Utilizar el conocimiento proveniente de la investigación científica en el diseño, instrumentación y puesta en marcha de las políticas públicas ha constituido un asunto de interés a lo largo de la historia. Desde el filósofo Platón, pasando por los precursores de las ciencias políticas y sociales, hasta los más connotados investigadores de la actualidad, se percibe la convicción de que el conocimiento puede contribuir con el poder público a solucionar los problemas que aquejan a la sociedad (Weber, 2005; Ginsburg y Gorostiaga, 2005; Flores-Crespo, 2009).

No obstante, la historia también testifica que la relación entre conocimiento-política o investigación-política no está exenta de problemas que la entorpecen y dificultan. Los enigmas sobre esta circunstancia, que parece ir contra toda lógica, han dado paso a una extensa literatura que, desde diversas perspectivas y disciplinas, trata de comprender y explicar la situación, así como generar diversas alternativas para intentar resolver los conflictos existentes en esta relación.

Una tesis muy socorrida para explicar el distanciamiento entre investigación y política ha sido la de "las dos culturas". Esta tesis se basa en las diferencias culturales que imperan en los contextos particulares en que se desempeñan los investigadores, por un lado, y los políticos, por el otro (Ginsburg y Gorostiaga, 2005). Bajo dicha perspectiva, la falta de comunicación imperaría entre ambos grupos, pues se conciben como si habitaran mundos diferentes.

Sin embargo, y pese a la amplia difusión de esta tesis y del pesimismo que la acompaña, existen elementos suficientes que permiten debatir esta postura. Uno de los argumentos al respecto se encuentra en las propias limitaciones teóricas de la tesis, la cual parte de concebir de forma estereotipada a los investigadores y a los políticos, así como de ignorar los canales de comunicación que han llegado a establecerse entre ambos grupos (Ginsburg y Gorostiaga, 2005). A lo anterior, como ya auguraba Weber (2005), se puede añadir la creciente necesidad que tienen las sociedades contemporáneas de profesionalizar cada vez más la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, lo cual implica el imperativo de recurrir al conocimiento para legitimar las decisiones que se toman desde el poder público; otro factor que influye en este sentido son los avances de la democracia y la conformación de una ciudadanía cada vez más ávida de información y de participar en los asuntos que competen a la sociedad.

En el ámbito de la educación, la tesis de las dos culturas puede percibirse con facilidad, por ejemplo, cuando se manifiesta la inconformidad de los investigadores por considerar que las decisiones de política educativa son guiadas por intereses diversos, ajenos a la información y conocimiento que se deriva de la investigación educativa (Reimers y McGinn, 2000; Ginsburg y Gorostiaga, 2005; Latapí, 2007; 2008).

En México, Pablo Latapí (2007; 2008), a partir de su larga trayectoria como investigador y asesor político, dejó constancia de los avances que experimentó la comunicación e incidencia de la investigación educativa con respecto a la toma de decisiones en política pública, si bien consideraba que no debía perderse de vista la persistencia de problemas y tensiones en la relación. Por lo tanto, al igual que otros investigadores (Reimers y McGinn, 2000; Ginsburg y Gorostiaga, 2005; Flores-Crespo, 2009), señaló la necesidad que tienen los investigadores de adoptar un lenguaje más comprensible a la óptica de los políticos para aumentar su incidencia en la política pública. A ello habría que añadir, en el contexto de los avances de la democracia, el imperativo de que los investigadores puedan hacer llegar sus conocimientos al público no especializado en general, factor esencial para que los ciudadanos puedan tener una opinión mejor informada y una mayor participación sobre los asuntos que nos atañen a todos, como es el caso de la educación.

De esta forma, sin obviar los problemas y tensiones que subsisten en la comunicación entre los investigadores educativos y los tomadores de decisiones, y ante la coyuntura política que abre la sucesión presidencial en México en este 2012, el Comité Editorial de Perfiles Educativos consideró necesaria la elaboración de un número especial donde connotados especialistas de la investigación educativa, desde su experiencia y área de especialización profesional, nos brindaran de forma clara y concisa sus conocimientos y reflexiones acerca de los problemas más álgidos que afectan al sistema educativo en nuestro país y, al mismo tiempo, nos orientaran sobre las acciones que, desde la política pública, es ineludible realizar para avanzar en su solución.

CONTENIDO

En respuesta a nuestra convocatoria, en este número contamos con la participación de 20 reconocidos investigadores educativos, quienes abordan diversas temáticas. Cabe advertir que por las propias características de la revista, los temas referidos en este número no agotan todos los asuntos de interés prioritario para el ámbito educativo. El objetivo de este número especial de Perfiles Educativos, no obstante, consiste en brindar un panorama integral del sistema educativo a través de los problemas y alternativas que pueden vislumbrarse desde: a) una perspectiva general, es decir, los asuntos que afectan la operación del conjunto del sistema; b) los tres tipos educativos que lo integran (básico, medio superior y superior); c) las opciones educativas a las que acceden los sectores más vulnerables de la sociedad; d) los recursos financieros que se destinan a la operación del sistema; y e) la contribución que puede brindar el sistema educativo para encontrar solución a los problemas de violencia en las escuelas, los problemas de ética en la formación profesional y la formación de ciudadanía.

