos y las ciudades de la región y hasta de migración temporal a otras regiones de México. En los términos utilizados por los nuevos ruralistas, las familias que conforman el EZLN han sido plurifuncionales desde varias décadas ya. Sin embargo, esta plurifuncionalidad se encuentra siempre orientada hacia el mantenimiento del carácter campesino de la familia, porque estas experiencias enajenantes, en términos laborales y culturales, les han hecho valorar que tener acceso a la tierra les permite mayor control sobre sus vidas (Vergara–Camus, 2009a: 384–385). Por lo tanto, no compartimos la opinión de García de León (2005, 514–515), quien argumenta que la base social del EZLN viene básicamente del campesinado medio y no de los campesinos pobres de regiones aisladas. Consideramos que la gran mayoría de los zapatistas son campesinos pobres de subsistencia y jóvenes sin derecho a la tierra en sus comunidades, y que sólo una minoría proviene de los campesinos más dependientes del mercado.

LA RECREACIÓN DE ESPACIOS DE SUBSISTENCIA DENTRO DE LA LUCHA POR LA TIERRA EN BRASIL

Debido a la diversidad de formas de producción en Brasil, las bases sociales del MST tienen un carácter mucho más heterogéneo que las del EZLN. Los sin tierra de inicio de la década de los años ochenta, que ahora son asentados, destacan por ser antiguos campesinos que después de haber perdido sus tierras se enfrentaron a la marginación en el ámbito rural o en las ciudades y buscaron su recampesinización integrándose al MST. Muchos de los sin tierra de esa época tienen en su pasado experiencias similares a las de las bases zapatistas. En los testimonios recogidos en los más antiguos asentamientos en los estados de Rio Grande do Sul, Paraná y Sao Paulo, pudimos observar que una gran proporción no había tenido experiencias de dependencia al mercado. Antes de entrar en las filas del MST, muchos recurrían al intercambio mercantil sólo para comprar los bienes que no podían producir ellos mismos; muchas veces el intercambio se hacía por medio de mecanismos de fianza o hasta de trueque en productos. Muchos tenían también un pasado de subordinación a un terrateniente, quien les dejaba cultivar parte de su propiedad a cambio de trabajo o parte de la cosecha.

Desde la década de los años noventa se ha observado la emergencia de una segunda ola de sin tierra, con mayor número de trabajadores rurales proletarizados sin historia propia de posesión de tierra, o familias pobres de las ciudades que sobreviven en el sector informal. Estos nuevos sin tierra han estado plenamente insertados en las relaciones capitalistas, aunque desde su marginalidad. Su esperanza de volverse campesinos podría entonces interpretarse como una desconexión de los mecanismos de explotación capitalista, más que una reconexión con un pasado campesino perdido. En otras palabras, se recrea un campesinado mediante la creación de espacios de subsistencia en el seno mismo y a través de la lucha por la tierra del MST.

TIERRA, RESISTENCIA Y AUTOSUFICIENCIA

En las reivindicaciones y en el discurso de los zapatistas y de los sin tierra resalta una concepción de la justicia basada en un planteamiento moral, en el que la tierra es entendida como un derecho, que no depende necesariamente—y va más allá— de la existencia de un marco legal. El discurso moral de las reivindicaciones del EZLN y del MST evoca una voluntad y una necesidad de rechazar esa separación de lo económico de lo político que las clases dominantes pretenden imponer con la globaliza–ción neoliberal. Este discurso moral se encuentra además reforzado por la percepción, basada en experiencias concretas, que tienen los indígenas zapatistas y los sin tierra de la ley como un instrumento al servicio de los poderosos. El discurso moral de derecho a la tierra se opone entonces, por una parte, a la dura y fría realidad de la economía que no reconoce necesidades, y por otra, a la parcialidad de la ley, relacionada con el carácter de clase del Estado.

