Una aproximación sociohistórica de la pobreza en tres comunidades de México

A socio-historical Approach to Poverty in Three Communities of Mexico

Nelson Arteaga Botello*

*Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España. Investigador de El Colegio Mexiquense A. C., Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos, s/n, Cerro del Murciélago, C. P 51350, Zinacantepec, Estado de México, México. Teléfono: (01 722) 22 79 99 08, ext. 289; correo electrónico: <narteaga@cmq.edu.mx.> Líneas de investigación: desigualdad social y violencia.

Recibido: 8 de julio de 2004.
Aceptado: 18 de enero de 2005.

Resumen

El presente trabajo realiza una crítica a los indicadores que miden la pobreza, en particular aquellos que se han desarrollado y aplicado en el Estado de México, específicamente en tres comunidades del municipio de Toluca. La intención es ir más allá de la discusión sobre las variables y las técnicas de medición que se han utilizado para construir los indicadores, cuestionando la lógica interna de construcción, la cual parte de considerar a la pobreza como un estado y no como un proceso. Una crítica en este sentido involucra a las políticas públicas que se apoyan en dichos indicadores de pobreza.

Palabras clave: pobreza, indicadores, aproximación sociohistórica, políticas públicas.

Abstract

This article criticizes the indicators for measuring poverty, particularly those that have been developed and applied in the state of Mexico, specifically in three communities in the municipality of Toluca. The aim is to go beyond the discussion on the variables and measuring techniques that have been used to construct the indicators, questioning the internal logic of construction, which begins by regarding poverty as a state rather than a process. This sort of criticism involves public policies which are based on these poverty indicators.

INTRODUCCIÓN

En el Estado de México se han realizado varios estudios sobre marginación y pobreza.¹ En la gran mayoría de los casos, el punto de partida de dichos estudios es el trabajo pionero de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR, 1982, 1983) sobre las necesidades esenciales en México. Por lo general estos trabajos han permitido un diagnóstico de la situación social de la entidad, pero en pocas ocasiones han servido como insumos para el diseño de políticas públicas.² Sin embargo, hacia principios de 2001, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado de México (SEDESEM, 2002) diseñó y elaboró un índice que denominó de vulnerabilidad social para las zonas urbanas de la entidad.³ Su objetivo era realizar un diagnóstico que pudiera establecer qué zonas urbanas requerían de una atención particular en materia de política social. El análisis fue llevado a cabo tomando como nivel de estudio las más de 2000 áreas geoestadísticas básicas en las que se divide la entidad, en lugar la entidad, en lugar de tomar el nivel de agregación municipal como criterio de partida.

La propuesta de medición arrojó un total de 3 385 079 habitantes del Estado de México en condiciones de alta y muy alta vulnerabilidad, lo que representa poco más de 26% del total de su población (SEDESEM, 2002). Los municipios donde se concentran estos sectores se localizan sobre todo en 16 municipios.⁴ Con el propósito de regionalizar y establecer políticas de atención a la vulnerabilidad, el gobierno del Estado de México agrupó estos municipios en cinco regiones denominadas de atención prioritaria.⁵ Dichas regiones han sido objeto de una orientación de recursos en el último año y se piensa continuar esta estrategia hasta que finalice el ejercicio administrativo del actual gobierno en 2005. Los avances en la inversión se evalúan en el Comité Sectorial de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza e incluso, de manera reciente, el gobierno estatal ha publicado en su gaceta el estatuto jurídico de estas regiones que les permite ser objeto de inversión frente a otras áreas urbanas en la entidad.⁶

A la par de este indicador, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2002) publicó en el mismo año un índice de marginación urbana con el objetivo de establecer un diagnóstico de las conurbaciones del conjunto del país. Los resultados que arroja para el Estado de México resultan muy similares a los que obtuvo el índice de vulnerabilidad que calculó la SEDESEM. Dichos resultados permiten al gobierno del Estado de México reafirmar sus políticas en las zonas de atención prioritaria y proseguir con su estrategia de combate a la vulnerabilidad, basada en políticas sectoriales conjuntas. Dichas acciones se agrupan a partir de la atención a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y los grupos vulnerables (niños, mujeres y adultos mayores).⁷ Sin embargo, si bien es cierto que esto ha permitido al gobierno estatal orientar recursos hacia las zonas llamadas vulnerables de la entidad, su diseño posee una serie de presupuestos que es necesario aclarar con el fin de establecer cuál será su alcance en términos de beneficios reales para la población objetivo.

En primer lugar, algunas de las regiones ya han sido objeto de atención de las políticas sociales en los últimos diez años, con resultados cuestionables, incluso por los propios datos oficiales de la SEDESEM y el CONAPO al publicar sus indicadores. En segundo lugar, los indicadores construidos no permiten observar la trayectoria que ha conformado la marginación o la vulnerabilidad de dichas regiones; señalan más bien un punto de carencias preciso y quizás su intensidad, pero no nos dicen qué fue lo que hizo posible que llegaran a esa situación. En tercer lugar, los indicadores están basados en la idea, cuestionable por supuesto, de que una vez subsanadas las carencias el problema de la marginación y la vulnerabilidad se terminan, como si éstas se inscribieran fuera del conjunto de las relaciones sociales constituidas históricamente.

