El asociativismo como ejercicio de gubernamentalidad: "cartoneros/as" en la metrópolis de Buenos Aires

Sebastián Carenzo* y María Inés Fernández Álvarez**

* Doctor en Antropología social por la Universidad de Buenos Aires, profesor investigador en la Sección de Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas. Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Tecnológicas (Conicet). Desde 2009 se desempeña como coordinador editorial de la revista Cuadernos de Antropología Social (ICA–UBA) y como secretario académico de la Sección de Antropología Social del mismo instituto. Es director de proyectos de investigación en la UBA y el Conicet; así como autor de artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales.

** Doctora en antropología social por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y por la Ecole deHuates Erudes en Sciencies Sociales (EHESS) París. Investigadora asistente del Consejo Nacional Científicas y Tecnológicas (Conicet). Profesora de grado y posgrado en la Facultad de Filosofia y Letras UBA y en la Universidad del Salvador.

En los últimos años, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han promovido la participación de cartoneras/os agrupados en cooperativas de trabajo en la gestión de programas de reciclado de residuos domiciliarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A partir de un estudio etnográfico sobre una cooperativa ubicada en el partido de La Matanza, analizamos las prácticas de funcionarios estatales, técnicos de ONG y dirigentes de cooperativas como parte de un ejercicio compartido de gobierno que desafía los limites entre "Estado" y "sociedad civil". El estudio revela que uno de sus principales dispositivos consistió en la formalización de las cooperativas como requisito para la obtención de recursos. Al mismo tiempo, las prácticas que despliegan los integrantes de la cooperativa evidencian el desarrollo de un "contradispositivo" que, sin poner en cuestión este ejercicio de gobierno, les permitió lidiar con estas regulaciones.

Palabras clave: cooperativas, cartoneros/as, gubernamentalidad, Área Metropolitana de Buenos Aires.

Abstract

In recent years the solid urban waste system of the metropolis of Buenos Aires has been transformed. As a part of this process, the participation of waste pickers' cooperatives in the management of recycling programs has been promoted by governmental agencies and NGO. In this article, we use ethnographic evidence from a case study located in La Matanza to illustrate how the practices of those agencies officers and cooperatives leaders can be understood as a part of a common exercise of government that challenge the borders between "state" and "civil society". This study analyzes the cooperative's formalization that allows them to obtain financial resources as the main dispositive of government. We also reconstruct the practices developed by their members in order to deal with these regulations.

Key words: cooperatives, waste pickers, governamentality, Buenos Aires metropolitan area.

INTRODUCCIÓN¹

A fines de 2004 tomamos contacto con la Cooperativa Reciclando Sueños (en adelante Recisu) localizada en el Municipio de La Matanza, uno de los distritos más pobres y densamente poblados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).² La cooperativa³ había sido impulsada por un grupo de exreferentes de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV)⁴ y nucleaba a varones desocupados que en su mayoría no contaban con experiencias previas de trabajo asociativo. En aquel momento, este colectivo se dedicaba al acopio y transformación de residuos sólidos a partir de la compra de materiales reciclables a cartoneros/as⁵ que ahí vivían y que, aunque se referían a sí mismos como cooperativa, no habían realizado los trámites correspondientes a su formalización.

Como parte de estas iniciativas, a mediados de 2005 se lanzó el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos denominado "Sin desperdicio". En este proceso, Recisu fue adoptando un rol de liderazgo no sólo respecto del fortalecimiento de la "red" sino también en la puesta en marcha del Programa. Este recorrido, estuvo signado por el establecimiento de vínculos con un amplio y heterogéneo conjunto de personas (entre las que nos incluimos) que intervenían en calidad de funcionarios estatales, técnicos y responsables de ONG nacionales e internacionales y dirigentes e integrantes de otras cooperativas. Como nos proponemos dar cuenta en este artículo, nuestro posicionamiento en este recorrido se revelaría como una fructífera instancia de registro para repensar los vínculos entre aquello que la literatura especializada sobre "economía social" y "ambientalismo" (los principales tópicos desde los que se interpela estas experiencias) se esforzaban en separar. Específicamente nos referimos a la arbitrariedad de los límites que se construyen entre Estado y sociedad civil desde estos enfoques. Como lo ponemos en evidencia en el desarrollo del trabajo, un dato saliente de nuestro trabajo de campo ha sido el frecuente tránsito de personas que pasaban del ámbito de las ONG al gubernamental, y viceversa, pero también dirigentes de cooperativas que comenzaban a desempeñar cargos tanto en organismos del Estado como en ONG. Estos datos evidenciaban la necesidad de repensar aquello que los enfoques neoinstitucionalistas en sociología y economía recuperados en esta literatura, asumían como un supuesto no problematizado: la cristalización de intereses y prácticas de estos agentes en función de su pertenencia a un "campo organizacional específico", sea éste estatal, privado o el denominado "tercer sector" representado por las organizaciones de la "sociedad civil".⁹

Siguiendo este planteamiento inicial, sostenemos que lejos de definir campos autónomos, estas prácticas pueden responder a una misma lógica que evidencia el ejercicio compartido de un "arte de gobierno" cuyo principal dispositivo consistió, en el caso que analizamos, en la formalización de las cooperativas como requisito para la obtención de recursos financieros y apoyo político. Lo que nos interesa mostrar aquí es el modo por el cual este procedimiento, más allá de su eventual expresión en una política o programa específico, enuncia un modo de gobierno que se ejerce sobre las "conductas"¹⁰ cuya finalidad es (al menos potencialmente) crear sujetos "emprendedores" y colectivos capaces de crear "autoempleo".

Con este objetivo presentamos datos de nuestro trabajo de campo correspondientes al periodo comprendido entre marzo de 2005 y diciembre de 2007. En este marco, nuestra práctica de investigación en Recisu combinó técnicas de observación y registro de las actividades cotidianas, la reconstrucción de trayectorias de vida de sus integrantes mediante la realización de entrevistas; con la planificación y coordinación de talleres semanales de reflexión colectiva. Para este artículo, nos centramos particularmente en el contexto del lanzamiento del Programa, realizado en agosto de 2005. En primer lugar, con base en la descripción de estas escenas etnográficas reconstruimos la puesta en marcha de esta iniciativa. A continuación, analizamos cómo su realización desafía la comprensión de las interacciones que ahí se producen a partir de la identificación de actores preconstruidos con lógicas y prácticas excluyentes. Luego abordamos estas prácticas en el marco de un ejercicio compartido de gubernamentalidad y el desarrollo de un contradispositivo por parte de la cooperativa. Finalmente, reflexionamos respecto de la manera en que la definición de este dispositivo y contradispositivo fue trabajada en los talleres semanales.