Una de las diferencias importantes entre los campesinos del EZLN y del MST es que en el caso de Brasil resalta mucho más un discurso de lucha de clase aunque, como lo demuestra la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la lucha zapatista siempre ha tenido un carácter de clase. También en el caso de los zapatistas, al planteamiento de orden moral se suma una dimensión étnica (Reyes Ramos, 2001: 202) y anticolonial que, como gran parte del movimiento indígena latinoamericano, propone terminar con la explotación y la discriminación de los indígenas y sentar las bases de un proyecto de "desarrollo" de acuerdo con la cosmovisión y la cultura indígena y los objetivos concretos de las comunidades indígenas. La toma de tierra es representada, entonces, también como una recuperación, como un acto de justicia histórica, en el que los indígenas reivindican sus derechos como pueblos en el marco de un Estado–nación reconstituido. Con todo, las prácticas agrarias y agrícolas en territorio zapatista recuperado también están marcadas por ese reto de la subsistencia. Como observa Van der Haar, en esos casos la tierra sirve "en primer lugar a los que no tienen derecho a la tierra en su lugar de origen" (1998: 108, énfasis nuestro).

Finalmente, otro de los aspectos de la lucha por la tierra, en el que resalta el planteamiento desde la resistencia y la autosubsistencia, es el de las prioridades productivas que han adoptado la mayor parte de las comunidades zapatistas. Dentro de estas prioridades destacan el reforzamiento de la producción para autoconsumo, la diversificación de la producción, la reducción del uso de agroquímicos y la creación de microproyectos colectivos. Todas estas prioridades están marcadas por dos objetivos: garantizar la alimentación y reducir al mínimo la necesidad de dinero. La gran mayoría de los proyectos impulsados por los zapatistas vienen a complementar la producción y la alimentación tradicional de maíz–frijol (como en el caso de la cría de gallinas, la producción de pan, el cultivo de huertas), o a encontrar alternativas a la compra de productos comerciales (como en el caso de los proyectos de sastrería y las cooperativas de abasto). La mayor parte del tiempo, las prioridades productivas son pensadas en el marco de un conocimiento agroecológico que han desarrollado las comunidades indígenas en su interacción con su medio ambiente (Toledo, 2000) y dentro de su cosmovisión que, como lo ha demostrado Lenkersdorf (1996), privilegia el valor de uso sobre el valor de cambio. En algunos de estos casos —como las cooperativas de café, de tejedoras, de artesanas, de producción de miel, o el trabajo colectivo en tierra ejidal para gastos de la comunidad—, el objetivo es generar una fuente de ingreso monetario sin desplazar la reproducción agrícola familiar.

En el caso del MST, la autosubsistencia de los asentados es simplemente el primer objetivo de la propuesta productiva del movimiento, y no su único horizonte. Este objetivo es alcanzado mediante el énfasis en la producción de alimentos, la diversificación de la producción y el trabajo familiar no remunerado. Se privilegia la producción de los productos de la dieta básica de los campesinos, como arroz, frijol, maíz, trigo y yuca. Además, en la gran mayoría de los casos se promueve el cultivo de una huerta para producir verduras de todo tipo. La gran mayoría de los asentados también cría gallinas y puercos; en algunos casos, en torno a estas actividades han sido creadas cooperativas para proveer a las familias con un abasto constante de carne para el autoconsumo. Sin embargo, la autosubsistencia de las familias no se limita a la producción de alimentos para autoconsumo, pues incluye la producción artesanal de varios productos de consumo básico, como jabón, velas y algunas medicinas a base de plantas. Gomo en el caso zapatista, en los primeros años de asentamiento las prioridades productivas se organizan en torno al valor de uso, pero muy rápidamente se reorientan hacia la producción de valor de cambio, es decir, hacia la producción comercial.

Por ello, para el MST la producción de autoconsumo no es más que un primer paso en la reinserción de las familias campesinas pobres en la agricultura moderna, por lo que el movimiento se ha dedicado a buscar mecanismos que permitan la viabilidad de la agricultura familiar. Para eso, casi desde sus inicios, el MST ha promovido la creación de grupos de producción o cooperativas locales y regionales para la compra y el uso colectivo de maquinaria, la compra y venta de insumos, la comercialización de los productos, así como la creación de pequeñas empresas de transformación. Por ende, tras algunos años de haber ganado su lote, las familias campesinas del MST se reinsertan en la economía rural capitalista, pero esta vez con la ventaja de poder contar con el acceso a la tierra y el trabajo familiar no remunerado como estrategia de refugio ante las fluctuaciones del mercado.

