Patrón de reproducción del capital y clases sociales en la Argentina contemporánea

The Pattern of the Reproduction of Capital and Social Classes in Contemporary Argentina

Agostina Constantino¹ y Francisco José Cantamutto ²

¹ Argentina. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Correo electrónico: agostina.constantino@flacso.edu.mx

Fecha de recepción: 17/08/13.
Fecha de aceptación: 22/02/14.

Resumen

El objetivo del presente artículo es analizar las características del patrón de reproducción de capital en un país dependiente durante la etapa de mundialización del capital, desde la perspectiva de la teoría de la dependencia. Para ello se realiza una caracterización de los lineamientos centrales del patrón de acumulación del capital en la Argentina contemporánea, a partir de la última dictadura hasta la actualidad, ligándolos a las disputas de las clases sociales. La intención subyacente es mostrar las continuidades en el proceso de valorización del capital para un espacio específico, explicándolas por la conflictividad de los proyectos sociales clasistas.

Palabras clave: patrón de reproducción del capital, Argentina, clases sociales, conflicto social, mundialización.

Abstract

Key words: pattern of the reproduction of capital, Argentina, social classes, social conflict, globalization.

Introducción 

Ante un escenario donde la filosofía social neoliberal ha impregnado no sólo las políticas públicas sino la forma de comprender la sociedad, con su presupuesto –innegociable– del individualismo metodológico, recuperar el análisis a partir de actores colectivos estructuralmente definidos resulta de vital importancia. Una de las grandes victorias de neoliberalismo fue presentarse a sí mismo como aséptico y neutral, una propuesta casi técnica más que política. Frente a esta postura epistémica, resulta necesario recuperar el compromiso valorativo del investigador al abordar la realidad y construirla teóricamente. No se trata de un juego ideológico –aunque también lo sea– sino de una exigencia científica: la potencia explicativa de tal perspectiva. Siguiendo esta premisa desde una perspectiva dependentista, el objetivo de este trabajo es analizar las características del patrón de reproducción de capital de un país dependiente, como Argentina, durante la etapa de mundialización del capital. Dicho análisis, tal como el marco teórico de abordaje lo explicita, incluye tanto una dimensión económica como una política; es decir, tanto las características puramente económicas de las formas de valorización del capital como las distintas formas que adquiere el poder político junto con aquéllas.³

Tal como se detalla en el apartado siguiente, este trabajo concibe a las clases sociales no como un mero reflejo de la estructura económica, sino como una relación entre polos durante el proceso de apropiación del trabajo de una, o unas, clases hacia otras; por lo tanto, también tiene en cuenta los procesos políticos de dominación-hegemonía inherentes a dicha apropiación. En este sentido, en el cuarto apartado se analizan las alianzas del bloque en el poder y la dinámica clasista durante la etapa considerada. Resulta importante aclarar que el presente trabajo no tiene una pretensión teórica, por lo que puede no hacer justicia a debates, autores o enfoques que hayan abordado el tema. La preocupación que guía el artículo tiene que ver con un problema empírico, y más en particular, con poner énfasis en una visión de conjunto de ciertos macrofenómenos, como qué caracteriza el patrón de reproducción del capital en la Argentina contemporánea y cómo se explica su continuidad con base en las disputas de las clases sociales. Necesariamente se escaparán algunas precisiones teóricas e incluso empíricas (ligadas a fenómenos específicos de menor alcance, pero de igual importancia), y para cubrir esta falencia es que remitimos a otros estudios especializados.

El artículo se organiza como sigue: la siguiente sección revisa la importancia del análisis social en clave clasista. La segunda explica qué es el patrón de reproducción del capital, con énfasis en su relevancia en la etapa de mundialización. En la tercera sección se aplica este concepto para caracterizar la realidad argentina de las últimas décadas. En la cuarta se intenta dar cuenta de la dinámica sociopolítica detrás de las formas de valorización del capital. Por último, se ofrecen algunos comentarios al respecto.

La importancia de las clases sociales 

Al entender la realidad a partir de una molécula específica –el individuo– la perspectiva neoliberal encuentra serias dificultades para justificar sus recortes disciplinares: dónde trazar la diferencia entre la economía y la política es una zona gris. Si en lugar de ello aprovechamos una visión que parta de la relación social, podemos dar cuenta de la realidad desde una óptica totalizadora (Osorio, 2012: 9-12). Así, la división en disciplinas pierde sentido, al menos como presupuesto ontológico.

El funcionalismo, por su parte, partiendo de las necesidades del sistema social, propone las clases como un mecanismo de estabilidad e integración, capaz de definir orientaciones motivacionales correctas a partir de compromisos valorativos comunes (Parsons, 1968). Su énfasis en la integración tuvo un fuerte impacto especialmente en la escuela estadounidense, preocupada por demostrar las virtudes de su organización social (Sémbler, 2006). Desde que Gino Germani discutiera el problema de las clases sociales en su explicación del peronismo y los cambios ligados a la industrialización (Germani, 1962), la influencia del funcionalismo en el debate argentino no puede soslayarse.

El análisis parte de la totalidad social, ya que las clases sociales no son grupos predefinidos sino más bien polos de relaciones sociales. La lógica del capital, su contradicción fundamental con el trabajo, define la estructura de la sociedad y sus partes (Piva, 2008). Al realizar este vínculo, el mismo proceso de cambio de las estructuras depende del antagonismo implícito en las clases generado a partir de la apropiación, por parte de una de ellas, del trabajo de la otra (Harnecker, 1969). Las clases fundamentales en el capitalismo se pueden definir por su relación con los medios de producción y el control del proceso productivo. En el planteamiento más simple (Marx y Engels, 1999), las clases son dos: dominantes y dominadas. Muchas veces esta formulación indujo a la confusión de que el marxismo era un modelo dicotómico (Sémbler, 2006). Sin embargo, da cuenta de un proceso de largo aliento. Cuando el análisis busca particularizar procesos más concretos, debe recurrir a mayores determinaciones para identificar las clases, fracciones y sectores, como se puede ver, por ejemplo, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte (Marx y Engels, 1981). En este texto Marx señala, precisamente, que la clase no es un dato sociodemográfico, es decir, un derivado de la estructura medible. La clase –dice hablando del campesinado francés– existe en la medida en la que comparte una vida social en común y entra en oposición a otras clases. Es siempre una relación. El dato sociodemográfico es, como dijera Gramsci (1975), apenas la primera y más básica de las determinaciones de la existencia de las clases sociales.

