"Atender las necesidades del vecindario": las políticas de la Junta de Administración Civil de Jalapa para evitar la carestía y la especulación de alimentos, 1914-1917

"Addressing the Needs of the Neighborhood": The Policies of the Civil Board of Directors of Jalapa to Prevent Famine and Food Speculation, 1914-1917

Rogelio Jiménez Marce

Fecha de recepción: octubre de 2011. ]]> Fecha de aceptación: noviembre de 2012.

Resumen

El objetivo de este artículo es mostrar las actividades que la Junta de Administración Civil de Jalapa emprendió para evitar el desabasto de alimentos entre 1914 y 1917. A mediados de 1914, las autoridades municipales recibieron quejas de que faltaban alimentos en la ciudad, por lo que autorizaron varias medidas tendentes a acopiar granos e impedir que los comerciantes aumentaran sus precios. Con el fin de conciliar intereses, los comerciantes propusieron crear un fondo regulador, el cual tendría la función de moderar los costos de los granos y evitar que fueran objeto de especulación. A pesar de las buenas intenciones, la carencia de alimentos y los abusos no desaparecieron, aunque el desabasto no alcanzó proporciones tan dramáticas como aconteció en otras regiones del país.

Palabras clave: Revolución mexicana; desabasto; Jalapa en la revolución; Junta de Administración Civil; Fondo Regulador; testimonios orales.

Abstract

The aim of this paper is to show the activities that the Civil Board of Directors of Jalapa undertook to prevent food shortages between 1914 and 1917. In mid-1914, the municipal authorities received complaints about the shortage of food in the city as a result of which they authorized several measures to collect grains and prevent traders from raising prices. In order to reconcile interests, traders endeavored to create a Regulatory Fund, whose function would be to moderate the costs of grains and prevent them from being an object of speculation. Despite these good intentions, food shortages and abuse did not disappear, although shortages were not as dramatic as they were in other regions.

Key words: Mexican revolution; shortage; Jalapa in the revolution; Board of Civil Administration; Regulatory Fund; oral testimonies.

Así, por ejemplo, Ángel Miguel Tovar recordaba que en 1914 los habitantes de la ciudad de México padecieron a causa de la falta de alimentos, a tal grado que la gente hurgaba en los basureros en busca de cáscaras. La desesperación ocasionó que las personas se comieran a sus perros y gatos. Por iniciativa de su padre, su familia se trasladó a Orizaba en donde "había de todo en abundancia".⁵ La carencia de víveres en la capital del país provocó que la población tomara la iniciativa y se dedicara a saquear los lugares en los que había provisiones escondidas, tanto de comerciantes como de particulares, donde estos últimos guardaban sus provisiones en muros falsos en el interior de sus casas. No obstante, la mayor parte de la población se limitó a recibir los alimentos que los constitucionalistas comenzaron a repartir, aunque estos no alcanzaban y había personas que esperaban dos o tres días para conseguir algunos víveres para sus familias.⁶ Antonio Ortiz y Eliseo Palafox consideraban que las dificultades para conseguir alimentos sólo se daban en las ciudades, pues en el campo existían alternativas para sobrevivir; testimonio que difiere del de Rafael Pozos que cuenta que en Ayotzingo sólo comían "dos tortillas con sal y un jarro de agua", pues los animales se morían por falta de alimento ya que no se podía "conseguir ni maíz ni frijol".⁷ Para enfrentar la crítica situación, la población empleó diversas estrategias de supervivencia. Guadalupe Bello recuerda que los habitantes de su pueblo se comían el bagazo del maguey, cebada, las puntas de la milpa, olotes molidos revueltos con nixtamal y tortillas de papa. Nefti Fernández y María Clementina Esteban indicaban que en algunos pueblos de la Huasteca potosina se recurrió a la recolección de frutos, raíces y tallos.⁸

Juan Martínez menciona que su padre recogía biznagas del campo que se molían con el nixtamal para obtener el doble de masa, además de que muchos iban a los campos a atrapar conejos, ratas y lagartijas.⁹ Testimonios como los de Emilia Olivares, Macario Espejel y Alfredo Martínez nos dicen que la falta de alimentos era consecuencia de las "malas acciones" de los comerciantes que escondían la mercancía, al grado que Emilia Olivares indicaba que "los ricos tenían las trojes apretadas y los pobres pereciendo, comiendo hasta garbanzos". Resulta interesante destacar que los productos que se ocultaban eran el maíz, el frijol y la sal, pues había otros que sí se podían conseguir como la harina, la panela, la carne y la leche. Si no se especulaba con estos artículos, se debía a que no formaban parte de la dieta básica de la población rural y de algunos sectores citadinos. Por lo anterior, no debe extrañar que Emilia Olivares afirmara que la gente se enfermaba por tener que comer "puro pan, pan y pan".¹⁰ Aunque muchas de las cosechas se perdieron a causa de los desmanes que realizaban los grupos revolucionarios, lo que, en palabras de Eliseo Palafox, generó "hambre y pena a la gente humilde", otras fueron afectadas por causas tan disímiles como plagas de langostas y sequías que en algunos lugares, como la Huasteca potosina, se prologaría durante tres años.¹¹ En el caso específico de Jalapa, objeto de estudio de este trabajo, no se cuenta con testimonios tan dramáticos como los anteriores. Por el contrario, la documentación evidencia que el desabasto de alimentos no causó graves consecuencias en la población, debido a que la Junta de Administración Civil (JAC)¹² tomó cartas en el asunto y propuso una serie de medidas tendentes a evitarlo.

Así, esta investigación busca mostrar las acciones llevadas a cabo por la JAC para evitar la carestía de los productos de primera necesidad y las consecuencias que sus acciones tuvieron en la ciudad y sus alrededores.¹³ Las actividades de la JAC evidenciaban, según sus propias palabras, el deseo de "atender las necesidades del vecindario" o, en otras palabras, la persecución del "bien común," misma que ha sido una preocupación permanente de toda instancia de gobierno. La JAC no fue la única institución que asumió el compromiso de ayudar a la población desvalida, sino que en esa tarea también participaron los comerciantes de la ciudad y el gobierno estatal. La acción conjunta de estas tres instancias ayudaría a que los jalapeños tuvieran problemas de desabasto en menor medida del que se padecía en otras zonas del estado y del país, situación derivada, entre otros factores, por la guerra que sacudía al país desde 1910. En el caso particular de Veracruz, la situación se complicó a causa del arribo de Venustiano Carranza al puerto en 1914, pues a pesar de que se estipularon ciertas medidas tendentes a controlar los precios de los alimentos, lo cierto es que se produjo un aumento desmesurado y el desabasto de granos se extendió a ciudades como Veracruz, Jalapa y Orizaba cuyas regiones tenían una importante tradición agrícola.¹⁴ El desabasto de alimentos, en estas y otras zonas veracruzanas, fue consecuencia, entre otros factores, por la falta de producción agrícola derivada de las acciones armadas, pues los grupos armados o se apropiaban de los productos o los destruían; también por la imposibilidad de comerciar con otras regiones, ya que era común que los granos fueran robados en el camino o que no se permitiera su tránsito.

Para tratar de detener el robo de los productos agrícolas y su destrucción, el gobernador Cándido Aguilar publicó el decreto número 27, fechado el 7 de mayo de 1915, en el que se estipulaba, entre otros artículos, una pena de dos años de prisión a quien robara cereales en el campo o en las trojes, así como las herramientas de trabajo (artículo 3), el mismo tiempo de encarcelamiento a quien impidiera el trabajo del campo (artículo 4) y el castigo aumentaba a cinco años en aquellos que destruyeran sementeras, siembras y plantaciones permanentes (artículo 5).¹⁵ Es de advertir que la relación entre los comerciantes y la JAC no sería del todo armónica, situación que ocasionó que las autoridades municipales tomaran el control total del abasto y fijación de los precios. De acuerdo con lo anterior, la investigación muestra la pugna que se gestó entre el sector público y el sector privado por definir sus límites de intervención en el abasto de la ciudad, pugna que se reflejó, sobre todo, en la definición de los precios y en la administración de los productos básicos. La búsqueda de una autonomía alimentaria, por parte de la instancia municipal, se constituyó, en este sentido, en un elemento de seguridad pública. La investigación se divide en dos apartados: en el primero se muestra de qué manera se afrontó el problema en sus inicios y cómo se estableció un Fondo Regulador que era administrado por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, proyecto que no rendiría los frutos esperados como consecuencia de los malos manejos de la Cámara; mientras que en el segundo se refiere que las desavenencias entre las dos grupos llevarían a la creación de comisiones reguladoras cuyo gobierno quedaría en manos de las autoridades municipales, aunque ello no significó que los comerciantes abandonaran sus intenciones de tener injerencia en el asunto del abasto y comercialización de los granos básicos.

Los primeros síntomas de desabasto y la creación del fondo regulador

A raíz de que el puerto de Veracruz fue invadido por los estadunidenses, el 21 de abril de 1914,¹⁶ la JAC, conformada por Francisco García Luna, Luis Pasquel, Francisco de Lezama, Enrique Méndez Alcalde e Ignacio de Medina, realizó una reunión extraordinaria en la que, entre otros asuntos, se trató el problema del rápido encarecimiento de los artículos de primera necesidad y su posible agotamiento, motivo por el que se propuso que la Corporación se diera a la tarea de almacenar las mercancías que eran de uso indispensable para la "clase menesterosa", mismas que se venderían a precio de costo. En un principio se pensó en comprar los artículos con fondos propios, pero después se planteó que una comisión, formada por los concejales Francisco García Luna, Luis Pasquel, Francisco de Lezama e Ignacio de Medina, hablara con el gobernador Cándido Aguilar para que este les facilitara el dinero. La reunión del mandatario con los comisionados fue fructífera y este les prometió entregar los recursos que fueran necesarios. Por su parte, el Cabildo mandó una excitativa a los comerciantes de la ciudad para que no elevaran inmoderadamente los precios de los artículos, situación que sólo causaría "daños profundos en todas las clases sociales".¹⁷ El gobernador no sólo cumplió su promesa sino que también desobedeció una orden del presidente Huerta, quien le había solicitado, en abril de 1914, que remitiera cereales y ganado lanar, vacuno y caballar a Puebla, o en su defecto a Córdoba, Orizaba y Teziutlán, mismos que se iban a utilizar para alimentar a las tropas federales. Es evidente que el mandatario no se iba a arriesgar a dejar a su entidad sin reservas de alimento y prefirió no hacer caso de una disposición que le podría provocar problemas con la población.¹⁸

El abasto de alimento se mantuvo estable durante el segundo semestre de 1914, pero a principios de 1915 se comenzaron a manifestar problemas debido a que los hacendados escondieron el maíz y a que algunos grupos armados destruyeron las cosechas de la región.¹⁹ Por lo anterior no debe extrañar que en enero de 1915 el ejército constitucionalista emitiera dos órdenes: la primera se refería a la presentación de un informe de los lugares en los que se podía cultivar maíz y trigo para brindarles protección a los agricultores. La segunda prohibía la exportación de trigo, maíz, frijol, cebada y harina a otros estados y al extranjero. Asimismo, se determinó exentar de impuestos de importación al trigo y el maíz que entraban por las aduanas marítimas.²⁰ Por su parte, la JAC consignó 60 cargas de maíz de la hacienda del Molino, las cuales se iban a entregar a Carlos Zétina quien había acordado vender el litro de maíz en ocho centavos. La acción de este comerciante, de quien se decía que expendía sus semillas a precios bajos para beneficiar a la "clase proletaria", fue reconocida por la JAC que no sólo le abonó 16.50 pesos por gastos de traslado del maíz, sino que también recomendó que la Administración de Rentas le hiciera un descuento en el pago de sus impuestos. Ante las numerosas quejas del vecindario relativas a que no se podían conseguir los artículos de primera necesidad o que estos estaban muy caros, la Corporación decidió formar una comisión que se encargaría de investigar cuántos depósitos de harina y cereales existían, cuáles fueron los motivos por los que los comerciantes subieron el valor de los productos y qué medidas se debían tomar para rebajar los precios.²¹