La diferencia entre el planteamiento del EZLN y del MST en cuanto a la producción, a pesar de que en ambos casos el objetivo inicial consiste en alcanzar la autosubsistencia, se explica por elementos culturales e ideológicos, pero también por las características históricas del campo chiapaneco y brasileño. Herederos de luchas sociales que desembocaron en diferentes regímenes de propiedad de la tierra, los campesinos del MST se encuentran insertados en una sociedad rural en la que las relaciones capitalistas son mucho más generalizadas que en la Selva, Altos y Norte de Chiapas de los campesinos indígenas del EZLN. Por lo mismo, los asentados del MST se encuentran más directamente afectados por el imperativo de la competencia que acompaña la privatización del derecho a la tierra, así como la comercialización y la monetarización de la producción agrícola.

DIFERENTES FORMAS DE AUTONOMÍA CAMPESINA

La lucha por la tierra exige la conformación de una fuerza política que sea capaz de organizar a las familias campesinas y enfrentarse al Estado. La búsqueda de autonomía ante el mercado, mediante el acceso a la tierra, tiene por ende su vertiente política en la búsqueda de autonomía política ante los partidos políticos y el Estado.

En un artículo reciente, Grammont y Mackinlay (2006: 694–696) proponen un modelo analítico que distingue tres tipos de matrices organizativas en los movimientos campesinos mexicanos, que corresponden a tres formas de relacionarse con el poder político y el Estado. Los movimientos de matriz política tienden a subordinarse a los partidos políticos y a establecer relaciones corporativistas con el Estado. Los movimientos de matriz social–política son más independientes pero siguen colaborando con los partidos políticos para la negociación con el Estado. Finalmente, los movimientos de matriz social privilegian la construcción de autonomía y rechazan cualquier colaboración con los partidos políticos y el Estado.

A primera vista, el EZLN corresponde claramente a la matriz social y el MST a la matriz social–política. Sin embargo, como lo veremos, si ello es correcto cuando nos enfocamos simplemente a su forma de relacionarse con los partidos políticos y el Estado, el control territorial y la formación de estructuras políticas autónomas terminan haciendo semejantes estos movimientos porque, en ambos casos, construyen formas de poder popular que busca reemplazar el poder del Estado. Al referirnos a la idea de poder popular queremos subrayar el carácter de clase del poder que se constituye mediante el proceso de lucha de estos dos movimientos, así como su naturaleza asambleísta que, al difundir el poder en un número mayor de personas, lo presenta como un modelo alternativo a la concepción más tradicional del poder centrado en el Estado y la representación política.

EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA, EL ESTADO Y LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

La autonomía se construye entonces, por una parte, en oposición a las estructuras actuales del Estado mexicano, que no tenía contemplado hasta recientemente un espacio de participación para los pueblos indígenas, que exigen tener una cierta capacidad de autodeterminación sobre el territorio que habitan (Otero, 2004c: 227–229). La oposición del Estado mexicano a la idea de autonomía plasmada en los Acuerdos de San Andrés no es sólo porque crea estructuras políticas fuera de su control, sino también porque podría representar un obstáculo a los procesos de universalización de la propiedad privada absoluta. Por otra parte, la idea de autonomía también coincide con la demanda de democratización de las estructuras de poder en las comunidades indígenas a nivel local (Burguete Cal y Mayor, 1998: 147–150). La construcción de la autonomía representa una medida contra la usurpación del poder por los caciques locales y regionales; también, una recuperación de la soberanía por parte de la comunidad mediante la recreación de formas colectivas de participación en procesos selectivos, asambleas, consejos y comités, asentadas en una renovación de la estructura ejidal, que da cabida a miembros de la comunidad que no tenían derecho a voto por no ser ejidatarios. Así, las autonomías zapatistas representan también, y sobre todo, la construcción de un poder popular, que ya tiene antecedentes históricos en la región (Leyva Solano, 2001; Burguete Cal y Mayor, 1998). Los municipios autónomos son un espacio de participación efectiva que han cambiado la lógica de la política local y han construido un sujeto de cambio identificado con las estructuras de poder y el proyecto político del EZLN. Los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno zapatistas —al cumplir funciones atribuidas a las instituciones estatales establecidas (educación, salud, registro civil, justicia, resolución de conflictos)— se volvieron verdaderos gobiernos paralelos que compiten con los gobiernos institucionales por la aceptación y el reconocimiento de la población de afiliación zapatista y no zapatista.⁶