Los debates de la posguerra incluyeron diversas variantes combinadas de los aportes de Weber, Marx y el funcionalismo. Las propuestas más difundidas fueron la de Dahrendorf y la de Goldthorpe, cuyos énfasis en las clases intermediarias procuraban describir los cambios en las sociedades capitalistas avanzadas (Sémbler, 2006).⁴ Sus propuestas pierden la visión de totalidad social del marxismo, abonando las clasificaciones de estilos de vida y distribuciones de poder (Duek, 2010). El pasaje a una teoría simple de la estratificación estaba dado. En definitiva, se trata de encontrar puntos de corte en un continuo de atributos personales, identificando grupos con cierta homogeneidad interna (Rosati y Donaire, 2012). Utilizar el nivel de ingreso, combinarlo con el educativo o con la ocupación, fue práctica común de las encuestas oficiales. Los aportes del grupo de Nuffield fueron centrales para ello (Savage et al., 2013). La absoluta indeterminación en el número de clases, su interrelación y su vínculo con los procesos de desarrollo es clara.

Otro camino fue la lectura estructuralista-marxista que definió las clases a partir de su posición en la estructura económica: las clases como "un efecto de las estructuras" (Harnecker, 1969: 8). Es el camino de Olin Wright (1983) y de Poulantzas (1969a), quienes explicaron la estructuración de las clases según su posición en relación con los medios de producción, el control del proceso productivo y la posesión de habilidades escasas.⁵ Aunque no revisaremos estas propuestas, resaltamos el interés del concepto de Poulantzas de bloque en el poder como la unidad contradictoria particular de clases y fracciones de clases dominantes con respecto a una forma particular de Estado. Se trata de un criterio de periodización que permite ver los cambios en la composición de los sectores dominantes y las modificaciones en la forma de Estado (Poulantzas, 1969a: 302 y 318). Dentro de aquél se puede identificar una fracción que es hegemónica respecto del resto del bloque y de la sociedad (308-311). Es decir, incluso dentro del bloque en el poder existe una fracción que orienta la construcción ideológico-política. El concepto remite a la idea de bloque histórico de Gramsci (1975: 34 y 62) como estabilización económico-política, unidad de contrarios y diferentes en la estructura y la superestructura (véase Chihu Amparán, 1991; Portelli, 1976).

El concepto es útil por varias razones (Poulantzas, 1969b). Permite comprender que: a) no se trata de una sola clase dominante, sino de la unidad contradictoria de múltiples fracciones de clase; b) los intereses de las clases no se trasponen automáticamente a la política; requieren de una transformación para presentarse como intereses de la sociedad; c) el Estado está separado de las clases dominantes, tiene una autonomía relativa dada por su propia estructura (realmente distinguible de la sociedad civil, por oponérsele como polo de unidad formal); d) el Estado no es pura violencia, sino que también compone elementos de consenso (el Estado moderno es el primero que se presenta como capaz de absorber a toda clase social, diluyendo la existencia de sectores dominantes y dominados); e) el Estado tiene historicidad particular, tal como el modo de producción capitalista se puede especificar mediante el concepto de patrón de reproducción del capital (Bonnet, 2012; Osorio, 2008, 2013a; Rajland, 2012; Sanmartino, 2009).

Sin embargo, el concepto tiene dos limitaciones importantes para nuestro análisis. La primera es el énfasis estructural de Poulantzas, que oscurece la dinámica histórica particular. La segunda es que para este autor las clases dominadas no pueden pertenecer al bloque en el poder: es más, no podrían ser siquiera clases aliadas o de apoyo para éste (rol circunscrito a fracciones débiles del capital y a clases pertenecientes a otros modos de acumulación [Poulantzas, 1969a: 312-315]). Ambas deficiencias son muy problemáticas, en particular para países latinoamericanos dependientes, donde la estructuración de las clases subalternas se habría dado en un sendero diferente al europeo, con un peso relativo relevante de la incorporación política de la mano de las clases dominantes con control del Estado (Aricó, 2010).

A partir de los años sesenta el debate se modificó. Intentando explicar los conflictos sociales no clasistas, autores postmarxistas propusieron esquemas de interpretación que ponían énfasis en la parcialidad del análisis de clase o directamente lo anulaban, argumentando su improcedencia para sociedades "postindustriales" (Caínzos López, 1989; Salvia, 2011).⁶ Un planteamiento que cobró fuerza fue aquel que relegaba las clases por una matriz movimientista (Touraine, 2003; 2006). Bourdieu (2000) y Giddens (1979) representan dos de los autores más avanzados en la recuperación de las clases. Ambos buscan explícitamente en el tema una convergencia entre Marx, Weber y Durkheim, entendiendo a las clases como agregados de individuos.

En América Latina el debate tuvo amplia difusión y se asoció al desarrollo mismo de la sociología en la región. La presencia activa del capital extranjero en la estructuración social y la convivencia de diferentes modos de producción dieron lugar, en la región, a una estructura social muy diferenciada, generando combinaciones de clases, fracciones y sectores particulares (Dalle, 2012; Harnecker, 1969; Portes y Hoffman, 2003; Stavenhagen, 1969; Veltmeyer y Petras, 2005). La conjunción de estos elementos refuerza la importancia de la dimensión político-ideológica: tanto cuando las clases dominantes pretenden excluir al resto de la sociedad para llevar a cabo su asociación con el capital extranjero, como cuando quieren modificar esta situación (en su beneficio) y deben recurrir al apoyo de las clases subalternas, la disputa política se vuelve central en la definición misma de las clases (Castells, 1977; Piva, 2008; Thwaites Rey, 1994). Esta peculiaridad de la formación dependiente fue observada tempranamente por Trotsky (1969; véase también Cardoso y Faletto, 1986; Marini, 1978). Aricó (2005) y Portantiero (1981) señalaron además que la temprana incorporación al mercado mundial dificultó una formación corporativa de las clases al modo europeo, tendiendo a privilegiarse presentaciones políticas totalizantes de las clases (como ocurre en los populismos), lo cual dificulta una identificación particularizante de las mismas.

Estos debates fueron relegados por la teoría social en los años ochenta, cuando el análisis se centró en los problemas de pobreza, democracia y vulnerabilidad, entre otros (Boccardo Bosoni, 2012). A principios del siglo XXI el tema volvería al tapete, de la mano de la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), preocupada por seguir la agenda del Banco Mundial e identificar la emergencia de una prominente clase media (Sémbler, 2006). Según sus propias palabras, en la etapa de la globalización ya no habría "actores puros", debido al sustrato cultural compartido que genera estilos de vida globales, tendiendo a la equidad social como valor y práctica (Atria, 2004: 8-9). Por supuesto, los aportes no se quedaron allí. Desde perspectivas críticas se ha buscado recuperar el análisis de las clases para poder explicar los efectos del neoliberalismo y su salida, rescatando la necesidad de identificar los agentes concretos de los proyectos de desarrollo (Dalle, 2012).