LA COOPERATIVA EN EL ENTRAMADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE "GESTION SOCIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"

El antecedente inmediato de Recisu se remonta al año 2000, cuando un grupo de ex militantes de una organización de trabajadores desocupados intentaron crear un sindicato de vendedores ambulantes y callejeros. Dos años después, ante el agudizamiento de la crisis social y económica, comenzaron a trabajar en la organización de la gran cantidad de personas y familias de "los barrios" que se volcaron a la recuperación de materiales reciclables. La experiencia comenzó con un galpón de acopio donde se ofrecían mejores precios para la compra de materiales en relación a otros galponeros¹¹ del barrio. Luego de un comienzo auspicioso, el grupo original se fracturó debido a tensiones entre sus integrantes. Sin embargo, al poco tiempo Amílcar y Omar¹² —los únicos que quedaron del grupo de ex militantes— reiniciaron la propuesta invitando a seis de los cartoneros que les vendían materiales diariamente. Para 2004 habían logrado cierta estabilidad e incluso comenzaban a procesar plástico y cartón con maquinaria autoconstruida. Esto les permitía obtener un mejor precio de reventa ya que en lugar de comercializar los materiales "en bruto", se entregaban procesados generando mayor valor agregado.¹³

A mediados de 2005, como parte de una comitiva de representantes de la "red", Amilcar participó del Cuarto Festival "Lixo y Ciudadanía" realizado en Belo Horizonte, Brasil. En aquel encuentro tuvo oportunidad de conocer la experiencia de "coleta selectiva" que desarrollaban "los compañeros brasileros" de la Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare) con quienes estableció un estrecho vínculo. Entusiasmado con esta experiencia, Amilcar se propuso replicar la propuesta en La Matanza a partir de la realización de un "proyecto piloto" de separación domiciliaria y recolección diferenciada de residuos a ser realizado en un barrio residencial del distrito, lo cual permitiría autoabastecerse de los materiales para reciclar. Para ello, la cooperativa recurrió a contactos que mantenía con organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin de obtener recursos y apoyo técnico para llevar adelante esta propuesta. En nuestro caso, y a partir de su demanda, colaboramos activamente en el diseño del proyecto que posteriormente fue presentado al Programa "Sin desperdicio", reorientando la labor realizada en los talleres de reflexión colectiva que desarrollábamos semanalmente en este sentido.

Como mencionamos en la introducción, este proceso se desarrollaba en un contexto caracterizado por un intenso debate público respecto de la modificación de las leyes y políticas públicas que organizaban el sistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos en el territorio provincial, en el cual el lanzamiento del Programa había sido un primer hito.¹⁴ El eje de la propuesta de este Programa giraba en torno a la construcción de plantas sociales en los sitios de disposición final de los residuos correspondientes a cada jurisdicción con fondos provenientes del Estado nacional y provincial.¹⁵ Las cooperativas estarían encargadas de gestionar estas plantas, financiándose con la comercialización del material recuperado. Para ello el Programa otorgaba líneas de "crédito blando" destinado a la adquisición de maquinarias y proveía capacitación en gestión y organización de la producción.¹⁶

Este modelo de gestión social de los residuos como lo denominaban los funcionarios encargados de su diseño y puesta en marcha se enfrentaba con un proyecto alternativo promovido dentro del mismo Ministerio por otra línea política que también impulsaba el desarrollo de tareas de reciclado, pero en este caso a partir de la puesta en marcha de plantas procesadoras dentro de los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) —bajo la denominación de "polos ecológicos"— que serían construidas y operadas por empresas de capital privado. Finalmente prevaleció el modelo de "gestión social" dando lugar a la realización de la primera etapa del Programa "Sin desperdicio", basada en la identificación y vinculación con organizaciones cartoneras que pudieran constituirse en sus contrapartes. De ahí que para los/as técnicos/as y funcionarios/as que promovían esta iniciativa, la conformación y fortalecimiento de la "red"¹⁷ representaba un elemento central para legitimar su propuesta, en tanto materializaba el apoyo a esta política de una "contraparte territorial" conformada por las "organizaciones de base" que llevarían adelante el programa en cada municipio. Como señalamos anteriormente esta tarea se articuló con el trabajo de la ONG COSPE, que facilitaba los contactos con las cooperativas y financiaba la construcción de la "red". La segunda fase consistió en el establecimiento de acuerdos entre el Programa y los municipios donde se localizaban las cooperativas. Una vez logrados los acuerdos, el Programa gestionaba financiamiento para la realización de las plantas sociales en los municipios y también el apoyo técnico y financiero para las cooperativas. Siguiendo este modelo, y a partir de la gestión de las/os funcionarias/os provinciales, casi la totalidad de las cooperativas de "la red" habían encaminado acuerdos con las autoridades municipales para la construcción de plantas sociales¹⁸

La formalización de las cooperativas era otro punto clave en el cual la posición de Recisu se diferenciaba de las cooperativas de la "red". Sus dirigentes consideraban prioritario trabajar primero en la consolidación del grupo de personas que la integraban, e inscribir formalmente la cooperativa una vez que éste estuviera "maduro". Esta posición, que obedecía a cuestiones tales como la alta rotación de personas que la integraban o la falta de experiencia en formas de trabajo asociativo, se sintetizaba en la fórmula "cooperativa genuina" en contraposición a "cooperativa en los papeles", que aparecía constantemente referenciada en el discurso de sus dirigentes.

Por último, otro aspecto que hacía a esta diferenciación estaba dado por nuestra práctica en este proceso. Aunque inicialmente nuestra labor con Recisu estuvo acotada al cumplimiento de los objetivos, plazos y financiamiento del proyecto que posibilitó nuestro acercamiento, con el correr del tiempo este vínculo se fue tornando más complejo. Por un lado, muchos/as de nosotros/as convertimos esta experiencia en el principal campo de nuestras investigaciones académicas. Al mismo tiempo, los dirigentes de Recisu nos fueron transformando en su equipo técnico, haciendo valer este vínculo "con los compañeros del Conicet" en todo tipo de reuniones y presentaciones públicas. Como mencionamos más adelante, nuestra labor incidió de manera significativa en los dos aspectos que diferenciaban el caso de Recisu del resto de las cooperativas de la "red": la elaboración del proyecto de separación en origen y recolección diferenciada y la posición alternativa frente al requerimiento de formalización de las cooperativas como vía de acceso al financiamiento para llevar a cabo su proyecto.

NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE EL ACTO Y LA TRASTIENDA DE UNA POLÍTICA

El lanzamiento del Programa "Sin desperdicio" se realizó el 26 de agosto de 2005 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contó con la presencia del entonces gobernador Felipe Solá, funcionarios de alto rango de la administración nacional y provincial, jefes comunales y una nutrida comitiva de integrantes de las organizaciones cartoneras que conformaban "la red". Amílcar nos había invitado a acompañarlos, llegamos temprano por la mañana. Al entrar al galpón lo encontramos montando unas pequeñas pancartas. "Son para el acto", aclaró en referencia a los doce carteles que llevaban la inscripción "Cooperativa Reciclando sueños" e incluían el logo de la cooperativa y una referencia al municipio en donde se localizaban. También había preparado dos carpetas con el proyecto de recolección diferenciada "por las dudas". Estos preparativos evidenciaban la significación que el acto tenía para Amílcar, en tanto consideraba que el Programa constituía "una política para incluir de verdad al cartonero", brindándoles la oportunidad para "empezar a pelear mano a mano por el negocio de la basura", en referencia a la licitación del servicio de recolección que el municipio concesiona a una empresa privada.