La Comisión propuso, el 28 de enero, que se establecieran ciertas tarifas a los productos, mismas que debían obedecer los comerciantes y los hacendados. Sin embargo, el vocal Enrique Méndez Alcalde mencionó que los vendedores del mercado Jáuregui, el más importante de la ciudad, continuaban con su política de expender los artículos de primera necesidad a precios excesivos,²² motivo por el que la JAC lo comisionó para resolver el problema. El vocal decidió entrevistarse con los miembros de la Cámara de Comercio para lograr una solución conjunta. Estos se comprometieron a entregar un informe de las reservas que había en la ciudad y pidieron que se celebrara una reunión con la municipalidad, la cual se celebró el 4 de febrero de 1915 y a la que asistieron, entre otros, Manuel Mendoza Alba, Manuel López Negrete, Julio Olivier, José Pérez Oronoz y Manuel Zárate. López Negrete, en nombre de Mendoza Alba, quien era presidente de la Cámara, manifestó que con motivo del alza en el precio de los artículos de primera necesidad, la JAC decidió asignar tarifas que resultaban inferiores a las que regían en el mercado, por lo que se corría el riesgo de que las mercancías salieran de la ciudad, situación que generaría carestía y trastornos sociales.²³ Como la Cámara deseaba ayudar a la Corporación y a los vendedores, se determinó que, con las aportaciones monetarias de sus miembros, se formaría un Fondo Regulador que adquiriría maíz y frijol para expenderlo al costo. Las dos instancias también acordaron que se considerarían artículos de primera necesidad el maíz, el frijol, la azúcar y la panela, los que se venderían con los siguientes precios: el litro de maíz a nueve centavos, el litro de frijol a quince centavos, el kilo de azúcar a 32 centavos, la pieza de panela a cuatro centavos y el pan de telera a cinco centavos por cada 100 gramos.

Luis Caraza expuso que los precios del maíz y del frijol se habían establecido de manera conjunta, pero no se había hablado en ningún momento de crear una comisión que interviniera en el manejo del Fondo. Como la Cámara no tenía inconveniente en que esta se formara, la JAC determinó que Manuel V. Hernández y Enrique Méndez Alcalde fungieran como sus representantes. El presidente mencionó que no estaba de acuerdo en que se señalaran precios a las mercancías, pues el valor de estas era determinado por la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, advertía en la necesidad de vigilar a los especuladores para evitar abusos y pidió que la Cámara hiciera lo necesario para evitar que faltaran víveres.²⁵ Manuel López Negrete aprovechó la solicitud de Gutiérrez para manifestar que el gobernador de Puebla no permitía que salieran unos carros de maíz que habían comprado en ese estado, pese a que desobedecía una orden de la Secretaría de Hacienda que mencionaba que no se debían poner trabas o interrumpir el tráfico interior de mercancías.²⁶ Ante este hecho, la JAC determinó hacer las gestiones necesarias para que el mandatario poblano entregara el maíz. A pesar de la postura de Gutiérrez contraria a fijar precios, la Cámara estipuló que se respetaría el precio del maíz (diez centavos el litro) y el del frijol negro (quince centavos el litro). En el caso del azúcar, se vendería a 38 centavos pese a que en fábrica lo compraban a 35, siempre y cuando se dirigiera una excitativa al gobierno federal para que se prohibiera su exportación. La Cámara también consideraba necesario que los comerciantes, en vista de las fluctuaciones de los precios, asentaran cada semana el costo de las mercancías, disposición que no contaba con la aprobación de todos los consignatarios.

Como la JAC y la Cámara mantenían buenas relaciones, al grado que la segunda invitó a la primera a que asistiera a sus sesiones informativas, no debe extrañar que mandaran una representación conjunta a Puebla, formada por José Pérez y el vocal Pedro Mora, con la intención de hablar con el gobernador sobre los carros de maíz incautados. Los comisionados informaron, el 8 de marzo de 1915, que el mandatario no otorgó el permiso y los amenazó con encarcelarlos e imponerles una multa de 10 000 pesos, debido a que en Puebla no se podía vender a más de catorce centavos la carga.²⁷ Ante este revés, la Corporación decidió solicitar al gobernador veracruzano Cándido Aguilar que se le permitiera introducir maíz proveniente de la Tierra Caliente, pues el que se encontraba almacenado en la ciudad, según informes de la Cámara, bastaba para satisfacer la demanda de tres o cuatro días. El mandatario autorizó la petición pero advirtió que sería difícil conseguirlo, pues tenía informes de que había salido mucha semilla a causa de la disposición de Carranza que concedía amplia libertad en el transporte de las mercancías de primera necesidad.²⁸ El gobernador aprovechó la ocasión para llamar la atención de la JAC respecto a que los expendios de maíz establecidos por la Cámara sólo trabajaban de 2 a 4 de la tarde, lo que ocasionaba que no fuera sencillo conseguirlo y recomendaba que se ampliara el horario de atención. Para evitar desabasto de maíz mientras se traía el de Tierra Caliente, se mencionaba que se habían comprado 3 500 sacos pero no habían llegado a Jalapa por la interrupción del tráfico ferroviario.²⁹ Ante tal situación, la Corporación publicó avisos en los que pedía que el maíz almacenado se vendiera a la Cámara, misma que se compraría en quince centavos el litro o se devolvería cuando se recibiera el de Tierra Caliente; en caso de desobediencia, los poseedores serían castigados y la semilla sería confiscada.

A fin de dar cauce al mandato, se creó una Comisión que se encargó de investigar quiénes tenían existencias del cereal. La medida tuvo resultados discretos pues sólo se recogieron 50 cargas. A otra Comisión, integrada por los vocales Rendón, Marín y Mora, se le encargó que indagara en qué lugares, cercanos a Jalapa, se podían obtener maíz.³⁰ Los comisionados indicaron que se podía conseguir en Naolinco, Acatlán y Chiconquiaco, pero se requeriría que la Jefatura de Armas proporcionara una escolta. A pesar de las disposiciones de la Corporación, los abusos de los comerciantes se comenzaron a manifestar. Así, por ejemplo, algunos acaparaban la leche con la intención de vender el litro a 30 centavos, situación que, a decir del vocal Rendón, no era justificable pues no había carencia de ese producto sino un desmedido "deseo de lucro". Como la manteca comenzaba a escasear y su precio subió de 2.80 a 3 pesos el kilo, el vocal Hernández sugirió que el propietario de una fábrica de jabón vendiera las 1 500 latas de manteca que poseía.³¹ Una petición similar se le hizo a Enrique Besaury que utilizaba panela para elaborar alcohol y licores de destilación.³² El 19 de abril de 1915, el Cabildo reconoció que existía carestía en los productos de primera necesidad y que continuaban los abusos de los comerciantes. Así, por ejemplo, se refería que los molinos de nixtamal no entregaban toda la masa que molían.³³ La alimentación de los presos de la cárcel de la ciudad puede ayudar a mostrar la manera en la que se manifestaba la inflación en los precios de los alimentos. Manuel Zárate, encargado de este rubro, manifestó en febrero de 1915 que cobraría 27 centavos por ración, en abril lo subió a 40 y en mayo a 50, es decir, en el transcurso de tres meses se incrementó en 85%.³⁴

A mediados de mayo, los nacateros anunciaron que el kilo de carne costaba 40 centavos, aumento que había sido ocasionado, según ellos, por la incautación de sus caballos por las fuerzas constitucionalistas, lo que les impedía trasladar el ganado al matadero del mercado. Ante tal hecho, las autoridades municipales dieron permiso a los nacateros para que mataran a los animales en sus casas y expendieran la carne, lo que no solucionó la situación pues estos impusieron precios altos. A pesar de lo anterior, los nacateros amenazaron con suspender sus actividades si no les devolvían sus caballos, advertencia que volvieron a hacer en posteriores ocasiones. Los carniceros también buscaron beneficiarse del incremento en el precio de la carne y solicitaron a la JAC que se les permitiera cerrar hasta las seis de la tarde. En respuesta, la Corporación les indicó que podían hacerlo siempre y cuando cumplieran con las disposiciones de la ley del trabajo.³⁵ El 26 de mayo de 1915, el Cabildo informó a la Cámara de Comercio que había comprado 1 000 toneladas de maíz en Estados Unidos, el cual había costado 100 000 pesos que pagaron gracias a un préstamo que hicieron varios particulares, motivo por el que solicitaban que la Cámara estableciera 20 expendios de maíz en distintas partes de la ciudad a fin de que la población tuviera posibilidades de adquirir el grano. La Cámara aceptó la propuesta, pero pidió que no se estableciera un precio, pues se comprometían a venderlo a un menor costo. La municipalidad aceptó la iniciativa a regañadientes, debido a que la Cámara mencionó que buscaría solucionar el problema de la escasez de frijol.³⁶

Ante la falta de numerario y para facilitar el pago de los productos de primera necesidad, la Corporación decidió utilizar billetes y cartones sellados pero esta medida no produjo buenos resultados debido a que no se podían realizar pequeñas transacciones, motivo por el que se determinó que Luis Caraza recibiera el importe de las ventas y distribuyera los billetes y cartones entre los comerciantes. Como la disposición tampoco surtió efecto, la JAC pidió autorización al gobernador para expedir cheques de uno y dos centavos, mismos que se podían cambiar, cuando la situación lo requiriera, por cartoncillos o la moneda fraccionaria que estuviera en circulación, petición que fue rechazada. Caraza aprovechó la ocasión para denunciar que el expendio de azúcar no funcionaba debidamente, pues varios comerciantes acaparaban el producto lo que ocasionó que fueran insuficientes los 200 bultos que el gobierno proporcionaba semanariamente. Por esta razón, se tomó la determinación de elevar el precio del azúcar para que los fabricantes no sufrieran perjuicios. La carencia de maíz y frijol no sólo provocó que algunos expendios tuvieran que cerrar sus puertas, sino también ausentismo en las escuelas municipales pues los niños eran enviados por los padres a hacer fila para obtener los productos.³⁷ Como la escasez de maíz iba en aumento, la Cámara decidió comprarlo a la Casa A. Bueno y Compañía de Estados Unidos pero este fue retenido en el puerto de Veracruz. Gracias a las instancias de Carranza fue liberada una parte, lo que valió para que la JAC le expresara su agradecimiento.³⁸

Como los comerciantes continuaban con su política de imponer precios inmoderados, el Cabildo creó una comisión que debía proponer los medios para resolver el asunto. Asimismo, se acordó que los establecimientos debían colocar carteles en los que se mencionara el precio de los artículos de primera necesidad y se formaría una comisión que tendría la tarea de visitar los comercios para revisar sus facturas y dictaminar si los precios de compra concordaban con los de venta.³⁹ También se solicitó a la Cámara de Comercio que realizara un informe de la contabilidad del Fondo Regulador, el cual debía incluir el nombre de las personas que habían pagado sus cuotas y el monto que estas representaban. En respuesta, la Cámara indicó que la publicación de la contabilidad estaba en proceso y que la lista de las personas que cotizaban había sido publicada en el Boletín Oficial de la Cámara de Comercio. Sin embargo, la Corporación volvió a insistir en que se dieran a conocer las cuentas y los nombres de las personas que no habían pagado sus cuotas. Aunque el presidente de la JAC en un principio se mostró reacio a fijar precios a los artículos de primera necesidad, la realidad lo hizo cambiar de postura, por lo que el 14 de junio de 1915 declaró que era necesario tener precios estables y, para poder hacerlo, se requería acabar con el comercio ambulante y que todas las mercancías que entraran a la ciudad debían contar con facturas firmadas por las autoridades del lugar de origen, lo que garantizaría que el precio no estaba falseado.⁴⁰ Ante el aumento de los precios, Manuel Zárate propuso que las raciones de presos se le pagaran a 60 centavos, cantidad en la que no estuvo de acuerdo la Corporación quien sugirió 55 centavos.