Tomando en cuenta estos elementos, se vuelve relevante considerar la actuación política de las clases en tanto actores colectivos movilizados que reconocen una base de interés común. Concretamente, nos parece relevante discutir el asunto en la clave en que fue traído a colación en América Latina: como agentes del cambio social. Es ampliamente reconocido que la organización del sistema capitalista mundial se modificó sustantivamente a partir de la crisis de fines de los sesenta (Duménil y Lévy, 2007; Harvey, 2007). La etapa conjuga una renovada mundialización del capital productivo bajo el comando del capital financiero, siguiendo los parámetros políticos de la filosofía neoliberal (Astarita, 2006). Esto implicó un cambio en la inserción externa de América Latina, que repercutió en modificaciones de su patrón de reproducción del capital (Osorio, 2004a). Las próximas dos secciones explican estos conceptos y su análisis para Argentina.

El patrón de reproducción del capital en la etapa de la mundialización

Para el enfoque de la dependencia, al que nos adscribimos como perspectiva de análisis (Borón, 2008; Hernández López, 2005), la mundialización no es un proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad de tiempo real a escala mundial (Castells, 2009), ni tampoco de la unificación del mundo (Held y McGrew, 2000) sin más. Por el contrario, la mundialización es una etapa dentro del capitalismo como sistema (abierta desde finales de la década de los sesenta), caracterizada por la apropiación de los territorios a través de una red de relaciones de poder económico y político que engloba al planeta entero. Apropiación que, por un lado, es extensiva, pues se expande hacia los lugares más recónditos del planeta sin dejar ningún espacio donde no prepondere la relación capital trabajo como forma de organización social; y por otro lado es intensiva, ya que aumenta los grados de explotación y dominio allí donde las relaciones capitalistas de producción ya eran predominantes (Astarita, 2006).

Sin considerarlo como un fenómeno inédito sin relación con toda la historia del capitalismo, esta postura tampoco cree que se trate de un fenómeno inherente al modo de producción desde sus inicios, tal como lo afirma el teórico Immanuel Wallerstein, quien asevera que la etapa actual de la expansión del capital viene gestándose desde la época colonial, pues localiza el origen del moderno sistema mundial en la Europa del siglo XVI, donde se puso en movimiento una expansión de la economía y la política de la que resultó la red mundial que existe actualmente (Wallerstein, 1999). A pesar de esta diferencia, este autor coincide con la postura sostenida en el presente trabajo respecto de no considerar que la mundialización se expanda homogéneamente en todo el mundo, sino que lo hace de manera diferenciada entre los países centrales y los periféricos.⁷

La expansión del capitalismo en este proceso de mundialización consolida las regiones diferenciadas desde el punto de vista de la capacidad de apropiación y despojo del valor, dividiendo el mundo entre los países centrales y los países dependientes, donde los primeros poseen una gran capacidad de apropiación del valor generado y despojan a los segundos.⁸ Sin embargo, resulta necesario especificar las dimensiones del impacto de la globalización a la que nos referiremos en este trabajo: la política y la económica.⁹ Esta separación es meramente analítica, pues el capital es una unidad de explotación y dominio al mismo tiempo, aunque se presente a sí misma como la promesa de un mundo de hombres libres e iguales; es decir, en el capitalismo lo económico y lo político son dimensiones socialmente indiferenciadas (Osorio, 2013b). Veamos cada una.

Con respecto a la dimensión política, es necesario diferenciar tres conceptos: Estado, Estado-nación y soberanía. El primero se refiere a la condensación de las relaciones de poder que atraviesan a la sociedad; el segundo a la entidad que reclama fronteras establecidas para el ejercicio del poder político sobre su territorio; y el tercero se relaciona con la capacidad estatal de decidir con autonomía en el interior y hacia el exterior, sin condiciones establecidas por otros Estados o entidades (Osorio, 2004b). La construcción del Estado-nación soberano fue una construcción desigual entre los países, propia de una modernidad que actualmente parece exacerbarse (Giddens, 1987).

Con respecto a la dimensión económica es necesario definir el concepto de "patrón de reproducción del capital", como la forma específica que toma la reproducción y valorización del capital (es decir, el ciclo capital-dinero: D-M-P-M'-D') en un espacio y un periodo históricos determinados, que tiende a repetirse en sus procesos fundamentales (los valores de uso que produce, las características de las esferas de producción y circulación, y los procesos de subordinación y dependencia en el caso de las economías dependientes). Un análisis en términos del patrón de reproducción del capital permite caracterizar las formas particulares que adopta el desarrollo del capitalismo en regiones, formaciones sociales y periodos históricos. Tal investigación requiere articular los valores de uso y los valores de cambio producidos en una economía y la integración entre las fases de circulación y producción (Barrera y López, 2010; Osorio, 2008, 2013a).¹⁰

La mundialización entonces tendrá efectos desiguales en las dos dimensiones anteriormente presentadas en los países centrales y en los periféricos. En los primeros, su impacto en la dimensión política se refleja en un fortalecimiento de los Estados-nación para dictar las pautas de reorganización del sistema mundial;¹¹ en términos económicos requiere de la profundización de un patrón de reproducción del capital caracterizado por funciones que generan un alto valor agregado (diseño, investigación y desarrollo, mercadotecnia) y una explotación del trabajo vía plusvalía relativa.¹² Ambas dimensiones (política y económica) están sumamente relacionadas desde el momento en que el fortalecimiento de estos Estados-nación es una condición necesaria para el sometimiento del resto de los países del sistema, a través de la especulación financiera, las operaciones militares, etcétera (Giddens, 1987, 2004).

En cuanto a la dimensión política, en los países dependientes la mundialización requiere del fortalecimiento del poder político de los Estados en paralelo a una soberanía cada vez más restringida (como siempre ha sido); en términos económicos requiere de la profundización de un patrón de reproducción de capital caracterizado por funciones de muy bajo valor agregado (producción de alimentos, materias primas, ensamble) y una explotación del trabajo vía plusvalía absoluta.¹⁴ Igual que en el caso anterior, ambas dimensiones (política y económica) están muy relacionadas, desde el momento en que un Estado fuerte se requiere a fin de mantener las condiciones necesarias para la reproducción del capital a través de leyes, poder de policía, etcétera; mientras que una soberanía débil se precisa con el objetivo de imponer desde los países centrales esas mismas condiciones. Es decir, las regulaciones son impuestas desde afuera, pero su cumplimiento tiene que ser garantizado por los Estados desde adentro.

Para el caso de la dimensión política en los países dependientes –y en particular para el caso de Argentina– resulta necesaria la distinción entre Estado visible y Estado invisible que realiza Osorio (2004a). Mientras que el primero se refiere a la organización jerarquizada de instituciones, reglas, leyes y personal en donde se materializa el poder político, el segundo alude a la condensación del poder político, el dominio y la fuerza que atraviesa la sociedad, entendiendo el poder político como la capacidad de las clases dominantes de llevar adelante sus proyectos e intereses. Esta distinción es importante, pues aunque el aparato estatal (Estado visible) cambie, el poder político (Estado invisible) puede permanecer sin cambio en las manos de la misma clase dominante (que incluye, no trivialmente, al capital extranjero).