Un rato después abordamos el micro que nos llevaría al acto. Sobre una ventanilla que daba hacia el frente del galpón, podía verse el cartel de chapa pintado de colores que marcaba la presencia de la cooperativa en el barrio. Sobre el fondo amarillo resaltaba su logo conformado por el símbolo internacional del reciclaje atravesado por una bandera argentina. Más abajo el nombre y dirección de la cooperativa y sobre un costado la leyenda: "matrícula en trámite". El cartel contrastaba con la explicación que nos había dado Omar en una de nuestras primeras visitas, cuando contó que en realidad para avanzar con los "papeles de cooperativa" preferían esperar a que "la cosa esté más encaminada", y que mientras eso ocurría habían puesto esa leyenda en el cartel de la entrada "para que no nos molesten los vecinos [...] porque ¿viste?, en definitiva esto para ellos es un depósito de basura, ¿te das cuenta?".

El Salón Dorado estaba repleto de gente parada, desbordando el centenar de sillas que habían dispuesto frente al escenario. Las vestimentas, gestos corporales y la presencia de niños evidenciaban un marcado contraste entre invitados (cartoneros/as) y dueños de casa (funcionarios/as, personal técnico y administrativo). Los primeros, sigilosos, amuchados en grandes grupos, incómodos; los segundos, locuaces, nerviosos, y blandiendo frecuentemente sus teléfonos celulares. Pero también podía establecerse otra diferenciación cuya inestable frontera se erguía por sobre las cabezas que poblaban circunstancialmente el lujoso salón: los carteles con la inscripción "Cooperativa Reciclando sueños" eran los únicos signos de este tipo desplegados sobre aquel espacio. Todo un éxito: Amílcar había conseguido nombrar y capitalizar para la cooperativa, este nutrido y heterogéneo conjunto de "otros" que eran constantemente situados en las miradas y referidos en los discursos de las autoridades.

Un colorido folleto de difusión del Programa repartido entre los asistentes al acto, especificaba:

]]> El programa prevé fortalecer y financiar a cooperativas de traba) o de cartoneros y a la red de cooperativas, formalizando a los trabajadores del reciclado. En el marco del programa, se otorgará hasta 100 mil pesos a los municipios para financiamiento, asistencia técnica y capacitación para implementar una gestión integral de residuos sólidos urbanos y 50 mil pesos a las cooperativas para la compra e instalación de maquinaria y la contratación de tutorías y capacitación a través de organizaciones no gubernamentales.¹⁹

Luego del acto Amílcar consiguió "armar" una reunión con las funcionarias que llevaban el Programa y nos pidió que lo acompañáramos. La reunión tuvo lugar en las oficinas de la Dirección Provincial de Micro-empresas y Desarrollo Productivo Local, estando presentes Marcela y Ximena (ambas funcionarias de la Dirección, y esta última ex COSPE), Fabián, Néstor y Francesca (técnicos y representante de la ONG italiana respectivamente) y Lucas que provenía de otra de las cooperativas que conformaban la "red". Luego de comentarios generales sobre el evento, Amílcar explicitó el motivo de la reunión manifestando su preocupación frente al escaso entusiasmo del Municipio en relación con la realización del proyecto de recolección diferenciada de la cooperativa. Ximena respondió que no debía preocuparse, señalando que "el proyecto de ustedes se hace con o sin ellos [en referencia al Municipio]" y luego reforzó esto al señalar que, al igual que ellos, el funcionario municipal responsable pertenecía al "oficialismo" y que si era necesario agilizarían la orden de llevarlo a cabo "desde arriba y en forma directa". Al principio la intervención de Ximena pareció fuerte y taxativa, pero luego fue relativizando su posición al dar a entender que el problema radicaba en que tanto el Municipio como ellos esperaban que Recisu formalizara su situación como cooperativa. Frente a esto Amílcar insistió en que no querían "hacer una cooperativa de papel, sino una de verdad" e hizo referencia a los talleres que hacían con nosotras/os ("los compañeros del Conicet") para luego remarcar la importancia de llevar este trabajo "al resto de las cooperativas de la red". Lucas se hizo eco de estas palabras advirtiendo que él también hablaba desde su "experiencia como cooperativa" y si bien acordaba con la "necesidad de formación" sostenía que era prioritario formalizar la cooperativa para "destrabar el conflicto". La propuesta generó consenso en el resto de los participantes pero no logró una definición por parte de Amílcar. Luego el eje de la reunión derivó hacia temas organizativos de la "red". Al finalizar el encuentro, Ximena y Fabián se nos acercaron para enterarse sobre el tipo de "capacitaciones" que hacíamos con la cooperativa y propusieron que colaborásemos en el armado de un "proyecto para Reciclando sueños" ya que podían pedir financiamiento a la "cooperación italiana" a partir de una línea que tenía la ONG. Al despedirnos Ximena nos dijo en voz baja: "fíjense [...] ustedes pueden ayudarlos a armar la cooperativa, yo respeto mucho la opinión de Amílcar, pero también tienen que darse cuenta que eso facilitaría mucho las cosas que ya de por sí son complicadas".²⁰

Durante el regreso Amílcar nos puso al tanto de los "créditos blandos" que facilitaba el "Sin desperdicio". Podían destinarse a la adquisición de máquinas y herramientas de trabajo por un monto máximo de $50 000 (US$ 16 000) a tasa fija del 10% y un año de gracia para pagar la primera cuota, lo cual los volvía "muy convenientes". Sin embargo, como no tenían "los papeles en regla" no podían recibirlo en forma directa. Hasta el momento la estrategia había consistido en lograr "un atajo" para que el crédito pasara "en los papeles" a través del Municipio pero que el dinero fuera transferido y administrado por Recisu. Sin embargo, no se mostraba muy optimista respecto de la viabilidad del "atajo", mostrándose visiblemente molesto ante las continuas dilaciones y excusas por parte del Municipio, a las que consideraba "un manoseo".

¿DÓNDE ESTÁN LOS LÍMITES DE LA "LA COOPERATIVA"?