De esta forma, consideramos que las estrategias tendientes a "combatir" estas figuras contemporáneas de la pobreza, sustentadas en el análisis y construcción de indicadores, por sí mismas no permiten comprender su dinámica en la medida en que la analizan en su figura de marginación o vulnerabilidad como hechos fuera de toda perspectiva histórica y no explican las condiciones mismas de producción de esos escenarios.⁸ En este sentido, el análisis que se realizará parte de una estrategia metodológica sustentada en una perspectiva que va más allá de considerar la pobreza como un Estado, el cual puede subsanarse en sí mismo. Se propone, por el contrario, una mirada de la misma como el resultado de procesos sociohistóricos que permitan dilucidar a partir de qué parámetros básicos se ha producido en las comunidades de estudio y en función de qué situaciones de partida se ha llegado al Estado actual de pobreza. Las políticas sociales también serán examinadas bajo este mismo parámetro analítico, en vista de que su diseño y aplicación responden a una particular perspectiva sobre el contexto particular del desarrollo económico y su vinculación con las causas y las posibles soluciones a la pobreza.

Para desarrollar nuestro argumento se han seleccionado tres comunidades del municipio de Toluca, Estado de México: San Pedro Totoltepec, Santa María Totoltepec y San Mateo Otzacatipan. El objetivo es mostrar, a partir del análisis a escala microrregional, que la dinámica de la vulnerabilidad y la marginación social —como le llaman la SEDESEM y el CONAPO respectivamente— en la zona de estudio, no se comprenden sin rastrear en los procesos históricos que le han dado lugar, y que se refieren en este caso al proceso de industrialización establecido en la región, el cual se constituyó a partir de un criterio de exclusión de las poblaciones asentadas en las comunidades de estudio como mano de obra; además, dicha industrialización se basó también en una política de expropiación continua de las comunidades ejidales por la presión de la política económica, inmobiliaria y comercial impulsada por el mismo gobierno estatal. Se han escogido las tres comunidades señaladas anteriormente porque se localizan en una de las regiones de atención prioritaria determinadas por la SEDESEM. De igual forma, el CONAPO considera a Toluca como la ciudad media con el mayor número de población marginada —sólo después de la ciudad de Acapulco—, y en su interior son nuevamente las comunidades de San Pedro Totoltepec, Santa María Totoltepec y San Mateo Otzacatipan las que presentan las más graves carencias sociales.⁹

A manera de ilustración de esta situación en las comunidades antes mencionadas —ya transformadas en colonias de la conurbación de Toluca¹⁰—, se puede mencionar que presentan tasas de analfabetismo que superan el promedio estatal (que es de 6%), alcanzando en algunos puntos hasta 20% de analfabetos.¹¹ En aspectos como el número de personas de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, la cifra alcanza 14%, cuando el promedio estatal es de 6%, mientras que en las personas mayores de 15 años sin primaria completa es poco más del doble que a nivel estatal (13%). Incluso, el promedio de hogares con jefatura femenina llega a 21%, cuando en el plano estatal sólo alcanza 18%. Lo más preocupante es, sin embargo, el aspecto de las condiciones de vida de estas poblaciones en cuanto a infraestructura urbana, ya que en algunas zonas de estas colonias existen nueve de cada diez casas sin agua entubada, ocho de cada diez sin drenaje y hasta cuatro de cada diez con techos de materiales no duraderos, proporciones muy superiores a los promedios estatales en cada uno de estos rubros. Estas condiciones de precariedad se ven reforzadas cuando se puede observar que hasta ocho de cada diez personas no cuentan con servicios de salud.¹²

No obstante en este trabajo se pretende establecer, al sustentarse en una perspectiva sociohistórica —más que en una descripción pormenorizada de la zona de estudio—, un corte de análisis temporal que abarca los últimos cincuenta años del siglo XX, el cual puede subdividirse en dos etapas: una que va de 1950 a 1980 y que engloba la expansión y el crecimiento del proceso de industrialización, y otra que comienza a partir de mediados de los años ochenta hasta nuestros días y que se caracteriza por la desindustrialización y el impacto de la globalización en la economía local. Como se tratará de demostrar, son estos procesos los que explican las condiciones actuales de pobreza de las comunidades analizadas.

El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se desarrolla brevemente una perspectiva teórica que enmarca la discusión que se plantea en el documento. Posteriormente se analiza el modelo de industrialización y los efectos que ha producido en las comunidades de estudio. Enseguida se examinan las causas de la crisis industrial y sus efectos en el área de investigación. En una cuarta parte se analizan las políticas sociales desarrolladas a principios del presente siglo a partir de la construcción del índice de vulnerabilidad realizado por la SEDESEM. Finalmente se plantean algunas reflexiones generales que apuntan a vislumbrar el futuro de las políticas sociales en la región, tomando como contexto las relaciones sociohistóricas que la conforman. Todo esto con el fin de subrayar la necesidad de diseñar y aplicar las políticas de desarrollo social en un eje más dinámico.