Esta cantidad no fue aceptada por Zárate, por lo que la JAC determinó que se buscaría que los mismos reclusos elaboraran sus alimentos, por lo que se construiría un horno en la cárcel y se comprarían los víveres a los comerciantes que ofrecieran un mejor precio. Aunque los vocales Méndez Alcalde y Marín fueron comisionados para realizar la investigación referente a los costos del horno y los alimentos, lo cierto es que el mismo Cabildo se tuvo que retractar pues no contaba con los fondos suficientes para realizar las obras necesarias en la cárcel, razón por la que se consintió en que se pagara el precio que Zárate proponía. Tan grave era la situación financiera de la Corporación que solicitó, el 21 de junio, a la Secretaría de Guerra que le pagaran por los presos militares y políticos que se encontraba en su prisión. Como los comerciantes se negaban a cumplir con las disposiciones de la JAC, esta decidió imponer multas a todos los que no publicaran las listas de precios de los artículos de primera necesidad. Asimismo, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que autorizara la emisión de cheques de uno o dos centavos pues no se contaba con moneda fraccionaria. La petición sería aprobada y el monto de la emisión fue depositado en la sucursal del Banco Nacional de México. Como la municipalidad delegó esta atribución en la Cámara, esta decidió posponerla pues no se consideraba con las facultades necesarias para llevarla a cabo. A finales de junio llegó el maíz que la JAC compró en Estados Unidos, por lo que la Cámara designó a las personas que se encargarían de venderlo. Este no fue el único producto que se liberó en el puerto, pues la Tesorería General del estado informó que contaban con harina y manteca provenientes de Estados Unidos, de los cuales mandó como muestra dos sacos de harina y una barrica de manteca.⁴¹

Es de advertir que cada saco pesaba 196 libras y tenía un costo de 86 centavos; en tanto que la manteca se vendía por barrica cuyo valor era de 205 pesos. Ante tal noticia, la JAC remitió una circular a la Cámara, a los comerciantes en pequeña escala y a los panaderos para que manifestaran las cantidades que deseaban adquirir de los dos productos. La forma en la que se vendía el maíz generó algunos problemas entre la Corporación y la Cámara, pues la primera argumentaba que la segunda no había determinado la cantidad de litros que se debía vender a cada familia, situación que podría generar acaparamiento y escasez, por lo que sugería que se volviera a utilizar el sistema de tarjetas para adquirirlo; asimismo, se debía solicitar a los jefes de manzana que formaran una lista de jefes de familias que incluyeran el número de sus miembros, a fin de calcular la cantidad de maíz que se les proporcionaría tomando en consideración que la medida base sería medio litro por persona. El municipio también recomendó a la Cámara que tratara de evitar que se agotaran las existencias y que se le informara de las condiciones bajo las que habían adquirido el maíz, así como el precio al que se expendería. La Cámara mostró su desacuerdo en que se volviera a establecer el sistema de tarjetas, aunque manifestó que lo haría si la Corporación se lo imponía. Para no entrar en controversias, la JAC decidió desistir de su disposición. Como los revendedores del mercado Jáuregui acaparaban diversos productos y los expendían a precios exagerados, la Corporación prohibió que los negociantes vendieran a los regatones antes del mediodía y cuya vigilancia estaría a cargo de la policía. Al mismo tiempo concedió autorización para que la clase pobre se surtiera de leña de los bosques cercanos a la ciudad, acto que también estaría bajo la supervisión de la policía.⁴²

La anterior disposición no resultó suficiente, pues los carboneros aprovecharon la carencia de este producto para fijarle precios altos, motivo por el que se solicitó a los policías que observaran que se bajara el costo. Por petición expresa del gobernador que deseaba desmentir ciertos rumores que indicaban que los veracruzanos "se morían de hambre", la JAC informó que en ese municipio no existía escasez de productos pero estos alcanzaban precios elevados que dificultaban su adquisición. Para tratar de disminuir lo inmoderado de los precios, la Corporación volvió a insistir en que los comerciantes tenían que mostrar las facturas firmadas por la autoridad del lugar en el que se hizo la compra, proyecto que se esperaba que Carranza respaldara para convertirlo en decreto. La reiteración de la petición evidenciaba la gravedad de la situación, tal como se puede comprobar en el caso de Manuel Zárate que en julio aumentó el costo de las raciones para los presos a 70 centavos, es decir, entre febrero y julio se produjo un incremento de 250%. Como la carne también comenzaba a escasear, la JAC acordó con Carlos Bouchez, Simón Mora y Manuel Platas, quienes eran los principales introductores de ganado, que hicieran lo posible por llevar animales a Jalapa y evitar que hubiera desabasto. Los ganaderos no hicieron caso de la petición de la Corporación y, según el vocal Méndez Alcalde, no sólo limitaban la venta del ganado sino que también imponían "condiciones onerosas" a los nacateros para darles los animales, razón por la que la Corporación decidió que los introductores negociaran de manera directa con el presidente de la JAC. También se determinó modificar la disposición relativa a los revendedores de tal modo que estos podían adquirir en cualquier momento la mercancía, siempre y cuando la transacción se realizara en presencia del administrador del mercado, quien fijaría el valor al que debían expenderse las mercancías de acuerdo con el costo por el que las adquirieron.⁴³

Por el anterior motivo, solicitaba que los miembros de la JAC colaboraran en esta empresa, petición que consideraba que no excedía sus atribuciones pues se le habían dado amplias facultades en los ramos de guerra, administración y política. El coronel Octaviano Solís fue el encargado de la oficina prebostal, quien solicitó que su personal estuviera integrado por miembros de la JAC y oficiales designados por la oficina.⁴⁶ La Corporación contestó que era digna de encomio la idea del general, pero no estaban de acuerdo en que la Junta estuviera supeditada al preboste, quien así se convertiría en el representante legal de la ciudad. Como la JAC no asistió a una reunión convocada por Jara para tratar el asunto del preboste y pese a que esta se disculpó, en el periódico La Humanidad se publicó una nota en la que el general reprochaba la actitud de la Corporación, por lo que esta defendió su posición de no depender de una autoridad externa. Como este no fue el único problema que se suscitó entre la Corporación y Solís, el gobernador informó que modificaría las atribuciones del preboste y asimismo sustituyó a Solís por el teniente Gabriel V. Rebolledo. El Fondo Regulador se convertiría en foco de un segundo problema para la JAC. La Cámara remitió los diarios de contabilidad del Fondo a la Corporación, quien designó a los vocales Azcoitia y Méndez Alcalde para que los examinaran. En el informe presentado por Méndez Alcalde y Mora Beristáin, quien sustituyó a Azcoitia en la tarea, se decía que había ciertas irregularidades en el manejo del Fondo, lo que demostraba los "sentimientos poco humanitarios" de "algunos comerciantes" que no se preocupaban de las necesidades de los "proletarios" sino que buscaban su beneficio particular. No obstante, los vocales indicaban que los dirigentes de la Cámara habían realizado grandes esfuerzos para desvanecer las dudas que la población tenía de la forma en la que se manejaba el Fondo.⁴⁷

Ante tal situación, Luis Caraza, Julio Olivier y Alberto Mendoza Alba se habían abocado a la tarea de crear un fondo particular que se destinaría a la compra de maíz proveniente del extranjero, el cual había tenido un valor de 500 000 pesos y pensaban venderlo al costo. En su empeño por lograr que las mercancías se abarataran, la Corporación notificó que se castigaría a los comerciantes que carecieran de facturas firmadas por la autoridad respectiva y se anunció la creación de un impuesto sobre el ganado que se introdujera a la ciudad, disposición, esta última, que sin duda mostraba que la Corporación no había llegado a un acuerdo con los introductores de ganado y que buscaba sancionarlos de esa manera, pues debían pagar un peso por cabeza sin excluir las que procedían de los alrededores de la ciudad.

Esta resolución fue modificada por el gobernador, quien manifestó que no fuera un impuesto sino una contribución de patente. El cobro sería efectuado por la Tesorería Municipal quien fijaría las cuotas de acuerdo con el número de cabezas de ganado que se introdujeran y los informes que entregara el administrador de la Casa de Rastro. El 15 de agosto de 1915 el gobernador emitió un decreto que estipulaba que el estado se encargaría de la compra y reparto del maíz, frijol y arroz, precepto que no fue bien recibido por los comerciantes pues se limitó su participación en la compraventa de las semillas. Esta medida resultó contraproducente, debido a que algunos individuos acapararon el grano y lo sacaron de la ciudad para venderlo en otros lugares, tropelías que fueron denunciadas tanto por la Cámara como por la JAC, instancias que indicaban que si se seguía la misma política sería inevitable que se volviera a producir escasez de esos productos, motivo por el que se giraron órdenes al administrador de Rentas para que los adquiriera con premura y evitar que se produjeran desórdenes.⁴⁸

Para mostrar su desacuerdo respecto al decreto del 15 de agosto, la Cámara decidió vender todo el maíz que existía en el Fondo Regulador a 30 centavos el litro, postura que, según decían, buscaba mostrar su "solidaridad" hacia los comerciantes a los que se les vedó la compraventa de semillas, pero lo cierto es que respondía a un acuerdo que se había establecido el 31 de julio con el jefe de la oficina prebostal.⁴⁹ A pesar de que el Fondo tenía la misión de evitar el aumento de los precios de las semillas, se advierte que de marzo a agosto se había dado un incremento de 100% en el valor del maíz. Es de destacar, sin embargo, que el Fondo si logró evitar que el aumento en el costo del maíz fuera significativo, sobre todo si se toma en cuenta que Manuel Zárate cobró en noviembre un peso por las raciones de presos, es decir, de febrero a noviembre se produjo un incremento de 370% en este rubro. Aunque los problemas entre el preboste y la JAC habían disminuido, en buena medida por el nombramiento de Javier Robles que sustituyó a Rebolledo, este tuvo que enfrentar las quejas de los comerciantes que se negaban a obedecer la orden de que el arroz se vendiera a 1.10 el kilo, motivo por el que pidieron al gobernador una explicación acerca del porqué se creó ese cargo y para solicitarle que se les diera libertad para vender el arroz con la promesa de evitar que el precio fuera "excesivo". Sin embargo, la realidad era otra, pues el Sindicato de Torcedores de Jalapa pidió, tanto al preboste como a la JAC, que castigara los "innumerables abusos" en que incurrían los comerciantes, quienes elevaban los precios cuando lo consideraban conveniente.⁵⁰ Como el gobernador consideraba que el aumento en los precios de los productos de primera necesidad era consecuencia de los impuestos que sufragaban sus expendedores, decidió promulgar un decreto, fechado el 25 de enero de 1916, por el que se exceptuaba del pago de contribuciones al ganado que se llevaba al rastro, a las carnicerías, a las tiendas y molinos de maíz, a las panaderías y expendios de pan, y a los vendedores de frutas y legumbres, además de que se suprimía el impuesto de piso que se cobraba en los mercados.