Luego de este breve marco conceptual pasaremos a analizar el caso del capitalismo periférico (dependiente) en Argentina, mostrando los efectos que la mundialización ha tenido sobre las dimensiones política y económica en este país.

El capitalismo dependiente argentino 

En 1976 se instauró en Argentina, de la mano de un golpe cívico militar, un patrón de reproducción del capital primario exportador con una fuerte incidencia de las actividades agrícolas y mineras, junto con un fuerte proceso de concentración y extranjerización de la estructura económica local (Basualdo, 2006; Burachik, 2009; Féliz y Chena, 2006).¹⁵ Este fue el inicio de una mayor inserción del país al mundo (apertura comercial y liberalización financiera eran sus programas) y del momento en que los efectos de la mundialización de capitales comenzaron a darse con mayor fuerza.

Para analizar detalladamente los efectos que tuvo este proceso, tanto en el Estado como en el patrón de reproducción del capital, expondremos algunos datos clave. Creemos que para ello, lo mejor será separar las distintas fases del ciclo de reproducción del capital (D-M-P-M'-D'), mostrando las características que en esta nueva etapa cada una de ellas tiene.¹⁶

La fase D-M –compra de fuerza de trabajo y materias primas– en esta nueva etapa se caracteriza por una precarización cada vez mayor del mercado de trabajo con fuertes rasgos de superexplotación laboral (Barrera y López, 2010; Lindenboim y Müller, 2008). En la Gráfica 1 se puede apreciar el salario medio real en Argentina desde 1970, y cómo, luego del pico del segundo trimestre de 1975, éste comienza a caer tendencialmente (véase tendencia logarítmica en la gráfica) a partir del mismo momento en que se instaura la dictadura en Argentina (segundo trimestre de 1976).¹⁷El salario en esta etapa deja de cumplir un rol dinamizador de la demanda para constituirse exclusivamente en un costo, en la medida en que la orientación de la valorización del capital busca los mercados externos (Lindenboim, Kennedy y Graña, 2011).

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El aumento en el salario medio real que se observa a partir de 2003 no se debe a una reversión de la tendencia antes mencionada con la nueva orientación política que tiene el aparato del Estado (y la clase reinante) con la llegada del kirchnerismo,¹⁸sino que se trata de un aumento que esconde algunas heterogeneidades existentes en el mercado laboral (Graña y Kennedy, 2010). Una muestra de estas heterogeneidades puede observarse en la Gráfica 2, donde se muestra que sólo los salarios de los trabajadores registrados del sector privado superan los valores de 2001, año de fuerte crisis en el país (Teubal, 2011). En contraste, los de los trabajadores no registrados del sector privado (los informales) y los de los empleados del sector público no llegan a recuperar los bajos niveles que tenían en el referido año.¹⁹Vemos así que la precarización de las condiciones laborales (reflejada en los salarios) se ha mantenido y profundizado durante los casi cuarenta años de este nuevo patrón del reproducción del capital, basándose en un proceso de extracción de plusvalía absoluta y superexplotación (Lindenboim, Kennedy y Graña, 2011; Pérez y Féliz, 2010).

La fase M-P-M' (producción) se caracteriza por la consolidación de un patrón productivo orientado al complejo agro minero exportador y altamente extranjerizado. En la Tabla 1 se presentan las tasas de crecimiento entre 1975 y 2012 por sector de actividad. Lo que podemos observar es el claro protagonismo de los sectores no transables, donde la actividad financiera, las comunicaciones y el transporte, y los servicios públicos exceden fuertemente al crecimiento total del Producto Interno Bruto (PIB). Esta observación es consecuente con la afirmación anterior: la valorización guiada por las ventajas comparativas en recursos naturales tiende a apreciar el tipo de cambio, hace perder competitividad al resto de las ramas transables y fomenta la actividad en los sectores protegidos de la competencia, lo que se conoce como "enfermedad holandesa" (Puyana y Costantino, 2012). Al mismo tiempo, se observa claramente que la industria manufacturera ha sido el sector más rezagado en el proceso de valorización.

En la Tabla 2 se presentan los diez principales productos de exportación de acuerdo con su participación en las exportaciones totales de 2011, para años seleccionados desde 1975. Entre productos agrícolas (soja y derivados, maíz, etcétera) y mineros (oro y derivados del petróleo), en 2011 sumaban el 36.7% de las exportaciones totales, mientras que estos mismos productos en 1975 (antes del cambio del patrón de reproducción del capital) representaban tan sólo el 13% de las exportaciones. Además, los productos no primarios que aparecen entre las principales exportaciones (vehículos y camiones) no responden a un proceso de industrialización generalizado por el dinamismo del sector y aumentos de productividad, sino que son una consecuencia directa de los procesos de mundialización del capital: la firma de los tratados del Mercosur en la década de los noventa incluyó la protección selectiva de algunos sectores –entre ellos el automotriz–, que permitiría la producción de automóviles de lujo en Argentina y de uso masivo en Brasil (Bekerman y Montagú, 2007).

Como característica de esta fase se observa también un fuerte proceso de concentración y extranjerización del capital. En la Gráfica 3 se presenta la extranjerización (medida como la participación de capitales extranjeros en el valor agregado en las 500 empresas más grandes de Argentina) y la concentración (medida como la participación de las 500 empresas más grandes del país en el valor agregado total a nivel nacional). En ambos casos vemos que desde inicios de la década de los noventa (para datos anteriores véase Basualdo, 2006) la tendencia ha sido hacia el aumento, a pesar de que en los últimos años la extranjerización ha disminuido levemente debido a la huida de los capitales extranjeros de las empresas privatizadas por la disminución en su rentabilidad después de la devaluación de 2002 (Burachik et al., 2010). Este conjunto de grandes empresas representa cerca de la cuarta parte del PIB, casi el total de las exportaciones y de la deuda externa, obteniendo ganancias superiores al promedio nacional (Azpiazu, Schorn y Manzanelli., 2012; Basualdo et al., 2007). Es decir, la estructura productiva se orienta hacia la exportación de bienes de bajo valor agregado, a la vez que se concentra y extranjeriza.