LA POBREZA COMO PROCESO: ALGUNAS DEFINICIONES BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS

Como primer paso para abordar el problema de la pobreza convendría percibir este fenómeno como algo más que un retrato de las condiciones de vida de una población, la cuantificación de sus necesidades básicas y la construcción de indicadores. Estos mecanismos de medición quedarían insertos en la esfera del diagnóstico —algo importante sin duda, pero insuficiente—, debido a que son más bien la huella de un recorrido de relaciones sociales en un tiempo histórico determinado. La pobreza no es un fenómeno reciente, sin embargo, tampoco remite siempre a los mismos referentes. No es lo mismo el pobre de mediados y finales del siglo XX que el pobre de la década de los noventa, o aquel que resiente aún los efectos de las políticas de ajuste de la década de los ochenta. Pero todos tienen algo en común: ocupan una posición homóloga en la estructura social. Y no sólo eso, también comparten el hecho de que los procesos que generan su situación son igualmente comparables; en otras palabras, homólogos en su dinámica y diferentes en su manifestación.

Estos dos puntos de partida implican que recurrir a la historia para comprender el presente no es partir de un análisis histórico tradicional, donde es posible observar cierta linealidad de los fenómenos sociales que asegura su continuidad. En todo caso esos dos puntos se refieren a un mismo campo de problematización. Como sugiere Castel (1995a), esto significa preguntarse cómo los problemas del presente pueden ser localizados en el pasado, sugiriendo las características comunes de su génesis. Es por ello que todo campo de problematización impone el regreso a la propia historia de esos cuestionamientos a fin de construir la historia del presente. Esto no implica reescribir o revisar la historia, sino más bien releerla; es decir, construir otro discurso que tiene a la vez su propia coherencia a partir de una base sociológica, lo que es posible a través de los datos históricos (Castel, 1995b). Este tipo de propuesta, no sólo metodológica sino teórica, puede ser denominada genealógica (Varela y Álvarez-Uria, 1997), y forma parte de las reflexiones centrales de los pensadores clásicos de la sociología, aunque paradójicamente sea uno de sus puntos más olvidados.¹³

A partir de esta perspectiva, la pobreza quedaría enmarcada como un campo de problematización que, para los objetivos de este trabajo, queda delimitado en un espacio físico (tres comunidades del valle de Toluca), y en un espacio temporal (los últimos cincuenta años del siglo XX). Un campo de problematización a partir del cual surge la pregunta acerca de la situación histórica de aquellos que habitan la zona de estudio, y que llama la atención sobre un grupo social en particular —los pobres—, que si bien no es el mismo en el transcurso del tiempo, ocupa una posición homóloga en la estructura social. Para desentrañar este mecanismo que hace que ciertos grupos en las comunidades en estudio ocupen posiciones homólogas en el tiempo y sean, por tanto, objeto de atención pública, es necesario analizar los procesos de industrialización, crisis industrial y globalización que, en gran medida, son comparables en la dinámica que generan, aunque evidentemente diferentes en su manifestación como momentos particulares del desarrollo económico de la región analizada.

LA INDUSTRIALIZACIÓN NO INCLUYENTE¹⁴

Durante este periodo de crecimiento, la pobreza era considerada como un mal que vendría a subsanarse con la expansión industrial. Los llamados de las instancias públicas se hacían en el sentido de fomentar la industrialización como una forma de combatir la pobreza y "fomentar el progreso de sus habitantes".¹⁵ El entonces gobernador de la entidad, Salvador Sánchez Colín, señalaba que el principal objetivo del gobierno en el valle de Toluca era fomentar la producción industrial a fin de "garantizar el trabajo en abundancia, seguro y remunerativo",¹⁶ aunque las denuncias de explotación y abuso en la época muestran otra situación.¹⁷

Sin duda una de las principales zonas donde se instaló el proyecto industrializador del valle de Toluca lo conforman las poblaciones de San Pedro Totoltepec, Santa María Totoltepec y San Mateo Otzacatipan, pertenecientes al municipio de Toluca.¹⁸ Sin embargo, pocos de sus habitantes fueron beneficiarios directos de los empleos que se generaron. Un censo realizado a finales de la década de los setenta mostraba una baja proporción (menos de un tercio) de su población adulta trabajando como obreros en la zona industrial. La mayoría de ellos permanecía vinculada a las actividades agrícolas y a la industria de la construcción, las cuales representaban el espacio laboral al que se insertaban de manera especial los hombres; las mujeres, por su parte, se trasladan a la capital de la entidad y a la zona metropolitana del valle de México a desempeñar labores de servicio doméstico (Groupe de Recherche sur l'Amérique Latine, 1978).