Una aproximación posible al análisis de las escenas presentadas, podría pensar los vínculos que ahí se reconstruyen como un reflejo de la densidad que adquiere la relación sociedad civil-Estado dentro de este campo. Así por ejemplo, podríamos analizar la puesta en escena que realiza Amílcar en el acto como una estrategia racional realizada para fortalecer la construcción de demandas del colectivo frente al Estado. O bien, en sentido inverso, podríamos estar tentados en analizar estos vínculos en términos del establecimiento de una relación clientelar cooperativa/Estado, donde la presencia marcadamente ritualizada de la primera en el acto podría significarse como contrapartida de las obligaciones contraídas en la negociación del acceso al financiamiento del Programa.

Pese a que los sentidos son divergentes ambas lecturas comparten el mismo supuesto: aquel que indica que existiría un límite definido entre lo que denominamos "sociedad civil" y "Estado", asociando a cada una de estas categorías un orden de prácticas específico y mutuamente excluyente. El vínculo entre ambos quedaría planteado entonces como un juego de suma cero, donde el avance de uno sobre otro supone la contaminación y/o pérdida de los atributos esenciales que le confieren identidad. En tal sentido "cooperativa" (sociedad civil) y "Estado" estarían representados, desde el punto de vista sociológico, como entidades con límites precisos cuyas lógicas son esencialmente distintas y se definen en oposición.

Los datos de nuestra investigación nos llevan a revisar este modo de construir "actores" en tanto objetos predefinidos y en cierto modo reificados, así como de entender sus interrelaciones. Empecemos por señalar que en las escenas de negociación del crédito del Programa, además de la "cooperativa" y el "Estado", aparece otro "actor" cuyo accionar resulta clave para comprender el modo en el cual se construye y reproduce este denso entramado relacional: la ONG COSPE. Esto nos enfrenta con un primer obstáculo relativo a su ubicación en términos del enfoque sociedad civil/Estado. La literatura dominante en este campo sitúa a las ONG en el espacio de la "sociedad civil", en tanto, al igual que sucede con las cooperativas, aquello que las define es el carácter privado de su organización, entendiendo por esto que se encuentran "formalmente separadas del Estado".²¹ En tal sentido, y a no ser que estemos de acuerdo en sostener que una ONG italiana que trabaja en 30 países del "tercer mundo", con un presupuesto millonario y una cooperativa de cartoneros/as de La Matanza se asemejan más de lo que se diferencian, debemos preguntarnos si esta "exterioridad" respecto del Estado resulta criterio suficiente para homologar a estos "actores" cuyos intereses, capitales (de todo tipo) y metodologías de acción presentaban grandes divergencias.

Pero si por una parte nuestros datos nos permitían cuestionar la homogeneidad de las organizaciones situadas en el polo "sociedad civil", por otra nos llevaban a impugnar la validez de la frontera que la definición de este criterio daba por supuesta. En este sentido, nuestros registros referían al lanzamiento de una política pública impulsada por el Estado provincial, sin embargo al mismo tiempo evidenciaban que una de las dos funcionarias responsables del diseño y puesta en marcha del Programa, se había desempeñado previamente como técnica de la ONG italiana. Pero además señalaban que en la reunión participaron activamente dos técnicos y la representante de esta organización "no gubernamental" cuya labor con cooperativas de cartoneros en el Gran Buenos Aires constituía una de sus líneas estratégicas en el país. El estrecho vínculo entre Ximena ("Sin desperdicio") y Francesca (COSPE) quedaba evidenciado además por el hecho, nada menor, de que la convocatoria a las cooperativas efectuada por parte del Programa se había montado sobre la nómina de organizaciones integrantes de "la red" dinamizada y sostenida por la ONG italiana.²² Desde otro punto vista, el sentido de construir estos "actores" a partir de su exterioridad respecto del Estado, como si fuese posible pensar que existe una frontera que define sus límites en forma apriorística, resulta nuevamente puesto en cuestión.

Estudios recientes en antropología ha contribuido a conceptualizar las dinámicas cotidianas que adoptan las formas de gobierno y las acciones estatales, problematizando las miradas sobre el Estado. En particular, retomamos aquí el trabajo de los antropólogos James Ferguson y Akhil Gupta,²³ quienes señalan que la dicotomía "sociedad civil" y "Estado" revela el supuesto —no problematizado— de la existencia de lo que denominan una topografía vertical del poder.²⁴ Esta conceptualización hunde sus raíces en la formulación hegeliana que concebía la existencia de niveles en los cuales la sociedad civil se interponía entre la "familia patriarcal" y el Estado en tanto representación de los intereses de orden privado y público respectivamente. Así, este espacio relacional se concibe con el "Estado" en la cúspide, la "familia" en la base y diversas instituciones "civiles" operando en el medio. Los autores advierten que en el contexto de las reformas de Estado de las décadas de 1980 y 1990 puestas en práctica a partir de las políticas de "ajuste estructural", este enfoque se volvió dominante en tanto reacción al paradigma precedente que consideraba al Estado como impulsor del desarrollo y garante de la "construcción de la Nación". En este nuevo marco pasó a ser conceptualizado como una entidad sobredimensionada, burocrática y corrupta que entorpecía y obstaculizaba la dinámica de la sociedad civil que se manifestaba en el espacio local como garantía de la pluralidad política (democracia) y del crecimiento económico (desarrollo local). Los denominados enfoques de la "gobernanza", que se generalizaron durante ese periodo, resultan representativos de este modo de concebir al Estado frente a la sociedad civil, en el que se destaca la potencialidad que tendrían las instituciones englobadas en esta última categoría para presionar "desde abajo", poniendo freno a la acción monolítica y avasallante del Estado.

DISPOSITIVOS Y CONTRADISPOSITIVOS EN EL EJERCICIO DE LA GUBERNAMENTABILIDAD

La presentación del Programa "Sin desperdicio" que describimos en la primera parte del artículo se inscribía como un evento destacado dentro de un proceso de producción de reglas destinadas a estructurar el circuito productivo del reciclado, específicamente el ordenamiento de las prácticas de las/os cartoneras/os que se habían gestado en una matriz dominada por prácticas consideradas no sólo "informales" sino incluso "ilegales".²⁷ Tal como expresaba el texto del folleto distribuido en el evento, sus acciones estaban dirigidas a "formalizar a los trabajadores del reciclado". La frase presentaba una significación especial para las/os cartoneras/os, no tanto por el objetivo de formalizar sus prácticas, sino principalmente porque su construcción en tanto sujetos de la política pública implicaba el reconocimiento como "trabajadores", respondiendo a las demandas que estas organizaciones planteaban en el marco de las discusiones de la "red".²⁸

Pero además el Programa instruía un modo específico en el cual esta población debía transitar el pasaje a la formalidad/legalidad: para constituirse en "trabajadores/as del reciclado" era necesaria su organización en cooperativas.²⁹ Esta regla especificaba una forma particular de relación Estado-sociedad civil, a partir de la cual las acciones estatales se diferenciaban de las políticas sociales de la década de 1990. El programa no atendía "beneficiarios" en tanto personas individuales, sino que estaba dirigido al "fortalecimiento de cooperativas", reforzando de este modo la orientación "productivista" que el gobierno buscaba imprimir a la política social en esta etapa,³⁰ pero al mismo tiempo reproducía la lógica del empoderamiento de la "sociedad civil" a partir del fortalecimiento de dinámicas organizativas a nivel "local".

