La crisis del Estado mexicano: una lectura desde el republicanismo de Maquiavelo

Sergio Ortiz Leroux

Doctor en Ciencias Sociales por Flacso-México. Profesor-investigador de tiempo completo de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Director de la revista Andamios. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Resumen

Palabras clave: Estado, Republicanismo, Maquiavelo, Ley, Libertad.

Abstract

Mexico is experiencing a political crisis, associated with the erosion of the republican foundations of its State. This article offers a key to understand this crisis from the republican theory of Machiavelli, which assumes that the State emerges in order to control the desires of domination of the powerful (the "Great") as well as represent the will of the weak (the People) not to be dominated. The State accomplishes that purpose in an impersonal way, through the use of Law as is taught by ancient Rome. In the case of Mexico, the erosion of the republican foundations of the state is evidenced by the dominance of actors as the mass media, the Catholic Church and organized crime linked to drug trafficking.

Keywords: State, Republicanism, Machiavelli, Law, Liberty.

INTRODUCCIÓN

La trama de la historia puede ser leída a partir de la disputa que se presenta entre la memoria y el olvido. Como resultado de esa lucha, adquieren visibilidad una serie de personajes, fechas y acontecimientos que le ofrecen un horizonte de identidad y sentido a los integrantes de una comunidad política, al tiempo que otros procesos y actores pasan prácticamente inadvertidos al mantenerse en la invisibilidad. El caso de la historia reciente de México no es la excepción. En efecto, uno de los olvidos más significativos en la reciente discusión sobre nuestra inacabada y contradictoria transición a la democracia fue el tema del Estado. Durante varios lustros, pensamos que arribaríamos a la modernidad democrática en el momento en el que fuésemos capaces de organizar elecciones periódicas, libres, equitativas y competitivas. La teoría y la práctica de la transición democrática a la mexicana se concentraron -para bien y para mal- en la agenda electoral, especialmente en la promoción de distintas generaciones de reformas electorales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994 y 1996. Los resultados, ciertamente, no se hicieron esperar: pasamos de elecciones no competitivas y predecibles a elecciones competitivas e impredecibles; de un sistema de prácticamente un solo partido político a un sistema pluripartidista; de Congresos unificados a Congresos divididos; de Poderes Ejecutivos absolutos a Ejecutivos limitados. El régimen político mexicano de principios del siglo XXI poco se parece al régimen que dominó prácticamente todo el siglo XX.

Y sin embargo, la sensación que queda entre los actores políticos y, sobre todo, en el conjunto de la sociedad sobre los resultados que ofreció nuestra prolongada transición a la democracia es de frustración y desesperanza. Cada vez es más común escuchar expresiones que reflejan ese estado de ánimo: "transición derrotada", "transición traicionada", "transición extraviada", etcétera. ¿Qué sucedió?, ¿por qué la transición tiene actualmente, si se me permite la expresión, tan "mala prensa"? Sospecho que la transición democrática en México perdió el rumbo dado que visualizó la crisis política del México finisecular como una crisis de régimen político y no como un problema también, y sobre todo, de Estado. Nuestra transición a la democracia modificó, ciertamente, la fisonomía del régimen político, pero mantuvo intacto el rostro del Estado. El conjunto de reformas electorales no se vieron acompañadas –como sí sucedió en otras transiciones políticas– de una reforma del Estado que redefiniera las relaciones entre los distintos poderes y órdenes de gobierno, así como entre gobernantes y gobernados. Se pensó, erróneamente, que el problema básico era el definir las reglas de acceso al poder político, sin poner acento en el tipo, funciones y sentido del nuevo poder a construir. El resultado fue que el Estado mexicano no se reformó, sus bases de legitimidad se erosionaron, y, en el nuevo escenario de competencia política y alternancia, entró en una crisis profunda que ha puesto en tela de juicio su propia viabilidad histórica. El costo de nuestro olvido, como vemos y padecemos a diario, fue muy alto.

Para llevar a feliz término este diagnóstico esclarecedor, después de esta breve introducción, presentaremos, en un segundo momento, los supuestos básicos de la teoría del Estado del pensador florentino a la luz de la oposición de humores entre los Grandes y el pueblo; en un tercer momento, señalaremos las ventajas que Maquiavelo encuentra en la República Romana: el principio de soberanía popular y el gobierno de la ley; en un cuarto momento, utilizaremos la teoría maquiaveliana del Estado, en general, y de la república, en particular, para ensayar una clave de lectura de la crisis que atraviesa actualmente el Estado mexicano, la cual está asociada a la erosión del poder del Estado como resultado de la soberanía que ejercen en el territorio nacional tres poderes fácticos: los medios de comunicación, la Iglesia católica y la delincuencia organizada ligada al narcotráfico. Finalmente, ofreceremos, a manera de conclusión, una vía de salida republicana a la crisis que atraviesa el Estado mexicano.

MAQUIAVELO: EL ESTADO Y LOS HUMORES SOCIALES

Dentro de la tradición republicana, el republicanismo de Nicolás Maquiavelo (1469-1527) resulta una teoría muy singular a la hora de pensar el Estado.³ Su originalidad radica en el modo como plantea el origen y la finalidad de las sociedades humanas. Mientras algunos pensadores modernos, como Thomas Hobbes, John Locke o Jean Jacques Rousseau, han derivado el Estado moderno de una idea regulativa (o hipótesis de trabajo) como es el Estado de Naturaleza, Maquiavelo no se preocupa mayormente del problema del origen de lo social. Para el pensador renacentista nacido en Florencia, hay una suerte de evidencia no discutida ni discutible de que eso que nosotros llamamos "sociedad" está ya dado. Por esa razón, no le interesa explorar –más que de manera marginal– la bondad o la maldad, la solidaridad o el egoísmo de la naturaleza humana. Su interés se centra, más bien, en la división que se forma en el Estado social moderno. Para Maquiavelo, esa esfera de lo social no estuvo unida en su origen ni estará reconciliada plenamente consigo misma al final de la travesía humana. Las sociedades humanas, desde su punto de vista, no tienen un destino manifiesto ya que están sometidas a una división interna irreductible que pone en cuestión cualquier idea de solución última y definitiva del conflicto social. A diferencia de Karl Marx, quien supone una solución de la fractura social en la sociedad comunista, Maquiavelo reconoce a la división social como constitutiva de la sociedad política y, por tanto, como algo que no se puede ni se debe superar (la Roma antigua es un buen ejemplo de ello). De suerte que ni el individualismo de corte iusnaturalista ni el determinismo de matriz marxista interpelan al político florentino. Frente a cualquier discurso trascendental que se ancle en la Naturaleza o en la Historia, Maquiavelo antepondrá la contingencia de los deseos humanos en la sociedad política. A partir de esta contingencia, el escritor florentino desarrollará una nueva teoría de lo político que tiene como punto de partida una elaboración singular de la división entre sociedad civil y Estado, esto es, del modo como se constituye la ciudad o sociedad política.