El que pocos habitantes de la zona de estudio abandonaran sus actividades agrícolas para insertarse en las del mundo obrero radica en el hecho significativo de que las empresas que se instalaban en Toluca se encontraban localizadas, por lo general, en la zona metropolitana del valle de México; al trasladarse a Toluca, los empleados regularmente se movían con la empresa, ya sea a radicar plenamente o durante la semana laboral.¹⁹ En este sentido no resulta sorprendente que los beneficios supuestamente esperados de la industrialización se vieran obstruidos por este proceso de migración en bloque de obreros y fábricas del valle de México al valle de Toluca.²⁰ Por ello, lo que vivió la ciudad durante este periodo fue más bien un primer proceso de expansión urbana que significó un incremento en las necesidades de infraestructura básica, el cual fue paliado por una serie de importantes obras en materia de agua, drenaje y alumbrado público.

Mientras tanto, las comunidades excluidas materialmente del desarrollo industrial comenzaron a ser visualizadas como espacios que debían ser apoyados con infraestructura de todo tipo. Fueron consideradas como poblaciones pobres fundamentalmente por su vinculación con las actividades agrícolas. Desde la perspectiva oficial se creyó conveniente insertarlas en la dinámica de la modernización y el desarrollo a partir de la construcción de infraestructura caminera, hidráulica, eléctrica y agrícola, sobre todo durante la década de los cincuenta. El objetivo era comunicar a las poblaciones de la zona con el polo de desarrollo económico que representaban las fábricas pero, de igual forma, hacer posible que las mercancías que se producían en esas zonas llegaran más fácilmente a los mercados de Toluca. Diez años después estas poblaciones mantenían su misma posición desfavorable en la estructura social, por lo que los gobiernos trataron de orientar sus acciones al interior de las comunidades, planificando y ordenando su crecimiento (trazo y aplanamiento de calles, fundamentalmente).²¹

Sin embargo, a mediados de la década de los sesenta y durante los años setenta, dichas comunidades serían expropiadas de sus terrenos con miras a mantener la expansión de la industrialización.²² Algunos ejidatarios de estas comunidades pidieron a cambio que fueran ampliados sus terrenos explicando que "existen tierras cercanas a su lugar de origen que no son trabajadas" (El Sol de Toluca, 21/02/69).²³ Estas demandas pueden ser leídas también —de acuerdo con las crónicas de la época (El Sol de Toluca, 21/02/72, 27/09/72)— como un mecanismo de defensa de las comunidades frente a la invasión de sus parcelas por parte de fraccionadores e invasiones. De esta forma, la industrialización no sólo no trajo consigo empleo para las comunidades en estudio, sino que además provocó la pérdida lenta pero inevitable de la tierra, ya sea por la expropiación por parte del gobierno para instalar nuevas fábricas o por la invasión de tierras por parte de colonos y la propia venta ilegal que hacían los ejidatarios a particulares.²⁴

En esta primera etapa de expansión industrial, resulta paradójico el hecho de que la pobreza no aparece como un tema central de las políticas gubernamentales, a las que preocupa más cómo garantizar la expansión de la industria. Se creía que los grupos pobres estaban en esta situación por su vínculo con la actividad agrícola, por lo que las autoridades se preocuparon por fortalecer el desarrollo de espacios fabriles y por dotar a las comunidades de las condiciones de vida vinculadas a la infraestructura urbana. Los problemas de regulación y planificación adquirieron una preponderancia singular en las políticas públicas, como se ha visto, sobre todo en la década de los sesenta. De esta forma las comunidades en estudio no representaban un problema social mayor para las autoridades en tanto el crecimiento económico persistiera. No eran, como hoy en día, objeto de preocupación de las políticas de combate a la pobreza.

Las comunidades generaron otro tipo de preocupación para las autoridades porque se localizaban en los espacios que, para ellos, garantizaban el propio crecimiento de la industria: la tierra. Por ello, las expropiaciones que se llevaron a cabo desde los años sesenta buscaban garantizar el crecimiento de la planta industrial. La visión de que el crecimiento de dicha planta era inagotable se vendría abajo en los siguientes años, durante la década de los ochenta. La crisis económica traería consigo la contracción del crecimiento industrial. Las comunidades que antes estaban fuera del proyecto de industrialización vieron cómo sus tierras eran absorbidas de forma paulatina, pero intensa, por la mancha urbana y las fraccionadoras. A principios de los años noventa, una tercera oleada contra la tierra se manifestaría a través de la necesidad de desarrollar la construcción del aeropuerto internacional de Toluca. De esta manera, las expropiaciones dotaron de un nuevo rostro a las comunidades analizadas a partir de los años sesenta: despojadas de sus tierras, sin conexiones con la industria, se convertirían en la base de la economía informal que dejó como herencia la crisis económica de la década posterior, además de la preocupación por la pobreza en esa zona en los años noventa.