La marcada ritualización (carteles y carpetas) desde la cual Amílcar había proyectado la participación de la cooperativa en el evento, respondía a su amplia experiencia como militante para identificar (y operar sobre) el objetivo tácito del encuentro:³¹ expresar la "voluntad política" de avanzar con estas medidas, no sólo por parte de los funcionarios de gobierno sino también por parte de las organizaciones enraizadas en la sociedad civil. Y ahí estaban los integrantes de Recisu identificando claramente la presencia y apoyo de su cooperativa, un hecho destacado posteriormente en todas las crónicas de los medios, tanto oficiales como no oficiales, que cubrieron el evento. Sin embargo, el detalle que pasó inadvertido para los medios y la mayoría de los presentes en el evento —a excepción de unos pocos funcionarios del Programa y de la ONG italiana— era que la única cooperativa que había marcado ahí su presencia en realidad no tenía existencia jurídica como tal. Este hecho expresaba la importancia de apropiarse de la categoría cooperativa para quienes estaban al frente de esta experiencia, en tanto representaban un requerimiento para construir y reproducir los vínculos con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales cuyo apoyo resultaba clave para lograr su proyecto de recolección diferenciada en el municipio.

Por una parte, esta apropiación implicaba reconocer y legitimar el requisito establecido por la autoridad regulatoria del circuito del reciclado, es decir "formalizar" la cooperativa. Pero al mismo tiempo nos recuerda que la definición del objeto de una política social es el resultado de una distinción arbitraria que tiende a su fetichización. Y en tal sentido puede, al mismo tiempo, ser resistida por aquellos a quienes está dirigida. En el caso de las políticas desarrolladas en el campo de la "economía social", la categoría cooperativa constituye quizá uno de los ejemplos más relevantes.³² En este sentido, la puesta en acto que realiza Recisu de su condición de cooperativa resultaba una versión parodiada de este requisito: los carteles sobresaltaban la presencia en el acto de una cooperativa que no había sido formalizada aún como tal ni tampoco estaba encaminada en este sentido. Sin embargo, a los efectos prácticos de sostener la puesta en marcha de esta política, ni el Estado ni las ONG ni los medios dejaron de reconocer el rol central que tenía en la realización del Programa.

Como quedó expuesto en la reunión posterior, aquello que se había escenificado en el acto era una disputa simbólica por la legitimidad de un determinado orden de prácticas relacionadas con el proceso de producción de sujetos en las políticas públicas sobre el reciclado. Por una parte, la vía legal-formal que implicaba la constitución inmediata de la cooperativa en tanto sujeto jurídicamente reconocido y que era promovida tanto por los funcionarios del Programa, como de la ONG italiana e incluso por Lucas, el representante de otra cooperativa que ya había recorrido ese proceso. Por otra, la vía (i)legal-informal que defendía Amílcar en la reunión y que sostenía la importancia de consolidar los vínculos intragrupales antes de formalizarse. De ahí el sentido profundo que cobraba la representación parodiada de la existencia de Recisu como cooperativa en el contexto del acto. Esta representación demostraba que una organización muy involucrada en la puesta en marcha de "la política" que tenía peso a nivel productivo y que en definitiva había logrado leer el significado de su presencia en el acto (haciendo evidente su apoyo frente al propio gobernador de la provincia); era al mismo tiempo aquella que se resistía a abandonar un estatus formalmente ambiguo en tanto al mismo tiempo que en términos concretos y públicamente se definían y presentaban como cooperativa, dilataban su inscripción en organismos estatales que, matrícula mediante, otorgaran el reconocimiento jurídico como tal.

Esta disputa evidenciaba la resistencia de este grupo a aceptar convertirse en un objeto fetichizado de la política social, en tanto la legitimidad de su experiencia radicaba principalmente en el "respeto" que generaban frente a las personas que se acercaban a la cooperativa para conocer una "experiencia de laburo real", con un planteo y una visión definida acerca del "problema de la basura y el desempleo". En este sentido, eran todo lo contrario a una cooperativa "para la foto". A modo de ejemplo, en uno de los talleres desarrollado en febrero de 2007, Amílcar rememoraba una de las acciones desarrolladas por la cooperativa cuando en ocasión de la presentación oficial de la red "Reciclando valores" en la Casa de la Provincia de Buenos Aires: "[...] cargamos en el colectivo la prensa chica que teníamos porque dijimos, vamos a mostrarles a los funcionarios, a los que deciden qué es lo que hacemos [...] la idea era mostrar lo que hacíamos y para qué pedíamos la plata".

Estos ejemplos dan cuenta de la construcción de lo que aquí nos atrevemos a llamar contradispositivo, desarrollando una serie de prácticas y acciones que les permitieron lidiar con el requisito de su constitución como cooperativa y resultaron centrales para afirmar la legitimidad de la opción de Recisu respecto de no formalizarse aún como cooperativa. A nuestro entender, más que definir "contraconductas",³³ es decir, conductas en "lucha contra los procedimientos puestos en práctica para conducir a los otros",³⁴ este contradispositivo tomó la forma de un conjunto de prácticas y discursos que sin poner en cuestión el dispositivo —en este caso la formalización—, disputaba el modo de llevarlo adelante. Así, se reconocía la importancia que tenía, tanto para los funcionarios del Estado como para los técnicos de las ONG obtener la "foto" que testimoniara la existencia de las experiencias que conforman "sus contrapartes". El contradispositivo no consistía en negarse a ser registrados, ya que obviamente era sumamente importante, sino al modo y las condiciones en que esta práctica debía darse. En las "cooperativas de papel" había una metodología tácita previamente planteada: el aviso previo por parte de las organizaciones que aportaban recursos y la preparación para la "foto" por parte de las cooperativas. El contradispositivo impugnaba este procedimiento proponiendo otro que reafirmaba las bases de su legitimidad: "el trabajo real", tomando la forma del "pasen sin avisar", es decir se invitaba tanto a funcionarios del Estado como a técnicos y representantes de ONG a que se dirigieran cualquier día y sin avisar previamente a los galpones o al barrio donde se realizaba la recolección diferenciada. De esta forma se daba lugar al encuentro con la experiencia "real", es decir, a encontrarlos trabajando y en los casos en que no era así, debido a un problema con la maquinaria o el camión se aprovechaba esta oportunidad para construir la demanda de asistencia para el trabajo.