Con la finalidad de darle a este número una perspectiva dinámica, el número incluye artículos y entrevistas, por lo cual sugerimos a los lectores seguir una secuencia en función de los temas que abordan los diferentes autores.

En primer lugar, contamos con la participación de María de Ibarrola y Carlos Muñoz izquierdo, quienes nos brindan un panorama general de los principales problemas que aquejan al sistema educativo, destacando los problemas de inequidad y calidad, así como los de gestión y los correspondientes al manejo de los recursos financieros del sistema. Respecto de sus propuestas, María de Ibarrola nos remite a una utopía educativa sostenida sobre tres factores clave: revalorizar y dotar de mayor protagonismo al magisterio, y crear condiciones para configurar una educación más integral; Carlos Muñoz Izquierdo, a su vez, alude a una serie de propuestas fincadas en dos condiciones básicas: la consideración sistémica de los efectos que toda reforma o programa debe tener y la necesidad de probar su eficacia antes de aplicarlas.

Cuatro investigadores abordan la situación de la educación básica. Felipe Martínez Rizo nos brinda un panorama bastante fundamentado de los diversos factores que inciden en la desigualdad educativa y, en medida de ello, realiza un repaso de experiencias y alternativas que podrían servir de guías para instrumentar políticas de intervención educativa que contrarresten los distintos factores que producen la desigualdad. El texto de Benilde García Cabrero nos convoca a reflexionar sobre la importancia de valorar adecuadamente las reformas que han sido aplicadas en la educación básica y sobre los factores que afectan su implementación; de no hacerlo, como señala la autora, correremos el riesgo de que ninguna reforma funcione y adquiera su mayoría de edad. Finaliza su texto con una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo, las cuales abarcan diferentes niveles, desde la estructural del sistema, hasta el salón de clases. Posteriormente, Karla Fernández Marín repara sobre el alto costo que representan para el funcionamiento del sistema educativo y el desarrollo del magisterio, las relaciones meramente políticas que se establecen entre el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); sus propuestas, por ende, se centran en la necesidad de que las autoridades asuman la dirección del sistema y en la de reformar el mundo interno del sindicato. Cierra esta sección una entrevista con Manuel Gil Antón, quien resalta la importancia de que cualquier proceso de reforma educativa evite caer en soluciones mágicas y se finque en las necesidades de aprendizaje que son detectadas en los propios salones de clase.

Para hablarnos de la educación media superior (EMS) contamos con las participaciones de Juan Fidel Zorrilla Alcalá, Andrés Lozano Medina y Lorenza Villa Lever. El primero de ellos enfatiza la necesidad de que en este nivel educativo se priorice el desarrollo de la capacidad verbal y escrita de los alumnos, pues considera que de ello depende que los jóvenes adquieran las herramientas que servirán para apropiarse de otros saberes y para interactuar en el mundo actual. A partir de esta necesidad, plantea una serie de medidas encaminadas a cubrir este requisito en todo el sistema de EMS. Andrés Lozano Medina analiza los problemas de la reforma aplicada en la EMS, sus amplias pretensiones, sus deficiencias y los aspectos estructurales que dificultan su implementación. Ante tal situación, sugiere instrumentar políticas más claras, planeadas y que consideren las formas de organización de todos los actores involucrados en estos procesos. Tras identificar los problemas más graves en la EMS, Lorenza Villa Lever resalta la necesidad de evitar la segmentación que se presenta en este nivel en términos de su calidad y de las oportunidades sociales que brinda a los jóvenes, pues de lo contrario, señala, este nivel educativo seguirá contribuyendo a mantener la segmentación social existente.

En educación superior se cuenta con tres participaciones que en su conjunto brindan un amplio espectro de los problemas que han generado las diversas medidas de reforma que se han venido aplicando en este nivel educativo. Eduardo Ibarra Colado muestra los efectos de haber incorporado la lógica de mercado en los ámbitos de la formación universitaria y de la producción de conocimiento a nivel internacional; a partir de su análisis plantea un decálogo de problemas que es necesario dilucidar colectivamente para brindarles solución. En segundo término, la participación de Mario Rueda Beltrán y Marisol de Diego Correa fija su atención en los efectos negativos que han tenido las políticas de evaluación y compensación salarial en el trabajo académico, para de ahí plantear alternativas que buscan recuperar el sentido formativo y de orientación que deben tener estos procesos. La participación de Imanol Ordorika Sacristán, quien cierra esta sección, nos recuerda la importancia de mantener el sentido de autonomía universitaria para que sus funciones permanezcan ajenas a los intereses del mercado, si bien reconoce la necesidad de reafirmar una visión progresista de la autonomía que impulse la capacidad de los universitarios para ver por los requerimientos de la sociedad.