El decreto no le causó ninguna gracia a la JAC quien informó al secretario de Gobierno que la disposición ocasionaría que dejaran de percibir 50 000 pesos anuales, lo que provocaría un déficit en las finanzas municipales por la falta de arbitrios. El secretario les respondió que la supresión de contribuciones no significaba la abolición de los impuestos, pues la Corporación obtendría recursos de los gravámenes que percibiera por productos como la ropa, la mercería, la loza y demás géneros que se vendían en los mercados. Ante tal razonamiento, la JAC pidió que se les permitiera cobrar una pequeña cuota a los nacateros por las reses que mataban en el rastro y que el gobernador autorizara aumentar las cuotas de los productos que no se contemplaban en el decreto 12, así como incrementar las rentas asignadas a los edificios municipales, a las casas de asignación y a las diversiones públicas.⁵¹ A pesar de que el 7 de febrero de 1916 entró en funciones una nueva JAC,⁵² ello no significó el abandono de las dos propuestas. El gobernador sólo aprobó la primera y desechó la segunda por considerarla "demasiado gravosa" para los intereses de los vendedores y de los particulares. Para evitar el cobro del impuesto, los nacateros optaron por dejar de matar sus animales en el rastro, motivo por el que la JAC les advirtió que no podían dejar de concurrir al rastro y sólo en casos especiales se les concedería el permiso para hacerlo fuera de las instalaciones.⁵³

La formación de las Comisiones Reguladoras de Alimentos

Debido a que seguía vigente el decreto del 15 de agosto de 1915, algunos comerciantes solicitaron a la JAC que se les permitiera vender maíz al menudeo y que se le realizaran modificaciones al acuerdo en "bien de la clase menesterosa". Ante la insistencia de los comerciantes, el gobernador publicó el decreto del 2 de marzo de 1916 que ordenaba la creación de una Comisión Reguladora del Comercio, la cual estaría conformada por Enrique Méndez, Carlos Acosta, Macario Alarcón, Aurelio Guevara, Carlos Esteva y Luis Caraza. Como se puede advertir, en la Comisión había tres personas (Méndez, Esteva y Caraza) que habían tenido una importante participación en el Fondo Regulador. La iniciativa del mandatario buscaba disminuir los precios de los productos de primera necesidad que seguían elevados. Así, por ejemplo, Manuel Zárate propuso en marzo de 1916 que las raciones de presos se le pagaran a 1.35 pesos, pero a causa de la penuria del erario municipal sólo se le dieron 1.20. si se toma en cuenta que un año antes se pagaba 27 centavos, la nueva tarifa mostraba un incremento de 340%.⁵⁴ Ante la carestía de alimentos, la JAC publicó unos volantes en los que se estipulaban los precios del maíz (45 centavos), del frijol (1.60) y la pieza de panela (25 centavos); aunque se advertía que los comerciantes debían atenerse a las resoluciones que determinara la Comisión Reguladora, instancia que, por cierto, todavía no entraba en funciones. El gobernador apoyó las disposiciones de la Corporación, pero indicó que los precios en los que se había comprado el maíz impedían que se pudiera fijar un precio menor a 50 centavos por litro,⁵⁵ motivo por el que se debían publicar otros volantes en los que se estipulara la variación en el costo. El 21 de marzo de 1916, la Cámara de Comercio y la JAC celebraron una reunión para tratar de determinar cuál era la política que se debía seguir para abaratar los costos de los artículos de primera necesidad.

En un principio, los comerciantes propusieron que aumentaran los precios o se permitiera la libertad de comercio, ideas que fueron rechazadas por los vocales que sugirieron que hubiera reciprocidad en el comercio, que no se incrementara el precio de los efectos nacionales, que los vendedores le dieran su legítimo valor al papel moneda, que se negociara directamente con los productores, que se hicieran reparaciones en el puente de san Francisco y que se vigilara el ferrocarril. Debido a que los miembros de la Cámara no desistían de su posición, el presidente de la Corporación les indicó que sólo deseaban contrariar las órdenes del gobierno, por lo que los amenazó con expulsar del país a los comerciantes extranjeros residentes en la ciudad. La intransigencia de los comerciantes era explicable por el hecho de que varios de ellos contaban con importantes cantidades de maíz y la Jefatura de Armas denunció que Juan Díaz poseía varias bodegas llenas de artículos de primera necesidad.⁵⁶ Cuando la Cámara se enteró de que la JAC iba a comprar maíz, y con un claro propósito de que la armonía volviera a prevalecer entre las dos instancias, le ofreció 30 000 pesos para realizar la transacción, pidió que se nombrara un representante de la Corporación para que estuviera presente en la adquisición de la semilla y propuso que se vendiera al costo, aunque solicitó que no se impusieran límites de venta. La JAC agradeció la propuesta, pero se abstuvo de nombrar al representante y advirtió a la Cámara que no habría venta libre, pues el litro de maíz se debía expender a 50 centavos, el de la panela a un precio razonable y el del frijol sería libre, pero sin abusar. Ante la proximidad de la temporada de siembra, propietarios de haciendas como Luis y Carlos Caraza, quienes poseían las de la Concepción y san Juan, y Antonio Moreno, administrador de la de Almolonga, gestionaron ante la JAC que se les permitiera sacar maíz de la ciudad, el cual no sólo serviría para sembrarlo sino que también se usaría para el consumo de sus trabajadores.

En unas instrucciones complementarias, fechadas el 1 de abril, la Comisión recomendó que se siguiera una política "suave" pero "enérgica" hacia los comerciantes, al mismo tiempo pedía que se realizara una investigación para conocer las existencias de los artículos de primera y segunda necesidad que se encontraran almacenados en las trojes y bodegas de la jurisdicción.⁵⁸ Del mismo modo, recordaba que ella era la única que tenía las facultades necesarias para fijar los precios de las mercancías, lo cual se haría de acuerdo con los artículos I, IV y V del reglamento que la regía; y por último, solicitaba que se ejerciera una estrecha vigilancia de todos los comerciantes para que estos redujeran los precios de sus mercancías de manera proporcional y que no pusieran objeciones para aceptar la moneda constitucionalista. Estas disposiciones tenían el objetivo, según la Comisión, de que la sociedad se diera cuenta de los beneficios que generaba esa institución. Como la sucursal de la Comisión en Jalapa no se había instalado, el gobernador Heriberto Jara remitió un telegrama en el que preguntaba a la JAC cuáles eran las razones por las que no se había hecho. Esta respondió que esperaban que el gobierno nombrara a las personas que la integrarían, pero el Comité Ejecutivo de la Comisión les contestó que mientras se remitían los nombramientos, ellos debían comenzar a trabajar con personas que se propusieran para los cargos. Es de mencionar que no sólo los comerciantes eran los únicos que abusaban de la población, pues en una denuncia presentada por el mayor Miguel W. Herrera se mencionaba que el encargado de la venta de azúcar mostraba un mal comportamiento hacia los compradores, aunque se reconocía que las personas no guardaban la compostura mientras esperaban que se les surtiera el azúcar, motivo por el que se sugería que el encargado recogiera las tarjetas de los que incurrieran en desórdenes. Después de hacer una investigación, la JAC se percató que los problemas eran causados por la mala calidad de las tarjetas que impedían saber las cantidades asignadas, por lo que se solicitó que la Tipografía de Gobierno elaborara otras que debían contar con el sello de la Corporación.⁵⁹

También se dispuso que el expendio de azúcar trabajara tres días a la semana con un horario de 7 a 11 de la mañana. una de las estrategias que utilizó la Comisión Reguladora de Jalapa para bajar los precios fue la apertura de establecimientos que sólo vendían artículos de primera necesidad, pero su plan no logró obtener los resultados esperados. Para tratar de abastecer de maíz a la población, la JAC concibió el proyecto de solicitar que los comerciantes entregaran una cantidad de dinero que serviría para esta finalidad, propuesta que no fue bien recibida por estos quienes manifestaron al gobernador que se les amenazaba para pagar la contribución. El mandatario indicó que no se les podía obligar a sufragar y que sólo debían hacerlo aquellos que tuvieran solvencia. sin embargo, la Corporación no acató la disposición del gobernador, tal como se puede observar en la denegación de la petición que hicieron F. L. Guizot, padre e hijo, y J. M. Martínez para que se les eximiera del pago, pues la Corporación argumentaba que todos los capitalistas de la ciudad, sin excepción, debían contribuir a la compra del maíz. Ante tal situación, un grupo de comerciantes, encabezados por Manuel Sánchez Rodríguez, Luis Caraza, Julio Olivier y Luis Gorozpe, remitieron a la Corporación un plan para suministrar maíz a Jalapa, Coatepec y Teocelo, el cual fue aprobado por la JAC y se dispuso que Pedro Muñoz fungiera como su representante en el Comité. Los propósitos del Comité se verían trastornados a causa de las disposiciones federales que prohibían que los ferrocarriles transportaran maíz, frijol y panela. Ante tal situación, el superintendente de los Ferrocarriles de México solicitó al municipio que le informara si seguía vigente la anterior disposición.⁶⁰ Esta le contestó de manera afirmativa, pero el coronel J. P. Lizalde, quien fungía como jefe de armas, le indicó al superintendente que la medida había sido derogada por Carranza, por lo que tenía libertad para introducir los artículos de primera necesidad a la ciudad.

Al mismo tiempo, la jefatura también solicitó a la Comisión Reguladora que pidiera a los comerciantes que asignaran precios equitativos a las mercancías, pero el requerimiento no fue acatado, pues a mediados de mayo se denunció que los productos alcanzaban precios inmoderados, motivo por el que se exhortaba a la Comisión que castigara a los comerciantes que no cumplían las órdenes. uno de ellos, G. J. Medina, le mandó una carta a Lizalde en la que le informaba del precio de la tonelada de maíz y, con ello, se diera cuenta de las razones por las que los precios eran elevados. Es importante mencionar que el aumento en los precios de los artículos de primera necesidad era consecuencia de la creciente inflación, tal como se puede observar en el caso del referido Manuel Zárate quien en abril mencionó que el costo de las raciones de presos sería de 2.10, monto que no fue aceptado por la JAC la cual ofreció dos pesos. Como se puede observar, en abril se produjo el incremento más considerable (casi el 70%), pues en los meses anteriores habían sido graduales, pero si se toma en cuenta la inflación global se advierte que de febrero de 1915 a abril de 1916 aumentó en 638%. Sin embargo, la Comisión, la JAC y la Jefatura decidieron, el 30 de abril, establecer ciertos precios a los productos que los comerciantes debían respetar so pena de castigo. Para tratar de mitigar la carencia de alimentos, la Corporación decidió promover entre la población el cultivo de las tierras baldías que se encontraban en el municipio.⁶¹ La anterior propuesta tuvo una buena aceptación por lo que se concedieron permisos para sembrar en algunos predios, pero se hizo la advertencia a los beneficiados de que no debían talar los bosques. Aunque en la Jefatura de Armas se produjo un cambio, pues el 23 de mayo el mayor Rosendo Castillo sustituyó a Lizalde, esta no abandonó su postura de exigirle a la Comisión Reguladora que evitara el alza inmoderada de los precios. Castillo estaba convencido que la carestía era provocada por los productores y por el tipo de moneda de cambio.