PALABRAS FINALES CON BASE EN EL EJERCICIO DE REFLEXIÓN COLECTIVA

En este artículo analizamos la "formalización" de las prácticas de los/as cartoneros/as asociadas a la puesta en marcha de políticas de "gestión integral de los residuos sólidos urbanos" como parte de un proceso más amplio de producción de reglas destinadas a organizar un orden de prácticas que se desarrolla tanto "dentro" como "fuera" de aquello que se define como "Estado". Recuperar la noción foucaultiana de gubernamentalidad nos permitió abordar las prácticas estatales y no-estatales desplegadas en la puesta en marcha del Programa "Sin desperdicio" como parte de ejercicio compartido de gobierno. Esta estrategia analítica reveló que la formalización de las cooperativas como requisito para la obtención de recursos financieros y apoyo político constituía uno de sus principales dispositivos. De este modo, una de las principales demandas de estas organizaciones (ser reconocidos como trabajadores) se conquistaba a condición de encuadrar su práctica cotidiana en un modelo de trabajo asociativo. En síntesis, este enfoque nos permitió iluminar el proceso de producción cotidiana de una política, como un ejercicio de gobierno que se desarrolla en múltiples espacios, relaciones y prácticas ubicadas tanto en el campo de "lo estatal" como fuera de él.

Al mismo tiempo, este abordaje permitió problematizar una serie de prácticas y acciones desplegadas por la cooperativa que le permitieron lidiar con el requisito de su formalización y a la vez constituirse como contraparte destacada en la realización de esta política. Lejos de poner en cuestión el dispositivo "formalización", este conjunto de prácticas a las que hemos llamado contradispositivo, permitieron construir un espacio para disputar el modo en que esta formalización era llevada adelante, estableciendo un criterio de legitimidad que en lugar de definirse en términos de la regularización de su estatus jurídico, se fundaba en su validación como "experiencia de laburo real". Más aún, este criterio anclaba a su vez en el reconocimiento de la cooperativa por su accionar respecto del "problema de la basura y el desempleo".

Como señalamos en la introducción, nuestra práctica de investigación con Recisu se basó en buena medida en el desarrollo de una dinámica de talleres destinados a promover la reflexión colectiva sobre sus prácticas. Este espacio no se correspondía con un esquema de "capacitación" tradicional en el cual un experto desarrolla contenidos predefinidos ("cooperativismo", "gestión de empresas sociales" o "comercialización"); sino que intentaba articular nuestras indagaciones "teóricas" con las demandas que las/os integrantes de Recisu traían a partir de su práctica cotidiana de trabajo. En tal sentido, uno de los mayores desafíos que enfrentamos en este proceso ha sido poner en juego los resultados de las investigaciones que desarrollábamos en el espacio de los talleres. De este modo no sólo pretendíamos alimentar, tensionar y promover un proceso de reflexión colectiva de mayor densidad y detalle; sino que además los talleres eran para nosotras/os un momento sumamente significativo de construcción de datos en el marco de una investigación etnográfica. En efecto, la participación en estos espacios nos permitió captar una dinámica colectiva que, si bien era en parte producto de nuestra presencia en el campo y en consecuencia estaba mediada por nuestra intervención, expresaba modos de procesar tensiones, establecer relaciones, tomar decisiones, pensarse y pensar a las/os otras/os. A su vez este vínculo nos facilitó el acceso —en tanto equipo técnico— a reuniones e instancias de negociación con funcionarios estatales y de ONG (tal como fue el caso de la reuniónpost acto de lanzamiento del Programa "Sin desperdicio") en las cuales nuestra participación como "observadores" hubiese sido más dificultosa y aleatoria.

Como hemos desarrollado en este artículo, fue justamente el registro y análisis de esta dinámica relacional el que nos condujo a interrogar el sentido de las dicotomías centrales desde las que se piensa este campo, específicamente aquella que opone "sociedad civil" y "Estado"; pero al mismo tiempo era esta dinámica —o los vínculos que la posibilitaban— lo que nos enfrentaba también al desafío de lograr operadonalizar esta reflexión en los talleres. En consecuencia, el problema de los límites de la cooperativa se convirtió en uno de los ejes de trabajo en los talleres, que abordamos desde diferentes dimensiones incluso en aquellas que parecían en principio menos evidentes. Así, por ejemplo, reflexionamos sobre las tareas "visibles" y "ocultas" de cada uno de las/os integrantes, evidenciando que establecer, mantener y reproducir relaciones con las múltiples organizaciones —gubernamentales y no gubernamentales— con las cuales la cooperativa entraba en contacto constituía un trabajo tan vital como la realización de los recorridos o el procesamiento del plástico. En relación con este punto, fuimos construyendo en forma conjunta cuál era la especificidad de la relación con cada una de estas organizaciones, en tanto existían diferencias evidentes en sus prácticas ya sea a nivel de los procedimientos administrativos para acceder a los recursos como de su ubicación en el mapa político del municipio, de la provincia y/o del país. Pero al mismo tiempo fuimos trabajando en una lectura paralela que pusiera en tensión la dicotomía sociedad civil/Estado, evidenciando por ejemplo que la principal demanda efectuada hacia Recisu por parte de estas organizaciones —en apariencia muy heterogéneas— respondía a una misma lógica, que ponía en evidencia este ejercicio compartido de gubernamentalidad. En particular, nos detuvimos en la "formalización" de la cooperativa como requisito para la obtención de recursos. Fue en este marco que se hizo posible ir delimitando, comprendiendo y trabajando tanto sobre este dispositivo como del contradispositivo desde el que Recisu desarrollaba sus prácticas. En los talleres este tema fue trabajado a partir de reflexionar acerca de cómo se construían determinadas imágenes de la cooperativa. Abordamos, por ejemplo, la importancia que tenía para sus contrapartes obtener "la foto" que testimoniara la existencia de Recisu para ser incluida en informes, presentaciones y sitios de internet. En este caso la reflexión no giraba en torno a la importancia de "sacarse la foto", ya que obviamente lo era, sino al modo y las condiciones en que esto debía darse. Así, la "foto" no se pactaba de antemano como sucedía con las "cooperativas de papel", sino que el acuerdo que se proponía a las contrapartes indicaba que no debían avisar antes de visitar la cooperativa, sino que se las invitaba a llegar para retratar el trabajo cotidiano y "en la calle" que realizaban.

A nuestro entender, los datos analizados en este artículo evidencian la fuerza que el trabajo etnográfico adquiere para mostrar la complejidad y ambigüedad de estos procesos que en la práctica cotidiana producen programas y políticas, más allá de lo que formalmente aparece fijado en documentos, resoluciones o leyes. Esta perspectiva nos permite analizar la producción de las políticas más allá de su elaboración formal, iluminando aquellos dispositivos que resultan menos discernibles a primera vista. Para la cooperativa este proceso (aún en curso) ha sido muy complejo y evidenció numerosas marchas y contramarchas. El hecho de lidiar con este dispositivo implicó, entre otras cosas, graves dificultades que pusieron (y ponen) en juego su continuidad. En este sentido, contornear estos dispositivos; pensar, crear y desarrollar frente a ellos contradispositivos, resulta para estas experiencias un desafío constante que debe ser recreado y nos interpela, como investigadores, a acompañarlos obligándonos a poner en tensión nuestros puntos de partida teóricos.