Las participaciones de Sylvia Schmelkes y Enrique Pieck Gochicoa se refieren a un asunto fundamental que puede concebirse como la principal deuda del sistema y de las políticas educativas: las alternativas de atención educativa que se brindan a los sectores sociales que viven bajo condiciones de vulnerabilidad. Sylvia Schmelkes aborda los límites que han tenido las políticas educativas, fragmentadas y focalizadas, destinadas a estos grupos de población en los niveles básicos, y la necesidad de asumir políticas más comprometidas financieramente, estructuradas e integrales, que permitan contrarrestar los diversos factores que generan la desigualdad desde su base. Por su parte, Enrique Pieck Gochicoa expone las grandes limitaciones que enfrentan las opciones de formación para el trabajo que generalmente se brindan a los jóvenes de escasos recursos, así como su escasa trascendencia dentro de la política pública, y plantea la necesidad de brindarle mayor prioridad a estas opciones de formación, vincularlas estrechamente al desarrollo local y reformarlas a partir de las experiencias exitosas que se han dado al respecto.

La aspiración de que la educación contribuya a la formación de ciudadanía, tanto para asumir los derechos y obligaciones propios de cada individuo, como para guardar el comportamiento propio de un buen ciudadano, es el tema que engloba otras tres participaciones. Alfredo Furlán resalta la importancia de comprender el problema de la violencia en las escuelas a partir de los componentes que la estructuran y que comprende tanto a las formas como se manifiesta al interior de las escuelas, como a las que se derivan del contexto en que habitan los niños y jóvenes. A partir de ello, enumera acciones para afrontar este problema a partir de políticas que busquen un mejoramiento general del trabajo escolar. El texto elaborado por María Inés Castro y Azucena Rodríguez Ousset, tiene la intención de brindar elementos que permitan redimensionar la educación ciudadana en el contexto actual, así como el papel que corresponde al sistema escolar, principalmente la educación obligatoria, para formar ciudadanos responsables y participativos. La importancia de la formación ciudadana es fundamental, pues como señalan las autoras (retomando a Szekely), lo que suceda hoy con los niños y jóvenes definirá nuestro país en las próximas décadas. Finalmente, Ana Hirsch Adler aborda el problema de las conductas no éticas que acontecen en las universidades y la investigación científica. Los efectos negativos de este tipo de comportamientos, nos dice la autora, no se remiten sólo a estos espacios, sino que se difunden de diversas maneras a la sociedad afectando la credibilidad del quehacer educativo y científico, brinda conocimientos dudosos y de mala calidad que terminan por perjudicar a todos e influye negativamente en la formación de las nuevas generaciones. En función de lo anterior, resalta la necesidad de refirmar la formación en los temas de la ética profesional y de la investigación científica en los universitarios.

Esperamos que el esfuerzo que realizaron los investigadores que participan en este número contribuya a la discusión de los problemas y construcción de alternativas para la educación en México y, al mismo tiempo, permita albergar expectativas de que un mundo mejor es posible, donde el conocimiento derivado de la investigación científica tenga mayor incidencia en las decisiones de la vida pública.

Alejandro Márquez Jiménez*

REFERENCIAS

FLORES-CRESPO, Pedro (2009), "Investigación educativa y políticas públicas en México: una relación amorfa y elusiva", Sinéctica, núm. 33, en: http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Revista/SIN33_08/sin33_floresCrespo.pdf (consulta: 6 de noviembre de 2012).         [ Links ]

GINSBURG, Mark B. y Jorge M. Gorostiaga (2005), "Las relaciones entre teóricos/investigadores y decisores/profesionales: repensando la tesis de las dos culturas y la posibilidad del diálogo en el sector educativo", Revista Española de Educación Comparada, núm. 11, pp. 285-314.         [ Links ]

LATAPÍ, Pablo (2007), Andante con brío. Memoria de mis interacciones con los secretarios de Educación (1963-2 006), México, Fondo de Cultura Económica.         [ Links ]

LATAPÍ, Pablo (2008), "¿Pueden los investigadores influir en la política educativa?", Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 10, núm. 1, en: http://redie.uabc.mx/vol-10no1/contenido-latapi2.html (consulta: 6 de noviembre de 2012).         [ Links ]

WEBER, Max (2005), El político y el científico, Madrid, Alianza Editorial, S.A.         [ Links ]

REIMERS, Fernando y Noel McGinn (2000), Diálogos informados: el uso de la investigación para conformar la política educativa, México, Centro de Estudios Educativos-Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.         [ Links ]

NOTA