Una de las primeras acciones del jefe de Armas fue la imposición de multas a los comerciantes que no habían cumplido con la orden de asignar precios moderados. Así, Ramón Bouchez pagó 1 000 pesos y Miguel Enríquez 500. A fin de continuar con la política de regulación de precios, la JAC solicitó a la Oficina Subalterna del Timbre que realizara ese trabajo y esta pidió que se nombraran seis personas que se desempeñarían como peritos calificadores. El Cabildo propuso a Narciso Jiménez Guerra, Enrique Méndez Alcalde, Arturo Bueno, Rodolfo Casas, Alberto Mendoza Alba e Ignacio Cerda. La acción conjunta de la JAC, la Jefatura y los peritos rendirían frutos, pues se sancionó a los comerciantes que no aceptaban los billetes emitidos en Veracruz, a los que acaparaban mercancías en las garitas y a los que alteraban los precios.⁶² A los primeros sólo se les amonestó, en tanto que a los acaparadores y alteradores se les aplicaron multas de 500 pesos.⁶³ Otro que también sufrió las consecuencias del control de los precios fue Manuel Zárate, quien buscaba que en junio se le pagaran 30 centavos de oro nacional por cada ración de alimentos de los presos, pero la Corporación le advirtió que cuando la plata estuvo vigente sólo se le dieron 21 centavos como máximo y a ello se debía sumar que la Comisión Reguladora no había autorizado alza alguna, motivo por el que se le sufragaría 20 centavos de oro nacional que era el equivalente a un peso infalsificable, propuesta que a regañadientes aceptó Zárate. El 9 de junio de 1916, el coronel Francisco Mayer, quien era el inspector de las Comisiones Reguladoras de Comercio, indicó a la JAC que era necesario reorganizar la sucursal jalapeña. Por tal motivo se decidió que el Comité Ejecutivo estuviera integrado por Luis G. Morales (presidente), A. Laca (secretario), Guillermo Bravo (tesorero), Luis Caraza, Alberto Mendoza Alba, Amador Zafra y Manuel Lara (vocales).

En el caso de los inspectores, se respetarían los que habían sido designados con anterioridad. Aunque en un principio se había determinado que cada municipio tuviera su propia sucursal de la Comisión Reguladora, lo cierto es que estas no se establecieron y comenzaron a llegar quejas a la de Jalapa en la que se informaba de la carestía y alza inmoderada de los precios. Esta contestó a los diversos requerimientos de sus congregaciones que carecía de las atribuciones para intervenir, pero a mediados de junio comenzó a dictar medidas tendentes a evitar los abusos que se daban en poblaciones como Banderilla, Jatetitla, Jilotepec, San José Miahuatlán, Coacoatzintla, Tatatila y Tonayan.⁶⁴ Con la intención de evitar que el maíz escaseara en Jalapa, los comerciantes Luis Caraza, Julio olivier y Rebolledo compraron, a mediados de junio de 1916, varias toneladas en Estados unidos, pero como este se encontraba detenido en el puerto de Veracruz, el jefe de Armas tuvo que negociar con el Superintendente de los Ferrocarriles para que se permitiera su libre tránsito. La semilla llegó a Jalapa a finales de ese mes, situación que aprovechó el gobernador para solicitarle a la JAC que remitiera diariamente un carro de maíz a Perote, pero esta contestó de manera negativa por carecer de "suficientes reservas del grano". Ante tal respuesta, el mandatario ordenó que la Corporación permitiera el cultivo de las tierras desocupadas en las juntas municipales y no se continuara con la importación de cereales. También dispuso que se permitiera la salida de mercancías a las poblaciones limítrofes de Jalapa. La Corporación formó varias comisiones para que se encargaran de la medición de las tierras, pero solicitó que el gobernador aprobara sus acciones para no tener problemas políticos con sus congregaciones.

Como el 2 de julio de 1916 Carranza autorizó que se permitiera el libre tránsito de mercancías en toda la república, el mandatario veracruzano, en un afán de incentivar la economía, decretó que no se cobraran las contribuciones hasta nuevo aviso. El despacho de azúcar se convirtió en un foco de controversia entre la Jefatura de Armas y la JAC, pues la primera solicitó que se cesara al administrador Arango por los supuestos abusos que cometía.⁶⁵ La Corporación se negó a hacerlo pues argumentaba que no existía ninguna arbitrariedad de parte del administrador. Era cierto que se había estipulado que este debía expender 250 gramos diarios a cada familia, y sólo en casos especiales, y previa autorización de la Jefatura, podía vender un kilogramo, lo cierto es que entregaba esa cantidad a cada familia por las dificultades que existían para obtener el azúcar, además de que se debía tener en cuenta que se proporcionaba ese producto cada cuatro días. A manera de revancha, la Corporación denunció que los soldados se introducían a los sembradíos para robarse los elotes, motivo por el que pedían que la Jefatura hiciera que cesaran unos agravios que afectaban a la población. otro que también se quejó del municipio fue Manuel Zárate quien, a principios de julio, indicó que ya no suministraría la alimentación de los presos porque no le convenía a sus intereses. La Corporación le solicitó que continuara con su labor mientras encontraba a otro proveedor. La molestia de Zárate era explicable pues no se le había pagado desde abril de ese año, y aunque se le abonaron 40 000 pesos en papel moneda de la Comisión de Veracruz, no se había cubierto el monto total de la deuda que, según Zárate, ascendía a 16 400, pues el dinero abonado se reducía a 4 000, motivo por el que suplicaba que se le entregaran otros 4 200 pesos en papel moneda infalsificable. Como el gobernador estimaba que el abasto de alimentos comenzaba a normalizarse, ordenó el 10 de julio que se hiciera una reforma en las Comisiones Reguladores de Comercio, misma que estipulaba que los presidentes de las JAC ya no fungirían como presidentes de las Comisiones, pero unos días después dispuso que las Comisiones debían cesar en sus funciones y serían las Corporaciones las que se encargarían de vigilar a los comerciantes.⁶⁶

El mandatario también solicitó que los presidentes de las Comisiones rindieran un informe detallado de las multas que impusieron y el destino del dinero recaudado, asimismo, determinó que los empleados de las Comisiones recibieran su sueldo hasta finales de agosto de 1916 y que cada mes se remitiera una lista detallada de los precios de los artículos de primera necesidad. Aunque en un principio se había determinado que el despacho de azúcar también desaparecería, el 25 de septiembre de 1916 se acordó que este seguiría en funciones pero sería supervisado por el oficial mayor de Gobierno. Pese a las previsiones del gobierno, a principios de diciembre se volvió a presentar el fantasma de la carestía y el alza inmoderada en los precios de los artículos de primera necesidad, motivo por el que el mandatario emitió un decreto en el que pedía que se denunciara y castigara a los comerciantes que especulaban con los productos. El edil Soledad González fue comisionado por la JAC, en los primeros días de marzo de 1917, para vigilar a los "malos comerciantes". Una de las primeras denuncias recibidas fue contra Martín Rizo, quien fungía como administrador de los molinos de nixtamal que existían en la ciudad. Se decía que este había incrementado el costo de la molienda de un centavo a dos por cada litro de nixtamal, aumento que no había sido autorizado por la JAC y que causaba "graves prejuicios" a la "clase proletaria". Esta no era la primera vez que Rizo buscaba elevar el costo de su servicio, pues en agosto de 1916 solicitó que se le autorizara cobrar diez centavos en vez de los cinco que percibía por cada litro de maíz. Ante las protestas de Rizo, la Corporación le permitió cobrar un centavo y medio, medida con la que quedó conforme en ese momento aunque, unos meses después, volvió a reiterar su petición de que aumentara la cuota.⁶⁷ Soledad González también expuso que Roberto Rivera acaparaba la leche que se traía de las poblaciones vecinas, situación por la que solicitaba que el inspector de policía destacara varios agentes en la garita para evitarlo.

Al comerciante Leopoldo Zamora también se le acusó de ser acaparador de maíz, aunque en este caso no se sabía si la semilla la enviaba a otros lugares o la almacenaba con la intención de venderla a un precio más alto cuando comenzara a escasear. Zamora no fue el único que había incurrido en esta práctica, pues también se acusó a Antonio Salbitano, Gregorio Bustamante y Ascensión Hernández de tener escondida una gran cantidad de maíz que pensaban comercializar cuando el grano alcanzara su costo más alto. Ante tal situación, los concejales proponían que se realizara una reunión con los comerciantes para advertirles que debían poner la semilla en venta, a un precio equitativo y no debían sacarlo del vecindario. La reunión fue infructuosa, pues los comerciantes negaron tener existencias de maíz. Pese a las medidas acordadas, la carga de maíz comenzó a expenderse a 16 pesos, lo que significaba un aumento de 100% si se toma en cuenta que en enero de ese año se vendía a ocho pesos. Para remediar la carestía de azúcar, pues no sólo no había suficientes existencias sino que su precio había aumentado, la JAC celebró una conferencia con los dueños de las haciendas productoras para pedirles que remitieran dos toneladas diarias a la ciudad, petición que no fue concedida por los hacendados, pues decían que como sus cañaverales habían sido quemados, carecían de material suficiente para elaborarla y a ello se debía sumar que los jornales de los operarios habían subido de 50 centavos a 1.50 pesos. Estas circunstancias les impedían vender el azúcar a un precio más bajo y tampoco tenían potestad para impedir que su producto saliera de la entidad, pues la Constitución expresaba que por ningún motivo se debía impedir la salida de efectos de un lugar a otro.⁶⁸ Como los productores se negaron a apoyar a la Corporación y ante el peligro de que los comerciantes tampoco acataran sus órdenes y mandaran los artículos fuera de Jalapa, la JAC solicitó a los encargados de los ferrocarriles que no permitieran que los comerciantes transportaran más de diez bultos de azúcar, aunque advirtió que los únicos que tenían permiso para trasladar grandes cantidades de ese producto eran los hacendados.