En efecto, el político y pensador florentino se interesa tanto en El Príncipe (1513) como en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, escritos entre 1513 y 1520, por el problema de la fundación de la ciudad, es decir, por el modo de institución de las ciudades –asunto, por cierto, diferente al problema del origen de lo social. Toda ciudad se ordena, según Maquiavelo, en función de dos divisiones primordiales: a) la división entre la instancia del gobierno (Estado) y los gobernados (la sociedad civil); y b) la división entre la facción de los dominantes (los llamados "Grandes") y la masa de los dominados (los "pequeños" o el pueblo).

Maquiavelo comienza su exploración sobre la dimensión política de lo social con un análisis sobre el poder. El escritor florentino concibe el poder en relación directa con la irreductible división social. En palabras del filósofo francés Claude Lefort: "La reflexión sobre el poder está en el centro de su obra, pero por esta razón, a sus ojos, la división social se juega en función del modo de división del poder y de la sociedad civil, ya que así se determinan las condiciones generales de los diversos tipos de sociedad".⁴

El poder, según Maquiavelo, no es una entidad empírica que surge por generación espontánea o por voluntad divina sino es fruto de la lucha de clases. Sin embargo, la lucha de clases no está fundada, como presume Marx, sobre una oposición de orden económico. Maquiavelo conoce, ciertamente, la división entre ricos y pobres, pero no la considera primordial. El antagonismo entre las clases se despliega en otro lugar, al nivel de los deseos y los humores:

Porque en cualquier ciudad se encuentran estos dos tipos de humores: por un lado, el pueblo no desea ser dominado ni oprimido por los grandes, y, por otro, los grandes desean dominar y oprimir al pueblo; de estos dos contrapuestos apetitos nace en la ciudad uno de los tres efectos siguientes: o el principado, o la libertad, o el libertinaje.⁵

Sin embargo, dichas clases no ocupan una posición simétrica, ya que el objeto de su deseo no es el mismo.⁷ El resorte que dirige el deseo de los Grandes es el de tener. Tener, ¿qué clase de cosas? Riqueza, rango, prestigio, poder. El resorte, por su parte, que dirige el deseo del pueblo es el de ser. Ser, ¿qué cosa? pueblo, nada más pero nada menos. El pueblo no puede desear la riqueza, el rango, el prestigio o el poder que desean los Grandes, porque correría el riesgo de negarse a sí mismo, de buscar en el otro lo que no es él. Su identidad no es autónoma, positiva, pues depende directamente de la existencia de los Grandes. En el momento en el que algún integrante del pueblo desee riquezas, rango, prestigio o poder, dejará de formar parte de su clase y pasará a formar parte de las filas opuestas.

Ahora bien, el apoyo de las clases al Príncipe no es gratuito. Los Grandes otorgan su apoyo al Príncipe para continuar ejerciendo la opresión sobre el pueblo: "porque los grandes, viendo que no pueden resistir al pueblo, comienzan a aumentar la reputación de uno de ellos y lo hacen príncipe para poder a su sombra desfogar su apetito".⁸ El pueblo, por su parte, busca protegerse de un mal, la opresión de los Grandes en el seno de la sociedad civil, a través de algo que si bien en apariencia es un bien, se revela de inmediato como un mal menor, el dominio del Príncipe: "El pueblo [..] viendo que no puede defenderse ante los grandes, aumenta la reputación de alguien y lo hace príncipe a fin de que su autoridad lo mantenga defendido".⁹ El pueblo, podría afirmarse, cede a la dominación del Estado a favor de su defensa contra la opresión de los Grandes. Actúa bajo un esquema del daño menor. El Estado, en consecuencia, nunca es el objeto directo de deseo del pueblo. Es, simplemente, un muro de contención contra el deseo de opresión de los Grandes.

Por su parte, el Estado o, si se quiere, el Príncipe, puede decidir apoyar a los Grandes o al pueblo, pero no puede ignorar las consecuencias de su propia elección. Por ejemplo, si decide apoyar a los Grandes, corre el riesgo de confundirse con ellos y convertirse en enemigo del pueblo: "El que llega al principado con ayuda de los grandes se mantiene con más dificultad que el que lo hace con la ayuda del pueblo, porque se encuentra -aun siendo Príncipe- con muchas personas a su alrededor que se creen iguales que él y a las cuales no puede mandar ni manejar a su manera".¹⁰ Por el contrario, si el Príncipe decide apoyar al pueblo, puede contar con éste si se gana su confianza, es decir, si es capaz de mantenerse dentro de los límites que le impone la oposición de esos dos deseos: "Quien alcanza el principado mediante el favor del pueblo debe, por tanto, conservarlo amigo, lo cual resulta fácil, pues aquél solamente pide no ser oprimido".¹¹ El apoyo del Estado hacia alguna de las dos clases nunca es absoluto, es decir, nunca llega al extremo de suprimir la división social. Ciertamente, en la institución del Estado se genera un distanciamiento de éste respecto de los agentes sociales que podría hacerle concebir la idea de la producción de una unidad de lo social mediante la anulación de la división. Pero esa unidad real de la sociedad es sólo una ilusión, pues desconoce que el poder político reproduce la división social que tiene por tarea superar en el nivel de lo simbólico.

LA REPÚBLICA ROMANA Y LA LIBERTAD POLÍTICA

Para Maquiavelo, existen distintas sociedades políticas o Estados que se diferencian en función de la manera como se articulan el deseo de los Grandes, el deseo del pueblo y el poder.¹² De hecho, si queremos saber cómo se determina el poder es conveniente examinar el carácter de la división social y cuál es la fuente del poder de la clase dominante. De suerte que Maquiavelo renuncia a la idea de una esencia atemporal de lo político, como presupone Aristóteles, pero no a la idea de que en cada momento histórico se dan las condiciones que apuntan hacia la realización de una política mejor que otra o de un régimen mejor que otro. Así, nuestro autor reconoce varios tipos de monarquías y varios tipos de repúblicas. En particular, analiza dos oposiciones fundamentales: la primera, que se observa en el cuadro de las monarquías; y la segunda, entre monarquía y república. La primera oposición, la analiza Maquiavelo en el cuarto capítulo de El Príncipe: "Los principados de los que tenemos memoria se encuentran gobernados de dos maneras distintas: o por un príncipe y algunos siervos que, convertidos en ministros por gracia y concesión suya, le ayudan en el gobierno del reino, o por un príncipe y por nobles, los cuales poseen dicho grado no por la gracia del señor, sino por herencia familiar".¹³ En dicho capítulo, compara el Estado en el que el poder está concentrado en las manos del príncipe, y éste aparece como el único amo y todos los hombres –tanto los Grandes como el pueblo– son esclavos (antigua Persia), con aquel donde el Príncipe está limitado por los barones, que poseen territorios y súbditos (Francia moderna).