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NOTAS

¹ Agradecemos los comentarios de Cecilia Espinosa a una versión previa de este texto que nos permitieron ampliar el análisis sobre la idea de contradispositivo así como las contribuciones y sugerencias de las/os evaluadoras/es anónimas/os del artículo que enriquecieron las reflexiones en el trabajo.

² Este distrito se ubica en la zona oeste del AMBA, tiene una extensión de 325.71 kilómetros cuadrados y una población de 1 251 457 (INDEC, 2001). Según datos provenientes de una encuesta realizada por el Municipio en 2004, 18.6% de los hogares y 28.7% de las personas se encontraban con necesidades básicas insatisfechas (NBI).

³ Utilizamos cursivas para categorías nativas y comillas para referencias textuales.

⁴ La FTV se formó en 1998 con el objetivo de articular organizaciones dedicadas al problema de la tierra y la vivienda, como parte de la política de representación de trabajadores en el espacio productivo y barrial impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Con particular desarrollo en La Matanza, entre 2000 y 2003 fue considerada uno de los principales "movimientos piqueteros" a nivel nacional por su extensión territorial, la cantidad de personas vinculadas y el volumen de recursos administrados; véase Cecilia Cross, "Los procesos de organización colectiva y la construcción de las demandas: reflexiones a partir del estudio de una organización piquetera en el periodo 2002-2005", Revista Runa, núm. 27, 2007; y también a Virginia Manzano, "Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires", Revista Runa, núm. 28, 2008.

⁵ En el contexto de la crisis económica y social de 2001 en Argentina, esta categoría fue generalizada por los medios de comunicación masiva para designar al creciente número de personas que recolectaban residuos potencialmente reciclables (en particular cartón y papel) para su posterior venta para generar un ingreso diario. En el caso de Recisu esta categoría ha sido recuperada como criterio de autoidentificación y demanda. En otros países del continente, las personas que realizan este trabajo son conocidas como "catadores" (Brasil), "gancheros" (Paraguay), "pepenadores" (México) o "hurgadores" (Uruguay).

⁶ Este proyecto fue desarrollado por un equipo interdisciplinario de becarias/os e investigadoras/es del Centro de Estudios Laborales-Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTE) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Se inició hacia fines de 2004 con un financiamiento del Programa North-South del National Center of Competence in Research (Suiza) y su objetivo general consistía en promover la creación de redes entre emprendimientos autogestivos. Luego de la finalización de este proyecto en 2006 tomamos la decisión de no abandonar el trabajo realizado con las organizaciones, para lo cual alternamos etapas con y sin financiamiento dando lugar a un proceso aún en marcha (2010) que se ha caracterizado por el desarrollo de un trabajo de campo prologado y amplio con dos organizaciones vinculadas al tema de la gestión de residuos. Para nosotras/os esta modalidad de trabajo resultaba un aspecto clave respecto de la manera en que concebíamos nuestra práctica de investigación, no sólo en términos de la construcción de una relación de confianza con "nuestras/os interlocutoras/es", sino también en tanto sosteníamos la importancia analítica de seguir en el tiempo la trayectoria de ambas organizaciones en el intrincado proceso del diseño y puesta en marcha de políticas públicas sobre la gestión de residuos y reciclado.

⁷ El accionar de la ONG Cooperación al Desarrollo de los Países Emergentes (COSPE por sus siglas en italiano) se enmarcaba en el proyecto "Trabajo, Medio Ambiente y Economía Social", cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, cuya contraparte local era la Fundación del Sur. El objetivo general de este proyecto apuntaba a "favorecer la inclusión social y económica de grupos organizados de recicladores urbanos (cartoneros) y generar nuevas políticas de residuos sólidos urbanos que reconozcan y contemplen a los recicladores".

⁹ Pablo Forni y Lucimere Leite, "El desarrollo y legitimación de las organizaciones del tercer sector en la Argentina. Hacia la definición de un isomorfismo periférico", Sociologias, 16(8), 2006, p. 230.

¹⁰ En el curso del Collège de France del año 1977-1978, Michel Foucault se dedicó a realizar una "historia de la gubernamentalidad", entendida como una forma particular de ejercicio de poder que se desarrolla a partir del siglo XVIII cuya meta es la población y su instrumento principal los dispositivos de seguridad. Con este objetivo analiza la noción de "gobierno" afirmando que antes de asumir sentido político, siguiendo sus términos "sentido estatal", gobernar tenía una masa considerable de significaciones entre las que destaca la idea de "conducir a alguien". El eje del planteo consiste en marcar que lo que se gobierna no es un territorio, un Estado o una estructura política sino gente, hombres, individuos, colectividades. Michel Foucault, Seguridad, territorio y población, Curso en el College de France (1977 - 1978), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006.

¹¹ Esta categoría designa a los acopiadores locales que compran -generalmente a bajo precio-materiales recuperados por cartoneras/os al final de sus recorridos diarios.

¹² Los nombres propios han sido modificados.

¹³ A modo de ejemplo, en aquel momento las botellas PET sin clasificar por color y sin prensar se comercializaban a un tercio del valor que podían alcanzar si se entregaban prensadas y clasificadas.

¹⁴ A modo ilustrativo podemos mencionar que una nota editada en un periódico digital de amplia circulación entre funcionarios y legisladores provinciales anunciaba que para inicios de noviembre de 2005 el ejecutivo provincial convocaba a una audiencia pública para debatir entre siete proyectos de ley diferentes referidos al tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos. Paradójicamente, cabe destacar que el programa "Sin desperdicio" había sido lanzado solo tres meses antes a la edición de esta nota como parte de una "Política de gestión integral de los residuos sólidos urbanos", Fundación Metropolitana, Gestión de los residuos sólidos urbanos: hacia una nueva ley, Informe digital metropolitano, núm. 21, Buenos Aires, 2005, [http://bit.ly/f9Knhs].

¹⁵ Esta denominación hace referencia a las plantas de clasificación gestionadas por las organizaciones sociales que agrupan a personas que viven de la recuperación de residuos. Para su funcionamiento, los camiones de las empresas privadas de recolección depositan los residuos sobre una cinta transportadora elevada que los hace correr. La cinta está flanqueada por distintos puestos donde cada operario/a debe recuperar una clase de material reciclable (plásticos, papel, cartón, vidrio, etcétera) que llega entremezclada con otros materiales no reciclables como basura orgánica. Este proceso permite minimizar la cantidad de material que llega al final de la cinta cuyo destino final es el enterramiento en los rellenos sanitarios. Estas plantas requieren una costosa inversión inicial (alrededor de 480 mil dólares) destinada a comprar maquinaria para la separación y clasificación de los residuos provenientes de la recolección domiciliaria.