Por último, la fase M'-D' (valorización) se relaciona con las dos anteriores: la baja tendencial de los salarios (fase D-M) se explica no sólo por ser clave en la disminución de los costos salariales para el capital, sino también porque el trabajador pierde la importancia como consumidor que había tenido en la etapa anterior debido a que los valores de uso que ganan preponderancia en el nuevo patrón de producción ya no son bienes salarios (como los textiles o automóviles de uso masivo en la etapa de la industrialización), sino que cada vez más son productos que se orientan a los mercados extranjeros (fase M-P-M') o a los consumidores de lujo. Como lo señalamos, esto no se ha revertido durante los gobiernos kirchneristas. Raffo y Lozano (2006) muestran que, a pesar de que durante estos gobiernos el consumo total aumentó, el "consumo popular" (definido como el de los asalariados registrados, los no registrados, los trabajadores por cuenta propia y los desocupados que perciben planes sociales) pasó del 45.8% en 2001 a 43.8% en 2005, al mismo tiempo que el "consumo superior" (definido como diferencia entre el consumo privado total y el consumo popular) pasó de 54.2% a 56.2%. Teniendo en cuenta que los "consumidores superiores" representan el 3.8% de la población económicamente activa, los rasgos excluyentes de este patrón quedan fuertemente exacerbados. Es decir, el consumo en Argentina, incluso durante la etapa de los gobiernos "progresistas", no se explica por el ingreso de los sectores populares, sino por otro tipo de ingresos (ganancias y rentas) de un sector minoritario de la población.

Ahora bien, a menos de que cayéramos en un mecanicismo simplista, queda por explicar cómo es que este cambio opera: ¿quiénes son los que cambian la forma de reproducir el capital? Daremos cuenta de los lineamientos centrales a partir de la conflictividad interna al bloque en el poder (reacomodamientos de fracciones) y el antagonismo con las clases populares.²⁰Esto implica dar cuenta de los posicionamientos políticos de las diferentes clases y fracciones, que permiten comprender –al menos superficialmente– la estructuración clasista de la sociedad: no sólo una topografía económica sino un proceso de cambio social (modificación de las estructuras) guiado por agentes estructuralmente definidos (clases). Resulta interesante que las temporalidades del sistema político tengan cierta coherencia con los procesos de la lucha de clases. Es decir, sin ir por el camino de imputar la relación, la historia argentina sirve como muestra de que los cambios de régimen político operan, con desfases, en un sentido consistente con la disputa clasista por el poder.

La dinámica clasista del patrón de reproducción 

Aunque comparte una estructuración general semejante, el caso argentino no es necesariamente representativo de América Latina, entre otros motivos por su inicial especialización exportadora en bienes de uso que formaban parte de la canasta de consumo básica de las clases populares, la fuerte inmigración europea, la temprana urbanización y conformación de una clase obrera organizada, y el grado de avance en el proceso de industrialización sustitutiva (O'Donnell, 1977). Esto no la hace un caso único sino más bien señala las limitaciones de integrar sin reparos su análisis al caso regional.

Igual que otros países de la región, Argentina comienza la etapa sustitutiva de importaciones en la Primera Guerra Mundial, como una variación en el sector de actividad de la burguesía agraria existente. Las oportunidades de la fase "fácil" (ramas de baja complejidad tecnológica, pequeña escala de producción, alta intensidad de mano de obra) permitieron una expansión relativamente importante de la actividad industrial, suficiente para distinguir tres nuevas clases: una pequeña burguesía propietaria, una fracción industrial de la gran burguesía y un proletariado industrial (Murmis y Portantiero, 1971).²¹ El peronismo vino a dar cierta plausibilidad política a esta nueva estructura clasista, funcionando como una suerte de bonapartismo (De Ípola y Portantiero, 1981; Vilas, 1994). Sin embargo, la propia dinámica del patrón de reproducción del capital y los intereses de las fracciones tradicionales (agrarias) del bloque en el poder introdujeron elementos de inestabilidad que impidieron su sostenimiento.

La etapa de sustitución "difícil" (1952-1976) se caracterizó por una importante inestabilidad sociopolítica (Cavarozzi, 2002). Portantiero (1977) habla de "empate hegemónico" para describirla: se trata de un periodo en el que ninguna fuerza social es capaz de dirigir al conjunto social en un proyecto político-económico específico. O'Donnell (1977) sugirió que esto ocurría porque diferentes grupos poseían un poder de veto, unos por su inserción estructural (la gran burguesía agraria que abastecía de divisas al país); otros por su capacidad organizativa y de movilización (las clases populares por medio de sus organismos). La propia trayectoria del patrón de reproducción del capital mostraba límites claros para poder avanzar: faltante de divisas, estrechez del mercado nacional, incapacidad de generar tecnología, entre otras (Braun, 1973). El avance hacia ramas productoras de bienes de capital y de consumo durable exacerbaba estos límites.²²

Las clases dominantes comprendieron esto a fuerza de ensayos y errores.²³ Lentamente se produjo una convergencia de las mismas con base en un proyecto de modernización excluyente, que admitiera la especialización en los sectores de actividad más eficientes, desplazando a los capitales menores y a la fuerza de trabajo ocupada en aquellos menos productivos. Esta reintegración del bloque en el poder no podía producirse sino a través de un régimen político dictatorial, que no debería gastar energías en procurar legitimarse: un Estado autoritario-burocrático (O'Donnell, 1982). La dictadura siguiente (1976-1983) se dio a esta tarea organizando el terrorismo de Estado como política de contención social.²⁴ Sin embargo, no debe creerse que el objetivo de la dictadura era la pura represión (física, política y moral). Tal como sus perpetradores la autodenominaron, se trataba –sin eufemismos– de un "proceso de reorganización nacional" que buscaba alterar las bases de funcionamiento de la economía (Basualdo, 2011), disciplinando a la fuerza de trabajo y a las fracciones menores del capital (Canitrot, 1980), así como modificar la estructura social, concentrando "por arriba" y desorganizando "por abajo" (Villareal, 1985).²⁵

El cambio en la estructuración del sistema mundial que operó en los años setenta funcionó de trasfondo no trivial para este proceso, y tal como ocurrió en América Latina con diferentes temporalidades, se dio paso a un nuevo patrón de reproducción del capital, orientado a la exportación de valores de uso de bajo valor agregado (Bulmer-Thomas, 1998; Valenzuela Feijóo, 1990). Esta modificación se guió mediante un esquema de políticas conocido como neoliberal, cuya aplicación fue accidentada y cambiante según las necesidades y posibilidades de las clases en disputa (Burachik, 2009; Cantamutto y Wainer, 2013). Sus lineamientos centrales fueron la apertura comercial, la liberalización financiera, la reforma del Estado (no su mal entendido "achicamiento"), la desregulación selectiva de mercados, la desprotección al trabajo, la caída del salario y sus costos asociados.