La segunda oposición, la estudia Maquiavelo en el primer libro (capítulo 55) de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. El autor florentino establece un contraste entre, por un lado, las ciudades alemanas que a sus ojos ofrecen el modelo de los pueblos libres –al cual se emparentan las repúblicas de Florencia, Venecia, Siena y Luca, en las cuales se conserva la libertad–, y, por el otro, los reinos de Francia y de España y todos los principados de Italia. La oposición entre la república y la monarquía se presenta principalmente en términos de igualdad-desigualdad. Ahora bien, ¿qué tipo de igualdad plantea Maquiavelo? Al respecto, Lefort ofrece una posible respuesta:

De una manera general, la igualdad no se permite concebir en el registro de la realidad empírica. Sobre este registro no podemos leer sino señales de desigualdad. Es, diríamos, usando un lenguaje que evidentemente no era el de Maquiavelo, una información simbólica, en virtud de la cual se ha instaurado una experiencia singular de lo social, o para hablar con mayor rigor, la experiencia social como tal, o bien, lo que equivale a lo mismo, la de la sociedad política.¹⁴

A fin de descifrar el sentido original de la república, Maquiavelo dirige su mirada hacia la historia de Roma. En ella descubre todos los signos de la política. La República Romana evidencia, según nuestro autor, que el destino del Estado se determina en consecuencia de la relación que se establece entre poder y división social. En el capítulo cuarto de los Discursos, expone en qué consiste la virtud del modelo romano: "Creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad en Roma, se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron".¹⁵

En clave maquiaveliana, la virtud de la Republica Romana radica –aunque parezca paradójico a primera vista– en el conflicto que le era inherente. El conflicto en la Roma republicana entre la plebe y el Senado no era un factor de desintegración social sino un mecanismo de integración. Los deseos de las clases, según Maquiavelo, no son necesariamente malos, porque de ellos puede nacer una república fuerte. En contra de una opinión muy generalizada, nuestro autor afirma que el desorden no sólo no es en sí mismo malo, sino existe en él algo que puede engendrar un orden, pero ese mismo orden no lo suprime.¹⁶ Aquel que busque cancelar la división social y, por tanto, terminar para siempre el conflicto, acabará por desdibujar la principal virtud de la república. Como se observa, el escritor florentino pone de manifiesto la función del conflicto como factor del cambio histórico: la historia no es sólo degradación o conservación de una esencia originaria, sino posibilidad de creación política.

La grandeza de Roma, según Maquiavelo, descansa en su habilidad para interponer entre nobles y plebeyos la institución de la Ley. Entre ambos deseos no mediaba un Príncipe absoluto, como en el principado, sino la Ley. El poder y la Ley no son fieles a sí mismos, a su esencia, si no están expuestos a los efectos de los deseos del pueblo. De ahí que Maquiavelo descubra en el conflicto de clases el fundamento de la libertad política:

En toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos, como se puede ver fácilmente por lo ocurrido en Roma, pues de los Tarquinos a los Gracos transcurrieron más de trescientos años, y, en ese tiempo, las disensiones de Roma raras veces comportaron el exilio, y menos aún la pena capital.¹⁷

En la República Romana el hombre no obedece a otro hombre, sino obedece a la Ley. La institución de la Ley es la institución de una igualdad política entre los hombres que no se encuentra ni en la sociedad civil ni en la naturaleza.¹⁸ En suma, la división de la sociedad en dos apetitos, el de oprimir y el de no ser oprimido, es lo que da en Roma el fundamento a la república, el régimen de la libertad, aquel en el cual ningún hombre está sujeto a otro hombre, sino a la Ley.¹⁹ Por ello, el poder de la república no puede ser identificado con un individuo o un grupo de individuos; es la expresión de un poder anónimo: el gobierno de la Ley, o, como suele decirse, el Imperio de la Ley.²⁰

La fuerza del deseo del pueblo, según Maquiavelo, mantiene abierto el principio de la Ley y la unidad del Estado. La Ley, entonces, es fruto de una "desmesura": el exceso del deseo de libertad de un pueblo. De ahí que el contenido de las leyes esté estrechamente ligado a la intensidad o no del deseo del pueblo. El Estado, por su parte, no es una simple fachada que oculta la dominación de la clase dominante. El deseo del pueblo, en clave maquiaveliana, prohíbe rebajar lo Universal al registro del dominio de clase: "Los deseos de los pueblos libres raras veces son dañosos a la libertad, porque nacen, o de sentirse oprimidos, o de sospechar que pueden llegar a estarlo [...] Por eso se debe criticar con mayor moderación al gobierno romano, considerando que tantos buenos efectos no se derivaron sino de óptimas causas".²¹ Las instituciones de la república no se limitan a la protección de los intereses de la clase dominante sino al precio del poder y de la expansión del Estado. La ambición y rapacidad de los Grandes encuentran un freno en el derecho que se hace, en cierta forma, de acuerdo con los deseos del pueblo.

Sin embargo, surge inevitablemente la siguiente pregunta: ¿quién puede defender mejor la libertad, los Grandes o el pueblo? Para Maquiavelo, el deseo de los Grandes puede llevar a la ruina a la libertad. El miedo a la pérdida puede ser fuente de violencia: "Por encima de todas las cosas, [el Príncipe] debe abstenerse siempre de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio".²² El apetito de riqueza, poder o fama nunca queda plenamente satisfecho ya que siempre queda un hueco que necesita ser llenado. La sed de poseer es insaciable:

]]> Quién es más ambicioso, el que quiere mantener o el que quiere conquistar, pues fácilmente ambos apetitos pueden ser causa de grandísimos tumultos. Éstos, sin embargo, son causados la mayoría de las veces por los que poseen, pues el miedo de perder genera en ellos las mismas ansias que agitan a los que desean adquirir, porque a los hombres no les parece que poseen con seguridad lo que tienen si no adquieren algo más.²³

Por su parte, el deseo del pueblo es más compatible con la defensa de la libertad: "Creo que se debe poner como guardianes de una cosa a los que tienen menos deseos de usurparla. Y sin duda, observando los propósitos de los nobles y de los plebeyos, veremos en aquéllos un gran deseo de dominar, y en éstos tan sólo el deseo de no ser dominados, y por consiguiente mayor voluntad de vivir libres, teniendo menos poder que los grandes para usurpar la libertad".²⁴

Sin embargo, Maquiavelo sostiene que las consecuencias de ambos deseos no son las mismas. Mientras que la especificidad del deseo de los Grandes es querer siempre más, la del pueblo es el no ser oprimido. Dicha negatividad coincide, según Lefort, con la libertad de la ciudad, con la Ley:

En un sentido, ni el deseo de los Grandes, ni el del pueblo, pueden cumplirse a perfección. Bajo el signo de la positividad, o bajo el signo de la negatividad, nunca se apaga. Sin embargo, las posiciones de los antagonistas son diferentes. Los Grandes quieren tener siempre más aún; entre más poseen son más grandes. El pueblo, por el contrario, en su deseo de no ser dominado, oprimido, hace la prueba de una imposibilidad radical que lo hace desear esta metáfora del ser social: la Ley -y el Estado, en tanto que se instituye en su ámbito.²⁵

A los ojos de Maquiavelo, la dinámica social depende del impulso de un poder que, por muy dividido que esté del pueblo, representa un más allá de la división de clases, la deja actuar, explota los efectos, y a la vez consigue el apoyo de aquellos que dominan en la sociedad y encarna para los dominados la trascendencia de la Ley y del Estado. En síntesis, Maquiavelo elabora la irreconciliable diferencia entre la esfera de lo político y lo social, de la sociedad civil y el Estado, de los poderosos (los Grandes) y los débiles (el pueblo). Con ello, abre una vía fructífera para repensar el Estado no solamente como una esfera de dominación y reproducción de los intereses hegemónicos de la sociedad, sino también, y sobre todo, como un lugar impersonal de mediación y control de los apetitos sociales insaciables de los poderosos. Y eso, para el caso de la historia reciente del Estado mexicano, no me parece un dato menor.

LA EROSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS REPUBLICANOS DEL ESTADO MEXICANO

Al igual que el cuerpo humano, el cuerpo político también puede enfermarse. En un principio, la enfermedad del cuerpo humano es fácil de curar y difícil de reconocer, pero al paso del tiempo, si no se le ha identificado en un comienzo ni aplicado la medicina o el tratamiento conveniente, pasa a ser fácil de reconocer pero difícil de curar. Lo mismo sucede en los asuntos del Estado. Los problemas o males que nacen en el cuerpo político, sugiere Maquiavelo en El Príncipe, se curan pronto si se les reconoce con antelación, pero si por soberbia, interés, ignorancia, o lo que es peor, un simple olvido, no se les reconoce a tiempo y se les deja crecer de forma tal que llegan a ser de dominio público, ya no hay remedio posible. La enfermedad se convierte en incurable y puede ser mortal.

México atraviesa una crisis de Estado que no fue diagnosticada a tiempo. Las principales funciones políticas, económicas y sociales que puede y debe garantizar cualquier Estado en una república (seguridad pública, crecimiento económico, bienestar social, etcétera) se han puesto hoy en tela de juicio. En efecto, el Estado mexicano ha perdido la soberanía en amplias zonas del país –las famosas "zonas marrón" descritas por Guillermo O'Donnell–,²⁶ que son controladas de facto por el crimen organizado ligado al narcotráfico. En entidades fronterizas como Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, por ejemplo, se vive una suerte de guerra civil cotidiana que se traduce en decenas de muertos diarios entre delincuentes, militares y civiles; en la puesta en práctica de estados de sitio; en compras de pánico; en extorsiones en dinero y en especie a comerciantes y a pequeños, medianos y grandes empresarios por parte de los narcotraficantes; en fugas masivas de cárceles; y en asesinatos de periodistas y presidentes municipales.²⁷ La economía del país, por su parte, se encuentra en una etapa de recesión a la que no se le ve pronta salida: en 2009 la economía mexicana tuvo un crecimiento negativo (contracción del 6.54% del Producto Interno Bruto) y en 2010 los mejores pronósticos auguran un crecimiento de sólo 3% del PIB. La sociedad mexicana, al mismo tiempo, sobrevive entre el miedo y el desencanto vestidos de inseguridad, desempleo, falta de oportunidades educativas y de salud, deterioro de salarios y pensiones, epidemias, temblores e inundaciones. La sensación de desánimo y derrota es generalizada, sobre todo entre los jóvenes.²⁸

El origen de la crisis política del Estado mexicano se encuentra asociado –como sostendremos en el presente trabajo– al proceso de erosión de sus fundamentos republicanos.³⁰ Ciertamente, los momentos propiamente republicanos del Estado en la historia moderna de México son excepcionales: la República Restaurada (1867-1876);³¹ el periodo presidencial de Francisco I. Madero (noviembre de 1911-febrero de 1913); el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Sin embargo, el espíritu del republicanismo se mantuvo presente durante los sucesivos gobiernos priistas del siglo pasado como un referente normativo en el discurso político y en la pedagogía pública y como una práctica social contradictoria, ligada al proceso de conciliación de los intereses de las distintas clases sociales y a la defensa del interés común por sobre los intereses particulares. Proceso que, dicho sea de paso, no estuvo exento de críticas y cuestionamientos, dado el carácter corporativo y clientelar de la relación entre el Estado y la sociedad.³²

En el presente mexicano, los poderes del orden republicano –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– han renunciado, en alguna medida, a su función de contrapeso social³³ y se encuentran actualmente en mayor o menor proporción subordinados y/o rebasados por los poderes fácticos. El interés común que presumiblemente defiende el Estado se encuentra amenazado por el empoderamiento de un conjunto de intereses privados que gozan de una amplia impunidad. Como advierte el republicanismo de Maquiavelo, los Grandes o poderosos de este país ya no encuentran en el Estado y en cada uno de sus poderes un límite a sus desenfrenadas ambiciones de riqueza, prestigio o poder; los pequeños o el pueblo, por su parte, tampoco reconocen a los poderes del Estado como un muro de contención contra el deseo de opresión y riqueza de los Grandes.³⁴ La Ley, esa institución y poder anónimo que se coloca entre poderosos y débiles para garantizar el bien común y no el interés particular, goza de poca confianza entre los ciudadanos. Tres poderes fácticos han puesto en evidencia la des-republicanización de la política en el presente mexicano, vale decir, la erosión del poder republicano del Estado: a) los medios de comunicación; b) la Iglesia católica; y c) la delincuencia organizada ligada al narcotráfico. Pasemos a revisar cada uno de ellos.

A. Medios de comunicación. Si bien el llamado "cuarto poder" fue concebido como un contrapeso público ante los poderes del Estado, en nuestro país el poder de los medios sirve a los poderosos para maniatar a las instituciones del poder público. En materia de medios, las cosas han cambiado en poco tiempo. En el viejo régimen autoritario, los medios de comunicación, especialmente la televisión, fueron instrumentos de control y manipulación al servicio del Estado. El dueño de Televisa se veía a sí mismo como "soldado del Presidente". Hoy las cosas, paradójicamente, son al revés. Los poderes del orden republicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parecen "soldados de Televisa y Televisión Azteca". En efecto, la televisión mexicana ejerce un claro dominio sobre las instituciones públicas y tiene sometida al conjunto de la clase política con la amenaza de vetarla en la pantalla chica si no cede a sus chantajes.³⁵ El caso más reciente en los últimos años ha sido la llamada "Ley Televisa".