ESTADO, PODER POLÍTICO Y AUTONOMÍA DE FACTO EN LA LUCHA DEL MST

Desde su creación en 1984, el MST siempre ha reconocido la necesidad de participar en todos los frentes de lucha, pero también ha tenido clara la importancia de mantener su autonomía. Al estar constantemente interpelando y negociando con el poder político, el MST, en muchos lugares, llegó a la conclusión de que tenía que participar o incidir en la lucha por el poder político institucional. Por lo tanto, los militantes del MST siempre han participado en las campañas electorales al lado del Partido de los Trabajadores (PT), pero hasta hoy la responsabilidad de la lucha por el poder político institucional ha sido adjudicada al PT.

En los asentamientos más antiguos, para tener mayor presencia en la política local, el MST de ciertas regiones ha promovido la participación de algunos de sus destacados militantes, a título individual, en las instancias de poder político. Gon todo, la participación de militantes del MST en la política institucional tiene objetivos que van más allá de la incidencia en la política local. Gomo lo indica Judite Strozaki, de la Goordinación Nacional del MST, en entrevista: "La función del MST es organizar al pueblo pobre del campo y de la ciudad", por lo que la función del militante del MST que se vuelve representante es "organizar al pueblo y masificar la lucha". Para los sin tierra, la idea de estar presentes en la arena institucional consiste en utilizar el espacio y los recursos del político para hacer giras, organizar encuentros, convocar a los medios de comunicación y articular campañas. Retomando las categorías propuestas por Grammont y Mackinlay, el MST, por su alianza tácita con el PT, sería entonces una organización que adopta la matriz social–política. Sin embargo, en la realidad la situación es más compleja porque el MST utiliza su relación con el PT para insertar la lucha por la tierra en la política institucional, es decir, en lo que Gramsci llama la "sociedad política". Al mismo tiempo, el movimiento usa los recursos y los espacios de la sociedad política para su lucha por la hegemonía dentro de la sociedad civil (Vergara–Gamus, 2009b: 180–181, 186). Sin embargo, las experiencias del MST a nivel político institucional siguen siendo muy pocas. Donde ha habido experiencias de participación política a nivel local y estatal, el descontento y las fracturas que ello ha generado han llevado a un replanteamiento de la cuestión. La política conservadora del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde el inicio de su primer mandato en 2002, también ha hecho que el MST reconsidere su alianza histórica con el PT (Vergara–Gamus, 2009b: 187–188).

Hemos usado el concepto de poder popular para caracterizar la experiencia de autonomía de facto del MST porque varias de las características de la experiencia zapatista también se pueden observar en el movimiento brasileño. La participación de las bases militantes en la toma de decisiones en asambleas y la rotación de personas de la comunidad en puestos de poder comunitario, local y regional, así como la posibilidad de revocar a sus representantes, politiza a los militantes, desmitifica "el poder" y lo arraiga dentro de la comunidad. De manera similar al EZLN, el MST concibe al Estado como un instrumento en las manos de una clase o de una alianza de clases pero, a diferencia del EZLN, también entiende al Estado como un espacio de lucha, dentro del cual el movimiento debe buscar alianzas con otros grupos.