Para facilitar el control sobre el maíz, la municipalidad dispuso cuatro medidas: que los agentes de policía formaran un padrón de vendedores; que se solicitara al delegado de la congregación de El Castillo que impidiera que los agentes de comercio lo acapararan; que los productores debían introducirlo de manera directa y venderlo al precio que la Corporación señalaba; y se debían vigilar las garitas de Naolinco, de El Castillo y de la ciudad de México para evitar que se produjeran traspasos fraudulentos. Como medida adicional, y en respuesta a una petición del presidente Carranza, la JAC procedió a repartir tierras baldías para que se efectuaran siembras de maíz. Como el precio de la semilla continuaba elevado, la Corporación decidió, a mediados de agosto de 1917, que el precio máximo al que se podía vender era de catorce centavos el litro y sólo en casos extremos se podría expender a 16. La carestía de maíz se acentuó en septiembre, motivo por el que se dictó una serie de medidas tendentes a abastecer de semilla a la ciudad, evitar su acaparamiento, detener su salida y evitar abusos como el que cometían los molinos de nixtamal que se quedaban con una parte de la masa que molían. Las disposiciones de la JAC no lograron aminorar la crítica situación, pues de septiembre de 1917 a marzo de 1918 continuaron las quejas por el acaparamiento de la semilla, el aumento en su precio y los robos que sufrían sus productores. De hecho, el gobernador interino D. Victoria publicó, el 2 de febrero de 1918, la circular 41 en la que buscaba poner fin al "alza inmoderada" de los precios y al desabasto de granos.⁶⁹ El escenario comenzó a cambiar a partir de abril de 1918, pues ya no se registraron denuncias ante la Corporación relativas al alza de los precios o acaparamiento de alimentos, lo cual se puede explicar por el hecho de que la situación política, tanto de la ciudad como del estado, era más estable y se habían restablecido los circuitos comerciales.⁷⁰

A manera de conclusión

A diferencia de otras regiones del país y aun de la misma entidad, en Jalapa no se manifestaron voces que mencionaran que la población padecía hambre, así como tampoco se tienen noticias de que se hayan realizado motines por falta de alimentos o por la especulación de los mismos. Sin embargo, ello no significa que la población no hubiera sufrido desabasto ocasionado por los comerciantes y productores, quienes aprovecharon las circunstancias políticas y militares para elevar los precios de los artículos de primera necesidad. A pesar de los cambios que se produjeron en su personal, generados en buena medida como consecuencia de las vicisitudes políticas por las que atravesaba el país entre 1914 y 1915, la JAC siempre mantuvo una actitud "paternalista" tendente a aliviar las necesidades del vecindario "más necesitado". Es de advertir que los mismos miembros de la Corporación mencionaban la importancia de asumir una posición "paternalista" para lograr "atender las necesidades" de la población, pues sabían que de esa manera se podía garantizar que no se produjeran explosiones de descontento popular, lo cual podría ocasionar que la situación social se saliera de los cauces. Pese a que la JAC trató de aminorar los efectos de la crisis alimentaria, se ha mostrado en el artículo que los habitantes tuvieron que pagar precios altos por el maíz, el frijol y la manteca, así como padecer abusos en los molinos o en el abastecimiento de leña, situaciones que, por más disposiciones que dictaba el Cabildo, no siempre se podían controlar, debido sobre todo a la lucha de intereses que se estableció entre la Corporación, los comerciantes y los hacendados. Como bien lo ha señalado Abel Juárez, la crisis alimentaria sería originada, ante todo, por las acciones de los comerciantes, los acaparadores y los hacendados que no velaban por el interés público sino por el personal.⁷¹

La carencia de recursos económicos limitó las posibilidades de la JAC para tener una intervención más directa en la resolución de la problemática, tarea que tuvo que asumir la Cámara de Comercio que no sólo creó una instancia que tenía la función de regular los precios y el abasto de alimentos, sino que también invirtió una buena cantidad de dinero para hacerla funcionar. Aunque los esfuerzos de la JAC y de la Cámara no detendrían la inflación de los precios, la especulación y los abusos de los comerciantes, no se puede pasar por alto que ayudó a que la situación que se vivía en la ciudad fuera menos caótica y aflictiva que en otras regiones del país durante la misma época. Sin embargo, la JAC no siempre salió airosa en sus intenciones de fijar los precios en el mercado, así como en el abasto de los alimentos. Su intervencionismo ante la Cámara de Comercio le generaría importantes fricciones, sobre todo a causa de que esta buscaba que imperara la política de libertad de comercio, con el fin de obtener el máximo de ganancias en un escenario de guerra que azotaba a todo el país y que, como se presenta en la introducción del artículo, afectó a diversas regiones del país con resultados diferenciados. El ejemplo de la JAC de Jalapa muestra que es necesario realizar un mayor número de estudios particulares sobre las instancias de gobierno locales y su intervención social; en otras palabras, "microhistorias institucionales" para determinar de qué manera se enfrentó la crisis de abasto de alimentos entre 1914 y 1917, y cuáles fueron sus consecuencias en las diversas regiones y estados del país. Con lo anterior, se logrará tener un panorama más amplio y profundo acerca de las consecuencias de las acciones armadas en el ámbito cotidiano y de la manera en la que se implementaron acciones, en los ámbitos local, estatal y nacional, para resolver la problemática de la carestía y el desabasto de alimentos.

Fuentes consultadas

Archivo

AHX Archivo Histórico de Xalapa.

Hemerografía

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Notas

¹ Ulloa, "Lucha", 1988, p. 1141; Romero y Ulloa, "Crisis", 1985, pp. 867, 869; Falcón, "San Luis", 1996, p. 205; Rojano, "Ciudad", 2010, y Juárez, "Especulación", 1989, pp. 234-235. Las excesivas emisiones del dinero del gobierno de Carranza provocaron su desvalorización al grado que su valor adquisitivo descendió hasta representar 1%. La devaluación no sólo afectó a los billetes impresos en el país sino también a los "infalsificables" del American Bank Notes Co. y a los emitidos por el Banco Nacional de México, el de Londres y México y los estatales. El valor del peso frente al dólar se deterioró. A mediados de 1914 era de 3.75 y en marzo subió a 9.25. En el transcurso de este periodo, la moneda se devaluó en seis ocasiones.

² Ulloa, "Lucha", 1988, p. 1142; Hernández y Ulloa, "Ciudad", 1985, p. 875; Rojano, "Ciudad", 2010, y Meyer, Revolución, 2007, p. 109. Hernández y Ulloa indican que los precios de los productos en la ciudad de México aumentaron en 1915 en 475%. Por su parte, Edgar Damián Rojano consigna que Pablo González informaba en 1915 que el precio del maíz se había elevado entre 1 200 y 1 500%, el frijol 700%, el arroz 800% y la harina 400%. Jean Meyer menciona que el hectolitro de maíz se compraba a 40 pesos en 1915, cantidad que evidenciaba que el costo de ese producto se había incrementado excesivamente, sobre todo si se comparaba con las tarifas de 1910.

³ Tobler, Revolución, 1994, pp. 321-322. Referencias generales sobre la situación de desabasto de alimentos y las acciones realizadas para mitigar el problema, tanto en la ciudad de México como en diversas regiones del país, se puede consultar en Valadés, Historia... Violencia, 1985, t. III; e Historia... Alto, 1985, t. IV; Ribera, Casa, 2010; Romero y Ulloa, "Crisis", 1985; Hernández y Ulloa, "Ciudad", 1985; Rojano, "Ciudad", 2010; Falcón, "San Luis", 1996; Aguilar y Meyer, Sombra, 2009; Knight, Revolución, 1996; Meyer, Revolución, 2007, y Guzmán, Huella, 2011. Para el caso del estado de Veracruz existen referencias generales en Melgarejo, Breve, 1960; García y Corzo, Sumaria, 1990, y Blázquez, Breve, 2000.

⁴ Olivera, "Presentación", 2010, pp. 12-13. Alicia Olivera muestra que los testimonios orales constituyen una herramienta fundamental para rescatar los recuerdos de los narradores y que, en muchas ocasiones, no aparecen referidos en otro tipo de documentos. Relatos de este tipo permiten construir una historia social de los de abajo, aunque, como todo producto de la memoria, se debe tomar con cautela.

⁵ Tovar, "México", 1989, p. 79; Rojano, "Ciudad", 2010; Meyer, Revolución, 2007, p. 109, y Juárez, "Especulación", 1989, p. 259. Meyer y Rojano indican que ante la carencia de alimentos, la gente comía tortas de polvo de haba o salvado mezcladas con aserrín, así como también se hacía masa de harina de olote y yeso. En el caso de Veracruz, Juárez menciona que se recurrió a la elaboración de tortillas de harina de plátano.

⁶ Servín, "Historias", 1989, pp. 46-47; Lara y Lara, "Carranclanes", 1989, pp. 134-135; Vargas, "Ciudad", 1989, pp. 180-181; Taracena, Historia, 1987, pp. 173-174, y Romero y Ulloa, "Crisis", 1985, p. 871. A María Massieu le tocó presenciar el saqueo de una tienda por una multitud y decía que con una "mezcla de terror y curiosidad" observó cómo quedaron tirados varios cuerpos que se mezclaron con el frijol y el azúcar. A raíz de esta experiencia, ella asoció a la revolución con el hambre y la muerte. Por su parte, los hermanos Miguel y Spencer Lara mencionaban que ellos ayudaron a detener unos carros que llevaban mercancías a las bodegas de La Merced y, gracias a su temeraria acción, la "gente del pueblo" se pudo surtir de alimentos que los especuladores iban a vender más caros.

⁸ Bello, "Memorias", 1989, p. 216, y Fernández y Esteban, "Revolución", 1989, pp. 14-15.

⁹ Martínez, "Parecía", 1989, p. 29.

¹⁰ Villegas, Emilia, 1984, p. 84; Espejel, "Ixtlán", 1989, pp. 48-49, y Martínez, "Relatos", 1989, pp. 252-253.

¹¹ Martínez, "Relatos", 1989, p. 252; Fernández y Esteban, "Revolución", 1989, pp. 14-15; Martínez, "Parecía", 1989, p. 29; Palafox, "Semblanzas", 1989, p. 223; Ochoa, Chávez, 2004, pp. 20 y 46, y García, Carolina, 1992, pp. 82-83.

¹² Juárez, "Especulación", 1989, p. 240. Las Juntas de Administración Civil se establecieron en 1914 con la intención de controlar al municipio y realizar las funciones propias del Ayuntamiento como recabar impuestos y tomar decisiones políticas. Una de sus responsabilidades fue la de recabar, controlar y distribuir los artículos de primera necesidad como el maíz, el frijol, el arroz y la cebada. Como las Juntas de Administración Civil sustituyeron a los ayuntamientos, en adelante se utilizará sinónimos alusivos a esta dependencia.

¹³ Tercer, 1918, p. 23. El cantón de Jalapa tenía 92 249 habitantes en 1910. Era el tercer cantón más importante del estado, sólo detrás del puerto de Veracruz (142 808) y de Orizaba (99 819).

¹⁴ Juárez, "Especulación", 1989, pp. 235 y 244.

¹⁵ Blázquez y Corzo, Colección, 1997, p. 459.

¹⁶ Sobre este asunto puede consultarse Hall y Coerver, Revolución, 1995, pp. 79-99.

¹⁸ Ibid., libro 108, sesión del 28 de abril de 1914, p. 1 y sesión del 6 de mayo de 1914, p. 3.

¹⁹ Blázquez, Xalapa, 1992, pp. 75-76. Juárez, "Especulación", 1989, p. 231. Blázquez y Juárez indican que la lucha armada de los años constitucionalistas provocó la destrucción de la agricultura, la ganadería, los ferrocarriles y la industria veracruzana.

²⁰ Juárez, "Especulación", 1989, pp. 235 y 237. Para incentivar el cultivo, el jefe del Estado Mayor, coronel A. Rodríguez, ofreció un premio al propietario, mediero o aparcero que cultivase la mayor extensión de terreno. Como no se obtuvieron resultados, se utilizó el recurso de comprar las cosechas al tiempo y la importación de maíz.

²¹ AHX, Actas de Cabildo, libro 108, sesión del 25 de enero de 1915, p. 126 y sesión del 28 de enero de 1915, p. 127; El Pueblo, 27 de enero de 1915, p. 1 y 31 de enero de 1915, p. 1. Las quejas de la población no estaban infundadas, pues se decía que las cajas de cerillos habían aumentado de cinco a quince centavos lo que representaba un aumento de 150%. El subsecretario de la Cámara de Comercio negó, en una entrevista realizada por el periódico El Pueblo, que el precio hubiera aumentado, sino que más bien la falta de numerario había provocado que se tuvieran que vender dos cajas en quince centavos. Ante tal situación, se organizó una comisión que debía averiguar las razones del aumento en el costo.