Por lo que toca a la concentración de los medios de comunicación el asunto es grave. Una minoría rapaz y muy poderosa que manda en el país posee la mayoría de las televisoras, radios y periódicos. En el caso de las televisoras, dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, controlan 90% de las frecuencias de televisión.³⁶ En el caso de la radio, nueve grupos controlan 80% de las estaciones concesionadas.³⁷ Con ello, manipulan la información, distorsionan los procesos electorales, crean corrientes de opinión pública, e inventan y apuntalan partidos y candidatos.

Según diferentes informes sobre la situación de la libertad de expresión y sobre la relación entre democracia y medios de comunicación en México, la concentración de la propiedad de los medios es de tal dimensión que atenta contra la pluralidad y la representatividad de los diferentes grupos de la sociedad. Ejemplo de ello han sido los llamamientos y recomendaciones que han hecho organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Para 2008, y al finalizar la visita a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbur, señaló que "la concentración de los poderes de los medios en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una saludable sociedad democrática".³⁸ Asimismo, el "Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" (2008) presentada en la Organización de Estados Americanos, señala que "en vista de la alta concentración de los medios de comunicación, recomendó al Estado mexicano que [..] es importante desarrollar un marco jurídico que establezca claras directrices que planteen criterios de balance entre la eficiencia de los mercados de radiodifusión y la pluralidad de la información".³⁹

B. Iglesia católica. México es un país plural en formas de vida, en visiones de la moralidad y en creencias religiosas.⁴⁰ El Estado laico nació en la modernidad para convertir esta pluralidad en riqueza social y no en fragmentación y enfrentamientos. Podemos definir la laicidad, según Roberto Blancarte, como un "régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos".⁴¹ El laicismo, por su parte, es una postura ideológica que reduce la compleja relación entre religión-sociedad-espacio público y poder político a la mera separación entre Estado e Iglesia. Sin embargo, el laicismo –a pesar de su espíritu reduccionista– es una solución positiva en las sociedades modernas ya que garantiza "la convivencia entre religiones mayoritarias y minoritarias, y [evita] que las creencias de unos cuantos se hagan dominantes a través de la fuerza del Estado y no de la del convencimiento y la persuasión legítimas".⁴² Pero el laicismo no es, como sospechan algunos, un espacio sin valores propios. Por el contrario, tiene valores como la tolerancia, la libertad de credos, los derechos de la persona y la igualdad de todos ante la ley; valores sin los cuales el mundo democrático sería inexistente.

En nuestro país, los valores del Estado y la sociedad laicos, construidos a la largo de nuestra historia,⁴³ han sido recientemente colocados en el banquillo de los acusados por una ofensiva conservadora encabezada por la Iglesia católica,⁴⁴ el gobierno federal de Felipe Calderón y los dirigentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. En efecto, la jerarquía católica y sus viejos y nuevos aliados han emprendido una campaña muy intensa para imponer, como sugiere Carlos Monsiváis, su idea del mal en torno al amor, el sexo y la familia.⁴⁵ Los orígenes de esta cruzada de aires medievales se encuentran en las reformas aprobadas, en distintos momentos y circunstancias, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que por un lado despenalizan el aborto, y por el otro aprueban el matrimonio homosexual y la adopción de hijos por parejas del mismo sexo. Más temprano que tarde se empiezan a cosechar las primeras "victorias" de esta cruzada conservadora: en 18 estados de la República se ha modificado la Constitución local a fin de equiparar el aborto al homicidio. Con ello, se ha arrebatado a las mujeres el dominio sobre su cuerpo y se ha llevado a muchas de ellas, injustamente, a la cárcel.⁴⁶

El problema, en todo caso, es que esta ofensiva conservadora posee un potencial destructivo que empuja al Estado mexicano a dejar de ser laico,⁴⁷ es decir, a renunciar a su obligación constitucional de defender la libertad de credos y conciencia, los derechos de la persona y la igualdad de todos (ricos, pobres, negros, blancos, heterosexuales, homosexuales, etcétera) ante la ley. Valores indispensablemente asociados a una sociedad secularizada y a la necesaria separación entre el Estado y la Iglesia.

C. Delincuencia organizada ligada al narcotráfico. Muchos teóricos del Estado señalan que la finalidad mínima que debe garantizar cualquier organización estatal es defender la soberanía hacia el exterior y garantizar la seguridad pública hacia el interior. Si el Estado no cumple sus funciones mínimas, o no es Estado, o es un ejemplar poco ejemplar. En México, el Estado ya no puede garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos. Los principales cárteles de la droga (Los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, La Familia, etcétera) tienen secuestradas, literalmente, amplias regiones del país. Ejercen un control "de facto" sobre vastas zonas de la nación, particularmente en ciudades y pueblos de la frontera norte y en zonas rurales que han sido convertidos en verdaderos campos de batalla.⁴⁸ Se estima que alrededor de 30 muertes diarias están relacionadas con el narcotráfico,⁴⁹ y que más de una tercera parte de las tierras cultivables están bajo su control.

LA SALIDA REPUBLICANA A LA CRISIS DEL ESTADO MEXICANO. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La fuerza de una república –suspira Maquiavelo–, radica en el apoyo que ésta reciba del pueblo. No se trata de que el Estado se convierta en un Estado popular (o populista) que anule el conflicto social y en consecuencia a las clases poderosas, sino de que el Estado se valga del vigor del pueblo para defender el bien común por encima de cualquier interés particular. No lo hace en primera persona, como sucede en la monarquía, sino por medio del poder impersonal de la Ley y la fuerza de las Instituciones, que aparecen como un muro de contención de las ambiciones irrefrenables de riqueza y poder de los llamados "Grandes".

El gobierno federal encabezado por Felipe Calderón atraviesa una crisis de legitimidad de doble naturaleza: de origen y de ejercicio. De origen, porque existen serias sospechas de que el entonces candidato panista no obtuvo en las elecciones federales de 2006 la mayoría de votos que lo acreditasen legítimamente como presidente de la República; de ejercicio, porque el ahora presidente Calderón no ha podido ganar legitimidad mediante el éxito de los programas, acciones y políticas de su gobierno (como en su momento sí lo hizo, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, gracias al famoso programa de "Solidaridad"). Los malos resultados obtenidos por su partido –Acción Nacional– en las elecciones federales intermedias, de 2009, y en las elecciones locales ocurridas durante el presente sexenio son prueba de ello (la excepción que confirma la regla, fueron las gubernaturas que se ganaron en los estados de Oaxaca, Puebla y Sinaloa en las elecciones locales de 2010, las cuales, por cierto, se obtuvieron gracias a una amplia coalición electoral encabezada por Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática). Las consecuencias de esta crisis de doble entrada son reveladoras, pues la pérdida de legitimidad social de la administración calderonista ha querido ser revertida mediante el nuevo protagonismo del Ejército mexicano, que ocupa un lugar central en las prioridades del gobierno.