Una de las más importantes diferencias entre el MST y el EZLN en cuanto a su relación con el Estado consiste en que el primero, a pesar de oponerse fuertemente a las políticas neoliberales del Estado brasileño, adopta una estrategia pragmática hacia éste. Esta estrategia se determina siempre evaluando la posibilidad de negociar con las autoridades estatales para adecuar la intervención estatal a los intereses del movimiento y, a partir de allí, aceptar, rechazar u oponerse a las políticas estatales. Lo más importante ha sido que el MST nunca se ha visto cooptado por partidos políticos ni por el Estado. Esto se debe, en parte, a que el corporativismo brasileño nunca se asentó sobre un régimen de partido–Estado como en México. Pero se debe sobre todo a que el MST, en su estrategia ante el Estado, tiene la misma ventaja que el EZLN: genera y controla espacios donde los sin tierra ejercen una autonomía de facto que se desarrolla mediante experiencias de autogobierno. Por un lado, puesto que los asentamientos son constituidos por el movimiento —o, mejor dicho, por los militantes del MST—, las instancias de decisiones y las formas de tomar decisiones en asamblea y mediante consenso son las que escogió el movimiento y no las que impone el Estado (Scherer–Warren, 1988; Fernandes, 2005). Por otro lado, los campamentos y los asentamientos son espacios donde el autogobierno de los sin tierra viene a reemplazar al Estado, procurando servicios de educación, salud, seguridad, etc. Estas prácticas e instancias propias, al igual que lo que pasa con las bases de apoyo del EZLN, mantienen en los sin tierra la convicción de ser sujetos políticos y una identificación con las estructuras de poder del movimiento.

Ahora bien, las experiencias de autonomía de las comunidades zapatistas y de los sin tierra difieren en muchos puntos. La experiencia zapatista se basa en la recuperación y la reformulación de formas y prácticas "tradicionales" de las comunidades indígenas (Leyva Solano, 2001; Burguete Cal y Mayor, 1998) y enmarca la lucha por la tierra en una lucha mucho más amplia de control del territorio desde la cual se pueda proteger y desarrollar la cultura indígena. A pesar de todo, estas experiencias de autonomía también tienen puntos de convergencia. En ambas experiencias, la lucha por el control de la tierra para la subsistencia familiar desemboca en un control territorial organizado en torno a estructuras de poder popular autónomo. Sin embargo, este control difiere sustancialmente porque, en el caso de los zapatistas, el territorio tiene una cierta continuidad geográfica, mientras que en el caso del MST, el movimiento controla varios territorios, es decir, centenares y miles de campamentos y asentamientos, que se encuentran dispersos por casi todos los estados del país. Con todo, ambos movimientos logran que sus bases se identifiquen con las instancias de toma de decisión; por ello, se puede decir que ambas luchas generan experiencias de construcción de un poder popular autónomo.

La globalización representa una nueva ola de expansión de la lógica del capital, que reafirma la separación de la economía de la política mediante una redefinición de los derechos de propiedad. En el medio rural, en México y en Brasil esta nueva expansión se da en un contexto de modificaciones de las relaciones de propiedad de la tierra y de crisis estructural de la economía campesina, consecuencia de la adopción del modelo neoliberal. En este contexto, la agricultura de subsistencia, como espacio de refugio, cobra una importancia particular para los campesinos pobres y los trabajadores rurales sin tierra. Aun aceptando la agudización de la crisis, un planteamiento enmarcado en la lógica de la subsistencia y de la autonomía puede parecer limitado y para algunos hasta utópico (Kay, 2009: 629). Sin embargo, al ser interpretado como respuesta concreta a los efectos del neoliberalismo y de la globalización, lo que demuestra este planteamiento es, sobre todo, la gravedad de la crisis estructural del campo.

Sin embargo, esta voluntad de buscar una forma de resistir los efectos negativos de la crisis mediante el acceso a la tierra y la producción de subsistencia no se limita a los campesinos de las regiones indígenas o aisladas de América Latina. También es la estrategia de centenares de miles de familias campesinas en regiones donde las relaciones capitalistas son mucho más generalizadas, como en Brasil. En este contexto, las reivindicaciones del MST y del EZLN se oponen de manera frontal a los procesos de universalización de la propiedad privada absoluta, que están en el centro de este nuevo proceso de expansión de la lógica del capital.