CRISIS INDUSTRIAL, METROPOLIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTRA LA POBREZA

Además de este proceso de crisis económica, la ciudad comienza a vivir su conurbación y metropolización con los municipios aledaños en la década de los ochenta (Sandoval, 1993; Sierra, 1994; Sobrino, 1995; Arias, 1997; Arias, 1989; Castillo, 1993; Soubie, 1993; Serrano, 1993). Se manifiesta, entonces, una serie de problemas vinculados con este tipo de desarrollo, sobre todo en el transporte (Sánchez, 1997), la administración pública (Villar, 1998; Mota, 1998a, 1998b), la fractura del mundo rural (Ramírez, 1996), la distribución de la población y el ordenamiento urbano territorial (Cárdenas y Chacón, 1998; Cadena y Peña, 1998; Estenoz, 1998; Serrano y Hernández, 1998a), al igual que en la dotación y administración de los servicios públicos (Chacón, 1998; Alvarado, 1998). Estos problemas, sin duda, hacen mucho más compleja la dinámica social de las comunidades analizadas. Si a los procesos de metropolización, que traen también consigo el problema de la presión inmobiliaria, se les suma la política de expropiación alentada por el gobierno estatal —tanto en los años setenta como en los ochenta—, resulta evidente que las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades estudiadas hayan vivido un proceso de precarización significativo.

Este momento a escala local coincide en el ámbito nacional con la preocupación por el tema de la pobreza por parte de las autoridades federales, en particular a raíz del lanzamiento del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). En el municipio de Toluca se estableció pronto en San Pedro Totoltepec, en Santa María Totoltepec y en San Mateo Otzacatipan, porque en estas comunidades confluían —como fue la nota de este programa— un segmento de población en condiciones de pobreza y una alta rentabilidad política. El consejo consultivo del Pronasol definía en ese entonces a la pobreza como el Estado en que las personas no pueden satisfacer las necesidades que les podrían dar un bienestar mínimo; establecía, además, la presencia de un grupo de la sociedad mexicana que se encontraba en "pobreza extrema", porque no satisfacía ni siquiera 60% de las necesidades mínimas de bienestar. En las comunidades en estudio se instalaron comités de solidaridad que tenían como objetivo aliviar las situaciones de pobreza y pobreza extrema, a partir de incentivar la participación social de los interesados —los pobres— en la solución de sus propios problemas, colaborando con trabajo voluntario, con materiales e incluso con dinero, en la construcción de pequeñas fábricas comunitarias, caminos, calles, infraestructura para agua y drenaje. Además, el Pronasol instaló en las comunidades distribuidores de leche y tortilla. Sin embargo, las acciones de dicho programa no hicieron más que combatir los efectos visibles de la pobreza, dejando intactos los mecanismos que la producían. Al Pronasol le siguió el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa); sin embargo, como este programa se orientó fundamentalmente a los espacios con una amplia base rural, dejando fuera a los espacios urbanos con pobreza extrema (Boltvinik y Cortés, 2000), las comunidades de San Pedro Totoltepec, Santa María Totoltepec y San Mateo Otzacatipan quedaron excluidas de sus beneficios.

VULNERABLES Y MARGINADOS A FIN DE SIGLO

A partir del año 2001 el gobierno del Estado de México, a través de la SEDESEM, diseñó y construyó lo que llamó un índice de vulnerabilidad social. Para la SEDESEM, la vulnerabilidad social se puede entender como la suma de procesos vinculados a la pobreza, la marginación y la exclusión social. Desde la perspectiva de esta secretaría, el primero de estos procesos se refiere

a los grupos que son vulnerables por su baja capacidad de ingreso que les impide tener el acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna; el proceso de marginación, por su parte, refiere a la dinámica mediante la cual ciertos grupos sociales se encuentran ligados débilmente a los servicios públicos urbanos y rurales —transporte, agua, drenaje, energía eléctrica—, finalmente, la exclusión hace referencia a los grupos que se encuentran inmersos en una dinámica que los deja fuera, de manera intermitente o permanente, de la escuela, el empleo y la protección social, debido a su condición de género, edad, etnicidad y discapacidad (SEDESEM, 2002: 3).

Como se señaló en la introducción de este trabajo, el objetivo del indicador era establecer las condiciones de "fragilidad" de ciertos grupos sociales a partir de lo que el gobierno estatal denominó las dinámicas de la pobreza, la exclusión y la marginación.²⁷ Los resultados que se obtuvieron, a través de un análisis de componentes principales, permitieron la definición de zonas denominadas de muy alta y alta vulnerabilidad, las cuales fueron agrupadas en cinco regiones de atención prioritaria.²⁸ En ellas se estableció una política de orientación de recursos, los cuales han fluido por primera vez a partir de 2003 y no se interrumpirán en 2004. Dichos recursos se han mantenido en vista de que el propio CONAPO ha coincidido con las cifras sobre vulnerabilidad que ha dado a conocer la SEDESEM. Sin embargo, el CONAPO definió a su indicador como de marginación, entendiendo por este término "las carencias y privaciones que padece una población" (CONAPO, 2002: 12). El nivel de análisis es también el área geoestadística básica, aunque su universo es el conjunto de estas unidades en todo el país. A diferencia del indicador de la SEDESEM, que considera tres dimensiones analíticas (pobreza, exclusión y marginación), el CONAPO considera cinco: acceso a la salud; acceso a la educación; acceso a una vivienda digna y decorosa; la percepción de ingresos monetarios suficientes, y las desigualdades de género.²⁹