En este escenario de debilidad, el Estado mexicano se ha visto rebasado por los poderes fácticos (medios de comunicación, Iglesia católica, cárteles del narcotráfico). Incluso, algunos suspicaces han planteado que nuestro Estado es un "Estado fallido".⁵¹ Lo cierto, más allá de que se coincida o no con este diagnóstico, es que el Estado mexicano muestra una fragilidad que no ha podido ser ocultada por la fuerza bruta de las armas. Es aquí donde adquieren sentido las palabras de Maquiavelo, cuando afirma que la fuerza de un Estado descansa tanto en sus buenas leyes, como en sus buenas armas: "Debéis, pues, saber que existen dos formas de combatir: la una con las leyes, la otra con la fuerza. La primera es propia del hombre; la segunda, de las bestias".⁵² Todavía no sabemos si el uso de las armas sea correcto. Eso el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos, es que nuestras leyes, cuando existen y además son buenas, son comúnmente letra muerta, pues no gozan de la confianza de los ciudadanos. De ahí la importancia de republicanizar al Estado, es decir, volver a colocar al Estado como un lugar para amortiguar el conflicto social mediante el control que aquél ejerza sobre el apetito de los poderosos. Todo ello, evidentemente, gracias al apoyo que pueda recibir de un pueblo libre que no está sometido a nadie en particular más a que a la Ley.

Si el Estado mexicano regresa a sus raíces republicanas, si recurre a los mejores momentos de su historia pasada, tendrá la fuerza política y moral suficiente para mirar al bien público, sin el obstáculo de los intereses particulares que defienden actualmente los poderes fácticos. Se trataría, en pocas palabras, de democratizar los medios de comunicación mediante el combate a los monopolios a través de un régimen mixto de frecuencias de televisión y radio en el que participen, a partes iguales, la iniciativa privada, las entidades del Estado (organismos autónomos y poderes de la Unión), las instituciones públicas de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil. Se trataría, al mismo tiempo, de fortalecer el carácter laico del Estado y la sociedad mexicanos mediante el respeto irrestricto a la Constitución, la reprimenda pública y posible sanción a quienes se extralimiten desde los púlpitos en sus facultades legales, y el fortalecimiento de una cultura cívica basada en los derechos, las libertades y la tolerancia a la diferencia. Finalmente, pero no al último, se trataría de visualizar el problema del narcotráfico no solamente como un asunto de seguridad, sino también como un problema de salud pública, ligado a la prevención del consumo, la despenalización del uso de ciertas drogas blandas (como la mariguana) y la rehabilitación de los adictos que ya no serán vistos como delincuentes sino como simples enfermos. Una república de tales características, sería la mejor respuesta y salida que podríamos ofrecer los ciudadanos ante la crisis que atraviesa actualmente el Estado mexicano, la cual es resultado, entre otras cosas, de nuestro olvido.

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NOTAS

¹ La expresión no es mía sino de Norberto Bobbio, quien destaca que el campo de estudio de la política puede ser abordado mediante los "temas clásicos", es decir, aquellos temas que han sido discutidos por la mayoría de los grandes pensadores, a saber: "la definición del espacio de la política; la manera en que se organizan las relaciones de poder para así llegar a las decisiones que atañen a la colectividad: la distinción del poder político de otras formas de poder; la forma en que se justifica la obediencia o la desobediencia a la autoridad; la manera en que se alteran o modifican las instituciones; la distinción y la vinculación entre el Estado y la sociedad". Cfr. José Fernández Santillán, "Estudio preliminar", en José Fernández Santillán (comp.), Norberto Bobbio: el filósofo y la política (Antología), México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 30.

² Maquiavelo es uno de los autores de la teoría política moderna más citados pero quizá menos comprendidos. El uso y, sobre todo, abuso del adjetivo "maquiavélico" en la práctica política y en el lenguaje cotidiano han provocado un velo de sospecha sobre la obra del político florentino. En efecto, la fuerza y riqueza del pensamiento maquiaveliano son asociadas casi en automático con el maquiavelismo, es decir, con una manera de actuar, tanto en política como en todos los sectores de la vida social, falsa y sin escrúpulos, que implica el uso, más que de la violencia, del fraude, el engaño y la traición. Gracias a esta identificación, el nombre de Maquiavelo y la palabra "maquiavelismo" aparecen como cuñas de la misma madera: aquella en la que el reino de los fines justifica el campo de los medios. Sin embargo, el realismo maquiaveliano no debe ser confundido necesariamente con el cinismo maquiavélico. Quien quiere profundizar en este asunto le recomiendo leer: Enrique Serrano, "Maquiavelo, más allá del maquiavelismo", Metapolítica, vol. 6, núm. 23, 2002, pp. 62-73.

⁴ Claude Lefort, "Maquiavelo: la dimensión económica de lo político", en Claude Lefort, Las formas de la historia. Ensayos de antropología política, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 111.

⁵ Nicolás Maquiavelo, El Príncipe (prólogo, traducción y notas de Miguel Ángel Granada), Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 72. Cursivas mías.

⁶ La teoría clásica de las seis formas de gobierno (tres rectas: monarquía, aristocracia y politia; y tres desviaciones: tiranía, oligarquía y democracia) es la expuesta por Aristóteles en la Política. Para profundizar sobre el particular, consultar a Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 33-43.

⁷ "El deseo de los Grandes apunta hacia un objeto: el otro, y él se encarna en los signos que le aseguran su posición: riqueza, rango, prestigio. El deseo del pueblo, por el contrario, hablando rigurosamente, no tiene objeto. Es la operación de la negatividad. El pueblo puede desearlos ampliamente, pero en tanto que pueblo, no podría apoderarse de los emblemas del dominante, sin perder su posición". Claude Lefort, "Maquiavelo: la dimensión económica de lo político", op. cit., p. 112. Cursivas en el original.

⁸ Nicolás Maquiavelo, El Príncipe..., op. cit., p. 72.

⁹ Idem.

¹⁰ Idem.

¹¹ Ibid., p. 73.

¹² "Todos los Estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres, han sido o son repúblicas o principados". Ibid., p. 37.

¹⁴ Claude Lefort, "Maquiavelo: la dimensión económica de lo político", op. cit., p. 114. Cursivas en el original.

¹⁵ Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (traducción, introducción y notas de Ana Martínez Arancón), Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 41. Cursivas mías.

¹⁶ A propósito del papel civilizatorio del conflicto en el pensamiento de Maquiavelo, el filósofo mexicano Enrique Serrano afirma: "Aunque Maquiavelo advierte que el pluralismo de valores e intereses representa la fuente de los conflictos sociales, desde su punto de vista el conflicto no es, necesariamente, un factor de disolución social. Por el contrario, cuando el conflicto adquiere un carácter político, esto es, cuando se escenifica al interior de un orden civil, hace posible la estabilidad social". Cfr. "Maquiavelo, más allá del maquiavelismo", op. cit., p. 73.