¹⁶ En su formulación inicial los objetivos del Programa incluían: "Fortalecimiento yfinanciamientoa cooperativas de trabajo de cartoneros y a la Red de cooperativas Reciclando valores y la inclusión social y productiva de los emprendimientos informales a la cadena de valor del reciclado, favoreciendo la apertura de mercados y una distribución más equitativa de los ingresos y las rentabilidades" (cursivas nuestras); véase Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Programa "Sin desperdicio", Folleto de presentación, 2005. Luego de los dos primeros años el Programa comenzó a evidenciar cambios sustantivos en su política, así como en los funcionarios que ejercían su dirección. En particular el énfasis en la distribución equitativa de los ingresos y el impulso a las Cooperativas fue perdiendo impulso, tal como se advierte en su formulación actual donde apenas se propone "colaborar" con el "fortalecimiento de las asociaciones de recolectores informales", véase Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Programa "Sin desperdicio", 2010 [http://bit.ly/geSvkX], fecha de consulta: 3 de marzo de 2010.

¹⁷ Véase la nota al pie núm. 16.

¹⁹ Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Programa "Sin desperdicio", Folleto de presentación, 2005.

²⁰ Registro de campo, 26 de julio de 2005.

²¹ Andrea Campetella, Inés González Bombal y Mario Roitter, Definiendo el sector sin fines de lucro en Argentina, Cedes, Buenos Aires, 2000, p. 3.

²² En el momento de nuestra llegada al campo, el accionar de COSPE se orientaba principalmente al fortalecimiento de la "Red Reciclando Valores", lo cual se traducía en múltiples acciones que incluían el financiamiento de pasajes y lunch para las reuniones plenarias y de organización, el desarrollo de una página en internet e identidad gráfica para la "red" y la organización de los "Encuentros reciclando valores" que consistían en jornadas abiertas de discusión e intercambio de experiencias entre organizaciones de "red" y otros actores (funcionarios, técnicos, investigadores) que se realizaban en forma conjunta con la Dirección Provincial mencionada.

²³ Ferguson, 2007; James Ferguson y Akhil Gupta, "Spatializing states: toward an ethnography of neoliberal governmentality", American Ethnologist, 29(4), 2002; Aradhana Sharma y Akhil Gupta, "Introduction: Rethinking theories of the State in a age of globalization", en A. Sharma y A. Gupta (eds.), The anthropology of the state: A reader, Blackwell Publishing, Oxford, 2006.

²⁴ Ferguson, 2007:384.

²⁵ James Ferguson y Akhil Gupta, "Spatializing states: toward an ethnography of neoliberal governmentality", op. cit.

²⁶Corrigan y Sayer, 2007.

²⁷ El decreto-ley 9.111/77 que dio origen al CEAMSE y fue puesto en marcha durante la última dictadura militar, sentó las bases para la privatización de la gestión de los residuos en el AMBA a favor de empresas privadas concesionarias, en tanto dispuso la prohibición vigente para cualquier otro particular de acceder a los residuos depositados en la vía pública. La basura se constituyó entonces en "propiedad" del Estado, quien derivó la responsabilidad de su traslado y disposición hacia agentes privados mediante el sistema de concesiones en cada jurisdicción. De este modo empresas recolectoras y CEAMSE pasaron a conformar el "circuito formal", y por ende legitimado, para el tratamiento de la basura. En consecuencia, cualquier apropiación de la misma por parte de terceros podía ser considerada como delito.

²⁹ Sebastián Carenzo y Pablo Míguez, "De la atomización al asociativismo: reflexiones en torno a los sentidos de la autogestión en experiencias asociativas desarrolladas por 'cartoneros/as', Maguaré, núm. 24, 2010.

³⁰ María Inés Fernández Álvarez y Cecilia Cross, "Políticas de estado, procesos organizativos locales y desempleo en la Argentina: la conformación de un campo de disputa en torno al trabajo", en M. Slatman et al. (comps.), Los movimientos sociales en América latina pasado, presente y perspectivas, Proyecto Editorial Gregorio Selser, Buenos Aires, 2008.

³¹ Sin duda, la capacidad para capitalizar el acto de Amilcar y las prácticas desplegadas en este sentido, guardan estrecha relación con una trayectoria de militancia barrial y política previa, en particular la participación de los dirigentes de este emprendimiento en la FTV. Las prácticas y lenguajes desplegados en el proceso de construcción de demandas deben ser también comprendidas en esta clave, como por ejemplo la contraposición entre "cooperativa genuina" basada en el "trabajo" frente a las cooperativas "en los papeles". En este punto han resultado sumamente iluminadoras las lecturas de los trabajos producidos por colegas que han realizado estudios en profundidad con esta organización. Cecilia Cross, "Los procesos de organización colectiva y la construcción de las demandas: Reflexiones a partir del estudio de una organización piquetera en el periodo 2002-2005", Revista Runa, núm. 27, 2007, pp. 7-22; Virginia Manzano, "Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires", Revista Runa, núm. 28, 2008, pp. 77-92.

³² Para un análisis exhaustivo de esta cuestión véase María Inés Fernández Álvarez, "Expropiar la fábrica, apropiarse del trabajo. Procesos de construcción de demandas y acción estatal en torno a las recuperaciones de fábricas en la Ciudad de Buenos Aires", en M. Grimberg, M.I. Fernández Álvarez y Rosa M. Carvalho (eds.), Estado y movilización social: estudios etnográficos en Argentina y Brasil, FFyL/ Antropofagia, Buenos Aires, 2009, pp. 131-156.

³³ En su análisis sobre la "historia de la gubernamentalidad" a partir del pastorado cristiano, Foucault considera el desarrollo de una serie de prácticas que denomina "contraconductas" desarrolladas entre los siglos X u XI y XVI como el ascetismo, las comunidades, la mística, la Escritura o la creencia escatológica. En la clase del 1 de marzo de 1978 afirma "Si es cierto que el pastorado es un tipo de poder específico que se asigna como objeto la conducta de los hombres -por instrumento, los métodos que permiten conducirlos y por el blanco, la manera como se conducen, como se comportan— y, [entonces] es un poder cuyo objetivo es esa conducta, creo que de manera correlativa, aparecieron movimientos tan específicos como el poder pastoral, movimientos específicos que eran resistencias, insumisiones, algo que podríamos llamar rebeliones específicas de conducta". Este análisis lo extiende luego a la gubernamentalidad moderna para analizar, en este caso, contraconductas desarrolladas en rechazo o ruptura con la "razón de Estado". Michel Foucault, Seguridad, territorio y población, op. cit., p. 225.

³⁴ Ibid., p. 238. Las cursivas son nuestras.