Tanto la construcción de este índice como el de vulnerabilidad permitieron un diagnóstico muy similar de las condiciones de vida de la población de la entidad, en la medida en que las zonas consideradas como pobres son prácticamente las mismas en uno y otro indicador cuando se les asocia a su referente cartográfico. Un diagnóstico que, no cabe duda, es necesario porque ambos indicadores han hecho posible la orientación de importantes recursos a las poblaciones que antes estaban fuera de la perspectiva gubernamental. En las reuniones que realiza de manera trimestral el Subcomité de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza del gobierno del Estado de México, se evalúa la inversión que se realiza sobre la base de una meta que se especifica al principio del ejercicio presupuestario de cada una de las secretarías y áreas involucradas en la atención de las regiones de atención prioritaria. El problema es que las reuniones devienen por lo regular en un mero foro de información donde lo más importante es cumplir con la meta de inversión;³⁰ de esta forma no existe ninguna preocupación por el sentido de la inversión realizada y prevalece una perspectiva meramente economicista que presupone que la inversión económica trae por sí misma la reversión de las condiciones sociales desfavorables.

Más aún, la descontextualización del problema de la pobreza de sus causales estructurales ha llevado a la preeminencia de una perspectiva territorial que se basa en la creencia, sumamente difundida, de que dicho problema puede reducirse a una cuestión de desarrollo urbano. Cierto es que estas políticas ayudan a mejorar las condiciones de vida, pero su puesta en marcha puede estar constantemente limitada por procesos más globales; por tanto, conviene distinguir entre políticas territoriales y políticas territorializadas. En un sentido amplio, toda política es territorializada en la medida en que se aplica en un espacio determinado; una política territorial, por el contrario, pretende movilizar recursos locales para solucionar una serie problemas como la marginación o la exclusión (Castel, 1995a). Sobre este aspecto, la perspectiva dominante considera que los pobres viven en esa condición por estar inmersos en una dinámica que les impide hacerse de los instrumentos sociales y económicos para acceder a ciertos bienes y servicios. Esto es verdad hasta cierto punto, pero jamás se hacen los cuestionamientos pertinentes sobre los propios procesos que hacen imposible acceder a dichos instrumentos. Transferir la pregunta en ese sentido implica más bien analizar las condiciones estructurales que han generado una relación desfavorable de acceso a los grupos e individuos en la sociedad.

PERSPECTIVAS FUTURAS EN LA ZONA: A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL

En la zona de estudio las comunidades han sido clasificadas como pobres tomando como punto de arranque la construcción de un indicador; a partir de ahí se ha definido una serie de acciones en materia de política social. Las evaluaciones que se realizan periódicamente apuntan a dar seguimiento a los compromisos de inversión que se han establecido de antemano al comenzar el ejercicio presupuestal de 2003, y todo parecía indicar que se mantendría durante 2004. Sin embargo, desde la perspectiva gubernamental, el análisis de los procesos que ellos denominan de vulnerabilidad o marginación simplemente no existe, lo cual hace posible que se sigan reproduciendo las dinámicas de 50 años que, paradójicamente, hunden a la población en las propias condiciones que ellos mismos quieren subsanar.

En el caso de las comunidades de San Pedro Totoltepec, Santa María Totoltepec y San Mateo Otzacatipan, dichas dinámicas giran alrededor de la expropiación de las tierras ejidales. El fin que se persigue es el mismo que hace décadas: fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, no es ya la industrialización el objetivo central: ahora tiene un mayor peso la construcción de fraccionamientos de interés social y medio, pero también consolidar el proyecto de ampliación del aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca. Éste es uno de los planes más ambiciosos del actual gobierno estatal, una vez fracasada la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco.³¹ Los efectos que traería la ampliación de un aeropuerto de este tipo ahondarían las condiciones de exclusión social de la población de las comunidades analizadas. Como han demostrado algunos estudios al respecto (Cidell y Adams, 2001; Ivy, Fisk y Malecki, 1995; Irwin y Kasarda, 1991; Barret, 1987; Tomkins, Topham y Ward, 1998), la construcción de este tipo de infraestructura de transporte en zonas urbanas trae menos beneficios de los que regularmente se piensa. No generan, de entrada, desarrollo económico y social en la región donde se construyen; no transforman las zonas pobres en ricas; por el contrario, reafirman las desigualdades del desarrollo local y regional. Además, se deprecia el uso del suelo en las zonas habitacionales circunvecinas; se desplaza hacia la zona población de bajos recursos, lo cual incrementa la urbanización precaria, por no mencionar los efectos ecológicos y de salud en la población que implica la construcción de un aeropuerto.

De nueva cuenta las políticas de desarrollo social se montan sobre dinámicas de tipo estructural, que no pueden traducirse más que en paliativos. La única forma de revertir esta tendencia radica en ampliar el diagnóstico sobre el cual se sustentan las políticas de atención a la pobreza, a partir de un análisis adecuado de las relaciones sociohistóricas de la población y del espacio por atender, centrando la mira en las dinámicas y los procesos más que en los Estados y el mero diagnóstico de carencias. De esta forma, las políticas de desarrollo social podrían sustentarse en un análisis de la realidad mucho más cercano a la dinámica de las poblaciones que piensan atender. Esto llevaría no sólo a replantear los mecanismos de diseño de las políticas públicas, ya que al plantear una visión más amplia se obliga a cuestionar la acción global que las instituciones públicas están llevando a cabo, sino a observar si éstas se encuentran a contrapelo de las intenciones que se proponen las políticas en materia de desarrollo social y "combate" a la pobreza.