²² El Pueblo, 31 de enero de 1915, p. 1; 22 de febrero de 1915, p. 1; 23 de febrero de 1915, p. 1; 26 de febrero de 1915, p. 6 y 27 de febrero de 1915, p. 6. El secretario de la Cámara de Comercio atribuía el incremento en los precios a la exportación de los granos al extranjero. De hecho, decía que habían salido cuatro vapores a Cuba que llevaban de 12 000 a 15 000 sacos de frijol, situación que había ocasionado que ya no hubieran existencias en Perote, San Marcos y Esperanza. Como el frijol se vendía en Cuba en 40 o 45 centavos, el secretario sugería que se comerciara en 50 centavos o un peso para evitar su salida hacia el extranjero, pues era evidente que los costos a los que se compraba en el país, entre doce y 22 centavos, no resultaban atractivos para los productores. Ante tal situación, sugería que se persiguiera a los acaparadores que eran los que obtenían grandes ganancias cuando sacaban las semillas del país. Ante la demanda de las Cámaras de Comercio de México, de Veracruz y de Jalapa de que se prohibiera la exportación de granos, el 12 de febrero la Secretaría de Hacienda acordó que no se permitiría la exportación de ganado, trigo, maíz, harina, cebada y frijol. La población de Teocelo también demandó que se prohibiera la exportación de plátano y pidió que se prohibiera la destrucción total o parcial de los plantíos. La Cámara de Comercio de Veracruz solicitó que se incentivara la importación de artículos de primera necesidad y se tenía confianza en que el gobierno establecería medidas que tendieran a incentivar el comercio interior, situación que se tornaba urgente debido a que se exportaba una gran cantidad de ganado. De hecho, se mencionaba que en ese momento había más de 5 000 cabezas que estaban a punto de embarcarse.

²³ AHX, Actas de Cabildo, libro 108, sesión del 28 de enero de 1915, p. 127 y sesión del 1 de febrero de 1915, p. 129.

²⁴ Ibid. , libro 108, sesión extraordinaria del 4 de febrero de 1915, pp. 130-131; sesión del 8 de febrero de 1915, p. 132; sesión del 12 de febrero de 1915, p. 135 y sesión del 23 de febrero de 1915, pp. 137-138; Juárez, "Especulación", 1989, p. 240. La respuesta ante las acciones de la JAC fue positiva, pues los habitantes de Jalapa dieron "voto de gracia" a las autoridades. Por su parte, Guillermo E. Cerdán consiguió tres carros de maíz para venderlo a un precio razonable.

²⁵ AHX, Actas de Cabildo, libro 108, sesión del 26 de febrero de 1915, p. 140; El Pueblo, 1 de marzo de 1915, p. 3; Juárez, "Especulación", 1989, p. 245. Los abusos de los comerciantes llegaban al punto de que se decía que se había fijado el precio de las tortillas a un centavo por unidad, situación que no era justificable en función de que había entrado una considerable cantidad de maíz al puerto de Veracruz. En Río Blanco, el precio de las tortillas alcanzó los cinco centavos por unidad.

²⁶ Romero y Ulloa, "Crisis", 1985, p. 870; La Convención, 18 de mayo de 1915, p. 3. La acción del gobernador poblano se explicaba por la gran escasez de granos que existía en ese estado, motivo por el que no debe sorprender que otros gobernadores, como el de Chihuahua y el de Jalisco, también dictaran medidas tendentes a evitar la salida de cereales. La carestía de maíz en Puebla ocasionó que se vendiera a 2.50 pesos el cuartillo.

²⁸ Las Noticias, 13 y 18 de abril de 1915, p. 22. Se hacía referencia a la circular del 13 de marzo de 1915. En ella se invitaba a los comerciantes a vender sus semillas en otros lugares para lo cual se les extenderían salvoconductos que ampararían los furgones, carros y vehículos de transporte, asimismo se pondría a su disposición furgones en los ferrocarriles que estaban bajo dominio constitucionalista. También se advertía a los jefes militares y autoridades civiles que se abstuvieran de "tomar" los productos. La disposición debía ser acatada por los gobernadores, los comandantes militares y el director del ferrocarril constitucionalista.

²⁹ Blázquez, Xalapa, 1992, p. 76; La Convención, 16 de enero de 1915, p. 8; 25 de marzo de 1915, p. 7 y 26 de marzo de 1915, p. 7. Carranza decretó, en diciembre de 1914, la incautación del servicio de ferrocarriles, mismo que sólo se destinó a las necesidades militares y sólo una parte permaneció abierta al tránsito normal. La disposición del primer jefe sería alabada por el periódico La Convención, pues se decía que con ello había desaparecido la amenaza de una posible paralización del tráfico ferrocarrilero, pero sobre todo se garantizaba que no se careciera de artículos y mercancías de primera necesidad.

³⁰ AHX, Actas de Cabildo, libro 108, sesión del 12 de marzo de 1915, p. 151 y sesión del 15 de marzo de 1915, p. 154; Florescano y Swan, Breve, 1995, pp. 76-79; El Pueblo, 17 de marzo de 1915, p. 5. Las medidas tomadas por el Cabildo jalapeño no eran novedosas, pues fue recurrente que en épocas de escasez las autoridades decimonónicas, sobre todo del Bajío y el centro del país, obligaran a los hacendados a hacer una relación jurada de sus existencias de maíz, frijol y trigo. Es de destacar que el 16 de marzo, el secretario de Fomento Pastor Rouaix solicitó que se realizara un informe de la cantidad de trigo que se podía obtener en la siguiente cosecha y advertía que se dictarían medidas para darle garantías a los agricultores, así como se evitaría tomar los productos sin la debida retribución.

³¹ Las Noticias, 8 de abril de 1915, p. 8; Juárez, "Especulación", 1989, p. 245. Orizaba y el puerto de Veracruz también experimentaban el desabasto de manteca, lugares en los que se vendía al mismo precio que en Jalapa, lo contrario sucedía en Río Blanco donde alcanzó un precio de 3.50.

³² AHX, Actas de Cabildo, libro 108, sesión del 24 de mayo de 1915, p. 183. Besaury no estuvo de acuerdo con la determinación de la JAC, por lo que pidió que se le permitiera seguir con las labores de su fábrica y el 24 de mayo de 1915 se le dio la autorización.

³³ Ibid., libro 108, sesión del 15 de marzo de 1915, p. 154; sesión del 19 de marzo de 1915, p. 155; sesión del 12 de abril de 1915, p. 165; sesión del 19 de abril de 1915, p. 168, y sesión del 17 de mayo de 1915, p. 181.

³⁴ Ibid. , libro 108, sesión del 28 de enero de 1915, p. 127; sesión del 7 de mayo de 1915, p. 175, y sesión del 10 de mayo de 1915, p. 179.

³⁵ Ibid. , libro 108, sesión del 17 de mayo de 1915, p. 181, sesión del 21 de mayo de 1915, p. 183; sesión del 28 de mayo de 1915, p. 188, y sesión del 18 de junio de 1915, p. 11.

³⁶ Ibid. , libro 108, sesión del 28 de mayo de 1915, p. 187; El Pueblo, 2 de junio de 1915, p. 5; Juárez, "Especulación", 1989, p. 244. En El Pueblo se manifestaba que costaba 25 centavos el litro de maíz en las tiendas establecidas, pues en el palacio de gobierno ya no se expendía a causa de la aglomeración. Las autoridades determinaron que sólo se entregarían raciones de cinco litros semanales a cada familia.

³⁸ AHX, Actas de Cabildo, libro 108, sesión del 28 de mayo de 1915, p. 187; sesión del 31 de mayo de 1915, p. 188, y sesión del 31 de mayo de 1915, p. 189.

³⁹ El Pueblo, 1 de junio de 1915, p. 5. Pese a estas disposiciones, se publicó un artículo en El Pueblo en el que acusaba a los comerciantes de propagar "noticias alarmantes" para depreciar la moneda y vender sus productos en un mayor precio. Pidió que la JAC obligara a los comerciantes a "moderar" sus ambiciones y que se les permitiera aumentar sus precios sólo cuando mostraran la factura y carta de envío. Sin embargo, se mencionaba que los boticarios y a las vendedoras de chile de Misantla eran las que cometían los mayores abusos, situación que toleraba la Cámara de Comercio sin que pusiera mayores objeciones.

⁴⁰ AHX, Actas de Cabildo, libro 109, sesión del 7 de junio de 1915, pp. 2-3; sesión del 14 de junio de 1915, pp. 6-7; sesión del 14 de junio de 1915, p. 8; sesión del 18 de junio de 1915, p. 9; sesión del 14 de junio de 1915, p. 8; sesión del 18 de junio de 1915, p. 11, y sesión del 21 de junio de 1915, p. 14; Ribera, Casa, 2010, p. 114, y Hernández y Ulloa, "Ciudad", 1985, pp. 878-879. No fue una tarea sencilla lograr que se establecieran precios moderados, tal como se podía apreciar en la ciudad de México en la que su Ayuntamiento buscó hacerlo, pero no logró su cometido debido a que no se podía asegurar el suministro de comida.

⁴¹ AHX, Actas de Cabildo, libro 109, sesión del 18 de junio de 1915, pp. 11-12; sesión del 21 de junio de 1915, p. 14; sesión del 25 de junio de 1915, p. 15; sesión del 25 de junio de 1915, p. 16; sesión del 2 de julio de 1915, p. 22, y sesión del 12 de julio de 1915, p. 29.

⁴² Ibid., libro 109, sesión del 25 de junio de 1915, pp. 16-17; sesión del 29 de junio de 1915, p. 22; sesión del 5 de julio de 1915, pp. 24-25, y sesión del 9 de julio de 1915, p. 26.

⁴³ Ibid., libro 109, sesión del 2 de julio de 1915, pp. 22-24; sesión del 16 de julio de 1915, p. 32; sesión del 19 de julio de 1915, pp. 35-36; sesión del 23 de julio de 1915, p. 37, y sesión del 26 de julio de 1915, p. 41.

⁴⁴ Blázquez y Corzo, Colección, 1997, t. XIV, p. 474. En este decreto se estipulaba que se impondrían cuotas adicionales a los propietarios de predios rústicos y urbanos, así como a los comerciantes e industriales para "cubrir las necesidades del servicio público".