¹⁷ N. Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., p. 42.

¹⁸ Para Félix Ovejero, el Maquiavelo de los Discursos permite una presentación de la tesis de la igualdad política. Según Maquiavelo, sólo en la República libre se aseguraría la igual consideración de todos, porque en ella se dan las condiciones para evitar que los individuos ambiciosos (los Grandes) gobiernen conforme a sus deseos. Para evitarlo se necesita que todo el cuerpo de ciudadanos supervise y participe en el proceso político. La igualdad de poder cancela, por definición, la situación indeseada y asegura que los intereses de todos cuenten por igual. Cfr. Félix Ovejero, "Igualdad", Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo, Madrid, Katz Editores, 2008, pp. 139-144.

¹⁹ Dicho en palabras de Esteban Molina: "Maquiavelo nos enseña que la libertad o es libertad política o no es libertad". "Maquiavelo en la obra de Claude Lefort", Metapolítica, México, vol. 4, núm. 13, enero-marzo de 2000, p. 75.

²⁰ Para el republicanismo contemporáneo, representado por autores como Philip Pettit o Félix Ovejero, son las leyes y no los hombres en singular quienes expresan el consenso entre las distintas clases y grupos sociales que conforman el pueblo ciudadano y que conducen al bien común de toda la sociedad. Los ciudadanos se reconocen entre sí como iguales no porque tengan necesariamente una igualdad de bienes materiales o espirituales sino porque son iguales frente a la ley. La asimetría social de las clases y de los grupos sociales se traduce, entonces, en simetría política ciudadana. El gobierno del y para el pueblo ciudadano es sinónimo del gobierno de la ley basada en la búsqueda del bien común. Quien quiera profundizar sobre el particular puede consultar: Philip Pettit, "La condición del imperio de la ley", Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 228-232.

²¹ N. Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., p. 43.

²² N. Maquiavelo, El Príncipe, op. cit., p. 101. Cursivas mías.

²⁴ Ibid., p. 44.

²⁵ C. Lefort, "Maquiavelo: la dimensión económica de lo político", op. cit., p. 116.

²⁶ El politólogo argentino Guillermo O'Donnell ha usado la metáfora de "las zonas marrones" para indicar regiones, pedazos de ciudades o zonas más extensas donde no llega la legalidad del Estado. Se trata de territorios donde prevalecen normas mafiosas, patrimonialistas, informales, que coexisten y a veces se sobreponen a la legalidad estatal. De ahí que la democracia, desde su punto de vista, no sólo implica un régimen, sino también un Estado, que es el ancla indispensable de los derechos de las ciudadanías. Cfr. Guillermo O'Donnell, "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales", Contrapuntos, Buenos Aires, Paidós, 1999, pp. 259-285.

²⁷ El 18 de agosto de 2010 fue asesinado el alcalde de Santiago Nuevo León, Edelmiro Cavazos, y el 29 de agosto un comando dio muerte a balazos a Marco Antonio Leal García, presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas.

²⁸ Según declaraciones de José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, casi 7 millones de jóvenes mexicanos (22% de los jóvenes de 12 a 29 años, según la Encuesta Nacional de la Juventud 2005) ni estudian ni trabajan. Se trata de los "ninis", carne de cañón de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico.

²⁹ Según Norberto Bobbio, la condición necesaria y suficiente para que exista un Estado, desde un punto de vista formal, es que: "en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en ese territorio, y obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor parte de los casos en los que se requiere obediencia". En el caso mexicano, esas condiciones de posibilidad no se cumplen plenamente. Cfr. Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 129.

³⁰ Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra "erosión" remite al "desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción continua o violenta de otro" (cursivas mías). En el caso que nos ocupa –la crisis del Estado mexicano–, ese "otro" está representado por la violencia real y simbólica ejercida por los poderes fácticos. Cfr. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en línea en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura (consultado el 10 de septiembre de 2010).

³¹ La República Restaurada es el periodo de la historia de México comprendido entre la derrota del Segundo Imperio mexicano en 1867 –encabezado por Maximiliano de Habsburgo y apoyado por Francia– y el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz iniciado en 1876. Durante esos nueve años se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez (1867-1872) y de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876).

³² Durante la época de oro del sistema político mexicano (1940-1968), nuestro país tuvo una relativa estabilidad política, un elevado crecimiento económico y una cierta equidad social sin recurrir al expediente de la dictadura –como sucedió en varios países de América Latina– ni al de la democracia –como sucedió en varios países de Europa. El autoritarismo a la mexicana descansó en dos grandes pilares: a) la Presidencia de la República; y b) el partido oficial. De ahí que la larga marcha de la democracia mexicana (1968-2000) se haya dirigido a desmantelar esos dos grandes pilares del autoritarismo mexicano. Cfr. Daniel Cosío Villegas, "II. Las dos piezas centrales", en El sistema político mexicano, México, Editorial Joaquín Mortiz, 1974, pp. 22-52.

³⁴ Según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2008) de la Secretaría de Gobernación, los ciudadanos en México tienen poca confianza en las principales instituciones del Estado: Presidencia de la República, poder Judicial, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Veamos. 1) A la pregunta: ¿qué tanta confianza le inspira el presidente de la República? El 23.4% respondió que mucha; 36.1% que algo; 26.6% que poca; y 11.4% que nada. 2) A la pregunta: ¿qué tanta confianza le inspiran los jueces y los juzgados? El 7.3% respondió que mucha; 26.9% que algo; 33.7% que poca; y 22.1% que nada. 3) A la pregunta: En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que realizan su trabajo los diputados federales? El 8% respondió que aprueba mucho; 34.9 que aprueba algo; 12.5% que ni aprueba, ni desaprueba; 20.8% que desaprueba mucho; y 14.1% que desaprueba algo. 4) A la pregunta: En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que realizan su trabajo los senadores? El 7.9% respondió que aprueba mucho; 34.8 que aprueba algo; 12.3% que ni aprueba, ni desaprueba; 20.2% que desaprueba mucho; y 14.3% que desaprueba algo. Cfr. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2008), Disponible en línea en: http://www.encup.gob.mx/cuartaENCUP/Anexo_2_Resultados_ENCUP_2008_(Frecuencias).pdf (consultada el 10 de septiembre de 2010).

³⁵ Según Fátima Fernández Christlieb, el poder fáctico de los medios de comunicación en México ha pasado de una resistencia a las imposiciones del poder político a la acción política tendiente a boicotear y crear leyes. Este es el caso del consorcio mexicano Televisa, cuya conformación no se puede comprender del todo "[...] si se prescinde de su origen, de su afinidad con el sistema político en el que nace y de las tácticas a las que ha recurrido para perpetuarse [...] Lo que se presenció en 2006 con la llamada "Ley Televisa" no fue consecuencia de un sexenio permisivo, sino de un proceso complejo en que se amalgamaron factores de índole económica, privilegios concedidos por el poder político, eliminación de los competidores, ausencia de una sociedad civil organizada, auge creciente de la tecnología audiovisual, temor de candidatos y funcionarios a perder imagen pública y falta de claridad gubernamental ante el potencial político de los medios". Cfr. Fátima Fernández Christlieb, "La 'Ley Televisa': la culminación de un poder fáctico", en Javier Esteinou y Alma Rosa Alva (comps.), La "Ley televisa" y la lucha por el poder en México, Colección Teoría y Análisis, México, UAM -Xochimilco/Fundación Frederich Ebert, 2009, p. 227.