Los primeros perjudicados de estas políticas fueron los miembros de la clase trabajadora, no sólo por la caída en sus ingresos sino también por un creciente proceso de precarización del empleo. Aunque numéricamente esta clase se incrementó, también comenzó a modificar su estructura con un mayor peso de los desocupados, los ocupados en el sector de servicios y los trabajadores informales (Graña y Kennedy, 2010; Palomino y Schvarzer, 1996). Por supuesto, esto no implica que las clases sociales desplazadas aceptaran sin más la reestructuración: aun en el marco de la dictadura, a partir de 1978 se comenzaron a hacer visibles protestas por los derechos humanos (Madres de la Plaza de Mayo) y reclamos sindicales (Llovich y Bisquert, 2008). En ese año comenzó la aplicación de un programa antiinflacionario que implicaba una severa apreciación cambiaria, a la cual en el marco de la apertura generalizada implicaba mayor competencia externa, protección selectiva a los sectores no transables, abaratamiento de la toma de deuda externa y facilidad para el negocio financiero (aprovechando los diferenciales de las tasas de interés). Este esquema provocó un proceso sostenido de quiebras de pequeñas y medianas empresas que produjo un cambio dentro de la estructura social al debilitarse la pequeña burguesía y alimentar la presión competitiva al interior de la clase trabajadora (Canitrot, 1981). La economía inicia un intenso proceso de concentración, centralización y extranjerización, que legará una gran burguesía fortalecida frente al resto de la sociedad.

Sin embargo, el esquema cambiario terminó por generar un problema para una fracción de la gran burguesía también, al incrementar la competencia externa a un punto que no estaba en condiciones de soportar (Schvarzer, 1986). La forma de supervivencia fue recurrir al endeudamiento en el contexto de abundancia de los petrodólares, lo que produjo una creciente dependencia por parte de la gran burguesía local de los acreedores externos. Cuando la tasa de interés de referencia (la de la Reserva Federal de los Estados Unidos) se incrementó súbitamente en 1979 (movimiento conocido como shock Volker), el estallido de la crisis se volvió una realidad. La dictadura perdió así el consenso de una parte importante de la gran burguesía: sin el apoyo externo de Estados Unidos (tras el informe de la Organización de Estados Americanos sobre derechos humanos), sin el de las clases dominantes y con la protesta permanente de las clases populares, los militares intentaron un último truco con la Guerra de las Malvinas. El fracaso en este intento por ganar legitimidad llevó a la salida irremediable del régimen dictatorial (Llovich y Bisquert, 2008). Antes de retirarse del gobierno, estatizaron la deuda externa de la gran burguesía, ocasionando un aumento significativo de la deuda pública (Basualdo, 2006; Brenta, 2008), que acabó provocar la moratoria de pagos al mismo tiempo que en México.

Las negociaciones políticas de retorno a la democracia procedimental en el gobierno de Raúl Alfonsín se dieron en un marco de astringencia de capitales (debido al problema irresuelto de la crisis de la deuda) y de términos de intercambio a la baja, dificultando cualquier proceso de valorización del capital bajo el esquema financiero-exportador que se había iniciado con la dictadura.²⁶ Este esquema tuvo como fundamento la expansión económica sobre la base de la explotación de ventajas comparativas estáticas destinadas a la exportación, y una creciente preeminencia de la actividad financiera como lógica de valorización, según lo explicara oportunamente Basualdo (2006). Este contexto marcará la década. Tras un primer intento redistributivo-keynesiano que atendió a las demandas de la clase trabajadora (durante 1984, básicamente), el gobierno de Alfonsín (1984-1989) fue sitiado por los acreedores externos y la gran burguesía en reclamo de oportunidades de valorización. La caja pública es el núcleo alrededor del cual giraron las disputas de la década entre estos últimos dos grupos, relegando a las clases populares desde el acuerdo con el FMI en 1984 (Birle, 1997; Ortiz y Schorr, 2006). El Estado, incapaz de recaudar en una economía en recesión permanente debía monetizar el déficit, alimentando la inflación; a esta situación aludiría irresponsablemente el neoliberalismo como "exceso de demandas" al Estado, recomendando el ajuste eficiente del mismo (Cantamutto y Wainer, 2013). La clase trabajadora protagonizó diversas medidas de protesta contra el gobierno, completando más de una decena de huelgas generales.

La gran burguesía exportadora (agraria, minera e industrial) se enfrentaba a dificultades de valorización que el gobierno buscaría resolver de la mano de los acuerdos con Brasil (1985), los cuales decantarían luego en el Mercosur. El sector agropecuario impulsó protestas contra el gobierno de Alfonsín con el fin de impulsar sus demandas. Para el resto de la burguesía local la obra pública era la única esperanza (lo que se conoció como "patria contratista"). Los planes Baker y Brady fueron las formas concretas a través de las cuales los acreedores buscaron recuperar el control del aparato estatal y la orientación del proceso de reproducción del capital. El segundo de estos planes ofrecía un canje de la deuda por acciones en empresas estatales, en un proceso masivo de privatizaciones de la mano con el resto de las recomendaciones del Consenso de Wash-ington (Brenta, 2008). La propuesta se hizo atractiva para el conjunto de la gran burguesía, que podía participar del proceso de venta de activos públicos valorizando su capital al entrar en el negocio de la venta de las empresas estatales (Azpiazu y Basualdo, 2004; Azpiazu y Schorr, 2002; Schvarzer, 1994). Con base en este acuerdo se conformó una "comunidad de negocios" del conjunto de la gran burguesía, que funcionó como marco de confluencia para una nueva oleada intensiva de reformas neoliberales (Basualdo, 2011).

El aparato del Estado se presenta de modo abierto como un comité de negocios de la burguesía, excluyendo de su seno a todo representante de las clases populares y eludiendo cualquier compromiso con las mismas (Sanmartino, 2009). Hablar de hegemonía durante el neoliberalismo en Argentina es, al menos, problemático. A medida que el desempleo crecía, operaba como mecanismo coercitivo de disuasión a la protesta y a la organización obrera, generando una aceptación por miedo (Piva, 2007). Las protestas fueron protagonizadas por trabajadores del sector público, jóvenes ocupados informalmente, y la variante más novedosa: los "piqueteros", organizaciones de desocupados llamados así en Argentina por la forma de protesta utilizada por este grupo que consiste en la realización de cortes de ruta o "piquetes" (Massetti, 2006; Schuster et al., 2006; Svampa, 2005).²⁷

En 1995, el efecto tequila –retracción internacional de los capitales originada en una crisis en México– puso a prueba la solidez de la alianza. Gran parte de los capitales nacionales, luego de vender su participación en las privatizaciones, se volvieron rentistas o pasaron a valorizarse donde tenían ventajas comparativas: el agro (Bonnet y Piva, 2009; Schorr, 2001). Con el estallido de las crisis en el sudeste asiático comenzó una nueva fase de reversión de los capitales a escala global, que encareció aún más el financiamiento del esquema de políticas. La deuda externa creció a niveles insostenibles, a pesar de que el Estado continuó pagándola a costa de mayores ajustes fiscales (todo el déficit se explica por el pago de intereses de la deuda), demostrándose el control del capital financiero sobre el aparato estatal.²⁸ Se renovó así una división semejante a la ocurrida años atrás: lentamente, la fracción industrial de la gran burguesía empezó a cuestionar el esquema de políticas, abriendo una brecha al interior del bloque en el poder (Dossi, s/f; Gaggero y Wainer, 2006).