Hubert C. de Grammont (2004: 295) ha propuesto: "Las 'estrategias de sobrevivencia' que se han analizado como respuesta a la crisis de la economía campesina deben verse como una nueva forma de integración a la economía de mercado". Nuestro análisis sugiere que esto no es así en el caso de las estrategias de los zapatistas. La propuesta del zapatismo está basada en un rechazo del mercado y las iniciativas para reintegrarse a éste sólo juegan una función secundaria. Sin embargo, en el caso del MST, se podría decir que en un primer momento la búsqueda del acceso a la tierra está marcada por un rechazo del mercado, pero que en un segundo momento, una vez conquistada la tierra, el objetivo es una integración al mercado bajo mejores condiciones que las de cualquier familia campesina.

El papel central del Estado en el neoliberalismo y la globalización, así como las experiencias concretas de los campesinos indígenas en Chiapas y los sin tierra en Brasil con las diversas instancias estatales, ponen al Estado en el centro de la lucha política, aunque sea mediante una estrategia de rechazo del poder del propio Estado. Si bien la estrategia hacia el Estado y los partidos políticos de estos dos movimientos es diferente, sus experiencias concretas de autonomía convergen en la importancia del control territorial y la creación de formas de autogobierno local y regional que les permiten alcanzar mayores niveles de politización de sus militantes y de identificación de éstos con las estructuras políticas creadas por el movimiento. A su vez, estos niveles de politización y de identificación producen un alto grado de cohesión política que puede ser utilizada por los movimientos en sus confrontaciones contra el Estado. El concepto de autonomía ante el mercado y el Estado no debe, entonces, ser entendido de forma absoluta, como sinónimo de autarquía o aislamiento, como lo concibe Kay (2009: 269), sino de manera relativa y variable según la coyuntura política y las experiencias de cada movimiento. "Autonomía" se refiere más a una búsqueda de un margen de maniobra y de negociación por los campesinos respecto al mercado y al Estado, tanto a nivel familiar como colectivo.

Metodológicamente, lo que esperamos haber demostrado con nuestra comparación es la importancia de un análisis comparativo que busque explicar las similitudes y las diferencias estudiando las múltiples dimensiones de estas experiencias, que van desde las transformaciones institucionales al Estado hasta la lógica de las relaciones de producción y el discurso político que emanan de ellas y las sustentan, pasando por las estrategias políticas hacia los partidos políticos y el Estado. Esperamos haber demostrado también que los conceptos que distinguen entre relaciones capitalistas y relaciones no capitalistas siguen siendo importantes para entender las estrategias de los campesinos y trabajadores rurales y no necesitan representar la realidad rural de forma dicotómica.

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NOTAS

² Es revelador que en Chiapas la distribución de tierra tras el levantamiento zapatista se hizo en un primer momento mediante la compra–venta, con créditos del gobierno garantizados por los pagos directos de Procampo, y entregada en forma de copropiedades, que fueron transformadas en propiedades sociales sólo a partir de 2006 (Reyes Ramos, 2008: 50; 2001; 1998). De la misma manera, no es sorprendente que durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994–2002) se buscó favorecer un programa de compra de tierra, en el cual esta última era transferida en forma de propiedad privada, en lugar de la forma tradicional de entrega mediante un título de concesión de uso.

³ En un artículo reciente, Villafuerte Solís modificó su posición acerca de la subordinación de la "lógica de la subsistencia" a la "lógica de la acumulación en la agricultura chiapaneca" (2005, 462). Argumenta ahora que la agricultura chiapaneca atraviesa una "crisis terminal" que se evidencia en un importante aumento de la producción para la subsistencia (Villafuerte Solís, 2005: 470–472).

⁴ Es importante resaltar que estas cifras deben ser consideradas simplemente como indicativas de una tendencia, puesto que las encuestas y los conteos poblacionales del INEGI no cubren correctamente las zonas zapatistas. Sin embargo, esta tendencia corresponde con nuestras observaciones durante nuestro estudio de campo.

⁵ Márquez Cedillo habla de la obtención de un becerro por año en una superficie de dos a tres hectáreas de pastizales (1996: 133).

⁶ Como lo han aclarado los propios zapatistas, existe un cierto grado de colaboración entre las dos instancias de poder en casos específicos, como actos delictivos.