⁴⁵ AHX, Actas de Cabildo, libro 109, sesión del 5 de julio de 1915, p. 24; sesión del 12 de julio de 1915, pp. 28-29; sesión del 16 de julio de 1915, p. 109, y sesión del 23 de julio de 1915, p. 37; Tobler, Revolución, 1994, p. 318; Ulloa, "Lucha", 1988, p. 1142; Vargas, "Ciudad", 1989, p. 181; Taracena, Historia, 1987, p. 176; Romero y Ulloa, "Crisis", 1985, pp. 870-871, y Espejel, Olivera y Rueda, Emiliano, 1988, p. 326. Las oficinas prebostales se establecieron en las ciudades que estaban bajo dominio constitucionalista con la intención de evitar la escasez, el encarecimiento y la especulación de los productos de primera necesidad. Como no todos los comerciantes cumplían con las órdenes dictadas por los prebostes, estos tuvieron que recurrir a medidas disciplinarias tal como ocurrió en la ciudad de México en donde los vendedores no sólo recibieron multas sino que también se los obligó a barrer las calles, castigo que produjo buenos resultados pues los precios de los artículos sufrieron una considerable rebaja. Asimismo se establecieron expendios municipales para vender artículos de primera necesidad a precios bajos y se organizaron juntas, comisiones y oficinas para regular los precios comerciales, mismos que desaparecieron, por lo menos en la ciudad de México, a mediados de 1916 con la intención de restablecer la libertad de comercio. En el caso de Morelos, la figura del preboste apareció en enero 1916 y se le otorgó la facultad de recibir la mercancía decomisada para venderla a un menor precio y se determinó que aquellas autoridades civiles y militares que no lo apoyaran o se opusieran a su actuación, serían destituidas y arrestadas por seis meses.

⁴⁶ El Pueblo, 26 de julio de 1915, p. 3. El coronel Solís indicaba que las funciones de la oficina prebostal serían las siguientes: revisar las mercancías y evitar que las ganancias fueran mayores a 20%; revisar las pesas y medidas; vigilar la sanidad de los efectos puestos a la venta; poner a la venta la mercancía decomisada; impedir la venta de alcohol a la tropa, e imponer infracciones que iban desde 50 hasta 500 pesos.

⁴⁸ Ibid., libro 109, sesión del 6 de agosto de 1915, p. 44; sesión del 13 de agosto de 1915, p. 49; sesión del 16 de agosto de 1915, p. 50; sesión del 31 de agosto de 1915, p. 62, y sesión del 21 de septiembre de 1915, p. 70.

⁴⁹ El Pueblo, 6 de agosto de 1915, p. 3. El 31 de julio, los representantes de la Cámara, Julio Olivier y Manuel Zárate, sostuvieron una reunión con el preboste, en la que estuvieron de acuerdo en respetar las funciones de la oficina prebostal. También se determinó que la Cámara ya no tendría la encomienda de abastecer de maíz a la ciudad, por lo que tenían que agotar las existencias del Fondo Regulador. Ante tal situación, se planteó que a partir del 2 de agosto se vendería el litro de maíz a 35 centavos y tendría que disminuir a 30.

⁵⁰ AHX, Actas de Cabildo, libro 109, sesión del 3 de septiembre de 1915, p. 63; sesión del 27 de octubre de 1915, pp. 78, 80; sesión del 25 de noviembre de 1915, p. 86 y sesión del 11 de diciembre de 1915, p. 93; El Pueblo, 28 de septiembre de 1915, p. 2; Juárez, "Especulación", 1989, pp. 244-245; Blázquez y Corzo, Colección, 1997, t. XIV, pp. 601-602. De acuerdo con El Pueblo, la acción de los torcedores causó "buena impresión" en el resto de la sociedad, pues era tiempo de que se acabara con la "insaciable sed de especulación de los comerciantes". Una manifestación similar se produjo en el puerto de Veracruz en la que estuvieron presentes los trabajadores de los mueles, las amas de casa, las empleadas de comercio y los agricultores de Boca del Río, Soledad y Cotaxtla. Como consecuencia de las manifestaciones, el gobernador interino, Agustín Millán, publicó el decreto 51, fechado el 16 de diciembre de 1915, en el que ordenaba castigar a los comerciantes que alteraran los productos o los vendieran en mal estado.

⁵¹ AHX, Actas de Cabildo, libro 109, sesión del 1 de febrero de 1916, p. 112; sesión del 4 de febrero de 1916, p. 112; sesión del 4 de febrero de 1916, p. 114; sesión extraordinaria del 7 de febrero de 1916, p. 114; sesión del 8 de febrero de 1916, p. 116, y sesión extraordinaria del 10 de febrero de 1916, p. 117.

⁵² El nuevo Ayuntamiento estaba conformado por Jesús Marín (presidente), Pedro Muñoz, Miguel Franco, Félix Méndez, Pedro Saldaña y Manuel C. García (vocales).

⁵³ Espejel, Olivera y Rueda, Emiliano, 1988, pp. 415-416. Una situación parecida a la de Jalapa se vivió en Cuernavaca, lugar en el que los carniceros se negaron a matar al ganado en el rastro para no pagar el impuesto correspondiente.

⁵⁴ AHX, Actas de Cabildo, libro 109, sesión del 15 de febrero de 1916, p. 120; sesión del 29 de febrero de 1916, p. 129; sesión del 7 de marzo de 1916, p. 134; sesión del 4 de marzo de 1916, p. 136; sesión del 14 de marzo de 1916, p. 139, y sesión del 21 de marzo de 1916, p. 143.

⁵⁵ Juárez, "Especulación", 1989, p. 246. Los altos costos del maíz ocasionaron que la carga se vendiera en 235 pesos, situación que contrastaba con Querétaro y Guanajuato en donde se compraba a quince pesos.

⁵⁶ AHX, Actas de Cabildo, libro 109, sesión del 21 de marzo de 1916, p. 143; sesión del 21 de marzo de 1916, p. 144; sesión del 24 de marzo de 1916, p. 6; sesión del 24 de marzo de 1916, p. 6; sesión del 28 de marzo de 1916, p. 6, y sesión del 28 de marzo de 1916, p. 7.

⁵⁸ Ibid. , libro 110, sesión del 31 de marzo de 1916, p. 10, y sesión del 7 de abril de 1916, p. 15.

⁵⁹ Ibid. , libro 110, sesión del 7 de abril de 1916, pp. 15-16, 20; sesión del 11 de abril de 1916, p. 21; sesión del 25 de abril de 1916, pp. 34, 36; sesión del 2 de mayo de 1916, p. 42, y sesión del 30 de mayo de 1916, p. 70.

⁶⁰ Ibid., libro 110, sesión del 25 de abril de 1916, pp. 33, 35-36, y sesión del 28 de abril de 1916, pp. 39-40.

⁶¹ Ibid. , libro 110, sesión del 2 de mayo de 1916, pp. 42, 44; sesión del 12 de mayo de 1916, p. 55, y sesión del 23 de mayo de 1916, pp. 61, 63.

⁶² Espejel, Olivera y Rueda, Emiliano, 1988, pp. 316-319. Los comerciantes veracruzanos no eran los únicos que se oponían a la aceptación de los billetes, pues una situación similar se observó en Morelos donde el Consejo Ejecutivo —conformado por Manuel Palafox, Genaro Amezcua, Miguel Mendoza, Otilio Montaño y Luis Zubiría— publicó un decreto, el 27 de diciembre de 1915, en el que prohibió que los ayuntamientos y jefaturas militares emitieran papel moneda; asimismo se solicitó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizara una emisión de billetes de 50 centavos y monedas de cobre de cinco, diez y 20 centavos, con la intención de retirar los cartones circulantes de los valores antes mencionados. El Consejo mencionaba que la medida tendía a la unificación del papel moneda de la revolución y se advertía que en tres meses perderían valor todos los cartones, a excepción del producido por el gobierno del estado. Es de advertir que el Consejo había emitido un proyecto de ley el 17 de diciembre de 1915 en el que proponía la eliminación de los impuestos indirectos de los artículos de primera necesidad.

⁶³ AHX, Actas de Cabildo, libro 110, sesión del 23 de mayo de 1916, p. 61; sesión del 30 de mayo de 1916, p. 67; sesión del 6 de junio de 1916, p. 73; sesión del 9 de junio de 1916, pp. 77-78 y sesión del 27 de junio de 1916, p. 90; Espejel, olivera y Rueda, Emiliano, 1988, pp. 323-327, 348. El 6 de enero de 1916, el general R. Castillo ordenó que todo comerciante, civil o militar, debía recibir los billetes emitidos por el gobierno convencionista y los cartones de la revolución. El que se negara sería conducido al cuartel general y se le impondría una multa de 100 a 200 pesos la primera vez, de 200 a 500 la segunda, y la tercera sería encarcelado, al mismo tiempo que se le decomisaría su mercancía. Tres días después, el gobernador provisional Lorenzo Vázquez emitió un decreto que, según decía, buscaba poner fin a la "sed inmoderada" de lucro de los "acaparadores" de los artículos de primera necesidad. Los artículos 2 a 8 establecían los castigos que se impondrían a los comerciantes que escondieran su mercancía y no aceptaran los billetes revolucionarios. A diferencia de Castillo, Vázquez ordenó que todo infractor fuera encarcelado y sus mercancías entregadas al preboste. También se establecía que serían encarcelados aquellos que acapararan las monedas y billetes. Al parecer la disposición no se cumplió, pues el 11 de agosto de 1916 el jefe militar de Cuantepec mencionó que el Cuartel General emitió una disposición en la que se obligaba a la circulación del papel moneda emitido por el gobierno y se estipulaba el encarcelamiento de los comerciantes que no lo aceptaran y el decomisó de su mercancía.

⁶⁴ AHX, Actas de Cabildo, libro 110, sesión del 9 de junio de 1916, p. 79; sesión del 20 de junio de 1916, p. 83; sesión del 23 de junio de 1916, p. 87; sesión del 27 de junio de 1916, pp. 89-90; sesión del 4 de julio de 1916, p. 94, y sesión del 10 de julio de 1916, pp. 96, 102.

⁶⁵ Ibid. , libro 110, sesión del 23 de junio de 1916, p. 87; sesión del 27 de junio de 1916, p. 89; sesión del 4 de julio de 1916, p. 92, y sesión del 10 de julio de 1916, pp. 95-96, 103.

⁶⁶ Ibid., libro 110, sesión del 10 de julio de 1916, pp. 98-99, 101, 107; sesión del 1 de agosto de 1916, pp. 109-110; sesión del 8 de agosto de 1916, p. 114; sesión del 15 de agosto de 1916, pp. 117-118, y sesión del 30 de agosto de 1916, p. 123.

⁶⁸ Ibid. , libro 111, sesión del 13 de marzo de 1917, p. 147; sesión del 3 de abril de 1917, p. 168; sesión del 17 de abril de 1917, p. 184; sesión del 27 de abril de 1917, pp. 194-195, y sesión del 4 de mayo de 1917, pp. 200-201.

⁶⁹ Blázquez y Corzo, Colección, 1997, t. XV, pp. 854-858.

⁷⁰ AHX, Actas de Cabildo, libro 111, sesión del 19 de junio de 1917, p. 230; sesión del 10 de agosto de 1917, p. 274; sesión del 10 de agosto de 1917, p. 274; sesión del 15 de agosto de 1917, p. 278; sesión del 4 de septiembre de 1917, p. 289, y sesión del 26 de marzo de 1918, p. 62; AHX, fondo Secretaría, paquete 2, leg. 12, exp. 19, fs. 1, 12, y paquete 1, leg. 13, exp. 6, f. 60.

⁷¹ Juárez, "Especulación", 1989, p. 251.

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR:

Rogelio Jiménez Marce. Académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana-Puebla. Doctor en Antropología por el CIESAS. Autor de los libros La palabra reprimida. El control social sobre el imaginario del más allá. Siglos XVII y XVIII, Gobierno del Estado de Veracruz, México, 2010, y La pasión por la polémica. El debate sobre la historia en la época de Francisco Bulnes, Instituto Mora, México, 2003. Ha publicado varios artículos en revistas como Secuencia, Historias, Takwá, Fronteras de la Historia y Memoria y Sociedad.

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