La protesta social se fue intensificando, horadando la legitimidad del régimen (Bonnet, 2002; Giarracca, 2001). Aunque la crisis económica aportó su parte en este desgaste –como lo señala Piva (2007)–, era posible una salida de política económica; el límite fue político. Continuar el camino de la "convertibilidad" sólo incrementó la conflictividad, pero ¿cuál era la alternativa? El diagnóstico y la salida de la crisis que se impusieron fueron los elaborados por un agrupamiento de fracciones de la gran burguesía (el llamado Grupo Productivo), comandado por el capital industrial. Crecientemente aisladas quedaron las fracciones de la gran burguesía agropecuaria, la comercial y la ligada al capital financiero extranjero, que pretendían intensificar el esquema de políticas pasando a una dolarización de la economía (Schorr, 2001). La salida propuesta consistió en una devaluación, cesación temporal de los pagos de la deuda externa y pesificación de la economía.²⁹ Para poder convalidar este programa, el "Grupo Productivo" buscó una asociación con los sectores de trabajadores formales organizados en la Confederación General del Trabajo, bajo la promesa de mayores niveles de empleo (Cantamutto y Wainer, 2013).

Con esa orientación política, se le dio espacio de valorización al capital concentrado relativamente más débil. Su debilidad relativa se demostró en la necesidad de apoyarse en las clases populares (o en una parte de ellas) para poder modificar la relación de fuerzas al interior del propio bloque en el poder. No es posible decir que las fracciones de la gran burguesía desplazadas del comando del bloque en el poder sean "perdedoras" del nuevo esquema, sino que las ganancias de todos los sectores concentrados de la economía se incrementaron sustancialmente (Michelena, 2009). Más bien, existe una alteración de la relación de fuerzas que les hizo perder poder político a las fracciones desplazadas (Basualdo, 2011), modificando con ello al Estado como forma y como aparato (Piva, 2011). La salida de la convertibilidad se terció entre esos agrupamientos al interior del bloque dominante, apoyándose en las clases populares pero sin modificar los fundamentos de la reproducción del capital: empleo precario y mal pagado, desprotección de los recursos naturales, apertura comercial y liberalización financiera (Féliz, 2012).

Aunque no lo desarrollamos, dejamos constancia de que la necesidad de una parte del bloque en el poder de alterar la correlación de fuerzas a su interior requirió del apoyo de (una parte de) las clases populares. Para concitar ese apoyo, fue necesario conceder a sus intereses, aunque sólo fuera parcialmente; es decir, intentar construir una hegemonía. La forma concreta que adoptó este proceso fue la adaptación populista del kirchnerismo, que intentó mediar la tensión entre ceder a las demandas populares sin perder el control del proceso de valorización por parte de la gran burguesía en su conjunto (Cantamutto, 2013). Políticas públicas como la rehabilitación de las negociaciones colectivas de trabajo, la reactivación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, así como la ampliación de los planes sociales (Etchemendy, 2010; Senén González y Borroni, 2011), forman parte de esta voluntad de considerar demandas subalternas para contener la movilización social y validar el patrón de reproducción del capital (Féliz y Pérez, 2007; Giosa Zuazúa, 2006; Payo Esper, 2013). Durante este periodo se consolidó la prevalencia del capital extranjero concentrado en ramas asociadas con la explotación de ventajas comparativas estáticas y el sector financiero (Azpiazu, Schorr y Manzanelli, 2012; Cantamutto y Costantino, 2013; Féliz, 2012).

Comentarios finales 

En este trabajo intentamos caracterizar, en rasgos generales, el patrón de reproducción del capital en Argentina y explicarlo mediante las fuerzas sociales de clase detrás del mismo. El aporte central está en la visión de conjunto del proceso, que pretende de esta forma ofrecer un marco para estudios parciales más refinados. Aunque cada fase al interior de la etapa merecería un estudio detallado, queremos aquí poner énfasis en las continuidades por sobre las rupturas. En cada coyuntura procuramos señalar referencias clave de la literatura, que sirvan de complemento para aquellos procesos no desarrollados aquí.

A grandes rasgos, se observa en Argentina un cambio en el patrón de reproducción del capital a partir de 1976 que implica no sólo una modificación en la estructura productiva (sesgo hacia las actividades exportadoras basadas en el aprovechamiento de ventajas comparativas de tipo estático y el sector financiero), sino también un fuerte proceso de concentración y extranjerización del capital ligado directamente a los procesos de mundialización y reestructuración productiva que se están dando desde los países centrales. Durante toda esta etapa, la pérdida de soberanía relacionada con la extranjerización de la economía ha ido de la mano de una fuerte consolidación del poder político en manos de la gran burguesía ligada al patrón exportador, intercambiándose la gran burguesía agraria, la industrial y la financiera el papel de fracción hegemónica a lo largo de todo este periodo. Todo esto se sostiene a pesar del cambio ideológico del grupo político en el gobierno, en un sentido más progresista, que pasa a atender varias demandas populares, buscando legitimar el patrón de reproducción del capital.

Lo anterior no quita que desde 2002 el empleo y los salarios de ciertos grupos de trabajadores se hayan recuperado respecto de los valores de la última crisis. Sin embargo, consideramos relevante poner énfasis –frente a ciertas interpretaciones excesivamente centradas en lo discursivo– que esto no responde a que los trabajadores son ahora quienes imponen sus proyectos (es decir, a tienen el poder político), sino a que la gran burguesía ha debido considerarlos para contener la conflictividad social. Tanto las políticas sociales universales (asignación universal por hijo) como las laborales (reapertura de las comisiones de negociación laboral entre empresarios y trabajadores, renegociaciones de los convenios colectivos y aumento del salario mínimo) responden directamente a la lucha de clases exacerbada a partir de 2001. La hegemonía –como obtención de cierto consenso entre las clases dominadas– lograda por las fracciones más concentradoras del capital implica la concesión de algunas demandas materiales que los sectores populares venían reclamando desde décadas atrás. Los conflictos políticos en el seno del bloque en el poder, que separaron relativamente la fracción agraria de la industrial durante la crisis de la convertibilidad, abrieron espacio para las demandas de sectores subalternos, hasta el punto en que no cuestionaron los fundamentos del patrón de reproducción del capital.

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Notas

³ Se entiende por valorización del capital el proceso que permite reproducir la relación social capitalista mediante la explotación de la fuerza de trabajo en el proceso productivo y su realización en la circulación. La producción y venta de mercancías supone una distribución de propiedad de los medios de producción y control del proceso productivo que define posiciones diferenciales en la estructura social. Este es el dato de origen para la existencia de las clases sociales (Marx, 1981; Shaikh, 2006).