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¹ Entre los trabajos más significativos están los análisis sobre marginación de Camposortega y Mejía (1987), así como el de niveles de bienestar de Rodríguez (1991, 1994).

² Aunque hay que señalar que el documento realizado por el Consejo Estatal de Población (Coespo, 2002) del Estado de México sobre marginación social, hizo posible la reorientación de los recursos del Programa Microrregiones hacia algunos municipios que, desde la perspectiva del Consejo Nacional de Población (CONAPO), no eran considerados como marginados.

³ El documento lleva por nombre Estado de México. Índice de vulnerabilidad social. Si bien la SEDESEM presentó el trabajo, en su elaboración participaron la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, el Consejo Estatal de Población del gobierno del Estado de México y el Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral del gobierno del Estado de México.

⁴ Chimalhuacán, La Paz, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Ecatepec, Tlalnepantla (zona oriente), Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Atizapán, Almoloya de Juárez, Toluca, Zincantepec, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

⁵ Región 1: Chimalhuacán y La Paz. Región 2: Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco Solidaridad. Región 3: Ecatepec y Tlalnepantla (zona oriente). Región 4: Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Atizapán. Región 5: Almoloya de Juárez, Toluca, Zincantepec, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

⁶ Gobierno del Estado de México. Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, diciembre, 2003.

⁷ Las secretarías y dependencias del gobierno estatal se organizaron a partir de seis grupos de trabajo con el fin de establecer estrategias conjuntas y atender las carencias de las regiones de atención prioritaria. Los grupos son: salud, educación, desarrollo económico y sustentable, vivienda e infraestructura, abasto y alimentación, así como asistencia a niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados.

⁸ Señala Fassin (1996) que la vulnerabilidad y la marginación pueden ser consideradas como figuras contemporáneas de la pobreza; incluye otras más: los desclasados; sin embargo este concepto se encuentra más ligado al mundo anglosajón. Una de las dificultades que enfrenta el trabajo de Fassin es el manejo de los términos exclusión, marginación y pobreza, debido a que el índice de vulnerabilidad utiliza como dimensiones analíticas de su conformación los tres términos. El índice de marginación del CONAPO, por su parte, utiliza el término marginación para referirse a las carencias y necesidades. Esto hace difícil escoger un concepto analítico que no se confunda con el de vulnerabilidad y marginación. En este sentido, y siguiendo a Fassin (1996), se utilizará "pobreza" como nuestro término analítico que permita guiar el trabajo, en la medida en que remite a elementos objetivables de localización efectiva —en el centro o en la periferia de las ciudades— de poblaciones que presentan ciertas características sociales —ingresos, desempleo—, pero que está igualmente inscrita en historias y contextos sociales particulares y diferentes. Por tanto, sólo se tomará el térrmino pobreza como una dimensión analítica del concepto de vulnerabilidad diseñado por la SEDESEM cuando se haga explícita esta situación.

⁹ Este documento forma parte del proyecto de investigación Desarrollo y desigualdad social en el valle de Toluca, que se realiza en El Colegio Mexiquense.

¹¹ Cuando se hace referencia a ciertos puntos de las colonias, se debe entender como las áreas geoestadísticas básicas que las componen y que sirven como criterio para obtener los datos que aquí se presentan.

¹² Esta información se obtuvo del XII Censo de Población y Vivienda 2000, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, y presentado en el Sistema Cartográfico de Información Censal (SCINCE) 2000.

¹³ Ciertamente, aunque "[...] el concepto nietzscheano de genealogía tiende a ser considerado en la actualidad como un concepto exclusivamente foucaultiano, en realidad, sirve para designar trabajos de otros analistas sociales y, en particular, los trabajos llevados a cabo por sociólogos clásicos tales como Marx, Weber y Durkheim. Estos científicos sociales fueron los precursores de una metodología que exige un uso determinado de la historia. Cuando hablemos de metodología no nos estamos refiriendo únicamente a técnicas de investigación social, sino también, y sobre todo, a las estrategias de objetivación de un campo social sociológicamente construido, a los presupuestos epistemológicos y teóricos necesarios para elaborar un modelo de análisis sociológico" (Varela y Álvarez-Uria, 1997: 51).

¹⁴ Una parte de la información que se utilizó para ilustrar los procesos de los que daremos cuenta, se obtuvo de fuentes hemerográficas. El objetivo de echar mano de estos recursos es rastrear desde aquí la forma en que la ciudad de Toluca y las comunidades analizadas fueron transformándose, y cómo iban participando en ello sus distintos actores sociales.

¹⁵ Palabras del alcalde de Toluca, Carlos Hank González, en la inauguración de la fábrica Celanese (El Heraldo, 26/03/55).