³⁶ Televisa tiene 257 estaciones concesionadas y afiliadas; tres cadenas nacionales (Canal 2, Canal 5 y Canal 9) y una señal metropolitana (Canal 4). Esto representa 65% de las frecuencias de televisión abierta en el país. Televisa, además llega al 68% de los televidentes mexicanos; acapara 70% de la publicidad de todos los medios. También posee 95% del mercado de televisión vía satélite, a través de la empresa Sky. Domina 50% de la televisión por cable, ya que es propietaria o accionista de Cablevisión, Cablemás y TVI (Multimedios). Por su parte, Televisión Azteca tiene 180 frecuencias en todo el país que transmiten sus dos cadenas nacionales (Canal 7 y Canal 13), más la del Canal 40 (metropolitano). Esto representa 25% de los televidentes y 28% de la publicidad en medios electrónicos.

³⁷ De las mil 576 estaciones de radio concesionadas en nuestro país, 80% son propiedad o están afiliadas a uno de los nueve grupos empresariales que acaparan las señales. Los grupos más importantes son Radiorama y ACIR que poseen casi la tercera parte de las radiodifusoras comerciales en México. Les siguen, en orden de importancia, los grupos Radiocima, Sociedad Mexicana de Radio, Promosat de México, MVS Radio, Organización Radio Fórmula, Multimedios Estrella de Oro y Radio S.A.

³⁸ Amerigo Incalcaterra, "Intervención del Señor Amerigo Incalcaterra, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008". Disponible en línea en:http://www.hchr.org.mx/documentos/conferencias/Ponencialibertaddeexpresión.pdf (consultada el 8 de septiembre de 2010).

³⁹ Organización de Estados Americanos, "Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008. Vol. III, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión", en la Conferencia de Prensa sobre Libertad de Expresión, 2008. Disponible en línea en: http://www.hchr.org.mx/documentos/ conferencias/Ponencialibertaddeexpresi%C3%B3n.pdf (consultado el 8 de septiembre de 2010).

⁴⁰ En México existe una diversidad religiosa que va más allá de los católicos, protestantes o evangélicos. Según el Censo del año 2000, 87.99% de los casi 100 millones de mexicanos profesan el catolicismo, lo que quiere decir que el 12% restante profesa otra religión. Las Iglesias protestantes y evangélicas son las que le siguen en importancia, llegando a 5.2% de la población. Cfr. Roberto Blancarte, "Religion, Church, and State in Contemporary Mexico", en Laura Randall (ed.), Changing Structure of Mexico. Political, Social, and Economic Prospects, Nueva York, M.E. Sharpe, 2006, p. 431.

⁴¹ Roberto Blancarte, Laicidad y valores en un Estado democrático, México, El Colegio de México/Secretaría de Gobernación, 2000, p. 120.

⁴² Gilberto Rincón Gallardo, "El Estado de derecho sobre tolerancia religiosa en la sociedad mexicana", Ponencia del Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el Primer Foro Nacional sobre Tolerancia Religiosa, Cámara de Diputados, México, D.F., 26 de marzo de 2004. Disponible en línea: http://centauro.cmq.edu.mx/dav/libela/pdfS/religios/08010606.pdf (consultada el 6 de septiembre de 2010).

⁴⁴ Por ejemplo, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, sostuvo que el Estado laico es "una jalada". ¿A qué se habrá querido referir el ilustrísimo personaje?

⁴⁵ Carlos Monsiváis, "Homofobia. Crónica de una cruzada", Nexos, núm. 387, México, marzo de 2010, pp. 40-49.

⁴⁶ Al respecto, el 8 de septiembre de 2010 recuperaron su libertad siete presas del Centro de Readaptación Social de Puentecillas, en Guanajuato capital. Las siete mujeres fueron encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco. La liberación de estas mujeres obedece a la entrada en vigor de la reforma al Código Penal del estado, en el que se establece la reducción de la condena por este delito. Familiares y organizaciones de mujeres y feministas festejaron su salida.

⁴⁷ Soledad Loaeza, "La sociedad laica y sus enemigos", Nexos, núm. 387, México, marzo de 2010, pp. 56-58.

⁴⁸ Según Eduardo Guerrero, para agosto de 2010 existían en todo México diez cárteles, de los cuales el de mayor peso es el de los llamados Zetas, que tiene presencia en 19 entidades de la República. Le sigue el cártel de Sinaloa, que tiene presencia en 16 entidades; el cártel del Golfo en 9, y con menor presencia, el de la Barbie (recientemente detenido), La familia, Milenio, Pacífico Sur, Juárez, Díaz Prada y Tijuana. Actualmente todos los estados del país (salvo Tlaxcala), registran presencia establecida de al menos un cártel en al menos uno de sus municipios. En 2007, la presencia de las organizaciones criminales se registraba en aproximadamente 21 estados. Ahora los cárteles se encuentran en 10 estados más (o sea en 31 entidades del país). Cfr. Eduardo Guerrero, "Los hoyos negros de la estrategia contra el narco", Nexos, núm. 392, agosto de 2010, pp. 27-35.

⁴⁹ Las ejecuciones se han multiplicado de 2 119 en 2006 hasta 7 841 en 2009. La cifra hasta junio de 2010 (5 524) permite prever que este año, habrá aproximadamente 11 049 ejecuciones. Por lo que corresponde a los detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, su número ha aumentado de forma espectacular a partir de 2004, pues se elevó muy por encima de la media nacional entre 1994 y 2003, pasó de un aproximado de 10 000 a casi 20 000 detenidos. Cfr. Ibid., pp. 32-33.

⁵⁰ Al respecto, resultan reveladoras las recientes declaraciones de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. El 8 de septiembre de 2010 declaró, en un foro sobre política exterior realizado en Washington, que en México la amenaza del narcotráfico se está transformando en algo semejante a una "insurgencia", en la cual los capos "controlan ciertas partes del país", lo cual hace que éste se parezca cada vez más a la Colombia de hace 20 años.

⁵¹ La expresión no es mía. En diciembre de 2008, la revista estadounidense Foreign Policy señaló que México estaba en vías de convertirse en un "Estado fallido". Ese pronóstico desató tanto al interior como al exterior de nuestro país una intensa polémica que todavía no ha terminado.

⁵² N. Maquiavelo, El Príncipe, op. cit., p. 103.