⁴ Conviene recordar que nos centramos sólo en algunos de los enfoques más difundidos, en especial en el debate argentino. Una revisión exhaustiva de la literatura respecto de la determinación de las clases sociales sería un trabajo diferente al presente.

⁵ Portes y Hoffman (2003) siguieron este camino para las clases en América Latina, tomando en cuenta el control de los medios de producción, de la fuerza de trabajo impersonal y organizada, de las habilidades escasas y de las calificaciones técnicas, así como la cobertura y reglamentación de la relación laboral.

⁶ La teoría del posmaterialismo de Inglehart va más allá: en estas sociedades post-industriales no sólo es improcedente el análisis de clases sino que también lo es el político y social a partir de lo material; aquí los individuos (que ya tendrían sus necesidades materiales cubiertas) comienzan a tener preocupaciones "posmateriales", como el arte, el medio ambiente, etcétera (Inglehart y Carballo, 2008).

⁷ Utilizaremos en lo sucesivo las alocuciones países centrales y periféricos en referencia explícita a la clasificación de Wallerstein (1995, 1999). En este sentido, no remitimos a la vieja acepción cepalina de estos términos, sino a su recuperación desde la teoría del sistema mundo en clave dependentista. Sobre la continuidad entre ambas escuelas en este punto véanse Beigel (2006) y Dos Santos (1998).

⁸ Esta apropiación ocurre por diversos mecanismos, como el comercio desigual, la superexplotación de la fuerza de trabajo, el control del desarrollo tecnológico, etcétera (Gunder Frank, 1979; Marini, 1973; Martins, 2000). La combinación de estos diversos mecanismos da lugar no sólo a las posiciones desiguales en lo económico, sino también en lo político y lo militar. De esta caracterización combinada surge la denominación de países imperialistas y dependientes (Dos Santos, 1998; Lenin, 1972). Como señalamos en la anterior nota, utilizamos la voz del centro y la periferia para retomar la clasificación de Wallerstein, entendiendo que complementa (no se opone) a la de los imperialistas y los dependientes.

⁹ Más allá de los importantes impactos en términos culturales que pueda tener la mundialización, aquí dejaremos de lado tal dimensión.

¹⁰ Esto último (la integración de la fase de circulación al análisis) es lo que diferencia el concepto de "patrón de reproducción del capital" con el de "patrón de acumulación" (Valenzuela Feijóo, 1990), que se concentra en la fase de producción del valor (d-m-p-m') dejando un poco de lado la fase de la valorización (m'-d').

¹² La creación, por parte del capital, de amplios mercados de bienes salario en las economías centrales requiere de salarios lo suficientemente altos en términos reales como para que los trabajadores puedan participar del mercado como consumidores y así completar el ciclo de valorización de los capitales en estos países. Una de las formas de mantener los salarios reales elevados es a través de la importación de materias primas, alimentos y bienes salario baratos de los países periféricos. De esta forma, el trabajo en los países centrales se explota, principalmente, vía la extracción de plusvalía relativa.

¹³ Debe señalarse que esta rivalidad –que no se expresa en conflictos armados del tipo de los vividos en el siglo XX– se ve morigerada por la preeminencia relativa de Estados Unidos, en un comando mundial casi unipolar basado en la fuerza militar (Hobsbawm, 2012).

¹⁴ Una de las funciones principales de las economías dependientes dentro del sistema mundo es la producción y exportación de materias primas, alimentos y bienes salario baratos para que, en los países centrales, los trabajadores accedan a mejores salarios reales que les permitan completar el ciclo de valorización del capital adquiriendo los bienes salarios que el capital produce en aquellos países. La producción de estos bienes en forma barata en las economías dependientes está en función del pago de salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo (superexplotación), la precarización y la extensión de la jornada laboral (plusvalía absoluta).

¹⁵ Se entenderá por "extranjerización" el proceso de aumento de la participación del capital extranjero en el valor agregado de la producción local.

¹⁶ Nos basamos en las propuestas de Barrera y López (2010) y Féliz (2012).

¹⁷ Resulta apropiado evaluar este cambio a la luz de las tendencias de largo plazo de la distribución funcional del ingreso (Graña y Kennedy, 2010)

¹⁸ Se entiende por "kirchnerismo" al proceso político de ruptura populista y gestión gubernamental asociado con la llegada a la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y la continuidad de estas políticas de la mano de su sucesora y esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Véase Cantamutto (2013).

¹⁹ Las movilizaciones ligadas a los reclamos de recomposición salarial de esta última fase, así como los límites de la misma, han sido analizados en López y Cantamutto (2013). Los principales cambios del periodo se relacionan con la institucionalización de la negociación colectiva de trabajo, en el marco de las políticas de diálogo social de los gobiernos posteriores a 2002 (Senén González y Borroni, 2011).

²⁰ Debido a las señaladas variaciones en la estructura de clase respecto del modelo europeo, resulta apropiado reunir como "populares" a las clases subalternas, donde se incluye, pero no se limita, a la clase obrera.

²² Algo reconocido en los proyectos de integración por rama articulados a partir de la Asociación Latinamericana de Libre Comercio (Alalc) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

²³ El último intento de modernización guiado por una de las fracciones de la gran burguesía (la industrial) con exclusión de otra (la agraria) fue durante la dictadura de onganía (1966-1970), a través del plan del ministro de Economía Krieger Vasena, el cual fracasó por la confluencia de la movilización popular (conocida como el Cordobazo) y el boicot productivo (lock out) de la burguesía agraria (Braun, 1973; Ferrer, 1998; Vitelli, 1990).

²⁴ Hablamos de terrorismo de Estado para referirnos a la doctrina y práctica organizada desde ese aparato, consistente en la desaparición forzada, el asesinato, la tortura, la violación, el rapto de hijos, etcétera, de militantes políticos y sociales con el objetivo de establecer un proyecto social excluyente.

²⁵ Más de dos tercios de los secuestrados desaparecidos eran asalariados pertenecientes a distintas fracciones de clase (Izaguirre y Aristizábal, 2002).

²⁶ Utilizamos aquí el concepto de "democracia procedimental" en alusión a una idea mínima de democracia que garantiza la igualdad ante el sistema de representación política (en el sentido del acceso al voto universal y secreto), pero no garantiza otros tipos de igualdad (como el acceso a los medios de producción, la justicia social u otras).

²⁷ Sintomáticamente, este sector organizado, que protagonizó la lucha política contra el neoliberalismo, se origina a partir del cierre de las plantas de producción de las empresas estatales privatizadas (en particular, YPF). Su expansión al espacio conurbano se facilitó por el desmantelamiento del tejido industrial. Es decir, la lógica misma de valorización del capital favoreció estructuralmente la formación del sujeto social que lo puso en cuestión.

²⁸ Expresado además por la presencia con altos cargos en el gobierno de representantes propios del sector.

²⁹ La descripción detallada de este proceso puede consultarse en Cantamutto (2012).