¹⁶ El Heraldo, 25/11/55.

¹⁷ "Amagan con huelga 300 obreros de la Industria Nacional, exigen aumento" (El Heraldo, 03/07/55). "Denuncian que una fábrica de cartón paga sueldos de hambre a las obreras" (El Heraldo, 08/05/57).

¹⁸ Es conveniente mencionar que la industrialización que vivieron estas comunidades se dio en tiempos diferentes. Específicamente comenzaron tardíamente en las décadas de los sesenta y setenta.

¹⁹ Un análisis particular de los anuncios de ocasión desde 1940, en seis periódicos de la ciudad de Toluca, muestra que el espacio dedicado a solicitar obreros para el trabajo en fábricas es escaso y en algunos momentos inexistente, hasta finales de la década de los sesenta. Incluso algunos articulistas reprochan a las industrias que abren sus puertas en la ciudad el desinterés por generar empleos a sus habitantes originarios. De igual forma, resulta significativo que la primera bolsa de trabajo que se abrió en la ciudad fuera instalada en 1967 (El Sol de Toluca, 07/01/67).

²¹ Las crónicas en la década de los sesenta dejan clara cuenta de esto. Véase El Sol de Toluca (14/01/1961, 12/03/1966 y 14/07/1968).

²² La primera expropiación apareció publicada en la década de los sesenta (véase El Heraldo, 26/03/64). Sin embargo, el gobierno del Estado de México expropió en 1960 terrenos ejidales a la comunidad de San Pedro Totoltepec con el fin de instalar la fábrica de automóviles Chrysler; San Mateo Otzacatipan presentaría también este problema, aunque la mutilación a sus tierras comienza desde 1943, debido a la construcción de una línea eléctrica a la ciudad de México desde Valle de Bravo. Santa María Totoltepec vio expropiadas sus tierras en la década de los sesenta con el fin de construir fraccionamientos; posteriormente, en 1988 sus tierras se vieron afectadas por la ampliación del aeropuerto internacional de Toluca (Carvajal, 1993; Sámano, 1991; Dorantes, Martínez y Ramírez, 1999).

²³ La dotación de tierras ejidales en las comunidades de estudio puede ser seguida en Montes de Oca (2001).

²⁴ La relación de expropiaciones ha quedado asentada en los trabajos de Carvajal (1993), Sámano (1991), así como el realizado por Dorantes, Martínez y Ramírez (1999).

²⁵ Datos propios elaborados a partir del Directorio de Parques Industriales del Estado de México 1991 y del Directorio de Parques Industriales del Estado de México 2002.

²⁶ Es importante señalar que este tipo de actividades terciarias se encuentra vinculado a empleos precarios, como lo apuntan los datos sobre derechohabientes en el municipio de Toluca, donde es posible observar un decremento constante de trabajadores con derechohabiencia desde 1995 hasta el año 2000 (Arteaga y Alfaro, 2001).

²⁷ Las variables utilizadas fueron: población de 15 años y más analfabeta; población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela; hogares con jefatura femenina; relación niño-mujer; índice de dependencia demográfica; población sin derechohabiencia a los servicios de salud; población con discapacidad; promedio de habitantes por cuarto; viviendas particulares sin agua entubada; viviendas particulares sin drenaje; viviendas con techos de materiales no duraderos; población ocupada que recibe hasta dos salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo.

²⁸ Las regiones de atención prioritaria abarcan a 85% de la población estatal que vive, según la SEDESEM (2002: 13), en condiciones de muy alta y alta vulnerabilidad.

²⁹ El indicador del CONAPO se elaboró a partir de un análisis de componentes principales. Las variables utilizadas son: población sin derechohabiencia a los servicios de salud; hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años; población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela; población de 15 años y más sin instrucción posprimaria; viviendas particulares sin drenaje; viviendas particulares sin agua entubada; viviendas con techos de materiales ligeros, naturales y precarios; viviendas sin refrigerador; viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento; población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos; mujeres entre 12 y 17 años de edad que han tenido al menos un hijo nacido vivo.

³¹ La expansión de la industria aeronáutica ha traído consigo la presión sobre los espacios de cultivo y las áreas semiurbanizadas. La movilización social ha logrado que muchos de estos proyectos se vengan abajo o se retrase su puesta en marcha. En Francia, la construcción del tercer aeropuerto de París a 125 kilómetros de esta ciudad, ha recibido una dura oposición de la comunidad campesina organizada y ha ocasionado que el proyecto vaya mucho más lento, e incluso se menciona que puede cancelarse. En Inglaterra, la construcción de lo que sería el segundo aeropuerto más grande del mundo, avanza con mucha lentitud por la movilización campesina de Rugby. Finalmente, la expansión del aeropuerto de Barajas en Madrid, España, estuvo marcada por protestas de los vecinos del área. En este sentido, los acontecimientos de San Salvador Atenco no deben verse como un caso aislado; por el contrario, reflejan la tensión en el ámbito mundial entre las necesidades de expansión de una industria global y la resistencia de las comunidades que se ven afectadas por dicha dinámica.